Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de enero de 2026
Concede la tutela
La accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la salud y a la vida; toda vez que, fue diagnosticada con cáncer de mama izquierda y a inicio del 2023; fue sometida a quimioterapia, pero nuevamente el 1 de junio del citado año le diagnosticaron “…CARCINOMA DUCTUAL INFILTRANTE DE MAMA IZQUIERDA T3N0M0 ETAPA IIHERB2…” (sic); y por decisión de la junta de médicos especialistas de ginecología, cirugía general y oncología; fue sometida a una cirugía de mastectomía, pero para continuar su recuperación requiere tratamiento con “…RADIOTERAPIA ADYUVANTE…” (sic); el cual, sólo se realiza en Santa Cruz y El Alto de La Paz; por lo que, interpuso un incidente para su traslado, del Centro Penitenciario de La Merced de Oruro donde se encuentra, al CERPROM, del departamento de Santa Cruz, teniendo familiares en la misma que la pueden ayudar; sin embargo, el Juez ahora demandado mediante providencia de 24 de agosto de 2023; habiendo ordenado el traslado a las partes, dispuso la notificación de los referidos centros penitenciarios, solicitando informes al primero sobre las visitas que recibió, certificados de conducta y permanencia; y, al segundo centro cuales serían las condiciones de seguridad, el espacio y si cuenta con las distintas etapas del sistema progresivo; pero estas documentales, son impertinentes y causarían dilación; por lo que, pide que la autoridad demandada, deje sin efecto la providencia de 24 de agosto de 2023; en cuanto a las notificaciones a los Centros Penitenciarios referidos, y consecuentemente disponga su traslado para que, pueda reali…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 30 a 32 vta.; pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer a la autoridad que se encuentre en ejercicio del Juzgado de Ejecución Penal Primera, de la Capital del departamento Oruro; que, en el día de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale audiencia para resolución del incidente de traslado, impetrado por la parte accionante; salvo que, el mismo ya hubiera sido resuelto por el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2026-S3 Sucre, 29 de enero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58135-2023-117-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 02/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 30 a 32 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vladimir Veto Adrian Flores en representación sin mandato de Silvana Ruiz Guzmán contra Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 28 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 13 a 15, la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Se encontraba cumpliendo condena en el Centro Penitenciario La Merced de Oruro; por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; en 2022 empezó a tener molestias en su mama izquierda, posteriormente le diagnosticaron cáncer de la referida mama y a inicios del 2023 fue sometida a quimioterapia, posteriormente entre el 11 de mayo al 1 de junio de similar año; se confirmó el diagnóstico: “…CARCINOMA DUCTUAL INFILTRANTE DE MAMA IZQUIERDA T3N0M0 ETAPA IIHERB2...” (sic); por lo que, en junta médica con los servicios de ginecología, cirugía general y oncología se decidió tratamiento quirúrgico debido al riesgo de progresión de la enfermedad. En ese marco el 15 de junio de 2023, le realizaron una mastectomía radical modificada; pero para continuar con su tratamiento con “…RADIOTERAPIA ADYUVANTE…” (sic); decidieron transferirle a la ciudad de Santa Cruz, al Centro de Medicina Nuclear, para valoración por servicio de radioterapia; dado que, estos centros solo se encuentran en las ciudades de El Alto de La Paz y Santa Cruz. La radioterapia, que necesitaba es por un tiempo indeterminado, y día que pase sin realizarlo la misma, aumentara el riesgo de complicación de su salud; es así que, Crescencio López médico de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario (DDRP), de igual manera sugirió su traslado a la ciudad de Santa Cruz. Con todos esos antecedentes, el 23 de agosto de 2023 interpuso ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro; incidente de traslado, adjuntando al efecto toda la prueba que respaldaba su estado de salud y la necesidad de efectuar el cambio de manera inmediata; sin embargo, la autoridad señalada mediante proveído de 24 de agosto de 2023, ordenó la notificación a distintas instancias innecesarias; porque, pidió certificaciones de conducta y permanencia al Centro donde se encontraba y además, ordenó la notificación al Centro de Readaptación Productiva de Montero (CERPROM); para que, informara las condiciones de seguridad, el espacio y si contaba con las distintas etapas del sistema progresivo; conociendo que, estas certificaciones demoran en regresar.
Denunció la lesión de sus derechos a la salud y a la vida, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 115.I, 126, 127; y, 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se ordene a la autoridad demandada, deje sin efecto la providencia de 24 de agosto de 2023; en cuanto a las notificaciones al Centro Penitenciario La Merced de Oruro y al CERPROM; y consecuentemente disponga, su traslado al referido Centro de readaptación para que pueda realizarse la radioterapia adyuvante que requiere.
Celebrada la audiencia pública el 30 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 28 a 29, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante en audiencia pública, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar, y ampliándolo manifestó que: a) Al momento de interponer el incidente, adjuntaba otros documentos como la historia clínica, la sentencia, mandamiento de condena, el mandamiento de detención preventiva; se agregó también, el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); en el cual, ya se encontraba inscrito la sentencia, los informes médicos del penal, el certificado médico legal forense, y otras documentales; b) La quimioterapia que se efectuó inicialmente le provoco efectos secundarios como la pérdida de cabello y otras reacciones en su cuerpo; atravesó una cirugía y ahora requiere la radioterapia, dado que, solo hay en El Alto de La Paz y Santa Cruz; c) Que la SC “080/2010”-R, así como la SCP 1889/2013 de 29 de octubre; establecieron que, en estos casos cuando esté vinculado al derecho a la vida, la acción de libertad procederá de forma directa; y, d) Las documentales solicitados por la autoridad demandada generarían una dilación aproximada de dos meses; y además serian innecesarios porque, en relación a la seguridad del Centro penitenciario, se estableció en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS).
Arnold John Campos Atanacio, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito presentado el 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 24 y vta.; solicitó se declare la improcedencia de la demanda tutelar bajo los siguientes argumentos: 1) No tiene legitimación pasiva; debido a que, suscribió la providencia de 24 de similar mes y año, en suplencia legal de la Jueza de Ejecución Penal Primera del citado departamento, por baja médica; 2) No podía generar ningún tipo de enmienda, no tenía acceso al expediente; por lo que, no pudo generar ningún tipo de corrección procesal como solicitó la accionante; y, 3) La acción de libertad, debe dirigirse contra la persona que ostenta el cargo a momento de interponerse la demanda tutelar.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías mediante Resolución 02/2023 de 30 de agosto, cursante a fs. 30 a 32 vta., denegó la tutela impetrada y recomendó a la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, tramitar con celeridad el incidente de traslado de recinto penitenciario, impetrado por la accionante; decisión asumida en base, a los siguientes fundamentos: i) La protección del derecho a la vida, vía acción de libertad es procedente; como en el caso en el que, se planteó una privada de libertad; quien padecía cáncer de mama izquierda, conforme resumen de su historial clínico; ii) No es aplicable el principio de subsidiariedad, al estar en juego el derecho a la vida; iii) Respecto a la legitimación pasiva, acorde lo referido en la SC 0763/2010-R de 2 agosto; la acción debe estar dirigida contra la autoridad que, ostente el cargo al momento de interponer la demanda; es decir, a quien está en el ejercicio de la función; iv) El Juez ahora demandado informó que, no contaba con legitimación pasiva, no podía efectuar ninguna enmienda ya que, ni siquiera tuvo acceso al expediente; toda vez que, sólo ejerció la suplencia legal; ante la baja médica de la titular lo que es evidente, al estar en funciones la Jueza titular; y, v) Sin embargo, como el derecho a la vida no puede verse afectado, “Se recomienda a la titular del Juzgado (..) imprimir los tramite de incidente de traslado, observado el principio de celeridad” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 23 de agosto de 2023, por el cual Silvana Ruiz Guzmán -ahora accionante-, interpone incidente de traslado ante la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro; en respuesta mediante providencia de 24 de agosto de 2023, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del mencionado departamento -ahora demandado-actuando en suplencia legal; de la Jueza titular, dispuso la admisión del incidente de traslado, conforme el art. 37 núm. 1 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS); poniendo a conocimiento, al Ministerio Público dando el plazo de tres días, para pronunciarse; alternativamente ordenó la notificación: a) Al Director del Centro Penitenciario de La Merced de Oruro; en el que solicito la remisión de certificaciones sobre las visitas que hubiera tenido la interna, certificación de permanencia y conducta; y, b) Al CERPROM, a objeto de que en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación, informara cuales serían las condiciones de seguridad, el espacio y si cuenta con las distintas etapas del sistema progresivo; esto a ser efectivizado mediante, la Oficina Gestora de Procesos (OGP) vía cooperación institucional (fs. 7 a 9).
La accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la salud y a la vida; toda vez que, fue diagnosticada con cáncer de mama izquierda y a inicio del 2023; fue sometida a quimioterapia, pero nuevamente el 1 de junio del citado año le diagnosticaron “…CARCINOMA DUCTUAL INFILTRANTE DE MAMA IZQUIERDA T3N0M0 ETAPA IIHERB2…” (sic); y por decisión de la junta de médicos especialistas de ginecología, cirugía general y oncología; fue sometida a una cirugía de mastectomía, pero para continuar su recuperación requiere tratamiento con “…RADIOTERAPIA ADYUVANTE…” (sic); el cual, sólo se realiza en Santa Cruz y El Alto de La Paz; por lo que, interpuso un incidente para su traslado, del Centro Penitenciario de La Merced de Oruro donde se encuentra, al CERPROM, del departamento de Santa Cruz, teniendo familiares en la misma que la pueden ayudar; sin embargo, el Juez ahora demandado mediante providencia de 24 de agosto de 2023; habiendo ordenado el traslado a las partes, dispuso la notificación de los referidos centros penitenciarios, solicitando informes al primero sobre las visitas que recibió, certificados de conducta y permanencia; y, al segundo centro cuales serían las condiciones de seguridad, el espacio y si cuenta con las distintas etapas del sistema progresivo; pero estas documentales, son impertinentes y causarían dilación; por lo que, pide que la autoridad demandada, deje sin efecto la providencia de 24 de agosto de 2023; en cuanto a las notificaciones a los Centros Penitenciarios referidos, y consecuentemente disponga su traslado para que, pueda realizarse la radioterapia adyuvante que requiere. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0073/2025-S3 de 11 de marzo, se remite al razonamiento del extinto Tribunal Constitucional que en la SC 0989/2011-R de 22 de junio, sostuvo que: “…la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado (las negrillas son nuestras).
Por lo tanto las acciones afirmativas están orientadas a reducir o idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias contra sectores poblacionales históricamente excluidos, mediante un tratamiento preferencial para los mismos, expresados en normas jurídicas y mecanismos políticos de integración encaminados para lograr tales fines, es decir, que se utilizan instrumentos de discriminación inversa que se pretenden que operen como mecanismos de compensación a favor de dichos grupos, pero siempre teniendo cuidado de que tales medidas sean razonables y que no generen otro tipo de exclusiones o dañen el núcleo de otros derechos fundamentales”.
La SCP 0073/2025-S3 de 11 de marzo, refirió que:
[E]n virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.
Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’.
Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.
Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”’
Del entendimiento jurisprudencial citado se concluye que, dado el carácter elemental del derecho a la vida -por constituirse en la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos-, es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar, por cuanto las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con el derecho cuya tutela se busca, en razón a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo, contrastando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve imposibilitada de analizar la problemática planteada y en su caso conferir la tutela solicitada» (las negrillas son nuestras).
Al respecto la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio señaló: La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En dicho orden, la autoridad judicial o administrativa, dependiendo del caso, no está obligada a conceder o aceptar lo peticionado, sino a tramitar la solicitud conforme a la normativa vigente y con la diligencia consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
que la ley exige, pues la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca que se atienda sin dilación indebida una solicitud relacionada con la libertad personal, abriendo su ámbito de protección en situaciones donde existió dilación injustificada en su tratamiento o tramitación y no así sobre la solicitud a la que se pretende acceder.
De los hechos que motivan la presente acción tutelar; se advierte que, se alega la lesión de los derechos a la salud, y a la vida de una mujer privada de libertad que, padece cáncer de mama izquierda; por lo que, considerando el razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; el cual establece que, dado el carácter elemental del derecho a la vida, es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; de otro lado acorde al razonamiento del Fundamento Jurídico III.1, de este fallo constitucional; cuando se trata de personas que, pertenecen a grupos vulnerables como son las mujeres; para materializar la igualdad, se debe brindar un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -como es el acceso a servicios de salud-, con el fin de mejorarles su calidad de vida; por lo que, en el presente caso corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. De los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional se advierte que, la impetrante de tutela se encuentra cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada; por la comisión del delito, de tráfico de sustancias controladas, cuyo expediente de control se encuentra radicado en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro. La solicitante de tutela, se apersonó ante el referido Juzgado mediante memorial de 23 de agosto de 2023 (Conclusión II.1); en el cual, efectúa el mismo relato que realiza en la presente demanda tutelar; en el sentido de que, empezó a tener dolores en su mama izquierda a finales del año 2022; en la que fue, diagnosticada cáncer y sometida a inicios del 2023 a quimioterapia; pero que, posteriormente le diagnosticaron “…CARCINOMA DUCTUAL INFILTRANTE DE MAMA IZQUIERDA T3N0M0 ETAPA IIHERB2…” (sic); y por decisión de una junta médica de galenos especialistas, le sometieron a una cirugía y requiere de forma urgente “RADIOTERAPIA ADYUVANTE”; que sólo se realiza en Santa Cruz y en El Alto de La Paz; y con ello plantea incidente de traslado amparada en el art. 37 núm. 2 de la LEPS; y ofrece como prueba:
“- RESUMEN DE HISTORIA CLINICA Y REFERNCIA MEDICA, ambos en originales.
- Acta de Audiencia de aplicación de medidas cautelares, Sentencia Condenatoria y Mandamiento de Condena en fotocopias legalizadas - CENVI y REJAP en el que se encuentra inscrita mi sentencia - Documentales de mi propiedad y de mis familiares que radican en el departamento de Santa Cruz” (sic).
Documental que hubiera sido debidamente adjuntada a fs. 37, según timbre electrónico; por otra parte, en su “Otrosí 2” (sic), del memorial que se está describiendo; señala que, ofrece como prueba el folder personal que, se encuentra en secretaría del despacho del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro el cual contendría:
“A) INFORME MÉDICO de 03 de mayo de 2023 emitido por el Dr. Crescencio López López - MEDICO de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE REGIMEN PENITENCIARIO. B) Certificado MEDICO LEGAL –FORENSE, emitido por la Dra. REBECA EDITH CASTRO ILLANES-MEDICO FORENSE DEL INSTITUTO DE INVESTIGCIONES FORENSES (sic). A dicha solicitud, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandado-; actuando en suplencia legal, de la Jueza de Ejecución Penal Primera del mismo departamento, mediante providencia de 24 de agosto de 2023 (Conclusión II.1) dispone:
“Téngase por apersonado a Silvana Ruiz Guzmán, ulteriores actuados hágasele conocer conforme a derecho, consecuentemente se tiene por admitido el incidente de traslado voluntario en toda forma de derecho establecido por el Art. 37 núm. 1) de la Ley 2298, póngase a conocimiento del fiscal de materia Abg. Felipe Mamani Camacho a objeto de que conteste en el plazo de 03 días de su legal notificación, alternativamente, se dispone la expresa notificación al Director del Centro Penitenciario de La Merced de esta ciudad a objeto de que eleve un informe o certifique sobre las visitas de los familiares que recibió desde su ingreso al Penal y remita el certificado de conducta y permanencia de la privada de libertad, alternativamente se dispone que mediante comisión instruida se notifique al Centro de Readaptación Productiva de Montero (CERPROM) a objeto de que en el plazo de 24 horas de su legal notificación, informe cuales seria las condiciones de seguridad, el espacio y si cuenta con las distintas etapas del sistema progresivo, esto a ser efectivizado mediante la Oficina Gestora de Procesos vía cooperación institucional. Al Otrosí 1º y 2: Por adjunta la Prueba documental a ser legalmente valorada en la resolución. Al Otrosí 3º: Por señalado para fines de notificación” ([sic negrillas añadidas]). Descritos los antecedentes y establecida la problemática, a efectos de verificar si son o no evidentemente las vulneraciones denunciadas, cabe precisar inicialmente que si bien el Juez ahora demandado, alega la falta de legitimación pasiva, porque él emitió la providencia de 24 de agosto de 2023, pero estaría imposibilitado de realizar cualquier enmienda o corrección porque la emitió cuando ejercía la suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del mismo departamento y la titular de la causa ya habría retornado de su baja médica; la SCP 1141/2025-S3 de 19 de septiembre entre otras; establecieron que, concurre la legitimación pasiva en la acción de libertad cuando se dirige: “…contra el sujeto que, cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento, apresamientos indebidos o ilegales…” (sic); y en el caso objeto de análisis del ahora demandado emitió la providencia denunciada como vulneradora de los derechos de la impetrante de tutela. Dicho esto, a efectos de verificar si la referida providencia causa dilación innecesaria, debemos partir de lo establecido en los arts. 429.bis y 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); que establece, los incidentes interpuestos en ejecución de sentencia, serán resueltos por el Juez de Ejecución Penal, en audiencia oral y pública, que será convocada dentro de los cinco días siguientes a su promoción. En ese marco, la autoridad demandada aunque haya estado actuando en suplencia legal, tenía la obligación de señalar la audiencia para la resolución del incidente en el plazo establecido, máxime cuando la incidentista no sólo alegó tener cáncer de mama; si no que, le adjuntó documental pertinente respecto a la dolencia y la necesidad de someterse a una Radioterapia Adyuvante, cuyo servicio no es brindado en la capital donde cumplía su sentencia; lo que, le resaltaba la necesidad de actuar con la debida celeridad. Por otro lado, si bien es evidente que los Jueces de ejecución penal, para la resolución del incidente pueden efectuar solicitudes a diferentes instancias por el principio de verdad material, para un mejor criterio o por motivos de seguridad; estas solicitudes deben ser fundamentadas y conducentes al motivo invocado por los incidentitas; y de ninguna manera, se puede supeditar la recepción de la documental solicitada al señalamiento de audiencia. En el caso objeto de análisis el Juez ahora demandado confundió los motivos que fundaron la solicitud de traslado; porque, se ampara en el art. 37.1 de la LEPS; que está vinculado a la petición de traslado por el lugar de residencia del núcleo familiar y efectuó la súplica de informes y certificaciones al Centro Penitenciario de La Merced de Oruro y al CERPROM de Santa Cruz; no obstante, omitió señalar la audiencia para la resolución del incidente; provocando con ello, dilación en la tramitación del incidente; porque la instancia de los informes no se constituía, en ningún impedimento para proceder con el señalamiento de audiencia. En virtud de lo expuesto, se concluye que el demandado incurrió evidentemente en una dilación indebida al tramitar el incidente de traslado solicitado por la ahora accionante; por consiguiente, corresponde otorgar la tutela requerida en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho; de acuerdo con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; que establece, la procedencia de las acciones de libertad ante la concurrencia de dilaciones indebidas; como sucede en este caso particular donde, aunque la demora no afecta directamente la situación procesal, sí está estrechamente relacionada con el derecho a la salud, y la vida de una persona privada de libertad; por lo que, la autoridad demandada estaba obligada a actuar con la debida celeridad. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 30 de agosto, cursante de fs. 30 a 32 vta.; pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer a la autoridad que se encuentre en ejercicio del Juzgado de Ejecución Penal Primera, de la Capital del departamento Oruro; que, en el día de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale audiencia para resolución del incidente de traslado, impetrado por la parte accionante; salvo que, el mismo ya hubiera sido resuelto por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0001_2026-S3.pdf · páginas 1 a 12.
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