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SCP 0004/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 15 de enero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
15 de enero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58154-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y de “petición”; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, la Jueza hoy accionada no señaló audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio; sin embargo, posteriormente presentó su excusa cuando no correspondía; además, que la citada Jueza y el Juez ahora coaccionado omitieron cumplir el Oficio 295/2023 de 4 de agosto, que fue emitido por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que ordenaron se resuelvan los incidentes y excepciones planteados en el plazo de setenta y dos horas; generando con ello dilación indebida en el proceso penal de referencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La improcedencia de activar una acción de libertad u otra acción de defensa, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de defensa; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 20 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 55 vta. a 59, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La improcedencia de activar una acción de libertad u otra acción de defensa, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de defensa
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2026-S1 Sucre, 15 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58154-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 55 vta. a 59, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Tomas Durán Cerezo contra Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de su similar Decimoquinto.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 25 de agosto de 2023, cursante de fs. 10 a 11, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y “otros”, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 51 de la Ley del Régimen de la coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; se encontraba cumpliendo medidas sustitutivas durante diez años; no obstante, el 21 de diciembre de 2022, cuando intentaba salir del país por un paso fronterizo con Argentina, fue interceptado y aprehendido por funcionarios policiales y puesto a disposición del “…Juez de Sentencia en Suplencia Legal…” (sic), quien ante el incumplimiento de una de sus medidas sustitutivas, revocó la misma ordenando su detención preventiva, contraviniendo lo dispuesto por los arts. 233.3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

En ese entendido, sus abogados presentaron “Varios” incidentes y excepciones; sin embargo, alegaron que el proceso penal se remonta hace once años sin respuesta alguna “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de libertad-; ya que, no se instaló ninguna audiencia de juicio oral, público y contradictorio desde entonces; por lo que, solicitó a la Jueza ahora accionada la extinción del proceso penal por máxima duración y prescripción de la acción; empero, no resolvió ninguna de esas solicitudes, negándose en habilitar al Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz para que instale las audiencias de cesación de su detención preventiva, y de apertura de juicio oral, público y contradictorio; tampoco emitió los decretos de esos incidentes y excepciones, que de igual manera fueron omitidos por el Juez hoy coaccionado, a pesar de lo dispuesto por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que dispusieron resolver los incidentes en el plazo de setenta y dos horas, generando una dilación indebida; asimismo, por razones desconocidas la Jueza ahora accionada se excusó del proceso penal de referencia, sin la existencia de una causal sobreviniente.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y de “petición”; citando al efecto los arts. 15, 18, 21, 22, 23, 72, 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) Se señale audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio con relación al proceso que data del 2012; b) La Jueza hoy accionada demuestre con documentación idónea la “Recusación” -excusa- que presentó en el proceso penal de referencia; ya que, no se puede ni debe excusar del mismo después de dos meses; cuando ya, “hemos tenido” tres audiencias; y, c) Se decreten y resuelvan los incidentes y excepciones planteadas; además, se ordene la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; y, el levantamiento de todas las medidas que fueron impuestas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 26 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 54 a 55 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo; manifestó que: 1) La Jueza hoy accionada, no remitió el cuaderno procesal, incumpliendo con la SCP 0827/2020-S1 de 8 de diciembre y los arts. 203 de la CPE y 40 del CPP; 2) Dicha Jueza, tampoco cumplió con el Oficio 295/2023 de 4 de agosto, emitido por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que ordenaron resolver en setenta y dos horas los incidentes y excepciones planteados; ya que, el proceso data del 2012, incluyendo aspectos de prescripción de la acción penal y extinción del proceso penal por máxima duración previstos por los arts. 4, 8, 27.8 y 233 del citado Código; 3) El Juez hoy coaccionado, no tiene que recibir el cuaderno procesal en su Juzgado; debido a que, la excusa presentada por la Jueza ahora accionada es ilegal y el incidente formulado tiene que resolverlo la mencionada Jueza; y, 4) Si la remisión del proceso penal es obligatoria a través del “sistema computarizado”, sea el Juez ahora coaccionado quien resuelva los incidentes de conformidad con los arts. 27, 133 y 308 del CPP. Ante las preguntas realizadas por el Presidente del Tribunal de garantías, si su petitorio es que la Jueza hoy accionada resuelva el incidente que ordenaron los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en setenta y dos horas; y, cuál es el tratamiento que le están dando en este proceso respecto al procedimiento. Por su parte el abogado del accionante respondió que existen dos excepciones e incidentes planteados que no fueron resueltos por la Jueza ahora accionada; siendo que, el último fue planteado conforme al Código de Procedimiento Penal con sus modificaciones de la Ley 1173; sin embargo, no fueron resueltos por la antigua, tampoco por la nueva Ley.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 25 de agosto de 2023, cursante de fs. 49 a 52, manifestó que: i) La audiencia de cesación de la detención preventiva de referencia se llevó adelante el 1 de igual mes y año, la cual fue rechazada sujeta a apelación; ii) No se instaló el juicio oral, público y contradictorio; puesto que, el proceso penal se encontraba sin movimiento y recién en diciembre de 2022 se reactivó; además, no contaba con Secretaria por un mes y dieciséis días aproximadamente; iii) El accionante fue encontrado intentando salir del país por la frontera con Argentina; motivo por el cual, se procedió con la revocatoria de medidas sustitutivas, disponiendo la detención preventiva por el lapso de siete meses aproximadamente; sin embargo, actualmente se encuentra en libertad; iv) Los hechos mencionados como vulnerados en la presente acción de libertad ya fueron resueltos; no obstante, se hace conocer que el accionante de forma anterior interpuso dos acciones de libertad alegando los mismos hechos, con la única diferencia en la última la excusa, pretendiendo hacer incurrir en error; y, v) No se remitió el cuaderno procesal, por la existencia de la excusa que presentó la Jueza hoy accionada en el proceso penal de referencia; ya que, tiene suficientes elementos, y la misma que será resuelta por la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; aspecto que no puede ser considerado como una vulneración al debido proceso o a la libertad del accionante cuando se encuentra libre; en consecuencia, pide se “rechace” la acción de libertad con imposición de costas. Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 26 de agosto de 2023, cursante a fs. 53, manifestó que carece de legitimación pasiva para ser accionado; ya que, el 25 de igual mes y año, a las 15:55 horas, el cuaderno procesal ha venido por recusación; sin embargo, fue observado por su Secretaria, alertando que faltaban fojas y la existencia de una mala foliación a los ocho cuerpos; motivo por el cual, una vez terminada la revisión física se procederá como corresponda, ya sea con la devolución para que subsanen lo observado o radicando la causa; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 20 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 55 vta. a 59, concedió la tutela solicitada en cuanto a la Jueza hoy accionada, alegando que existió vulneración al derecho de acceso a la justicia, el principio de celeridad y “pronto despacho” del accionante; y, respecto al Juez ahora coaccionado denegó la tutela solicitada, refiriendo que el nombrado no tomó pleno conocimiento del proceso al no radicar la causa; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante señaló que la mencionada Jueza incumplió con la SCP 0824/2020-S1 -de 8 de diciembre- y el art. 40 del CPP, al no resolver los incidentes y excepciones que los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento dispusieron mediante el Oficio 295/2023; b) Se denunció que la nombrada Jueza presentó su excusa después de más de cuarenta días de conocer el caso, contraviniendo el art. 316 del referido Código, que exige excusarse en veinticuatro horas por las causales de amistad o enemistad manifiesta; c) El Juez ahora coaccionado señaló que tomó conocimiento del proceso penal el 25 de agosto de igual año; empero, fue recibido el 23 del referido mes y año, a las 15:55 horas, tomándose en cuenta desde el 24 de igual mes y año; puesto que, los funcionarios de apoyo jurisdiccional no pasan el cuaderno de control jurisdiccional en el día porque deben realizar cierto tipo de observaciones y correcciones para que la autoridad judicial lleve adelante el proceso sin vicios de nulidad; d) Respecto a excusa presentada por la Jueza hoy accionada, ese Tribunal de Sentencia Penal no puede ingresar a valorar su legalidad o ilegalidad; correspondiendo ese aspecto a la Sala Penal de Turno, e) Considera que se vulneró el derecho de acceso a la justicia, el principio de celeridad y “pronto despacho” del accionante; ya que, los incidentes y excepciones fueron planteados el 21 de abril de 2023, y reiterados el 24 del referido mes y año; posteriormente, solicitó el cumplimiento de la Resolución de 4 de agosto del indicado año, donde se ordenó que la autoridad judicial que tenga el control de la causa durante ese tiempo otorgue una respuesta de manera positiva o negativa.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente II.1. Cursa Oficio 295/2023 de 4 de agosto, dirigido a Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, y recibido en dicho Juzgado el 8 de igual mes de 2023, en la que, los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, hicieron conocer la Resolución de igual fecha emitida dentro de la acción de libertad que interpuso Kevin Tomas Durán Cerezo -hoy accionante- en contra de la nombrada Jueza, y que resolvió conceder la tutela solicitada disponiendo que la Jueza hoy accionada dentro del plazo de setenta y dos horas señale audiencia y resuelva los “INCIDENTES Y EXCEPCIONES” planteados (fs. 9 y vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2023, ante la Jueza ahora accionada; el accionante solicitó que se dé estricto cumplimiento a la Resolución de la citada fecha, emitida por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; pidiendo señalamiento de fecha y hora para que se resuelvan sus incidentes y excepciones formuladas (fs. 8). II.3. A través del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que existen tres acciones de libertad interpuestas por el accionante contra la Jueza hoy accionada, las cuales se encuentran signadas con los números de expedientes 57510-2023-116-AL, 58958-2023-118-AL y 58154-2023-117-AL, siendo este último el presente; además, contra Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionado-.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y de “petición”; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, la Jueza hoy accionada no señaló audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio; sin embargo, posteriormente presentó su excusa cuando no correspondía; además, que la citada Jueza y el Juez ahora coaccionado omitieron cumplir el Oficio 295/2023 de 4 de agosto, que fue emitido por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que ordenaron se resuelvan los incidentes y excepciones planteados en el plazo de setenta y dos horas; generando con ello dilación indebida en el proceso penal de referencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La improcedencia de activar una acción de libertad u otra acción de defensa, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de defensa; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La improcedencia de activar una acción de libertad u otra acción de defensa, para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de defensa

La SCP 0289/2025-S1 de 16 de abril, citando a la SCP 0529/2018-S2 de 14 de septiembre, establece que: “La impprocedencia de activar otra acción de libertad cuando existe sentencia constitucional de una primera acción, del cual emerge el que se interpone, es otra causal de impprocedencia de esta acción tutelar que se suma a las previstas en el art. 53 del CPCo, cuyo origen tiene construcción jurisprudencial, con dos subreglas relevantes sistematizadas en la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, como son: a) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y, b) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-. En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40.II del CPCo, que señala: ‘La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o renuente particular’; y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que cita: ‘I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…’. En efecto, de lo previsto en el art. 40.II del CPCo, se concluye que el juez o tribunal de garantías tiene competencia a denuncia de parte -accionante, demandada y también de manera excepcional, los terceros interesados, cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad, [SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero]- de remitir al renuente de las sentencias constitucionales al Ministerio Público, para su procesamiento penal por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, conforme lo establecido en el art. 179 bis del Código Penal (CP) modificado por la Disposición Final Cuarta del CPCo, desobediencia que puede ser total, parcial o de presentarse un cumplimiento distorsionado de la sentencia constitucional, caso en el cual se daría el supuesto de obediencia distorsionada del fallo constitucional. Asimismo, la previsión contenida en el art. 16 del CPCo, posibilita a las partes -accionante, demandada y terceros interesados, en el supuesto señalado anteriormente- a exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional en la fase de ejecución de la misma, a través de una solicitud de cumplimiento ante el juez o tribunal de garantías que conoció y resolvió la acción primariamente; o en su caso, una denuncia de incumplimiento, total, parcial, distorsionada o tardía de la sentencia constitucional plurinacional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la denominación de queja por incumplimiento, caso en el cual puede hacer materializar sus sentencias directamente, cuando los jueces y tribunales de garantías no pudieron hacerlas cumplir, o sus medidas a ese efecto fueron insuficientes o ineficaces, supuesto en el cual puede tomar una decisión complementaria de oficio o a pedido de parte, que haga cesar la violación del derecho protegido. En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla. De ahí, que la línea jurisprudencial citada precedentemente tiene la finalidad esencial de resguardar y proteger la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales, siendo un derecho fundamental que emerge a su vez del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional; así como de resguardar la inmutabilidad e irrevisabilidad de la cosa juzgada constitucional, que se presenta cuando existe identidad de objeto, sujeto y causa; es decir, identidad entre el problema jurídico resuelto en un primer amparo con el problema jurídico del segundo amparo; cosa juzgada que se encuentra prescrita en los art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional ‘…no cabe recurso ordinario ulterior alguno’ y 16 del CPCo; pues se desnaturalizaría ese mandato, si se pretendería reabrir el debate en la justicia constitucional sobre el mismo problema jurídico constitucional ya resuelto, quedando afectado el principio de seguridad jurídica. En ese orden de ideas, se aclara que el cumplimiento de una sentencia constitucional tiene carácter principal, pues es la esencia misma de una acción de defensa, en cambio el proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales es una figura distinta, que puede seguirse de manera separada a la ejecución de la sentencia constitucional, pues tiene la finalidad de imponer una sanción penal al reticente que debe cumplir la orden adoptada. De ahí, que es posible dentro de la propia jurisdicción constitucional exigir a la autoridad o el particular que hubiere sido declarado responsable de la violación o amenaza a derechos fundamentales o garantías constitucionales a cumplir la orden en los términos pronunciados por la sentencia constitucional, independientemente a iniciar un proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad y de “petición”; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, la Jueza hoy accionada no señaló audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio; sin embargo, posteriormente presentó su excusa cuando no correspondía; además, que la citada Jueza y el Juez ahora coaccionado omitieron cumplir con el Oficio 295/2023, que fue emitido por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que ordenaron se resuelvan los incidentes y excepciones planteados en el plazo de setenta y dos horas; generando con ello dilación indebida en el proceso penal de referencia. Ahora bien, de antecedentes se tiene Oficio 295/2023, dirigido a la Jueza ahora accionada, mediante el cual los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, le hicieron conocer la Resolución de 04 de agosto de 2023 de la acción de libertad que interpuso el accionante en su contra y que resolvió concediendo la tutela solicitada, disponiendo que dicha Jueza dentro del plazo de setenta y dos horas señale audiencia y resuelva los “INCIDENTES Y EXCEPCIONES” planteados por el accionante (Conclusión II.1.); quien además, por memorial presentado en la misma fecha, ante la referida Jueza, solicitó que se dé estricto cumplimiento a la citada Resolución emitida por los Vocales de la Sala Constitucional; solicitando señalamiento de fecha y hora de audiencia para que se resuelvan sus incidentes y excepciones (Conclusión II.2.). Asimismo, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidenció que existen tres acciones de libertad interpuestas por el accionante contra la Jueza hoy accionada, las cuales se encuentran signadas con los números de expedientes 57510-2023-116-AL, 58958-2023-118-AL y 58154-2023-117-AL, siendo este último el presente; además, contra el Juez hoy coaccionado (Conclusión II.3.). Establecidos los antecedentes procesales, de las problemáticas identificadas en la presente acción de libertad, se advierte que el accionante inicialmente cuestiona la omisión en las que hubiesen incurrido los Jueces ahora accionados, en el cumplimiento de lo dispuesto por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través del Oficio 295/2023, por el cual se ordenó se resuelvan los incidentes y excepciones formulados por el accionante en el proceso penal seguido en su contra, y sea en el plazo de setenta y dos horas. En ese sentido, solicita que se decreten y resuelvan los incidentes y excepciones planteados por su persona. Teniendo en cuenta lo referido y de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta improcedente solicitar el cumplimiento de las determinaciones asumidas en una resolución emitida en una anterior acción de defensa mediante la interposición de una nueva acción tutelar, situación que ocurre en el presente caso; ya que, el accionante denuncia que los Jueces hoy accionados incurren en una dilación indebida al no dar cumplimiento al Oficio 295/2023, que fue emitido por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que dispuso “CONCEDER LA TUTELA SOLICITADA (…) DISPONIENDO DE QUE LA AUTORIDAD ACCIONADA DENTRO DEL PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS SEÑALE AUDIENCIA Y RESUELVA LOS INCIDENTES Y EXCEPCIONES PLANTEADOS POR EL ACCIONANTE” (sic), decisión que deviene de una anterior una acción de libertad formulada por el accionante, pretendiendo su cumplimiento con la presente acción de libertad. En ese contexto, se tiene que el accionante inobservó el razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional y lo establecido por el art. 40.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece: “La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente”, utilizando un mecanismo equivocado para solicitar el cumplimiento del Oficio 295/2023, que fue emitido por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; ya que, debió acudir ante la citada Sala Constitucional para denunciar su incumplimiento y de esa manera se proceda conforme corresponda en derecho y no interponer una nueva acción de libertad para ese fin. Por lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada en cuanto a la primera problemática analizada. Asimismo, se evidencia que el accionante denuncio que la Jueza hoy accionada no señaló audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio; puesto que, contrariamente presentó su excusa cuando ello no correspondía; en ese sentido, a través de esta acción tutelar pide que la jurisdicción constitucional disponga que la Jueza ahora accionada demuestre con documentación idónea la excusa que presentó en el proceso penal instaurado en su contra. De acuerdo a lo manifestado por el accionante y los Jueces hoy accionados; se tiene que, la excusa presentada en el proceso penal de referencia, se encuentra en plena tramitación, cuya documentación aparejada para justificar esa medida asumida por la Jueza hoy accionada se encuentra adherida al cuaderno procesal; por lo que, el accionante puede obtener la documentación requerida del lugar donde radica la misma, no siendo factible utilizar la vía constitucional para ese efecto; además, que su denuncia no se encuentra dentro de los presupuestos de activación exigidos para la viabilidad de la acción de libertad, referidos a: “a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto u omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (SCP 0037/2012 de 26 de marzo). Por lo expuesto, corresponde también denegar la tutela solicitada respecto a la segunda denuncia identificada en la presente acción de libertad. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 20 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 55 vta. a 59, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0004_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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