Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la garantía del debido proceso en su vertiente celeridad; y, al principio de igualdad de partes; toda vez que: i) La Fiscal de Materia codemandada, tenía el plazo de dos meses para realizar los actos investigativos y al no haberlos realizado, en audiencia de consideración de la situación jurídica de 16 de agosto de 2023, solicitó la ampliación del plazo de su detención preventiva por un mes con el argumento de que faltaría realizar actos investigativos, por lo que, la misma demostró inactividad investigativa; ii) El Juez codemandado por Auto Interlocutorio 467/2023, sin fundamentación y motivación dispuso la ampliación de su detención preventiva por el plazo de quince días, tomando en cuenta que ya se tenía programada la audiencia de inspección ocular y reconstrucción, faltando solamente la audiencia de cámara Gesell, señalando audiencia para el 31 de agosto de 2023 a horas 15:00, ante dicha determinación planteó recurso de apelación; y, iii) Respecto a la Vocal demandada, señala que: a) Habiendo solicitado la suspensión de la audiencia del recurso de apelación por la existencia de otros actuados pendientes entre ellos la inspección ocular dentro del proceso penal que se le sigue, no obtuvo una respuesta clara, ni se consideraron las circunstancias fortuitas que pasaba su abogado de confianza; y, b) Al emitir el Auto de Vista 294/2023-SP1 declaró la improcedencia del recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio 467/2023, estableciendo que como Tribunal de cierre cuando se trata de medi…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 275 a 283, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2026-S2 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58173-2023-117-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 03/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 275 a 283, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alejo Mamani contra Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del mismo departamento; y, Miriam Condomis Santos, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 31 de agosto de 2023, cursante a fs. 1; y, 252 a 257 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de rapto y lesiones culposas, el 16 de junio de 2023, William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca -ahora codemandado-, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro, por Auto Interlocutorio 329/2023 dispuso su detención preventiva. El 16 de agosto de 2023, el Juez codemandado desarrolló la audiencia de consideración de su situación jurídica, y mediante Auto Interlocutorio 467/2023 de la misma fecha, ante la solicitud del Ministerio Público de ampliar el plazo de la detención por un mes, dispuso ampliar y mantener su detención preventiva por un tiempo de quince días, señalando audiencia para el 31 de igual mes y año a horas 15:00, tomando en cuenta que “este viernes 18” se tiene audiencia de inspección y reconstrucción, faltando solamente la audiencia de cámara Gesell. Ante esa determinación, su persona interpuso apelación incidental y mediante Auto de Vista 294/2023-SP1 de 25 de agosto, Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental y confirmó el Auto Interlocutorio 467/2023. En ese contexto, Miriam Condomis Santos, Fiscal de Materia -codemandada-, vulneró sus derechos al debido proceso en su vertiente celeridad y a la libertad de locomoción, y al principio de igualdad de partes, toda vez que, tenía el plazo de dos meses para realizar los actos investigativos y al no haberlos realizado en audiencia de consideración de la situación jurídica de 16 de agosto de 2023 solicitó la ampliación del plazo de su detención preventiva por un mes con el argumento de que faltaría realizar actos investigativos, por lo que, la misma demostró inactividad investigativa. Por su parte, el Juez codemandado, lesionó su derecho a la libertad de locomoción, por haber dictado con falta de fundamentación y motivación el Auto Interlocutorio 467/2023 disponiendo la ampliación de su detención preventiva por el tiempo de quince días, bajo el criterio de que ambas partes deben estar presentes en todos los actuados investigativos sin considerar el art. 233.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Finalmente, la Vocal demandada, vulneró su derecho a la defensa porque no respondió de manera clara a su solicitud de suspensión de la audiencia del recurso de apelación por la existencia de otros actuados pendientes, entre ellos la inspección ocular dentro del proceso penal que se le sigue, tampoco se consideraron las circunstancias fortuitas que pasaba su abogado de confianza; además, mediante Auto de Vista 294/2023-SP1 declaró la improcedencia del recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio 467/2023, estableciendo que como Tribunal de cierre cuando se trata de medidas cautelares tiene la competencia de asumir complementaciones a las resoluciones impugnadas cuando se observa carencia de fundamentación y motivación, es así que complementa que en la presente causa existe complejidad por el acto investigativo de inspección ocular, lo cual no sería necesario, por lo que la autoridad demandada se apartó del art. 233.3 del Adjetivo Penal, lesionando de su derecho a la libertad de locomoción.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la garantía del debido proceso en su vertiente celeridad; y, al principio de igualdad de partes, citando al efecto los arts. 8.II, 9.2, 13, 21.2, 22 y 23.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga su libertad y se ordene la condenación en costas y responsabilidad civil de los demandados.
Celebrada la audiencia pública el 1 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 269 a 274 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de memorial de acción de libertad.
Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) El Auto de Vista que emitió fue delimitado conforme el art. 398 del CPP, así, los reclamos del ahora peticionante de tutela se vinculaban a que el Juez codemandado por Auto Interlocutorio 467/2023 dispuso la ampliación de la detención preventiva basándose en la solicitud del Ministerio Público sobre actos pendientes de investigación, cuando el art. 233.3 del referido Código establece que solo se puede ampliar la detención preventiva en caso de solicitud del fiscal cuando se analice la complejidad del caso; en ese sentido, como Tribunal de apelación, reconociendo esa carencia de fundamentación y motivación, complementó y corrigió mediante Auto de Vista 294/2023-SP1, argumentando que el caso es complejo debido a la naturaleza de los hechos -un incidente con una menor de edad que saltó de un vehículo en movimiento- y la dificultad para realizar la inspección ocular por la presencia de grupos de personas que interrumpieron el acto; b) En cuanto a la denegación de la solicitud de suspensión de audiencia de apelación por el accionante, explicó que no se suspendió la audiencia anterior porque las justificaciones del abogado no eran suficientes; y, c) La acción de libertad no identificó claramente qué derechos y garantías se vulneraron según el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo). William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro, por informe escrito cursante a fs. 267 y vta., manifestó que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de rapto y lesiones culposas, dispuso la detención preventiva del prenombrado por el tiempo de cuatro meses, mismo que fue modificado por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento a dos meses; asimismo, el 16 de agosto de 2023 se realizó audiencia para considerar la situación jurídica del impetrante de tutela, donde la Fiscal de Materia codemandada pidió el plazo de ampliación de la detención preventiva por el lapso de un mes porque faltaba realizar actos investigativos y concedió dicha ampliación por el plazo de quince días señalando audiencia para el 31 del mismo mes y año, a horas 15:00, dicha resolución también fue apelada; finalmente, el 31 del citado mes y año la autoridad fiscal presentó acusación en contra del peticionante de tutela minutos antes de la audiencia de consideración de situación jurídica, por lo que, en dicha audiencia, determinó la continuidad de la detención preventiva ante la existencia de la acusación y la obligación de la autoridad jurisdiccional de asegurar la presencia del imputado en la etapa de juicio; en consecuencia no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional. Miriam Condomis Santos, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 260.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 03/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 275 a 283, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Si el accionante consideraba que existió inactividad investigativa de la autoridad fiscal, debió acudir ante la misma solicitando el requerimiento fundamentado de sobreseimiento y no acudir ante la autoridad constituida en garantías constitucionales; 2) El Juez codemandado dispuso la ampliación de la detención preventiva por el plazo de quince días por falta de actos investigativos y dicha decisión fue complementada en apelación por la Vocal demandada, refiriendo que corresponde la ampliación por la complejidad del caso, por lo que, no existe agravio; y, 3) Respecto a la denuncia de que la Vocal demandada habría lesionado el derecho a la defensa técnica del impetrante de tutela, se evidencia que el abogado de confianza de la prenombrada participó en la audiencia por lo que, no existe vulneración; por otro lado, con relación al razonamiento de la complejidad del caso cuestionado por el accionante, el mismo se encuentra debidamente fundamentado en el Auto de Vista 294/2023-SP1.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Resolución de imputación formal de 16 de junio de 2023, presentada por Wladimir Martínez Michaga, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Alejo Mamani -ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de rapto y lesiones culposas, por la cual, solicitó la detención preventiva del impetrante de tutela por el plazo de seis meses (fs. 44 a 47 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 329/2023 de 16 de junio -sin firma y sello del Juez en suplencia legal-, se dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro por el plazo de cuatro meses para realizar los actos investigativos, fijándose audiencia para considerar la situación procesal para el 16 de octubre del citado año (fs. 51 a 53 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 222/2023-SP1 de 26 de junio, José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora peticionante de tutela y confirmó el Auto Interlocutorio 329/2023, empero, modificó el plazo para realizar los actos investigativos de la detención preventiva, señalando audiencia con fines de control de plazo para el 16 de agosto de 2023 a horas 9:00, a efectivizarse en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del mismo departamento (fs. 7 a 11). II.4. A través de Auto Interlocutorio 467/2023 de 16 de agosto, William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro -codemandado-, dispuso la ampliación de la detención preventiva del accionante por el plazo de quince días, tomando en cuenta de que “este viernes 18” ya se tiene audiencia de inspección y reconstrucción, faltando solamente la audiencia de cámara Gesell; por lo que, señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 31 del referido mes y año, a horas 15:00 (fs. 201 a 203). II.5. Consta Auto de Vista 294/2023-SP1 de 25 de agosto, mediante el cual, Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela y confirmó el Auto Interlocutorio 467/2023 (fs. 3 a 6 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la garantía del debido proceso en su vertiente celeridad; y, al principio de igualdad de partes; toda vez que: i) La Fiscal de Materia codemandada, tenía el plazo de dos meses para realizar los actos investigativos y al no haberlos realizado, en audiencia de consideración de la situación jurídica de 16 de agosto de 2023, solicitó la ampliación del plazo de su detención preventiva por un mes con el argumento de que faltaría realizar actos investigativos, por lo que, la misma demostró inactividad investigativa; ii) El Juez codemandado por Auto Interlocutorio 467/2023, sin fundamentación y motivación dispuso la ampliación de su detención preventiva por el plazo de quince días, tomando en cuenta que ya se tenía programada la audiencia de inspección ocular y reconstrucción, faltando solamente la audiencia de cámara Gesell, señalando audiencia para el 31 de agosto de 2023 a horas 15:00, ante dicha determinación planteó recurso de apelación; y, iii) Respecto a la Vocal demandada, señala que: a) Habiendo solicitado la suspensión de la audiencia del recurso de apelación por la existencia de otros actuados pendientes entre ellos la inspección ocular dentro del proceso penal que se le sigue, no obtuvo una respuesta clara, ni se consideraron las circunstancias fortuitas que pasaba su abogado de confianza; y, b) Al emitir el Auto de Vista 294/2023-SP1 declaró la improcedencia del recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio 467/2023, estableciendo que como Tribunal de cierre cuando se trata de medidas cautelares tiene la competencia de asumir complementaciones a las resoluciones impugnadas cuando se observa carencia de fundamentación y motivación, es así que, complementó que en la presente causa existe complejidad por el acto investigativo de inspección ocular, pese a que no es así, apartándose del art. 233.3 del CPP. Ante ello, la Vocal demandada señala que, declaró improcedente la apelación interpuesta por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 467/2023 de ampliación de plazo de la detención preventiva, con la modificación de que se amplía el plazo de dicha medida por la complejidad del caso; y, con respecto a la vulneración del derecho a la defensa que alega el accionante, indica que el abogado de su confianza participó en la audiencia. Por su parte, el Juez codemandado refiere que el 16 de agosto de 2023 en audiencia de consideración de la situación jurídica del impetrante de tutela, ante la solicitud de ampliación de la detención preventiva por la Fiscal de Materia codemandada dispuso la ampliación por el plazo de quince días por falta de actos investigativos. La Fiscal de Materia no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto manifestó que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva. (…) Conforme a lo anotado, resulta evidente que, los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
Respecto a Miriam Condomis Santos, Fiscal de Materia -codemandada-, se tiene que el impetrante de tutela alega que, la autoridad fiscal tenía el plazo de dos meses para realizar los actos investigativos y al no haberlos realizado en audiencia de consideración de la situación jurídica de 16 de agosto de 2023, solicitó la ampliación del plazo de su detención preventiva por un mes con el argumento de que faltaría realizar actos investigativos, por lo que, la misma demostró inactividad investigativa; al respecto, no puede concederse la tutela por la mera solicitud efectuada máxime si sus actos pueden ser revisados y atendidos por la autoridad judicial competente; y, a su vez, en lo concerniente a William Kenny Flores Yapu, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del mismo departamento de Oruro -hoy codemandado-, no es posible ingresar a conocer las denuncias formuladas en contra dicha autoridad judicial, por cuanto, en aplicación de la subsidiariedad excepcional es exigible la activación de la vía recursiva prevista en el art. 251 del CPP, a los fines de que la instancia superior en grado -de corresponder- repare los defectos jurisdiccionales en los que la autoridad judicial a quo hubiese incurrido, situación que de hecho fue promovida por el ahora impetrante de tutela y que mereció el Auto de Vista 294/2023-SP1 de 25 de agosto, que será objeto del examen que sea atingente infra; por lo que, en cuanto a las referidas autoridades corresponde denegar la tutela impetrada. Con relación a Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-, se tiene que el Juez codemandado por Auto Interlocutorio 467/2023 de 16 de agosto dispuso la ampliación de la detención preventiva por el plazo de quince días solicitado por el Ministerio Público, tomando en cuenta de que “este viernes 18” ya se tiene audiencia de inspección y reconstrucción, faltando solamente la audiencia de cámara Gesell, señalando audiencia para el 31 del referido mes y año, a horas 15:00 (Conclusión II.4). Posteriormente, mediante Auto de Vista 294/2023-SP1, la Vocal demandada declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela y confirmó el Auto Interlocutorio 467/2023 (Conclusión II.5). En lo que respecta al primer punto de impugnación, el accionante refiere que habiendo solicitado la suspensión de la audiencia del recurso de apelación por tener otros actuados, entre ellos la inspección ocular dentro del proceso penal que se le sigue, la misma no fue respondida de manera clara, ni habría considerado las circunstancias fortuitas que pasaba su abogado de confianza; al respecto, corresponde señalar que si bien es cierto que el abogado de la parte impetrante de tutela solicitó la suspensión de la audiencia de impugnación manifestando que tiene otros actuados, éste decidió participar en la audiencia de recurso de apelación incidental, por lo que, el reclamo advertido carece de relevancia, consecuentemente corresponde denegar la tutela invocada. Respecto al segundo punto de reclamo, el impetrante de tutela manifiesta que el Auto de Vista 294/2023-SP1 declaró la improcedencia del recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio 467/2023, sin considerar que el caso no es complejo, por lo que, la autoridad demandada se habría apartado del art. 233.3 del CPP. Sobre el particular, el Auto de Vista 294/2023-SP1 declaró la improcedencia de la apelación incidental interpuesta por el imputado bajo los siguientes fundamentos: 1) Con respecto a la complejidad de la causa, determinó que el caso es complejo conforme al art. 233.3 del CPP, toda vez que, es necesaria la presencia del imputado mientras se realizan los actos investigativos pendientes como la pericia psicológica, la declaración en cámara Gesell y un acto de inspección ocular y reconstrucción que fue obstaculizado anteriormente por personas ajenas al proceso y por la defensa del imputado; y, enfatiza que la víctima es menor de edad y mujer, lo que exige una protección reforzada bajo la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y, no se puede exigir a la víctima que sea ella quien genere las pruebas para evitar la revictimización, sino que ello es responsabilidad del Ministerio Público; 2) Señaló que la defensa del imputado se limitó a decir que hubo una “mala valoración” de los antecedentes, pero no especificó qué elementos o fojas del cuaderno de investigación fueron ignorados y mal analizados; y, 3) Fundamentó su decisión en los arts. 60 de la CPE, 221, 233.3, 235 ter y 398 del CPP, en la SC 0101/2004 de 14 de septiembre y en el Auto Supremo “069/2018”, que definen los criterios la complejidad de un asunto. Del análisis de lo planteado en la acción de libertad, y lo resuelto en el Auto de Vista impugnado, no se evidencia que se hubiesen dejado de resolver elementos planteados en la impugnación ni se demostró deficiencias en los argumentos utilizados por la autoridad demandada que desvirtúen la existencia de complejidad del caso, por ende, no constituyéndose la instancia constitucional una instancia adicional al proceso penal que de oficio revise las decisiones judiciales de la jurisdicción ordinaria, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 275 a 283, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Laura Amalia Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0005_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2fd356893eb79a209e6e3d58ed05e61bd5c93c1045ff17941811cc15d1df25d9
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