Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de enero de 2024
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela por intermedio de su representante sin mandato, alegó que se habría lesionado sus derechos a la libertad personal, a la petición, al debido proceso, a la salud y a la vida; toda vez que, el 10 de diciembre de 2020 requirió al Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del Departamento de La Paz: 1) Se le exhiba el cuaderno de control jurisdiccional o se desarchive el mismo; 2) La expedición de certificación o informes respecto al estado de la causa; y, 3) Salida judicial al SEGIP a efectos de renovar su cédula de identidad y poder acceder adecuadamente a la atención médica, solicitudes que no fueron atendidas; así también mediante memorial de 4 de febrero de 2021 pidió: i) Se señale audiencia de cesación a la detención preventiva; ii) Reiteró su solicitud de salida judicial al SEGIP; y, iii) Que los Jueces demandados, se pronuncien expresamente sobre la existencia o inexistencia de una condena anticipada en casos que sobrepasen excesivamente los límites de la detención preventiva, pretensión que tampoco fue contestada, por lo que pide se conceda la tutela y se ordene a las autoridades demandadas que: a) Señalen dónde se encuentra el cuaderno de control jurisdiccional y en su caso lo exhiban; b) Den curso a la salida judicial con escolta para actualizar su cédula de identidad; c) Que dispongan que por secretaría se libre certificación y/o informe sobre el estado de la causa; d) Se desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva; e) Atendiendo su petición reiterada, se franqueen fotocopias legalizadas del cuaderno de control jurisdi…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 47/2021 de 4 de marzo, cursante de fs. 73 a 76, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a Juan Rolando Choque Jurado contra Joaquín Jacinto Moller Pablo, Enrique Manuel Cadena Pinto y César Daniel Yampara Laura, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por: a) La demora en la atención y tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva y ordene la respectiva salida al SEGIP; y, b) La falta de seguimiento al proceso penal que derivo en la demora de la atención de las solicitud es de informe y certificación impetradas por el peticionante de tutela mediante memorial de 10 de diciembre de 2020; dilación que lesionó el principio de celeridad componente del derecho al debido proceso vinculado a los derechos a la libertad personal, a la salud, a la vida y a la petición; de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que las autoridades demandadas en el plazo de veinticuatro horas desde su legal notificación, efectúen el seguimiento debido a su personal subalterno y supervisen el cumplimiento de la francatura sobre el informe y certificación impetradas por el ahora accionante; salvo que la misma ya se haya cumplido con anterioridad. No se dispone el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, porque los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz –ahora demandados-, ya se pronunciaron al respecto y la resolución emitida es susceptible de apelación en la forma prevista por el adjetivo de la materia. 3° Exhortar a los demandados Joaquín Jacinto Moller Pablo, Enrique Manuel Cadena Pinto y César Daniel Yampara Laura Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a tramitar con la debida celeridad las solicitudes que tramitan, evitando dilaciones innecesarias que vulneren derechos de los procesados especialmente cuando se encuentran privados de libertad; sea bajo advertencia que de reiterarse las dilaciones en la que incurrieron se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura. 4° DENEGAR la tutela respecto a Nancy Bustillos de Altuzarra ex Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz y respecto a la solicitud vinculada a la supuesta pérdida del cuaderno, habiéndose evidenciado que éste se remitió en alzada el 3 de febrero de 2017 a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la menciona ciudad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2024-S1 Sucre, 2 de enero de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 39285-2021-79-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 47/2021 de 4 de marzo, cursante de fs. 73 a 76, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gastón Colque Pacosillo en representación sin mandato de Juan Rolando Choque Jurado contra Joaquín Jacinto Moller Pablo, Enrique Manuel Cadena Pinto y César Daniel Yampara Laura, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz y Nancy Bustillos de Altuzarra, ex Jueza Presidenta del referido Tribunal.
Por memorial presentado el 4 de marzo de 2021, cursante de fs. 18 a 47, el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio, refiere que se encuentra detenido de forma preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, desde el 3 de enero de 2011; es decir, que se halla privado de libertad por más de diez años; además menciona que su persona se encuentra delicado de salud al contar con enfermedades de base, como diabetes mellitus Tipo II crónico, hipertensión arterial, bronconeumonía y que últimamente se ha contagiado de COVID-19 al interior del Recinto Penitenciario mencionado; por lo que, en resguardo de su vida presenta acción de libertad por los siguientes motivos: a) El 10 de diciembre de 2020, presentó una solicitud a efectos de que se ponga a la vista el expediente y en su caso se proceda al desarchivo; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de libertad no se ha cumplido con lo pedido, incluso le dejaron de contestar el número de WhatsApp en el que hacia seguimiento, siendo que lo último que se le informó es que parecía que se extravió el cuaderno procesal en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) En la precitada fecha, solicitó ante las autoridades -ahora demandadas- salida judicial para renovar su cédula de identidad, petición que fue reiterada el 4 de febrero de 2021, pero este requerimiento no fue providenciado, pese a que aclaró que su exigencia está vinculada a su salud, ya que necesita su cédula de identidad con el fin de buscar atención médica, por la enfermedad de COVID-19 y las enfermedades de base que sufre. c) En esa misma fecha también solicitó certificación y/o informe sobre el estado de la causa, y reiteró la misma en el otrosí “V.2” del memorial presentado el 4 de febrero de 2021, pero tale peticiones que no fueron atendidas. d) Solicitó el “2 de febrero de 2021” (sic), -siendo lo correcto 4 de febrero de 2021- donde requiere a las autoridades demandadas, se señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva amparado en el numeral 5 del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), adjuntando al efecto documentación relativa a su estado de salud y certificado de permanencia dentro del Recinto Penitenciario; sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad no se señaló la audiencia impetrada. e) En el punto III del memorial presentado por el solicitante de tutela el “2 de febrero de 2021” (sic), -siendo lo correcto 4 de febrero de 2021- pidió que las autoridades demandadas se pronuncien expresamente sobre la existencia o inexistencia de una condena anticipada en casos que sobrepasen excesivamente los límites de la detención preventiva, solicitud vinculada al art. 239.3 del CPP que se efectuó invocando la potestad de las autoridades en el control de convencionalidad y constitucionalidad difuso; sin embargo, esta petición no fue contestada.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato considera lesionados sus derechos a la libertad personal, a la petición, al debido proceso, a la salud y a la vida; citando al efecto los arts. 23.I, 24, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 133 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga a las autoridades ahora demandadas: 1) Señalen dónde se encuentra el cuaderno de control jurisdiccional y en su caso lo exhiban; 2) Den curso a la salida judicial con escolta para renovar su cédula de identidad; 3) Dispongan que por Secretaría se libre certificación y/o informe sobre el estado de la causa; 4) Que se desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada; 5) Atendiendo su petición reiterada, le franqueen fotocopias legalizadas del expediente judicial; 6) Las autoridades demandadas se pronuncien si en su caso existe cumplimiento anticipado de la pena, por el tiempo excesivo de detención preventiva; y, 7) Se manifiesten sobre la pérdida del cuaderno y la falta de remisión al Tribunal de alzada, que hubiera sido impulsado por la anterior Jueza presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 4 de marzo de 2021, según consta en acta cursante de fs. 71 a 72 y vta.; se produjeron los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, procedió a ratificar el contenido de la acción de libertad.
César Daniel Yampara Laura y Enrique Manuel Cadena Pinto, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, de forma oral en el desarrollo de la audiencia informaron lo siguiente: i) Que el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la referida Capital y departamento, bajo la presidencia de Nancy Bustillos de Altuzarra, ex Jueza, tramitó la causa y emitió la Sentencia 35/2015 de 12 de octubre, por la cual se condena al señor Juan Rolando Choque Jurado -ahora accionante- a treinta años de presidio, por la comisión del delito de asesinato, proceso que actualmente está radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, conforme lo establece el libro de remisiones de la gestión 2017, habiéndose cumplido con él envió del expediente el 3 de febrero del mismo año, siendo que los actuales Jueces demandados no habrían tramitado la causa; y, ii) En relación al requerimiento de cesación a la detención preventiva, conformaron Tribunal para conocer la solicitud y pidieron informe a la secretaria de su despacho sobre el estado del proceso, porque no tenían ningún legajo; siendo que las autoridades demandadas, desconocían el paradero del cuaderno procesal y recién tendrían la certeza que habría sido remitido en alzada, pero en cuanto a la solicitud de cesación a la detención preventiva mediante Resolución 16/2021 de 26 de febrero, se ha rechazado la petición, porque el peticionate de tutela está sentenciado en primera instancia por la comisión de un delito grave; y sobre la demora, no sería su responsabilidad que el Tribunal de alzada no haya resuelto la apelación restringida desde la gestión 2017. Joaquín Jacinto Moller Pablo y Nancy Bustillos de Altuzarra, no presentaron informe alguno, ni concurrieron a la audiencia tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 50 a 51.
La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 47/2021 de 4 de marzo, cursante de fs. 73 a 76, denegó la tutela solicitada, dicha determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Las autoridades demandadas no tendrían el referido expediente en su poder, por lo que al no contar con el respectivo cuaderno procesal, los mismos no podían absolver las solicitudes del ahora accionante en cuanto a las certificaciones de poner a la vista dicho cuaderno; la petición de desarchivo, y demás informes; b) Siendo que el expediente se encuentra en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, será esta instancia que pueda absolver las solicitudes del impetrante de tutela; c) Que el derecho a la petición, no es objeto de protección mediante la acción de libertad, siendo ello materia propia de la acción de amparo constitucional, por lo que se ratifica en el contenido del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, d) Sobre el tema de la lesión a la presunción de inocencia, es un debate que no puede ser discutido en Sala Constitucional, porque no fue objeto de la pretensión, y además no guarda relación con los requerimientos exigidos.
Por Decreto Constitucional de 15 de julio de 2022 (fs. 80), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificacion con el Decreto Constitucional (fs. 133), notificado a las partes el 29 de diciembre de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro el plazo legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia del Libro de apelaciones incidentales y restringidas del año 2017 de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el cual en fecha 3 de febrero de 2017 tiene registrada la apelación remitida por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento citado del proceso seguido por el Ministerio Público contra Juan Rolando Choque Jurado -ahora accionante- (fs. 55 a 56). II.2. Consta fotocopia de memorial presentado el 10 de diciembre de 2020, por el cual Juan Rolando Choque Jurado se apersonó ante el Tribunal mencionado y requirió: 1) Se ponga a la vista el expediente o se desarchive; 2) La solicitud de salida judicial a oficinas del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) para renovar su cédula de identidad; 3) Certificaciones y/o informes respecto al estado de la causa; y, 4) Fotocopias legalizadas del cuaderno de control jurisdiccional (fs. 85 a 87). II.3. Mediante decreto de fecha 14 de diciembre de 2020, suscrito por César Daniel Yampara Laura -ahora demandado-, ordenó que “por Secretaría y personal auxiliar se ponga a la vista el cuaderno procesal de juicio y en su caso informe la Secretaria” (sic), otorga la salida judicial al SEGIP para el 18 del mismo mes y año y difiere la solicitud de informes y certificaciones al igual que la solicitud de fotocopias legalizadas (fs. 88). II.4. Por Informe del área Médica de 26 de enero de 2021, suscrito por el médico del servicio de salud del Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, se establece que el señor Juan Rolando Choque Jurado -demandante de tutela-, tiene un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, COVID-19 positivo, bronconeumonía y diabetes mellitus Tipo II crónico, y en su conclusión sugiere valoración por medicina interna y endocrinología (fs. 14). II.5. Cursa memorial presentado el 4 de febrero de 2021, por el cual el ahora accionante solicitó: i) Se señale audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva, amparado en el art. 239.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificada a su vez; ii) Reiteró su solicitud de salida judicial al SEGIP; iii) Pidió el uso de la potestad de control de convencionalidad y control constitucional difuso a efectos de una manifestación expresa sobre la existencia o inexistencia de una condena anticipada en casos que sobrepasan excesivamente los límites de la detención preventiva; y, iv) Anunció la interposición de recursos que franquea la Constitución Política del Estado. (fs. 106 a 114). II.6. Cursa providencia de 5 de febrero de 2021, por la cual Enrique Manuel Cadena Pinto, Juez ahora demandado dispuso: a) Se corre en traslado la solicitud de cesación a la detención preventiva; b) Establece se oficie al Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para que remita y/o informe sobre los antecedentes del proceso; y, c) Ordenó al Director del SEGIP que disponga una brigada móvil al Recinto Penitenciario para que pueda extender duplicado al solicitante de tutela; la notificación a las partes con el decreto se efectuó el viernes 12 del mismo mes y año (fs. 114 vta.). II.7. Mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2021, la representación del Ministerio Público responde a la pretensión de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela y mediante decreto de 18 del mismo mes y año Joaquín Jacinto Moller Pablo ahora demandado dispone en lo principal “Se tiene por respondido la solicitud de cesación a la detención preventiva” (fs. 120 y vta.). II.8. Consta oficio de 18 de febrero de 2021, dirigido al Director del SEGIP a efectos de que una brigada móvil de dicha entidad se haga presente en el precitado Recinto Penitenciario a efectos de que Juan Rolando Choque Jurado -ahora demandante de tutela- obtenga un duplicado de su cédula de identidad, mismo que lleva sello de recepción de fecha 25 del referido mes y año (fs. 127 y vta.). II.9. Mediante memorial presentado el 23 de febrero de 2021, Marcos Iván Limachi Esquivel –víctima-, solicitó corrección de procedimiento, señalando que la solicitud del imputado –ahora accionante- sería sólo por el numeral 5 del Art- 239 del CPP, por lo que debería señalar audiencia para considerar la petición; por decreto de 24 del mismo mes y año, Enrique Manuel Cadena Pinto -Juez demandado-, dispuso no ha lugar a lo impetrado porque ya fueron notificadas las partes (fs. 121 a 122). II.10. Por Resolución 16/2021 de 26 de febrero, suscrita por Joaquín Jacinto Moller Pablo, Enrique Manuel Cadena Pinto y César Daniel Yampara Laura Jueces ahora demandados, disponen el rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada por el peticionante tutela (fs. 124).
El impetrante de tutela por intermedio de su representante sin mandato, alegó que se habría lesionado sus derechos a la libertad personal, a la petición, al debido proceso, a la salud y a la vida; toda vez que, el 10 de diciembre de 2020 requirió al Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del Departamento de La Paz: 1) Se le exhiba el cuaderno de control jurisdiccional o se desarchive el mismo; 2) La expedición de certificación o informes respecto al estado de la causa; y, 3) Salida judicial al SEGIP a efectos de renovar su cédula de identidad y poder acceder adecuadamente a la atención médica, solicitudes que no fueron atendidas; así también mediante memorial de 4 de febrero de 2021 pidió: i) Se señale audiencia de cesación a la detención preventiva; ii) Reiteró su solicitud de salida judicial al SEGIP; y, iii) Que los Jueces demandados, se pronuncien expresamente sobre la existencia o inexistencia de una condena anticipada en casos que sobrepasen excesivamente los límites de la detención preventiva, pretensión que tampoco fue contestada, por lo que pide se conceda la tutela y se ordene a las autoridades demandadas que: a) Señalen dónde se encuentra el cuaderno de control jurisdiccional y en su caso lo exhiban; b) Den curso a la salida judicial con escolta para actualizar su cédula de identidad; c) Que dispongan que por secretaría se libre certificación y/o informe sobre el estado de la causa; d) Se desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva; e) Atendiendo su petición reiterada, se franqueen fotocopias legalizadas del cuaderno de control jurisdiccional; f) Que las autoridades demandadas, se pronuncien si en su caso existe cumplimiento anticipado de la pena, por el tiempo excesivo de detención; y, g) Se manifiesten sobre la pérdida del cuaderno y la falta de remisión al Tribunal de alzada, que hubiera sido impulsado por la anterior Jueza Presidenta del Tribunal referido. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas; 1) La legitimación pasiva en la acción de libertad; 2) La acción de libertad innovativa; 3) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 4) Análisis del caso en concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, reiterado por SCP 1335/2022-S1 de 15 de noviembre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular 1En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 2El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 3El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 141/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre -entre otras-, asumió el siguiente entendimiento Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma.
En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:
4El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”. 5El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.
El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.
Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.
A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.
Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento 6El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 7El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado.
En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 8El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 9El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras.
La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma.
La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 10El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras.
Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El impetrante de tutela por intermedio de su representante sin mandato alega la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la petición, al debido proceso, a la salud y a la vida; por cuanto el 10 de diciembre de 2020 solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz se le exhiba el cuaderno de control jurisdiccional o se desarchive el mismo, la expedición de certificación o informes respecto al estado de la causa y la salida judicial al SEGIP a efectos de sacar su cédula de identidad y poder acceder adecuadamente a la atención médica solicitudes que no fueron atendidas; así también, mediante memorial de 4 de febrero de 2021 requirió se señale audiencia de cesación a la detención preventiva, en la cual reiteró su petición de salida judicial al SEGIP y que las autoridades ahora demandadas se pronuncien expresamente sobre la existencia o inexistencia de una condena anticipada en casos que sobrepasen excesivamente los límites de la detención preventiva, requerimiento que tampoco fue contestado, por lo que pide se conceda la tutela y se ordene a las autoridades demandadas que: i) Señalen donde se encuentra el cuaderno de control jurisdiccional y en su caso lo exhiban; ii) Den curso a la salida judicial con escolta para sacar su cédula de identidad; iii) Dispongan que por secretaria se libre certificación y/o informe sobre el estado de la causa; iv) Se desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva; v) Atendiendo su petición reiterada, le franqueen fotocopias legalizadas del cuaderno de control jurisdiccional; vi) Que las autoridades demandadas se pronuncien si en su caso existe cumplimiento anticipado de la pena, por el tiempo excesivo de detención; y, vii) Se manifiesten sobre la pérdida del cuaderno y la falta de remisión al Tribunal de apelación, que hubiera sido ordenado por la anterior Jueza presidenta del Tribunal mencionado. Previó a ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe referir, que si bien de la compulsa del expediente en revisión, se advierte que las solicitudes del peticionante de tutela se encuentran vinculadas en torno a la falta de resolución de una solicitud a la cesación a la detención preventiva y la falta de atención de una salida judicial al SEGIP, a efectos de obtener su cédula de identidad para atención médica; al respecto cursa en obrados un oficio de fecha 18 de febrero de 2021 mediante el cual se ordena al Director de SEGIP para que envié al Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz una Brigada móvil (Conclusión II.8.); así también, cursa la Resolución 16/2021 de 26 de febrero que resuelve la solicitud de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.10.); empero, la demora en la atención de las solicitudes efectuadas por el demandante de tutela, permite que la justicia constitucional analice dichos actos lesivos; toda vez que, es posible activar la acción de libertad innovativa, aún cuando hayan cesado los efectos del acto lesivo, puesto que dicha acción de libertad tiene por finalidad tutelar los derechos desde una dimensión objetiva, a efecto de evitar que en lo futuro se reiteren los actos denunciados, conforme establece el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Como se ha referido, la problemática central de la presente acción tutelar en revisión, radica en la demora de la atención de una salida judicial y una solicitud de cesación a la detención preventiva que impetró el solicitante de tutela ante el precitado Tribunal de Sentencia, cuando la demandada Nancy Bustillos de Altuzarra ya no cumplía funciones de Jueza; de lo señalado, es posible concluir que la referida ciudadana carece de legitimación pasiva en la presente acción de libertad, en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo; consecuentemente, corresponde denegar la tutela en cuanto a la referida demandada. De la revisión de los antecedentes que informan al presente caso se tiene de las conclusiones y actuados contenidos en el expediente que, dentro del proceso penal seguido en contra del ahora accionante; en el cual, cuenta con detención preventiva se emitió Sentencia Condenatoria que fue apelada en vía restringida y remitida en fecha 3 de febrero de 2017 a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.1). El impetrante de tutela mediante memorial de 10 de diciembre de 2020 solicitó a las autoridades demandadas Joaquín Jacinto Moller Pablo, Enrique Manuel Cadena Pinto y César Daniel Yampara Laura, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz se ponga a la vista el expediente o se desarchive, solicitó también salida judicial al SEGIP para sacar su cédula de identidad y con ello acceder a la atención médica; requirió además certificaciones o informes sobre el estado de la causa y por último solicitó fotocopias legalizadas del cuaderno de control jurisdiccional (Conclusión II.2), y si bien cursa providencia de 14 de diciembre de 2020 (Conclusión II.3), por el cual el Juez demandado Cesar Daniel Yampara Laura da curso a todo lo solicitado por el ahora accionante; asimismo que en los hechos no se atendieron las solicitudes, porque los mismos demandados César Daniel Yampara Laura y Enrique Manuel Cadena Pinto, reconocieron en la audiencia de acción de libertad que cuando se presentaron los memoriales por el ahora accionante, desconocían donde se encontraban los antecedentes. Mediante memorial de 4 de febrero de 2021, el ahora impetrante de tutela solicitó la cesación a la detención preventiva amparado en el art. 239.5 del referido CPP, reiteró su solicitud de salida judicial al SEGIP y pidió que el Tribunal de Sentencia referido haciendo uso del control de convencionalidad y constitucionalidad se manifieste sobre la existencia o inexistencia de una condena anticipada cuando se sobrepasa los límites de la detención preventiva haciendo notar que esta petición está vinculada al art. 239.3 del CPP (Conclusión II.5.); por providencia de 5 de febrero de 2021 se corrió en traslado el requerimiento de cesación de la detención preventiva, se solicitó los antecedentes del proceso a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y se ordenó que el Director del SEGIP envié una brigada al Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz a efectos que el demandante de tutela obtenga un duplicado de su cédula de identidad (Conclusión II.6.); cursa también el oficio correspondiente que fue recepcionado en el SEGIP el 25 del citado mes y año; es decir, que fue atendida su solicitud de salida judicial pero con dilación. Posteriormente, el Ministerio Público se pronunció en cuanto a la solicitud de cesación a la detención preventiva y por su parte la víctima solicitó corrección procesal haciendo notar que la solicitud del peticionante de tutela era en base al numeral 5 del art. 239 del CPP, (Conclusión II.7. y II.8.); al respecto, es evidente que las autoridades demandadas equivocaron el trámite de la cesación referida, pues verificada la petición sólo era por el numeral 5 del art. 239 del CPP, y si bien cuando hace referencia al numeral 3 del citado artículo, insta a un pronunciamiento expreso sobre la existencia de una condena anticipada en casos de excesiva duración de la detención preventiva, el memorial es claro en establecer que el requerimiento de cesación lo realiza por el numeral 5 del art. 239 del CPP, por lo que correspondía que señalen directamente audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas para resolver dicha solicitud. Por lo que al efectuar un trámite equivocado se ha dilatado la resolución de la solicitud, máxime cuando en el caso de autos, asumiendo que aplicaron erróneamente el trámite de una cesación por el numeral 3 del art. 239 del CPP, los Jueces tenían el plazo de cuarenta y ocho horas para resolver, empero, habiéndose notificado a las partes el 12 de febrero de 2021 (Conclusión II.6), la autoridad demandada debió resolver la citada solicitud hasta el 22 de similar mes y año, descontando inclusive los feriados de carnaval; empero, resuelven lo requerido mediante Resolución 16/2021 recién el 26 de febrero, causando una innecesaria dilación. Conforme lo citado en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió la clasificación de las acciones de libertad identificando el habeas corpus restringido, el instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos. Ahora bien, en el caso que se examina, conforme lo desarrollado hubo dilación en la tramitación de la solicitud efectuada para la salida judicial al SEGIP del imputado -ahora accionante-, el fundamento para esta salida está vinculado al derecho a la salud y a la vida, porque en la solicitud de la referida salida fundamenta que se perdió su cédula de identidad en el área de salud del Recinto Penitenciario y que nuevamente requiere ser atendido en la mencionada área, por lo que requiere su cédula de identidad; al respecto cursa en antecedentes, Informe Médico en la que se refiere que Juan Rolando Choque Jurado -ahora accionante-tiene un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, COVID-19 Positivo, bronconeumonía y diabetes mellitus Tipo II crónico, y en su conclusión sugiere valoración por medicina interna y endocrinología, especialidades médicas que requieren atención en establecimientos de salud fuera del referido Recinto Penitenciario, entendiéndose que evidentemente requería su documento de identificación al efecto, en ese contexto, el hecho de la demora en la atención de la salida judicial impetrada por el demandante de tutela implica la vulneración del derecho a la salud y a la vida. De la misma forma en relación a la solicitud de cesación a la detención preventiva, se estableció que existió dilación y al estar lo requerido directamente vinculado al derecho a la libertad y la salud, implica que hubo vulneración a los derechos del solicitante de tutela por la demora, lesionando además el debido proceso; aclarando que no se ingresa al análisis de la resolución que emitieron los Jueces demandados por no ser objeto de la acción de libertad, siendo que la acción mencionada en el caso concreto tiene por objeto agilizar los trámites vinculados al derecho a la libertad, lo que no implica determinar si se va otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; además ante la resolución que se emitió, el impetrante de tutela una vez notificado tenía la posibilidad de recurrir en apelación; correspondiendo en este caso conceder la tutela en la vía innovativa porque aunque hayan equivocado el trámite, las autoridades demandadas mediante Resolución 16/2021 de 26 de febrero ya se han pronunciado sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva. Con relación al reclamo de la dilación del proceso penal seguido en contra del ahora accionante y la presunta desaparición del expediente, se tiene que conforme al libro de remisión de apelaciones (Conclusión II.1.), el trámite del proceso penal no se encuentra bajo la dirección de las autoridades demandadas, sino que fue remitido ante la Sala Penal Primera del citado departamento, no pudiendo ingresar al análisis de dicha demora en la presente acción de libertad. En relación a la solicitud de informe sobre al estado de la causa y la certificación respecto a que si se hubiera cumplido o no con la remisión en alzada de la apelación restringida; impetrada por el peticionante de tutela mediante memorial de 10 de diciembre de 2020 (Conclusión II.2), Cesar Daniel Yampara Laura -Juez demandado- por providencia de 14 de similar mes y año (Conclusión II.3), dio curso a todo lo solicitado por el ahora accionante, pero en los hechos no se atendieron las solicitudes, porque los demandados César Daniel Yampara Laura y Enrique Manuel Cadena Pinto, reconocieron en la audiencia de acción de libertad que cuando se presentaron los memoriales por el solicitante de tutela, desconocían donde se encontraba el cuaderno procesal; por lo que esa falta de seguimiento adecuado al proceso penal que se sigue en contra del ahora impetrante de tutela, ocasionó demora en la atención de las solicitudes de estas documentales que estaban vinculadas con la solicitud de cesación a la detención preventiva y por ende con el derecho a la libertad; por lo que, corresponde también conceder la tutela en relación a este aspecto, debido a que Joaquín Jacinto Moller Pablo, Enrique Manuel Cadena Pinto y César Daniel Yampara Laura, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandados-, tenían la obligación de efectuar el seguimiento con celeridad para que se extienda el informe y certificación solicitada, lo que implica la vulneración del principio de celeridad en su elemento al debido proceso y del derecho a la petición respecto al cual también corresponde conceder la tutela por su conexitud con el derecho a la libertad. Por último, en relación a la solicitud de fotocopias efectuada por el accionante en el mismo memorial de 10 de diciembre de 2020, si bien la petición fue deferida, no se habría cumplido con la francatura de estas, pero este aspecto no puede ser reprochado a las autoridades demandadas, ya que el cuaderno procesal no se encontraba en el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz al cual pertenece, sino que se encontraba en la Sala Penal Primera del Tribunal del señalado departamento, correspondiendo al respecto denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 47/2021 de 4 de marzo, cursante de fs. 73 a 76, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a Juan Rolando Choque Jurado contra Joaquín Jacinto Moller Pablo, Enrique Manuel Cadena Pinto y César Daniel Yampara Laura, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por: a) La demora en la atención y tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva y ordene la respectiva salida al SEGIP; y, b) La falta de seguimiento al proceso penal que derivo en la demora de la atención de las solicitud es de informe y certificación impetradas por el peticionante de tutela mediante memorial de 10 de diciembre de 2020; dilación que lesionó el principio de celeridad componente del derecho al debido proceso vinculado a los derechos a la libertad personal, a la salud, a la vida y a la petición; de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que las autoridades demandadas en el plazo de veinticuatro horas desde su legal notificación, efectúen el seguimiento debido a su personal subalterno y supervisen el cumplimiento de la francatura sobre el informe y certificación impetradas por el ahora accionante; salvo que la misma ya se haya cumplido con anterioridad. No se dispone el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, porque los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz –ahora demandados-, ya se pronunciaron al respecto y la resolución emitida es susceptible de apelación en la forma prevista por el adjetivo de la materia. 3° Exhortar a los demandados Joaquín Jacinto Moller Pablo, Enrique Manuel Cadena Pinto y César Daniel Yampara Laura Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a tramitar con la debida celeridad las solicitudes que tramitan, evitando dilaciones innecesarias que vulneren derechos de los procesados especialmente cuando se encuentran privados de libertad; sea bajo advertencia que de reiterarse las dilaciones en la que incurrieron se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura. 4° DENEGAR la tutela respecto a Nancy Bustillos de Altuzarra ex Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz y respecto a la solicitud vinculada a la supuesta pérdida del cuaderno, habiéndose evidenciado que éste se remitió en alzada el 3 de febrero de 2017 a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la menciona ciudad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
11 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
12 El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0001_2024-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9e66f35101dd96f89d97d0d8a172a1af0c6187e5c6691c4e9df0a9cf71ee7a17
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