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SCP 0005/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de febrero de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de febrero de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
42334-2021-85-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso, por parte de los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes suspendieron la audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público al cual se adhirió la víctima, por la supuesta falta de notificación con el Auto Interlocutorio de Redención 118/2021 a la denunciante; por su parte, el representante del Ministerio Público presentó el recurso de apelación incidental sin una debida fundamentación ni motivación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/21 de 17 de agosto de 2021, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos de la Jueza de garantías con referencia a Ever Álvarez Orellana y Arminda Méndez Terrazas, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 2° DENEGAR respecto a Rubén Darío Ordoñez Roca, Fiscal de Materia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2023-S2 Sucre, 9 de febrero de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 42334-2021-85-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19/21 de 17 de agosto de 2021, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ysmael Torrico Hurtado en representación sin mandato de Breidy Torrico Rueda contra Ever Álvarez Orellana y Arminda Méndez Terrazas, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Rubén Darío Ordoñez Roca, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de agosto de 2021, cursante de fs. 10 a 11 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue denunciado por violencia familiar por su esposa Jéssica Geraldine Gaspar Montaño con quien tuvieron un hijo en común al cual no podría ver por la negativa de la madre por razones inhumanas y que solo estarían en la mente de la denunciante, fue imputado y condenado por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en mérito a un procedimiento abreviado; por lo que, guarda detención en la cárcel pública. Habiendo transcurrido varios años, solicitó al Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, la redención de la pena, cuya pretensión fue corrida en traslado y sin respuesta del Ministerio Público ni de la denunciante, luego de recibir los informes correspondientes de la “Gobernación del Penal”, motivó que se dicte el Auto Interlocutorio de Redención 118/2021 de 20 de mayo, por el cual se declaró fundado el incidente de redención, notificado el Ministerio Público presentó recurso de apelación sin motivación ni mucho menos fundamentación de los supuestos agravios que está en el deber de demostrar. Recurso de apelación a la que la denunciante se adhirió, radicando el mismo en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señalándose audiencia para el 16 de agosto de 2021, encontrándose presentes el Ministerio Público, la denunciante y su persona como padre del demandado -quien se encontraba recluido en la cárcel pública-, además de sus respectivos abogados patrocinantes; una vez que ingresaron los Vocales ahora demandados se pidió se informe si se encontraban presentes las partes; observando la Vocal demandada que supuestamente la denunciante no estaba notificada con el Auto de redención, dejando sin efecto el sorteo y devolviendo el expediente al juzgado de origen. Ante ello, su abogado pidió complementación y enmienda pues existía una adhesión al recurso de apelación por parte de la denunciante, lo que significaba una prueba que si fue notificada la denunciante adhiriéndose de forma expresa al recurso planteado por el Ministerio Público; la Resolución de los Vocales demandados pudo realizarse con carácter previo a la admisión del recurso al momento de recibir el expediente original, lo que demostró que incumplieron sus deberes, motivando la retardación y negación de justicia, dejando de lado los principios de la justicia pronta y oportuna, favoreciendo de esta manera a la denunciante.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar que los Vocales demandados resuelvan en el día el recurso de apelación y llamar la atención al Fiscal de Materia, por vulnerar con el recurso de apelación el sagrado derecho a su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliando manifestó que: a) Estamos ante un recurso de apelación incidental y conforme los arts. 403, 404, 405 y 406 del Código de Procedimiento Penal (CPP) este debería ser interpuesto en audiencia o dentro los tres días siguientes de manera fundamentada, expresando los suficientes agravios que hubiera sufrido el Ministerio Público; es así que de la lectura del referido recurso se advirtió que no contiene fundamentación alguna ni menciona ningún agravio, simplemente indicó que su persona sería un peligro para la sociedad, no acompañó pruebas para esa aseveración; se corrió en traslado dicho recurso de apelación incidental adhiriéndose la denunciante al mismo; b) En audiencia que fue programada para el 16 de agosto de 2021, los Vocales hoy demandados pidieron al Secretario de Sala informe sobre la presencia de las partes y si fueron legalmente notificados, observando deliberadamente que supuestamente la denunciante no habría sido notificada con el Auto Interlocutorio de Redención 118/2021 que le otorgó el incidente de redención, no efectuaron tanto el Ministerio Público como la denunciante el cómputo realizado para acogerse a la redención o es que se hubiera hecho un mal cálculo del tiempo de detención, simplemente suspendieron la audiencia por la presunta falta de notificación a la víctima, dejando sin efecto el sorteo ordenando la devolución del expediente al Juzgado de origen; y, c) Solicitó complementación y enmienda, puesto que cuando existe una notificación defectuosa que no hay, se tiene que se cumplió con la finalidad ya que la víctima tenía conocimiento del recurso de apelación incidental presentada por el Ministerio Público, por ello se adhirió al mismo; toda vez que, ella dejó precluir su derecho de apelar; sin embargo, la Vocal “Méndez” decidió que se debe devolver el expediente, advirtiéndose el incumplimiento de deberes en el que incurrieron las autoridades judiciales demandadas, retardando la justicia.

I.2.2. Informe de los demandados

Ever Álvarez Orellana y Arminda Méndez Terrazas, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; remitieron informe escrito de 17 de agosto de 2021, cursante a fs. 22, mediante el que solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) La parte accionante cuestionó la decisión asumida el 16 de igual mes y año, sin señalar por qué la labor interpretativa resulta insuficiente o qué derecho en concreto se lesionó, pues los tribunales de alzada están en la obligación de corregir omisiones en las que incurrieron los juzgados de instancia; por lo que, en el presente caso se realizó una revisión de los actuados del proceso y las notificaciones con el Auto Interlocutorio de Redención impugnado, pero no se evidenció o no cursaba la notificación realizada a la parte civil; razón por la que, se dispuso que la Jueza de instancia informe en qué fecha fue notificada la denunciante a objeto de verificar la admisibilidad o no del recurso de apelación incidental, por ello a objeto de no vulnerar ningún derecho de las partes se ordenó se aclare ese aspecto; y, 2) Se debe tomar en cuenta, que el Tribunal de alzada en el mismo día de la audiencia elaboró el acta y devolvió actuados al Juzgado de origen para que se subsane la observación, en base al principio de celeridad, extremo que es demostrado mediante el oficio de remisión de similar data, y recepcionado dicho día a horas 13:00.

Rubén Darío Ordoñez Roca, Fiscal de Materia, remitió informe escrito de 17 de agosto de 2021, cursante de fs. 20 a 21 y vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, con base a los siguientes argumentos: i) La presente acción de defensa es de pronto despacho, bajo el argumento que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dejó sin efecto el sorteo porque no se habría notificado a la víctima con el Auto Interlocutorio de Redención 118/2021, extremo observado por los Vocales de la Sala Penal Segunda del precitado Tribunal; ii) El representante sin mandato del ahora accionante, mencionó que su hijo no se encontraba presente en la audiencia, siendo imposible que se lleve a cabo la misma con el fin de no transgredir derechos y garantías constitucionales; iii) El impetrante de tutela presentó la acción de libertad contra su persona, cuestionando por qué planteó el recurso de apelación incidental, pidiendo que se le llame la atención por la falta de fundamentación y motivación, cuando esta acción tutelar es de pronto despacho y va enfocado a las autoridades judiciales que retrasan la emisión y/o pronunciamiento en los trámites o solicitudes; y, iv) Su autoridad como Fiscal de Materia en suplencia legal, presentó el recurso considerado motivo de la apelación incidental, conforme a procedimiento establecido en los arts. 403, 404, 405 y 406 del CPP; pues la acción de libertad no es un recurso más contra las apelaciones presentadas por el Ministerio Público, o un mecanismo de impugnación a las resoluciones dictadas por las Salas Penales a través de Autos de Vista, siendo que el mismo recurso es específico cuando puede ser invocado conforme establece el art. 125 de la CPE.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 19/21 de 17 de agosto de 2021, cursante de fs. 27 a 29 vta., concedió la tutela solicitada respecto a Ever Álvarez Orellana y Arminda Méndez Terrazas, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia del precitado departamento, no habiendo motivos para la suspensión de la audiencia de apelación incidental, más aun cuando las partes se encontraban presentes en audiencia; en consecuencia, se ordenó que en el plazo de veinticuatro horas las autoridades ahora demandadas lleven a cabo la celebración de la audiencia de apelación incidental y denegó la misma con relación a Rubén Darío Ordoñez Roca, Fiscal de Materia, con los siguientes fundamentos: a) En cuanto al Fiscal de Materia el mismo no cuenta con legitimación pasiva para ser demandado, si bien presentó una apelación incidental esta se encuentra pendiente de resolución por los Vocales ahora demandados; b) Respecto al debido proceso que fue mencionado por el accionante, no existe lesión a ese derecho porque para alegar dicha vulneración se debe tener en cuenta el vínculo directo entre los hechos denunciados y el derecho a la libertad; en el presente caso, la privación de libertad no se originó por el acto realizado por los Vocales demandados, sino que este deviene de una condena a través de la emisión de la Sentencia que se dictó en su contra; y, c) Conforme con la jurisprudencia constitucional referente a la celeridad, se evidenció que las autoridades judiciales demandadas tomaron una acción dilatoria dentro del proceso penal; toda vez que, al solicitar la notificación de la víctima cuando ya la misma se había adherido a la apelación incidental del Ministerio Público y asumió defensa dentro el proceso, entonces correspondía que ingresen a valorar las apelaciones interpuestas bajo el principio de celeridad, que se debe dar cuando existe una persona privada de libertad personal, además este principio rige para los administradores de justicia, siendo evidente la dilación y la conculcación al principio de celeridad.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco de lo dispuesto por el art. 20.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano formuló excusa, suspendiéndose el plazo hasta la resolución de la misma; no obstante, fue declarada ilegal mediante ACP 031/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 35 a 38; correspondiendo en consecuencia, su reanudación a partir del día siguiente de la notificación con el citado Auto al Magistrado excusante; por lo que, la presente Resolución es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de Redención 118/2021 de 20 de mayo, emitido por la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el cual resuelve declarar FUNDADO el incidente de REDENCIÓN interpuesto por Breidy Torrico Rueda -ahora accionante-(fs. 2 a 5). II.2. Por memorial de 4 de junio de 2021, Rubén Darío Ordoñez Roca, Fiscal de Materia, planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de Redención 118/2021 (fs. 6). II.3. Mediante escrito de 22 de junio de 2021, Jéssica Geraldine Gaspar Montaño dentro del proceso penal que sigue contra Breidy Torrico Rueda, se adhiere al recurso de apelación incidental presentado por el representante del Ministerio Público (fs. 7). II.4. A través del Acta de audiencia de apelación incidental celebrada el 16 de agosto de 2021, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, una vez informado por el Secretario de Cámara que se notificó con el Auto Interlocutorio de Redención 118/2021 tanto a Breidy Torrico Rueda y al Ministerio Público, y no así a la parte civil, Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la referida Sala, manifestó: “Se tiene presente el informe del Secretario de Cámara.

Dentro del saneamiento de oficio, tenemos que verificar la igualdad de las partes, en el cual revisado el expediente remitido ante este Tribunal, se evidencia que la víctima no ha sido notificado con el Auto recurrido, por lo que corresponde DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen para que aclare y subsane esta situación con relación a la notificación de la víctima. Se deja sin efecto el sorteo computarizado a esta Sala” (sic [fs. 24 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso, por parte de los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes suspendieron la audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público al cual se adhirió la víctima, por la supuesta falta de notificación con el Auto Interlocutorio de Redención 118/2021 a la denunciante; por su parte, el representante del Ministerio Público presentó el recurso de apelación incidental sin una debida fundamentación ni motivación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1254/2013-L de 9 de diciembre y 1135/2016-S2 de 7 de noviembre, entre otras, refiriéndose al antes habeas corpus, ahora acción de libertad, indicó que: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido). En el marco de lo antecedido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, seguida por la SCP 0093/2012 de 19 de abril y SCP 1233/2012 de 7 de septiembre, entre otras, determinó que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:“…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. (…)

…todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado” (las negrillas y subrayado son nuestros). De lo cual se colige, que el mecanismo de defensa constitucional idóneo contra todo acto u omisión que tenga como resultado una dilación procesal y esté vinculado a la libertad del accionante; de manera que, afecte la debida celeridad, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, estableció lo siguiente: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (énfasis añadido). En tal virtud, se tiene que toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas dependa de la resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas, lesiona los derechos fundamentales señalados.

III.2. Análisis del caso concreto

En la presente acción de defensa el accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso, por parte de los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes suspendieron la audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental planteada por el Ministerio Público al cual se adhirió la víctima, por la supuesta falta de notificación a la denunciante con el Auto Interlocutorio de Redención 118/2021 de 20 de mayo; por su parte, el representante del Ministerio Público presentó el recurso de apelación incidental sin una debida fundamentación ni motivación. De acuerdo a las documentales adjuntas al expediente, se tiene que dentro el proceso penal de violencia familiar o doméstica el impetrante de tutela se acogió a un proceso abreviado, siendo condenado a la privación de libertad de tres años mediante Sentencia dictada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, que viene cumpliendo en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”. Transcurridos más de dos años planteó ante la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz el incidente de redención, emitiéndose el Auto Interlocutorio de Redención 118/2021, por el cual se resolvió declarar FUNDADO el incidente de REDENCIÓN interpuesto por Breidy Torrico Rueda -ahora accionante-; decisión que fue apelada por el representante del Ministerio Público a través de memorial de 4 de junio de 2021; asimismo, la víctima se adhirió al recurso planteado por el Fiscal de Materia mediante escrito de 22 de igual mes y año. En el caso concreto, se advierte que la génesis de la problemática se encuentra en la suspensión de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 16 de agosto de 2021, planteado por el Ministerio Público, por parte de los Vocales ahora demandados, quienes justificaron su decisión por la falta de notificación a la víctima con el Auto Interlocutorio de Redención 118/2021; identificado el problema jurídico, se tiene que en la audiencia señalada para resolver el recurso de apelación incidental y conforme el informe del Secretario de Cámara, las partes estaban presentes tanto el representante del Ministerio Público, la víctima acompañada de su abogado defensor y el padre del accionante acompañado de sus abogados; si bien se indicó que no se hubiera practicado la diligencia de notificación a la víctima con el Auto recurrido, no es menos cierto que la misma presentó memorial adhiriéndose al recurso de apelación incidental interpuesto por el Fiscal de Materia; en consecuencia, tuvo conocimiento de los actuados participando activamente en el proceso; por lo que, la decisión de suspender la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental en el mismo acto incurrió en traslados innecesarios, teniéndose que la adhesión de la víctima al recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público, evidencia que la supuesta notificación extrañada cumplió su finalidad, además que no se estaba poniendo en indefensión a la víctima al encontrarse presente en la audiencia señalada, actuando de manera errada las autoridades judiciales demandadas al dilatar la resolución del conflicto, ya que no tomaron en cuenta que el demandante de tutela se encontraba privado de su libertad, y el resultado de dicho recurso está vinculado directamente con la privación de libertad; por lo que, conforme al principio de celeridad de los actos procesales debió continuarse con la audiencia y determinar lo que en derecho correspondía, lo contrario conlleva a una retardación de justicia innecesaria; razón por la que, en el caso presente corresponde conceder la tutela respecto a los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sobre el Fiscal de Materia, que según el peticionante de tutela presentó el recurso de apelación incidental sin una adecuada fundamentación y motivación, ese actuado no es la causa directa de su privación de libertad, y se encuentra pendiente de resolución; por lo tanto, sin ingresar a mayores consideraciones se deniega la tutela con relación al Fiscal de Materia. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/21 de 17 de agosto de 2021, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos de la Jueza de garantías con referencia a Ever Álvarez Orellana y Arminda Méndez Terrazas, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, 2° DENEGAR respecto a Rubén Darío Ordoñez Roca, Fiscal de Materia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0005_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 60fdfcee838b1ebf1afaa33abbb2dd833f113dffb83c16bfd8a3addcfbe721ad

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