Cómo resuelve el Tribunal Constitucional Plurinacional la detención preventiva y su cesación cuando el proceso es por desaparición forzada de personas: qué riesgos discute y con qué palabras. 1 sentencia de 2023 a 2026.
Art. 292 bis del Código Penal (Desaparición Forzada de Personas)
Artículo 292 Bis. (Desaparición Forzada de Personas). El que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de algún órgano del Estado, privare de libertad a una o más personas y, deliberadamente oculte, niegue información sobre el reconocimiento de la privación de libertad o sobre el paradero de la persona impidiendo así el ejercicio de recursos y de garantías procesales, será sancionado con pena de presidio, de cinco (5) a quince (15) años. Si como consecuencia del hecho resultaren graves daños físicos o psicológicos de la víctima, la pena será de quince (15) a veinte (20) años de presidio. Si el autor del hecho fuera funcionario público, el máximo de la pena, será agravada en un tercio. Si a consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se impondrá la pena de treinta (30) años de presidio.
Incorporado por disposición del Artículo Único de la Ley No. 3326 de 18 de enero de 2006.
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«El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a ser oído, a la defensa, a la libertad, al acceso a la justicia y a la impugnación; puesto que, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista 747/2022, confirmó el Auto Interlocutorio 240/2022, el cual rechazó su solicitud de modificación de medidas cautelares, bajo el argumento de que no asistió a la audiencia…»
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Las sentencias son las de 2023 a 2026 sobre detención preventiva en las que el proceso penal es por desaparición forzada de personas, tal como lo nombra el Tribunal Constitucional en los antecedentes de cada sentencia. Lo que dice el Tribunal se copió del PDF oficial; la ley, del texto vigente en B.IA.Legal.
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce resoluciones judiciales públicas; no es asesoramiento legal.
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