Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 5 de marzo de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; en razón a que, la Fiscal Departamental de Cochabamba ahora demandada, mediante Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. C.A.-31/2023 de 30 de agosto, autorizó la conversión de acciones de pública a privada por la presunta comisión del delito de estelionato, sin considerar que este ilícito no fue consignado originalmente en la denuncia penal, incurriendo en omisión al no pronunciarse sobre la conversión de acciones respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, además de no explicar las razones de su decisión y el sustento normativo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-099/2023 de 26 de octubre, cursante de fs. 166 a 170, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2025-S1 Sucre, 5 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 59524-2023-120-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-099/2023 de 26 de octubre, cursante de fs. 166 a 170, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Severina Lumpe Mitma contra Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 10 y 20 de octubre de 2023, respectivamente, cursantes de fs. 95 a 103 y vta., y 106 a 108, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 10 de agosto de 2023, Mariel Cardozo Camacho en representación de su persona interpuso denuncia penal ante la Fiscal de Materia de turno de Sacaba del departamento de Cochabamba contra Wilber Rodrigo Díaz Solís y Juan Carlos Díaz Díaz, por la presunta comisión de los delitos de alzamiento de bienes o falencia civil, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Por Resolución Fiscal de 16 del mismo mes y año, la Fiscal Analista, requirió se aclare la misma con relación a la descripción fáctica de los elementos objetivos y subjetivos, respecto a los tipos penales atribuidos a los denunciados, individualizando la conducta de los mismos con relación a los ilícitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Por memorial de 17 de agosto de 2023, su representante legal cumplió con lo solicitado, individualizando la conducta de los denunciados con relación a los delitos denunciados; no obstante, la Fiscal Analista, de forma arbitraria, informó al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, el inicio de las investigaciones por la presunta comisión del delito de estelionato, contra Wilber Rodrigo Díaz Solís, señalando que en cuanto a Juan Carlos Díaz Díaz, el curso de las investigaciones determinaría lo que corresponda de acuerdo a los elementos que se colecten; pese a que la denuncia original solo comprendía los ilícitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Mediante memorial de 21 de agosto de 2023, su representante legal, solicitó la conversión de acciones por los delitos primigeniamente denunciados; sin embargo, mediante Resolución fiscal de 23 del mismo mes y año, Ramiro Altamirano Sejas, representante del Ministerio Público, erróneamente dispuso que la denuncia era por estelionato. Finalmente, Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -autoridad ahora demandada-, autorizó la conversión de acciones solo por estelionato, sin considerar los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, restringiendo indebidamente el ejercicio de sus derechos. En este sentido, la Fiscal Departamental ahora demandada incurrió en omisión y transgresión del derecho al debido proceso, en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación, al no pronunciarse sobre la conversión de acciones respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Asimismo, autorizó la conversión de la acción por el delito de estelionato, pese a que éste no había sido denunciado, sin explicar las razones de su decisión ni el sustento normativo, pretendiendo se asuma la persecución de un delito cuya conversión no fue solicitada.
La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; citando al efecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda “el recurso”; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. C.A.-31/2023 de 30 de agosto; y, b) Que la autoridad demandada emita nueva resolución debidamente fundamentada, observando las disposiciones infringidas e inobservadas, indicadas en la presente acción tutelar.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 164 a 165 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó el contenido íntegro del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, señaló que la decisión de conversión de la acción por el delito de estelionato por la vía privada, además de generarle un gasto por los honorarios del abogado, le impide la persecución penal del denunciado Juan Carlos Díaz Díaz.
Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante informe presentado el 25 de octubre 2023, cursante de fs. 113 a 114 vta., y en audiencia, a través de su representante, manifestó que: 1) En la presente acción tutelar concurre la causal de improcedencia prevista en el art. 53.3 con relación al art. 54.I, ambos del Código Procesal Constitucional (CPCo), en razón a la existencia de medios o recursos legales que no fueron utilizados oportunamente por la ahora accionante, lo que impide ingresar al fondo de la acción planteada, debido a que, posterior al informe de inicio de la investigación de 17 de agosto del referido año, que la calificó provisionalmente por el delito de estelionato, no reclamó esta situación ante la autoridad jurisdiccional, limitándose a solicitar la conversión de acciones, incumpliendo lo establecido en la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0583/2020-S2 de 21 de octubre, que establece que la acción de amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo; 2) Esta falta de reclamo oportuno fue observada por la Sala Constitucional mediante proveído de 11 de octubre de 2023; sin embargo, la solicitante de tutela en su memorial “Cumple lo ordenado”, se limitó a indicar que el juez de instrucción no puede corregir las actuaciones fiscales por defectos absolutos; y, 3) El Ministerio Público no investiga delitos sino hechos, conforme a la calificación provisional realizada por la Fiscal Analista al momento de informar sobre el inicio de investigación, estableciendo la probable comisión del delito previsto en el art. 337 del Código Penal (CP), de ahí que, no procedía la conversión de acciones sobre delitos que no fueron puestos en conocimiento del control jurisdiccional, otorgándose la autorización para la conversión por un delito patrimonial, lo que impide considerar la supuesta vulneración de derechos, alegada por la impetrante de tutela. En el marco de lo expuesto, solicitó se declare la improcedencia de esta acción de defensa por no observarse el principio de subsidiariedad.
Wilber Rodrigo Díaz Solís, por escrito presentado el 26 de octubre de 2023, cursante de fs. 134 a 138 vta., y en audiencia, señaló que: i) En la presente acción de defensa concurre la causal de improcedencia por subsidiariedad en su dimensión material, al no haber objetado el informe de inicio de investigación de 17 de agosto de ese año, por la presunta comisión del delito de estelionato, lo que implica que consintió tácitamente dicha determinación; ii) Se forzó la tipificación del delito de estelionato, debido a que la ahora accionante en la denuncia de 11 de igual mes y año, mezcló delitos de acción privada con los de pública, y por esta razón debió haber sido desestimada in limine; iii) El hecho de no haber expuesto los reclamos planteados en la presente acción tutelar ante la autoridad fiscal, impidió que la misma se pronuncie sobre los mismos, corrigiendo su actuación en caso de haber incurrido en error, de ahí que, al no ser la acción de amparo constitucional un medio supletorio de las deficiencias de las partes, se tiene que el principio de subsidiariedad fue incumplido por la solicitante de tutela; por lo que, corresponde declarar su improcedencia o se deniegue la tutela; iv) No se cumplieron las reglas de las autorrestricciones para la apertura de competencia a la jurisdicción constitucional, existiendo además, falta de relevancia constitucional, debido a que, la concesión de la tutela cuando se denuncia vulneración del derecho al debido proceso por falta de fundamentación, motivación y congruencia, ocurre cuando la decisión tendrá un efecto modificatorio sobre la resolución a dictarse, en ese sentido, la calificación del delito se produjo porque la impetrante de tutela, ante el requerimiento fiscal de 16 del mismo mes y año, no presentó ninguna prueba sobre la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica, sino simples conjeturas, por el contrario, consintió y convalidó actos nulos por su propio error; y, v) No se lesionaron derechos de la peticionante de tutela, debido a que fue su apoderada, quien presentó una incongruente denuncia penal y no objetó el informe de inicio de investigación de dicho mes y año; finalmente, la autoridad ahora demandada en la emisión de la Resolución Jerárquica ahora impugnada, cumplió con los mínimos estándares de fundamentación y motivación. Con base en estos argumentos, solicitó se deniegue la tutela y sea con expresa condenación de costas procesales al existir excesiva temeridad e inviabilidad del recurso interpuesto.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución SC2-CBB-AAC-099/2023 de 26 de octubre, cursante de fs. 166 a 170, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. C.A.-31/2023 es de última instancia; por lo que, no corresponde considerar la solicitud de declarar la improcedencia de esta acción de defensa, conforme a los lineamientos jurisprudenciales y lo dispuesto en los arts. 129.I de la CPE; y, 53.3 y 54 del CPCo; y, b) La citada Resolución Jerárquica, contiene la debida congruencia, motivación y fundamentación, al responder a los datos de la investigación, debido a que el Fiscal de Materia a momento del inicio de la investigación y previo análisis de la denuncia y los hechos, determinó se investigue por el delito de estelionato, poniendo en conocimiento ante el Juez de control jurisdiccional. La ahora accionante solicitó la conversión de la acción pública a la privada, respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, en consecuencia, la autoridad demandada dio curso a dicha petición en función a los datos de la investigación e inicio de las mismas, lo que demuestra que la resolución cuestionada a través de la presente acción de defensa contiene la debida fundamentación, motivación y congruencia, tomando en cuenta que la labor del Ministerio Público es la investigación de los hechos y no de los delitos.
Por memorial presentado el 2 de abril de 2024, cursante a fs. 177 y vta., Severina Lumpe Mitma -ahora accionante- solicitó anticipo de sorteo por ser una persona de la tercera edad; ante lo cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante Auto Constitucional 096/2024-CA/S de 15 de mayo de igual año, cursante de fs. 182 a 184, dispuso ha lugar la solicitud de adelanto de sorteo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 11 de agosto de 2023, Mariel Cardozo Camacho en representación legal de Severina Lumpe Mitma -ahora impetrante de tutela-, presentó ante la Fiscal de Materia de turno de Sacaba del departamento de Cochabamba, denuncia penal contra Wilber Rodrigo Díaz Solís -ahora tercero interesado- y Juan Carlos Díaz Díaz, por la presunta comisión de los delitos de alzamiento de bienes o falencia civil, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 7 a 15 vta.). II.2. Mediante requerimiento de 16 de agosto de 2023, la Fiscal de Materia de Sacaba del departamento de Cochabamba, requirió que la ahora accionante individualice la conducta asumida por los denunciados Wilber Rodrigo Díaz Solís y Juan Carlos Díaz Díaz, debiendo manifestar: 1) Con relación al ilícito de falsedad ideológica previsto y sancionado por el art. 199 del CP, qué documentos en específico son tildados de falsos, así como cuáles serían los datos que se habrían alterado, o en su defecto, qué declaraciones falsas se insertaron o se hicieron insertar en los documentos tildados de falsos y si fuera documento público o privado; 2) Con relación al ilícito de instrumento falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del indicado Código deberá especificar las fechas de confección de los documentos acusados de falsos y las fechas de su utilización; asimismo, deberá acompañar los originales y de no ser posible, indicar las circunstancias de su ausencia, indicando donde se encontrarían los originales; y, 3) Respecto al ilícito de alzamiento de bienes o falencia civil tipificado en el art. 344 del referido Código, deberá considerar que por disposición del art. 20 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la investigación por el tipo penal que denuncia no corresponde al Ministerio Público al ser un delito de acción privada, pidiendo que la parte denunciante efectúe una correcta subsunción de los hechos a los tipos penales (fs. 57 y vta.). II.3. A través de memorial de 17 de agosto de 2023, la ahora accionante mediante su representante legal hizo conocer que cumplió con lo observado y subsanó la denuncia respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 67 a 70 vta.). II.4. Mediante memorial de 17 de agosto de 2023, Alejandra Mónica Quintanilla Lang, Fiscal de Materia, informó al Juez de Instrucción Penal de turno de Sacaba del departamento de Cochabamba, el inicio de investigación contra Wilber Rodrigo Díaz Solís a instancia de Mariel Cardozo Camacho -representante legal de la ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estelionato tipificado en el art. 337 del CP, y en cuanto a la participación de Juan Carlos Díaz Díaz, que el curso de la investigación determinará lo que corresponda de acuerdo a los elementos que se colecten, aclarando que la calificación del tipo penal es provisional y responde a los elementos adjuntos a la denuncia (fs. 71). II.5. Por memorial de 21 de agosto de 2023, Mariel Cardozo Camacho en representación de la ahora impetrante de tutela, solicitó la conversión de acciones ante la Fiscal Departamental de Cochabamba respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 72 y 73). II.6. Cursa Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. C.A.-31/2023 de 30 de agosto, a través de la cual Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -ahora demandada-, en el marco del art. 26 del CPP, autorizó la solicitud de conversión de acciones de pública a privada respecto al delito de estelionato formulada por Mariel Cardozo Camacho, debido a que conforme al informe de inicio de investigación de 17 de agosto de 2023, únicamente se apertura la acción penal por el delito de estelionato y no por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 81 y vta.).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; en razón a que, la Fiscal Departamental de Cochabamba ahora demandada, mediante Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. C.A.-31/2023 de 30 de agosto, autorizó la conversión de acciones de pública a privada por la presunta comisión del delito de estelionato, sin considerar que este ilícito no fue consignado originalmente en la denuncia penal, incurriendo en omisión al no pronunciarse sobre la conversión de acciones respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, además de no explicar las razones de su decisión y el sustento normativo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; en razón a que, la Fiscal Departamental de Cochabamba ahora demandada, mediante Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. C.A.-31/2023 de 30 de agosto, autorizó la conversión de acciones de pública a privada por la presunta comisión del delito de estelionato, sin considerar que este ilícito no fue consignado originalmente en la denuncia penal, incurriendo en omisión al no pronunciarse sobre la conversión de acciones respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, además de no explicar las razones de su decisión y el sustento normativo. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se advierte que, por memorial de 11 de agosto de 2023, Mariel Cardozo Camacho en representación legal de Severina Lumpe Mitma -ahora impetrante de tutela-, presentó ante la Fiscal de Materia de turno de Sacaba del departamento de Cochabamba, denuncia penal contra Wilber Rodrigo Díaz Solís -ahora tercero interesado-y Juan Carlos Díaz Díaz, por la presunta comisión de los delitos de alzamiento de bienes o falencia civil, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (Conclusión II.1). Mediante requerimiento de 16 de igual mes y año, la precitada Fiscal de Materia, requirió que la solicitante de tutela individualice la conducta asumida por los denunciados Wilber Rodrigo Díaz Solís y Juan Carlos Díaz Díaz, con relación a los ilícitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; y, respecto al delito de alzamiento de bienes o falencia civil tipificado, observó que por disposición del art. 20 del CPP, la investigación por el tipo penal que denuncia no corresponde al Ministerio Público al ser un delito de acción privada, pidiendo que la parte denunciante efectúe una correcta subsunción de los hechos a los tipos penales (Conclusión II.2). A través del memorial de 17 de agosto de 2023, la ahora accionante mediante su representante legal hizo conocer el cumplimiento de lo observado y subsanación de la denuncia respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (Conclusión II.3); luego, por memorial de la misma fecha, Alejandra Mónica Quintanilla Lang, Fiscal de Materia, informó al Juez de Instrucción Penal de turno de Sacaba del departamento de Cochabamba, el inicio de investigación contra Wilber Rodrigo Díaz Solís a instancia de Mariel Cardozo Camacho -representante legal de la impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito de estelionato, tipificado en el art. 337 del CP y en cuanto a la participación de Juan Carlos Díaz Díaz, señaló que el curso de la investigación determinará lo que corresponda de acuerdo a los elementos que se colecten, aclarando que la calificación del tipo penal es provisional y responde a los elementos adjuntos a la denuncia (Conclusión II.4). Posteriormente, a través de memorial de 21 de agosto de 2023, Mariel Cardozo Camacho en representación legal de la ahora accionante, solicitó a Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -autoridad ahora demandada-, la conversión de acciones respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (Conclusión II.5). Finalmente, por Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. C.A.-31/2023, la referida Fiscal autorizó la solicitud de conversión de acciones de pública a privada respecto al ilícito de estelionato formulada por Mariel Cardozo Camacho, debido a que de acuerdo al informe de inicio de investigación de 17 de agosto de 2023, únicamente se aperturó la acción penal por el delito de estelionato y no por los ilícitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (Conclusión II.6). Con carácter previo a ingresar al análisis y resolución de la presente acción tutelar, corresponde verificar si se incumplió el principio de subsidiariedad alegado por la autoridad ahora demandada. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el art. 26 del CPP, en los casos previstos en sus numerales 1, 2 y 3, la conversión será autorizada por la o el Fiscal Departamental, decisión sobre la cual no existe recurso ulterior al tratarse de una decisión jerárquica; es decir, no existe otra vía o mecanismo idóneo a efectos de restituir los derechos supuestamente vulnerados de la ahora accionante, lo que demuestra que no es evidente el incumplimiento del citado principio, alegado por la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Establecidos los antecedentes e identificada la problemática planteada, corresponde analizar si resulta evidente que la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. C.A.-31/2023, emitida por la Fiscal Departamental ahora demandada, lesiona el derecho al debido proceso en su elementos de fundamentación, motivación y congruencia al haber autorizado la conversión de acciones de pública a privada por el delito de estelionato sin que el mismo haya sido consignado en la denuncia penal omitiendo pronunciarse respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, además de no explicar las razones de su decisión y el sustento normativo en el que se fundamenta. Al respecto, analizando las vulneraciones al debido proceso alegadas, se tiene que la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a los requisitos de motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones en segunda instancia, señaló que éstas deben exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos sometidos a su conocimiento. En ese sentido se advierte que la ahora accionante, por memorial de 21 de agosto de 2023, a través de su representante legal, solicitó la conversión de acciones para ante la Fiscal Departamental de Cochabamba respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Por efecto de la cual, mediante Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. C.A.-31/2023, la Fiscal Departamental ahora demandada, en el marco del art. 26 del CPP, autorizó la conversión de acciones de pública a privada respecto al ilícito de estelionato formulada por Mariel Cardozo Camacho, debido a que, de acuerdo al informe de inicio de investigación de 17 de igual mes y año, únicamente se aperturó la acción penal por ese delito y no así por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. En ese marco, corresponde señalar en principio, que efectivamente, la Fiscal ahora demandada emitió la mencionada Resolución basándose en el referido inicio de investigación presentado ante el Juez de control jurisdiccional, no otra cosa significa el hecho que haya fundado la misma en el ilícito denunciado contra los ahora terceros interesados -estelionato-. En ese contexto, realizando una contrastación entre los actuados antes referidos, no resulta evidente que la autoridad ahora demandada haya vulnerado el derecho al debido proceso en sus elementos denunciados por la accionante como inobservados, pues respecto a la motivación explicó las razones por las cuales no autorizó la conversión de acciones respecto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, fundamentando que de acuerdo al informe de inicio de investigación de 17 de agosto de 2023, únicamente se aperturó la acción penal por el delito de estelionato. En cuanto a la fundamentación entendida como la cita de las normas que sustentan la decisión, la autoridad hoy demandada de forma correcta con base en el art. 26.2 del CPP, autorizó la conversión, porque consideró que el delito de estelionato tiene un contenido patrimonial, el cual no tiene por resultado la muerte, además que no existe un interés público gravemente comprometido; consecuentemente, sobre ambos agravios se debe denegar la tutela. Respecto a la incongruencia alegada por la impetrante de tutela en relación a la autorización de conversión de la acción sobre un delito que no fue consignado en la denuncia penal; de la revisión de la Resolución Jerárquica F.D.C./N.G.G.R. C.A.-31/2023, se tiene que la autoridad ahora demandada señaló que no autorizó la conversión de la acción en cuanto a los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, debido a que de acuerdo al informe de inicio de investigación de 17 de agosto de 2023, la acción penal únicamente se aperturó por la presunta comisión del ilícito de estelionato. De lo referido, se puede apreciar que la Fiscal Departamental ahora demandada, citando el art. 26.2 del CPP, explicó los motivos por los cuales autorizó la conversión de la acción respecto al delito de estelionato y las razones por las que no procedía la conversión en cuanto a los de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, y si bien este reclamo fue consignado en la solicitud de conversión de acciones de fs. 72 a 73 por el ahora impetrante de tutela, cabe señalar en el marco del Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este aspecto carece de relevancia constitucional, pues, si bien es cierto que la denuncia penal presentada por la accionante, cursante de fs. 7 a 15 vta. y de 67 a 70 vta. contra Wilber Rodrigo Díaz Solís y Juan Carlos Díaz Díaz, fue por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, no es menos evidente que conforme lo dispuesto por el art. 26.2 de la norma adjetiva penal, no es posible que el Fiscal Departamental autorice la conversión de la acción penal en los delitos de uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica, ya que éstos no son de contenido patrimonial, sino que protegen la fe pública, un bien jurídico fundamental para garantizar la confianza en los documentos y actos jurídicos. La normativa procesal establece que la conversión solo procede en delitos estrictamente patrimoniales o culposos que no tengan como resultado la muerte, y siempre que no exista un interés público comprometido. En este caso, permitir la conversión atentaría contra el principio de legalidad y la función del Ministerio Público en la defensa del interés general; toda vez que, los delitos que afectan bienes jurídicos como la fe pública, economía nacional o la seguridad del Estado -entre otros- no pueden ser objeto de conversión, pues su persecución responde a la necesidad de proteger la confianza de la sociedad en la autenticidad de documentos y actos oficiales, por lo que, sobre este punto de agravio también se debe denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AAC-099/2023 de 26 de octubre, cursante de fs. 166 a 170, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0006_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): ed4be9af2a4f227d33e2fad2b34587cacc20d7874580dfa81d49962a7747c04a
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