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SCP 0004/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de febrero de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
49793-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la impugnación, a la defensa -material y técnica-, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia y al acceso a la justica, vinculados a su derecho a la libertad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente; por Auto de Vista 546/2022, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -accionada-, declaró “INADMISIBLE” la apelación incidental que planteó contra el Auto Interlocutorio 234/2022 -que determinó ampliar la duración de su detención preventiva por el lapso de dos meses-; sosteniendo que debió interponer el citado recurso de forma oral y en audiencia de la indicada fecha, conforme dispone el art. 33 del “Reglamento 12/2019” -se refiere al Acuerdo de Sala Plena 12/2019 de 10 de junio, del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia-; empero, no consideró que el plazo dispuesto por el art. 251 del CPP es de setenta y dos horas, el mismo que no fue modificado por la Ley 1173; asimismo, no podía aplicarse el citado Reglamento por ser restrictivo y estar al margen de la Ley Fundamental. Ante ello, la Vocal accionada señaló que, a partir de noviembre de 2019, entró en vigencia la Ley 1173, que modificó el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 63/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo -en suplencia legal de su similar Séptimo- de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho a la impugnación vinculado a su derecho a la libertad; en los términos dispuestos por el citado Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a los derechos a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia. 3° Disponer que, por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, se remita una copia a los Tribunales Departamentales de Justicia del país, el presente fallo constitucional a efecto de la aplicación del art. 251 del CPP de acuerdo a lo concluido en el Fundamento Jurídico III.1.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Tramitación del recurso de apelación incidental del art. 251 del CPP y la Jerarquía normativa
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2025-S2 Sucre, 14 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 49793-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 63/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jose Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Shinthia Ninosca Siñani Alurralde contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de agosto de 2022, cursante de fs. 4 a 7 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Auto Interlocutorio 234/2022 de 13 julio, el Juez de la causa, rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva -se entiende en audiencia de la citada fecha-; por lo que, en el plazo de setenta y dos horas y de manera escrita interpuso apelación incidental, en aplicación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -al tratarse de una medida cautelar-; dicho medio recursivo fue resuelto a través del Auto de Vista 546/“2021” -lo correcto es 2022- de 27 de julio, por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, quien lo declaró inadmisible; sosteniendo que debió ser formulado de manera oral, en observancia del art. 33 del “Reglamento 12/2019” -se refiere al Acuerdo de Sala Plena 12/2019 de 10 de junio, del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia-; impidiéndole así el acceso a la justicia, con base en un razonamiento completamente arbitrario que resulta lesivo a sus derechos constitucionales; por lo que, plantea la presente acción de libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la impugnación, a la defensa -material y técnica-, al debido proceso y al acceso a la justica, vinculados al derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 546/2022; y, b) Que dentro de las veinticuatro horas siguientes se convoque a nueva audiencia de apelación incidental del Auto Interlocutorio 234/2022, disponiendo las medidas necesarias para su concurrencia de forma presencial o virtual.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 19 a 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de la acción de libertad y ampliando indicó que: 1) Formuló apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 234/2022, en el plazo previsto por el art. 251 del CPP; es decir -setenta y dos horas-; no obstante aquello, la Vocal accionada declaró su improcedencia; 2) El art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, no modificó el referido artículo respecto al plazo para la interposición de la apelación incidental vinculado a una medida cautelar; por lo que, continúa vigente; 3) El Auto de Vista 546/2022, contiene una motivación arbitraria, al alejarse de lo establecido en el art. 251 del CPP, la Vocal accionada tampoco aplicó los principios pro actione y pro homine; 4) La inadmisibilidad de la apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio 234/2022, le impide ejercer su derecho a la defensa técnica y material en la audiencia de apelación, acto procesal en el que hubiera podido expresar los agravios que le generó el citado fallo y obtener un pronunciamiento al respecto que eventualmente pudo corregir lo reclamado; 5) Está detenida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; razón por la cual, lo expuesto se encuentra relacionado de manera directa con su derecho a la libertad; y, 6) Se lesionó “…el derecho a la justicia en su modalidad el derecho de acceso a la jurisdicción sin obstáculos…” (sic).

I.2.2. Informe de la parte demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 15 de agosto de 2022, cursante a fs. 14 y vta., señaló que: i) la acción de libertad emerge del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en contra de la impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente; y, ii) A partir de noviembre de 2019, entró en vigencia la Ley 1173, que modificó el art. 251 del CPP; asimismo, dicha Ley por mandato de su Disposición Transitoria Décima Tercera, estableció la creación del “Reglamento 12/2019” -se refiere al Acuerdo de Sala Plena 12/2019 de 10 de junio, del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia-; consecuentemente, para la tramitación y conocimiento de un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, es importante tomar en cuenta el art. 251 del CPP con su modificación, así como el art. 33 del citado Reglamento, normativa de la que se establece que la persona agraviada con una resolución de medidas cautelares, debe interponer el recurso de apelación incidental en el acto de manera oral; es decir, inmediatamente de concluida la dictación de la resolución cautelar en audiencia, a efectos de que la autoridad a quo disponga la remisión de la apelación ante la Sala Penal de turno, instancia en la que el apelante oralmente fundamentará sus agravios; sin embargo, en el caso, la solicitante de tutela no formuló el medio de impugnación de manera oral, en la misma audiencia en la que se dictó el Auto Interlocutorio 234/2022.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo -en suplencia legal de su similar Séptimo- de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 63/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 22 a 23 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 546/2022; y, que la Vocal demandada señale día y hora de audiencia dentro del plazo establecido por ley, para tramitar y resolver conforme corresponda el recurso de apelación incidental planteado por la demandante, en el marco del art. 251 del CPP; con base en los siguientes fundamentos: a) Por Auto Interlocutorio 234/2022, el Juez de la causa dispuso la ampliación de la detención preventiva de la impetrante de tutela; ante ello, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación, en el plazo de setenta y dos horas y de manera escrita, el mismo que fue declarado inadmisible por Auto de Vista 546/2022, por la Vocal demandada, quien sostuvo que el medio de impugnación no fue presentado de manera oral en el acto; en consecuencia, confirmó el citado Auto Interlocutorio; b) El fundamento señalado por la nombrada Vocal resulta incompatible con el derecho a la impugnación previsto en el art. 180.III de la CPE; el cual, es un pilar en la administración de justicia; toda vez que, los justiciables tienen derecho a la revisión de lo resuelto por una autoridad judicial en una primera instancia; c) Los arts. 251 y 403.3 del CPP, prevén el recurso de apelación incidental, que puede interponerse contra la determinación asumida en la resolución de medidas cautelares; resguardando así el derecho a la impugnación; d) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional indicó que el citado derecho debe ser compatible con el principio pro actione desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instancia que además señaló que la normativa de los Estados en materia de impugnación debe ser interpretada y aplicada en la forma más favorable y beneficiosa; así, en los casos que se desestimó un medio recursivo, argumentando que no se expresaron adecuadamente ni se cumplieron requisitos formales; estableció que, no debe ser interpretado de forma que restrinja el derecho a la impugnación sino de la manera más favorable para su efectivización; y que, en una segunda instancia se revise los agravios planteados; dicho razonamiento debe ser aplicado de manera más rigurosa tratándose de resoluciones sobre medidas cautelares; en razón a que, de por medio se encuentra el derecho a la libertad; e) La Vocal demandada actuó de forma sesgada; toda vez que, el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173, establece que la resolución que disponga, modifique y rechace las medidas cautelares será apelable en efecto no suspensivo, en el plazo de setenta y dos horas; en consecuencia, no resulta evidente que el mismo deba ser planteado en el acto como ocurre con otro tipo de resoluciones que no resuelven medidas cautelares; y, f) Si bien el art. 33 del “Reglamento 12/2019” -se refiere al Acuerdo de Sala Plena 12/2019 de 10 de junio, del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia-, dispone que en audiencia de medidas cautelares la parte que se considere agraviada con la resolución apelará en el acto; aquello, no impide que pueda ser planteado dentro de las setenta y dos horas y de manera escrita; porque, una interpretación en ese sentido se encontraría en disonancia con el Código de Procedimiento Penal que tiene rango de Ley, con la Constitución Política del Estado y la uniforme línea jurisprudencial emitida al respecto por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 15 de julio de 2022, Shinthia Ninosca Siñani Alurralde –ahora accionante-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 234/2022 de 13 del citado mes -que determinó ampliar la duración de su detención preventiva por el lapso de dos meses- (fs. 16).

II.2. Por Auto de Vista 546/“2021” de 27 de julio de 2022, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada-, declaró “INADMISIBLE” la apelación incidental planteada por la impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 234/2022, al no haberla interpuesto oralmente en el acto; en consecuencia, “CONFIRMA” dicha determinación (fs. 3 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la impugnación, a la defensa -material y técnica-, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia y al acceso a la justica, vinculados a su derecho a la libertad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente; por Auto de Vista 546/2022, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -accionada-, declaró “INADMISIBLE” la apelación incidental que planteó contra el Auto Interlocutorio 234/2022 -que determinó ampliar la duración de su detención preventiva por el lapso de dos meses-; sosteniendo que debió interponer el citado recurso de forma oral y en audiencia de la indicada fecha, conforme dispone el art. 33 del “Reglamento 12/2019” -se refiere al Acuerdo de Sala Plena 12/2019 de 10 de junio, del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia-; empero, no consideró que el plazo dispuesto por el art. 251 del CPP es de setenta y dos horas, el mismo que no fue modificado por la Ley 1173; asimismo, no podía aplicarse el citado Reglamento por ser restrictivo y estar al margen de la Ley Fundamental. Ante ello, la Vocal accionada señaló que, a partir de noviembre de 2019, entró en vigencia la Ley 1173, que modificó el art. 251 del CPP; asimismo, por mandato de su Disposición Transitoria Décima Tercera, la indicada Ley dispuso la creación del supra citado Reglamento; por lo que, para la sustanciación y resolución de un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, corresponde tomar en cuenta dicha normativa, que instituye la interposición del recurso de apelación incidental, inmediatamente de concluida la dictación de la resolución cautelar en audiencia de manera oral, a efectos de que la autoridad a quo disponga la remisión de la apelación ante la Sala Penal de turno, instancia en la que el apelante oralmente fundamentará sus agravios; aspecto que no fue cumplido por la impetrante de tutela.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Tramitación del recurso de apelación incidental del art. 251 del CPP y la Jerarquía normativa

El art. 180.II de la CPE, reconoce el principio de impugnación en los procesos judiciales.

En el ámbito penal, respecto a la apelación de incidentes y excepciones el art. 403 del CPP, establece que procederá contra las siguientes resoluciones: “… 3. La que resuelve medidas cautelares o su sustitución…” debiéndose entender por cautelares reales y no de carácter personal pues estas están reguladas por el art. 251 del CPP. El procedimiento a seguir para la tramitación y posterior resolución del recurso de apelación establecido en el art. 403 del CPP, se encuentra contemplado en los arts. 404, 405 y 406 del CPP y respecto al art. 404 del CPP el mismo fue modificado por el art. 16 de la Ley 1173 que estableció: “404 (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó.

En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente”.

Por lo que la modificación establecida por la Ley 1173 del art. 404 del CPP no alcanza al art. 251 del CPP que regula específicamente las medidas cautelares de carácter personal el cual establece: “251 (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas”. Como podrá advertirse, el citado procedimiento que rige exclusivamente para la apelación incidental contra resoluciones emergentes de medidas cautelares personales, el mismo resulta un trámite expreso, sencillo y rápido para su resolución; el mismo, no fue objeto de una modificación substancial por la Ley 1173. Del marco normativo glosado, debe quedar claro que, el art. 404, 405 y 406 del CPP, contienen el procedimiento de la apelación incidental de los institutos establecidos en el art. 403, excepto, la que incumbe a las medidas cautelares de carácter personal cuyo procedimiento está contenido en el art. 251 del mismo Código. En relación con lo expuesto, la Disposición Transitoria Décima Tercera de la referida Ley 1173, dispuso que: “Dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes a la publicación de la presente Ley, el Tribunal Supremo de Justicia deberá establecer en reglamento las conductas y las medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario, previsto en el Artículo 339 del Código de Procedimiento Penal”; en cumplimiento de dicho precepto, el Tribunal Supremo de Justicia, por Acuerdo de Sala Plena 12/2019 de 10 de junio, aprobó el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal el cual no se constituye en una norma jurídica y por tanto no goza de presunción de constitucionalidad y cuyo artículo 33 respecto a la impugnación del fallo de medidas cautelares en audiencia señala que:

“I. Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar personal, la parte que se considera agraviada con la resolución, apelará la resolución en el acto a los efectos del plazo establecido por el art. 251 de la Ley N° 1173. II. El Juez ordenará en audiencia que por intermedio de la oficina gestora de procesos se remitan las piezas procesales pertinentes al Tribunal de alzada”. En tal contexto, siendo que el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal es una decisión soft law que no goza de presunción de constitucionalidad y que por tanto no puede modificar el art. 251 del CPP; por lo que, a efectos de computar el plazo para la apelación incidental de las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares de carácter personal, toda autoridad judicial debe aplicar el art. 251 del CPP (énfasis agregado).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional; se tiene que, por memorial presentado el 15 de julio de 2022, Shinthia Ninosca Siñani Alurralde -accionante-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 234/2022 de 13 del citado mes -que determinó ampliar la duración de su detención preventiva por el lapso de dos meses- (Conclusión II.1); en consecuencia, por Auto de Vista 546/2022 de 27 del indicado mes, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró “INADMISIBLE” la apelación incidental planteada por la impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 234/2022, al no haberla interpuesto oralmente en el acto; en consecuencia, “CONFIRMA” dicha determinación (Conclusión II.2). La impetrante de tutela, considera que el citado Auto de Vista 546/2022 restringe sus derechos constitucionales; dado que para efectuar el cómputo para la interposición del recurso de apelación incidental que formuló contra el Auto Interlocutorio 234/2022, la Vocal accionada debió regirse a lo estipulado en el art. 251 del CPP; es decir, setenta y dos horas; y no conforme exige el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal después de emitido el fallo. Bajo ese contexto fáctico y conforme lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; se concluyó que, tanto el art. 251 del CPP como el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, norman la apelación de medidas cautelares personales; empero, ambos difieren en cuanto al plazo para su interposición; así en el primero para su formulación se configuró el lapso de setenta y dos horas; mientras que en el segundo se exige que sea en el acto una vez dictado el fallo; no obstante, desde un análisis con base en la jerarquía normativa prevista en el art. 410.II del texto constitucional, se concluyó que debe aplicarse con preferencia el indicado art. 251 del CPP. En consecuencia, la Vocal demandada debió efectuar dicho análisis antes de declarar inadmisible el medio de impugnación, más aún cuando tiene la obligación de sujetar sus actos a la ley; por otra parte, le correspondía tomar en cuenta que las medidas cautelares personales, tienen un carácter instrumental, que no solo incide en su forma de aplicación sino también en su tramitación; sin embargo, al no hacerlo, lesionó el derecho a la impugnación vinculado al derecho a la libertad de la impetrante de tutela; toda vez que, de haberse admitido el recurso de apelación incidental, una vez sustanciado y resuelto; pudo modificar su situación jurídica incluso eventualmente lograr su libertad, correspondiendo; por ello, otorgar la tutela solicitada. Respecto al derecho a la defensa -material y técnica-, reclamados como vulnerados en la presente acción tutelar; de la argumentación efectuada por la solicitante de tutela, se tiene que, sitúa tal lesión en la audiencia de resolución de la apelación incidental, sosteniendo que la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 234/2022, le impidió ejercer los citados derechos; empero, dicho acto procesal nunca fue llevado a cabo en razón a la inadmisibilidad del medio recursivo; por lo que, no podría otorgarse tutela respecto a un acto procesal que no se celebró. Por otra parte, la peticionante de tutela indicó que se le impidió el acceso a la justica y se lesionó se derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; sin embargo, no explicó de manera clara como fue que la Vocal accionada vulneró los mismos. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró parcialmente de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 63/2022 de 15 de agosto, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo -en suplencia legal de su similar Séptimo- de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho a la impugnación vinculado a su derecho a la libertad; en los términos dispuestos por el citado Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a los derechos a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia. 3° Disponer que, por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, se remita una copia a los Tribunales Departamentales de Justicia del país, el presente fallo constitucional a efecto de la aplicación del art. 251 del CPP de acuerdo a lo concluido en el Fundamento Jurídico III.1.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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