Cómo resuelve el Tribunal Constitucional Plurinacional la detención preventiva y su cesación cuando el proceso es por coacción: qué riesgos discute y con qué palabras. 2 sentencias de 2023 a 2026.
Art. 294 del Código Penal (Coacción)
Artículo 294. (Coacción). El que con violencia o amenazas graves obligare a otro a hacer, no hacer o tolerar algo a que no está obligado, incurrirá en reclusión de seis (6) meses a dos (2) años. La sanción será de reclusión de uno (1) a cuatro (4) años, si para el hecho se hubiere usado armas.
B.IA.Legal lee el expediente, te dice qué riesgos le atribuyen y cómo desvirtuarlos, y te arma el memorial de cesación o la apelación citando estas sentencias.
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«El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, ante la solicitud de revocatoria de medidas cautelares y la aplicación de la detención preventiva contra su persona, el Juez ahora accionado programó audiencia para el 19 de octubre de 2022, sin considerar que: i) Mediante Auto Interlocutorio 207/2022 de 9 de mayo, se determinó la nulidad de la…»
«Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho al juez competente en razón de materia; puesto que, simulando la existencia de conflictos en el predio “Maná”, fueron denunciados el 19 de junio de 2024 por Ronelio Felipe Barbery Paz -ahora tercero interviniente-, por la presunta comisión del delito de avasallamiento que hubiesen…»
Delitos contra la libertad: Allanamiento de domicilio · Amenazas · Privación de libertad · Desaparición forzada de personas · Vejaciones y torturas
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Las sentencias son las de 2023 a 2026 sobre detención preventiva en las que el proceso penal es por coacción, tal como lo nombra el Tribunal Constitucional en los antecedentes de cada sentencia. Lo que dice el Tribunal se copió del PDF oficial; la ley, del texto vigente en B.IA.Legal.
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce resoluciones judiciales públicas; no es asesoramiento legal.
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