B.IA.LEGAL

SCP 0003/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Cuarta Especializada · 24 de febrero de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
24 de febrero de 2025
Acción
Acción de Libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
49854-2022-100-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y a la petición; habida cuenta que, los Fiscales de Materia demandados, no le extendieron las fotocopias legalizadas del cuaderno de investigaciones del proceso penal que se le sigue, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica e infanticidio en grado de tentativa, a pesar de haber solicitado las mismas, mediante memoriales presentados el 3 y 8 de agosto de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera de del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, todo conforme a los Fundamentos Jurídicos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica y presupuestos de activación de la acción de libertad
  2. III.2. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2025-S4 Sucre, 24 de febrero de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de Libertad Expediente: 49854-2022-100-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución de 07/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ariel Francisco Siles Flores en representación sin mandato de Ruth Behzaida Salazar García contra Fernando Montaño Sandoval y Wilson Aruquipa Torrez, Fiscales de Materia.

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de agosto 2022, cursante de fs.14 y,15 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica e infanticidio en grado de tentativa, el 2 de agosto de 2022 se celebró una audiencia para considerar su situación jurídica; en la cual, inicialmente el representante del Ministerio Público no estuvo presente; sin embargo, presentó un memorial solicitando ampliación a su detención preventiva sin exhibir el cuaderno de investigaciones. Posteriormente, al finalizar el verificativo oral, se hizo presente el Fiscal de Materia Wilson Aruquipa Torrez, a quien se le notificó con la apelación presentada por su parte contra la resolución emitida en esa misma fecha, lo que demuestra que el Ministerio Público sí tuvo conocimiento sobre dicho recurso de alzada.

Agregó que, en el marco de lo previsto por el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2022, pidió al Ministerio Público le proporcionara fotocopias legalizadas de todo el cuaderno de investigaciones; sin embargo, el 4 del mismo mes y año, recibió un proveído que señaló “…EN LO PRINCIPAL.- Previamente a efectos de considerar la solicitud por la parte impetrante, aclare cuál es el fundamentos legal para la solicitud, con su resultado se dispondrá lo que fuera por ley…” (sic), negándole de tal manera, su derecho a la petición y poniendo en riesgo su libertad, dada la existencia de recurso de apelación, en el que debe presentar como prueba la documentación requerida. Solicitud reiterada el 8 de agosto de 2022, que dio lugar a la emisión de un proveído, en el que se señaló “EN LOS PRINCIPAL.-estese a los antecedentes del cuaderno de investigaciones…” (sic). En ese marco, la reiterada negativa del Ministerio Público para entregar las fotocopias requeridas, demuestra la vulneración del derecho a la petición y resulta ser un atentado a su libertad; pues Wilson Aruquipa Torrez hoy codemandado ya tenía conocimiento del recurso de apelación presentado por su parte, y de su solicitud de acceso al cuaderno de investigaciones.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La solicitante de tutela a través de su representante sin mandato denunció como lesionados los derechos a la libertad y a la petición; citando al efecto, los arts. 23, 24 y 125 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

La accionante solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, pidió se ordene extender las fotocopias legalizadas solicitadas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de agosto de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 27 a 29 vta.; presente la parte solicitante de tutela y las autoridades ahora demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La solicitante de tutela, mediante su representante sin mandato, en audiencia ratificó los argumentos de su demanda de acción de libertad, y en uso de su derecho a réplica, refirió lo siguiente: a) Sobre la reserva respecto a la vinculación de un menor de edad en este proceso, la misma está en función de proteger la identidad del menor; empero, no se aplica para las partes del proceso, pues la reserva no puede limitar el derecho de acceso a la justicia, ya que, en caso contrario, se estaría vulnerando otro derecho fundamental; b) La defensa tiene acceso a la ciudadanía digital; sin embargo, no todos los cuadernos de investigación están subidos al sistema, especialmente en las provincias; c) Respecto a que no se agotó la subsidiariedad, debe considerarse que en las acciones de libertad, existen excepciones que permiten dejar de lado el indicado principio, como en el presente caso, por la premura del tiempo; dado que, la audiencia de apelación se encuentra señalada para el siguiente día ante en la Sala Penal Primera; por lo tanto, en caso de impugnar la negativa, se debe aguardar un mes para que el fiscal jerárquico resuelva la misma, y así recién poder acumular dicha prueba, dando lugar a dilatar la resolución de su recurso; y, d) Al negar la entrega de las fotocopias solicitadas y la posibilidad de acceder al cuaderno de investigaciones, se afecta no solo el acceso a la justicia, sino también los derechos de todos los involucrados en el proceso.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Fernando Montaño Sandoval Fiscal, de Materia, presente en audiencia, refirió lo siguiente: 1) Conforme establece el art. 47 del Codigo Procesal Constitucional (CPCo), es necesario agotar la vía ordinaria; 2) La acción de libertad es una vía extraordinaria, en la que se debe tutelar los derechos y garantías; y en el caso, no se establece cuál es el derecho que se hubiera vulnerado; 3) Mediante comunicación e imputación formal realizada ante la autoridad judicial del Juzgado Mixto Civil y Comercial de Instrucción Penal Cautelar de turno de la localidad de Huanuni del departamento de Oruro, bajo control jurisdiccional de esta autoridad, se llevaron a cabo los actos investigativos; por lo que, no se vulneró ningún derecho ni garantía; y, 4) Si bien la parte accionante refirió que no se dio curso a su petición; sin embargo, no interpuso recurso alguno ante la autoridad superior en grado, a objeto de que la misma se pronuncie, o en su caso, acuda al control jurisdiccional, conforme dispone el art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para que la autoridad jurisdiccional ordene la extensión de las fotocopias. Wilson Aruquipa Torrez, Fiscal de Materia, señaló que: i) En el cuaderno de investigación cursa el inicio de investigación e imputación formal por el presunto delito de violencia familiar o doméstica; y el delito por el que se imputó a la accionante, es infanticidio en grado de tentativa; en ese marco, en el presente caso, existe un menor de edad que es su propio hijo, con relación al cual, se dispusieron medidas cautelares por incapacidad del mismo de diez días; ii) El 3 de agosto de 2022 se presentó pedido, únicamente en aplicación del art. 24 de la CPE, el que se respondió mediante proveído, considerando que la víctima es un menor de edad; consiguiente, en ningún momento se rechazó la pretensión, simplemente se exigió que aclare cuál es el fundamento legal para su solicitud; iii) El 8 de agosto de 2022 se hizo llegar otro memorial con el mismo objeto, en aplicación del art. 24 de la CPE, el cual tampoco fue rechazado; solo se actuó en resguardo del menor de edad, respecto del cual, conforme prevén los arts. 12, 193, 262 y 310 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) –Ley 548 de 17 de julio de 2014– establece la reserva y resguardo; por lo que, no resultó posible otorgar mayor publicidad; no solo puede pedirse fotocopias, pues el cuaderno de investigaciones está a la vista en despacho en la fiscalía; iv) Considerando que existe el sistema de ciudadanía digital, en el caso de las fotocopias ya se encuentran en el sistema electrónico; por lo que, mediante ella, se tiene acceso al cuaderno, en ningún momento se le ha privado de ello, así lo establece la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que prioriza el interés del niño en perspectiva de género; pues, un menor de edad debe tener protección reforzada, pues exige realizar un test de proporcionalidad; y, v) De haberse visto afectado el art. 306 del CPP, la solicitante de tutela tenía la oportunidad de plantear un recurso jerárquico, empero no lo hizo; por lo que, no agotó la vía de impugnación jurisdiccional.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Ejecución Penal Primera del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 07/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 30 a 33 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) La parte accionante reclama que se le negó y no tuvo respuesta oportuna a la solicitud de fotocopias legalizadas del cuaderno de investigación; no obstante, la ausencia de respuesta a las solicitudes de fotocopias legalizadas, no es la causa de la restricción a la libertad de la accionante, siendo la medida cautelar de detención preventiva dispuesta en su contra la verdadera causa, existiendo un proceso penal en plena etapa de investigación; y, b) La justicia constitucional tutelará el debido proceso a través de la acción de libertad, cuando exista la concurrencia de dos presupuestos procesales, consistentes en que, el acto alegado de vulneración de derechos afecte directamente el proceso y que la acción de libertad sea interpuesta debido a una restricción a la libertad. En el presente caso, la lesión alegada es la ausencia de respuesta oportuna a las solicitudes de fotocopias legalizadas, extremos que la impetrante de tutela debió reclamar a través de los medios y recursos de defensa previstos legalmente ante la jurisdicción ordinaria; es decir, acudir ante la autoridad fiscal superior o ante el juez de la causa que efectúa el control jurisdiccional y solo una vez agotados los mismos, recién acudir a la acción de amparo constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece las siguientes conclusiones: II.1. A través de memorial de 3 de agosto de 2022, por el cual, Ariel Francisco Siles Flores, abogado de la ahora accionante, solicitó a Fernando Montaño Sandoval, Fiscal de Materia –hoy demandado–, fotocopias legalizadas de todo el cuaderno de investigaciones del proceso penal seguido contra la ahora solicitante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica e infanticidio en grado de tentativa (fs. 2). II.2. Se adjunta proveído de 4 de agosto de 2022; por el cual, Wilson Aruquipa Torrez, Fiscal de Materia –ahora codemandado–, requiere: “…EN LO PRINCIPAL.- Previamente a efectos de considerar la solicitud por la parte impetrante, aclare cuál es el fundamento legal para la solicitud, con su resultado se dispondrá lo que fuera por ley…” (sic [fs. 3]).

II.3. Consta memorial de 8 de agosto de 2022, mediante el cual Ruth Behzaida Salazar García, a través de su abogado, reiteró a la autoridad fiscal Fernando Montaño Sandoval, la solicitud de fotocopias legalizadas de todo el cuaderno de investigaciones, con el fin de utilizarlas en calidad de prueba en los recursos de impugnación que la ley le faculta (fs. 4). II.4. Cursa decreto de 9 de agosto de 2022; por el cual Fernando Montaño Sandoval, Fiscal de Materia, en consideración al memorial precedentemente citado dispuso “…EN LO PRINCIPAL.- estese a los antecedentes del cuaderno de investigación…” (sic [fs. 5]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y a la petición; habida cuenta que, los Fiscales de Materia demandados, no le extendieron las fotocopias legalizadas del cuaderno de investigaciones del proceso penal que se le sigue, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica e infanticidio en grado de tentativa, a pesar de haber solicitado las mismas, mediante memoriales presentados el 3 y 8 de agosto de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Naturaleza jurídica y presupuestos de activación de la acción de libertad

La previsión contenida en el art. 23.I de la CPE, categóricamente determina que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, la que podrá ser sólo restringida en los límites señalados por ley, para lograr el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales; por su parte, el art. 13.I de la Ley Fundamental, dispone que los derechos reconocidos por la Constitución, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, siendo deber del Estado promoverlos, protegerlos y respetarlos.

En este marco, el art. 125 de la CPE, establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

Precisando los alcances de esta acción tutelar, respecto a sus presupuestos de activación, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo concluyó que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como 'recurso de habeas corpus', encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”.

De lo expuesto, se concluye que la acción de libertad se encuentra destinada a la defensa del derecho a la vida y a la libertad personal; por lo tanto, es una acción de carácter extraordinario, de tramitación especial y sumarísima, cuyo objeto es preservar el derecho a la vida, evitar una detención ilegal, o en su caso reparar la ilegal restricción de la libertad o el procesamiento indebido; y de acuerdo a su nueva configuración, esta acción tutelar no solo procede contra autoridades públicas sino contra particulares, tal cual se infiere de la previsión contenida en el art. 126 de la CPE (las negrillas son nuestras).

III.2. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad

Al respecto la SCP 0399/2018-S4 de 13 de agosto, haciendo referencia a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, sostuvo que: “`…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad´. Con referencia al debido proceso vía acción de libertad, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: ´Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que: la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras´. En ese marco, la SCP 0059/2018-S4 del 16 de marzo, sostuvo que: ´Línea jurisprudencial que fue ratificada por este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera sistemática, ya que la misma se encuentra acorde al diseño constitucional y legislativo vigente, pues el acoger mediante una acción de libertad otros elementos del debido proceso que no estén vinculados directamente con el derecho a la libertad, resultaría desconocer la voluntad del legislador y desnaturalizar el alcance jurídico-constitucional de la acción de amparo constitucional y de esta propia acción, pues cada uno de estos medios de defensa, tienen una naturaleza jurídica diferente y por el principio de seguridad jurídica, debemos respetar su ingeniería jurídica y su plena efectividad ´” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

La solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la petición; habida cuenta que, los Fiscales de Materia demandados, no le extendieron las fotocopias legalizadas del cuaderno de investigaciones del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica e infanticidio en grado de tentativa, a pesar de haber solicitado las mismas mediante memoriales presentados el 3 y 8 de agosto de 2022. Precisada la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro el trámite del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra de la ahora accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica e infanticidio en grado de tentativa, el 2 de agosto de 2022, se celebró una audiencia con el fin de considerar la situación jurídica de la imputada; en dicha audiencia, según señala la parte impetrante de tutela, la autoridad del Ministerio Público no estuvo presente inicialmente; no obstante, presentó un memorial solicitando la ampliación de la detención preventiva y cuando Wilson Aruquipa Torrez, Fiscal de Materia ahora codemandado, arribó más tarde a dicho actuado procesal, fue notificado con la apelación presentada por la solicitante de tutela, contra la resolución dictada en esa misma fecha. Por lo acontecido precedentemente, la hoy accionante de tutela, mediante memorial de 3 de agosto de 2022, en virtud a lo previsto por el art. 24 de la CPE, solicitó a Fernando Montaño Sandoval, Fiscal codemandado, que le extienda fotocopias legalizadas de todo el cuaderno de investigaciones del proceso penal seguido en su contra; no obstante, el 4 del mismo mes y año, la impetrante recibió un proveído en el que se le dispuso que “…Previamente a efectos de considerar la solicitud por la parte impetrante, aclare cuál es el fundamento legal para la solicitud, con su resultado se dispondrá lo que fuera por ley” (sic). Seguidamente, el 8 de agosto de 2022, la hoy impetrante de tutela reiteró su solicitud de fotocopias legalizadas del cuaderno de investigaciones, sin recibir respuesta alguna vinculada a dicho petitorio. En lugar de ello, la autoridad fiscal emitió un decreto que dispuso “…estese a los antecedentes del cuaderno de investigación” (sic). Por lo tanto, ahora se denuncia que la negativa del Ministerio Público a entregar las fotocopias solicitadas en dos oportunidades constituye una vulneración del derecho a la petición y un atentado contra la libertad de la impetrante, especialmente teniendo en cuenta que el codemandado Wilson Aruquipa Torrez ya había sido notificado con el recurso de alzada y conocía la solicitud de acceso al cuaderno de investigaciones. En ese orden, previo a ingresar al análisis del caso concreto, corresponde recordar que de conformidad con el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad consagrada en el art. 125 de la CPE establece que toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que está indebidamente procesada o privada de su libertad personal, podrá interponer una acción de libertad. Esta acción podrá ser presentada de manera oral o escrita, por sí misma o a través de cualquier persona en su nombre y sin formalidades procesales ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitando que se tutele su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se le restituya el derecho a la libertad. Esta norma constitucional es concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) –Ley 027 de 6 de julio de 2010–, que tiene como objetivo la garantía, protección y tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de dichos derechos en los casos en que estos sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

De la misma manera, el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional glosa jurisprudencia que establece, que para considerar denuncias vinculadas con el debido proceso en acciones de libertad, estas necesariamente deben cumplir con dos presupuestos, el primero que la lesión de derechos que se pretende sean considerados por el juez de garantías, tenga una vinculación directa con la libertad del accionante; y el segundo aspecto a considerar es que, éste se encuentre en absoluto estado de indefensión. Ahora bien, en el marco jurisprudencial glosado en los Fundamentos Jurídicos precitados del presente fallo constitucional, con carácter previo resulta necesario establecer; si la problemática traída en revisión, a través de la presente acción de tutela, en la cual se denuncian supuestas vulneraciones a la libertad y a la petición, como consecuencia de la falta de extensión de las fotocopias legalizadas del cuaderno de investigaciones por parte la autoridad fiscal, puede ser conocida y resuelta a través de esta acción de libertad; correspondiendo evaluar al efecto, los presupuestos que la jurisprudencia constitucional exige de manera concurrente para pronunciarse respecto a la denuncia de fondo. En ese orden, en el caso analizado, se evidencia que la falta de respuesta a la petición de extensión de fotocopias legalizadas por parte de los Fiscales de Materia ahora demandados, en sus memoriales de 3 y 8 de agosto de 2022; si bien fue realizada por la impetrante de tutela a efecto de ejercer su derecho a la defensa; sin embargo, ello no implica de manera alguna que se encuentre en estado de indefensión o que esté impedida de impugnar o cuestionar los supuestos actos lesivos dentro del proceso penal que se le sigue. Tampoco se evidencia que la solicitud por sí misma, tuviera vinculación directa o indirecta con su derecho a la libertad; puesto que, no cumplió con la exigencia realizada por el Fiscal de aclarar el fundamento legal de su pretensión, al contrario, en el segundo memorial presentado, de manera general aludió que era para utilizar como prueba en recursos de impugnación, sin demostrar que de la documentación requerida dependía la modificación de su situación jurídica o era indispensable para solicitar la cesación de su detención preventiva, más aun considerando que el delito por el que se le sigue el proceso es de violencia familiar y doméstica e infanticio en grado de tentativa, lo que denota que se encuentra de por medio, un menor de edad involucrado, y por lo mismo, merece una tutela reforzada; razón por la cual, lo requerido –fotocopias legalizadas del cuaderno de investigación– más que estar enmarcado en el derecho de petición previsto por el art. 24 de la CPE, no cumplió con los presupuestos de activación de la presente acción de defensa, los cuales fueron desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y que se encuentran circunscritos a la vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal y la amenaza de privación de libertad; y, la existencia de indefensión absoluta, previo al agotamiento de los medios específicos e idóneos en aplicación excepcional del principio de subsidiariedad para que pueda ser interpuesta de manera directa la presente acción de defensa; por lo que en el caso de autos no se puede considerar que la solicitud de fotocopias legalizadas, aunque vinculada al derecho de defensa, cumpla con los requisitos establecidos por la jurisprudencia para justificar una acción de libertad. Con base en los razonamientos expuestos y en los lineamientos jurisprudenciales establecidos precedentemente, este Tribunal concluye que la solicitud de la solicitante de tutela no cumplió con los presupuestos para activar la presente acción de libertad; dado que, no se demostró que la falta de entrega de las fotocopias legalizadas de todo el cuaderno procesal, hubiera afectado directamente en su derecho a la libertad, además que tampoco agotó las vías procesales alternativas de impugnación, lo que provoca la negación de la tutela impetrada, al no cumplir con los requisitos necesarios para un análisis de fondo. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, evaluó de forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 30 a 33 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera de del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, todo conforme a los Fundamentos Jurídicos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0003_2025-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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