Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de enero de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, señalando que su detención preventiva venció el 21 de junio de 2023; por lo cual, solicitó en dos oportunidades la cesación de la detención preventiva; empero, la autoridad demandada de forma negligente suspendió ambas audiencias, siendo que en la última oportunidad instaló la audiencia, empero, la suspendió argumento que no se había realizado las notificaciones a las partes y que ya se habría presentado la acusación formal por parte de la representación del Ministerio Público; por lo que, tampoco resolvió su solicitud, dilaciones indebidas que derivaron en que se encuentre privado de su libertad más allá del plazo inicialmente determinado por el Juez de Instrucción Penal, por lo que, solicita se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 18 vta. a 20, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención al Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por no haber cumplido con el deber de remitir los antecedentes del caso de forma ordenada y cronológica, debiendo en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplir con este deber, conforme dispone el art. 29.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2026-S3 Sucre, 29 de enero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58142-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 25 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 18 vta. a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gladys Fabiana Alonzo Mollo, en representación sin mandato de Miguel Ángel Alonzo contra Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 21 de agosto de 2023, cursante de fs. 35 a 37, el accionante a través de su representante manifestó que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto en el art. 272 bis del Código Penal (CP), el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, dispuso su detención preventiva por el lapso de treinta días, cuyo plazo venció el 21 de junio de 2023. Al cumplir el plazo, en una primera oportunidad el 14 de julio de 2023, opuso incidente de cesación de la detención preventiva, siendo que mediante decreto de 18 de julio de 2023, fijó audiencia virtual para la resolución del incidente planteado para el 20 de julio de igual año a horas 11:00; no obstante, dicha audiencia fue suspendida debido a que por secretaría se informó que no se habían realizado las notificaciones; es decir, la Gestora de Procesos incumplió con su obligación de poner en conocimiento del demandado la fecha de la audiencia; posteriormente a ello, pese a que recurrentemente sus abogados se apersonaban al juzgado para averiguar la fecha de la nueva audiencia, el personal a cargo únicamente manifestaba que el expediente se encontraba en despacho. Ante ello, el 8 de agosto de 2023 nuevamente solicitó la cesación de la detención preventiva, fijándose como fecha de la segunda audiencia el 16 de agosto de 2023; empero, en esta oportunidad, tampoco se resolvió su pedido, con el mismo argumento, de que no se habían efectuado las notificaciones y se añadió que el Ministerio Público ya había presentado la acusación formal, mismo que habría sido presentada fuera del plazo otorgado bajo conminatoria por el Juez Instrucción Penal; asimismo, hizo hincapié en que el plazo de duración de la detención preventiva de treinta días ya se venció, siendo que a la fecha de presentación de la presente acción tutelar, se encuentra privado de su libertad por sesenta y cinco días.
A partir de la lectura de la acción interpuesta se colige que el impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad; y, se señale día y hora de audiencia.
Celebrada la audiencia pública el 26 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 16 a 20, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y ampliándola señaló que: a) Como consecuencia de la audiencia cautelar por el delito de violencia familiar o doméstica celebrada el 20 de mayo de 2023, se dispuso la detención preventiva del demandante de tutela, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; y además, se conminó al representante del Ministerio Público para presentar su acusación, pese a que se solicitó en dos oportunidades la cesación de la detención preventiva, por negligencia de los funcionarios judiciales y el propio Juez no se realizaron las notificaciones para las audiencias, quedando frustrada la aspiración de que recobre su libertad y el Ministerio Público presentó extemporáneamente su acusación formal, b) Cuando los abogados del impetrante de tutela, se apersonaban al juzgado a efecto de conocer si se había señalado fecha y hora de las audiencias para definir la cesación de la detención preventiva y verificar si se habían efectuado las notificaciones del caso, los funcionarios del juzgado, únicamente manifestaban que el cuaderno se encontraba en despacho; y, c) La SCP 0014/2021-S3 de 19 de febrero, indicó que mientras no se encuentre radicada la causa en el Juzgado o Tribunal de Sentencia, el Juez de Instrucción Penal debe llevar a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva; lo cual ocurre en el presente caso, pues se tiene conocimiento de que no se produjo la radicación en el Juzgado de Sentencia, no existiendo justificativo alguno para que se le mantenga privado de su libertad por sesenta y cinco días.
Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 14.
El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 25 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs.18 vta. a 20, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con la citada Resolución señale audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Se advirtió que la autoridad demandada, mediante decreto de 18 de julio de 2023, señaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para el 20 de igual mes y año; sin embargo, dicha audiencia fue suspendida porque la secretaria informó que no se habían llevado a cabo las notificaciones; asimismo, el 26 del mismo mes y año, se presentó acusación formal ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz; también se evidenció que el Juez demandado, ante una segunda solicitud de cesación de la detención preventiva, mediante decreto de 8 de agosto señala nueva audiencia para el 16 de agosto de 2023, la cual fue también suspendida debido a que las partes no se encuentran debidamente notificadas y que la causa ya se encontraba con acusación formal presentada por el representante del Ministerio Público; y, 2) Conforme la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0717/2003-R, 1164/2003-R y 785/2010-R, se tiene que se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades demandadas no desvirtuasen los hechos de la demanda; asimismo, conforme las SSCC 14/21-S3, 33/1009-3 de 25 de marzo y 1584/2005-R de 7 de diciembre, cuando se trata de incidentes de cesación de la detención preventiva, el Juez de control jurisdiccional tiene la facultad de resolverlas, aun cuando se presente la acusación formal, siempre y cuando no se hubiera radicado la causa, ya sea en un Tribunal o Juzgado de Sentencia, que es lo que se produjo en el presente caso; toda vez que, en la audiencia que suspendió el incidente de cesación de la detención preventiva, se hizo mención a que existiría una acusación formal, solicitando a secretaría que se remitan antecedentes; es decir, hasta ese momento el cuaderno procesal se encontraba en el Juzgado de Instrucción Penal; por tanto, no contaba con radicatoria.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Miguel Ángel Alonzo -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto en el art. 272 BIS del CP, estando dispuesta su detención preventiva por el lapso de treinta días, el impetrante de tutela, el 14 de julio de 2023 solicitó la cesación de la detención preventiva, siendo que como consecuencia de ello mediante decreto de 18 del mismo mes y año, se señaló audiencia para el 20 de julio de 2023; empero, dicha audiencia se suspendió debido a la falta de notificación a las partes (fs. 21 a 23). II.2. Cursa la acusación formal presentada el 27 de julio de 2023, por Jessica Ruth Chávez Veneros, Fiscal de Materia adscrita a la fiscalía especializada en delitos en razón de género y violencia sexual del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 BIS del CP, a instancia de Mabel Guzmán Gonzales y Neysa Guzmán Gonzales contra el ahora accionante (fs. 24 a 30 vta.). II.3. Se constata que el 8 de agosto de 2023, nuevamente solicitó la cesación de la detención preventiva, consiguientemente, mediante decreto emitido el mismo día, se fijó audiencia de consideración para el 16 de agosto de 2023, oportunidad en la que se dispuso suspender dicha audiencia porque las partes no fueron notificadas y que además ya se presentó la acusación formal por parte de la representación del Ministerio Público (fs. 11 y 12).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, señalando que su detención preventiva venció el 21 de junio de 2023; por lo cual, solicitó en dos oportunidades la cesación de la detención preventiva; empero, la autoridad demandada de forma negligente suspendió ambas audiencias, siendo que en la última oportunidad instaló la audiencia, empero, la suspendió argumento que no se había realizado las notificaciones a las partes y que ya se habría presentado la acusación formal por parte de la representación del Ministerio Público; por lo que, tampoco resolvió su solicitud, dilaciones indebidas que derivaron en que se encuentre privado de su libertad más allá del plazo inicialmente determinado por el Juez de Instrucción Penal, por lo que, solicita se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, sistematizadora de línea, respecto al desarrollo jurisprudencial de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho referido a los casos de solicitudes de medidas cautelares, expuso el siguiente entendimiento:
«El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- [procede]“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido).
Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.
La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004, precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada a las 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 3El FJ III.2, indica: “(…) de conformidad al art. 54.I CPP, en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción Penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde, la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, estableció que al margen de que la causa se haya sorteado ante el Tribunal de Sentencia Penal, el Juez de Instrucción Penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la causa todavía no radicó ante el referido Tribunal, entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y por la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementado esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia, no solo primario sino fundamental, es posible que el Juez de Instrucción Penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aun se haya presentado la acusación fiscal, siempre y cuando, no se hubiera radicado la causa en un determinado Tribunal de Sentencia Penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el Juez de Instrucción Penal hasta que la causa sea radicada ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal;
presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares”. 4El FJ III.2, indica: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación (…)”. 5El FJ III.2, reitera: “…`el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares…´”. 6El FJ III.4, refiere: “Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. (…).cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 487/2005-R, de 6 de mayo…” (el subrayado es nuestro)
actuado con el cual, recién perdía competencia el Juez de Instrucción Penal.
Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido por la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril, que señala que con la remisión de la causa ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, los Jueces o Tribunales de Sentencia Penal adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto, entiende que la remisión del expediente ante el Tribunal de Sentencia Penal por 7El FJ III.2, indica: “Es menester recalcar que se considera que todas las solicitudes relacionadas a medidas cautelares, se encuentran íntimamente ligadas al derecho a la libertad; por lo que, en virtud al carácter fundamental y primordial de ese derecho, deben ser resueltas con celeridad. Este razonamiento, como se tiene dicho se ha empleado como base para establecer una salvedad en la vía jurisprudencial, en la medida que se otorga al juez de instrucción penal la atribución de conocer y resolver una solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, presentada ante dicha instancia, aún cuando en la causa ya hubiere sido presentada la acusación, la competencia en el proceso subsiste hasta la remisión de obrados, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación de la acusación, caso en el que mantendrá su potestad para resolver la solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, únicamente cuando:
Con carácter previo y dentro de las veinticuatro horas referidas en el art. 325 del CPP, haya fijado audiencia para la consideración de esas medidas, de modo que la audiencia y el plazo de remisión sean plenamente compatibles.
Toda vez que, una vez remitida la causa en el juez o tribunal de sentencia, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal, momento a partir del cual los jueces técnicos, adquieren competencia plena para conocer y resolver lo que en adelante corresponda, incluyendo naturalmente las solicitudes de las partes que versen sobre las medidas cautelares, sin que “el saneamiento procesal” perteneciente a una norma abrogada, pueda constituirse en un óbice a tal efecto. Sin embargo, aún bajo éstos nuevos parámetros resulta fundamental señalar que, no obstante a que el espíritu de la norma penal adjetiva, al disponer una remisión de obrados con celeridad -dentro de las veinticuatro horas-, obliga al juez de instrucción penal a remitir los actuados ante el tribunal o juez de sentencia, causando la pérdida de competencia, como se tiene dicho, por la importancia que reviste el derecho a la libertad, la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre ese su derecho; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, permitiendo aplicar la subregla precedente a aplicarse para armonizar el mandato legal particular del art. 325 del CPP, con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, de forma que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, sea por el juez de instrucción penal o por el tribunal o juez de sentencia, en los distintos momentos procesales según lo desarrollado, materializando de esta forma la vigencia de derechos, garantías y principios nodales para nuestro Estado Constitucional, como lo es el derecho a la libertad, a través de la aplicación de la ley misma a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado para el caso en concreto”. 8El FJ III.3, indica: “En el presente caso, se tiene que el accionante debió acudir ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, ante el cual fue remitido los antecedentes procesales de la causa, conforme manifestó uno de los jueces del Tribunal que se declaró incompetente (Conclusión II.5); a efectos de que conozcan y se pronuncien sobre su solicitud de cesación a la detención preventiva, si bien, conforme se advierte de la (Conclusión II.4); el accionante solicitó mediante memorial de 23 de junio de 2017, cesación a la detención preventiva, empero, día anterior a la presentación del precitado memorial se emitió la Auto Interlocutorio 122/2017, en la que el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto, declaró fundado la excepción de incompetencia planteada por el Ministerio Público, anulando obrados hasta el acta de sorteo de 2 de junio de 2017, disponiendo la remisión de antecedentes a un tribunal de turno de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer del departamento de La Paz; siendo evidente que la autoridad ahora demanda carecía de competencia para tramitar el incidente: toda vez que la causa inicialmente fue radicada en el mencionado Tribunal, el cual posteriormente dispuso que se remitiera a un Tribunal especializado en materia de anticorrupción según se evidencia el Auto Interlocutorio 122/2017.
De lo manifestado supra, el accionante tendría que realizar su solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, como emergencia de la determinación asumida en la Auto Interlocutorio 122/2017; por lo que la autoridad demandada actuó de acuerdo al art. 325.I del CPP, que prevé: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la o el Juez Instructor dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo, remitirá los antecedentes a la o el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad”, entendiéndose que al haber efectuado el sorteo aún de manera incorrecta remitiendo los antecedentes ante un Tribunal de Sentencia, habría perdido competencia de manera previa a la presentación del memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, encontrándose imposibilitado legalmente de pronunciarse sobre la solicitud del accionante, quien al no haber realizado su petitorio de cesación ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad; en tal sentido cuando se consideran vulnerados o amenazados los derechos a la libertad a la vida a libertad de locomoción por actos u omisiones desplegados, previo a acudir a la jurisdicción constitucional las partes involucradas en un la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el Juez de Instrucción Penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino, dinámica, evolutiva y va mutando, se va complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces y tribunales para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presente la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP modificados por el art. 8 de la Ley 586, corresponde de manera expresa efectuar una reconducción de la línea jurisprudencial, haciendo efectivos los principios de celeridad, de seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; por lo que, con relación a la competencia del Juez de Instrucción Penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal, corresponde reconducir las líneas establecidas por las SSCC 0487/2005-Ry 1584/2005-R; última Sentencia que en su Fundamento Jurídico III.4, señaló:
…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la Sentencias Constitucionales 487/2005-R, de 6 de mayo…” (las negrillas y el subrayado es nuestro).
proceso judicial, deben agotar los medios intra procesales previstos por ley a efectos de alcanzar la definición de sus derechos y, en caso de considerarlos lesionados acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, situación que en el caso de análisis no ha acontecido”. 9El FJ III.2, establece: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado; empero, cabe señalar que al estar radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, como efectos de la acusación formulada por el Ministerio Público, por razones de economía y celeridad procesal resulta conveniente que la referida solicitud tenga que ser considerada por el Tribunal de Sentencia, conforme ha sido dispuesto por el Juez de hábeas corpus a fin lograr el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, cual es el objetivo de los referidos principios”.
Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.
Reconducción que se realiza de conformidad con la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, que señalan que los privados de libertad, en este caso el imputado, tiene derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia, entre otros, facultándolo a interponer las solicitudes de cesación de la detención preventiva, en cualquier momento hasta antes que se dicte sentencia ejecutoriada, tomando en cuenta que la detención preventiva no causa estado y puede ser modificada en cualquier oportunidad; y toda vez que, el Juez de Instrucción Penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal; lo contrario, conllevaría dejar al imputado sin control jurisdiccional o en incertidumbre jurídica. En este sentido, las SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.2, precisó algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva:
…a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente (las negrillas son agregadas).
La sistematización precedentemente glosada fue extraída de la SCP 0551/2018-S2, de 25 de septiembre.
La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: 1) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, 2) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos corresponden). En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la 10 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´(SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las SSCCPP 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre11, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril12, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
Entendimiento extraído de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0142/2018-S2 de 30 de abril y 0259/2018-S2 de 18 de junio.
El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, indicando que su detención preventiva venció el 21 de junio de 2023; por lo cual, solicitó en dos oportunidades la cesación a la detención preventiva, empero, la autoridad demandada de forma negligente suspendió ambas audiencias, siendo que en la última oportunidad llegó a instalar la audiencia, sin embargo, la suspendió argumentando que no se había realizado las notificaciones correspondientes a las partes y que ya se habría presentado la acusación formal por parte de la representación del Ministerio Público; por lo que, tampoco resolvió su solicitud, dilaciones indebidas que derivaron en que se encuentre privado de su libertad más allá del plazo inicialmente determinado por el Juez de Instrucción Penal, por lo que, solicita que se conceda la tutela y se disponga su inmediata libertad.
De la revisión de antecedentes del presente fallo constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal que se le sigue al impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado en el art. 272 BIS del CP, en audiencia cautelar celebrada el 20 de mayo de 2023, se dispuso su detención preventiva por el lapso de treinta días; ante ello, y considerando que dicho plazo ya se había cumplido, el 14 de julio de 2023 en una primera oportunidad solicitó audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva, que fue señalada para el 20 del mismo mes y año (Conclusión II.1); de acuerdo a lo manifestado por el accionante, dicha audiencia fue suspendida por no haberse realizado las notificaciones; hecho que se tiene por cierto en mérito al precedente constitucional citado en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sobre la presunción de veracidad de hechos afirmados por el accionante; puesto que el demandado no concurrió a la audiencia ni presentó informe escrito; posteriormente, el 27 de julio de 2023, la representación del Ministerio Público presentó su acusación formal (Conclusión II.2); finalmente, ante la inexistencia de pronunciamiento expreso y pronto sobre su situación procesal, el ahora accionante solicitó nuevamente cesación de su detención preventiva el 8 de agosto de 2023, fijándose audiencia para el 16 del citado mes y año, sin embargo, una vez que se instaló la audiencia, la autoridad demandada la suspendió debido a falta de notificación a las partes e hizo mención a que ya en la causa se presentó la acusación formal por parte del Ministerio Público (Conclusión II.3). Ahora bien, un primer aspecto a tomar en cuenta es que la acción de libertad de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; puesto que, toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, puesto que en mérito al principio de celeridad no es admisible que en la tramitación de causas en las que esté involucrada la libertad de una persona, se suspendan audiencias de consideración de la cesación de la detención preventiva, por motivos atribuibles exclusivamente a las autoridades y a los funcionarios judiciales o por inobservancia de los precedentes establecidos por la jurisprudencia constitucional. En el caso que nos ocupa, la primera audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva fue suspendida por falta de notificación a las partes, lo que es atribuible exclusivamente a los operadores de justicia; tampoco cursa el señalamiento de una nueva audiencia para la consideración de lo solicitado, sino que, fue el propio impetrante de tutela, quien presentó posteriormente una nueva solicitud de cesación que derivó en la instalación de otra audiencia, la cual fue suspendida por la misma razón de la primera; es decir, por falta de notificación a las partes, y además haciéndose referencia que ya se presentó la acusación formal; consecuentemente, se advierte la dilación indebida en la que ha incurrido la autoridad demandada, al no haber asumido con diligencia su función de director del proceso, puesto que no solo omitió supervisar el cumplimento de funciones del personal subalterno, sino que además, no adoptó ninguna determinación para evitar que se reitere la falta de notificación; tal es así que, la segunda audiencia fijada para el 16 de agosto del 2023, también fue suspendida por la falta de notificación a las partes; es más, la dilación que ha provocado el demandado, es tal que los señalamientos fueron fijados fuera del plazo de cuarenta y ocho horas. Por lo señalado, queda claramente establecido que no solo la inobservancia de plazos puede constituir una demora o dilación indebida, sino también la falta de resolución de la situación jurídica del privado de libertad, por omisiones negligentes que dieron lugar a suspensiones de audiencias, como ocurrió en el caso particular, puesto que a raíz de suspensiones sucesivas de la audiencia de cesación de la detención preventiva por el mismo motivo; vale decir, la falta de notificación a las partes, situación que de ninguna manera es atribuible al demandante de tutela; advirtiéndose en consecuencia inobservancia al principio de celeridad al no tomar los debidos recaudos para la resolución del incidente planteado, tomando en cuenta que se trataba de una persona privada de su libertad, dejando sin resolver la situación jurídica del impetrante de tutela; con lo cual, se vulnera su derecho a la libertad personal, puesto que se ha prolongado indebidamente la revisión de su situación jurídica. Por otro lado, en relación al segundo motivo por el que se suspendió la última audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva; vale decir, que en el proceso ya se habría presentado la acusación formal, conviene remitirse al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que expresa, que es plenamente factible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver una solicitud de cesación de la detención preventiva, aún ya se hubiera presentado la acusación formal;
empero, siempre y cuando no se hubiera radicado la causa en un Tribunal o Juzgado de Sentencia; en el presente caso, al margen de no haberse resuelto el incidente por negligencia en las notificaciones, si bien se produjo la presentación de la acusación fiscal por parte de la representación del Ministerio Público, no existe evidencia de que la causa se haya radicado en el Juzgado o Tribunal de Sentencia correspondiente; por lo que, aplicando los criterios contenidos en la citada jurisprudencia constitucional, el Juez de Instrucción Penal, debió proceder a su consideración, más aun tomando en cuenta que el art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del mismo cuerpo legal, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el referido Juez de Instrucción Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación; motivo por el cual, en definitiva corresponde conceder la tutela solicitada.
Finalmente, es importante aclarar que, si bien el Tribunal de garantías adjuntó documental en la presente causa que sirvió de base para el análisis precedente, no es menos cierto que la documental fue aparejada de manera desordenada sin una secuencia cronológica; razón por la cual, corresponde llamar la atención y exhortar a que en ulteriores oportunidades se cumpla con la remisión de antecedentes de forma ordenada, en consideración a que en esta instancia de revisión se debe contar con todos los elementos de forma ordenada y coherente. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25 de 26 de agosto de 2023, cursante de fs. 18 vta. a 20, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención al Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por no haber cumplido con el deber de remitir los antecedentes del caso de forma ordenada y cronológica, debiendo en futuras acciones tutelares que sean puestas en su conocimiento, cumplir con este deber, conforme dispone el art. 29.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
11 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado (…)”.
12 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como
objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0003_2026-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4337475235e49a7c61e2a2d1a1952b58bedd0896e5336829f4bef682f7da572a
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