Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de febrero de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la impugnación, al acceso a la justicia en forma pronta, oportuna y sin dilaciones, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a los principios de celeridad e impulso de oficio, por cuanto, el Secretario en suplencia como servidor de apoyo judicial no remitió el cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada incumpliendo lo dispuesto por el art. 251 del CPP.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 036/2022 de fecha 12 de agosto, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de su derecho a la impugnación, al acceso a la justicia en forma pronta, oportuna y sin dilaciones, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a los principios de celeridad e impulso de oficio, disponiendo que el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo -suplencia legal de su similar Primero- de la Capital del departamento de La Paz, remita el recurso de apelación en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, a menos que la misma ya se hubiese efectivizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2025-S3 Sucre, 18 de Febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 49835-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 036/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada dentro de la Acción de libertad interpuesta por Vladimir Ochoa Isnado en representación sin mandato de Kaile Yestyn Llewellyn Cardozo contra Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo -suplencia legal de su similar Primero- de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 11 de agosto de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante expresó que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Kaile Yestyn Llewellyn Cardozo -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de ejercicio indebido de la profesión, se emitió Resolución de imputación formal que fue puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, misma que en audiencia de 14 de julio del año 2022 pronunció la Resolución 499/2022 imponiendo la medida cautelar de detención domiciliaria entre otras, que fue apelada en audiencia en aplicación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin embargo el acta de audiencia y la Resolución no fueron transcritas y tampoco se remitió el recurso de apelación conforme establece la citada norma. Lo cual condujo a que el abogado defensor del ahora accionante se apersone en distintas ocasiones al mencionado Juzgado para gestionar la tramitación del recurso, percatándose que el ahora demandado no realizó la transcripción del acta y la resolución respectiva, delegando esta labor a un pasante de su juzgado, expresando que la transcripción le correspondía al personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, añadiendo que no se estaría realizando la transcripción por problemas en la grabación.
El accionante por intermedio de su representante denunció la lesión de sus derechos a la impugnación, al acceso a la justicia en forma pronta, oportuna y sin dilaciones, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a los principios de celeridad e impulso de oficio, citando al efecto los siguientes preceptos normativos: arts. 15, 21.7, 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: Se ordene remitir a la instancia superior la apelación interpuesta, en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de agosto -lo correcto es 12- de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, señaló que: a) Se encuentra agraviado por la no remisión del recurso planteado debido a que el acta de audiencia y la resolución no estaban transcritos, lo cual afectó el debido proceso, derechos, garantías y principios ligados a los arts. 23, 115 y 180 de la CPE, el bloque constitucionalidad correspondiente en lo pertinente y en efecto aplicación de los arts. 123 y 251 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; b) Transcurrió un mes desde el día que se realizó la audiencia y el cuaderno de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada, conforme establece el art. 251 de la CPP; c) Rechazó el argumento del ahora demandado, en relación con el art. 123 del citado Código, ya que en constantes ocasiones se habría apersonado al Juzgado para gestionar la tramitación del acta, empero no tuvo respuesta ni resultado alguno; y, d) Conforme al referido Código, el Secretario a cargo tiene la obligación de labrar la correspondiente y Resolución estuviese o no en suplencia.
Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, manifestó que: 1) El 14 de julio de 2022 se encontraba en suplencia legal del Secretario de su similar Primero; 2) En la audiencia de consideración de medidas cautelares, la parte accionante apeló la Resolución 499/2022, de la cual presentó “el punteo” (sic) para fines consiguientes; 3) La Ley 1173, la Ley del Órgano Judicial y el Código de Procedimiento Penal, son claras con respecto a las funciones y atribuciones del Secretario o Secretaria del juzgado; 4) En ese sentido, indicó que su obligación es la transcripción del acta de audiencia y no así de la resolución; sin embargo presentó la resolución apelada, con falencias debido al audio de la audiencia, por estar entrecortada la grabación; y, 5) Adjuntó como prueba de descargo acta de la audiencia, resolución y Disco Compacto (CD) de grabación de audiencia; solicitando se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 036/2022 de 12 de agosto, cursante de fs. 19 a 21 vta., denegó la tutela impetrada con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante no presentó ni adjuntó ningún tipo de prueba documental, que sustente la vulneración de sus derechos y garantías del accionante por parte del demandado; sin embargo, se solicitó la notificación al Juzgado que conoció la causa penal a objeto que remitan los antecedentes del proceso; ii) El Secretario -ahora demandado- presentó informe adjuntando acta de audiencia, resolución y CD de grabación de audiencia, de las cuales se evidencia la existencia de un proceso penal contra el ahora accionante, que se encuentra en etapa preparatoria, en la que se dispuso la detención domiciliaria del imputado; iii) La parte accionante señaló en su memorial de acción de libertad que transcurrió más de un mes sin remitirse los actuados al Tribunal de alzada, a falta de no estar transcrita la acta de audiencia y resolución; iv) Así fundamentó y aclaró que no acudió a la autoridad jurisdiccional a efectos de que el Secretario Abogado cumpla con sus obligaciones; y, v) Que los agravios invocados en la presente acción de libertad tiene mecanismos de resolución ordinaria para que acuda el accionante, teniendo en cuenta la existencia de una autoridad jurisdiccional que ejerce el control jurisdiccional del proceso.
De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 499/2022 de 14 de julio, se comprobó que se efectuó la audiencia pública virtual de consideración de medidas cautelares; desarrollado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en la que, dispuso en la Parte Resolutiva la detención domiciliaria de Kaile Yestyn Llewellyn Cardozo -ahora accionante-, entre otras disposiciones. Por lo que, la parte accionante interpuso recurso de apelación reservándose el derecho de fundamentación en el plazo que la ley corresponde, disponiéndose a continuación su sorteo y remisión ante el Tribunal de alzada (fs. 7 a 9).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la impugnación, al acceso a la justicia en forma pronta, oportuna y sin dilaciones, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a los principios de celeridad e impulso de oficio, por cuanto, el Secretario en suplencia como servidor de apoyo judicial no remitió el cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada incumpliendo lo dispuesto por el art. 251 del CPP.
La SCP 0038/2023-S4 de 22 de marzo, estableció que: «Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ´…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…´ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”. Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'”. Además enfatizó que. “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)´”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas» (las negrillas corresponden al texto original).
La SCP 0248/2024-S3 de 24 de mayo, estableció que: «Respecto a la dilación en la remisión del Tribunal de alzada, la SCP 1093/2023-S3 de 13 de noviembre refirió que: “Al respecto, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, precisó que: ‘La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…’” »(las negrillas corresponden al texto original).
El impetrante de tutela a través de su representante planteó acción de libertad considerando lesionado su derecho a la impugnación, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, señalando que el Secretario en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del Departamento de La Paz no remitió el cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada dentro el plazo de ley, pese a la orden expresa dispuesta en audiencia.
Habiéndose identificado la problemática planteada, corresponde analizar los antecedentes aparejados al expediente, en ese orden; se establece la existencia de un proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Kaile Yestyn Llewellyn Cardozo, por la presunta comisión del delito de ejercicio indebido de la profesión, mismo que se encuentra bajo control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el 14 de julio de 2022 se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde el demandado en su calidad de Secretario, en dicha audiencia la parte ahora accionante planteó recurso de apelación, habiéndose dispuesto el sorteo y remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal de alzada en el tiempo pertinente; sin embargo el acta de audiencia y la resolución de la audiencia no fueron transcritas para efectivizar la remisión dentro de plazo de ley. Con carácter previo, es necesario contextualizar que al accionante le fue impuesta la medida cautelar de detención domiciliaria -entre otras- que restringen su derecho a la libertad, es por ello que corresponde analizar el fondo de sus obligaciones, por vía de la acción de libertad vinculada al debido proceso. Ahora bien; el demandado, en su informe indicó; que no tiene responsabilidad en cuanto a la transcripción de la resolución, siendo que no sería su atribución.
Lo primero que corresponde establecer que el Secretario es un servidor de apoyo judicial conforme lo establecido en el art. 83.2 de la LOJ siendo su obligación legal la transcripción de Acta y Resolución, así se tiene del art. 123 del CPP que determina: “…Las resoluciones emitidas en audiencia, serán fidedignamente transcritas por la secretaria o el secretario del juzgado o tribunal en el sistema informático de gestión de causas, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de su pronunciamiento…”. En cuanto a la dilación en la remisión del recurso de apelación, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que; “…La Constitución Política del Estado en su art. 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, cualquiera de las partes de un determinado proceso judicial, que vea vulnerado sus derechos o intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente…” y en su correlato el precedente citado en el III.2, consignó de forma expresa: “Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…” es decir, el demandado tenía la obligación tanto legal como formal de remitir el cuaderno de apelación en el plazo de 24 horas, al no haberlo hecho así, vulnero el principio de celeridad. En este contexto no resulta razonable que el Juez de garantías haya denegado la tutela bajo el fundamento de existir una autoridad que ejerce el control jurisdiccional de la causa; puesto que la omisión que se endilga al secretario abogado demandado no puede ser remediada con la emisión de nuevas disposiciones jurisdiccionales, la orden de remitir el cuaderno de apelación ya fue emitida por el órgano jurisdiccional, al Secretario Abogado le correspondía cumplir dicha orden, sin que le sirva de pretexto alegar defectos en la grabación de la audiencia, como pretendió. Conforme a lo expuesto, se evidencia que existió dilación injustificada, dado que, la omisión de parte del Secretario en suplencia legal del mencionado Juzgado al no remitir dentro de plazo el recurso planteado, vulneró el derecho a la impugnación de manera pronta y oportuna, demostrándose que no se actuó con celeridad. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 036/2022 de fecha 12 de agosto, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de su derecho a la impugnación, al acceso a la justicia en forma pronta, oportuna y sin dilaciones, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a los principios de celeridad e impulso de oficio, disponiendo que el Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo -suplencia legal de su similar Primero- de la Capital del departamento de La Paz, remita el recurso de apelación en el plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, a menos que la misma ya se hubiese efectivizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0001_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 23a5576433b3fa71e0f646f3250219eb34efad120f52be6ba964c82026bbbb75
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