Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de enero de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de sus abogados, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso; por cuanto, que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la emisión del Auto de Vista de 25 de agosto del 2023, por el cual confirmo la denegatoria de la cesación a su detención preventiva, no valoró la prueba presentada para enervar el riesgo de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP; ni aplicó el entendimiento establecido por la SCP 1174/2011-R de 29 de agosto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 28 de agosto de 2023, cursante de fs. 65 vta. a 67, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2026-S3 Sucre, 29 de enero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58167-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 28 de agosto de 2023, cursante de fs. 65 vta. a 67, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Alfonso Arembay Méndez contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 25 de agosto de 2023, cursante a fs. 50 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:
El 31 de mayo de 2023, se realizó audiencia de cesación a la detención preventiva; toda vez que, para dicho acto procesal, se encontraba persistente el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -parcialmente, peligro para la víctima-, debido a que el riesgo señalado por el art. 235.2 -peligro de obstaculización-, de la misma norma legal, fue desvirtuado por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en cumplimiento de la Resolución “04/2023” pronunciada por un Tribunal de garantías. En la referida audiencia de cesación a la detención preventiva, presentó abundante documentación para desvirtuar el único riesgo persistente -peligro para la víctima- conforme fue solicitado por el tribunal a quo, adjuntando por ejemplo, memoriales ofreciendo amplias garantías constitucionales a la probable víctima y todo su entorno familiar; solicitud de homologación de las medidas de protección; informes psicológicos emitidos por los Psicólogos del Régimen Penitenciario; del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y posteriormente por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP); informe detallado de todas las terapias cognitivas que fueron recomendadas por el perito psicólogo del IITCUP, informe detallado del rol de visitas que fue ordenado mediante oficio del tribunal de la causa; y, seis certificados de las terapias psicológico cognitivas; sin embargo, grande fue su sorpresa, cuando el tribunal de instancia, efectuó una incorrecta valoración probatoria y sin fundamentación; y, se le denegó su derecho a la libertad; el cual, en apelación, mediante Auto de Vista de 25 de agosto de 2023, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, también fue indebidamente confirmada; puesto que, las medidas cautelares son de carácter provisional y los jueces deben circunscribirse a lo establecido en las anteriores audiencias y no solicitar otro tipo de documentación, agravando su situación jurídica y vulnerándose el debido proceso y la posibilidad de defenderse en libertad. Alegó que el Vocal demandado, no dio ningún valor probatorio, a los informes psicológicos emitidos por psicólogos del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cerruz, al informe del perito psicólogo dependiente del IDIF, a los seis certificados de terapias psicológico cognitivas, extrañadas por el a quo y ratificados por un tribunal de alzada; con lo cual, “…contravino los arts. 124, 171, 173, 221, 222 y 250 del CPP; y no se circunscribió a lo establecido en el art. 398 de la Ley 1970…” (sic); y así mismo, desconoció lo establecido en la SCP 1174/2011-R de 29 de agosto, relativa a la valoración integral de la prueba. Señaló, que estaba cansado de las “injusticias que hay” en la referida Sala, se ordene la remisión del cuaderno procesal en original con el “…Acta (Auto de Vista) …” (sic) de 25 de agosto de 2023.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso, citando al efecto, los arts. 15, 18, 21, 22, 23, 72, 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
No consigno petitorio alguno; sin embargo, se entiende que solicitó su libertad.
Celebrada la audiencia pública el 28 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 62 a 65, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que: Realizaron apelación contra el Auto Interlocutorio de 31 de mayo -se entiende del 2023-; y que para la audiencia de la misma, llevada a cabo el 25 de agosto -se entiende del 2023-, ya se había subsanado las pericias psicológicas observadas en un anterior Auto de Vista, donde se dejó persistente únicamente el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP; sin embargo, la autoridad demandada, no valoró dicha documentación, con el pretexto de que la prueba no fue presentada en la audiencia de cesación, por lo que no se puede valorar dicha documentación, contraviniendo lo que establece la SCP 0799/2022 de 18 de septiembre, con lo cual se vulneró el derecho al debido proceso y su derecho a la libertad; y que no, pudieron observar el Auto de Vista de 25 de agosto del 2023; por lo que pidió que en el plazo de setenta y dos horas señale nueva audiencia de apelación y de cumplimiento a la “…Sentencia 1174 de 20 de noviembre de 2019…” (sic), que establece que una persona no puede ser privada de libertad por un solo elemento, es decir por un solo riesgo procesal, máxime si se encuentra detenido por más de veintidós meses.
Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presento informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 58.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 28 de agosto de 2023, cursante de fs. 65 vta. a 67, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP, señale nueva audiencia, con la finalidad de emitir un nuevo Auto Interlocutorio que cumpla la motivación y fundamentación solicitada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) De lo obrado se evidencia, que el 28 de agosto de 2023, la autoridad demandada, fue notificado con la presente acción tutelar, quien no asistió a la audiencia ni presentó el informe correspondiente; en aplicación de la jurisprudencia constitucional, corresponde otorgar credibilidad al peticionante de tutela; en cuanto, a que se hubiera agravado su situación jurídica al haber exigido, sin exponer ninguna fundamentación, la pericia psicológica de la probable víctima, para desvirtuar los riesgos procesales y que no efectuó una correcta valoración de la prueba presente, ocasionando una falta de motivación; por ende, vulneración a sus derechos; y, b) Que la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, establece la flexibilización de la prueba, la aplicación de presunción del principio de veracidad en las acciones de libertad, en concordancia con la “…SCP 717/2023-R y 1174/2022-R…” (sic) respecto a que se tendrá aprobado los extremos denunciados cuando la autoridad demandada no desvirtúa los hechos por el cual se lo demanda; situaciones que concurren, cuando no obstante a su legal notificación no compareció a la audiencia ni prestó su informe de Ley.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala PlenaTCP-sp-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de celebración de audiencia, de cesación a la detención preventiva, de 31 de mayo de 2023, por el tribunal, constituido por las Juezas, Any Milenka Guillén Zabala y Lilian Zabala Zambrana, con la disidencia del Juez Ismael Burgos Olmos, pronunciaron Auto Interlocutorio 22/23 de la misma fecha, declarando infundado el incidente y subsistente el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP al no haberse adjuntado ningún elemento probatorio nuevo que enerve dicho riesgo procesal puesto que la documental mencionada en la audiencia, ya fue valorada tanto por el tribunal de instancia como por el de alzada (fs. 21 a 28).
II.2. El referido Auto Interlocutorio fue apelado, mismo que fue ratificado por el Auto de Vista de 25 de agosto del 2023, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; presentada la acción de libertad, fue admitida por el Auto de Admisión 28/23 de 25 de agosto de 2023, señalándose audiencia para horas 16:45 del 26 del mismo mes y año; no obstante, no pudo citarse a la autoridad demandada en su domicilio laboral por ser día inhábil, de manera que instalada la audiencia en la fecha y hora señaladas, se suspendió el acto y se fijó uno nuevo, para el 28 de agosto a horas 14:45, constando la notificación a Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la referida Sala, en la misma fecha, aunque no se consignó la hora (fs. 51, 56 y vta.; y, 58).
El accionante, a través de sus abogados, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y el debido proceso; por cuanto, que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la emisión del Auto de Vista de 25 de agosto del 2023, por el cual confirmo la denegatoria de la cesación a su detención preventiva, no valoró la prueba presentada para enervar el riesgo de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP; ni aplicó el entendimiento establecido por la SCP 1174/2011-R de 29 de agosto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a esta temática, la SCP 0474/2012 de 4 de julio, manifestó que:
[L]a acción de Libertad no requiere la observancia de requisitos formales y en caso que exista algún defecto u omisión de requisitos de contenido o especificación de derechos, estas omisiones deben ser superadas por el juez o tribunal que conozca la acción y que actúa en el caso concreto como juez o tribunal de garantías constitucionales.
Si bien es cierto que en determinadas circunstancias de evidente lesión al derecho a la libertad, es entendible esta situación debido a la informalidad de su presentación; sin embargo, tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el accionante es parte esencial, tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda su denuncia, sin perjuicio claro está, de la facultad que tiene este Tribunal de solicitar la remisión de documentación, cuando así lo requiera y considere pertinente; empero, ello no lo exime de su responsabilidad. Al respecto la SC 2152/2010-R de 19 de noviembre, que cita a su vez la SC 0053/2010-R de 27 de abril dice: “…para valorar los hechos demandados, requiere que el actor demuestre o acredite con la prueba pertinente la supuesta vulneración que acusa; toda vez que, el fallo o determinación que se asuma debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o está amenazado el derecho de locomoción, ya que no es suficiente la manifestación del actor, ni el informe que preste la autoridad recurrida, dado que para acusar la vulneración del derecho a la libertad, se debe demostrar los hechos que afectan ese derecho con pruebas verificables y ciertas cuyo valor les será asignado a tiempo de dictarse la Resolución; no obstante, que éste recurso no requiere de mayores formalidades para su presentación; sin embargo, cualquier acto ilegal que vulnere el derecho a la libertad y que sea atribuible al demandado debe ser debidamente acreditado por los medios de prueba permitidos por el ordenamiento jurídico, no siendo suficiente lo aseverado por las partes en audiencia”. (Las negrillas son nuestras).
En la misma lógica, la SC 0066/2010-R de 3 de mayo, respecto a la falta de presentación de pruebas en la acción de libertad, señaló que: ʽ…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión’.
En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: ‘Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión’” (las negrillas corresponden al texto original).
Por otra parte, la SCP 2170/2012 de 8 de noviembre, sobre la carga de la prueba señaló que, “…la acción de libertad no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte accionante debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos y garantías constitucionales, puesto que no puede dictarse una Resolución concediendo la tutela cuando no se constata la vulneración denunciada, precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal de garantías pueda basar su decisión.”
La accionante denuncia que el que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la emisión del Auto de Vista de 25 de agosto del 2023, por el cual confirmo la denegatoria de la cesación a su detención preventiva, no valoró la prueba presentada para enervar el riesgo de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP; ni aplicó el entendimiento establecido por la SCP 1174/2011-R de 29 de agosto. Conforme establece el Fundamento Jurídico III.1, del presente fallo constitucional; se ha establecido que, si bien la acción de libertad no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente, que la parte accionante tiene el deber de acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones; puesto que corre por su cuenta, la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos y garantías constitucionales, puesto que no puede dictarse una determinación concediendo la tutela, cuando no se constata la vulneración denunciada; precisamente, por falta de pruebas en las que el Tribunal de garantías pueda basar su decisión. En el caso de autos, el accionante identifica como acto lesivo el Auto de Vista de 25 de agosto del 2023; denunciando que, en dicha decisión de alzada, el Vocal demandado, habría omitido valorar la prueba presentada para desvirtuar el riesgo de fuga, previsto en el art. 234.7 del CPP y asimismo no habría aplicado la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1174/2011-R de 29 de agosto; sin embargo, no ha presentado el citado Auto de Vista, hoy impugnado, al momento de presentar su acción de tutela; y, si bien es cierto que en esa ocasión, pidió que se ordenara la remisión del cuaderno de control jurisdiccional y el Auto de Vista impugnado, a lo que dio curso el Tribunal de garantías a tiempo de admitir esta acción de tutela; empero, no se cumplió con esa orden para la audiencia de consideración de ésta acción de tutela, tal como se da cuenta en el acta correspondiente; por lo cual, no consta en el expediente constitucional copia alguna del referido Auto de Vista hoy impugnado; el referido documento, resulta imprescindible para verificar las denuncias formuladas, puesto que solo del examen de su contenido es posible constatar si hubo o no, valoración probatoria arbitraria y el apartamiento a los precedentes constitucionales aludidos; consecuentemente, la falta de presentación, del tantas veces mencionado, Auto de Vista de 25 de agosto del 2023, impugnado a través de esta acción de tutela, por parte del accionante, impide a este Tribunal, verificar la veracidad de las denuncias formuladas; e implica el incumplimiento de la carga, de presentar la prueba suficiente y necesaria, sobre la veracidad de los hechos que denuncia, puesto que corre por cuenta del accionante, la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que hayan restringido sus derechos y garantías constitucionales, ya que no es factible conceder la tutela, cuando no se halla constatada la vulneración denunciada, precisamente por falta de pruebas en las que la justicia constitucional pueda basar su decisión, tal como lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente, más aún, si se trata de examinar el contenido de una determinación judicial, respecto de la cual se observa la fundamentación y motivación, como sucede en este caso. Asimismo, cabe aclarar qué; en este caso, no es posible aplicar la línea jurisprudencial referida a la presunción de veracidad de los hechos afirmados por el accionante, ante la falta de comparecencia e informe de Ley de la autoridad demandada, establecida en la SC 0478/2011-R de 18 de abril, puesto que; por una parte, en razón a que la diligencia de notificación efectuada a la autoridad demandada con esta acción de tutela, no permite asegurar que se ha respetado su derecho al defensa, en su elemento del derecho a contar con tiempo razonable para preparar la defensa; puesto que si bien, dicho actuado da cuenta que la comunicación judicial se habría producido el 28 de agosto del 2023, que es, el mismo día que se llevó a cabo la audiencia de consideración de esta acción de tutela; no se consigna la hora en la que se produjo la notificación; por lo tanto, no hay evidencia de que la autoridad demandada, haya tenido el tiempo razonable para preparar su defensa e inclusive remitir copia del Auto de Vista impugnado, circunstancia que podría justificar esa falta de remisión; por otra parte, el accionante tiene acceso a la prueba extrañada, por ser parte del proceso judicial, dentro del cual se emitió el Auto de Vista de 25 de agosto del 2023, hoy impugnado; tanto más, si cuenta con dos abogados que han activado la acción de tutela en su nombre, impugnando, precisamente, los fundamentos de esta determinación de alzada; lo cual permite inferir, que la accionante no se hallaba en la imposibilidad de obtener dicha prueba. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 28 de agosto de 2023, cursante de fs. 65 vta. a 67, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0005_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4e6565d7d81edb74718c17676083eb2e6251a5580a506f0082e647301bf2a213
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