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SCP 0001/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58143-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus abogados y representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; de las garantías del debido proceso “en su vertiente a la igualdad efectiva de las partes, la inviolabilidad de la defensa, la tutela judicial efectiva” y la presunción de inocencia; y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que: a) El 2 y 22 de agosto de 2023, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la autoridad demandada aún no providenció dicha solicitud para el correspondiente señalamiento de la audiencia de consideración de la misma, a pesar que el tiempo de duración de su detención preventiva concluyó el 8 de mayo de igual año; y, b) Solicitó la reconsideración de una salida alternativa de procedimiento abreviado o, en su defecto, se conmine al Ministerio Público por el vencimiento de la etapa preparatoria. La Jueza demandada no presentó informe ni tampoco asistió a la audiencia de acción de libertad pese a su legal citación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18 de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 13 vta. a 16, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio rector de celeridad en la potestad de impartir justicia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2026-S2 Sucre, 2 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58143-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18 de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 13 vta. a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Rene Alejandro Sauciri Urrelo, Mónica Gabriela Hinojosa Sardán y Geovana Taquichiri Yavo en representación sin mandato de Daniel Agustín Balcera Chura contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante a fs. 2; y, 6 y vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, signado con Código Único de Denuncia (CUD) “702102272300022”, cursa la imputación formal, resolución de detención preventiva, procedimiento abreviado “denegado o rechazado”, y Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora autoridad demandada- se fue sin hacer entrega del mandamiento de libertad, el cual debe ejecutarse en el acto, pero no tiene respuesta del control jurisdiccional ni de la solicitud de cesación a la detención preventiva, esta última que no fue atendida ni resuelta por la autoridad demandada.

Se presentaron dos memoriales -el 2 y 22 de agosto de 2023- solicitando la cesación a la detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha no fueron atendidos.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; de la garantía del debido proceso “en su vertiente a la igualdad efectiva de las partes, la inviolabilidad de la defensa, la tutela judicial efectiva” y la presunción de inocencia; y, el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 8, 14.II, 108, 109, 115.I y II, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene la inmediata realización de la audiencia de cesación a la detención preventiva, b) Se reconsidere la salida alternativa de procedimiento abreviado o conmine al Ministerio Público por vencimiento de la etapa preparatoria; y, c) Se disponga la emisión inmediata del acta y Resolución de Sentencia del Tribunal de garantías en cuatro ejemplares.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 1 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 13 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de sus abogados y representantes sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) El privado de libertad se encuentra detenido por más de ciento veinte días, más de lo que había ordenado el Juez Cautelar; y, 2) No habiendo presentado informe la autoridad demandada opera la presunción de veracidad, principio pro homine y pro actione.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal citación cursante de fs. 9 a 10.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 18 de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 13 vta. a 16, concedió la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Se tiene el plazo máximo de cuarenta y ocho horas para que la autoridad judicial señale y lleve adelante una audiencia de cesación a la detención preventiva; ii) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que es posible flexibilizar el término respecto a las circunstancias de los diferentes juzgados y a efectos de considerar o no dilatoria la actuación de alguna autoridad judicial, iii) Es evidente que la autoridad jurisdiccional, pese a su legal notificación, no ha emitido informe escrito ni verbal, tampoco ha remitido actuados procesales que permita conocer a este Tribunal su versión de los hechos por lo que sí es aplicable la presunción de veracidad en acción de libertad; sin embargo, esto no significa que se tenga por cierto todo lo aseverado por la parte accionante, sino solo es perspectiva a la falta de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva en los plazos que establece la ley; iv) Se tiene que existen dos memoriales de solicitud de cesación a la detención preventiva, del 2 y 22 de agosto de 2023, sin que se tenga alguna respuesta o notificación con el señalamiento de audiencia de tales peticiones conforme al art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que, se tiene demostrada esta falta de “diligenciamiento” de estas solicitudes que debieron de haberse hecho con la mayor celeridad y protección reforzada como lo denomina la jurisprudencia a la personas privadas de libertad, por lo que se tiene demostrada la denuncia de una dilación indebida en cuanto a la solicitud de cesación a la detención preventiva; y, v) No se puede realizar un pronunciamiento con respecto a la solicitud de un procedimiento abreviado, ni conminatoria al Ministerio Público por no corresponder a una acción de libertad, tampoco podemos remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura para el procesamiento disciplinario de la autoridad accionada, porque al no haberse remitido o tener más antecedentes poco podemos opinar si esa dilación puede ser acogida como excusable o no excusable.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memoriales presentados el 2 y 22 de agosto de 2023, Daniel Agustín Balcera Chura -ahora accionante- solicitó el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva por plazo vencido a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz (fs. 4 a 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus abogados y representantes sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; de las garantías del debido proceso “en su vertiente a la igualdad efectiva de las partes, la inviolabilidad de la defensa, la tutela judicial efectiva” y la presunción de inocencia; y, el principio de seguridad jurídica; toda vez que: a) El 2 y 22 de agosto de 2023, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la autoridad demandada aún no providenció dicha solicitud para el correspondiente señalamiento de la audiencia de consideración de la misma, a pesar que el tiempo de duración de su detención preventiva concluyó el 8 de mayo de igual año; y, b) Solicitó la reconsideración de una salida alternativa de procedimiento abreviado o, en su defecto, se conmine al Ministerio Público por el vencimiento de la etapa preparatoria. La Jueza demandada no presentó informe ni tampoco asistió a la audiencia de acción de libertad pese a su legal citación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio rector de celeridad en la potestad de impartir justicia

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos corresponde). Entendimiento que tiene relación con la celeridad, uno de los principios rectores de la potestad de impartir justicia del Órgano Judicial, previsto en el art. 178.I de la CPE que, conforme al entendimiento desarrollado en la SCP 0023/2013 de 4 de enero, “…persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse; sin embargo, en los casos en los que estos plazos surjan como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente establecidas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo la vulneración de derechos y garantías, sino también el fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Sobre el punto a) se tiene que de la revisión de los antecedentes el accionante presentó solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva el 2 de agosto de 2023, reiterándola el 22 del mismo mes y año (Conclusión II.1), bajo el argumento de que había permanecido privado de libertad por más de ciento veinte días, habiendo fenecido el plazo de la detención preventiva el 8 de mayo de 2023, conforme lo dispuesto por la autoridad cautelar. No obstante ello, hasta la interposición de la presente acción tutelar, la autoridad judicial demandada no emitió pronunciamiento alguno ni dispuso el señalamiento de la audiencia solicitada.

En ese contexto, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, la inactividad procesal advertida -no desvirtuada por la autoridad demandada pese a su legal notificación- evidenció una demora indebida e injustificada en la atención de una solicitud directamente vinculada con la libertad personal del accionante en la medida en la que se incumplió el deber procesal previsto en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal, que impone a la autoridad jurisdiccional la obligación de señalar audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva dentro de un plazo razonable.

Dicha conducta resulta incompatible con la jurisprudencia constitucional expuesta en el punto III.1 de esta sentencia, misma que ha establecido que la lesión al derecho a la libertad personal puede configurarse no solo por decisiones arbitrarias, sino también por la dilación injustificada en la tramitación de solicitudes que inciden directamente en dicho derecho, conforme lo desarrollado por la SC 0224/2004-R y reiterado por este Tribunal. Por ello, corresponde conceder la tutela solicitada en este punto.

Con relación al punto b) reclamado, el impetrante de tutela solicita se reconsidere la salida alternativa de procedimiento abreviado o conmine al Ministerio Público por vencimiento de la etapa preparatoria, sin embrago, dicho requerimiento no se constituye en la causa directa de la privación de libertad, por lo que agotada la instancia corresponde que la parte accionante acuda a la acción de amparo constitucional conforme a la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció que: “…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso”, lo que impele a esta Sala a denegar la tutela solicitada sobre este punto. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18 de 1 de septiembre de 2023, cursante de fs. 13 vta. a 16, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0001_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 192c6497418092f7ff0d36ae81a342dd9e07a3ce742ab7e1774c626610d52bbb

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