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SCP 0002/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de enero de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de enero de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
39631-2021-80-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y a la libertad física; conforme a ello, manifiesta que la autoridad demandada dictó el Auto de Vista 94/2021 de 6 de abril, de manera arbitraria e injustificada; en ese orden, pese a haber desvirtuado ciertos riesgos procesales, mantuvo la medida extrema con base únicamente en el riego de fuga señalado por el art. 234.1 del CPP sin tomar en cuenta que el Fiscal de Materia no cumplió la carga de la prueba; además, no se hizo un análisis de lo previsto por el art. 231 bis del Código Adjetivo Penal en relación al principio de proporcionalidad en la aplicación de medidas restrictivas de derechos fundamentales; más si en el caso, no se justificó en ningún momento por qué era necesario su detención preventiva para la realización de los actos investigativos propuestos por el Ministerio Público. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2021 de 9 de abril, cursante de fs. 72 a 76 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada por vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, la libertad física; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 94/2021 de 6 de abril; y, 3° Ordenar a Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita una nueva resolución conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2. El derecho a una decisión judicial fundamentada y motivada como elementos del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2023-S2 Sucre, 25 de enero de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 39631-2021-80-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 04/2021 de 9 de abril, cursante de fs. 72 a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Cesar Torrico Salinas, en representación sin mandato de Pablo Marcelo Contreras Claros contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA

JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de abril de 2021, cursante a fs. 1; y, 57 a 60, el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue imputado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional e incumplimiento de deberes. Manifestó que se llevó a cabo una audiencia de aplicación de medidas cautelares en la que el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro dispuso la aplicación de la medida extrema de detención preventiva, a través de Auto Interlocutorio 104/2021 de 29 de marzo. Interpuesto el recurso de apelación incidental, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, mediante Auto de Vista 94/2021 de 6 de abril, declaró improcedente la impugnación planteada en el que se desvirtuó algunos riesgos procesales.

Denunció que se dispuso su detención preventiva ante la concurrencia de lo previsto en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debido a que señaló un domicilio en su declaración informativa y otro al momento de ser aprehendido; sin tomar en cuenta que, el Ministerio Público estaba en la obligación de acreditar que no tenía domicilio; igualmente, dicha instancia no justificó qué actos investigativos se llevarían a cabo el tiempo que dure su privación de libertad. Alegó que no se debatió lo previsto en el art. 233.1 del CPP, en relación con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad vinculados a la detención preventiva; en tal sentido, la autoridad jurisdiccional omitió su deber de fundamentación al no justificar por qué razón era necesaria la restricción de su derecho a la libertad; más si se demostró que los actos investigativos propuestos por el Ministerio Público no tenían necesidad alguna de privarle de su libertad personal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y a la libertad física; citando al efecto los arts. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y que en consecuencia ordenar: a) El restablecimiento de las formalidades legales; y, b) La anulación del Auto de Vista 94/2021 de 6 de abril y la emisión de una nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de abril de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 69 a 71 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó in extenso, todos los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe del demandado

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe escrito ni compareció a la audiencia, pese a su legal citación cursante a fs. 63.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2021 de 9 de abril, cursante de fs. 72 a 76 vta., denegó la tutela, conforme a los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, en relación al procesamiento indebido, señala que la acción de amparo constitucional es la vía idónea para reclamar lesiones al debido proceso; no obstante, en situaciones en que los actos denunciados afectan directamente el derecho a la libertad física o de locomoción, es posible solicitar tutela mediante la acción de libertad; 2) El art. 398 del CPP, señala que la competencia del tribunal de alzada se circunscribe a los aspectos cuestionados de la resolución, y este no puede pronunciarse sobre aquellos puntos que no se encuentran en el referido fallo. En ese sentido, el abogado del imputado, en ningún momento alegó la falta de análisis y consideración de otras medidas cautelares personales menos gravosas al derecho a la libertad física; de igual forma, no expuso como agravio los tipos penales imputados; 3) En relación al hecho que la detención preventiva fue motivada por la concurrencia de un solo riesgo procesal, la decisión de primera instancia fue revocada en parte; en ese orden, en apelación se enervaron los numerales 4 y 7 del art. 234 del Código Adjetivo Penal, mas no los riegos establecidos en los numerales 1 y 2 de la misma disposición legal; lo cual evidenció la concurrencia de dos riesgos procesales y la falta de veracidad de los argumentos de cargo expuestos; y, 4) No hubo lesión al principio de temporalidad, debido a que el Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para la detención preventiva. En tal sentido, la autoridad jurisdiccional, tomando en cuenta los actos investigativos que debían desarrollarse, determinó que la medida extrema sea por el plazo de un mes, al concurrir dos riesgos procesales, la ausencia de un domicilio y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Al amparo de lo previsto en el art. 36.9 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la parte interesada solicitó explicación y complementación, en el sentido que se aclare de qué forma la inspección, reconstrucción y otros actuados eran elementos suficientes para acreditar la detención preventiva; más si, “…el Art. 171 prevé clara y expresamente que el imputado puede decidir de participar o no de la inspección ocular y el principio de necesidad tendría que estar únicamente basado en ese actuado…” (sic). A raíz de ello la Jueza de garantías manifestó que no podía inmiscuirse en los actos de investigación al ser una atribución de las autoridades de la justicia ordinaria; en ese orden, alegó que la jurisprudencia constitucional dispuso que la fundamentación de las resoluciones no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo; tal cual se evidenció en el Auto de Vista 94/2021, dictado por la autoridad judicial demandada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto de 24 de junio de 2022, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria, habiéndose obtenido la misma, se resolvió su reanudación a partir de la notificación con el decreto de 18 de octubre de igual año; por lo que, la presente Resolución es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 104/2021 de 29 de marzo, Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva de Pablo Marcelo Contreras Claros -ahora accionante-, debido a la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2, 4; y, 235.1 del CPP. Decisión que fue apelada incidentalmente mediante memorial de 30 de marzo del citado año (fs. 44 a 47; y, 50 y vta.). II.2. Por Auto de Vista 94/2021 de 6 de abril, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora impetrante de tutela; sin embargo, desvirtuó la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.4 y 235.1 del CPP; en consecuencia, vigentes los peligros de fuga establecidos en el art. 234.1 y 2 de la referida disposición legal (fs. 93 a 94 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y a la libertad física; conforme a ello, manifiesta que la autoridad demandada dictó el Auto de Vista 94/2021 de 6 de abril, de manera arbitraria e injustificada; en ese orden, pese a haber desvirtuado ciertos riesgos procesales, mantuvo la medida extrema con base únicamente en el riego de fuga señalado por el art. 234.1 del CPP sin tomar en cuenta que el Fiscal de Materia no cumplió la carga de la prueba; además, no se hizo un análisis de lo previsto por el art. 231 bis del Código Adjetivo Penal en relación al principio de proporcionalidad en la aplicación de medidas restrictivas de derechos fundamentales; más si en el caso, no se justificó en ningún momento por qué era necesario su detención preventiva para la realización de los actos investigativos propuestos por el Ministerio Público. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

Acorde al régimen establecido en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, la SCP 0582/2012 de 9 de julio, señala: “El art. 125 de la CPE, establece la acción de libertad como un medio de defensa oportuno y eficaz, cuyo objeto está dirigido a proteger los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, cuando aquélla a consecuencia de la restricción a la libertad sea puesta en peligro, o en los casos en que la persona se encuentre ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad. Respecto a su finalidad, esta acción está destinada a guardar la tutela a la vida, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o en su caso restituir el derecho a la libertad. Esta garantía jurisdiccional no se constituye en un medio alternativo o paralelo de la jurisdicción común, de modo que no tiene la finalidad de suplir las deficiencias e inoperancias de otras instancias que comprometan tales derechos, siendo su objetivo primordial la de brindar una protección inmediata y efectiva al derecho a la vida y a la libertad física y de locomoción, en aquellos casos en que sean ilegal o indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión debido a las acciones u omisiones de servidores públicos o particulares”.

III.2. El derecho a una decisión judicial fundamentada y motivada como elementos del debido proceso

El derecho a una decisión judicial fundamentada y motivada, constituyen elementos esenciales de la garantía del debido proceso, consagrada por el art. 117.I de la CPE, tiene como objeto limitar la actuación arbitraria y discrecional de las autoridades judiciales con el fin que sus decisiones sean emitidas con base en razones fácticas y jurídicas, evitando que las mismas sean solo una expresión de su voluntad; así la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, dispone que una decisión judicial acorde a la garantía del debido proceso, debe contener los siguientes elementos: “…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” (las negrillas son nuestras). En este marco, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, señala que la arbitrariedad de una decisión judicial o administrativa puede ser expresada mediante: “…b.1) Una ‘decisión sin motivación’, o existiendo esta es b.2) Una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) Una ‘motivación insuficiente’. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso(SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.

Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y a la libertad física; a partir de ello, manifiesta que la autoridad demandada dictó el Auto de Vista 94/2021 de 6 de abril de manera arbitraria e injustificada; en tal sentido, si bien desvirtuó ciertos riesgos procesales, mantuvo su detención preventiva con base únicamente en el riego de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP, sin tomar en cuenta que el Fiscal de Materia no cumplió la carga de la prueba para acreditar que no tenía domicilio; refiere además, que no se hizo un análisis a lo previsto por el art. 231 bis del CPP en relación a la aplicación del principio de proporcionalidad al momento de imponer medidas restrictivas de derechos fundamentales; más si en el caso, no se justificó en ningún momento por qué era necesaria su detención preventiva, a fin que el Ministerio Público realice los actos investigativos propuestos. Evidentemente, la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional advierte que mediante Auto Interlocutorio 104/2021 de 29 de marzo, Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, ante la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2, 4; y, 235.1 del CPP, Fallo que fue apelado en la vía incidental, mediante memorial de 30 de marzo del referido año.

En dicho mérito, a través del Auto de Vista 94/2021, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el prenombrado; empero, estableció la inconcurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.4 y 235.1 del Código Adjetivo Penal; y mantuvo vigente los peligros de fuga señalados en el art. 234.1 y 2 del citado marco legal.

Ahora, si bien mediante la presente demanda tutelar el accionante denuncia que el Auto de Vista 94/2021 se encuentra injustificado e infundado; en esencia, no observa todo el auto de vista; toda vez que, el mismo desvirtuó la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.4 y 235.1 del CPP; sino, el hecho que la autoridad demandada mantuvo su detención preventiva únicamente respecto al riego de fuga previsto en el art. 234.1 de la Norma Adjetiva Penal (en relación al domicilio), no tomó en cuenta que el Fiscal de Materia no cumplió la carga probatoria para acreditar que no tenía domicilio y no se realizó el análisis de proporcionalidad previsto en el art. 231 bis del citado cuerpo legal. A partir de lo señalado, no amerita hacer un examen in extenso de la Resolución objeto la presente acción de amparo constitucional; sino únicamente, las partes correspondientes relacionadas a las cuestiones previamente identificadas. En este orden, analizada la Resolución objeto de la presente demandada tutelar, no resulta evidente que el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, haya mantenido la medida extrema de detención preventiva con base en un solo riesgo procesal; el previsto en el art. 234.1 del CPP; contrariamente la referida Decisión, textualmente establece que se: “….declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la parte imputada Pablo Marcelo Contreras Claros, en consecuencia se CONFIRMA la Resolución Judicial N° 104/2021 de 29 de marzo de 2021, cursante a fs. 44 a 47 del testimonio de apelación, Alternativamente se deja sin efecto los riesgos procesales adoptados en la resolución impugnada, Núm. 4 del art. 234 y Núm. 1 del art. 235 ambos del Código de Procedimiento Penal, en lo demás se mantiene incólume el auto impugnado emitido por el Juez de Instrucción en lo Penal N° 2 de la Capital” (sic); esta última parte implica que, como se dispuso la medida extrema originalmente debido a la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2, 4; y, 235.1 del CPP, la autoridad judicial demandada mantuvo su vigencia en los riesgos de fuga previstos por el art. 234.1 y 2 del marco legal referido; no solo en uno, como erróneamente alega el peticionante de tutela. Sin embargo, respecto al agravio relacionado al incumplimiento de la carga probatoria por parte del Fiscal de Materia, en el entendido que no presentó elemento alguno para acreditar que no tenía un domicilio; se observa que en la Resolución impugnada la autoridad demanda, se limitó en señalar “…consideramos razonable la decisión adoptada por el juez inferior sobre el art. 234.Núm. 1 del Código de Procedimiento Penal…” (sic); lo cual evidencia que lo resuelto se adecua al supuesto de una decisión sin motivación establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, al no encontrar respaldo y sustento fáctico y jurídico alguno, más si el art. 231 bis.V del CPP, refiere que: “La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugara ni obstaculizara la averiguación de la verdad”; a partir de ello y observancia del debido proceso establecido en el art. 115.II de la CPE, corresponde a la autoridad demandada identificar si en el caso, conforme el marco normativo supra, la parte acusadora cumplió la carga de la prueba para acreditar que el imputado no tenía domicilio; lo que supone, ningún tipo de exigencia para el procesado. Por otro lado, sobre la falta de observancia del art. 231 bis del CPP, relacionada al principio de proporcionalidad, evidentemente la referida disposición legal, establece que: “Siempre que el peligro de fuga u obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9 del Parágrafo precedente”; ello supone que la detención preventiva concurre siempre y cuando otras medidas menos restrictivas no sean suficientes para asegurar la presencia del procesado, la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Dicho esto, en el caso concreto, efectivamente se observa que dicho test de proporcionalidad no fue llevado a cabo por el Juez de instancia; pese a que fue reclamado por el imputado en su recurso de apelación bajo el argumento que “dispuso mi detención preventiva (…) en un marco de desproporcionalidad alarmante”; en ese orden, el Tribunal de alzada no emitió pronunciamiento al respecto, cuando debió verificar en observancia de lo previsto en el art. 231 bis.II. del CPP, si se hizo un análisis sobre la aplicación de medidas cautelares menos gravosas, de manera previa a ordenar la detención preventiva del peticionante de tutela. Accionar que evidencia sobre este agravio, que la decisión no tiene una motivación suficiente; por ende, carece de un respaldo jurídico y fáctico; extremo que amerita la emisión de una nueva resolución por parte del Tribunal de alzada. Por lo expuesto, el accionar de la autoridad judicial demandada, lesionó los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y la libertad física del impetrante de tutela, motivo por el cual, corresponde restituir las formalidades legales y dar curso a la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2021 de 9 de abril, cursante de fs. 72 a 76 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada por vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, la libertad física; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 94/2021 de 6 de abril; y, 3° Ordenar a Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita una nueva resolución conforme a los fundamentos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0002_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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