B.IA.LEGAL

SCP 0006/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51243-2022-103-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denunció la vulneración de sus derechos a libertad, defensa, justicia pronta y oportuna; así como, a ser juzgado dentro de un plazo razonable; toda vez que, las autoridades demandadas excedieron el plazo para mantenerlo privado de su libertad, en calidad de aprehendido. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 27/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, en consecuencia; 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Mariela Jhovana Ríos Cartagena, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta del departamento Santa Cruz y Windsor Hernán Ortiz Bascopé, Fiscal de Materia, en la modalidad innovativa.

2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación a Margoth Pérez, Funcionaria Policial; y, 3º Exhortar tanto a la Jueza como al Fiscal de Materia demandados, que en actuaciones futuras impriman celeridad en la tramitación de procesos penales en los que se encuentran involucrados menores de edad, privados de libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Consideraciones sobre el desistimiento o retiro de demanda.
  2. III.2. De la normativa penal aplicable en caso de adolescentes, y los casos en que procede su aprehensión. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2023-S4 Sucre, 8 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51243-2022-103-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 27/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Darío Narváez Gonzales en representación sin mandato de CSS contra Mariela Jhovana Ríos Cartagena, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta del departamento de Santa Cruz, Windsor Hernán Ortiz Bascopé, Fiscal de Materia y Margoth Pérez, Funcionaria Policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 4 de octubre de 2022, cursante de fs. 11 a 14 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tenencia, porte o portación ilícita de arma, signado con el Código Único 701102012206063 y Numero de Registro Judicial (NUREJ) 70397593; se encontraba privado de libertad, en calidad de aprehendido, desde la 01:45 am del 3 de octubre de 2022, hasta la interposición de la acción de defensa; excediendo el plazo para ser juzgado; por lo que, las autoridades demandadas incurrieron en procesamiento indebido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela, denunció la lesión a sus derechos de libertad, debido proceso en su elemento defensa, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones;

y derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se restablezcan las formalidades legales; y, b) Se pueda “llevar a cabo la audiencia de cesación de las medidas cautelares personales” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 64, presente la parte solicitante de tutela, el Fiscal de Materia demandado y ausentes la autoridad demandada y la funcionara policial se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, manifestó que tuvo que recurrir a la vía constitucional para poder restablecer sus derechos; toda vez que, los plazos fueron vencidos y aún lo mantenían en calidad de aprehendido; sin embargo, en audiencia llevada a cabo a las 13:00 del 5 de octubre del 2022, la Jueza a quo restableció sus derechos.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Windsor Hernán Ortiz Bascopé, Fiscal de Materia, con el uso de la palabra en audiencia, señaló que: 1) Debía constar en acta que la acción tutelar fue dirigida contra tres autoridades; por lo que, correspondía observar al accionante el hecho de no haber consignado los nombres respectivos, con la finalidad de individualizar a los demandados; 2) La acción de defensa fue planteada cuando ya existía un proceso penal abierto, tal como afirma el propio impetrante de tutela, al referir que el caso estaba identificado con el CUD 701102012206063 y NUREJ 70397593; consecuentemente, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 1027/2022-S4, la autoridad llamada por ley para resguardar el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, era el Juez de Instrucción Penal, a quien debían acudir a efecto de denunciar los supuestos actos ilegales producidos por los demandados; 3) La acción de defensa, fue presentada el 4 de octubre de 2022, a las 16:10; empero, el inicio de investigación se informó a las 10:00; es decir, ya existía un control jurisdiccional, por ello operaba el principio de subsidiariedad de la acción de libertad; 4) Habiendo sido puesto a conocimiento del control jurisdiccional, se llevó a cabo la audiencia cautelar del adolescente en conflicto con la ley, en la cual le otorgaron medidas sustitutivas a la detención preventiva y se expidió el mandamiento de libertad; consecuentemente, era en esa audiencia que la defensa del solicitante de tutela debía denunciar si existía una aprehensión ilegal o defectos de procedimiento, así como la vulneración de derechos y garantías; y al no hacerlo, ese acto fue consentido; 5) El accionante fue interceptado por funcionarios policiales en la madrugada del 3 de octubre del mismo año y conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), porque portaba un arma de fuego, tipo revolver calibre “22”; así como, “21” tabletas de clonazepam, que son benzodiazepinas y restos de marihuana; estaba acompañado de otra persona adulta y fue remitido a la división de menores, a las 08:21, de acuerdo al informe policial; además, el adolescente estaba bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica y por ello no se pudo hacer la lectura de derechos ni cumplir con la formalidad debida, conforme lo establece la Ley 548 de 17 de julio de 2014; sino que se tuvo que llamar a sus padres de familia, a quienes se hizo firmar actas de requisa, declaración y formularios sociales; éstos recién se apersonaron a las 10:00, y el adolescente aún seguía sin reaccionar; y se dio parte al Ministerio Público, informando la existencia de aprehendido; 6) A las 11:00 se tenía programada la declaración del adolescente; sin embargo, de acuerdo al informe policial, la madre del sindicado se fue del lugar y no quiso regresar, alegando que tenía que trabajar; razón por la cual, llamaron a Defensoría de la Niñez y a Defensa Pública, llegando a recibir la declaración del menor a las 12:15 pm; dilación atribuida a los familiares del aprehendido; y, 7) Conforme a la previsión de los arts. 298 y 303 del CPP, el Ministerio Público tenía veinticuatro horas para poner a conocimiento del control jurisdiccional la existencia de una persona aprehendida; y consta en el cuaderno de investigación que se informó a las 11:30 a.m., se tomó su declaración a las 12:45 del 3 de octubre y se informa inicio de investigación e imputación a las 10:27 del 4 del mismo mes y año; es decir que, la imputación formal se realizó dentro de las veinticuatro horas previstas por el art. 298 del CPP. Mariela Jhovana Ríos Cartagena, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta del departamento de Santa Cruz y Margoth Pérez, Funcionaria policial, no presentaron informe alguno ni se hicieron presente a la audiencia de esta acción de libertad, pese a sus citaciones a fs. 24 y 26.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 27/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 62 a 64, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión del cuaderno procesal remitido al Juzgado de Niñez y Adolescencia Cuarto del citado departamento, se establece que en ningún momento el Ministerio Público lesiono derechos ni garantías del accionante, ya que la denuncia fue realizada el “3 de marzo de 2022” (sic) , la imputación efectuada el 4 de octubre del mismo año; dentro del término que establece la norma y finalmente, el señalamiento de audiencia se llevó a cabo el 5 del mismo mes y año; transcurriendo veinticuatro horas entre la imputación y el señalamiento de audiencia, sin vulnerar los derechos del imputado; ii) Dentro del término hábil se hizo conocer al representante del Ministerio Público y éste, dentro de plazo dio conocer a la Jueza el inicio de la investigación y la imputación formal, quien señaló audiencia de medida cautelar dentro del término que establece la norma; y, iii) Finalmente, el impetrante de tutela no fundamentó que su vida corra peligro.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: II.1. Por Requerimiento Fiscal, presentado a las 10:27 del 4 de octubre de 2022, Windsor Hernán Ortiz Bascopé –hoy demandado–, informó inicio de investigación e imputación contra el menor CSS –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de tenencia, porte o portación de arma ilícita (fs. 43 a 47). II.2. Mediante Decreto de 4 de octubre del referido año, Mariela Jhovana Ríos Cartagena, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta del departamento Santa Cruz –hoy demandada–, tuvo presente el informe de inicio de investigación y la imputación formal presentada por el Ministerio Público y señaló audiencia para el 5 de octubre del mismo año, a las 11:00 (fs. 55). II.3. Por Acta de Audiencia de 5 de octubre de 2022, suscrita en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto del departamento de Santa Cruz, se registró la aplicación de medidas sustitutivas y la emisión del mandamiento de libertad a favor del impetrante de tutela (fs. 28 a 42). II.4. A través del memorial de 5 de octubre del mismo año, dirigido al Tribunal de Sentencia Séptimo del departamento de Santa Cruz, el solicitante de tutela presentó desistimiento de la acción de libertad planteada (fs. 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denunció la vulneración de sus derechos a libertad, defensa, justicia pronta y oportuna; así como, a ser juzgado dentro de un plazo razonable; toda vez que, las autoridades demandadas excedieron el plazo para mantenerlo privado de su libertad, en calidad de aprehendido. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Consideraciones sobre el desistimiento o retiro de demanda.

Jurisprudencia reiterada

Respecto al desistimiento o retiro de la acción de libertad, el art. 126.II de la CPE, establece que, en ningún caso podrá suspenderse la audiencia de la acción de libertad, ya sea por ausencia del demandado, o inasistencia o abandono; en virtud a lo cual, la autoridad jurisdiccional, de forma obligatoria y bajo responsabilidad dictará sentencia, misma que podrá ordenar, la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad o la remisión del caso ante el Juez competente. Asimismo, el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que la audiencia de acción de libertad, debe realizarse el día y hora señalados, a efecto de establecer las responsabilidades que correspondan, citando al efecto: “Aún habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad…”.

Por lo expuesto, se advierte que, el desistimiento de la acción de libertad, no está defensa, incluso por mandato constitucional, la audiencia de esta acción tutelar no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia (art. 126.II de la CPE), debido a que esta acción de defensa, está orientada a brindar una pronta y efectiva protección de los derechos a la vida y a la libertad, en sus esferas física y de locomoción, los mismos que se constituyen en un derecho fundamental, por cuanto su restricción acompaña la mayoría de la veces a la limitación en el ejercicio de otros derechos fundamentales; por lo cual, no es admisible la aceptación de desistimiento o retiro de la acción tutelar en ninguna etapa de su tramitación. En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0103/2012 de 23 de abril, 2133/2013 de 21 de noviembre y 0340/2014 de 21 de febrero, refiriéndose al momento procesal en el que resulta factible el retiro de la acción de libertad, y cambiando el razonamiento asumido anteriormente en las SSCC 1229/2010-R de 1 de septiembre y 1425/2011-R de 10 de octubre, entre otras –que permitían el desistimiento y/o retiro de la demanda ante la restitución del derecho lesionado–, expresó lo siguiente: “Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública; es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública)”.

En ese entendido, este Tribunal a través de la SCP 0470/2018-S4 de 27 de agosto, modulando los razonamientos de las Sentencias Constitucionales antes citadas, señaló lo siguiente “…constituye una modulación a la línea jurisprudencial desarrollada anteriormente por este Órgano de justicia constitucional y que debe ser aplicado, al tratarse de una protección más amplia y progresiva de resguardo de los derechos, pues dada la configuración de este tipo de acciones, a diferencia del resto, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, no existe una etapa de admisibilidad que se ocupe de la revisión de cuestiones formales, precisamente en razón al principio de informalidad que rige a este tipo de recursos extraordinarios; por lo tanto, no resulta razonable desde el punto de vista constitucional, admitir el retiro o desistimiento de la acción una vez que fue presentada, debiendo en consecuencia, una vez interpuesta, concluir hasta la emisión de un fallo que conceda o deniegue la tutela impetrada, según corresponda”(las negrillas son añadidas).

III.2. De la normativa penal aplicable en caso de adolescentes, y los casos en que procede su aprehensión. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, estableció que: “…la promulgación del Código Niña, Niño y Adolescente, como normativa especial, dentro de su carácter teleológico configura en cuanto al ‘Sistema Penal para Adolescente’, una jurisdicción especializada así como la aplicación de procedimientos especiales, que permiten una intervención jurídica distinta a la prevista el Código de Procedimiento Penal, conteniendo elementos esenciales propios de cualquier jurisdicción, entendidos como derechos procesales y garantías jurisdicciones (imparcialidad, independencia, principio de legalidad, doble instancia, etc); empero, que adquieren connotaciones especiales en su ejercicio para el caso de los niños y adolescentes; debiendo las autoridades judiciales, imperativamente privilegiar el interés superior del niño, niña y adolescente, orientados por los principios de protección integral y su condición de vulnerabilidad

(…)

…el reconocimiento de un sistema penal diferenciado para los adolescentes infractores, no sólo importa la existencia de una jurisdicción especializada principio de jurisdiccionalidad y preservación de la especialidad de los órganos- sino la aplicación de un procedimiento propio, que condice con el principio universal de protección especial, en razón de su situación de desventaja y mayor vulnerabilidad respecto a los demás sectores de la población; por el cual este grupo de atención prioritaria goza de un amparo jurídico específico, que funcionalmente implica una garantía que primará a momento de decidir sobre los derechos subjetivos y procesales del adolescente infractor.

En este sentido, dentro del plexo jurídico interno y supranacional (…) queda claro y evidente que la normativa procesal penal aplicable cuando se encuentren involucrados adolescentes, es la prevista en el Ley 548 de 17 de julio de 2014 Nuevo Código Niña, Nina y Adolescente; el cual sobre las premisas del Sistema Penal para adolescente establece:

‘Artículo 259 (SISTEMA PENAL) El Sistema Penal para adolescentes es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente por conductas punibles en las que incurra, así como dela aplicación y control de las medidas socio-educativas correspondientes. Este Sistema ejecutará el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente en lo pertinente”’.

Ahora bien, el art. 287 de la Ley 548, dispone en qué casos procederá la aprehensión de un adolescente, estableciendo los siguientes casos:

a) En caso de fuga, estando legalmente detenida o detenido; b) En caso de delito flagrante; c) En cumplimiento de orden emanada por la Jueza o el Juez; y d) Por requerimiento Fiscal, ante su inasistencia, cuando existan suficientes indicios de que es autora o partícipe de un delito sancionado con pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a tres (3) años o de que pudiera ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar, u obstaculizar la averiguación de la verdad.

II. En caso de los incisos a) y b) del Parágrafo precedente, la autoridad policial que la o le haya aprehendido, deberá comunicar esta situación a la o el Fiscal mediante informe circunstanciado en el término de ocho (8) horas, y remitirlo a disposición del Ministerio Público. La o el Fiscal informará a la Jueza o al Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas y presentará su imputación a fin que se decida su situación procesal. Asimismo, comunicará inmediatamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Defensa Pública o abogada o abogado particular, y, si fuere posible, a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor.

III. La audiencia cautelar será programada y resuelta con preferencia.

IV. La persona adolescente aprehendida, en ningún caso podrá se incomunicada o detenida en dependencias policiales, penitenciarias o del Ministerio Público para personas adultas” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad innovativa

En relación a, la acción de libertad traslativa e innovativa, la SCP 0990/2022-S4 de 8 de agosto, incorporando a la SCP 0908/2015-S3 de 17 de septiembre, estableció que: “‘El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos’ (SCP 0011/2014 de 3 de enero).

La aludida SCP 0011/2014, también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad′. Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, corresponde referirnos al retiro de la demanda tutelar, presentada por el impetrante de tutela; así, en el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1, el retiro de la acción de libertad no está reconocido como una posibilidad, en ninguna etapa de la tramitación de la acción tutelar, incluso por mandato constitucional, se establece que la audiencia de acción libertad no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia (art. 126.II de la CPE), debido a que esta acción de defensa, está orientada a brindar una pronta y efectiva protección al derecho a la libertad, en sus esferas física y de locomoción, el mismo que se constituye en un derecho fundamental, por cuanto su restricción acompaña la mayoría de las veces la limitación en el ejercicio de otros derechos fundamentales; por lo cual, no es admisible la aceptación de desistimiento o retiro de la acción tutelar (Conclusión II.4) en ninguna etapa de su procedimiento; por lo que, no corresponde su consideración y en su caso, amerita efectuar el análisis de fondo de la demanda.

El solicitante de tutela denunció la vulneración de derechos a libertad, a la defensa, a la justicia pronta y oportuna; así como, a ser juzgado dentro de un plazo razonable; toda vez que, la Jueza –demandada– incumplió el plazo previsto para celebrar la audiencia cautelar, en la que debía definir su situación procesal; por otro lado el Fiscal de Materia y Policía asignados –codemandados–, excedieron el plazo para remitirlo ante la autoridad jurisdiccional, permitiendo que permanezca indebidamente procesado y privado de libertad.

Con relación al Fiscal de Materia y Policía asignada al caso – codemandados–, a quienes el accionante reclama la vulneración de los derechos a la libertad, debido proceso en sus elementos defensa, justicia plural, pronta y oportuna y sin dilaciones por haber demorado e incumplido los plazos de remisión ante la autoridad jurisdiccional y mantenerlo aprehendido desde la 01:45 am del 3 de octubre de 2022; es necesario remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en el que se determino que de acuerdo a la normativa penal aplicable en caso de adolescentes, y los casos de aprehensión en flagrancia; la autoridad policial que le haya aprehendido, deberá comunicar esta situación al Fiscal mediante informe circunstanciado en el término de ocho (8) horas; y la autoridad Fiscal, cuenta con veinticuatro horas para informar el inicio de las investigaciones a la autoridad jurisdiccional e imputar si corresponde, para que se resuelva la situación procesal del aprehendido. Ahora bien, de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, y lo informado por el Fiscal de Materia codemandado, se advierte que el 3 de octubre a las 01:45, el accionante fue aprehendido en flagrancia a través de una acción directa ejercida por la Policía demandada por la presunta comisión del delito de tenencia, porte o portación de arma ilícita. Posteriormente, a las 08:21, vale decir dentro el plazo establecido en el art. 287.II de la Ley 548 (ocho horas), fue puesto a disposición del representante del Ministerio Público; consecuentemente, corresponde denegar la tutela impetrada, respecto a Funcionaria la Policial demandada.

Por otro lado, se advierte que el Fiscal de Materia codemandado, el 4 del citado mes y año a las 10:27 (casi veintiséis horas después), comunicó el inicio de investigación y presentó imputación formal contra el impetrante de tutela, ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta del departamento de Santa Cruz; alegando que no había cumplido el plazo previsto por ley (veinticuatro horas), por razones estrictamente atribuibles al solicitante de tutela, pues de acuerdo a informe policial, el imputado se encontraba bajo los efectos de algún psicotrópico y su representante legal se había retirado de las dependencias policiales; lo que obligó a la autoridad fiscal, a postergar la recepción de su declaración informativa y proporcionarle abogado defensor de oficio; así como, convocar a Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de no vulnerar sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; datos que si bien no fueron controvertidos por el accionante; tampoco fueron respaldados por documental alguna y en su caso dichos argumentos no resultan suficientes para justificar la dilación en la que incurrió el Fiscal demandado, dando lugar a conceder la tutela solicitada respecto a esta autoridad.

En cuanto a la denuncia de presunta vulneración al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, atribuida a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta del departamento de Santa Cruz demandada, quien a decir del accionante demoró al señalar audiencia cautelar para definir su situación procesal; de antecedentes se advierte que dicha autoridad, habiéndose presentado el informe de inicio de investigación y la correspondiente imputación formal, el 4 de octubre de 2022, a las 10:27; mediante Decreto de la misma fecha (Conclusión II.2), señaló audiencia para el 5 de octubre de 2022 a las 11:00 a.m; y celebrada la referida audiencia, expidió mandamiento de libertad en la misma fecha (Conclusión II.3); es decir, no obstante que el art. 287.III de la Ley 548, prevé que la audiencia cautelar debe ser programada y resuelta con preferencia, la autoridad judicial, señaló día y hora de audiencia, sin considerar dicha disposición legal e ignorando que correspondía resolver la situación procesal de un menor aprehendido; determinando en su lugar, realizar la audiencia cautelar, más allá de las veinticuatro horas previstas cual se tratase de un proceso penal contra una persona adulta, sin considerar que se trata de un menor perteneciente a un grupo vulnerable que merece una atención prioritaria; demostrándose con ello, una demora indebida en la resolución de la situación jurídica del menor accionante, que recae exclusivamente en la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta del departamento de Santa Cruz; consiguientemente, en el marco de los fundamentos expresados en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, no es posible excluir la posibilidad de que se evalué la actividad dilatoria, pese haber cesado la misma, configurándose en el caso, la concesión de la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa; la cual, procede a efectos de tutelar en esta ocasión una situación de demora indebida pese a que ésta ya ha cesado, ello con la finalidad de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad y también, debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del justiciable hubiese sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso. En mérito a lo expresado, y, con el fin de no dejar pasar inadvertida la dilación indebida en la que incurrió la autoridad demandada, corresponde conceder la tutela impetrada, en la modalidad innovativa. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 27/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Santa Cruz, en consecuencia; 1º CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Mariela Jhovana Ríos Cartagena, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta del departamento Santa Cruz y Windsor Hernán Ortiz Bascopé, Fiscal de Materia, en la modalidad innovativa.

2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación a Margoth Pérez, Funcionaria Policial; y, 3º Exhortar tanto a la Jueza como al Fiscal de Materia demandados, que en actuaciones futuras impriman celeridad en la tramitación de procesos penales en los que se encuentran involucrados menores de edad, privados de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0006_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5fdd0864464ad80e849ea7a1035bdfbf4a1e916d4a23e75fce6dd0a57224f2b8

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →