B.IA.LEGAL

SCP 0006/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 15 de enero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
15 de enero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58161-2023-117-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a los principios de favorabilidad, verdad material, congruencia y pro homine; puesto que, el Vocal hoy accionado al emitir el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, incurrió en una indebida motivación y fundamentación, al omitir pronunciamiento sobre el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, pese a ser expresamente impugnado. Asimismo, emitió criterio respecto al art. 235.2 del citado Código, realizando una incorrecta valoración de los elementos de prueba con una clara manifestación ultrapetita al pronunciarse sobre un extremo que no fue señalado como agravio. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 58/2023 de 1 de septiembre, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, cursante de fs. 73 a 80; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el mismo alcance dispuesto por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación a las medidas cautelares de carácter personal
  2. III.2. Por el carácter provisional de las medidas cautelares los tribunales departamentales no pueden anular en apelación las resoluciones de medidas cautelares por falta de motivación sino deben definir la situación de los detenidos
  3. III.3. El principio de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales, respecto a la aplicación de medidas cautelares
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2026-S1 Sucre, 15 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58161-2023-117-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 58/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 73 a 80, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Néstor Julio Enríquez Quiroga en representación sin mandato de Gustavo Hinojosa Lazarte contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2023, cursante de fs. 14 a 22, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gustavo Hinojosa Lazarte -accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP) se encuentra con detención preventiva desde el 2 de junio de 2023. Refiere que, el 28 de julio de 2023, se celebró audiencia de cesación de la detención preventiva en la cual la Jueza de Instrucción Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba resolvió rechazar la misma, levantando el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y manteniendo el riesgo dispuesto por el art. 234.7 del citado Código, señalando como argumento que no puede levantarse dos riesgos procesales con la misma prueba.

En audiencia, planteó recurso de apelación de medida cautelar, respecto a la falta de fundamentación y motivación con relación al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; empero, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionado-, a través del Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, de forma ultrapetita y vulnerando los alcances del art. 398 del CPP se pronunció sobre el riesgo procesal del art. 235.2 del referido Código señalando que no correspondía el haber levantado el riesgo procesal de obstaculización dejando sin efecto la “resolución”, sin pronunciarse respecto al agravio incurrido por la Jueza de la causa y reclamado por su persona. Refiere que el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, vulnera sus derechos y garantías constitucionales por los siguientes motivos: a) Contiene una indebida motivación en la persistencia del art. 234.7 del CPP y sobre una incorrecta valoración de los elementos de prueba; b) No existe una aplicación del test de proporcionalidad y ponderación por parte del Vocal ahora accionado y la Jueza de primera instancia; y, c) La manifestación ultrapetita del indicado Vocal vulnera el principio de congruencia. Con relación al primer motivo, el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, indicó que “Conforme se ha reclamado en apelación, hacen que este tribunal de alzada no pueda pronunciar lo que ha solicitado la parte apelante, toda vez que tendría que realizar una nueva valoración de la prueba y esta le esta prohibido al tribunal de alzada” (sic), sin observar la falta de valoración intelectiva e íntegra de los elementos de prueba presentados en la audiencia de cesación de la detención preventiva de 28 de julio del citado año, en la que la Jueza de Instrucción Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba se apartó de los fundamentos que dieron origen al peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP, indicando ese riesgo no se puede desvirtuar con las mismas pruebas aportadas para el análisis del art. 235.2 del mencionado Código, manteniéndolo latente. Respecto al segundo motivo, señala que el Vocal ahora accionado no aplicó el test de proporcionalidad en sentido racional, cabal y lógico, ya que pese a existir un solo riesgo procesal, dispuso anular la “resolución” de la Jueza de primera instancia sin efectuar un juicio de idoneidad, por el cual verifique si mantener la detención preventiva era más adecuado y correcto para asegurar los fines de la investigación, de igual manera no aplicó el principio de necesidad por el cual debió comparar la medida de detención preventiva con otras medidas de menor “intensidad”; y, tampoco efectuó una ponderación que equipare el grado o “intensidad” de la medida de coerción con el grado o intensidad de afectación de la libertad y presunción de inocencia. Finalmente, respecto al tercer motivo, indica que el Vocal hoy accionado se manifestó sobre un punto que no fue señalado como agravio, evidenciando que existe incongruencia ultrapetita y vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación como el principio de congruencia.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a los principios de favorabilidad, verdad material, congruencia y pro homine; citando al efecto los arts. 8.II, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, disponiendo una correcta y legal motivación del art. 234.7 del CPP; y, 2) Se emita un nuevo Auto de Vista que restituya sus derechos y se ordene su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 69 a 72, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que el Vocal hoy accionado actuó de manera ultrapetita, puso formalidades sin valorar la prueba ni actuar de manera justa; ya que, únicamente debió pronunciarse respecto al art. 234.7 del CPP.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de Cochabamba, mediante informe presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 33 a 35 vta., manifestó que: i) Extraña de sobremanera lo expresado por el accionante ya que es plenamente visible y comprensible que el Auto de Vista de 11 de agosto de igual año, considera los agravios expuestos por el accionante como se encuentra conforme a lo establecido en el art. 398 del CPP; ii) Con relación a la denuncia de la no aplicación del test de proporcionalidad, se advierte que los argumentos en base a los cuales se denuncia este punto se encuentran estrictamente relacionados a la actividad jurisdiccional que realiza el Tribunal de alzada, que si bien tienen la facultad de modificar las medidas cautelares impuestas se encuentran limitados cuando se trata de valoración de la prueba, pues no le corresponde pronunciarse en ese sentido; y, iii) Finalmente, respecto a la denuncia de pronunciamiento ultrapetita con relación al art. 235.2 del CPP, en efecto la denuncia de agravios del accionante fue únicamente en mérito al art. 234.7 del CPP, no obstante hizo alusión al art. 235.2 del citado Código ya que la expresión de agravios en ambos riesgos procesales se encuentran ligados en razón de la prueba presentada en audiencia de cesación de la detención preventiva, motivo por el que no se ingresó a ninguna consideración de fondo, simplemente se hizo mención para establecer los antecedentes del proceso.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 58/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 73 a 80, concedió la tutela solicitada y dejó sin efecto el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, disponiendo que se emita uno nuevo salvo que la situación jurídica del accionante se hubiese modificado, todo ello bajo los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad es el mecanismo de protección del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos, cuando exista vinculación con el derecho a la libertad, debiendo recordarse que cuando de medidas cautelares se trata no es exigible la concurrencia del completo estado de indefensión, pues basta con el agotamiento de vías, en consecuencia es viable el examen de fondo de la problemática planteada; b) Existe una vulneración al derecho a la libertad del accionante; puesto que, con la nulidad de obrados dispuesta en el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, no se resolvió su situación jurídica, lo correcto era que la Jueza de primera instancia resuelva la misma sin necesidad de anular obrados, motivo por el que corresponde otorgar protección constitucional aclarando que si bien esos extremos no fueron plenamente reclamados por el accionante, tienen vinculación con la problemática planteada; c) Respecto a la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP y el análisis del riesgo procesal del art. 235.2 del indicado Código, bien el Vocal ahora accionado en el informe presentado, señaló que la mención del art. 235.2) del CPP fue realizada únicamente de manera referencial, con el propósito de exponer antecedentes del proceso y sin ingresar en consideraciones de fondo; de la revisión del Auto de Vista impugnado se advierte con claridad que dicho Vocal se pronunció sobre extremos que no fueron objeto de agravio ni reclamados por las partes del proceso. Asimismo, al disponer la nulidad de la resolución apelada, se obliga a la Jueza de la causa a emitir un nuevo pronunciamiento sobre un riesgo procesal que ya fue previamente enervado por ella misma, generando un perjuicio evidente al accionante. En consecuencia, se configura un pronunciamiento ultrapetita e incongruente, vulnerando los principios de congruencia y debido proceso; d) Respecto a la aplicación del test de proporcionalidad, el accionante no cumplió con una debida carga argumentativa y probatoria respecto a porqué en el caso concreto debió aplicarse ese test, ya que al parecer ante la existencia de un solo riesgo procesal tendría que determinarse de manera directa la cesación de la detención preventiva, lo cual no resulta evidente; y, e) El accionante no solicitó la nulidad de la resolución del Juez de primera instancia, lo que pidió fue la aplicación de medidas menos gravosas a la detención preventiva, por lo cual existe una vulneración al derecho del debido proceso vinculado con el derecho a la libertad del accionante. En vía de complementación y enmienda el accionante a través de su abogado solicitó al Juez de garantías se notifique al “juzgado de Instrucción” a fin de suspender la “audiencia del lunes”, en respuesta refirió que con la finalidad de no crear una disfunción procesal ante la posibilidad de que existan resoluciones contradictorias sobre una misma pretensión, el Vocal hoy accionado debe emitir nueva resolución siempre y cuando la situación jurídica del accionante no hubiese sido modificada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 3 de mayo de 2023, celebrada por la Jueza de Instrucción Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gustavo Hinojosa Lazarte -hoy accionante- por la presunta comisión de delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, en la que se dispuso la detención preventiva del accionante (fs. 36 a 40 y vta.). II.2 Cursa Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva y Auto de 28 de julio de 2023 emitida por la Jueza de Instrucción Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, que rechazó la cesación de la detención preventiva del accionante (fs. 4 a 7). II.3. Consta Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, emitida por Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionado-, por el que resolvió declarar procedente en parte el recurso de apelación interpuesto por el accionante y “anular” el Auto de 28 de julio del indicado año (fs. 30 a 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a los principios de favorabilidad, verdad material, congruencia y pro homine; puesto que, el Vocal hoy accionado al emitir el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, incurrió en una indebida motivación y fundamentación, al omitir pronunciamiento sobre el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, pese a ser expresamente impugnado. Asimismo, emitió criterio respecto al art. 235.2 del citado Código, realizando una incorrecta valoración de los elementos de prueba con una clara manifestación ultrapetita al pronunciarse sobre un extremo que no fue señalado como agravio. De igual forma, omitió la aplicación del test de proporcionalidad destinado a verificar si la prolongación de la detención preventiva era más adecuado y correcto para los fines procesales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación a las medidas cautelares de carácter personal; 2) Por el carácter provisional de las medidas cautelares los tribunales departamentales no pueden anular en apelación las resoluciones de medidas cautelares por falta de motivación sino deben definir la situación de los detenidos; 3) El principio de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales, respecto a la aplicación de medidas cautelares; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación a las medidas cautelares de carácter personal

Al respecto, la SCP 1213/2025-S1 de 16 de septiembre, reiterando el entendimiento de la SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, establece que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”. En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señala que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Por el carácter provisional de las medidas cautelares los tribunales departamentales no pueden anular en apelación las resoluciones de medidas cautelares por falta de motivación sino deben definir la situación de los detenidos

La SCP 2482/2012 de 3 de diciembre, citando a la SCP 0039/2012 de 18 de junio, señalan que:

En este sentido la SCP 0339/2012 de 18 de junio, refirió que:“…en distintas oportunidades, la Sala Penal Segunda, anuló la Resolución del Tribunal a quo, disponiendo la renovación del acto, sin considerar que la SC 1554/2004-R de 27 de septiembre, estableció que: 'Las Vocales recurridas, en el Auto de Vista impugnado, analizando la apelación, determinaron que el Juez Cautelar actuó en forma indebida, puesto que a más de no valorar la prueba, no fundamentó su determinación de disponer la detención preventiva de los imputados, ni examinó en forma individualizada las circunstancias de cada uno de ellos, declarando por ello la existencia de defectos absolutos para lo que invocaron el art. 169.3 del CPP que dispone que no serán susceptibles de convalidación los defectos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en ese Código; sin embargo, las autoridades recurridas no consideraron que el objeto del recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, es precisamente la aplicación de tales medidas, entonces, no podían dejar de pronunciarse sobre el objeto de la alzada, por cuanto ello importa denegación de justicia, que ligada a la libertad, importa a su vez la privación indebida de ese derecho, debiendo tomarse en cuenta que las vocales debieron resolver la apelación aprobando o revocando la Resolución -si es que existían elementos probatorios que determinaban que no le era aplicable al representado del recurrente la detención preventiva- pero en ningún momento podían anular obrados por defectos absolutos pues las autoridades demandadas tienen plena competencia para revisar y modificar la resolución revisada, ya que ése es justamente el objeto del recurso'. En el mismo sentido se refirió la SC 1824/2004-R. En este marco, el Tribunal ad quem tiene la obligación de someterse a lo dispuesto por el art. 403 inc. 3) del CPP e ingresar al fondo del asunto apelado, aprobando o revocando el fallo del inferior, pues ese es el objetivo de dicha apelación incidental; sin embargo, en el presente proceso en distintas ocasiones los Vocales se limitaron a disponer que el Tribunal a quo proceda a dictar una nueva resolución en forma correcta, sin considerar que en ese momento inclusive el imputado gozaba de libertad en virtud a la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; consiguientemente se evidencia que no hicieron uso de las facultades que tienen para revisar y modificar la resolución impugnada, para ese efecto les correspondía subsanar el error inmediatamente, puesto que si consideraron que el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia contenía contradicciones, errores u otros, debieron revocarlo o aprobarlo previa valoración y análisis respectivo, emitiendo para ello la resolución debidamente fundamentada tal cual exige los art. 124 y 173 del CPP y no anular más de tres veces la resolución del referido Tribunal de Sentencia por defectos; al no hacerlo, han incurrido en una omisión contraria a los derechos del imputado; pues se considera contrario al ordenamiento jurídico, la concurrencia de una seguidilla viciosa de anulaciones por parte del Tribunal ad quem, conllevando a una inseguridad jurídica que nunca podría terminar, pese de que dicho Tribunal podía definir directamente la situación jurídica del procesado”.

(las negrillas nos corresponden).

III.3. El principio de proporcionalidad en la limitación de derechos fundamentales, respecto a la aplicación de medidas cautelares

La SCP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, refiere que: “El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del poder público y las instituciones del Estado, deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Ley Fundamental, sino también como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional. El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. El principio de proporcionalidad fue utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para el análisis de la limitación al ejercicio de los derechos humanos, y en especial, con relación a las medidas cautelares en materia penal; por ejemplo, reiterando el entendimiento emitido en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, la Sentencia de 1 de diciembre de 2016 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, dispuesta dentro del Caso Andrade Salmón vs. Bolivia, establece que la aplicación de medidas cautelares, en particular la privación de libertad, debía ser proporcional, determinando los siguientes criterios en el párrafo 147: Por el contrario, resulta además necesario que, en el momento de la decisión, las autoridades judiciales justifiquen: a) que la finalidad de las medidas que restringen ese derecho sea compatible con la Convención, esto es, el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia, b) la necesidad de su imposición en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y c) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De ese modo, a la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver. Con relación a la Sentencia del Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, cabe mencionar al Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, quien sostuvo en el párrafo 7: En fin de cuentas, pues, las medidas cautelares penales, como cualesquiera restricciones de derechos fundamentales, debieran ser: a) excepcionales y no ordinarias, rutinarias, sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; c) acordadas por autoridad jurisdiccional independiente, imparcial y competente, que las resuelva con formalidad y exprese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; d) indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende; e) proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas, tanto como sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente: por mandato de la ley y por instancia de las partes, revisión que debe contar con las garantías inherentes a un verdadero régimen impugnativo (independencia, eficacia y celeridad); h) revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia, tomando en cuenta sus características. Todo esto, que es aplicable al sistema general de medidas cautelares penales, tiene especial acento si se piensa en la más severa de aquéllas: la privación cautelar de la libertad.

En el ámbito interno, estas características están descritas en el art. 221 del CPP, que establece que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el propio Código Procesal Penal, “…sólo podrán ser restringidos cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley” (el resaltado es nuestro). En el segundo párrafo, el mismo artículo señala que: “Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos, se aplicarán e interpretarán de conformidad con el art. 7 de este Código. Estas medidas serán autorizadas por resolución judicial fundamentada, según lo reglamenta este Código y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación”. Por su parte, el art. 7 del CPP, respecto a las medidas cautelares y restrictivas -tanto personales como reales- establece que su aplicación será excepcional y que: “Cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos o facultades del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a éste” (las negrillas son añadidas); introduciendo en este punto el principio de favorabilidad que en materia penal tiene rango constitucional y está previsto en el art. 116.I de la CPE. Conforme a las normas procesales penales y los estándares interamericanos antes señalados, las medidas cautelares deben ser aplicadas: 1) Con carácter excepcional; 2) Cuando resulten indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, lo que supone que las autoridades judiciales deban realizar en todos los casos de imposición de medidas cautelares -que suponen una limitación a derechos fundamentales- el juicio de proporcionalidad precedentemente explicado; 3) Deben ser impuestas a través de una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; 4) Tienen que ser limitadas en cuanto a su duración, en tanto subsista la necesidad de su aplicación, y por ende, también son revocables o sustituibles y revisables periódicamente;

y, 5) En caso de duda respecto a una medida restrictiva de un derecho, deberá aplicarse lo que le sea más favorable. Ahora bien, debe recordarse que la incautación es una medida cautelar de carácter real, que para su aplicación, debe reunir las condiciones señaladas precedentemente. De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la incautación implica el “…apoderamiento de los instrumentos y efectos del delito, ordenado judicialmente, a fin de asegurar los resultados de un juicio o bien para darles el destino lícito correspondiente…” (SCP 0513/2003-R de 16 de abril), cuando se presuma que son bienes sujetos a confiscación.

De acuerdo al art. 254 del CPP, modificado por la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas -Ley 913 de 16 de marzo de 2017-, si existen indicios suficientes acerca de la condición de bienes sujetos a incautación o confiscación, la autoridad judicial dispondrá mediante resolución fundamentada, su incautación e inventario, la anotación preventiva de la resolución de incautación, tratándose de bienes sujetos a registro y su entrega a la DIRCABI.

Ahora bien, es evidente que como establece el art. 255.I del CPP, es posible que la persona afectada presente un incidente sobre la calidad de los bienes, en el que se debatirá: 1) Si el bien incautado está sujeto a decomiso o confiscación de acuerdo a Ley; 2) Si el bien incautado ha sido adquirido en fecha anterior a la resolución de incautación y con desconocimiento del origen ilícito del mismo o de su utilización como objeto del delito. En todo caso deberá justificar su origen.

Cabe aclarar que, el imputado únicamente puede fundar su incidente en la primera causa, en tanto que si el que formula el mismo es una tercera persona, puede fundarlo en las dos causales; lo que supone que la autoridad judicial deberá analizar si efectivamente los bienes en cuestión están sujetos a incautación o decomiso y si se demostró que el bien fue adquirido con anterioridad a la incautación y con desconocimiento del origen ilícito o de su utilización como objeto del delito. Analizados estos aspectos, la autoridad judicial a través de una resolución fundamentada, puede ratificar la incautación del bien objeto del incidente o revocarla. En el marco de los requisitos señalados precedentemente para la imposición de medidas cautelares de carácter real, la autoridad judicial deberá asumir que la medida de incautación: i) Sólo puede ser dispuesta respecto a bienes sujetos a decomiso o confiscación; ii) Que una vez constatado ese extremo, la medida podrá ser mantenida si no se demuestran las dos causales previstas en el art. 255 del CPP, que fueron previamente analizadas; y, iii) Sin embargo, se debe aclarar que en dicha labor -en el marco de los precedentes interamericanos que forman parte del bloque de constitucionalidad- y nuestro propio procedimiento penal, debe analizarse si la misma resulta indispensable para cumplir con su finalidad, cual es, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, asegurar los resultados del juicio o darles el destino lícito correspondiente, aplicando si corresponde, lo que sea más favorable para el incidentista; esto supone, evidentemente, efectuar un juicio de proporcionalidad, que implica el análisis de su idoneidad, adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a los principios de favorabilidad, verdad material, congruencia y pro homine; puesto que, el Vocal hoy accionado al emitir el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, incurrió en una indebida motivación y fundamentación, al omitir pronunciamiento sobre el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, pese a ser expresamente impugnado. Asimismo, emitió criterio respecto al art. 235.2 del citado Código, realizando una incorrecta valoración de los elementos de prueba con una clara manifestación ultrapetita al pronunciarse sobre un extremo que no fue señalado como agravio. De igual forma, omitió la aplicación del test de proporcionalidad destinado a verificar si la prolongación de la detención preventiva era más adecuada y correcta para los fines procesales. De los datos y antecedentes descritos en la presente acción de libertad se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión de delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, se celebró audiencia de aplicación de medidas cautelares el 3 de mayo de 2023, en la cual se dispuso la detención preventiva del nombrado por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba (Conclusión II.1.); posteriormente el 28 de julio del referido año, se celebró la audiencia de cesación de la detención preventiva en la cual se emitió el Auto de la misma fecha, por la Jueza de Instrucción Penal contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, por el que, rechazó la mencionada cesación del accionante indicando que se tiene por enervado el riesgo contenido en el art. 235.2 del CPP, manteniendo latente el riesgo establecido por el art. 234.7 del señalado Código (Conclusión II.2.). Así, el accionante planteó recurso de apelación, mereciendo el Auto de Vista de 11 de agosto del citado año, pronunciado por el Vocal ahora accionado, quien resolvió declarar procedente en parte el recurso de apelación planteado por el accionante y anular el Auto de 28 de julio del indicado año (Conclusión II.3.). Ahora bien, precisado el objeto procesal de la presente acción de libertad y descritos los antecedentes del proceso penal en la que fue emitido el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, para su análisis con la finalidad de precisar y determinar si resultan evidentes las aseveraciones denunciadas como agravios por el accionante, se extractarán los extremos reclamados como motivo del recurso de apelación del referido Auto de Vista: i) La Jueza de primera instancia incurrió en una errónea fundamentación y valoración de la prueba, al omitir un pronunciamiento sobre el único riesgo vigente previsto en el art. 234.7 del CP, limitándose a señalar que utilizaron los mismos documentos que habrían introducido para desvirtuar los alcances del art. 235.2) del CPP, sin señalar cual es la normativa que prohíbe ese acto haciendo referencia a que en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y el Certificado de No Violencia (CENVI) no son presupuestos para desvirtuar los alcances de ese peligro procesal. ii) La Jueza de la causa desconoce el presupuesto fáctico generador del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, en inobservancia del art. 239.1 del CPP, sobre el criterio de simetría de poder observar una falta de fundamentación.

Determinados los puntos de agravio denunciados a continuación se detallan los fundamentos y puntos resolutivos del Auto de Vista de 11 de agosto de 2023. a) Durante la celebración de la audiencia de cesación de la detención preventiva de 28 de julio de 2023, la solicitud del accionante se basó en lo establecido por el art. 239.1 del CPP, es decir en la concurrencia de dos supuestos el primero cuando exista nuevos elementos que demuestren que ya no concurren los elementos que fundaron la medida cautelar dispuesta y el segundo cuando sea conveniente sustituir la medida cautelar por otra menos gravosa, en ese marco se señaló la vigencia del riesgo de fuga contenido en el art. 234.7 y el riesgo de obstaculización establecido por el art. 235.2 ambos del CPP.

b) El accionante presentó diversos informes y declaraciones testificales a fin de desvirtuar el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, respecto a ello “ …la autoridad jurisdiccional otorga, un valor a estas pruebas sin considerar y en franca vulneración al sentido de la congruencia y a la amplia jurisprudencia constitucional en sentido que para desvirtuar los riesgos procesales en base al art. 239 núm. 1 del CPP, deben estar referidos a la construcción del riesgo procesal, no otros elementos que motiven otros elementos de consideración diferentes; porque no se olviden que esta audiencia de consideración cesación de medidas cautelares, la carga de la prueba para desvirtuar los riesgos procesales corresponde a quien solicita la cesación de la detención en base al Art. 239 Núm. 1 CPP, es decir, que los nuevos elemento que presentan, hagan que desparezca el riesgo procesal o que hagan que sea conveniente aplicar otras medidas que no sean la detención preventiva y en este caso al no haberse fundado en otras circunstancias los documentos como el Informe Psicológico del imputado dentro del penal, el informe Social respecto a la familia, no tiene ninguna relación el tema de desvirtuar los riesgos procesales que se hubiera señalado o los elementos que si hubieran señalado para la construcción de este riesgo procesal de obstaculización previsto en el Art. 235 Núm. 2 C.P.P.” (sic). c) Respecto al riesgo de fuga contenido en el art. 234.7 del CPP, señaló que “…refiere que el informe social que se ha presentado para la construcción del anterior riesgo procesal, en este entendido se quiere utilizar la misma documental para el Art. 235 Núm. 2 del C.P.P, para enervar el Art. 234 Núm. 7 del CPP, prohibición que no se puede presentar las mismas pruebas para enervar este riesgo procesal, no obstante la presentación el REJAP y CENVI no va a desvirtuar la construcción del riesgo procesal porque se basa en el grado de vulnerabilidad de la víctima en los parámetros de asimetría fuerza y condición que ha ejercido el imputado al momento de cometer el hecho con anterioridad y posterior a ese grado de vulnerabilidad que está tomando en cuenta y se le concedió ahora la víctima, (…) para que no presente la denuncia de esa manera sería hostigada, por aun que nos encontramos en la etapa preparatoria que habría dispuesto la detención preventiva del ahora imputado en lapso de cuatro meses; ese grado de vulnerabilidad, no puede ser enervado por lo que sigue latente y no se presentó documentales suficientes y no se puede desvirtuar con las misma pruebas que habría presentado para el riesgo procesal Art. 235 Núm. 2 del C.P.P., meridianamente por lo que no existe coherencia en lo que se señala tampoco existe una adecuada motivación y fundamentación a la cual se ha referendo el abogado del apelante en el marco de lo denunciado, en esta audiencia, en una errónea fundamentación, no es la existente en este caso, sino la errónea motivación” (sic); y, d) De la revisión, conforme establece el art. 398 del CPP, el Vocal ahora accionado indicó que se establece que las autoridades de alzada deben suscribir sus actos a los motivos del recurso de apelación de la parte agraviada y luego de haber escuchado a las demás partes, por lo que en base a las denuncias de una incorrecta apreciación valorativa de los medios de prueba y de una incorrecta motivación respecto a ellos y una inadecuada aplicación normativa, “…estos elementos de la autoridad jurisdiccional conforme se ha reclamado en apelación, hacen que este Tribunal de alzada no pueda pronunciar lo que ha solicitado la parte apelante, toda vez que tendría que realizar una nueva valoración de la prueba y esta le está prohibido al Tribunal de alzada…” (sic). A objeto de ingresar al análisis del Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, cabe referirse a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual entendió que toda decisión judicial, inclusive aquellas que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar, deben estar provistas de razones que sostengan la determinación que se emita, estableciendo los criterios jurídicos que permitan conocer de manera clara los motivos que la sustentan, satisfaciendo todos los puntos demandados, lo cual no requiere precisamente de una ampulosa exposición de consideraciones y citas normativas, ni de sujetarse a una mera relación de las piezas procesales o mención de los requerimientos de las partes procesales, sino estar dotada de una estructura y contenido de forma y de fondo en la que se expresan las razones determinativas de sustento de la decisión asumida. Bajo ese marco y alcance jurisprudencial, siguiendo la metodología del análisis de los puntos de agravio y resueltos por el Vocal hoy accionado, se tiene que, respecto a la indebida motivación y fundamentación por omitir un pronunciamiento respecto del riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, expresamente impugnado y al emitir criterio respecto al art. 235.2 de del citado Código, efectuando una incorrecta valoración de los elementos de prueba con una clara manifestación ultrapetita al pronunciarse sobre un punto no señalado como agravio, el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, funda su entendimiento en una reiteración de lo resuelto por el Juez de primera instancia sin efectuar un análisis propio, autónomo, fundamentado y motivado de los agravios denunciados en el recurso de apelación planteado por el accionante, limitándose a reproducir argumentos vinculados a la valoración probatoria realizada en primera instancia, pese a que el punto central de la impugnación se encontraba dirigido a la omisión de pronunciamiento sobre el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, aspecto que fue expresamente cuestionado por el accionante y que, por mandato del principio de congruencia, debía ser necesariamente resuelto por la autoridad de alzada. Asimismo, el Tribunal de alzada sostuvo que se encontraba impedido de realizar una nueva valoración de la prueba. Tal afirmación resulta contradictoria; puesto que, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, el Vocal hoy accionado tenía plena competencia para revisar y modificar la resolución cuestionada. En su análisis debió precisar los elementos de convicción que sustentarían a un pronunciamiento sobre las medidas cautelares, y en consecuencia, determinar si todos los elementos probatorios eran suficientes para desvirtuar el “riesgo a la víctima”, toda vez que no le es permitido anular obrados por defectos absolutos. Respecto a la aplicación del test de proporcionalidad, se debe señalar que conforme al Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que dicte normas o aplique unas disposiciones que limiten un derecho fundamental, como en el caso concreto, el derecho a la libertad, deben realizar un juicio de proporcionalidad que abarque tres aspectos fundamentales: 1) La idoneidad de la medida restrictiva de la libertad para la finalidad buscada con la misma; 2) La necesidad de la medida impuesta, verificando si existen otras medidas menos graves que alcancen la finalidad perseguida y que restrinjan en menor grado el derecho fundamental; y, 3) La proporcionalidad en sentido estricto, a fin de dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida, ello bajo el entendido que su actuación está sujeta a las limitaciones y responsabilidades en observancia de la Norma Suprema, situación que no se advierte en el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023. Por todo lo expuesto, se concluye que el mencionado Vocal al emitir el Auto de Vista de 11 de agosto de 2023, no se enmarcó en la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1., III.2. y III.3. del presente fallo constitucional, pues no resolvió de manera fundamentada motivada y congruente todos los agravios planteados, más aún se abstuvo de ingresar al fondo de la problemática y señalar que estaba imposibilitado de efectuar una valoración probatoria, configurándose así la vulneración de los derechos a la libertad personal y del debido proceso. Finalmente, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede dejar de señalar que la presente acción de libertad emerge de un proceso penal por el delito de abuso sexual, por lo que resulta imprescindible recordar a las autoridades judiciales -incluido el Ministerio Público- que en la tramitación de ese tipo de procesos, deben observar los estándares de debida diligencia reforzada, conforme a la Recomendación General núm. 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que insta a los Estados a prevenir, investigar, sancionar y reparar adecuadamente los delitos cometidos contra mujeres, garantizando que la actuación estatal y la aplicación de las instituciones procesales se orienten a la protección efectiva de los derechos de las víctimas. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicita, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 58/2023 de 1 de septiembre, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, cursante de fs. 73 a 80; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el mismo alcance dispuesto por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0006_2026-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1f74066b2822814bb847581d180e7099ed4c13ace9589cb60157402eeafdcd87

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