Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 3 de enero de 2023
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, de circulación y dignidad; toda vez que, al estar en su domicilio, hubiese sido sorprendido por efectivos policiales, quienes luego de allanar su inmueble, lo aprehendieron y sin mayor razón lo trasladaron hasta las dependencias de la FELCC de la ciudad de La Paz; y previo conocimiento del comandante de la unidad policial, éste dispuso su detención en celdas policiales “hasta la fecha”, sin poner a conocimiento del hecho a la autoridad jurisdiccional.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2021 de 18 de marzo, cursante de fs. 18 y vta., pronunciada por el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, denegar la tutela, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2023-S1 Sucre, 3 de enero de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 41322-2021-83-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2021 de 18 de marzo, cursante de fs. 18 y vta., pronunciada dentro de la Acción de Libertad interpuesta por Agustín Condori Zapata contra Douglas Gonzalo Uzquiano Medrano, Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
Por memorial presentado el 17 de marzo de 2021, cursante de fs. 2 a 3, el peticionante de tutela, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 16 de marzo de 2021, a horas 06:00, aproximadamente, en su domicilio particular fue sorprendido por efectivos policiales, quienes allanaron su vivienda y sin mayor razón lo aprehendieron, trasladándolo hasta dependencias de la FELCC de la ciudad de La Paz; donde previamente se informó al comandante de dicha institución sobre el hecho y éste dispuso su “detención” en celdas policiales hasta la presente fecha -entiéndase día de interposición de acción de libertad-, reteniéndolo por más de ocho horas sin que se le haya puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional; además, hace notar que por su condición de agricultor y padre a cargo de menores de edad, no podía estar en la misma celda con otros privados de libertad.
Alega como vulnerado sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y libertad personal, citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se le conceda la tutela y disponga su libertad inmediata, además de verificar si hubiese sufrido vejámenes o tortura.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de marzo de 2021, conforme consta en el acta de audiencia cursante de fs. 38 y vta., se produjeron los siguientes actuados.
El accionante, pese a su legal notificación conforme consta de diligencia cursante a fs. 8, no asistió para ratificar o ampliar su pretensión.
Douglas Gonzalo Uzquiano Medrano, Director Departamental de la FELCC de La Paz, mediante informe escrito de 18 de marzo de 2021, cursante de fs. 9 a 10 manifestó lo siguiente: a) “Por el reporte efectuado por el sr. Sgto. 1ro. Jose Cruz Sanchez Investigador Asignado al Caso, se tiene que en fecha 16 de marzo de 2021 a horas 08:50 procedió a dar cumplimiento al Orden de Aprehensión en contra del ciudadano Agustín Condori Zapata, dispuesto por el Dr. Lupe R. Zabala H., Fiscal de Materia y de forma inmediata puso en conocimiento del Director Funcional de las investigaciones referente a la aprehensión, para que dicha autoridad ponga en conocimiento del Juez Natural y esta defina la situación jurídica del Aprehendido. Por informe verbal del asignado al caso, día de hoy se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares del aprehendido Agustín Condori Zapata y el Juez Natural (Juez 5to. Anticorrupción y Violencia contra la Mujer en suplencia legal de la Juez 4to.) determinó detención preventiva del aprehendido por lapso de 5 meses a cumplirse en recinto Penitenciario de San Pedro” (sic); y, b) No se señala de qué manera se vulneró los derechos y garantías constitucionales denunciados, no existiendo legitimación pasiva y debiendo denegarse la tutela impetrada.
El Juez del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/21 de 18 de marzo de 2021, cursante de fs. 18 y vta., denegó la tutela solicitada, bajo el siguiente razonamiento: En mérito al carácter subsidiario excepcional de la acción de libertad, no puede accionarse al mismo tiempo la jurisdicción ordinaria y la constitucional, toda vez que hacerlo, implicaría duplicidad de fallo, originando disfunción procesal contraria al orden jurídico, además que los actos irregulares cometidos por funcionarios policiales, corresponden ser denunciados ante el Juez cautelar que se constituye en contralor de derechos y garantías frente a posibles actuaciones ilegales o indebidas.
Por Decreto Constitucional de 26 de julio de 2022, cursante a fs. 25, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de fecha 15 de diciembre de 2022 de (fs.63); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido en contra de Agustín Condori Zapata y otros por el supuesto delito de uso indebido de influencias y otros, signado con el caso LPZ1803674, cursa Resolución de Aprehensión de 12 de marzo de 2021, por el cual el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas Delitos Aduaneros y Tributarios, previa compulsa de antecedentes dispuso la emisión de la Orden de Aprehensión en contra del denunciado -ahora accionante- (fs. 12 a 16). II.2. Cursa Orden de Aprehensión de 12 de marzo de 2021, por el cual Lupe Zabala Fiscal de Materia, ordena al investigador asignado al caso o cualquier efectivo policial, aprehenda a Agustín Condori Zapata -ahora accionante- y sea puesto a conocimiento del Juez cautelar, dentro la causa signada con número 201102012005679 (fs.11).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, de circulación y dignidad; toda vez que, al estar en su domicilio, hubiese sido sorprendido por efectivos policiales, quienes luego de allanar su inmueble, lo aprehendieron y sin mayor razón lo trasladaron hasta las dependencias de la FELCC de la ciudad de La Paz; y previo conocimiento del comandante de la unidad policial, éste dispuso su detención en celdas policiales “hasta la fecha”, sin poner a conocimiento del hecho a la autoridad jurisdiccional.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, 2) Análisis del caso concreto.
La jurisprudencia que sique está reflejada entre otras en la SCP 0686/2018-S2 de 23 de octubre. El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero1, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. De manera específica, señaló que el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, donde el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior, invocados en el recurso. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que, en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben 1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…) Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro). 2 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.
simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3 El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 4 El FJ III.4, determina:
“Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparaci ón y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celerida d se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas).
Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que, si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidos por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1.- Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2.- Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3.- Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4.- Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que, por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5.- Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, ii) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; b) Cuando existiendo dicha vinculación: a.1) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando; a.2) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa. En similar sentido, las resoluciones de medidas cautelares pronunciadas por la autoridad judicial pueden ser impugnadas a través del recurso apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal, de circulación y dignidad; toda vez que, al estar en su domicilio, hubiese sido sorprendido por efectivos policiales, quienes luego de allanar su inmueble, lo aprehendieron y sin mayor razón lo trasladaron hasta las dependencias de la FELCC de la ciudad de La Paz; y previo conocimiento del comandante de la unidad policial, éste dispuso su detención en celdas policiales “hasta la fecha”, sin poner a conocimiento del hecho a la autoridad jurisdiccional.
Identificada la problemática, incumbe remitirnos a los antecedentes; así, se tiene que: Dentro del proceso penal seguido en contra de Agustín Condori Zapata por el supuesto delito de uso indebido de influencias y otros, por Resolución de 12 de marzo de 2021, la autoridad fiscal dispuso emitir Orden de Aprehensión, ordenando que el investigador asignado al caso u otro efectivo policial aprehenda al denunciado -ahora accionante-, ante el Juez cautelar que conoce la causa (Conclusión II.1 y II.2). Con esos antecedentes, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; es así que, conforme a la problemática establecida, se tiene que: El Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; esta situación fue complementada por la SCP 0482/2013 de 12 de abril, por el cual sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
Es así que, en análisis del caso concreto, se establece que, la autoridad fiscal emitió Orden de Aprehensión en contra del ahora accionante y que efectivos policiales dieron fiel cumplimiento a dicha instrucción (Conclusión II. 2), toda vez que existía un proceso abierto por ante la instancia judicial, que, si se consideraba, este podía haber interpuesto excepción o incidente formalizando su reclamo a fin de que el Juez Cautelar que conoce la causa, valore el mismo en audiencia cautelar. Por lo que el accionante tenía esta vía para denunciar el allanamiento o la aprehensión que creía “ilegal”; sin embargo, de forma errada acudió de manera directa a la instancia tutelar, recayendo su interposición en una causal de improcedencia conforme lo señalado ut supra impidiendo que este Tribunal Constitucional, pueda ingresar al análisis de fondo. Conforme a lo descrito, y teniendo que el actuar procesal del ahora accionante se subsume al principio de subsidiariedad con la que cuenta esta acción tutelar respecto a que las autoridades judiciales no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre el asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno; esto imposibilita que este Tribunal Constitucional ingrese al fondo del caso, por concurrir causales de improcedencia, ya que el impetrante de tutela contaba con los recursos idóneos infra procesales destinados a salvaguardar sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, y una vez agotados sin conseguir sus pretensiones recién acudir a la justicia constitucional. Situación por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2021 de 18 de marzo, cursante de fs. 18 y vta., pronunciada por el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, denegar la tutela, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
5 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuest o acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
…2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de (las negrillas nos libertad, sobreviene también la subsidiaridad… pertenecen).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0003_2023-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 59f76cbb9f72926d2ed86c4011e8e8f358a4651008d140928ff1f404222285d1
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