Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de marzo de 2025
Concede en parte la tutela
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad; a la vida, integridad física, psicológica y sexual; a ser protegidos oportuna y efectivamente por los jueces o tribunales; a un desarrollo integral que considere el interés superior del niño, a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso vinculados a los principios pro homine, pro actione y de informalismo; y la garantía de prohibición de tortura; toda vez que, la autoridad jurisdiccional ahora demandada mediante el Auto 1371/2024 de 8 de octubre, declaró inadmisible la apelación interpuesta por Zunilda Jiménez Flores -ahora co demandante de tutela- contra la Resolución de Sanción Disciplinaria “113/2024” sin considerar el interés superior de su hijo lactante, lo previsto por el art. 134 de la LEPS y el principio de proporcionalidad aplicable al caso en cuestión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad correctiva; ii) El principio y garantía del interés superior de la niña, niño y adolescentes vinculado al derecho a la familia; iii) El derecho a la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales y administrativas en base al interés superior del niño; iv) La perspectiva de género en la aplicación de medidas cautelares y la imposición de medidas disciplinarias; y, v) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 184/2024 de 10 de octubre, cursante de fs. 51 a 56 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a Zunilda Jiménez Flores y el menor AA, en los mismos términos dispositivos que la Sala Constitucional referida y conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela respecto a la vulneración al derecho a la integridad sexual y la garantía de prohibición de tortura, así como en relación al co peticionante de tutela Ricardo Alejandro Rocha Brun.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2025-S1 Sucre, 5 de marzo de 2025 SALA Primera Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 68955-2024-138-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 184/2024 de 10 de octubre, cursante de fs. 51 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Alejandro Rocha Brun por sí y en representación sin mandato de AA y de Zunilda Jiménez Flores contra Erika Rocío Araoz Rioja, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 10 de octubre de 2024, cursante de fs. 6 a 22 vta., el impetrante de tutela, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra de Zunilda Jiménez Flores, su persona -ahora accionantes- y otros por la presunta comisión de asesinato, se encuentran privados de libertad; en el caso concreto de la co demandante de tutela, cumple su detención preventiva en el Centro Penitenciario "La Merced" de Oruro, conjuntamente su pequeño hijo AA de once meses de edad. La directora del referido centro penitenciario, mediante Resolución de Sanción Disciplinaria 114/2024 impuso a la co accionante la “permanencia solitaria” por el lapso de diez días, incluso ya anteriormente fue sancionada de la misma forma por haber sido encontrada en tenencia de una licuadora que tenía para preparar los alimentos de su bebe.
Ante la injusta Resolución de Sanción Disciplinaria, su concubina interpuso apelación conforme a norma, ante la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandada-, quien declaró inadmisible la apelación, sin considerar el principio de proporcionalidad y la debida fundamentación y motivación. A causa del cumplimiento de la anterior sanción disciplinaria fue privada de comunicarse, de circular en el centro penitenciario y de la atención que merece como madre de su hijo en etapa de lactancia materna, por lo que “…al no tener como preparar alimentos adecuados para mi hijo, lamentablemente mi hijo tuvo que peligrar su vida, enfermo de gravedad, y tuvo que ser internado de emergencia luego que pasaron los días de la sanción disciplinaria de PERMANENCIA SOLITARIA anterior, ya que el estado de mi hijo es delicado siendo esto de conocimiento pleno de la Jueza de Ejecución Penal demandada…” (sic). De este modo, la autoridad jurisdiccional demandada no consideró a la hora de resolver el recurso de apelación el marco normativo vigente; no respetó la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS)-Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; que establece en su art. 134 la prohibición de imponer la sanción de permanencia solitaria a internas embarazadas; y no adecuó su accionar a lo que establece la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, así como la Constitución Política del Estado (CPE) y el Bloque de constitucionalidad.
La parte solicitante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad; a la vida, integridad física, psicológica y sexual; a ser protegidos oportuna y efectivamente por los jueces o tribunales; a un desarrollo integral que considere el interés superior del niño, a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso vinculados a los principios pro homine, pro actione y de informalismo; así como, a la garantía de prohibición de tortura; citando al efecto, los arts. 8.II; 9.4; 13.I y IV; 22; 73.I; 74.I; 115.II; 117.I; 125; 126; 127; 256.I; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 11.1, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 5, 10.1; 14 y 29 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP); 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-; y, 7.d y f de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
La parte peticionante de tutela solicita que se le conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se ordene al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro la emisión de un nuevo Auto debidamente motivado, con referencia expresa y apego al marco normativo vigente, respecto a la sanción disciplinaria impuesta; y, b) Se disponga la restitución inmediata del estado o condición en la que se encontraban Zunilda Jiménez Flores y su bebé de once meses, considerando que actualmente cumplen una sanción disciplinaria que implica la privación de sus derechos fundamentales.
Efectuada la audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar el 10 de octubre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 46 a 50 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Ricardo Alejandro Rocha Brun, por sí y en representación de los co accionantes ratificó los términos de su demanda y en audiencia, amplió la misma señalando que: 1) La autoridad demandada no asistió a la audiencia y con su informe no desvirtuó la presente acción, por lo que debería aplicarse el principio de veracidad; 2) El art. 134 de la LEPS prohíbe que las madres y las mujeres embarazadas puedan ser sancionadas con permanencia solitaria, y en este caso su concubina es madre lactante; 3) La sanción más gravosa es la permanencia solitaria ya sea en su celda individual o en el calabozo; 4) Anteriormente ya fue sancionada por el uso de una licuadora y en esa oportunidad se hizo la apelación y le rebajaron solo el tiempo de la sanción y después de esa sanción su hijo tuvo que ser internado por bronquitis; 5) La Jueza demandada, no tomó en cuenta el principio de proporcionalidad y aplicó la sanción más grave, a quien ni siquiera tiene sentencia condenatoria; es la tercera vez que interpone una acción de defensa lidiando con el sistema de Régimen penitenciario; 6) Por el hecho de que su pareja ignora las leyes se aprovechan de ella, que en su caso sin bien él no es abogado, es autodidacta y está con la firme determinación de defender a su familia, porque en la anterior sanción su hijo estuvo en peligro de morir; 7) Que están detenidos preventivamente desde octubre 10 de octubre de 2023 y ya es un año a la presentación de la demanda tutelar, por lo que a consecuencia de esto, su hijo padece estas secuelas en su respiración cualquier enfermedad como tos, resfrió o lo que sea, repercute en él; 8) No se respeta la dignidad humana de su pareja, por lo que considera que la jueza ha incurrido en prevaricato, ya que ha emitido una resolución contraria a la CPE; y, 9) Conforme la SCP 0618/2012, la acción de libertad presentada no es para que su concubina salga en libertad sino que es en la modalidad correctiva, para que no se agrave su condición al encontrarse cumpliendo el castigo penitenciario impuesto agregándose que se ha presentado la acción para poder ver a su hijo y su pareja. Zunilda Jiménez Flores -co impetrante de tutela- refirió que: i) Su anterior sanción fue totalmente injusta; ii) A su hijito no le gusta estar encerrado, que ella le hace caminar y se presta andador para ponerle y que ahora tiene que rogarse para que lo saquen un ratito que ya la pusieron a cumplir la sanción desde el 9 de octubre de 2024; iii) Previo a venir a la acción de libertad, al estar encerrados su niño lloro bastante hasta que una amiga tuvo que venir para sacarlo a pasear un ratito; y, iv) En esta oportunidad la sancionaron por la posesión de un celular, imposición que cumple en su propia celda al igual que otra madre que tiene una niña de seis años, y no se llevan, además que su niño está aprendiendo a gatear y necesita espacio y por el castigo no puede recibir ni encomienda, que ella usualmente se hace traer yogurt para su hijo, debido a que no se tiene buena alimentación y con “su pecho” a veces no se llena su hijo.
Erika Rocío Araoz Rioja, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 10 de octubre de 2024 a fs. 31 a 33, solicitó se deniegue la tutela, señalando que: a) La resolución sancionatoria 113/2024 no corresponde a Zunilda Jiménez Flores; b) La Resolución de Sanción Disciplinaria 114/2024 que corresponde a la ahora accionante no dispone como sanción la permanencia solitaria, si no que dispone “…cumplir 10 días calendarios de arresto domiciliario” lo cual significa que deberá permanecer al interior de la celda del recinto penitenciario; c) Además la celda se encuentra con puerta abierta debido a que cada celda es habitada por seis internas aproximadamente; d) El Auto 1371/2024 declaró inadmisible el recurso de apelación porque la resolución 113/2024 apelada no corresponde a Zunilda Jiménez Flores -ahora co demandante de tutela- sino a otra interna, además se debe considerar que el menor no es parte del proceso para lo cual solicita se considere SCP 144/2019-S1 de 17 de abril; y e) La jurisprudencia ha establecido que las lesiones al debido proceso tienen como vía idónea para su impugnación la acción de amparo constitucional, salvo los casos donde hubiera existido absoluto estado de indefensión y agotadas las vías de impugnación, aspectos estos que no se adecuan al caso en concreto.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución 184/2024 de 10 de octubre, cursante de fs. 51 a 56 vta., concedió la tutela solicitada y dispuso dejar sin efecto la Resolución de Sanción Disciplinaria 114/2024 de 18 de septiembre y el Auto 371/2024 de 8 de octubre emitido por la Jueza ahora demandada, ordenando que la Directora del Centro Penitenciario ”La Merced” emita nueva resolución de manera proporcional, que no implique el arresto domiciliario de la ahora co demandante de tutela y mucho menos su aislamiento ya que esto presupone poner en riesgo la situación de su hijo menor de once meses de edad bajo los siguientes fundamentos: 1) La autoridad jurisdiccional ahora demandada no observó el interés superior del niño y la situación de vulnerabilidad del mismo, al haber declarado inadmisible el recurso interpuesto por la ahora accionante por cuestiones formales sin aplicar los principios de verdad material e informalismo, exhortándosele a que en casos similares resuelva los recursos en base a los principios y derechos constitucionales convencionales y la ley de ejecución penal; 2) Llama la atención que Elizabeth Elsa Villarte Alcázar, Directora del Centro Penitenciario La Merced haya emitido la Resolución de Sanción Disciplinaria 114/2024 que agrava la situación de la co solicitante de tutela y su hijo, exhortándola a que en un futuro actúe en el marco de las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes -Reglas de Bangkok- que forman parte de la Constitución Política del Estado, respecto a la protección de los niños que se encuentran en ese centro penitenciario juntamente con sus madres; 3) Conforme la norma 49 de las Reglas de Bangkok establece que los niños que están en las cárceles con sus madres no pueden ser privados de libertad y menos cumplir una sanción de aislamiento de arresto domiciliario conjuntamente sus madres como lo determinó incorrectamente la Resolución 114/2024; 4) Se afectó el derecho al esparcimiento del menor y su desarrollo integral, lo que puede afectar también a su salud, máxime cuando ya anteriormente, de acuerdo al Director del Hospital Barrios Mineros el hijo de la nombrada fue internado anteriormente por bronquitis; 5) La Directora del Centro Penitenciario no actuó con proporcionalidad, ya que debió considerar la situación de detenida preventiva y el interés superior del menor, en el mismo sentido, la Jueza demandada ni siquiera consideró el fondo de la apelación por cuestiones formales, ya que más allá de que en la apelación se hayan equivocado el número de resolución, la Jueza demandada conocía el número correcto de la resolución disciplinaria confutada; y, 6) Bajo el principio de interés superior y las garantías establecidas en las reglas de Bangkok y la Constitución Política del Estado corresponde efectuar un análisis integral del problema jurídico e incluso dejar sin efecto la Resolución de Sanción Disciplinaria impuesta. Ante la solicitud de aclaración de la parte peticionante de tutela, la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro señaló que si bien se determinó que no se actuó con proporcionalidad en la resolución del caso en cuestión, considera que dicha omisión resulta excusable; por lo que, rechazó la solicitud de remisión de antecedentes al Ministerio Público.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Consta fotocopias simples de certificado de nacimiento y cédula de identidad de AA, nacido el 16 de noviembre 2023, cuyos padres son Ricardo Alejandro Rocha Brun y Zunilda Jiménez Flores (fs. 4 y vta.) II.2. Cursa fotocopia legalizada de la Resolución de Sanción Disciplinaria 114/2024 de 18 de septiembre, por la cual Elizabeth Elsa Villarte Alcázar Directora del Centro Penitenciario “La Merced” establece que Zunilda Jiménez Flores fue responsable o infractora del Régimen Disciplinario habiendo incurrido en faltas muy graves insertas en el art. 130 de la LEPS, por lo que la sanciona “…a cumplir 10 días calendarios Arresto Domiciliario…” [(sic) fs. 41].
II.3. Consta memorial presentado el 20 de septiembre de 2024, por el cual Zunilda Jiménez Flores presenta apelación incidental contra la Resolución de Sanción Disciplinaria “113/2024” emitida por la Directora del Recinto Penitenciario de La Merced del departamento de Oruro (fs. 38 a 39 vta.). II.4. Mediante Auto 1371/2024 de 8 de octubre, la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la privada de libertad Zunilda Jiménez Flores contra la Resolución de Sanción Disciplinaria “113/2024” ratificando la resolución impugnada (fs. 43 a 44 vta.) II.5. Consta en el acta de audiencia de acción de libertad de 10 de octubre de 2024 que Henry Gabriel Tapia, Director del Hospital de Barrios Mineros Oruro, presente en audiencia, señaló que el 15 de junio de 2024, el niño AA fue atendido en dicho hospital con el diagnóstico de bronquitis aguda (fs. 46 y vta.)
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad; a la vida, integridad física, psicológica y sexual; a ser protegidos oportuna y efectivamente por los jueces o tribunales; a un desarrollo integral que considere el interés superior del niño, a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso vinculados a los principios pro homine, pro actione y de informalismo; y la garantía de prohibición de tortura; toda vez que, la autoridad jurisdiccional ahora demandada mediante el Auto 1371/2024 de 8 de octubre, declaró inadmisible la apelación interpuesta por Zunilda Jiménez Flores -ahora co demandante de tutela- contra la Resolución de Sanción Disciplinaria “113/2024” sin considerar el interés superior de su hijo lactante, lo previsto por el art. 134 de la LEPS y el principio de proporcionalidad aplicable al caso en cuestión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad correctiva; ii) El principio y garantía del interés superior de la niña, niño y adolescentes vinculado al derecho a la familia; iii) El derecho a la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales y administrativas en base al interés superior del niño; iv) La perspectiva de género en la aplicación de medidas cautelares y la imposición de medidas disciplinarias; y, v) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0006/2019-S2 de 19 de febrero, que sistematizó la jurisprudencia vinculada a la acción de libertad correctiva asumió el siguiente razonamiento:
La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril reiteró dicha clasificación, y la amplió, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. De manera específica, con relación a la acción de libertad correctiva, la SC 0824/2011-R de 3 de junio, estableció que tiene por objeto 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 3El JF III.2, expresa: “…buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos, acusados y condenados, tomando en cuenta que el único derecho que se encuentra legalmente suprimido es el derecho de la libertad personal y de locomoción, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona, de donde se establece que la acción de libertad en su carácter correctivo no busca la libertad de la persona -a diferencia del reparador-, sino corregir situaciones desfavorables de los privados de libertad.
corregir las condiciones agravantes de la privación de libertad, buscando la supresión de condiciones de maltrato, así como la optimización de aspectos que mejoren la calidad de vida digna y seguridad de los detenidos, aprehendidos y condenados, tomando en cuenta que el único derecho legalmente suprimido es el de la libertad personal, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona; de donde se establece que la acción de libertad correctiva no busca la libertad de la persona, sino, corregir situaciones desfavorables de las personas privadas de libertad, incluidas, de acuerdo a la SC 1199/2005-R de 26 de septiembre, aquellas que lesionan a la integridad personal, que debe entenderse en lo físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana.
El art. 58 de la CPE, determina:
Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.
En concordancia, el art. 59 de la Norma Suprema, establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral; a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva, o en su caso, de su familia sustituta; a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Asimismo, les reconoce, sin distinción de su origen, iguales derechos y deberes con relación a sus progenitores. Ahora bien, el principio y garantía del interés superior de la niña, niño y adolescente, fue constitucionalizado por el constituyente, a través del art. 60 de la CPE, al disponer: En ese sentido, este Tribunal respecto al cumplimiento de la detención preventiva, ha establecido jurisprudencia, la misma que no es contraria al nuevo orden constitucional, más al contrario es compatible con el mismo, así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, dejó establecido que: 'El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras «violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…». Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos'” (las negrillas son añadidas). 4El FJ III.1, señala: “`…el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes´” (las negrillas nos corresponden).
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. La jurisprudencia constitucional, en la SCP 0781/2019-S3 de 21 de octubre, definió que “El interés superior de las niñas, niños y adolescentes implica adoptar toda situación que favorezca el desarrollo integral de los mismos en el goce de sus derechos y garantías, afirmación que lleva consigo una obligación para el Estado, la sociedad y las familias”. Por su parte, la SCP 0129/2012 de 2 de mayo, señaló que el principio del interés superior del niño cumple un papel regulador de la normativa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, fundándose básicamente en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de procurar su desarrollo integral.
En la normativa interna: -El Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), en su art. 9 prescribe que: “Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables” (las negrillas son nuestras). Y reconoce entre los principios que rigen ese Código, en el art. 12 inc. a), el “Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas”. -El Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), también adopta entre sus principios, en el art. 6 inc. i) el: “Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente” –y expresa que– “El Estado, las familias y la sociedad garantizarán la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les puede afectar”.
En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, existe un corpus jure internacional de protección de los derechos del niño, conformado por un conjunto de instrumentos internacionales cuyo fin es garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, la SCP 0584/2018-S4 de 28 de septiembre, refiere que “…la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el art. 19 de la CADH, señaló que tanto este instrumento sobre Derechos Humanos cuanto la Convención sobre Derechos del Niño, así como el Protocolo de San Salvador, forman parte del corpus juris internacional de protección de derechos humanos de los niños”.
Así, el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños e igualmente, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.
La protección especial a los niños entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que reconoce la Convención a las personas, el derecho internacional de los derechos humanos lo fundamenta y justifica en que los niños dependen de los adultos para su desarrollo progresivo en todas sus facetas, -a nivel físico, cognitivo, emotivo, psicológico y social- y en las diferencias existentes entre los niños y las personas adultas, en cuanto a las posibilidades y los desafíos para lograr el efectivo ejercicio y la plena vigencia de sus derechos. La Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló: “54. Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos -menores y adultos- y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Ahora bien, la protección especial a los niños tiene como base el principio del interés superior del niño, tal como desarrolla la Corte IDH, en el Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 13 de marzo de 2018, al indicar:
193. Asimismo, este Tribunal ha entendido que, conforme al artículo 19 de la Convención Americana, el Estado se obliga a promover las medidas de protección especial orientadas en el principio del interés superior de la niña y del niño, asumiendo su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad en consideración a su condición especial de vulnerabilidad. La Corte ha establecido que las niñas y los niños tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial debida por este último y que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona. Asimismo, el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos de la niña y del niño.
Asimismo, la indicada Corte IDH se refiere al interés superior del niño como principio regulador de la normativa de los derechos del niño, fundándose en la dignidad del ser humano. Sobre el particular, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, indicó:
408. (…) La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Por ello, el interés superior del niño constituye una pauta de interpretación, pero visto como garantía, demanda del Estado un conjunto de acciones y medidas dirigidas a alcanzar su desarrollo integral y el máximo bienestar en el ejercicio de sus derechos. En el marco de todo lo desarrollado, toda autoridad judicial, administrativa o de otra índole, así como las instituciones públicas y privadas, al momento de imponer cualquier medida que afecte a un menor, tendrá que considerar primordialmente el interés superior del niño. Así lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989 -ratificada por Bolivia a través de la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990-, en el art. 3.1 cuando expresa: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. En cuanto a las familias, el art. 62 de la CPE, señala que están reconocidas y protegidas por el Estado como el núcleo fundamental de la sociedad, y todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Por su parte, el art. 17.1 de la CADH también reconoce a la familia como el elemento fundamental de la sociedad, que debe ser protegida por la sociedad y por el Estado, y en el numeral 4., al referirse al matrimonio, señala que “En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos”. El derecho a la familia se relaciona estrechamente con la efectiva vigencia de todos los derechos del niño, debido al lugar que ocupa la familia en la vida del menor y su rol de protección, cuidado y crianza. En los primeros años de vida, cuando la dependencia del niño es mayor, el derecho a la familia tiene una directa e importante relación con los derechos a la vida, al desarrollo y la integridad personal. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño relaciona el derecho a la familia con la realización del principio del interés superior del niño, por un lado, con los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables legalmente del menor; y, por otro, con la responsabilidad de los Estados de velar por la protección y el cuidado necesarios para su bienestar. Esta vinculación da cuenta de la importancia fundamental y primaria que la familia tiene en la vida del niño y en la realización de sus derechos y su interés superior, así como la obligación del Estado de garantizar las condiciones para que esta protección efectiva y la realización de todos sus derechos las brinden los progenitores y la familia del niño, y, en caso que ello no fuera posible o se vulneraran sus derechos, adopte las medidas adecuadas para su protección. El interés superior del niño debe considerarse a la luz de la autonomía progresiva del menor en la toma de decisiones que le afecten y en el ejercicio de sus derechos. Ahora bien, no siempre las niñas, niños y adolescentes pueden contar con una familia integrada por ambos progenitores; lo cual no debe significar un obstáculo para contar con la protección de ambos padres en los términos señalados precedentemente; y en ese marco, el Código Niño, Niña y Adolescente, en su art. 8, les reconoce el goce de las garantías constitucionales, entre ellas, la obligación del Estado, en todos sus niveles de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, y la obligación de la familia y de la sociedad de asegurarles las oportunidades que contribuyan a su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. El art. 35 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen, de manera que no sea separado de su familia, salvo circunstancias excepcionales, previo proceso y con la finalidad de protegerlo. El art. 36, explica que la familia de origen es la constituida por el padre, la madre o por cualquiera de los progenitores, los ascendientes y parientes colaterales conforme al cómputo civil. Finalmente, el art. 37.I apunta que no será separado de su madre o su padre, salvo las previsiones establecidas en el citado Código Niño, Niña y Adolescente. Por su parte, el art. 40 de la misma norma legal, establece que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con su madre y su padre, aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto sea contrario a su interés superior. En materia de guarda, las reglas establecidas por el art. 57 y ss. del CNNA, establecen que la guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño y adolescente, con carácter provisional. Es otorgada mediante resolución judicial a la madre o al padre, en caso de divorcio o separación de las uniones conyugales libres o a terceras personas, sin afectar la autoridad materna o paterna. La guarda confiere a la guardadora o guardador el deber de precautelar los intereses de la niña, niño o adolescente frente a terceras personas, inclusive a la madre, al padre o ambos, así como también a tramitar la asistencia familiar. Se concluye entonces, que el derecho a la familia, subsiste en el caso de divorcio o separación de los progenitores, correspondiendo al juez definir la guarda de las niñas, niños y adolescentes atendiendo su interés superior, caso en el que, de acuerdo a su etapa de desarrollo, deberá ser oída u oído previamente y su opinión será fundamental para la decisión de la jueza o juez, asistiendo al padre o madre que no tiene la guarda el derecho de visita, el cual se encuentra vinculado estrechamente con la previsión contenida en el art. 40 del CNNA; es decir, con el derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con su madre y su padre, aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto sea contrario a su interés superior. A lo explicado se suma que los padres deben cumplir toda determinación judicial impuesta en favor de los hijos que no hayan llegado a la mayoría de edad, conforme prescribe el art. 32 del cuerpo legal analizado.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0469/2019-S2 de 9 de julio, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional, ha establecido lineamientos jurisprudenciales mínimos respecto al derecho a una resolución judicial o administrativa fundamentada y motiva, contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero. A ellos, se suma, dada su especificidad, lo entendido en la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño -Punto 97-, que en el caso de niñas, niños y adolescentes, señala:
A fin de demostrar que se ha respetado el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, cualquier decisión sobre el niño o los niños debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado. No basta con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. En la fundamentación también se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras consideraciones. Es preciso tener en cuenta las circunstancias en que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial. (…) A ese efecto, debe realizarse un juicio de proporcionalidad de los elementos que configuran el interés superior del niño. Al respecto, la SCP 0024/2018-S2 de 28 de febrero en el Fundamento Jurídico III.1, citando la SCP 2299/2012 ha señalado que la autoridad al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, traducida en un acto, resolución o comportamiento, debería efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales:
a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en estudiar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
Ahora bien, la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, señala que la importancia de cada elemento configurador del interés superior del niño se pondera en función de los otros. No todos los elementos serán pertinentes en todos los casos, y los diversos elementos pueden utilizarse de diferentes maneras en las distintas situaciones. El contenido de cada elemento variará necesariamente de un niño a otro y de un caso a otro, dependiendo del tipo de decisión y las circunstancias concretas. En esas situaciones, se tendrán que ponderar los elementos entre sí para determinar la solución que atienda mejor al interés superior del niño o los niños. Al ponderar los diferentes elementos, corresponde tener en cuenta que el propósito de la evaluación y la determinación del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la Convención y sus Protocolos facultativos, y el desarrollo holístico del niño.
La Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, a partir de la interpretación y aplicación del art. 3 párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que los elementos que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar si se respetó el interés superior del niño, en la situación de que se trate, son: i) La opinión del niño (art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño), que implica que toda decisión debe tener en cuenta el punto de vista del niño y conceder a su opinión la importancia que merece de acuerdo a su edad y madurez, conocido como el principio de autonomía progresiva de la voluntad del niño; ii) La identidad del niño, teniendo en cuenta la diversidad que los caracteriza en razón a su orientación sexual, la religión y creencias, la identidad cultural y la personalidad, etc. (art. 8 de la referida Convención); iii) La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, que son dos derechos concretos que tiene el niño y no solo elementos para determinar el interés superior del niño, en cuyo caso, el término “familia” debe interpretarse en un sentido amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local (art. 5 de la Convención); así como prevenir la separación familiar y preservar la unidad familiar (art. 9.1 de la citada Convención); iv) Cuidado, protección y seguridad del niño, cuyos términos
“protección y “cuidado”, deben interpretarse en un sentido amplio, que abarca no solo “la protección al niño de daños” contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, el acoso sexual, el acoso escolar, la explotación sexual, económica, laboral y otras formas de explotación, sino, garantizar su “bienestar” velando por sus necesidades materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto y seguridad (art. 3 párrafo 2 de dicha Convención);
v) Situación de vulnerabilidad, que implica analizar que el niño por sí mismo ya tiene una situación de vulnerabilidad y pertenece a un grupo de atención prioritaria; empero, ésta se agrava por ejemplo si pertenece a los grupos LGTBI, a los migrantes, a los indígenas, a los discapacitados y si el niño, además, es víctima de malos tratos, vive en la calle, etc.; vi) El derecho del niño a la salud, que implica, además de entender que necesita todas las prestaciones de salud y seguridad social, que se debe proporcionar al niño información adecuada y apropiada para que entienda la situación y todos los aspectos pertinentes en relación con sus intereses, y permitirle, cuando sea posible, dar su consentimiento fundamentado (art. 24 de la Convención); y, vii) El derecho del niño a la educación, que debe ser entendido como el acceso a una educación gratuita de calidad, incluida la educación en la primera infancia, la educación no académica o extraacadémica y las actividades conexas; así como todas las decisiones sobre las medidas e iniciativas relacionadas con un niño en particular o un grupo de niños.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0817/2020-S1 de 8 de diciembre, asumió el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado establece de forma expresa la protección Estatal especial hacia la mujer en estado de gestación; así el art. 45.V de la CPE expresa: “Las mujeres tienen derecho a una maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas fueron añadidas).
Cabe aclarar que la Ley Fundamental no sólo protege a las mujeres en estado de gestación, sino también a las y los progenitores de niñas y niños menores de un año de edad. Así, en el art. 48.VI determina que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad; protección reforzada que se justifica plenamente porque durante el primer año de vida se requiere dotar a las y los progenitores de estabilidad en su fuente laboral para el cuidado integral del niño o niña, el cual, de acuerdo al art. 59.I. tiene derecho a su desarrollo integral, y art. 59.II a “…vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva…”, en el marco del principio del interés superior del niño, niña y adolescente conforme el art. 60 de la CPE. Esta protección reforzada a mujeres en estado de gestación y madres de niños o niñas mejores a un año, también se encuentra prevista en el art. 232 del CPP que refiere que “Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa”.
Dicha norma procesal penal es coherente con los estándares jurídicos internacionales, que sobre la detención preventiva de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia establecen:
1) El Comité de Derechos Humanos en la Observación General 28, Igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 3) de 29 de marzo de 2000, señaló que las mujeres encarceladas que cursen un embarazo deben ser tratadas humanamente y con respecto a su dignidad, sobre todo durante el alumbramiento y en el cuidado de sus hijos recién nacidos.
2) Las Reglas de Bangkok, Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, aprobada por la Asamblea General el 16 de marzo de 2011, en la Regla 64 establece que:
Las misma Reglas, en mérito a la protección reforzada antes anotada, prohíben la aplicación de ciertas sanciones sobre las mujeres embarazadas y las que tengan a niños y niñas a su cargo, tales como el aislamiento o la segregación disciplinaria (Regla 22) y los medios de coerción (Regla 24). 3) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tramitó un caso relacionado a la procedencia de arresto domiciliario para mujeres embarazadas en la petición de Karina Montenegro y otras (Ecuador) de 16 de julio de 2013, la misma que fue resuelta por medio del Informe 61/13 de Solución Amistosa, Caso 12.631. La petición fue generada en virtud a la privación de libertad en distintos centros de detención de cuatro mujeres gestantes, pese a que la legislación ecuatoriana prevé en esos supuestos la detención domiciliaria. En el acuerdo, que fue homologado por la referida Comisión a la luz de los derechos y garantías previstos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Estado aceptó que la detención les generó un daño a su integridad física, psíquica y moral, constituyéndose en una vulneración a la Convención y al art. 7 de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do Para".
4) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las Medidas para Reducir la prisión preventiva, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2017, señaló que:
203. Respecto a la determinación de las medidas alternativas a la prisión preventiva para mujeres, los Estados deben promover la incorporación en todas sus dimensiones de la perspectiva de género y cuando corresponda, del enfoque del interés superior del niño y de la protección especial respecto a personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo, tales como personas con discapacidad y personas mayores. En particular, para la imposición de las medidas alternativas, las autoridades judiciales deben tomar en cuenta diversos elementos tales como los siguientes: a) posición particular y de desventaja histórica que tienen las mujeres en la sociedad, b) historial de victimización anterior; c) ausencia de circunstancias agravantes en la comisión del delito, e d) impacto diferencial e incremental de la aplicación de la pena privativa de la libertad respecto de las personas bajo su cuidado. Sobre este punto, la Comisión ha señalado que, en función del interés superior del niño, las autoridades judiciales deberán aplicar con mayor rigurosidad los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad al momento de considerar la aplicación de la prisión preventiva en el caso de personas que tengan la responsabilidad principal de niños, niñas y adolescentes a su cargo. Tomando en cuenta lo anterior, el encarcelamiento de las mujeres que son madres o están embarazadas, y de aquéllas que tienen bajo su cuidado a personas en situación especial de riesgo -tales como personas con discapacidad o personas mayores-debe ser considerado como una medida de último recurso, y deben priorizarse medidas no privativas de la libertad que les permitan hacerse cargo de las personas que dependan de ellas (las negrillas nos pertenecen).
5) Finalmente, la Recomendación 33 de “Acceso a la Justicia de las Mujeres”, emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), recomienda a los Estados parte que, tratándose de las mujeres en general:
p) Usen la detención preventiva como último recurso y por el período más corto posible, y eviten la detención preventiva y posterior al juicio, por delitos leves, y por la falta de medios para pagar el derecho de fianza en esos casos (las negrillas nos pertenecen). Ahora bien, conforme se tiene señalado, nuestra normativa procesal penal establece en el art. 232 parte final, que tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procede cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa; norma que fue interpretada por la jurisprudencia de este Tribunal.
Así, la SC 1871/2003-R de 15 de diciembre, señaló que tratándose mujeres embarazadas y madres con hijos o hijas menores a un año, la detención preventiva solo procederá cuando no exista la posibilidad de aplicar otra medida alternativa, pues antes de imponer dicha medida, la autoridad competente, deberá agotar todas las posibilidades vinculadas a las medidas cautelares con el fin de asegurar la presencia de la sindicada en el desarrollo del juicio, entendimiento reiterado por la SCP 2267/2013 de 16 de diciembrey la SCP 2814/2014 de 12 de febrero, entre otras. 8El FJ III.1.3, refiere: “…a través de la SCP 0699/2012 de 13 de agosto, señaló que: ʽEl mismo modo el art. 232 del CPP, referido a la improcedencia de la detención preventiva, en su última parte señala: «Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa» (…). Esto supone que por regla general no se debe privar de su libertad a ninguna mujer en estado de gestación o en etapa de lactancia hasta que su hijo tenga un año; sin embargo, esta regla no es absoluta, por excepción, puede ser privada de su libertad, cuando no exista otro medio para evitar la misma. Bajo este entendimiento, el Tribunal Constitucional ha marcado una línea jurisprudencial expresada en la SC 1871/2003-R de 15 de diciembre, en sentido que: (…) la norma de la última parte del art. 232 CPP, debe ser comprendida en su cabal dimensión, esto es que cuando se trate de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando realmente no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa; o sea que esta disposición no contempla una prohibición total y general a la detención preventiva de la madre gestante, pues determina que, antes de imponer la detención preventiva, la autoridad competente deberá agotar todas las demás posibilidades respecto de medidas cautelares para asegurar la presencia de la sindicada en el desarrollo del juicio (...) queda claro que no puede disponerse la libertad de una mujer embarazada única y exclusivamente en atención a los derechos del ser en gestación; sino que, de conformidad a la protección que la Constitución consagra a la maternidad y a la minoridad, la libertad de la gestante deberá ser la regla y la detención la excepción, adoptada sólo cuando no exista otra medida que se le pueda aplicar”. 9 El FJ III.2, estableció que: “De manera general en materia penal se establece que la detención preventiva viene a ser la excepción a la regla, de que la persona asuma su defensa en libertad, en ese sentido el art. 7 del CPP, señala que: ‘La aplicación de medidas cautelares establecidas en este Código será excepcional…’, por lo que esta medida de carácter personal debe ser aplicada sólo cuando se establezca que otra medida no puede garantizar la presencia del imputado en el proceso, así como el cumplimiento de la sentencia a dictarse; así también, esta excepción es reforzada en el caso de mujeres que se encuentren en periodo pre y post natal, no solo por el riesgo que corre la salud o la vida de la madre, sino también, por el riesgo que puede correr también la vida y la salud del ser en gestación o recién nacido, en ese sentido el legislador a fin de resguardar tanto a la madre como al nuevo ser, estableció en la parte in fine del art. 232 del CPP, que la detención preventiva de este grupo social será de ultima ratio, al no ser factible la aplicación de otra medida alternativa. En ese sentido, el anterior Tribunal Constitucional en la SC 0120/2005-R de 2 de febrero, ha establecido en relación al referido art. 232 del CPP, que: ‘…esta previsión no conlleva la prohibición de ordenar la detención de la mujer embarazada, o que, en todos los casos, de existir orden de detención o de privación de libertad de la gestante, emanada de autoridad competente, el Juez o Tribunal tenga que disponer necesaria y obligatoriamente la libertad; sino que deberá considerar para su aplicación, por una parte, el carácter excepcional de esta medida cautelar en función a las regulaciones contenidas en los arts. 7 y 221 del CPP y por otra, los alcances del citado art. 232 del CPP, y en su caso, las previsiones contenidas en los arts. 233, 234 y 235…’. Asimismo, en la referida SC 0120/2005-R, se estableció que cuando la medida cautelar de detención preventiva impuesta cumpla con todas las formalidades establecidas por la ley, la situación de embarazo de la mujer sometida a juicio y que esté por determinarse su detención preventiva o solicite la cesación de la referida medida, el juez o tribunal deberá valorar en forma integral, todos los elementos, haciendo asimismo una ponderación de bienes jurídicos involucrados, en ese sentido se señaló que: ‘…atendiendo las características y circunstancias fácticas diferentes y particulares que informan el caso en particular y encontrar una medida adecuada que suponga un equilibrio de ambas circunstancias, o sea, deberá ser objeto de consideración, por una parte, el deber de asegurar la Entonces, conforme a los estándares internacionales e internos, para el análisis de la proporcionalidad, como criterio para la aplicación de medidas cautelares a mujeres, desde una perspectiva de género, deberán considerarse los siguientes aspectos: i) La detención preventiva para mujeres en estado de gestación y en periodo de lactancia de hijos menores a un año; por regla general resulta improcedente y, excepcionalmente, podrá ser dispuesta cuando no exista ninguna otra medida sustitutiva idónea que pueda ser aplicada; ii) Para la imposición de medidas cautelares, en el marco de lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades judiciales deben considerar diversos elementos como: ii.a) La posición particular y de desventaja histórica que tienen las mujeres en la sociedad, ii.b) El historial de victimización anterior; ii.c) La ausencia de circunstancias agravantes en la comisión del delito; y, ii.d) El impacto diferencial e incremental de la aplicación de la pena privativa de la libertad respecto de las personas bajo su cuidado; y, iii) En los casos en los que la persona tengan bajo su responsabilidad a niños, niñas y adolescentes, las autoridades judiciales deben aplicar con mayor rigurosidad los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad al momento de considerar la aplicación de la detención preventiva.
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad; a la vida, integridad física, psicológica y sexual; a ser protegidos oportuna y efectivamente por los jueces o tribunales; a un desarrollo integral que considere el interés superior del niño, a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso vinculados a los principios pro homine, pro actione y de informalismo así como la garantía de prohibición de tortura; toda vez que, la autoridad jurisdiccional ahora demandada mediante el Auto 1371/2024 de 8 de presencia del imputado en el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, y por otra, la protección a la madre y del nasciturus o ser gestante, a cuyo efecto, en función de lo previsto por el último párrafo del art. 232 del CPP, deberá tener en cuenta, que antes de imponer la detención preventiva de la gestante o madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la autoridad competente tiene el deber de agotar todas las posibilidades de aplicar otras medidas cautelares alternativas o sustitutivas previstas por ley”. 10Respecto al juicio de proporcionalidad, la SCP 0025/2018-S2 de 28 de febrero en el FJ III.2, manifestó: El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida”.
octubre, declaró inadmisible la apelación interpuesta por Zunilda Jiménez Flores -ahora co demandante de tutela- contra la Resolución de Sanción Disciplinaria “113/2024”, sin considerar el interés superior de su hijo lactante, lo previsto por el art. 134 de la LEPS y el principio de proporcionalidad aplicable al caso en cuestión.
De los antecedentes contenidos en el expediente, se establece que Alejandro Rocha Brun y Zunilda Jiménez Flores, ahora solicitantes de tutela, son padres de AA, un bebé lactante que al momento de la interposición de la presente demanda tutelar, tenía casi once meses de edad (Conclusión II.1). En ese contexto, el menor se encontraba junto a su madre, quien cumplía detención preventiva en el Centro Penitenciario La Merced de Oruro, por la presunta comisión del delito de asesinato.
Mediante la Resolución de Sanción Disciplinaria 114/2024 de 18 de septiembre, Elizabeth Elsa Villarte Alcázar, Directora del mencionado Centro Penitenciario, determinó que Zunilda Jiménez Flores incurrió en faltas muy graves, tipificadas en el artículo 130 de la LEPS, al haber sido encontrada en posesión de un celular marca Samsung color gris. En consecuencia, se le impuso la sanción de “10 días calendario de Arresto Domiciliario” (Conclusión II.2). Ante esta decisión, la detenida preventiva interpuso recurso de apelación ante la Jueza de Ejecución Penal, ahora demandada.
No obstante, en el memorial de apelación, Zunilda Jiménez Flores hizo referencia errónea a la “Resolución Disciplinaria N° 113/2024” en lugar de la 114/2024 (Conclusión II.3). En virtud de ello, la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, al resolver la apelación mediante el Auto 1371/2024 de 8 de octubre, declaró inadmisible el recurso, rechazando la impugnación y ratificando la sanción disciplinaria impuesta.
Ahora bien previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es preciso tomar en cuenta la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; a través de la cual, se establece que la acción de libertad correctiva puede interponerse para evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, es decir no busca la libertad de la persona, sino, corregir situaciones desfavorables de las personas privadas de libertad, incluidas, aquellas que lesionan a la integridad personal, que debe entenderse en lo físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana, entendiendo que conforme a la problemática planteada los peticionantes de tutela consideran que el Auto 1371/2024, agravó la situación de privada de libertad Zunilda Jiménez Flores al ser madre de un bebe lactante, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática.
Asimismo, cabe señalar que conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el principio del interés superior del niño se halla reconocido en la Constitución Política del Estado (art. 60), estableciendo la obligación del Estado, la sociedad y la familia de garantizar la prioridad de sus derechos, protección y acceso a una justicia especializada, además de precautelar y regular estos derechos basados en la dignidad y el desarrollo integral. De este modo, en el ámbito normativo interno, el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) y el Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) establecen la preeminencia de los derechos de los menores y la obligación de interpretar las normas en su beneficio, asegurando su protección en cualquier circunstancia. A nivel internacional, el corpus juris de protección infantil está conformado por tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 19), el Protocolo de San Salvador (art. 16) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. VII), que garantizan medidas especiales de protección conforme se estableció en el Fundamento Jurídico ya mencionado. En este sentido, toda autoridad judicial, administrativa o de cualquier índole, así como las instituciones públicas y privadas, deben priorizar el interés superior del niño al imponer medidas que lo afecten atendiendo prioritariamente su bienestar.
Bajo ese marco normativo y jurisprudencial aplicable, a los fines de resolver la problemática presentada ahora resulta fundamental abordar la resolución denunciada. En este sentido, el Auto 1371/2024 señala:
"Que la Directora del Centro Penitenciario de La Merced remite la Resolución de Sanción Disciplinaria N° 114/2024, impuesta a la privada de libertad recurrente.
Que, conforme a los fundamentos expuestos por la interna recurrente, esta interpuso apelación incidental contra la Resolución N° 113/2024. Sin embargo, se advierte que dicha resolución no le corresponde, ya que la Directora del centro penitenciario La Merced emitió en su contra la Resolución de Sanción Disciplinaria N° 114/2024.
Que, en virtud de lo expuesto, y al existir omisiones en aspectos sustanciales y no meramente formales, se concluye que la impugnación debe cumplir con requisitos específicos, entre ellos, recurrir en apelación contra la resolución efectivamente notificada. En consecuencia, corresponde declarar la inadmisibilidad..." (sic). Del análisis de la referida resolución se desprende que la inadmisibilidad del recurso se fundamentó en que la recurrente -ahora parte impetrante de tutela- apeló contra la Resolución 113/2024, que no le correspondía. No obstante, en la misma resolución, la Jueza demandada reconoce que la Directora del Centro Penitenciario remitió la Resolución de Sanción Disciplinaria 114/2024, la cual sí era aplicable a la recurrente y actual accionante.
En este contexto, el memorial de apelación presentado por la accionante contenía un elemento relevante consistente con el aviso que tenía un hijo lactante de once meses; por lo que, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3. dicha circunstancia debía ser valorada conforme al principio del interés superior del niño, en relación a lo previsto por el art. 19.4 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), por lo que, la Jueza tenía la obligación de realizar un análisis de fondo de la Resolución de Sanción Disciplinaria, aplicando un juicio de proporcionalidad para garantizar el pleno disfrute de los derechos del menor y su desarrollo integral.
Asimismo, la citada autoridad jurisdiccional demandada omitió considerar el art. 134 de la LEPS, que prohíbe la imposición de sanciones de permanencia solitaria a mujeres embarazadas o con hijos lactantes. Si bien la Jueza, en su informe, sostuvo que la sanción impuesta fue de diez días de “arresto domiciliario” y no de permanencia solitaria, lo cierto es que dicha sanción no está prevista en la normativa vigente. En todo caso, la sanción impuesta se adecúa a la descrita en el art. 133.6 de la LEPS como "permanencia solitaria en su celda individual o en aquellas destinadas especialmente para tal efecto".
Siguiendo el análisis en cuanto a la falta de aplicación del principio de proporcionalidad, el art. 133 de la LEPS establece un catálogo de sanciones aplicables a las faltas muy graves, lo que exigía que la autoridad demandada evaluara la sanción impuesta bajo este principio; más aún, cuando conforme al Fundamento Jurídico II.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la detención preventiva en el caso de mujeres embarazadas y con hijos lactantes debe ser excepcional sumado a que las Reglas de Bangkok y el art. 134 de la LEPS establecen que las sanciones de aislamiento están prohibidas para mujeres en estas condiciones, garantizando un trato digno y humano para ellas y sus hijos.
Por lo expuesto, se concluye que la autoridad demandada, al declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación, emitió una resolución contraria a los Fundamentos Jurídicos III.2, III.3 y III.4. evidenciándose la vulneración de los derechos invocados en la presente demanda tutelar vinculados a los principios pro homine, pro actione y de informalismo. tanto en la co demandante de tutela, Zunilda Jiménez Flores, como en su hijo lactante de once meses, lo que justifica la concesión de la tutela solicitada. Finalmente en relación a la presunta lesión del derecho a la integridad sexual y la garantía de prohibición de tortura, corresponde denegar la tutela impetrada, al no existir elementos probatorios que acrediten dicha denuncia, ya que sólo se menciona su vulneración de forma lirica sin fundamentación; lo mismo acontece en relación al co solicitante de tutela, Ricardo Alejandro Rocha Brun padre de AA y concubino de Zunilda Jiménez Flores donde no se advierte que él mismo esté sufriendo una restricción a los derechos fundamentales garantizados por la acción de libertad que justifique el otorgamiento de la tutela a su favor.
Por lo expuesto, al Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 184/2024 de 10 de octubre, cursante de fs. 51 a 56 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a Zunilda Jiménez Flores y el menor AA, en los mismos términos dispositivos que la Sala Constitucional referida y conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela respecto a la vulneración al derecho a la integridad sexual y la garantía de prohibición de tortura, así como en relación al co peticionante de tutela Ricardo Alejandro Rocha Brun. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA MAGISTRADA
5 La SCP 0129/2012 de 2 de mayo en el Fundamento Jurídico III.2, señaló que uno de los contenidos del principio de interés superior, a partir de la interpretación del art. 3 de la Convención, es el de autonomía progresiva en el ejercicio de todos sus derechos, consiguiendo superar el criterio dominante referido a que los padres tienen poder sobre sus hijos al carecer éstos de autonomía, para entender que los progenitores solo tienen la función de orientarlos y dirigirlos en forma apropiada para que ejerzan sus derechos, según indica el art. 5 de la referida Convención (en ese sentido, la SC 0735/2010-R de 26 de julio).
Cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan niños a cargo, y se considerará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente, pero teniendo presente el interés superior del niño o los niños y asegurando, al mismo tiempo, que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos niños. 6Párrafo 15. “Con respecto a los artículos 7 y 10, los Estados Partes deberían presentar toda la información que sea pertinente para asegurarse de que los derechos de las personas privadas de la libertad estén amparados en igualdad de condiciones para la mujer y para el hombre. En particular, los Estados Partes deberán indicar si mujeres y hombres están separados en las cárceles y si las mujeres son vigiladas únicamente por guardias de sexo femenino. Deberán informar también acerca del cumplimiento de la norma que obliga a separar a las acusadas jóvenes de las adultas y sobre cualquier diferencia de trato entre hombres y mujeres privados de su libertad como el acceso a programas de rehabilitación y educación y a visitas conyugales y familiares. Las mujeres embarazadas que estén privadas de libertad deben ser objeto de un trato humano y debe respetarse su dignidad inherente en todo momento y en particular durante el alumbramiento y el cuidado de sus hijos recién nacidos. Los Estados Partes deben indicar qué servicios tienen para garantizar lo que antecede y qué formas de atención médica y de salud ofrecen a esas madres y a sus hijos”. Disponible en: http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom28.html
7 Ibídem, pág. 32
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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0004_2025-S1.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): ac34b09db7fda42c5cf814a8079dbf1bfcd7acfe29cfdb78c54d8e3c4f9f1389
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