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SCP 0004/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58163-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal demandado, al pronunciar el Auto de Vista 282 sostuvo que: a) No se cumplieron supuestos actos investigativos considerados necesarios por otro Tribunal de alzada, específicamente la declaración de una persona y la realización de una inspección ocular; sin embargo, tales extremos no fueron dispuestos de manera expresa por dicho Tribunal, además que los mismos, al margen de no ser parte de las competencias jurisdiccionales, no se encontraban pendientes de realización dentro de la investigación; b) La Jueza a quo aplicó jurisprudencia constitucional que no fue invocada expresamente por su defensa, apreciación que contraviene el deber de fundamentación; y, c) Omitió valorar de forma integral los fundamentos expuestos en la audiencia de cesación a la detención preventiva, desconoció el principio de favorabilidad y no consideró su conducta procesal diligente, ya que cumplió todas las medidas impuestas y no obstaculizó el desarrollo de la investigación. El Vocal demandado no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 30/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 203 vta. a 206 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela, únicamente respecto al debido proceso en su elemento fundamentación, por lo que, se deja sin efecto el Auto de Vista 282 de 10 de julio de 2023, pronunciado por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo que, en el plazo de setenta y dos horas de notificado con el presente fallo constitucional, dicha autoridad emita uno nuevo, salvo que, por el transcurso del tiempo la situación del accionante ya hubiese sido modificada por una resolución posterior; y, 2° DENEGAR en cuanto a los derechos a la vida, a la salud y a la “seguridad jurídica”.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2026-S2 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58163-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 30/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 203 vta. a 206 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Belén Laguna Rojas en representación sin mandato de Ronald Marcelo Cabrera Mercado contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 190 a 196, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, el 6 de abril de 2023, se instaló audiencia de apelación incidental contra la medida cautelar de detención preventiva dispuesta por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz. En dicho acto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, por Auto de Vista 139 de la misma fecha, declaró parcialmente procedente el recurso planteado, manteniendo la probabilidad de autoría y el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dejando sin efecto el peligro de fuga, razón por la cual se mantuvo la medida extrema. Dicho Auto de Vista no admitió recurso ulterior y adquirió la calidad de cosa juzgada.

Posteriormente, su defensa técnica impulsó diversos actos investigativos, entre ellos, declaraciones testificales, certificaciones e informes periciales, lo que motivó una solicitud de cesación a la indicada medida cautelar. La audiencia respectiva se celebró el 10 de mayo de 2023, oportunidad en la que se acreditó que casi la totalidad de los actos investigativos se encontraban diligenciados, restando únicamente actuaciones marginales ajenas a su control. Así, en virtud de una valoración integral bajo el test de proporcionalidad y en observancia de los principios de excepcionalidad, favorabilidad y mínima intervención, la Jueza de la causa consideró que su situación jurídica mejoró sustancialmente; en consecuencia, por Auto Interlocutorio 124/2023 de la misma fecha, dispuso la cesación de su detención preventiva y la imposición de medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP. Dichas medidas fueron cumplidas, lo que permitió la emisión del correspondiente mandamiento de libertad el 24 de mayo de 2023. Sin embargo, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental contra aquella resolución, sin desarrollar una fundamentación jurídica concreta, limitándose a señalar una supuesta contradicción entre la vigencia del peligro de obstaculización y la concesión de la cesación a la indicada medida extrema. El referido recurso fue conocido por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandado-que, tras varias suspensiones, el 10 de julio de 2023, dictó el Auto de Vista 282, mediante el cual revocó la cesación de la detención preventiva y ordenó su inmediata reclusión en el Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento. Tal decisión, -a su criterio- resulta carente de fundamentación y motivación, puesto que: a) Se sustentó en la afirmación de que no se cumplieron supuestos actos investigativos considerados necesarios por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, específicamente la declaración de una persona y la realización de una inspección ocular; sin embargo, esos extremos no fueron dispuestos de manera expresa por dicho Tribunal de alzada ni por autoridad competente, además que aquellos actos, al margen de no ser parte de las competencias jurisdiccionales, no se encontraban pendientes de realización dentro de la investigación; b) La Jueza a quo aplicó jurisprudencia constitucional que no fue invocada expresamente por su defensa, calificando tal actuación como automotivación indebida; apreciación que, contraviene el deber de fundamentación judicial y el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional; y, c) Omitió valorar de forma integral los fundamentos expuestos en la audiencia de cesación a la detención preventiva, desconoció el principio de favorabilidad y no consideró su conducta procesal diligente, ya que cumplió todas las medidas impuestas y no obstaculizó el desarrollo de la investigación.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 116 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 2, 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: 1) La revocatoria del Auto de Vista 282; 2) La ratificación del Auto Interlocutorio 124/2023; 3) La nulidad del mandamiento de detención preventiva dispuesto por el Vocal demandado, con la consiguiente emisión del mandamiento de libertad; y, 4) La determinación de responsabilidad civil y penal de la autoridad demandada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 1 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 203 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 198.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 30/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 203 vta. a 206 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 282, ordenando al Vocal demandado emitir uno nuevo en el término de veinticuatro horas; con base en los siguientes fundamentos: i) En el caso presente, se denuncia que la autoridad demandada agravó de manera incoherente la situación jurídica del accionante al resolver el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio 124/2023 mediante el Auto de Vista 282; ii) Del análisis del cuaderno procesal y del propio fallo cuestionado, se concluye que el Vocal demandado; no observó el principio de congruencia ni se ciñó a los fundamentos expuestos por el representante fiscal, pues introdujo de oficio supuestos actos pendientes de investigación que no fueron alegados en el recurso de apelación incidental; iii) Durante la fundamentación de su recurso, el Fiscal de Materia no sostuvo la existencia de diligencias pendientes, como la declaración de una determinada ciudadana ni un acto de inspección ocular; sin embargo, la autoridad demandada identificó expresamente a una persona y afirmó la pendencia de dichos actos, apartándose del objeto del recurso; iv) El Auto de Vista 139 pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que mantuvo el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP en la situación jurídica del impetrante de tutela, estableció de manera general la necesidad de una evaluación integral de dicho riesgo procesal, sin precisar actos investigativos pendientes, lo que permitió que la Jueza a quo, previa valoración armónica de los elementos probatorios y conforme a la normativa y jurisprudencia constitucional vigente, declarara fundada la solicitud de cesación a la detención preventiva del prenombrado; y, v) El Vocal demandado observó indebidamente la actuación de la Jueza a quo, incorporó argumentos no planteados por el Ministerio Público y, en perjuicio del accionante, declaró parcialmente procedente el recurso de apelación incidental, revocando la concesión de la cesación a la detención preventiva, disponiendo nuevamente el encarcelamiento del nombrado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto de Vista 139, de 6 de abril de 2023, Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró -en lo pertinente- admisible y parcialmente procedente el recurso de apelación incidental presentado por Ronald Marcelo Cabrera Mercado -accionante-, determinando la subsistencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; y, en consecuencia, la continuidad de su detención preventiva (fs. 34 a 48 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 124/2023 de 10 de mayo, Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró fundada la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el impetrante de tutela; y, en consecuencia, dispuso la aplicación de medidas cautelares personales distintas a la extrema medida previstas en el art. 231 bis del CPP, aclarando que, una vez cumplidas las mismas, se procedería a la emisión del mandamiento de libertad correspondiente (fs. 147 a 149 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 282 de 10 de julio, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandado-, declaró admisible y parcialmente procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público; en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio 124/2023, ordenando la detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 158 a 160 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud, a la “seguridad jurídica” y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal demandado, al pronunciar el Auto de Vista 282 sostuvo que: a) No se cumplieron supuestos actos investigativos considerados necesarios por otro Tribunal de alzada, específicamente la declaración de una persona y la realización de una inspección ocular; sin embargo, tales extremos no fueron dispuestos de manera expresa por dicho Tribunal, además que los mismos, al margen de no ser parte de las competencias jurisdiccionales, no se encontraban pendientes de realización dentro de la investigación; b) La Jueza a quo aplicó jurisprudencia constitucional que no fue invocada expresamente por su defensa, apreciación que contraviene el deber de fundamentación; y, c) Omitió valorar de forma integral los fundamentos expuestos en la audiencia de cesación a la detención preventiva, desconoció el principio de favorabilidad y no consideró su conducta procesal diligente, ya que cumplió todas las medidas impuestas y no obstaculizó el desarrollo de la investigación. El Vocal demandado no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

Respecto al enunciado, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, señaló que: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/o obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares…” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes se advierte que mediante Auto Interlocutorio 48/2023 de 11 de marzo, el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso la detención preventiva del accionante decisión apelada y resuelta el 6 de abril de esa misma gestión por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento que determinó la concurrencia del art. 235.2 del CPP, debido a que existe el riesgo de que la parte imputada -hoy accionante- impida realizar diferentes actuados investigativos relacionados a un delito complejo como es el narcotráfico. Posteriormente, en audiencia de 10 de mayo de 2023, Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 124/2023 de igual fecha, razonó que, ante la realización de determinados actos investigativos relevantes -tales como la recepción de declaraciones testificales, la emisión de un dictamen pericial, entre otros-, la intensidad del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP se atenuó, lo que, a su criterio, evidenciaba una mejora sustancial en la situación jurídica del accionante, tornando innecesaria la subsistencia de la detención preventiva. En mérito a ello, declaró fundada la solicitud de cesación de la medida extrema interpuesta por el prenombrado y, en consecuencia, dispuso la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas, distintas a dicha medida, aclarando que, una vez cumplidas las mismas, se procedería a la emisión del mandamiento de libertad correspondiente (Conclusión II.2). Ante dicha decisión el Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental, lo que provocó la emisión del Auto de Vista 282 de 7 de julio de 2023, por el cual, el Vocal demandado declaró admisible y parcialmente procedente el mencionado recurso, revocando el Auto Interlocutorio 124/2023 y ordenando la emisión de un mandamiento de detención preventiva contra el impetrante de tutela (Conclusión II.3). Ahora bien, la autoridad demandada basó su determinación en los siguientes fundamentos: 1) No se enervaron los parámetros establecidos en el Auto de Vista 139 de 6 de abril de 2023 (Conclusión II.1), que definió actuaciones concretas necesarias para neutralizar el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP -tales como la declaración de Linda Sandra Candia Romero, la realización de pericias, inspección ocular y la profundización de la investigación respecto a la empresa Bolivianita Express-; en ese sentido, si bien la defensa del impetrante de tutela produjo varias declaraciones testificales, no se cumplió íntegramente con los presupuestos fijados en el mencionado Auto de Vista, por lo que el peligro procesal subsistía y no correspondía conceder la cesación de la detención preventiva; y, 2) La Jueza a quo incurrió en “automotivación”, pues el abogado del accionante no invocó ni fundamentó en audiencia de apelación incidental, la aplicación de la SC 1174/2011-R de 29 de agosto; pese a ello, utilizó de oficio dicha jurisprudencia para dar curso a la solicitud de cesación a la medida extrema, actuación incompatible con el rol del juez como tercero imparcial, quien debe circunscribirse a las pretensiones y argumentos expresamente formulados por las partes. Bajo esa comprensión, en cuanto al punto a) del objeto procesal, se advierte que la detención preventiva confirmada por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que determinó la concurrencia del art. 235.2 del CPP, determinándose que por el tipo de delito podría obstaculizarse al Ministerio Público: “…llamar a sus testigos, llamar a sus peritos, realizar una inspección ocular (…) tiene una relación comercial con la ahora empresa investigada (…) y que por lo tanto existe también la participación de otras personas y no han podido ser identificadas en la etapa preliminar, puesto que estamos hablando de un delito que ha traspasado fronteras, estas personas tendrán que ser identificadas…” (sic), lo que evidencia que la detención preventiva se basó de manera genérica en la falta de declaraciones de testigos y la investigación de la empresa implicada. En este sentido luego de dispuesta la cesación a la detención preventiva, dicha decisión fue revocada por la autoridad demandada por la existencia de diversos actos investigativos pendientes de realización, como la declaración de Linda Sandra Candia Romero, pericias, inspección ocular y la profundización de la investigación respecto a la empresa Bolivianita Express; sin embargo, de la lectura del Auto de Vista 282 impugnado, se constata que el Vocal demandado, si bien determinó que faltaba la declaración de la prenombrada y considerando que ya tomaron otras declaraciones de otros testigos, no determinó, ni fundamentó sobre la relevancia concreta de dichas actuaciones dentro del proceso investigativo, ni explicó de qué manera el accionante podría influir efectivamente en su ejecución. Al respecto, se debe considerar que, en el régimen de medidas cautelares personales incorporado por el Código de Procedimiento Penal, la valoración de los riesgos procesales responde a parámetros esencialmente cualitativos y no meramente cuantitativos; debe existir una valoración concreta, idónea, necesaria y proporcional de los elementos que configuran los riesgos procesales; por consiguiente, la falta de una declaración testifical, habiéndose ya desarrollado el proceso investigativo, no constituye, per se, un fundamento suficiente para justificar la imposición o mantenimiento de la medida más gravosa, sino que debe analizarse la trascendencia e incidencia de la declaración que aún falta tomar por el Ministerio Público.

Asimismo, la autoridad demandada tampoco determinó cómo la realización de pericias e inspección ocular se relacionaban a la investigación en cuanto a la empresa Bolivianita Express o a los motivos que dieron lugar a la detención preventiva, pues la sola referencia a la existencia de actuaciones investigativas pendientes no satisface el estándar de motivación exigible en decisiones que inciden directamente en el derecho fundamental a la libertad personal. En ese entendido, si el Vocal demandado estimaba que la realización de los actos investigativos pendientes hacía imprescindible restablecer la medida extrema, le correspondía explicar de manera expresa por qué dichos actos revestían una importancia tal que exigía la restricción máxima del derecho a la libertad personal, así como por qué las medidas cautelares personales menos gravosas dispuestas por la Jueza a quo resultaban insuficientes para resguardar los bienes del proceso. Tal ejercicio argumentativo no se advierte en el Auto de Vista cuestionado, el cual se limitó a citar enunciativamente la existencia de diligencias pendientes sin efectuar el análisis cualitativo requerido una motivación concreta, y razonable de los riesgos procesales en medidas cautelares exigida por el régimen constitucional y legal de aquellas medidas, lo que obliga a conceder la tutela constitucional solicitada en este punto. Por otro lado, con relación al punto b) del objeto procesal, este Tribunal, con base en lo razonado en la SCP 0150/2025-S2 de 25 de marzo, recuerda que, conforme al art. 203 de la CPE, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional es vinculante, de manera que los jueces tienen la obligación de aplicarla en cada caso concreto, independientemente de que haya sido invocada o no por las partes, lo que materializa el principio iura novit curia, según el cual la autoridad jurisdiccional conoce y aplica el derecho directamente, sin depender de la iniciativa de las partes, garantizando así, la protección efectiva y en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales. En el caso presente, el Vocal demandado, al pronunciar la Resolución cuestionada, reprochó a la Jueza a quo por aplicar la SC 1174/2011-R, pese a que la defensa del accionante no la invocó. Tal afirmación inobserva expresamente el mandato contenido en el art. 203 de la Norma Suprema y desconoce el principio iura novit curia, pues interpreta la función judicial de manera restringida, condicionando el uso de la jurisprudencia vinculante al contenido del debate entre las partes, lo que contraviene frontalmente el deber de fundamentación. Por consiguiente, se advierte una lesión a la garantía al debido proceso en su elemento fundamentación, lo que justifica la concesión de tutela en este punto.

En cuanto al punto c) del objeto procesal, referido a la presunta falta de valoración integral de los fundamentos expuestos en la audiencia de cesación a la detención preventiva, el supuesto desconocimiento del principio de favorabilidad y la no consideración de la conducta procesal del impetrante de tutela, así como la supuesta lesión de los derechos a la vida, a la salud y a la “seguridad jurídica”, se tiene que, sobre el tema, la acción de libertad, es genérica, por lo que, no puede emitirse un pronunciamiento concreto al respecto en la medida en la que este Tribunal no se constituye en una instancia que actúe de oficio, ni se constituye en una etapa procesal adicional a la causa penal, lo que obliga a denegar la tutela sobre lo referido. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 30/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 203 vta. a 206 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela, únicamente respecto al debido proceso en su elemento fundamentación, por lo que, se deja sin efecto el Auto de Vista 282 de 10 de julio de 2023, pronunciado por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo que, en el plazo de setenta y dos horas de notificado con el presente fallo constitucional, dicha autoridad emita uno nuevo, salvo que, por el transcurso del tiempo la situación del accionante ya hubiese sido modificada por una resolución posterior; y, 2° DENEGAR en cuanto a los derechos a la vida, a la salud y a la “seguridad jurídica”. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0004_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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