B.IA.LEGAL

SCP 0003/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 15 de enero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
15 de enero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58138-2023-107-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; además del principio de celeridad; puesto que, el Auto de Vista 75/2023 de 6 de junio emitido por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dispuso modificaciones sobre las medidas cautelares, siendo una de ellas la modificación de la detención domiciliaria con dos custodios permanentes a la presencia de un solo custodio; sin embargo, a la fecha de interposición de la acción de libertad no fue efectivizada por el Comandante ni por el Director hoy accionados, al no otorgarle custodio policial por falta de personal; siendo obligación de la Policía Boliviana otorgar la custodia dispuesta; más aun, al existir incluso notas solicitando su cumplimiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la celeridad para dar cumplimiento a la orden de detención domiciliaria; b) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2023 de 2 de septiembre, cursante de fs. 117 a 122, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho a la libertad y al principio de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

a) Disponer que el Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana y el Director del Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de dicho departamento, de manera inmediata procedan al cumplimiento de la designación de custodio policial a Rufino Nicasio Mamani, salvo que la misma ya hubiese ocurrido por el transcurso del tiempo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la celeridad para dar cumplimiento a la orden de detención domiciliaria
  2. III.2. La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2026-S1 Sucre, 15 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58138-2023-107-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 57/2023 de 2 de septiembre, cursante de fs. 117 a 122, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rufino Nicasio Mamani contra “Bernardino” Isnado Pimentel, Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana; y, Fernando Enrique Veliz Villa, Director del Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 86 a 89 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Alexander Mamani Gómez por la presunta comisión del delito de violación agravada previsto y sancionado por los arts. 308 con relación al 310 inc. l) del Código Penal (CP); detenido preventivamente por el tiempo de dos meses en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, mediante Auto de 23 de marzo de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí. El 24 de mayo del referido año, se llevó a cabo la audiencia de control jurisdiccional en la que el citado Juez emitió el Auto de la misma fecha disponiendo la cesación de la detención preventiva y la aplicación de medidas cautelares personales establecidas por el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Finalmente, se dispuso para el cumplimiento de la detención domiciliaria dos custodios policiales permanentes, para ese efecto, se ordenó la emisión del mandamiento u oficio que corresponda por Secretaría ante el Comandante Departamental de Potosí de la Policía de Boliviana; Auto que fue objeto de recurso de apelación incidental por ser demasiado excesivo, resuelto mediante Auto de Vista 75/2023 de 6 de junio, modificando las medidas impuestas entre las cuales se dispuso la designación de un custodio policial permanente, el cual no fue cumplido por las autoridades ahora accionadas, motivo por el que se solicitó nuevamente al Juez de control jurisdiccional la modificación de la medida cautelar de custodio permanente a un custodio esporádico, mismo que fue rechazado planteándose nuevamente recurso de apelación emitiéndose para ello el “Auto”, confirmando la misma siendo de cumplimiento obligatorio; por lo que, a la fecha transcurrieron tres meses que se solicita la designación del referido custodio policial. Señala también la SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, que es un caso similar, en el que se concedió la tutela solicitada.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; además del principio de celeridad; citando al efecto los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se designe de manera inmediata el custodio policial permanente, sin mayores exigencias.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 2 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 109 a 116 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) El Juez de control jurisdiccional envió las notas correspondientes al Comandante y al Director ahora accionados, a efectos de cumplir la designación de un custodio permanente, dichas autoridades presentaron varias veces informes haciendo conocer la imposibilidad de la designación del referido custodio, debido a ello, se pidió al citado Juez que presente un oficio conminándoles, mismos que fueron notificados el “28 de agosto” se entiende de 2023; sin embargo, hasta la fecha de audiencia de consideración de esta acción de libertad no respondieron con memorial alguno ni con informe; b) Con relación a la verificación domiciliaria que se presentó, se entiende que es una detención domiciliaria en el domicilio que actualmente está viviendo el imputado -accionante-; y, c) Respecto a las observaciones de la vivienda tiene que existir algunas reglas de seguridad que exige en ese caso la Policía Boliviana o el Régimen Penitenciario, normativa en que apoyarse, la cual tiene que facilitarse antes de realizar el trámite de registro domiciliario para buscar un domicilio acorde a la normativa o en definitiva cambiar de medida cautelar. Marcos Abel Miranda Castro, Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, conforme establece el art. 36 de Código de Procesal Constitucional (CPCo), emitió su Voto señalando que: 1) El Auto de Vista 75/2023, dispuso en su parte resolutiva la modificación de la detención domiciliaria de dos custodios permanentes a un solo custodio; 2) Se tiene las Notas de 29 de mayo y de 25 de agosto de 2023, emitidas por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, dirigidas al Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana, con la finalidad de que se cumpla con la disposición de otorgar un custodio policial; sin embargo, hasta la fecha de la audiencia de consideración de la acción de libertad no se cumplió; y, 3) No existiendo en ese caso la designación de un custodio policial se vulneró el derecho a la libertad con relación al derecho al debido proceso en su elemento celeridad, cualquier otra situación o justificación referida en audiencia para el no otorgamiento de custodio policial, se tratará con las autoridades pertinentes, más no en este escenario. Por ello, emitió su Voto disponiendo se designe un custodio policial y en consecuencia se conceda la tutela.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

“Bernardino” Isnado Pimentel, Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana, a través de su abogado, en audiencia manifestó que: i) La carencia de funcionarios policiales dentro de la Policía Boliviana; es decir, específicamente en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí; ii) El 26 de junio de 2023, se emitió un certificado policial en el que señaló que la vivienda del accionante no contaría con las medidas de seguridad; y, iii) La SCP 0229/2023-S4 de 2 de mayo, es un caso similar; sin embargo, en ese caso no es negligencia de la Policía Boliviana; ya que, de acuerdo a los antecedentes del proceso, el Juez de control jurisdiccional de manera caprichosa indica, sin valorar las pruebas que se presentaron por el Director hoy coaccionado, que se tiene que dar cumplimiento a lo dispuesto. Alberto Aracayo Valencia, Asesor Jurídico del Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, en audiencia manifestó que: a) Se observó la solicitud con relación a dos custodios; ya que, no era pertinente tal medida; puesto que, la Policía Boliviana trabaja por turnos y serían cuatro funcionarios policiales los asignados; posteriormente, el oficio solicitando un funcionario policial también fue observado por no adjuntar el certificado domiciliario correspondiente; b) Lo último que cursa es el Oficio con Cite 493/2023 de 25 de agosto, como ya se expuso claramente no cumple con los requisitos exigidos para que se dé cumplimiento a una detención domiciliaria; c) Se manifestó que no se cuenta con funcionarios policiales en el departamento de Potosí, entonces asignar uno o dos a un interno, otorga claramente un latente riesgo en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca del referido departamento; además, se debe cumplir con diferentes medidas de seguridad interna o externa, todas las autoridades jurisdiccionales tienen conocimiento; ya que, en diferentes oportunidades fueron objeto de llamadas de atención; puesto que, no se ha podido trasladar incluso a los internos a sus audiencias; y, d) Se informó al Juez de control jurisdiccional todo lo fundamentado para que valore esos extremos, de la misma manera procedió el abogado del accionante; sin embargo, tampoco fue tomado en cuenta y de la misma manera “no correspondería”. Fernando Enrique Veliz Villa, Director del Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, en audiencia manifestó que: 1) En ese caso dispuso se designe dos custodios policiales; asimismo, se aclaró que no es una omisión o negligencia simplemente “no hay personal policial”; y, 2) Se efectuó las solicitudes correspondientes al Comando Departamental para que se puede designar más personal, sin embargo este “fenómeno” es a nivel departamental; por lo que, se ve imposibilitado de dar cumplimiento a esa orden judicial; ya que, no se tiene la posibilidad de disponer mayor personal; puesto que, designar a un funcionario policial simplemente a uno o más es poner en riesgo la seguridad de todo el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 57/2023 de 2 de septiembre, cursante de fs. 117 a 122, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en día hábil, -4 de septiembre de 2023-, deberá darse cumplimiento a la designación del custodio policial para el cumplimiento de la medida cautelar personal en favor del accionante, bajo los siguientes fundamentos: i) Es necesario señalar la SCP 1094/2017-S1 de 3 de octubre, en cuanto a la carencia de funcionarios policiales; ya que, este aspecto no se encuentra determinado como causal para la demora en su efectivización; más aun, cuando el accionante fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva; ii) No se tiene prueba que demuestre el cumplimiento de las resoluciones judiciales; en ese entendido, se evidenció que hasta la audiencia de consideración de esta acción de libertad no se otorgó el custodio policial el cual fue ordenado a través del Auto de Vista 75/2023, emitido por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; iii) Respecto a los argumentos expuestos por las autoridades ahora accionadas, de no contar con los suficientes funcionarios policiales para la designación de custodios, señalaron que no puede ingresar al análisis de las resoluciones que fueron emitidas por las autoridades judiciales que conocieron el caso, así tampoco a la imposibilidad de designar custodios, lo cual deberá ser reclamado y hacer las gestiones en las instancias correspondientes por las autoridades ahora accionadas, para el cumplimiento de sus funciones; puesto que, no es su atribución; en ese sentido, se debe dar cumplimiento al referido Auto de Vista, lo contrario significaría vulnerar derechos del accionante; y, iv) Al no existir cumplimiento de la designación de custodios para efectivizar la detención domiciliaria del accionante, se evidencia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad reclamado a través de la presente acción de libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 75/2023 de 6 de junio emitido por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por el cual declaró procedente el recurso de apelación incidental formulado por Rufino Nicasio Mamani -hoy accionante- en audiencia de control jurisdiccional del plazo de la detención preventiva de 24 de mayo de 2023, modificando el Auto de la misma fecha; en el que se dispone algunas modificaciones sobre las medidas cautelares, siendo una de ellas la modificación de la detención domiciliaria con dos custodios permanentes a la presencia de un solo custodio, disponiendo se oficie al Comando Departamental de la Policía Boliviana para la designación correspondiente y para la efectivización de esa detención domiciliaria deberá hacer llegar la certificación domiciliaria ante el Juez de origen (fs. 102 a 105). II.2. Por Nota con Cite 465/2023 de 16 de agosto, emitida por el Juez de la causa, dirigida a Bernardo Isnado Pimentel, Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana -ahora accionado- en el que el accionante solicitó que en coordinación con el Director del Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí -ahora coaccionado-, se otorgue un funcionario policial a objeto de cumplir su detención domiciliaria con custodio policial permanente (fs. 62). II.3 Consta Mandamiento de Detención Domiciliaria con Custodio Policial Permanente de 16 de agosto de 2023, librado por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, correspondiente al accionante, ordenando al Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana ponga en detención domiciliaria con un custodio policial permanente (fs. 63). II.4. Cursan Oficios con Cites 492/2023 y 493/2023 de 25 de agosto, dirigidos al Comandante y al Director ahora accionados, respectivamente por los que el accionante solicitó se otorgue un funcionario policial a objeto de cumplir su detención domiciliaria con custodio policial permanente, adjuntando fotocopia legalizada del Certificado de Verificación Policial Domiciliaria del accionante (fs. 68 y 69).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; además del principio de celeridad; puesto que, el Auto de Vista 75/2023 de 6 de junio emitido por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dispuso modificaciones sobre las medidas cautelares, siendo una de ellas la modificación de la detención domiciliaria con dos custodios permanentes a la presencia de un solo custodio; sin embargo, a la fecha de interposición de la acción de libertad no fue efectivizada por el Comandante ni por el Director hoy accionados, al no otorgarle custodio policial por falta de personal; siendo obligación de la Policía Boliviana otorgar la custodia dispuesta; más aun, al existir incluso notas solicitando su cumplimiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la celeridad para dar cumplimiento a la orden de detención domiciliaria; b) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la celeridad para dar cumplimiento a la orden de detención domiciliaria

La SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; es decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: “a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. La SCP 1349/2013 de 15 de agosto complementando dicho entendimiento, señala que: “En el marco de los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho, se tiene que las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, se encuentran sometidos a las decisiones jurisdiccionales que emanen de las autoridades competentes; en ese orden, a partir de la premisa antes señalada, debe establecerse que dichas autoridades, tienen un deber funcionario ineludible: El cumplimiento eficaz, inmediato y sin dilación alguna de decisiones jurisdiccionales en los términos plasmados en las órdenes expedidas por autoridades competentes y en caso de duda o imposibilidad de cumplimiento no atribuible al privado de libertad, las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen el deber ineludible de procurar con celeridad y diligencia un cumplimiento de la decisión jurisdiccional en el marco de una interpretación lo más favorable y extensiva a la libertad, postulado que tiene sustento jurídico-constitucional en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales como es el pro-libertatis, cuya génesis constitucional se encuentra en los arts. 13.I, y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese contexto, se concluye que cualquier dilación en la ejecución inmediata de decisiones jurisdiccionales que dispongan detenciones domiciliarias o la libertad de personas privadas de libertad; o cualquier dilación en la procura y diligencia del cumplimiento eficaz de una decisión judicial en el marco del principio pro-libertatis, implicará una afectación al derecho a la libertad, la cual podrá ser tutelada a través de la acción de libertad en su modalidad expeditiva o de pronto despacho en el marco de los argumentos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional” (las negrillas son nuestras). La SCP 0310/2025-S1 de 17 de abril, citando a la SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, así también establece que: “…En este entendido, se tiene que la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, en una interpretación evolutiva del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o de locomoción. Por lo que, en una interpretación acorde con el bloque de constitucionalidad imperante y en el marco del objeto de protección de la denominada acción de libertad expeditiva o de pronto despacho; es preciso establecer que la activación de este mecanismo tutelar, para su eficacia, no necesita el agotamiento previo de mecanismos intraprocesales de defensa y puede ser interpuesta de manera directa por los afectados o cualquier persona a su nombre, cuando su libertad física o de locomoción se encuentre afectada por dilaciones indebidas, provocadas por autoridades públicas o particulares”.

III.2. La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad

La citada SCP 0188/2018-S2 establece que: «Si bien la medida cautelar de detención domiciliaria tiene algún elemento en común con la preventiva, de ningún modo, una y otra pueden equipararse; de hecho, tal como está regulada en nuestra legislación procesal penal, la primera, no aparece como una forma de detención preventiva, sino, como una medida sustitutiva a ésta. Por lo que, ambas medidas tienen en común, la restricción de la libertad y se muestran como cautelares, que ayudan a la consecución de la finalidad del proceso penal; sin embargo, esas semejanzas no alteran el hecho de ser distintas, pues no pueden equipararse en sus efectos personales ni en el análisis de las condiciones de procedencia.

Si bien ambas medidas cautelares afectan la libertad de locomoción del individuo, lo hacen en intensidades distintas; pues, la detención domiciliaria es una medida alternativa a la detención preventiva, cuando no concurrieron los requisitos exigidos por el art. 233 del Código Procesal Penal (CPP) para disponerla. No cabe duda que la libertad del individuo se resiente más, cuando se dispone su procesamiento con mandato de prisión preventiva, que cuando se la restringe con detención domiciliaria.

La detención domiciliaria supone una intromisión menos grave a la libertad; pues, resulta una menor carga psicológica, no siendo lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio, que en prisión. En definitiva, tal como están reguladas tanto la detención domiciliaria como la preventiva, aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho a la libertad personal respecta. En ese sentido, la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad.

En ese sentido, cabe mencionar que la SCP 0702/2012 de 13 de agosto estableció que el cumplimiento de la aplicación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria por parte de una autoridad policial, no debe justificarse por falta de personal; entendiendo que el ejercicio de los derechos no puede supeditarse a la disponibilidad de recursos económicos ni materiales del Estado; al respecto, en el Fundamento Jurídico III.2, refiere:

Asimismo, el ejercicio de los derechos puede requerir de ciertas condiciones materiales, pero estas no pueden constituir un obstáculo, ello porque el Estado boliviano tiene el deber de adoptar las medidas que sean necesarias para efectivizar los derechos, así el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), determina que: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”, deber que alcanza entonces a medidas administrativas, presupuestarias, de asignación de recursos humanos, entre otras. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 6 de mayo de 2008, dentro del caso Yvon Neptune vs. Haití se sostuvo: “es jurisprudencia de este Tribunal que las condiciones en las cuales se encuentra un país, no importa cuán difíciles sean éstas, no son causas de justificación para que los estados Parte en la Convención Americana estén liberados de cumplir con las obligaciones consagradas en ella’ y en la sentencia de 3 de abril de 2009 dentro del caso Kawas Fernández vs. Honduras, señaló: ‘…los estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano’.

En este contexto, excusar el cumplimiento de condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos bajo el alegato de la falta de recursos económicos de un sector poblacional, como lo es la privada de libertad implicaría dispensar el ejercicio de los otros derechos con el mismo razonamiento por ejemplo los derechos de la personas adultas mayores, los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, etc. aspecto que resulta intolerable en un ‘Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (art. 1 de la CPE).

Finalmente, sostener que los derechos prestacionales y el establecimiento de las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos en su generalidad vía justicia constitucional no es nuevo sino que en el marco de una Constitución incluso menos garantista se efectuó por el Tribunal Constitucional en casos de personas que requerían hemodiálisis (SSCC 433/2000-R, 26/2003-R y 1294/2004-R, entre otras), previendo el legislador constituyente en el nuevo marco constitucional incluso acciones constitucionales específicas para efectivizar las condiciones y realizar la normativa constitucional y legal como son las acciones de cumplimiento y la acción popular.

Dicho entendimiento fue reiterado por la SCP 0154/2016-S1 de 1 de febrero, indicando que la carencia de efectivos policiales, no se encuentra determinada como causal para la no ejecución de un mandamiento de libertad o para la demora en su efectivización; más aún, cuando el solicitante de tutela fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva. En similar sentido, la SCP 1275/2013 de 2 de agosto, que en un caso similar concedió la tutela solicitada, exhortó al Ministerio de Gobierno y a la Dirección General de Régimen Penitenciario, que en un plazo razonable realice los estudios necesarios para la implementación de mecanismos de soporte tecnológico, para la efectiva aplicación de las medidas sustitutivas de la detención preventiva».

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; además del principio de celeridad; puesto que, el Auto de Vista 75/2023 de 6 de junio emitido por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dispuso modificaciones sobre las medidas cautelares, siendo una de ellas la modificación de la detención domiciliaria con dos custodios permanentes a la presencia de un solo custodio; sin embargo, a la fecha de interposición de la acción de libertad no fue efectivizada por el Comandante ni por el Director hoy accionados, al no otorgarle custodio policial por falta de personal; siendo obligación de la Policía Boliviana otorgar la custodia dispuesta; más aun, al existir incluso notas solicitando su cumplimiento. De la revisión de antecedentes se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Alexander Mamani Gómez por la presunta comisión del delito de violación agravada previsto y sancionado por los arts. 308 con relación al 310 inc. l) del CP; el Auto de Vista 75/2023 emitido por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dispuso algunas modificaciones sobre las medidas cautelares dispuestas mediante Auto de 24 de mayo de 2023 emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, siendo una de ellas la modificación de la detención domiciliaria con dos custodios permanentes a la presencia de un solo custodio disponiendo se oficie al Comando Departamental de la Policía Boliviana para la designación correspondiente y para la efectivización de esta detención domiciliaria deberá hacer llegar la certificación domiciliaria ante el Juez de origen (Conclusión II.1.); por Nota con Cite 465/2023 de 16 de agosto dirigida al Comandante ahora accionado, el accionante solicitó que en coordinación con el Director ahora coaccionado, se otorgue un funcionario policial a objeto de cumplir su detención domiciliaria con custodio policial permanente (Conclusión II.2.); se libró el Mandamiento de Detención Domiciliaria con Custodio Policial Permanente el 16 de agosto de 2023, por el citado Juez de Instrucción Penal, correspondiente al accionante a cumplirse con un custodio policial (Conclusión II.3.). Asimismo, por Oficios con Cites 492/2023 y 493/2023 de 25 de dicho mes dirigidos al Comandante y al Director ahora accionados, respectivamente en el que el accionante solicita se otorgue un funcionario policial a objeto de cumplir su detención domiciliaria con custodio policial permanente, adjuntando fotocopia legalizada del Certificado de Verificación Policial Domiciliaria del accionante (Conclusión II.4.).

En mérito a ello, en el contexto fáctico y procesal citado precedentemente se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; puesto que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso, buscando acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Conforme a dichos antecedentes, el Comandante hoy accionado a través de la representación que efectuó -informe de 13 de junio de 2023-, y el Asesor Jurídico del Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, mediante Informe de 17 de agosto del referido mes y año, manifestaron los motivos por los cuales no pudieron otorgar un custodio policial al accionante para que pueda cumplir con la designación correspondiente y con el mandamiento de detención domiciliaria. Por una parte el Comandante ahora accionado señaló la carencia de funcionarios policiales dentro de la Policía Boliviana; es decir, específicamente en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí y el certificado policial emitido el 26 de junio de 2023, en el que señala que la vivienda del accionante no contaría con las medidas de seguridad. Por otra parte el Asesor Jurídico del Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí, señaló que con relación a los custodios policiales, no era pertinente; puesto que, la Policía Boliviana trabaja por turnos y serían cuatro funcionarios policiales, posteriormente el oficio solicitando un funcionario policial fue observado por no adjuntar el certificado domiciliario correspondiente; asimismo, menciona el Oficio con Cite 493/2023 de 25 de agosto, como ya se ha expuesto claramente que no cumple con los requisitos para que se cumpla una detención domiciliaria; de igual manera indica que no se cuenta con funcionarios policiales en el departamento de Potosí, entonces designar uno o dos a un interno otorga claramente un latente riesgo en el citado Centro Penitenciario; además, se debe cumplir con diferentes medidas de seguridad interna o externa; todas las autoridades jurisdiccionales tienen conocimiento de esos extremos; ya que, en diferentes oportunidades fueron objeto de llamadas de atención; puesto que, no se pudo trasladar incluso a los internos a sus audiencias; todo ello se informó al juez de control jurisdiccional de manera fundamentada para que valore esos extremos, de la misma manera el abogado del accionante fundamento esos extremos; sin embargo, tampoco fue tomado en cuenta.

Finalmente, el Director ahora coaccionado manifestó que se dispuso se designe dos custodios policiales; asimismo, se aclaró que no fue una omisión o negligencia simplemente “no hay personal policial”; por lo que, se efectuó las solicitudes correspondientes al Comando Departamental para que se puede designar más personal; sin embargo, este “fenómeno” es a nivel departamental; por lo que, no se dio cumplimiento a esta orden judicial; ya que, no se tiene la posibilidad de disponer mayor personal; por cuanto, designar a un funcionario policial simplemente a uno o más es poner en riesgo la seguridad de todo el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de Potosí. Los argumentos expuestos por el Comandante y el Director ahora accionados, de no contar con los suficientes funcionarios policiales para la designación de custodios, son circunstancias que no constituyen una eximente de su responsabilidad para la ejecución de la detención domiciliaria; así lo entendió la amplia jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, que establece que la detención domiciliaria y los mandamientos de detención domiciliaria deben ser cumplidos inmediatamente en los marcos establecidos por la autoridad jurisdiccional que emitió los mismos, advirtiéndose en el presente caso, que efectivamente no se dio cumplimiento a los oficios emitidos por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, quien a través de los Oficios con Cites 492/2023 y 493/2023 dirigidos al Comandante y al Director ahora accionados, respectivamente en el que el accionante solicitó se otorgue un funcionario policial a objeto de cumplir su detención domiciliaria con custodio policial permanente dispuesto mediante el Mandamiento de Detención Domiciliaria con Custodio Policial Permanente de 16 de agosto de 2023. De esa manera se evidencia el incumplimiento de la medida de carácter personal de detención domiciliaria con la presencia de custodio policial y el referido Mandamiento de Detención Domiciliaria, transcurriendo hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa más de tres meses sin que se cumpla con la medida de detención domiciliaria; puesto que, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2., la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad, teniendo toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, la obligación de tramitarla con la mayor celeridad posible; por lo que, no se puede considerar como justificación o eximente el argumento de la inexistencia de personal policial suficiente en los centros penitenciarios a objeto de la designación de custodios policiales. Bajo esos parámetros, al tratarse de una pretensión relacionada con el derecho a la libertad, el Comandante y Director ahora accionados, tenían el deber de cumplir el Auto de Vista 75/2023 en el que se dispone la designación de un custodio policial para la detención domiciliaria del accionante; así como, con el contenido del mandamiento de detención domiciliaria con la debida celeridad a efectos de la concreción del derecho a la libertad y al principio de celeridad, sin que se pueda alegar un impedimento material o falta de recursos humanos para efectivizar dicha medida cautelar personal, en observancia y aplicación de lo establecido por la jurisprudencia constitucional precedentemente citada, siendo deber del Estado boliviano adoptar las medidas necesarias para efectivizar los derechos y libertades de todos sus ciudadanos sin discriminación alguna, entre ellos los privados de libertad. En ese sentido el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), señala: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”; bajo esa precisión normativa internacional, resulta evidente la necesidad de adoptar, dentro del régimen penitenciario, medidas administrativas y presupuestarias de asignación de recursos humanos, para no incurrir en esta situación reiterada de incumplir los mandamientos de detención domiciliaria con escolta policial alegándose falta de efectivos policiales, como aconteció en el presente caso; por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada con relación al Comandante y al Director hoy accionados. Finalmente, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede dejar de señalar que la presente acción de libertad emerge de un proceso penal por el delito de violación agravada; por lo que, resulta imprescindible recordar a las autoridades judiciales -incluido el Ministerio Publico- que en la tramitación de este tipo de procesos, deben observar los estándares de debida diligencia reforzada, conforme a la Recomendación General núm. 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que insta a los Estados a prevenir, investigar, sancionar y reparar adecuadamente los delitos cometidos contra mujeres, garantizando que la actuación estatal y la aplicación de las instituciones procesales se orienten a la protección estatal y la aplicación de las instituciones procesales se orienten a la protección efectiva de los derechos de las víctimas. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2023 de 2 de septiembre, cursante de fs. 117 a 122, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho a la libertad y al principio de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

a) Disponer que el Comandante Departamental de Potosí de la Policía Boliviana y el Director del Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca de dicho departamento, de manera inmediata procedan al cumplimiento de la designación de custodio policial a Rufino Nicasio Mamani, salvo que la misma ya hubiese ocurrido por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0003_2026-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 937671d11465f5bbdf408005d7c390c113b5114414b22fb9d4a00d88d680bd11

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