Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de enero de 2023
Deniega la tutela
La solicitante de tutela alega la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, dignidad y debido proceso; toda vez que, luego de prestar su declaración informativa fue ilegalmente aprehendida mediante requerimiento fundamentado y orden de aprehensión de 15 de junio de 2021, acto en el que se dispuso de manera simultánea ambas actuaciones, sin tomar en cuenta el memorial de 7 del mismo mes y año por el cual desvirtuó los riesgos procesales imputados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 128/2021 de 17 de junio, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado a analizar el fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2023-S1 Sucre, 4 de enero de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 41207-2021-83-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 128/2021 de 17 de junio, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Amanda Quilla Cali en representación sin mandato de Cielo Amanda Zuñiga Quilla contra Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 16 de junio de 2021, cursante de fs. 35 a 39 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia de Luis Gualberto Mamani Quispe en su contra por la presunta comisión del delito de trata de personas, el 15 de junio de 2021 fue notificada para prestar su declaración informativa para luego ser ilegalmente aprehendida por la Fiscal de Materia Sarina Guardia Guardia ahora demandada mediante requerimiento fundamentado de aprehensión de 15 del mismo mes y año; es decir, en el acto se dispuso de manera simultánea ambas actuaciones, sin tomar en cuenta su Memorial de 7 de junio de 2021, donde desvirtuó los riesgos procesales. De esta manera, fue privada de su libertad con una grave vulneración al derecho a la defensa; por cuanto, la citación efectuada fue a objeto de prestar su declaración informativa, empero, se la aprehendió de forma directa sin que se le otorgue la oportunidad de ejercer defensa alguna. La representante del Ministerio Público -ahora demandada- como si se tratara de una acción directa en solo un día realizó varias actividades procesales; sin embargo, la supuesta víctima desaparecida, Yusen Noemi Mamani Mendoza siempre permaneció en su domicilio conforme constan las pruebas presentadas mediante Memorial de 7 de junio de 2021 cuando desvirtuó los riesgos procesales, aspectos que no se consideró por la precitada autoridad fiscal.
La solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, circulación, dignidad y al debido proceso; citando al efecto, los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga su inmediata libertad.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa se realizó el 17 de junio de 2021, según consta en acta cursante de fs. 46 a 47, produciéndose los siguientes actuados:
La peticionante de tutela a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de la acción de libertad presentada y en audiencia señaló: a) Sufrió abuso por parte de la autoridad demandada, quien dispuso la aprehensión y firmó la orden de aprehensión, posterior a la declaración, sin haber realizado la imputación formal, de manera que vulneró el derecho fundamental de la presunción de inocencia como una garantía jurisdiccional; y, b) Su detención fue ilegal, dado que se llevó adelante audiencia cautelar en el que el Juez de control jurisdiccional valoró elementos probatorios, desvirtuándose riesgos procesales otorgándosele medidas sustitutivas a la detención preventiva; en consecuencia, solicita que se establezca responsabilidades a la demandada, y se conceda el pago de daños y perjuicios por la ilegal aprehensión que cumplió atentándose contra su imagen, dignidad, y libertad, debido a que inclusive anoche permitió que un medio televisivo la considere como tratante.
Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia mediante informe escrito cursante de fs. 42 a 44 vta., señaló: 1) La demandante de tutela está siendo investigada, por el delito de trata de personas, de una persona desaparecida el 28 de mayo de 2021 contándose con la ficha de información del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) cuyos datos de la sindicada Cielo Zuñiga Quilla se contradecían con los consignados en el acta de declaración informativa; por lo que, se aplicó la norma adjetiva penal sin vulnerar derechos y garantías constitucionales; 2) En el presente caso no se ha vulnerado ningún derecho con relación a la vida y a la libertad; toda vez que, se encuentran en un hecho de víctima del delito de trata de personas, con prueba de la declaración de la víctima y de la denunciante en primera instancia encontrándose en investigación este hecho ilícito; y, 3) No resulta posible ingresar al fondo de la acción de libertad, cuando el ordenamiento jurídico prevea medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que supuestamente vulnera el derecho a la libertad.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 128/2021 de 17 de junio, cursante de fs. 48 a 51, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) A la conclusión de la declaración recepcionada por el Ministerio Público, se emitió la Resolución de ampliación de imputación formal 23/2021 de 16 de junio, dirigida al Juez Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz y consiguientemente la remisión en calidad de aprehendida; ii) Dicho actuado fue objeto de remisión ante la prenombrada autoridad jurisdiccional quien ejerce el control jurisdiccional a efecto del art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y, iii) Conforme los datos del proceso, en el presente caso existe una autoridad jurisdiccional encargada del control de la etapa de investigación, en consecuencia, no corresponde por esta vía constitucional resolver lo invocado en la presente acción tutelar.
Por Decreto Constitucional de 26 de julio de 2022 (fs. 56), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 2 de diciembre de 2022 (fs. 84); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Requerimiento Fundamentado de Aprehensión emitido por Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia -ahora demandada- que dispone la aprehensión de Cielo Amanda Zuñiga Quilla -impetrante de tutela-, por la probable comisión del delito de trata de personas (fs. 3 a 5). II.2. Cursa Orden de aprehensión emitido por la prenombrada autoridad fiscal que dispone la aprehensión y conducción de la referida accionante en calidad de sindicada ante el Juez de control jurisdiccional del proceso penal (fs. 6).
La solicitante de tutela alega la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, dignidad y debido proceso; toda vez que, luego de prestar su declaración informativa fue ilegalmente aprehendida mediante requerimiento fundamentado y orden de aprehensión de 15 de junio de 2021, acto en el que se dispuso de manera simultánea ambas actuaciones, sin tomar en cuenta el memorial de 7 del mismo mes y año por el cual desvirtuó los riesgos procesales imputados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar 1El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…)
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro). 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”.
las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayosistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, 3El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 4El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas). 5El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...)
por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; y, ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.a) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.
La ahora demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos invocados en el acápite correspondiente de la presente demanda tutelar; dado que, luego de prestar su declaración informativa fue aprehendida por la autoridad fiscal demandada mediante un ilegal requerimiento de aprehensión de 15 de junio de 2021, sin considerar su memorial de 7 del mismo mes y año; por el que, desvirtúa los riesgos procesales denunciados. Bajo ese marco, y revisados los antecedentes del presente caso, se advierte que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Luis Gualberto Mamani Quispe en contra de la ahora impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de trata de personas, el 15 de junio de 2021 fue aprehendida a mérito del requerimiento fundamentado y orden de aprehensión de 15 del mismo mes y año dictado por la Fiscal de Materia a cargo de la investigación (Conclusiones II.1 y II.2). Ahora bien, conforme se tiene de la jurisprudencia constitucional establecida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cuando se denuncia una presunta aprehensión ilegal, ésta se debe plantear ante el Juez de control jurisdiccional, quien en aplicación de los arts. 54.1 y 279 del CPP debe dilucidar si las actuaciones de funcionarios policiales o representantes del Ministerio Público vulneraron derechos fundamentales o garantías constitucionales durante la investigación. De este modo, en caso de advertir alguna transgresión de los mismos, debe resolver el mismo conforme lo establece el Código adjetivo penal a los fines de la procedencia del reclamo.
Por otro lado, cabe precisar que dicho reclamo debe ser formulado ya sea con anterioridad a la realización de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, o en caso en la misma audiencia; empero, de manera previa a la definición de su situación jurídica, infiriéndose de lo anotado que en caso no se haya restituido los derechos vulnerados, recién se puede activar de forma directa la jurisdicción constitucional a los fines señalados. Por lo indicado, se tiene que la accionante previamente a acudir a la vía constitucional, a través de la acción de libertad, debió denunciar los agravios denunciados al Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, y no así acudir directamente a esta jurisdicción constitucional; por ello y pese a que en audiencia de la acción de defensa la solicitante de tutela refirió que su situación jurídica se halla resuelta mediante la imposición de medidas cautelares personales previstas en el art. 239 del CPP; dicho extremo ratifica que la prenombrada debió acudir ante el referido Juez de Instrucción Penal como la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, el llamado por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa; por lo que, en el presente caso corresponde denegar la tutela solicitada sin haberse ingresado a analizar el fondo de la pretensión planteada. Consecuentemente, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 128/2021 de 17 de junio, cursante de fs. 48 a 51, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado a analizar el fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”. 6El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no
se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0006_2023-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 19ab6585c64efbc1c3b3b6753162ba1a7dc90f5482b6fda231e47569719b8f35
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