B.IA.LEGAL

SCP 0005/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 15 de enero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de enero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58155-2023-117-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación y a la defensa; puesto que, la Vocal ahora accionada al emitir el Auto de Vista 284/2023 de 12 de junio declarando la improcedencia del recurso de apelación incidental que interpuso y ratificando el Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023, que dispuso la ampliación de su detención preventiva, incumplió con lo previsto en la normativa procesal penal al no considerar que el Ministerio Público no demostró la complejidad del caso; y, que los actos procesales como ser la pericia psicológica, declaración de testigos y otros, debieron ser concluidos durante los tres meses que fueron establecidos para su detención preventiva, no obstante, el Ministerio Público nuevamente utilizó esos argumentos para solicitar la ampliación de su detención preventiva, sin presentar elemento de prueba alguno que demuestren la necesidad de dicha ampliación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 26 a 32, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2026-S1 Sucre, 15 de enero de 2026 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58155-2023-117-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 26 a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Placido Gutiérrez Montaño en representación sin mandato de David Marcos Torrico Sahonero contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 31 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 9, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), mediante Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2023, se dispuso su detención preventiva por tres meses en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; no obstante, mediante Auto Interlocutorio de 18 de mayo de igual año, se amplió el plazo de la detención preventiva, motivo por el cual interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En ese sentido, la Vocal ahora accionada sin valorar el transcurso del tiempo de su detención preventiva ni enmarcarse dentro del principio de revisabilidad, emitió el Auto de Vista 284/2023 de 12 de junio de 2023, por el que declaró improcedente el recurso de apelación incidental que interpuso; asimismo, dicha autoridad judicial no tomó en cuenta lo establecido por el art. 239 del CPP. Por otro lado, el Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2023, dispuso la aplicación de medidas cautelares a efecto de que se realicen actos procesales como ser las pericias psicológicas, declaración de testigos, entre otros; sin embargo, concluido el plazo de los tres meses establecidos para su detención preventiva el Ministerio Público, bajo los mismos argumentos solicitó la ampliación de dicha detención preventiva, sin acompañar prueba alguna o demostrar la complejidad del caso o la necesidad de realizar actos investigativos que fundamenten dicha ampliación; en virtud de lo cual la Vocal ahora accionada no realizó la ponderación exhaustiva del proceso, ni observó la normativa procesal penal vigente que exige que para la consideración de una ampliación de la detención preventiva exista una solicitud fundada del Ministerio Público que responda a la complejidad del caso, lo cual no fue tomado en cuenta por la mencionada autoridad judicial hoy accionada. El Auto de Vista 284/2023 evidencia una falta de fundamentación, pues la interpretación asumida por la Vocal ahora accionada, al ratificar el Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023 y disponer la ampliación del plazo de la detención preventiva, fue realizada sin considerar las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres al Código de Procedimiento Penal y en desconocimiento de lo previsto en los arts. 239.2 y 398 del mismo cuerpo legal, apartándose de los principios de legalidad y razonabilidad, lo que derivó en la vulneración de los derechos del accionante.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación y a la defensa; citando al efecto los arts. 9, 23, 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 7, “22 y 23” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Disponga la nulidad del Auto de Vista 284/2023 de 12 de junio, emitido por la Vocal ahora accionada; y, b) La Vocal ahora accionada señale nueva audiencia, en la que deberá emitir una resolución debidamente motivada y fundamentada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 25 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) De lo referido por la Vocal ahora accionada, no se debe convalidar el razonamiento del Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023, en el que se señaló que son cinco las presuntas víctimas y también hizo mención a que las valoraciones psicológicas debieron ser realizadas en el plazo de tres meses; no obstante, se pidió la ampliación a seis meses bajo los mismos fundamentos; 2) El Ministerio Público y las partes procesales interesadas no pudieron explicar la complejidad del caso, que de conformidad con la SCP 0411/2022-S4 de 31 de mayo, la misma se presenta ante organizaciones criminales, desaparición de personas, pluralidad de imputados, delitos gravísimos pero con diferentes connotaciones, situaciones que no fueron valoradas oportunamente, ratificando el plazo de los tres meses -de ampliación- de su detención preventiva; y, 3) No se explicó la necesidad -de ampliación de su detención preventiva-, basándose únicamente en la realización de actos investigativos, como ser pericias -psicológicas-.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 22 a 24, manifestó que: i) De conformidad con la jurisprudencia constitucional, un Tribunal o Juez de garantías se encuentra impedido de revisar o sustituir la jurisdicción ordinaria al estar reservada para los jueces y tribunales de esa jurisdicción, en razón a que la acción de libertad no se constituye en una instancia procesal más de revisión, lo cual aparentemente es desconocido por el accionante, quien pretendió que el Tribunal de garantías asuma atribuciones que no le compete; ii) El accionante omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y las presuntas conductas vulneradoras; puesto que, si bien denunció como vulnerados sus derechos a la defensa, al debido proceso en su elemento de fundamentación y a la -libertad de-locomoción; sin embargo, omitió explicar cuáles fueron las acciones que vulneraron esos derechos; en ese sentido, hizo referencia al Auto de Vista 284/2023, no obstante, no precisó cuál fue el fundamento expresado de manera incorrecta y cómo debió su autoridad haber motivado y/o fundamentado respecto a los agravios reclamados, debiendo considerarse que la competencia de un Tribunal de segunda instancia está limitada a verificar si la autoridad judicial de primera instancia cumplió o no con las reglas establecidas en la norma adjetiva penal y en la jurisprudencia vinculante al caso; y, iii) Su autoridad al momento de resolver el recurso de apelación incidental, se basó en los antecedentes de la causa, en los fundamentos de agravio expuestos por el accionante así como en los fundamentos del Juez de primera instancia, evidenciando que dicha autoridad judicial obró conforme a ley, al determinar la ampliación de la detención preventiva, al encontrarse pendientes actos investigativos; puesto que, en el caso son varias víctimas menores de edad que al pertenecer a un sector vulnerable merecen protección reforzada, al existir normativa nacional e internacional que reconoce y defiende los derechos de la niñez y adolescencia; más aun tratándose de víctimas de presunta agresión sexual; por lo tanto al no existir vulneración a los derechos del accionante ya que el Auto de Vista ahora cuestionado fue pronunciado en estricta observancia de la jurisprudencia y preceptos legales pertinentes al caso y en cumplimiento a la normativa procesal penal, pidió que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, en audiencia manifestó que: a) El accionante no aclaró por cuál de los supuestos previstos en el art. 125 de la CPE estaría dirigiendo su solicitud, ya que se refirió de manera general a los agravios existentes sin realizar una diferenciación entre fundamentación y motivación; y, b) La detención preventiva es modificable en cualquier estado del proceso; por lo que, no halló asidero legal con relación a dichas causas mencionadas por el accionante; en virtud de lo cual solicitó se declare “improcedente” la acción de libertad interpuesta.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 26 a 32, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del Auto de Vista 284/2023 y contrastando con los argumentos de la acción de libertad, se concluyó que, no resulta evidente lo referido por el accionante con relación a la errónea interpretación normativa relativa a la ampliación del plazo de la detención preventiva; ya que, en dicho Auto de Vista se efectuó una compulsa de los argumentos desarrollados por la autoridad judicial de primera instancia en cuanto a los motivos por los cuales concluyó la procedencia de la ampliación de la detención preventiva; puesto que, el mencionado Auto de Vista refirió que el Juez de primera instancia, citó y consideró la normativa aplicada al caso concreto; respecto a la complejidad del plazo la Vocal ahora accionada mencionó que si bien el Juez de primera instancia en un primer argumento no hizo referencia específicamente a la complejidad del caso, sin embargo, en la complementación realizó un análisis integral de los alcances de la complejidad, apoyándose en fundamentos que son avalados por la jurisprudencia constitucional prevista en la SCP 0499/2022-S4; y, en dicho Auto de Vista se identificó que el Juez de primera instancia realizó el análisis y compulsa de elementos objetivos, como ser los requerimientos presentados para la efectivización de pericias en las víctimas que son niñas menores de edad, y que forman parte de un grupo vulnerable de la sociedad; programadas para el 20 de agosto de 2023, 4 y 6 de septiembre de igual año, a efecto de justificar la ampliación del plazo de la detención preventiva, añadiendo que ese fundamento es correcto tratándose de menores de edad y que son un grupo vulnerable de la sociedad, más aun cuando los delitos investigados se encuentran inmersos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia al ser delitos de agresión sexual que merecen doble protección, en consecuencia, la Vocal ahora accionada efectuó un control a través del recurso de apelación incidental, en cuanto a la razonabilidad del argumento expuesto por el Juez de primera instancia, al considerar los fundamentos por los cuales concluyó ser viable la ampliación de la detención preventiva del accionante; 2) No es evidente que el Auto de Vista ahora cuestionado incumpla con lo previsto por el art. 124 del CPP; ya que, cuenta con la debida fundamentación y motivación, toda vez que la Vocal ahora accionada circunscribió su resolución a los puntos de agravio planteados por el accionante, y dio respuesta fundamentada y motivada a dicho planteamiento, denotándose una estricta correspondencia entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, sin la posibilidad de advertirse en dicha resolución una fundamentación basada en subjetividades como alegó el accionante, en ese sentido la Vocal ahora accionada cumplió con el principio de congruencia, por lo que, los argumentos y denuncias que sustentan esta acción de defensa no tienen mérito; y, 3) Con relación a lo alegado por el accionante, en sentido de que la Vocal hoy accionada únicamente debió considerar como criterio de complejidad del caso la existencia de organizaciones criminales y que dicha circunstancia no fue interpretada de ese modo, corresponde señalar que la SCP 0411/2022-S4 estableció, entre los parámetros para determinar la complejidad de un proceso penal, la existencia de víctimas múltiples, supuesto que se verificó en el proceso penal seguido contra el accionante.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de recurso de apelación incidental de 12 de junio de 2023, elaborada dentro del proceso penal seguido contra David Marcos Torrico Sahonero -ahora accionante-; asimismo, consta Auto de Vista 284/2023 de igual fecha, pronunciado por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionada-, por el que declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante y ratificó el Auto Interlocutorio de 18 de mayo de dicho año (fs. 19 a 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación y a la defensa; puesto que, la Vocal ahora accionada al emitir el Auto de Vista 284/2023 de 12 de junio declarando la improcedencia del recurso de apelación incidental que interpuso y ratificando el Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023, que dispuso la ampliación de su detención preventiva, incumplió con lo previsto en la normativa procesal penal al no considerar que el Ministerio Público no demostró la complejidad del caso; y, que los actos procesales como ser la pericia psicológica, declaración de testigos y otros, debieron ser concluidos durante los tres meses que fueron establecidos para su detención preventiva, no obstante, el Ministerio Público nuevamente utilizó esos argumentos para solicitar la ampliación de su detención preventiva, sin presentar elemento de prueba alguno que demuestren la necesidad de dicha ampliación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, reiterando lo sentado por la SCP 0450/2012 de 29 de junio, establece que: «“La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, señala que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”» (la negrillas son nuestras). En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, establece que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación y a la defensa; puesto que, la Vocal ahora accionada al emitir el Auto de Vista 284/2023 de 12 de junio declarando la improcedencia del recurso de apelación incidental que interpuso y ratificando el Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023, que dispuso la ampliación de su detención preventiva, incumplió con lo previsto en la normativa procesal penal al no considerar que el Ministerio Público no demostró la complejidad del caso; y, que los actos procesales como ser la pericia psicológica, declaración de testigos y otros, debieron ser concluidos durante los tres meses que fueron establecidos para su detención preventiva, no obstante, el Ministerio Público nuevamente utilizó esos argumentos para solicitar la ampliación de su detención preventiva, sin presentar elemento de prueba alguno que demuestren la necesidad de dicha ampliación. De los antecedentes que cursan en obrados se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante se elaboró el Acta de audiencia de recurso de apelación incidental de 12 de junio de 2023; asimismo, se emitió el Auto de Vista 284/2023de igual fecha, pronunciado por la Vocal ahora accionada, por el que declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante y ratificó el Auto Interlocutorio de 18 de mayo de dicho año (Conclusión II.1.).

Ahora bien, precisado el objeto procesal de la presente acción de libertad y descritos los antecedentes de la causa penal en la que fue emitido el Auto de Vista 284/2023, para su análisis con la finalidad de precisar y determinar si resultan evidentes las aseveraciones denunciadas como agravios por el accionante, se extractará lo manifestado en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental y lo resuelto en el referido Auto de Vista; en ese sentido, el accionante expuso como agravios los siguientes: 1) El Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023, vulnera el derecho a la libertad, al debido proceso en su elemento de fundamentación y el acceso a la justicia, debido a que primigeniamente se aplicó la detención preventiva por el plazo de tres meses, para la realización de ciertos actos investigativos identificados por el Ministerio Público, como ser las pericias psicológicas, valoración por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, fundamentos que el Ministerio Público nuevamente empleó -para la solicitud de la ampliación de la detención preventiva- en la revisión de su situación jurídica, lo que denotaría incongruencia; y, 2) En el Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023, no se fundamentó con relación a la complejidad del caso, lo cual tampoco el Ministerio Público ni la parte denunciante logró fundamentar en audiencia a efecto de la procedencia de la ampliación de la detención preventiva; asimismo, los casos complejos se podrían presentar en la comisión de delitos vinculados a organizaciones criminales, por lo que, con base a lo mencionado y al principio de favorabilidad; así como, al derecho a la presunción de inocencia solicitó que el indicado Auto Interlocutorio sea recovado, y se apliquen medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva, como ser la detención domiciliaria.

Ante los agravios alegados por el accionante, la Vocal hoy accionada resolvió el recurso de apelación incidental con los siguientes fundamentos. i) Remitiéndose al Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023 y específicamente a lo reclamado por la parte recurrente -accionante-, respecto a la complejidad del caso, el Juez de primera instancia manifestó que el Ministerio Público al igual que la parte víctima solicitaron la ampliación de la detención preventiva del nombrado, al estar pendiente las pericias que fueron previamente propuestas en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, resultando lógico que el caso se vaya complejizando por la pluralidad de víctimas, lo que involucra un mayor despliegue y tiempo, en ese sentido se admitiría la existencia de complejidad en el caso, por lo que la ampliación de la detención preventiva fue debidamente justificada y la decisión se ajustó plenamente a la línea jurisprudencial.

Fundamentos que la Vocal ahora accionada consideró correctos y acertados; por cuanto, la autoridad judicial de primera instancia a efecto de considerar la ampliación de la detención preventiva, inicialmente citó y consideró las normas legales aplicables al caso en concreto, en específico el art. 239.2 del CPP. ii) Con relación a la complejidad, si bien el Juez de primera instancia en principio no hizo referencia a la misma, no obstante, efectuó un análisis integral de los alcances de la complejidad, lo cual es avalado por la jurisprudencia constitucional en la SCP 0499/2022-S4, que establece, entre otros aspectos, que el término de la detención preventiva es una innovación introducida y que es necesario que sea vinculada con la complejidad del caso como causal para la ampliación de plazos, debido a la extinción de la acción en etapa preparatoria en el plazo de seis meses de conformidad con el art. 314 del CPP; asimismo, la ampliación de la detención preventiva debe necesariamente estar configurada mediante una solicitud expresa realizada por el Ministerio Público quien deberá fundamentar la necesidad de esa ampliación con base en la complejidad del caso, lo cual no puede ser soslayado debiendo encontrarse esa disposición en uno de los criterios de complejidad establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que fueron asumidos en la SC “750/2001”; por su parte el querellante también podrá solicitar la ampliación de la detención preventiva ante la existencia de actos pendientes de investigación solicitados oportunamente ante la autoridad fiscal; en consecuencia, sin la presentación de esa petición en los marcos expuestos, no es procedente la referida ampliación.

En ese marco, la Vocal ahora accionada señaló que, en el presente caso, el Juez de primera instancia verificó que dichos actos investigativos son las pericias a las víctimas que son niñas y que se encuentran dentro de un grupo vulnerable de la sociedad, las cuales recién se efectuarían el 20 de agosto de 2023, y el 4 y 6 de septiembre de igual año, fundamentos que a su consideración fueron correctos, más aun al tratarse de víctimas que pertenecen a un grupo vulnerable de la sociedad, cuyos derechos se encuentran protegidos por el art. 60 de la CPE, así como por la normativa nacional e internacional, que en correspondencia con los arts. 256 y 410 de la Norma Suprema son aplicables en el caso concreto, con más razón tomando en cuenta que los delitos que se encuentran inmersos en la Ley 348, relativos a lo que es erradicar la violencia contra la mujer, y particularmente en el caso concreto a tratarse de una agresión sexual; por lo que, merecen doble protección. Con base en dichos fundamentos, el Auto de Vista 284/2023, efectivamente declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación incidental y confirmó el Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2023; siendo cuestionado dicho Auto de Vista mediante esta acción de defensa, de vulnerar los derechos del accionante.

Ahora bien, a objeto de ingresar al análisis del Auto de Vista 284/2023, cabe remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la cual entendió que toda decisión judicial, inclusive aquellas que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar, deben estar provistas de razones que sostengan la determinación que se emita, estableciendo los criterios jurídicos que permitan conocer de manera clara los motivos que la sustentan, satisfaciendo todos los puntos demandados, lo cual no requiere precisamente de una ampulosa exposición de consideraciones y citas normativas, ni de sujetarse a una mera relación de las piezas procesales o mención de los requerimientos de las partes procesales, sino estar dotada de una estructura y contenido de forma y de fondo en la que se expresan las razones determinativas de sustento de la decisión asumida. Con base en el entendimiento jurisprudencial desarrollado y a partir del análisis del contenido del Auto de Vista 284/2023, corresponde concluir que el mismo sí se encuentra debidamente fundamentado y motivado, conforme a los estándares constitucionales exigidos para resoluciones que resuelven recursos de apelación incidental vinculados a la ampliación de la detención preventiva, por las razones que se exponen a continuación. En primer lugar, el Auto de Vista 284/2023 identificó con claridad los agravios formulados por el accionante, referidos esencialmente a la supuesta falta de complejidad del caso y a la reiteración de los actos investigativos ya considerados al momento de imponer la detención preventiva inicial. Esta delimitación del objeto de la apelación evidencia el cumplimiento del deber impuesto por el art. 398 del CPP, en cuanto a circunscribirse a los puntos cuestionados, sin que ello implique una reducción formalista del análisis, sino un examen directo de los reclamos planteados. En cuanto a la fundamentación normativa, la Vocal ahora accionada citó y aplicó de manera expresa las disposiciones legales pertinentes, en particular el art. 239.2 del CPP, referido a la ampliación de la detención preventiva, así como jurisprudencia constitucional vinculada a la noción de complejidad del caso y a los criterios desarrollados por la Corte IDH; labor que no se limitó a una mera transcripción normativa, sino que permitió construir la premisa jurídica que habilita la ampliación del plazo de detención preventiva cuando concurren actos investigativos pendientes debidamente justificados y asociados a la complejidad del proceso penal. Respecto a la motivación fáctica, el Auto de Vista 284/2023 desarrolló las razones concretas que sustentan la decisión de confirmar la ampliación de la detención preventiva, destacando que los actos investigativos pendientes consistían en pericias psicológicas a víctimas niñas, pertenecientes a un grupo vulnerable de la sociedad, cuyas evaluaciones, por su naturaleza, requieren un tratamiento especializado y plazos diferenciados. Asimismo, la Vocal hoy accionada precisó las fechas programadas para la realización de dichas pericias, las cuales recién se efectuarían el 20 de agosto de 2023, y el 4 y 6 de septiembre de igual año, lo que demuestra que no se trataba de una invocación genérica o reiterativa, sino de actos específicos, individualizados y objetivamente verificables, cuya postergación justificaba razonablemente la ampliación solicitada. Con relación a la complejidad del caso, si bien el Auto de Vista 284/2023 reconoce que el Juez de primera instancia no empleó inicialmente ese término de manera expresa, también establece que realizó un análisis integral de sus alcances, concluyendo que la pluralidad de víctimas y su condición de vulnerabilidad incrementan razonablemente la complejidad de la investigación. Este razonamiento se encuentra en consonancia con los criterios asumidos por la jurisprudencia constitucional y por la Corte IDH, que no reducen la complejidad exclusivamente a delitos de criminalidad organizada, sino que permiten su apreciación a partir de las características del caso concreto, los sujetos involucrados y las diligencias pendientes. Adicionalmente, la Vocal ahora accionada integró al análisis el bloque de constitucionalidad, haciendo referencia expresa a los arts. 60, 256 y 410 de la CPE, así como a la normativa nacional e internacional de protección reforzada de niñas, niños y adolescentes y a la Ley 348, contextualizando la decisión en delitos de agresión sexual, lo cual refuerza la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada. Este enfoque demuestra que decisión asumida en el Auto de Vista 284/2023 no fue adoptada de manera mecánica, sino ponderando los derechos en conflicto, particularmente el derecho a la libertad personal del imputado y los derechos de las víctimas a la protección y a una investigación eficaz. Finalmente, el Auto de Vista 284/2023 expresó de manera clara las razones por las cuales consideró correctos y ajustados a derecho los fundamentos del juez de primera instancia, permitiendo al accionante conocer las razones de la decisión y ejercer de manera efectiva los mecanismos de impugnación correspondientes, cumpliendo así con el estándar constitucional de motivación suficiente, clara y coherente, sin que ello implique una exposición ampulosa o redundante. En consecuencia, conforme a lo mencionado precedentemente, se concluye que el Auto de Vista 284/2023, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, al haber desarrollado de forma interdependiente la premisa normativa y la premisa fáctica, justificando razonablemente la confirmación de la ampliación de la detención preventiva y sin incurrir en arbitrariedad ni vulneración de los derechos a la libertad física y de locomoción y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación del accionante; correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada al respecto. Finalmente, cabe hacer referencia que el accionante mediante esta acción de defensa denunció la vulneración de su derecho a la defensa, no obstante, se limitó a enunciarlo sin argumentar de manera alguna cómo dicho derecho fue vulnerado por parte de la Vocal ahora accionada con la emisión del Auto de Vista 284/2023; por lo tanto, corresponde también denegar la tutela con relación a dicho derecho. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 26 a 32, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0005_2026-S1.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8b58a1413e626a3394bb72b66d0d2eb2d10c742bad5c041361fa6ed445131ba8

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