Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 26 a 27, dictada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Decimosexto; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer nada al respecto, dada la aplicación de la acción de libertad innovativa; 2° Exhortar a la autoridad demandada a no incurrir en dilaciones indebidas en casos análogos al presente; y, 3º Llamar la atención al Juez de garantías, por las falencias anotadas, según lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1553/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57255-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner, en representación sin mandato de Sergio Iván Irahola Melendrez contra William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 25 de julio de 2023, cursante a fs. 15 a 22, el accionante, a través de su representante, expresó que:
El demandado no cumplió con el principio de celeridad, que está relacionado con la restricción indebida de su libertad y su derecho a la impugnación, en circunstancias en que solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, llevada a cabo el 28 de junio de 2023. En dicha audiencia, el Juez demandado ingresó en confusión, pues utilizó fundamentos contradictorios a tiempo de emitir el Auto Interlocutorio 314/”2022”-siendo lo correcto 2023- de 28 de junio. En ese orden, planteó apelación en aplicación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal, contra el citado Auto Interlocutorio, a fin de lograr que se subsanen violaciones a sus derechos; consiguientemente, se solicitó la remisión de la apelación ante el Tribunal ad quem correspondiente, en el plazo de veinticuatro horas, bajo el principio de gratuidad; sin embargo, el Juez a quo, hoy demandado, dispuso que el costo de las fotocopias de dicha remisión corra por parte suya; no obstante, él no cuenta con recursos económicos debido a la situación jurídica en la que se encuentra. Por esa razón, el 3 de julio de 2023, se presentó una acción de libertad haciendo conocer dichos extremos, cuya tutela fue concedida, por lo que el 4 de dicho mes y año, fue remitido su proceso ante la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Una vez allí, planteó recusación y resuelta la misma, fue devuelta al Juez de origen porque se incumplieron formalidades de ley, consistentes en la omisión de oficios, aspecto que debía subsanar dicha autoridad el 24 del referido mes y año; de esa forma, ingresó en una actuación negligente la referida autoridad jurisdiccional. Otro aspecto causante de retardación de justicia fue el comportamiento corrupto de dicho Juez y sus pasantes, quienes solicitaron pagos irregulares a los litigantes, provocando que aquellos que no realicen los mismos sean perjudicados con retrasos en sus trámites, como se puede evidenciar en su caso, pues desde la apelación contra la cesación de la detención preventiva de 28 de junio de 2023, pasaron veintiséis días, hasta la fecha sin que esa apelación pueda ser resuelta. Cabe añadir que el Juez demandado incluso instruyó a exigir pagos adicionales a las partes para agilizar sus trámites legales, notificaciones y remisiones de procesos de hasta incluso Bs1 500.- (mil quinientos bolivianos) por remisión. Esos acontecimientos vulneraron su derecho fundamental a la libertad. La falta de cumplimiento del principio de celeridad se debe a la negligencia en la remisión del cuaderno de control al Tribunal ad quem y esa demora impide una pronta resolución de la situación de un imputado detenido, lo cual afecta directamente a su libertad. En consecuencia, se encuentra veintiocho días privado de su libertad, como resultado de la negligencia en la remisión de dicha apelación, generando que su dilación viole su libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la justicia y a un juicio justo, así como los principios de celeridad y gratuidad, citando al efecto los arts. 22, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó que se conceda la tutela y se disponga que se subsanen las observaciones al trámite de apelación incidental -correspondiente a la audiencia de cesación de la detención preventiva de 28 de junio de 2023-, y se remita la misma al Tribunal ad quem, en un plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 25 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante y abogada, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo manifestó que: Su apelación no fue remitida desde el 28 de junio de 2023, estando el Oficial de Diligencias y Secretaria del Juzgado de origen, a la espera de un pago de Bs500.-(quinientos bolivianos) para que ellos puedan sacar las copias y cumplir con el plazo previsto en el art. “252” del CPP y remitir la correspondiente apelación, habiendo sido devuelta el 24 de julio de ese año al Juzgado de origen; ante ello, el Juez demandado no efectuó ningún llamado de atención a su personal para que estos cumplan el plazo legal al efecto.
Si bien en el acta de audiencia de garantías, se señaló que William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, presentó su informe, el mismo no consta en obrados; asimismo, se evidencia que no asistió a la audiencia de garantías, habiendo sido notificado mediante diligencia cursante a fs. 24.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal similar Decimosexto constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 33/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 26 a 27, concedió la tutela solicitada, por acción de libertad innovativa -sin asumir alguna disposición expresa al respecto-, con base en los siguientes fundamentos: a) Corresponde hacer referencia a la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, que hizo énfasis en el principio de gratuidad de la justicia, de acuerdo a lo previsto en el art. 7 de la Ley “2012”-siendo lo correcto 212- de 23 de diciembre de 2011, que dispuso que a partir del 3 de enero de ese año se suprimen todos los timbres judiciales; b) La “SC 1975/2010” resolvió que la falta de previsión de recaudos de ley no constituía razón para dilatar la remisión de obrados al superior en grado, siendo que un entendimiento contrario implicaría que la tramitación del proceso esté condicionado a aspectos meramente pecuniarios, a tal efecto, el acto que se hubiese cometido por los funcionarios subalternos del Juzgado a quo vulneró el principio de celeridad y gratuidad, debiendo estos proveer los recaudos necesarios para remitir las apelaciones al Tribunal de segunda instancia, pues el privado de libertad no tiene medios económicos para erogar los correspondientes gastos al efecto; y, c) Tomando en cuenta lo informado por la autoridad demandada, quien señaló que ya se habría remitido “…en el día…” la apelación, ello no deja de ser una transgresión a la celeridad, cuando se trata de un privado de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Auto Interlocutorio 189/2023 de 19 de abril, por el cual el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, ahora demandado, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Sergio Iván Irahola Melendrez -accionante-, con código único 201103052203058, por la presunta comisión del delito de violación, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 3 a 6). II.2 Consta Auto Interlocutorio 314/”2022” -siendo lo correcto 2023- de 28 de junio de 2023, por el cual rechazó la solicitud de cesación de detención preventiva impetrada por el accionante (fs. 11 a 13). II.3. De la revisión del sistema informático de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se verifica que el expediente 58103-2023-117-AL, corresponde a la acción de libertad planteada por el accionante contra el Juez ahora demandado, solicitando la remisión de la apelación contra el Auto Interlocutorio de 28 de junio de 2023. Asimismo, se evidencia que dicho expediente se encuentra a la espera de sorteo. II.4. Cursa sello de devolución del expediente 20102032101150 de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la que consta que el mismo fue devuelto el 24 de julio de 2023 a horas 12:49 (fs. 14). II.5. De acuerdo al NUREJ del presente caso, la acción de libertad ahora analizada fue presentada el 25 de julio de 2023 a horas 09:41 (fs. 1).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la justicia y a un juicio justo, así como de los principios de celeridad y gratuidad, por cuanto el Juez demandado, incumplió el principio de celeridad en lo atingente a la devolución del testimonio de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 314/”2022” -siendo lo correcto 2023- de 28 de junio -que rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva- al tribunal ad quem, con las subsanaciones formales requeridas por este.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, citada por la SCP 0157/2024-S2 de 13 de mayo, entre otras, señaló: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)” (las negrillas corresponden al texto citado).
Asimismo, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero determinó: “Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el subrayado fue añadido).
Al respecto, la SCP 0619/2025-S3 de 26 de junio indicó: “…la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, en su Fundamento Jurídico III.1, señaló: ‘ …entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional , en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias’. Razonamiento que es aplicable a las otras modalidades protectoras de la acción de libertad , donde se identifiquen actos irregulares consumados ; por ello, a efectos de determinar las responsabilidades que ameriten en cada caso y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en tales circunstancias, pronunciarse sobre el fondo de la problemática a fin de establecer las consecuencias jurídicas del o los que llegan a ser demandados’”.
Planteado el problema a resolver, se advierte que efectivamente, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violación, el Juez demandado dispuso su detención preventiva, mediante Auto Interlocutorio 189/2023 de 19 de abril (Conclusión II.1); en ese marco, el impetrante de tutela solicitó la cesación de su detención preventiva, sin embargo, fue rechazada, a través del Auto Interlocutorio 314/2023 de 28 de junio (Conclusión II.2). Ahora bien, en primer lugar, se evidencia que el Juez demandado concedió la tutela, empero no dispuso el alcance de esta; no obstante, al haber resuelto la misma con base en la acción de liberad innovativa, dicho alcance habría involucrado una exhortación al Juez demandado referente a la celeridad, pues esa modalidad de acción de libertad es aplicada cuando se verifica que el acto jurídico cuestionado fue restablecido durante la tramitación de la indicada acción de libertad. Sumado a ello que esta se constituye en una acción que precautela el derecho a la libertad, entre otros, por lo que es de urgente resolución, más aún cuando se plantea bajo la modalidad de pronto despacho, que precisamente busca la restitución de la celeridad en la tramitación de procesos atingentes a privados de libertad, es posible prescindir del extrañado alcance y continuar con el análisis del caso concreto.
Por otro lado, si bien el informe de la autoridad demandada no cursa en obrados, en el acta de audiencia de garantías, se indicó que fue presentado e inclusive consta que fue leído allí, lo que dio lugar a que el Juez de garantías señalara que según el citado informe, la autoridad demandada ya habría devuelto el testimonio en apelación “…en el día…”, dato que permite conocer una parte de dicho informe, lo que hace posible salvar la omisión en que incurrió el Juez de garantías y no impide ingresar a resolver esta causa. En relación a otro aspecto, el accionante refiere que dada la dilación que habría sufrido la inicial remisión de la apelación incidental señalada, ante el Tribunal ad quem, planteó una acción de libertad para corregir esa demora, aspecto que se corrobora de la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, en la que se evidencia el expediente 58103-2023-117- AL, correspondiente a una primera acción de libertad del impetrante de tutela contra el Juez ahora demandado, en la que solicitó que se remita su apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 314/2023, estando dicha demanda a la espera de sorteo. Ahora bien, en primer lugar, se entiende que en la acción de libertad previa a la presente, el solicitante de tutela pidió la remisión de su apelación contra el señalado Auto Interlocutorio 314/2023, mientras que en esta demanda tutelar, los hechos cuestionados son diferentes, consistentes en la omisión de devolución de dicho testimonio por parte del Juez demandado al Tribunal ad quem, oportunidad en la que debía subsanar las observaciones de forma, requeridas por este a dicho testimonio; consiguientemente, esa primera demanda tutelar no es un óbice para continuar con el análisis de esta acción. En esas circunstancias, es menester reiterar que el presente planteamiento busca la protección de la libertad a la luz de la acción de libertad de pronto despacho, dado que se cuestionó la dilación con la que el demandado hubiera actuado, retardando -según lo considera el accionante- la tramitación de la apelación contra el rechazo de su cesación de detención preventiva. Al respecto, se citó jurisprudencia constitucional, que abordó el alcance de dicha acción de libertad, como se puede advertir del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, de la cual se evidencia que lo que busca la referida modalidad de esta acción de tutela es la restitución del principio de celeridad en los casos de privados de libertad. Sobre la base de todo ello, se continúa el examen de esta demanda, así se advierte que el testimonio en apelación fue devuelto al Juzgado de origen el 24 de julio de 2023 -según se verifica del acta de audiencia de garantías cuando intervino la parte accionante- a horas 12:49, como se indicó en la Conclusión II.4 de este fallo; ahora bien, de acuerdo a lo ya señalado, el Tribunal de garantías, sobre la base del informe del demandado al que accedió en audiencia de garantías, se conoce que esa apelación fue devuelta en el día, se entiende el mismo 24 de julio de 2023; sin embargo, la presente acción de libertad fue planteada el 25 de julio de 2023 a horas 09:41, es decir, que el accionante no tenía conocimiento de dicha remisión, sumado a ello que la indicada autoridad no presentó documentación alguna que acredite la referida devolución; todo ello indica que no tuvo lugar la reclamada devolución en el día o al menos no fue puesta la misma en conocimiento del accionante; en ese marco, no debe olvidarse que la referida remisión de obrados al Tribunal ad quem, era la segunda, lo que ameritaba mayor celeridad aún en las actuaciones del Juez demandado en cuanto a dicho envío del testimonio, al no haber sido demostrada dicha celeridad, se advierte que se incumplió con la misma, por lo que se concluye que el demandado incurrió en una dilación indebida en la tramitación analizada, lo que amerita la aplicación de la protección de la acción de libertad de pronto despacho, abordada en el mencionado Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Ahora bien, es evidente que el Tribunal de alzada ya recibió el referido testimonio en apelación, es decir, que ya no está vigente la dilación advertida; no obstante, habiéndose evidenciado que efectivamente hubo una dilación, lo cual perjudicó el derecho a la libertad del accionante por ausencia de celeridad, es posible conceder la tutela vía acción de libertad innovativa, abordada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo, a fin de exhortar a la autoridad demandada a que no vuelva a incurrir en dilaciones indebidas en futuros casos análogos a resolver.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Decimosexto, constituido en Juez de garantías, omitió remitir a este Tribunal el informe del Juez demandado, ya que, según consta en el acta de audiencia de garantías, el mismo fue presentado. Por otro lado, si bien el referido Juez de garantías, a tiempo de emitir la Resolución 33/2023 de 26 de julio, dispuso conceder la tutela, se advierte que omitió señalar el alcance de la mencionada concesión. Ambas falencias anotadas ameritan que se llame la atención al indicado Juez, debiendo corregirlas en futuras acciones de tutela a resolver. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2023 de 26 de julio, cursante de fs. 26 a 27, dictada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Decimosexto; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer nada al respecto, dada la aplicación de la acción de libertad innovativa; 2° Exhortar a la autoridad demandada a no incurrir en dilaciones indebidas en casos análogos al presente; y, 3º Llamar la atención al Juez de garantías, por las falencias anotadas, según lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1553_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): e4bd6fabe1edcdd5a9c7f1f50c167b066c5b5682d3b938949329aea66ed95c55
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