Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de enero de 2024
El impetrante de tutela por intermedio de su representante sin mandato, denunció que se vulneró sus derechos a la vida, a la salud, al debido proceso y a la libertad, toda vez que: 1) Encontrándose cumpliendo diez años de los quince de su condena por el delito de violación agravada, solicitó a la autoridad jurisdiccional ahora demandada, el beneficio de libertad condicional; además de su traslado a un nosocomio previa valoración médica de un médico del IDIF, al encontrarse afectado por una enfermedad crónica terminal de tuberculosis; y, 2) En cuanto al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, por no trasladarlo de emergencia a un centro clínico, haciendo caso omiso del informe médico de Régimen Penitenciario que ordenó su traslado al Hospital San Juan de Dios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto analizaran los siguientes temas: i) La tutela del derecho a la vida y derechos conexos en el ámbito de protección de la acción de libertad; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; iii) El Estado como garante del derecho a la vida de las personas privadas de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05 de 26 de marzo de 2021, cursante de fs. 15 vta. a 18 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° Denegar la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Exhortar a las autoridades demandadas, que en lo sucesivo en casos análogos obren con mayor prontitud, superando los obstáculos y formalismos en resguardo del derecho a la salud y a la vida de los internos, obrando con la diligencia debida en cada caso particular. 3° Exhortar al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, que en el plazo de setenta y dos horas de su notificación procedan a realizar una investigación sobre los hechos denunciados en el memorial de acción de libertad; con cuyos resultados obren conforme a ley, en coordinación con las autoridades correspondientes.
4° Se dispone llamada de atención a Mauricio Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario y al médico del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, que atendió al interno Daniel Salvatierra Moreno, entre los días 21 al 25 de marzo de 2021 hasta su traslado al Hospital San Juan de Dios, por no remitir la documentación complementaria solicitada en el decreto de 18 de julio de 2022, por la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz e incumplir el deber de cooperación y colaboración establecido en el art. 5 del Código Procedimiento Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2024-S1 Sucre, 2 de enero de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 39811-2021-80-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05 de 26 de marzo de 2021, cursante de fs. 15 vta. a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de Daniel Salvatierra Moreno contra Isabel Amelia Paz Lea Plaza, Jueza de Ejecución Penal Cuarto de la Capital y Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario, ambos del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 25 de marzo de 2021, cursante a fs. 7 y vta., el accionante por intermedio de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el 22 de marzo de 2021 presentó memorial ante el despacho judicial a cargo de la Jueza ahora demandada, solicitando su libertad condicional en previsión al art. 174 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- debido al cumplimiento de diez años de su condena de los quince que le impusieron, sin que al presente hubiere recibido respuesta alguna. Agrega que al encontrarse con una enfermedad terminal -tuberculosis aguda tipo A1-, también solicitó su inmediata internación médica o mínimamente auscultación por el médico forense de turno dependiente del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), sin que tampoco se haya pronunciado al respecto. Que en el caso que le pasara algo, los únicos responsables serían la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital y el Director de Régimen Penitenciario ambos del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, éste último por no trasladarlo a un nosocomio en el momento oportuno y al haber hecho caso omiso al informe de Julio Antonio Valdivia Chávez, médico general de Régimen Penitenciario del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, quien ordenó su traslado al Hospital San Juan de Dios por su deplorable estado de salud. Asimismo, denuncia que su compañero de celda Luis Gustavo Ruiz Landívar, se encuentra privado de su libertad “…por más de la cuenta…” (sic), sin que la Jueza ahora demandada jamás haya ordenado que un médico forense lo revise; no obstante, encontrarse enfermo con tuberculosis y requerir de atención médica, quien desde que llegó al Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, no salió nunca a una audiencia.
El accionante alega como lesionados sus derechos al debido proceso, a la vida, a la salud y a la libertad; citando al efecto los arts. 15, 18, 115, 117, 180, 203 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene a la Jueza demandada, el inmediato pronunciamiento respecto a su solicitud de libertad condicional; además de una revisión de su salud ante el médico forense y en su caso su internación en un centro clínico.
Celebrada la audiencia pública de acción de libertad, el 26 de marzo de 2021, conforme consta en el acta de audiencia cursante de fs. 13 a 15 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela mediante su representante sin mandato, en audiencia manifestó: a) El día de ayer falleció el accionante y no tiene el certificado de defunción, así que la acción de libertad fue planteada cuando se encontraba agonizando; por lo que, en base al principio de informalismo interpuso incidente de libertad condicional con fundamento en el art. 174 de la (LEPS), al haber cumplido las dos terceras partes de su condena sin que hasta fecha obtenga respuesta; b) La Dirección de Régimen Penitenciario del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, y la Gobernación, no remitieron la documentación correspondiente necesaria para que el peticionarte de tutela Daniel Salvatierra Moreno pueda acogerse a los beneficios de la referida Ley; y, c) La parte demandada vulneró los derechos a la vida y a la salud, previstos en los arts. 15 y 18 de la CPE; 92, 94 y 95 de la LEPS; el derecho a la libertad contenido en los arts. 22 y 23 de la misma Ley Fundamental; así como el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que establece que toda persona privada de libertad tiene derecho a ser asistida por un médico o internarse en caso de padecer una enfermedad, así en el caso de autos cursa a fs. 3, el certificado médico donde se le hizo conocer a la Jueza demandada, el estado terminal por enfermedad del demandante de tutela, implorando que se lo traslade a un nosocomio, o por lo menos ordene que sea examinado por un médico forense del IDIF, conforme se evidencia del cuaderno procesal que cursa en el despacho judicial a cargo de la Jueza demandada.
Isabel Paz Lea Plaza, Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia tutelar refirió que: 1) Daniel Salvatierra Moreno -accionante- fue sentenciado a quince años de privación de libertad por el delito de violación agravada, así la labor de los jueces de ejecución penal se circunscribe al control del cumplimiento de la pena y el trámite de los incidentes tal como refiere la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; 2) A los fines de concesión del beneficio de libertad condicional, se tiene la obligación de cumplir con todos los requisitos exigidos por Ley, que deben reunirse en una carpeta como la verificación domiciliaria y los informes correspondientes de clasificación por parte del Centro Penitenciario Palmasola del precitado departamento; 3) Resulta evidente que la libertad condicional procede en los delitos de violación; sin embargo, la petición se presentó el 22 de marzo de 2021, que fue remitida por la Oficina Gestora de Procesos el 23 del mismo mes y año, el 24 de similar mes y año ordenó que se oficie al IDIF, para la valoración médica del ahora impetrante de tutela, debiendo recordarse que la facultad del Director del Régimen Penitenciario cuando un interno se encuentre en grave estado de salud, es la de ordenar su salida comunicándose al juez de ejecución penal dentro las veinticuatro horas; y, 4) El Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento no remitió la carpeta con las planillas correspondientes al no encontrarse admitido el incidente planteado, porque requiere como requisito el cómputo del cumplimiento de la pena conforme el art. 174 de la LEPS, consecuentemente, si no se tiene aceptado el incidente, cómo se puede oficiar a dicho Centro para que remita la carpeta con la clasificación, debiéndose entenderse que no es posible presentar el incidente y al día siguiente resolverlo; que en el caso, a los dos días de presentado el memorial, se ofició al IDIF, y aún no fue recogido por el abogado. Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, en audiencia tutelar señaló: i) Al presente, no se les remitió ningún oficio de la Jueza de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del referido departamento a efecto de conocer y tramitar la solicitud de libertad condicional en favor de Daniel Salvatierra Moreno del -ahora demandante de tutela-; y, ii) En ningún momento se obstaculizó el examen médico del accionante de 38 años de edad, quien acudió a emergencia médica a horas 01:30, con dificultad respiratoria, presión arterial baja y desnutrición, e inmediatamente se le administró oxígeno y se procedió a evacuar al paciente al Hospital San Juan de Dios el cual fue recibido por referencia de la médico Cibele Gonzáles.
La Sala Penal Segunda del Tribunal de Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05 de 26 de marzo de 2021, cursante de fs. 15 vta., a 18 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) El memorial de solicitud de libertad condicional fue presentado en plataforma el 22 del señalado mes y año; sin embargo llegó al despacho de la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del referido departamento -ahora demandada- el 23 del mismo mes y año a horas 10:33, habiéndose providenciado el 24 del citado mes y año dentro de las veinticuatro horas como establece el art. 132.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), infiriéndose que el incidente de libertad condicional fue proveído en el término de ley; b) En cuanto al pedido de revisión médica interpuesta por su grave estado de salud, adjuntando un recetario que expresa unos medicamentos, en ningún momento se indicó que sufre una enfermedad terminal; empero, la Jueza demandada ordenó que se oficie al IDIF, para que valore al accionante; situación diferente se presentaría si el certificado médico hubiera informado dicho extremo; en consecuencia, no se verifica ninguna actitud negligente o dolosa de la parte demandada; c) Respecto a Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario del precitado departamento, en la acción de libertad se refiere que se hizo conocer al mismo para que lo atiendan y sea trasladado al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, de las pruebas aportadas no se tiene ninguna constancia que se hubiera hecho conocer al demandado ningún certificado médico que indique el estado de salud que padecía el accionante; y, d) En la audiencia de acción de libertad, el representante del ahora solicitante de la tutela no hizo referencia qué actuación no cumplió el prenombrado Director; no se tiene constancia en obrados, que se hubiera pedido a dicha autoridad que se lo traslade a un centro hospitalario al demandante de tutela; más al contrario, el representante sin mandato del peticionante de tutela indica que, conocida la situación del interno, fue trasladado a la 01:30 de la madrugada a un centro hospitalario dando cumplimiento a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; en ese sentido, no se habría acreditado que el mencionado demandado hubiera tenido alguna actuación negligente. En vía de enmienda y complementación, el abogado del accionante pidió se aclare respecto a que en el memorial de solicitud de libertad condicional también se requirió que se autorice el traslado inmediato a un nosocomio que al no haberse respondido de forma oportuna y ordenado al Responsable del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, se ocasionó el fallecimiento del impetrante de tutela, omisión que generó se interponga la presente acción de libertad de pronto despacho. A la solicitud impetrada, el Tribunal de garantías señaló que conforme ya se explicó, dicha circunstancia no se puso en conocimiento de la Jueza ahora demandada, sino solo un recetario que no advirtió de la grave situación de salud del impetrante de tutela, que en todo caso conforme el art. 94 de la LEPS debió acudir de forma directa al referido Director de Régimen Penitenciario.
Por Decreto Constitucional de 18 de julio de 2022 (fs. 25 a 26), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs. 80) notificado a las partes el 29 de diciembre de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 22 de marzo de 2021 a horas 12:49, por Daniel Salvatierra Moreno -ahora accionante- pidiendo a Isabel Paz Lea Plaza, Jueza de Ejecución Penal Cuarta del departamento de Santa Cruz -ahora- demandada, beneficio de libertad condicional, arguyendo haber cumplido diez, de los quince años de privación de libertad dispuestos en su condena por el delito de violación agravada y por encontrarse con enfermedad terminal como es la tuberculosis; asimismo, solicitó se oficie al médico forense de turno dependiente del IDIF, para que lo examine y pueda extender el informe médico legal del caso que corresponda; de igual forma que por secretaría se informe cuando fue remitido el oficio al Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, y a la Gobernación para que sean remitidas sus carpetas con sus planillas para ser beneficiado con la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, para lo cual refiere que adjunta su recetario médico (fs. 4 y vta.). II.2. Consta informe del Coordinador de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos 4 del departamento de Santa Cruz, que señala respecto al memorial Código Único NUREJ 438480: 18957368: 201149135, ingresó el 22 de marzo de 2021 a horas 12:49, a fs. 1 D. 2. Conforme al “sistema EFORO”, y fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del referido departamento, el 23 de marzo de 2021 a horas 8:28, que fue sustanciado por la Jueza demandada; así mismo mediante proveído de 24 del mismo mes y año, que señala textualmente: “…Por apersonado, Al otrosí 1°.- No ha lugar, al no encontrarse admitido el incidente impetrado, por secretaría informe si ha sido remitido el oficio N°342/2020 de 27 de agosto de 2020. Al Otrosí 2°.- Se encuentra ordenado. Al Otrosí 3°.- Por secretaría ofíciese al IDIF, para la valoración médica del interno Daniel Salvatierra Moreno, ordenándose el ingreso del mismo al Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, para su cumplimiento, por adjuntado el recetario médico. Al Otrosí 4°.- Señalado. (sic [ fs. 73 a 75 y 56 a 57]). II.3. Cursa memorial presentado el 29 de marzo de 2021 a horas 15:08 por Franz Menacho Heredia -defensa técnica del accionante- ante la sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, arguyendo que la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del citado departamento -ahora demandada, no decretó oportunamente el memorial por el que solicitó atención médica forense y solicitud de libertad condicional, adjuntando certificado de defunción de su defendido Daniel Salvatierra Moreno, ocurrido a horas 03:00 del 25 de igual mes y año, de treinta y ocho años de edad, en el establecimiento de salud con asistencia médica por insuficiencia respiratoria y tuberculosis pulmonar (fs. 19 a 20).
El impetrante de tutela por intermedio de su representante sin mandato, denunció que se vulneró sus derechos a la vida, a la salud, al debido proceso y a la libertad, toda vez que: 1) Encontrándose cumpliendo diez años de los quince de su condena por el delito de violación agravada, solicitó a la autoridad jurisdiccional ahora demandada, el beneficio de libertad condicional; además de su traslado a un nosocomio previa valoración médica de un médico del IDIF, al encontrarse afectado por una enfermedad crónica terminal de tuberculosis; y, 2) En cuanto al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, por no trasladarlo de emergencia a un centro clínico, haciendo caso omiso del informe médico de Régimen Penitenciario que ordenó su traslado al Hospital San Juan de Dios. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto analizaran los siguientes temas: i) La tutela del derecho a la vida y derechos conexos en el ámbito de protección de la acción de libertad; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; iii) El Estado como garante del derecho a la vida de las personas privadas de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0006/2019-S2 de 19 de febrero, asumió la sistematización de la línea jurisprudencial siguiente: El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: i) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; ii) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; iii) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso iv) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente.
El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: a) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación;
b) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, c) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 16 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril , se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional mediante la precitada SCP 1086/2019-S2 de 05 de diciembre, asumió la sistematización de la línea jurisprudencial siguiente: La Constitución Política del Estado, determina los derechos de las personas privadas de libertad, que no excluye el ámbito de protección de otros a su favor como el de dignidad; así en el art. 73. II se les reconoce expresamente:
La Constitución establece responsabilidades al Estado frente a las personas privadas de libertad, así el art. 74 establece:
I.- Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. Respecto a la responsabilidad del Estado, la jurisprudencia constitucional contenida en la 1207/2012 de 6 de septiembre, establece que es obligación del Estado en su posición de garante de las personas privadas de libertad, como responsable del Régimen Penitenciario, rehabilitación y reinserción social, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, que por su condición están limitados de ejercerlos por cuenta propia, incluso frente a actos de terceros. Así la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, establece que cada establecimiento penitenciario otorgará a los internos asistencia médica que, en caso de no contar con la infraestructura, equipos, personal necesario o emergencia, brindará las facilidades necesarias para su atención en centros de salud adecuados. Cobra especial relevancia el derecho a la vida de las personas privadas de libertad, que implica la creación de condiciones de vida digna por parte del Estado, razón por la cual, éste asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente; razonamiento, que en mérito a los principios de progresividad y favorabilidad, se puede extender a los tratos que sufren los internos en el interior de un recinto penitenciario, quienes si bien tienen restringido temporalmente su derecho a la libertad, en mérito a una orden judicial, todos los demás derechos siguen vigentes. De la jurisprudencia y normativa precedentemente citada, se concluye que el Estado asume la posición de garante de las personas privadas de libertad y aún de las que se encuentren eventualmente en los recintos penitenciarios, a través de todos sus órganos e instituciones, que están obligadas a velar por el respeto, resguardo, protección y vigencia de sus derechos y garantías, más privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones, y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.
Finalmente, y a efectos de resolver la presente causa, la posición de garante provoca la responsabilidad del Estado y sus órganos incluso frente a actos de terceros, así en la sentencia de 28 de enero de 2009, dentro del Caso Perozo y otros vs. Venezuela la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que: 'La Corte ha señalado que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos violatorios cometidos por terceros, que en principio no le serían atribuibles. Esto ocurre si el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes que se encuentren en posición de garantes de derechos humanos, las obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención', y para determinar esta responsabilidad ‘Debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato', aspectos que sin duda deben considerarse por los jueces, fiscales, policías y personas en posición de garante respecto a las personas privadas de su libertad…”. 11La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el FJ III.1, dentro de una acción de amparo constitucional, refiere: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. 12Tribunal Constitucional Plurinacional. SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 033/2013.
aún del derecho a la vida.
El accionante por intermedio de su representante sin mandato denunció que se vulneró sus derechos a la vida, a la salud, al debido proceso a la libertad, toda vez que: a) Encontrándose cumpliendo diez años de los quince de su condena por el delito de violación agravada, solicitó a la autoridad jurisdiccional ahora demandada el beneficio de libertad condicional; además de su traslado a un nosocomio previa valoración médica de un médico del IDIF al encontrarse afectado por una enfermedad crónica terminal de tuberculosis sin que la Jueza demandada se hubiera pronunciado oportunamente; y, b) En cuanto al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, por no trasladarlo de emergencia a un centro Clínico, haciendo caso omiso del informe médico de régimen penitenciario que ordenó su traslado al Hospital San Juan de Dios. Con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe mencionar que, en el desarrollo de la audiencia de la presente acción de libertad, la defensa técnica del impetrante de tutela puso en conocimiento del Tribunal de garantías el fallecimiento del accionantes; suceso que habría ocurrido en la madrugada del 25 de marzo de 2021; es decir, antes de la presentación y celebración de la audiencia tutelar fijada para el 26 de igual mes y año. Consecuentemente, al constatarse por el certificado de defunción que el fallecimiento del impetrante de tutela hubiera acaecido el 25 de marzo de 2021 a horas 3:00 (Conclusión II.3), y que la acción de defensa fue presentada el mismo día (25 de marzo de 2021) a horas 15:46, se concluye que, el deceso del demandante de tutela se produjo antes de la presentación de la acción de libertad. Motivo por el cual conforme el art, 125 de la CPE. Bajo los entendimientos del principio de informalismo que caracteriza la presente acción de defensa, y sobre la base de la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida, se ingresa al análisis de fondo de la problemática planteada, a efectos de establecer responsabilidades si las hubiere, tomando en cuenta los derechos a la vida y la salud, previstos en los arts. 15. I y 18.I y II de la CPE, sin que el fallecimiento del peticionante de tutela sea un motivo para limitar su análisis tomando en cuenta los derechos conexos al derecho a la vida, como la búsqueda de la verdad material. Sobre la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-
Del análisis de los antecedentes cursantes en obrados y descritos en Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el 22 de marzo de 2021 a horas 12:49, Daniel Salvatierra Moreno -interno del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, solicitó ante la referida autoridad jurisdiccional demandada, el beneficio de libertad condicional; paralelamente, pidió se oficie al médico forense de turno del IDIF, con la finalidad de lograr atención médica al encontrarse afectado por una enfermedad terminal -tuberculosis- y así mediante el informe del caso, demostrar que al encontrarse recluido se encuentra su vida en riesgo; a tal efecto, acompañó recetario médico extendido por los “…Galenos de Medicina general, Dr. Julio Antonio Valdivia Chávez, donde actualmente me encuentro Aislado en el PC – 5 (donde están todos los TUBERCULOSOS)” (sic). Dicho memorial -conforme se tiene de la Conclusión II.2 del presente fallo constitucional- fue remitido el 23 de marzo de 2021 al Juzgado a cargo de la autoridad jurisdiccional -hoy demandada-, dictándose la providencia de 24 del mismo mes y año que dio curso a la petición del impetrante de tutela que se oficie al IDIF, para la valoración médica, ordenándose el ingreso del médico forense al Centro de penitenciario Palmasola de Santa Cruz, para su cumplimiento.
Bajo ese marco, se constata que la referida autoridad jurisdiccional demandada respondió dentro el plazo establecido en el art. 132.1 del CPP, esto considerándose además que se atendió en la medida de lo peticionado como era la atención médica por un profesional del IDIF a los fines de realizarse un informe clínico sobre el estado de salud terminal del que sufría y su correspondiente internamiento en un centro clínico. Por otro lado, también se debe considerar que el fallecimiento del solicitante de tutela se produjo al día siguiente -25 de marzo de 2021- de la emisión de dicho proveído. En ese entendido, al no haberse demostrado que la Jueza ahora demandada incurrió en una demora o dilación en su labor jurisdiccional, que haya puesto en peligro o riesgo de salud del accionante, se debe denegar la tutela respecto a esta autoridad. En cuanto al Director de Régimen Penitenciario de Santa Cruz -ahora demandado- De la contrastación de los agravios expuestos por el impetrante de tutela con lo señalado por la autoridad de Régimen Penitenciario en audiencia, se tiene que si bien se refirió a la falta de notificación con la providencia de 24 de marzo de 2021 señalada ut supra y que el accionante fue trasladado inmediatamente a un hospital por su grave estado de salud, no se demostró que el informe del médico general Julio Antonio Valdivia Chávez, quien habría ordenado el traslado del interno al Hospital San Juan de Dios por su deplorable estado de salud, hubiera sido de conocimiento oportuno del Director -ahora demandado-, pruebas que no fueron anexadas a la acción tutelar, lo que limita el análisis de los hechos en este punto; por lo que, corresponde denegar la tutela. Lo cual no impide que los aspectos alegados por el demandante de tutela así como todo lo acontecido en el caso de autos, sean investigados por las autoridades competentes, con la finalidad de llegar a la verdad material de los hechos; razón por la que, se debe realizar las siguientes consideraciones:
Resulta necesario recordar previamente para la resolución del caso, que en el ámbito de su competencia todas las autoridades y órganos de un Estado Parte de una Convención, tienen la obligación de ejercer un “control de convencionalidad”; así, sobre esta temática, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150. “…101. Entre los hechos aceptados por el Estado se cuenta que los servicios de asistencia médica a los cuales tenían acceso los internos del Retén de Catia no cumplían los estándares mínimos. Varios de los internos heridos a consecuencia de los sucesos ocurridos entre el 27 y el 29 de noviembre de 1992 permanecieron sin atención médica y medicación adecuadas […]. Asimismo, los internos enfermos no eran debidamente tratados. 102. Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana. El Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. A su vez, el Estado debe permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal, sin que esto signifique que existe una obligación de cumplir con todos los deseos y preferencias de la persona privada de libertad en cuanto a atención médica, sino con aquellas verdaderamente necesarias conforme a su situación real. La atención por parte de un médico que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o de detención es una importante salvaguardia en contra de la tortura y malos tratos, físicos o mentales, de los prisioneros. 103. La falta de atención médica adecuada podría considerarse en sí misma violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos...” (sic) Razonamientos que nos llevan a considerar el tema salud y vida en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, velando por una atención oportuna que no sólo conlleva responsabilidad para las autoridades de Régimen Penitenciario sino también a nivel Estatal. En el caso de autos, debido a las circunstancias descritas por el accionante antes de su fallecimiento, en su escrito de solicitud de libertad condicional, y la denuncia en el memorial de acción de libertad, donde señala las características de su propia enfermedad, el grado terminal del mismo, el certificado médico otorgado por el profesional de Régimen Penitenciario Julio Antonio Valdivia Chávez, que hizo referencia y demostraba su delicado estado de salud, además de la denuncia respecto a la existencia de un pabellón en el cual se encontrarían otros internos enfermos con tuberculosis -entre ellos- Luis Gustavo Ruiz Landívar, sin acceso a la atención médica correspondiente, generándose una duda razonable sobre la diligencia en la atención médica en el Centro de penitenciario Palmasola de Santa Cruz, que induce a manifestarse sobre el cumplimiento de la normativa dictada a fin de proteger el derecho a la salud de los internos. En ese orden, los arts. 90 al 93 y 96 de la LEPS, concordantes con los arts. 2.2 y 11 del Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002 (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad), debe existir en cada centro penitenciario un servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia en medicina general. Además, que para casos de emergencia, el legislador dispuso en el art. 94 de la citada norma, que será el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, quien ordene el traslado del interno a un centro hospitalario adoptando las medidas de seguridad correspondientes; debiendo informar de inmediato al Juez competente; es decir que, en esas situaciones extremas, de forma preliminar el privado de libertad mediante consulta al médico del recinto penitenciario, este último será quien determine la gravedad del cuadro de salud y pondrá a conocimiento de la situación al director, quien tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente. De lo señalado, esta sala considera necesario que las autoridades competentes llamadas por ley, como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo y otras que a su juicio sean necesarias, realicen una minuciosa investigación sobre todos los hechos denunciados por el accionante fallecido, con la finalidad de evidenciar si los mismos son ciertos o no, en resguardo de la salud y vida de los internos, considerando que se encuentran limitados en su libertad de acción, más aún si están delicados de salud, con el objeto de precautelar los derechos y garantías constitucionales de los privados de libertad, conforme refiere la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Es preciso que la autoridad penitenciaria a cargo del penal, y especialmente el Director de Régimen Penitenciario se informen sobre aquellos internos que se encuentren con grave deterioro en su salud, para tener conocimiento cierto y oportuno sobre su situación física y mental, y en su momento determinar claramente y atender los casos de emergencia. Esto a efecto de tener una constancia, que a futuro les permitió a dichas autoridades penitenciarias definir la situación de una persona privada de libertad que alegue problemas de salud acreditada por el propio centro de reclusión, debiendo realizarse con la debida diligencia y oportunidad lo que correspondiera en favor del interno; esto siempre tomando en cuenta la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III. 3 de este fallo constitucional, que señaló respecto a este grupo de personas que por diferentes circunstancias de la vida se encuentran privados de libertad en centros penitenciarios, no perdieron los derechos inherentes al ser humano; por lo cual, los encargados de las penitenciarías ya sea a nivel departamental como nacional son los garantes para que dichos derechos sean materializados, lo cual implica -entre otros-garantizar el acceso a una atención médica adecuada, coordinar servicios de salud dentro los establecimientos penitenciarios, supervisar la entrega de medicamentos y velar por el bienestar general de los internos en términos de salud física y mental, para lo cual deben necesariamente trabajar en colaboración con autoridades de salud para abordar cualquier emergencia o necesidad médica dentro la población carcelaria. Por consiguiente, si bien corresponde denegar la tutela solicitada, dicha denegatoria no impide que las autoridades competentes referidas precedentemente, investiguen y lleguen a la verdad de los hechos, quienes finalmente establecerán las responsabilidades que el caso aconseje. En ese entendido, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05 de 26 de marzo de 2021, cursante de fs. 15 vta. a 18 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° Denegar la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Exhortar a las autoridades demandadas, que en lo sucesivo en casos análogos obren con mayor prontitud, superando los obstáculos y formalismos en resguardo del derecho a la salud y a la vida de los internos, obrando con la diligencia debida en cada caso particular. 3° Exhortar al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, que en el plazo de setenta y dos horas de su notificación procedan a realizar una investigación sobre los hechos denunciados en el memorial de acción de libertad; con cuyos resultados obren conforme a ley, en coordinación con las autoridades correspondientes.
4° Se dispone llamada de atención a Mauricio Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario y al médico del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, que atendió al interno Daniel Salvatierra Moreno, entre los días 21 al 25 de marzo de 2021 hasta su traslado al Hospital San Juan de Dios, por no remitir la documentación complementaria solicitada en el decreto de 18 de julio de 2022, por la Jueza de Ejecución Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz e incumplir el deber de cooperación y colaboración establecido en el art. 5 del Código Procedimiento Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el FJ III.1, dentro de una acción de amparo constitucional, refiere: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone” 2Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 1977/2013 de 4 de noviembre. 3La SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su FJ III.4, manifiesta que a través de la acción de libertad, es posible tutelar el derecho a la salud e integridad personal de privados de libertad, cuando se encuentra en directa conexión con el derecho a la vida. 4La SC 0023/2010-R de 13 de abril, prevé la protección de los derechos a la salud y a la vida en vinculación con el derecho a la libertad de locomoción, en problemas jurídicos vinculados a arraigos. 5Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 0033/2013, FJ III.2. 6Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 2007/2013 de 13 de noviembre. 7Tribunal Constitucional Plurinacional. SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 033/2013.
8 La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción. 9El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).
Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor, intérprete, familiares y personas allegadas. Se prohíbe la incomunicación. Toda limitación a la comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos, y durará el tiempo máximo de veinticuatro horas. 10El FJ.III.2 señala: (…) “Ahora bien, si inicialmente la tutela del derecho a la vida debe ejercerse por las autoridades penitenciarias, dicha obligación alcanza a todo el aparato estatal, así en la sentencia de 2 de septiembre de 2004, dentro del caso ‘Instituto de Reeducación del Menor’ la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo: ‘Frente a las personas
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0003_2024-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 82c7344ef0b6a0160a0e63409e2dc6acb9ef9453f558b61e303cd0834b587762
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