Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 9 de enero de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia e “inobservancia en la aplicación de la norma” vinculado con su derecho a la libertad; toda vez, que el Vocal demandado ahora demandado al momento de emitir el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2021: i) No respondió a los agravios que fueron objeto del recurso de apelación; y, ii) Incurrió en omisión valorativa de la prueba tendiente a enervar el riesgo procesal contenido en el núm. 7 del art. 234 del CPP, generando con ello falta de fundamentación y motivación del merituado fallo, pues se limitó a señalar que los elementos probatorios eran insuficientes para desvirtuar su concurrencia; sin embargo, no detalló a qué pruebas se refería. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 54/2021 de 2 de diciembre, cursante de fs. 21 a 22 vta., pronunciada por la Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Liliana Romero Espinoza, Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta del departamento de Cochabamba, por incumplir su obligación de remitir las piezas pertinentes ante esta instancia constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2024-S4 Sucre, 9 de enero de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44655-2022-90-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 54/2021 de 2 de diciembre, cursante de fs. 21 a 22 vta. vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vidal Ochoa Hidalgo contra Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2021, cursante de fs. 3 a 10, el impetrante de tutela manifestó lo siguiente:
Ambrosía Ticona Colque, interpuso denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, quién faltando a la verdad señaló que habría realizado toques impúdicos a la menor AAA, refiriendo de manera falsa que sería su sobrina cuando no tiene ningún tipo de parentesco con la misma, ya que si bien convivía con Flora Ticona era en otro domicilio. Añade que, por tratarse de una menor de edad el Juez de la causa en audiencia de medidas cautelares dispuso su detención preventiva, por lo que encontrándose vulnerado su derecho a la libertad solicitó cesación a dicha medida, la cual le fue negada; sin embargo, en instancia de apelación la Sala Penal Segunda con un criterio correcto y bien formado procedió a desvirtuar otros riesgos procesales, “ordenando la modificación de los Autos Interlocutorios emitidos por el Juez de Origen; siendo que a la fecha solo persiste los riesgos contemplados en los arts. 234.7 y 235.2 por motivos totalmente fuera de lugar que no representan verdaderos riesgos como para que mi persona tenga que seguir encerrado, sufriendo una injusta detención preventiva, siendo que mi derecho a la libertad y a una justicia pronta u oportuna se ve transgredido, humillado e incluso ha desaparecido” (sic), Arguye que en instancia de apelación reclamó como agravio que: “la construcción del riesgo procesal referido al peligro para la víctima es imposible de desvirtuar por la minoridad lo que no debe ser de esa manera, se utilizó iguales argumentos para construir los riesgos procesales que pesan para mantener mi detención preventiva, una indebida e insuficiente motivación en la resolución, la no aplicación del Principio de Favorabilidad; toda vez que, me encuentro con los riesgos procesales como son los arts. 234 inc. 7 y 235, inc. 2 los cuales han sido fundados sobre una misma construcción jurídica, y la no revisión del principio de congruencia por carecer de la debida argumentación y complementación, por argumentos que contravienen mi derecho a la libertad siendo que se debe prevalecer los tratados y convenios internacionales acogidos por nuestro país, así como la propia Constitución Política del Estado en su art. 116-I, que garantiza la Presunción de Inocencia, no pudiéndose mantener la detención preventiva de mi persona por todos estos aspectos” (sic); no obstante, el Vocal ahora demandado lejos de restituir sus derechos, utilizó el forzado argumento de la perspectiva de género y sin tener prueba alguna de la presunta amenaza mantuvo la medida extrema de última ratio, sustentada en la minoridad y familiaridad, la primera ante la desproporción con la víctima, buscando con su protección; sin embargo, el riesgo fundado en la minoridad es de imposible enervación, puesto que para ello tendrá que esperarse que cumpla la mayoría de edad, lo cual supone que permanezca en constante detención preventiva, en plena vulneración a sus derechos, aspectos que debieran ser legislados de una manera justa, pues se debe realizar un análisis referido únicamente a la conducta del imputado para ver si representa un riesgo latente para la víctima, observando su conducta antes, durante y después del supuesto hecho, pues conforme puede evidenciarse desde que se encuentra recluido jamás intento obstaculizar la averiguación de la verdad, ni comunicarse con la tía de la presunta víctima, quien interpuso la denuncia en su contra. Por cuanto dicho riesgo se encontraría mal construido al estar vinculado con el riesgo de familiaridad, al señalarse que al ser familiar podría visitar tanto a la tía como a la menor e influir o tener actitudes negativas con ellas, argumento que denota la falta de visión de la autoridad ahora demandada, e inobserva lo establecido en la SCP 276/2018, que prohíbe que los riesgos procesales estén sujetos a ideas inciertas, es decir “podrá o no podrá”, lo que demuestra que no existe una correcta fundamentación, ya que el tema familiaridad señalado como supuesto vigente da lugar al riesgo señalado en el art. 234. 7 del CPP que es similar al 235.2 del mismo cuerpo legal; asimismo, aludió a la SCP 0056/2014, manifestando que esta determina que el presupuesto procesal para evaluar la posibilidad de fuga, está sujeta al canon de interpretación desarrollado, y la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, precisó que: “Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas” (sic).
Finalizó señalando que las medidas cautelares son instrumentales y se encuentran sujeta al tiempo, no pudiendo ser consideradas sentencias anticipadas, por cuanto el objeto de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, es evitar el abuso de la detención preventiva, por lo que debía realizarse una ponderación ante la existencia de dos riesgos procesales que establecen lo mismo y se fundan en iguales argumentos; no obstante, la Vocal demandada determinó mantener la vigencia de su detención preventiva sin determinar porque sigue siendo la medida más efectiva para el desarrollo del proceso, lo que conlleva a una falta de motivación al desconocer el art. 231 bis parágrafo II del CPP, pues no señala porque las otras medidas cautelares contenidas en la misma, no serían idóneas para asegurar “la teleología” (sic) del art. 221 del CPP, lo que vulnera el debido proceso ante la falta de motivación y omisión en la aplicación de la ley que viene vinculada directamente con su derecho a la libertad al haberse mantenido la medida extrema de última ratio.
El accionante alegó como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia e “inobservancia en la aplicación de la norma” vinculado con su derecho a la libertad, señalando al efecto los arts. 22, 23, 116, 117, 180 y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2021, debiendo emitirse nuevo fallo en estricto apego a la jurisprudencia constitucional sentada al respecto, en base a los argumentos referidos en esta acción tutelar, respecto al art. 234.7 y 235.2 del CPP y 231 bis parágrafo II del mismo cuerpo legal y en apego a los que establece el art. 7, 221 y 222 del CPP modificado por la Ley 1173.
Celebrada la audiencia pública el 2 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 19 a 21, en presencia de la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por medio de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad, y ampliándola señaló que: a) “…los puntos de agravio expuesto en audiencia de apelación, respecto a ello dice, se hace cita de la S.C. 583/2017-S2, la misma que establece que la autoridad debe realizar un análisis prolijo respecto a la construcción de los riesgos procesales a través de un recurso de apelación o cesación” (sic), otro punto de agravió versó en la errónea construcción de los riesgos procesales contenidos en el art. 234.7 y 235.2 del CPP, el primero al haberse tomado en cuenta la familiaridad y vulnerabilidad de la menor y en el segundo por encontrarse sustentado en los mismos argumentos que el art. 234.7 del mismo cuerpo legal, los cuales no fueron resueltos por la autoridad ahora demandada, razón por la que denuncia vulneración al debido proceso al haberse omitido los puntos de agravio en “su motivación”, no precisó porque no se aplicó el aludido fallo constitucional, que fue motivo de agravio y que es vinculante al caso concreto respecto a la interpretación del “numeral 10 del Art. 234 peligro para la victima dentro de un caso de violación a niño, niña y adolescente, al caso concreto y por mandato del Art. 203 debiese haber sido aplicado…” (sic), incurriendo en error afirmando que del examen psicológico elaborado se advertía que la víctima se encontraba afectada por las constantes agresiones sexuales de las que fue y sigue siendo víctima, encontrándose censurado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que dicho riesgo sea sustentado en un informe psicológico, por lo que correspondía a la autoridad demandada, establecer porque no concernía su aplicación cuando resulta ser análogo; b) Denunció que la SCP 01/2019-S2 de 14 de abril, se encuentra siendo mal aplicada, ya que la misma establece que debe existir elementos materialmente verificables para sustentar el peligro efectivo para la víctima, debiendo concretarse cual la conducta anterior y posterior del procesado, aspecto en torno al cual acompañaron documentación idónea consistente en certificaciones emitidas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que evidencian que no existe otra denuncia en su contra, certificados de no violencia, que denota que no existe conducta repetitiva, misma que ni siquiera fue valorada, generando una omisión, pues se limitó a señalar que los elementos de convicción acompañados sin detallar cuales, no enervaron el art. 234.7 y el 235.2 ambos del CPP, pero no aclaró porque razón eran insuficientes, generando con ello falta de fundamentación y motivación; y, c) Finalizó solicitando se conceda la tutela impetrada, y se anule el Auto de Vista confutado, conminando a la autoridad judicial ahora demanda emita nuevo fallo debidamente motivado absolviendo todos los puntos de agravio deducidos a momento de fundamentar su recurso de apelación.
Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no asistió a audiencia; sin embargo, presentó informe el cual no fue remitido.
Elizabeth Vilcaez Flores, Fiscal de Materia expresó que si bien se presentó documentación para enervar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP; sin embargo, debe tenerse presente que el mismo fue sustentado en función a la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien es mujer y menor de edad, mismo que identificó a su tío político como su agresor, presentando a raíz de los hechos afectación emocional por su corta edad, acreditada con el informe psicológico y entrevista realizada a la víctima, sumado al hecho que también en apelación la autoridad ahora demandada evaluó correctamente la vigencia del art. 235.2 del mismo cuerpo legal, referente a la influencia negativa que el imputado estaba realizando, considerándose en específico la relación de familiaridad, por lo que debe tomarse en cuenta que en el presente caso no solamente se tiene a una víctima de agresión sexual menor de edad sino mujer, mérito en torno al cual se realizó una adecuada valoración, pues en estos casos debe primar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo al art. 60 de la CPE, además que las diversas Sentencias Constitucionales establecieron que se debe juzgar con perspectiva de género en ese tipo de delitos, bajo un enfoque interseccional y reforzado, por lo que al no existir agravio alguno solicitó se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta del departamento Cochabamba, mediante Resolución 54/2021 de 2 de diciembre, cursante de fs. 21 a 22 vta., denegó la tutela impetrada; en base a los siguientes fundamentos: 1) Tomando en cuenta la problemática presente la cual versa sobre componentes del debido proceso, es necesario verificar los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que las lesiones al debido proceso sean analizadas a través de esta acción de defensa, la vinculación directa con el derecho a la libertad y el absoluto estado de indefensión, de cuya revisión de antecedentes “el cual se ha remitido a este despacho el cuaderno procesal, en y consta la mencionada medida cautelar, con la cesación solicitada y la misma habría sido impugnada mediante apelación incidental, la cual ahora se reclama de vulneradora y se tiene del expediente que el acusado, ha sido notificado con todos y cada uno de los actos procesales, motivo por el cual no se encuentra en completo estado de indefensión” (sic), habiendo además hecho uso de los mecanismos procesales del CPP; sobre la vinculación al derecho a la libertad, si bien la defensa del hoy accionante precisó que la falta de fundamentación y no respuesta concreta a todos los agravios planteados, estarían vinculados a su libertad; y, 2) Se denuncia en el acápite de derechos vulnerados la inobservancia al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y mala aplicación de la norma “motivo por el cual, no se está solicitando que se ingrese al fondo del asunto por parte de este tribunal; por lo cual, se debe establecer la relevancia constitucional entre lo solicitado y lo resuelto, puesto que de darse una eventual anulación de la resolución del auto de vista del 18 de noviembre del 2021, en este caso no existe una conexión directa con el derecho a la libertad, puesto que la autoridad accionada solamente tendría que cumplir con criterios de fundamentación y congruencia, sin que ello implique un cambio sustancial en el fondo del asunto, es decir que no cambiaría la situación jurídica del accionante, si es que de darse curso al petitorio solicitado, el accionante no recuperaría la libertad de manera directa, motivo por el cual el petitorio carece de relevancia constitucional al no estar relacionado de manera directa con la libertad del accionante” (sic).
Por Decreto Constitucional de 5 de abril de 2023, cursante a fs. 29, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo con la finalidad de obtener documentación complementaria de parte de Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta del mismo departamento; no obstante, al no haberse recibido la información solicitada y a objeto de no causar dilación en la presente causa, se dispuso la reanudación mediante decreto de 29 de diciembre del mismo año (fs. 33); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En audiencia de 2 de diciembre de 2021, celebrada dentro la presente acción tutelar, el Secretario Abogado del Juzgado de Sentencia Penal Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz constituido en Juzgado de garantías, al momento de informar sobre la notificación y presencia de las partes, señaló que no se encontraba presente el Vocal demandado; sin embargo, había presentado informe, el cual se puso a conocimiento del abogado del accionante de manera digital y adjunto el cuaderno procesal (fs. 19).
El accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia e “inobservancia en la aplicación de la norma” vinculado con su derecho a la libertad; toda vez, que el Vocal demandado ahora demandado al momento de emitir el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2021: i) No respondió a los agravios que fueron objeto del recurso de apelación; y, ii) Incurrió en omisión valorativa de la prueba tendiente a enervar el riesgo procesal contenido en el núm. 7 del art. 234 del CPP, generando con ello falta de fundamentación y motivación del merituado fallo, pues se limitó a señalar que los elementos probatorios eran insuficientes para desvirtuar su concurrencia; sin embargo, no detalló a qué pruebas se refería. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP (exp. 46923-2022-94-AL) al respecto precisó: “Conforme lo establecido por la SCP 0478/2017-S3 de 1 de junio, el principio de informalismo –aplicable con mayor fuerza en las acciones de libertad–, no debe comprenderse como la posibilidad de que la jurisdicción constitucional puede resolver las cuestiones demandadas, prescindiendo de las mismas –pruebas–, siendo en una primera instancia una obligación de los accionantes aportar la suficiente documental que sostenga sus pretensiones, así como de las autoridades y ciudadanos demandados, debiendo remitir toda la información pertinente al caso concreto.
En ese marco, el referido fallo constitucional estableció que: “Si bien es cierto que en el marco del principio de informalismo una acción de libertad, no requiere precisamente de mayores formalidades para ser interpuesta; sin embargo, no significa que esta pueda estar desprovista de la prueba necesaria que asegure la pretensión, así lo determinó este Tribunal a través de la SCP 0616/2016-S3 de 1 de junio, que a tiempo de precisar este entendimiento sostuvo: ‘Ahora bien, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no requiere de mayores formalidades para ser interpuesta; no obstante, es imperante que quien recurre a esta jurisdicción debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite todo lo alegado en la acción tutelar a objeto de demostrar la denuncia formulada y la existencia de los actos lesivos desarrollados por las autoridades demandadas que en su criterio lesionan sus derechos fundamentales, así la SC 0066/2010-R de 3 de mayo, respecto a la falta de prueba en acciones de libertad estableció que: ‘…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión.
En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisiónʼ”. En ese sentido, existen casos en los que la problemática a ser analizada converge precisamente en hechos que no solo carecen de prueba alguna que acredite su existencia, sino que además derivan en hechos controvertidos pues los hechos son además refutados por la parte demandada que niega la existencia de los hechos demandados y por ende la vulneración de los derechos denunciados, así la jurisprudencia constitucional en números casos con dicha problemática concluyó que: ‘…constituyen hechos controvertidos que no podrán ser resueltos por este Tribunal en virtud al carácter sumario del trámite de esta acción de defensa, por carecer principalmente de una etapa probatoria amplia, así como de los medios de averiguación con que cuenta el Juez ordinario contralor de garantías…’ (SCP 0046/2015-S3 de 15 de enero); en este mismo sentido la SCP 0086/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo: ‘…se evidencia la existencia de aseveraciones distintas entre lo sostenido por el accionante y el codemandado, lo que conlleva a que la contradicción de esas afirmaciones, determina que en el caso, este Tribunal no pueda emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que existen hechos controvertidos que requieren ser comprobados y dilucidados por la autoridad ordinaria, quien con un acervo probatorio mucho más amplio que el de esta jurisdicción constitucional, defina sobre la veracidad de la denuncia, y en su caso, establezca las responsabilidades que corresponda’” (las negrillas fueron añadidas).
El accionante identifica como acto lesivo a sus derechos invocados en esta acción tutelar, el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2021, en cuyo pronunciamiento presuntamente el Vocal ahora demandado incurrió en: a) Falta de respuesta a los agravios que fueron objeto de su recurso de apelación; y, b) Omitió valorar la prueba tendiente a enervar el riesgo procesal contenido en el núm. 7 del art. 234 del CPP, generando con ello falta de fundamentación y motivación, pues se limitó a señalar que los elementos probatorios eran insuficientes para desvirtuar su concurrencia; sin embargo, no detalló a que pruebas se refería.
Al respecto, resulta pertinente aclarar que si bien el hoy accionante denuncia presuntos defectos de fundamentación, motivación y omisión valorativa de la prueba del Auto de Vista de 18 de noviembre de 2021; sin embargo, no acompañó el mismo a su memorial de acción de libertad, soslayando que no obstante que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad se caracteriza por el principio de informalismo, ello no significa que pueda prescindirse de presentar prueba mínima que acredite los hechos denunciados, siendo estos necesarios para ingresar al control tutelar y asumir una decisión de fondo, la cual debe ser sostenida en hechos probados mediante documentación idónea.
Por cuanto si bien conforme el contenido de la Resolución Constitucional, los antecedentes procesales fueron de conocimiento de la Jueza de garantías; sin embargo, no fueron remitidos a este Tribunal; por ello, al asumir conocimiento de la causa, esta Relatoría advertida de la falta de piezas procesales mínimas para la consideración de lo impetrado, mediante Decreto constitucional de 5 de abril de 2023 (fs. 29) emitido por la Comisión de Admisión de este Tribunal, de manera formal solicitó a Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba hoy demandado remita el Auto de Vista de 18 de noviembre de 2021; y, a Liliana Romero Espinoza, Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta del mismo departamento, que fungió como Jueza de garantías, remita el Informe presentado por el Vocal ahora demandado; no obstante, no se cumplió con lo solicitado, pese a que ambas autoridades fueron notificadas con el aludido decreto, conforme se evidencia a fs. ….del expediente.
En ese sentido y teniéndose que, aun cuando se intentó recabar la documentación pertinente para la resolución de la problemática planteada, esa labor no pudo ser cumplida; en cuyo mérito, este Tribunal se encuentra imposibilitado de emitir pronunciamiento de fondo en virtud a los razonamientos expuestos, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada.
Es necesario puntualizar que el Tribunal o Juez de garantías tiene la obligación de remitir todos los actuados procesales así como la prueba presentada durante la sustanciación de una acción tutelar, porque dicha documental concierne también ser analizada en esta instancia de revisión; mérito por el cual ante la inobservancia de dicha obligación, se llama la atención a Liliana Romero Espinoza, Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta del departamento de Cochabamba, por no remitir los actuados que fueron considerados a momento de emitir resolución, pues dicha omisión generó la necesidad de requerir el envío del Auto de Vista de 18 de noviembre de 2021, y el Informe presentado por el Vocal demandado dentro de la presente acción de defensa al amparo del art. 5.2 del CPCo, en cuyo efecto se suspendió el plazo de resolución de la causa, con inevitable demora, sin que en el caso se haya logrado él envió de lo requerido.
En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 54/2021 de 2 de diciembre, cursante de fs. 21 a 22 vta., pronunciada por la Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Liliana Romero Espinoza, Jueza Penal de Sustancias Controladas, Liquidador y de Sentencia Quinta del departamento de Cochabamba, por incumplir su obligación de remitir las piezas pertinentes ante esta instancia constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0002_2024-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7e2818fadc42cd1116e965a8b452151d4ab3738a60e93fb986aa6b6f3de6f0ee
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