B.IA.LEGAL

SCP 1526/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Tercera · 20 de noviembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de noviembre de 2025
Acción
Acción de Libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
78523-2025-158-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — innovativa

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, locomoción y a la vida, debido a que el 24 de octubre de 2025, una turba de personas, presuntamente integrantes de un sindicato de transportistas de Chulumani procedieron de manera violenta a avasallar la propiedad de los accionantes, actos en los que los dueños del predio avasallado fueron retenidos y amenazados ilegalmente, sin considerar que entre las víctimas de tales agresiones se encontraban mujeres, menores de edad y adultos mayores; y pese a haber acudido inmediatamente ante el Ministerio Público y la Policía Nacional a objeto de buscar la debida protección contra tales actos, estas instituciones se rehusaron a brindar protección oportuna; razón por la cual, solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene: 1) A los demandados el cese de la detención ilegal del menor de edad y adultos mayores; 2) Al Ministerio Público realizar las actuaciones preliminares en contra de los prenombrados; y, 3) Al Comandante de la Policía Nacional y departamental de La Paz el rescate del menor de edad y adultos mayores. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 31/2025 de 25 de octubre, cursante de fs. 25 a 30, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada, en su modalidad innovativa, en contra de Paola Willma García Alcon, Miguel Ángel Apaza Mamani y Naldo Quisbert, exhortando a la Fiscal de Materia y al funcionario policial, que en posteriores actuaciones obren con mayor diligencia en el cumplimiento de sus funciones; y, al particular codemandado a no reproducir los hechos advertidos en el presente fallo constitucional;

2º CONCEDER la tutela solicitada, en contra de Naldo Quisbert, por haber generado un escenario de peligro a la integridad y a la vida de los accionantes, conforme se tiene desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

3º Disponer que la Fiscalía de Chulumani aperture el proceso penal de oficio en contra de los demandados, realice los actos investigativos correspondientes, y asuma las medidas de protección necesarias para resguardar la integridad de los accionantes y de los que hubieren resultado afectados por los hechos suscitados origen de la presente acción de tutela en cumplimiento a la debida diligencia que debe imprimirse ante hechos de violencia en contra de mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores;

4º Por Secretaria General de este Tribunal, remítase la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a conocimiento del Comando General de la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado, y a todos los Gobiernos Autónomos Municipales del Estado plurinacional de Bolivia y por su intermedio a sus Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a efectos de que observen la debida diligencia en sus actuaciones en el marco de sus atribuciones;

5º Se llama la atención al El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, en virtud al punto III.5 del presente fallo constitucional; 6º Exhortar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chulumani del departamento de La Paz, a cumplir con la debida diligencia conforme se tiene desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 7° DENEGAR la tutela solicitada, en contra de Marco Antonio Gómez Ticona, Fiscal de Materia; Dania Chura Subieta; y, Andy Márquez Segovia, en base a los fundamentos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El deber de la debida diligencia de las instancias públicas ante casos que involucren presunta violencia contra la mujer
  2. III.2. De la tutela constitucional del derecho a la vida a través de la acción de libertad
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1526/2025-S3 Sucre, 20 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Libertad Expediente: 78523-2025-158-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2025 de 25 de octubre, cursante de fs. 25 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dayana Reynal Yucra en representación sin mandato de AA, Diocelin Reynal Yucra, Jenny Reynal, Martina Yucra y Víctor Collao, contra Marco Antonio Gómez Ticona y Paola Wilma García Alcon, Fiscales de Materia; Miguel Ángel Apaza Mamani, Funcionario Policial; Andy Márquez Segovia, Dania Chura Subieta; y, Naldo Quisbert.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de octubre de 2025, cursantes de fs. 1 a 3, los accionantes a través de su representante sin mandato, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Al promediar las 12:30 del 24 de octubre de 2025, en la zona de Secuasi del municipio de Chulumani de la Provincia Sud Yugas del departamento de La Paz, una turba de personas a la cabeza de Andy Márquez Segovia, Dania Chura Zubieta y Naldo Quisbert, ingresaron abruptamente a “patadas y puñetes” al domicilio de Diocelin Reynal Yucra, Jheny Reynal, Jheremy Huayhua, Martina Yucra y Víctor Collao, lanzando dinamitas, rompiendo candados y cortando las mallas. No obstante, con el objetivo de no ser identificados sustrajeron sus celulares, y destrozaron las cámaras de seguridad, para posteriormente quemar todas las pertenencias del “dormitorio y cocina”, así como, amarrando a los accionantes de manos y pies, manifestando el demandado Andy Marquez Segovia que, “…ya sea a la buena o a la mala este lote queremos nosotros, como pueden tener ustedes tan grande terreno, si no se van aquí van a morir toda la familia, a nosotros no nos importa que tenga terrenos legales aquí manda la fuerza, tenemos policías y fiscales que son nuestros amigos que no van a hacer nada…” (sic); reteniéndoles de manera ilegal y arbitraria, sin considerar que entre los maniatados, se encontraban un menor y dos adultos mayores. Ante semejantes hechos, la parte accionante acudió ante el Ministerio Público y la Policía de Chulumani, quienes se rehusaron a socorrer y rescatar a las personas retenidas, lo que demuestra una inacción de actos investigativos y preliminares.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la vulneración al derecho a la libertad y locomoción, citando al efecto los arts. 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -Pacto San José de Costa Rica-.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene: a) A los demandados el cese de la detención ilegal del menor de edad y adultos mayores; b) Al Ministerio Público realizar las actuaciones preliminares en contra de los prenombrados; y, c) Al Comandante de la Policía Nacional y departamental de La Paz, el rescate del menor de edad AA y adultos mayores.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia el 25 de octubre de 2025, según el acta de audiencia cursante de fs. 18 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes, a través de su abogado, se ratificaron en el contenido de su acción de tutelar y ampliándola manifestaron que: 1) Dentro del problema jurídico se encuentran involucrados derechos de un menor y personas adultas mayores, el Juez de garantías puede ingresar al fondo de la problemática planteada; 2) Lo que se busca con la acción constitucional es la protección del derecho a la vida de los accionantes, producto de la inacción de las autoridades demandadas, y lo obrado por los codemandados por las agresiones propiciadas; 3) Se afectó el derecho a la libertad de los impetrantes de tutela, debido a que fueron retenidos, desde el mediodía -del 24 de octubre de 2025- hasta las cinco de la tarde, inclusive en presencia del funcionario policial codemandado; 4) Naldo Quisbert, supuestamente secretario general de los dirigentes transportistas de Chulumani, acompañado de un grupo de personas, conforme se evidencia de las imágenes y videos presentados en calidad de prueba, indicando a los medios de prensa que, “…Hemos tomado los predios de Sikwasi…” (sic); dichos terrenos son de propiedad de los accionantes, tienen folios reales; sin embargo, los demandados ingresaron en “manada” lanzaron gases lacrimógenos, ingresaron dinamitas y empezaron a golpear, amarrar -se entiende a los accionantes- y se agarraron el predio; 5) La autotutela no existe, si una propiedad se encuentra en disputa, debe acudirse a la autoridad competente, sea civil o agroambiental, empero no ingresar a la fuerza; 6) De lo acontecido, se identificó a Andy Márquez como “cabecilla” de más de cien personas, acompañado también de su esposa Dania Chura, resaltando que el prenombrado tiene antecedentes por avasallamiento, siendo la forma de obrar en contra de los accionantes su “modus operandi”; en virtud a la cantidad de personas se produjo una “pelea” desproporcionada, sin respetar la existencia de mujeres, menores de edad y adultos mayores, los agreden a tal punto de “casi técnicamente lo matan a la adulta mayor” y los encierran en un cuarto; 7) Aproximadamente a horas 15:00 -se corrige e indica a las 13:00 horas al mediodía-, Dayana Reynal Yucra, logró escapar; posterior a ello, los demandados conjuntamente con las demás personas, proceden a romper las cámaras de seguridad; 8) Luego de su fuga, la prenombrada, acudió en primera instancia ante el funcionario policial; producto de su inacción se apersonó al Ministerio Público, ante los codemandados, Paola García y Marco Antonio Gómez Ticona, gritando; asimismo, presentó un video donde se puede apreciar que la accionante se encuentra llorando implorando que se haga algo sobre lo ocurrido; 9) Si bien el peligro al derecho a la vida ha cesado, no se puede obviar que los demandados han amenazado el derecho de los accionantes adultos mayores y niños; 10) Resulta un delito ingresar a un predio de manera en que lo hicieron los demandados, incumpliendo los fiscales codemandados, el art. 225 de la CPE, debido a que el Ministerio Público persigue los delitos de acción pública; quizá no tomaron conocimiento del hecho de manera formal; empero, la accionante acudió de manera desesperada en busca de ayuda, debido a que estos ilícitos representan amenaza al derecho a la vida, variables que deben considerarse para la presente acción de tutela; 11) Se puso en peligro el derecho a la libertad, porque más allá de la denuncia penal, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia (DNA) intervino y rescató al niño que se encontraba secuestrado, dejando a su suerte a las demás personas, hecho que no puede ser ignorado, al haber corrido materialmente un riesgo la vida del menor, aspecto que debe evaluarse bajo la teoría constitucional de la acción de libertad innovativa, con el objetivo de que las conductas denunciadas no vuelvan a repetirse; y, 12) Se debió observar el principio “favor debilis”, debido a que los Fiscales debieron generar mecanismos idóneos correspondientes, por la existencia de adultos mayores y menores, asimismo, cuando la policía ingresó debió llamar refuerzos y realizar las acciones útiles y pertinentes; por lo que, ante estas falencias solicitó se le conceda la tutela y, en consecuencia: se establezca responsabilidades por la omisión que generaron, se disponga sea active la debida diligencia tanto por el Ministerio Público como la Policía Boliviana, a efectos de que se establezca la responsabilidad de los involucrados que avasallaron y secuestraron a los accionantes; los codemandados, Naldo Quisbert, Dayana Chura Subieta y Andy Márquez Segovia abandonen los predios avasallados y se entreguen a las autoridades; se disponga terapia psicológica, para los adultos mayores, menores de edad y mujeres afectados; y, se dé un tratamiento más ágil, a las solicitudes de atención por parte del médico forense, puesto que se encuentran sufriendo. En respuesta a las consultas efectuadas por el Juez de garantías, la parte accionante, refirió que: i) Que los Fiscales demandados, se apersonen inmediatamente al lugar de los hechos, porque habían personas de la tercera edad que estaban siendo golpeadas y les estaban intentando matar; sin embargo, le cerraron la puerta en la cara; y, ii) El motivo de la solicitud de auxilio, fue para que rescaten a su hermana, debido a que fue amarrada conjuntamente a su hijo AA, y cuando vino la Policía después de mucho tiempo a raíz de que se trataba de “millones” de personas, les dejaron pasar; empero, no a sus hermanas, que fue lo que le solicitó a los funcionarios policiales que intervinieron, puesto que estaban siendo agredidas; sin embargo, no hicieron nada, y ese es el motivo de la acción de libertad, inclusive el efectivo policial que se rehusó a subir dijo “…¿quién me va a pagar si hay arriba me matan?…” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Paola Willma García Alcon, Fiscal de Materia, en audiencia informó que: a) Su persona carece de legitimación pasiva en la acción de tutela impetrada, en virtud a que no se tiene registro en el sistema JL1, ni en el asiento de Chulumani sobre la existencia de una retención o privación de menores o personas mayores, conforme lo denuncia la parte accionante; y si bien se tuvo conocimiento verbal por parte de los funcionarios policiales de Chulumani, sobre la existencia de manifestaciones, afirma que tales extremos no estaban relacionadas con los hechos expuestos en la presente acción de libertad; además de acuerdo al art. 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, no puede intervenir sin haber tomado conocimiento de un hecho punible o en flagrancia; y, b) De acuerdo a la jurisprudencia contenida en los fallos constitucionales “691-2001-9” y “817-2001-R”, la acción de libertad debe ser dirigida contra la persona o autoridad que generó el acto ilegal, por lo que su autoridad, al no tener conocimiento alguno acerca de una retención o privación indebida, no corresponde que sea demandado; motivo por el cual, solicitó se deniegue la tutela en su contra. Marco Antonio Gómez Ticona, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que: 1) La acción de libertad, tiene cuatro presupuestos para su activación; tanto el contenido del memorial de la acción tutelar, como la intervención de su abogado patrocinante en audiencia, reflejan que hubieren intervenido en lo esencial de la lesión acusada; sobre el particular, el Ministerio Público no efectuó actos de retención o privación de libertad respecto a los accionantes, puesto que, ello es lo que estuvieren sugiriendo los impetrantes de tutela; 2) En lo que respecta a que el Ministerio Público hubiere tomado conocimiento de los actos ocurridos génesis de la acción de tutela, en atención al principio de verdad material contenido en el art. 180 de la CPE, se encuentra en sala virtual el representante de la DNA, quien intervino en el acta de rescate, resaltando aquello con la finalidad de que el Juez de garantías cuente con mayores elementos; y, 3) Con relación a la inactividad del Ministerio Público, corresponde remitirse a las personas que intervinieron en el origen de la causa constitucional, como ser el funcionario policial del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y el psicólogo de la DNA, así como la trabajadora social que hubiere acudido al lugar del hecho, quienes habrían advertido la inexistencia de personas restringidas de libertad; además, refiere que se encuentran elaborando informes sobre lo acontecido y que darán cuenta de la posible existencia de hechos delictivos; por lo que, solicitó se pueda dar lugar a la intervención del personal de la DNA y SLIM. Ante las consultas efectuadas por el Juez de garantías, los demandados señalaron que: i) Tomaron conocimiento del hecho a través del personal de la DNA y el funcionario policial, quienes indicaron haber procedido a un rescate; empero, no refirieron la existencia de alguna persona privada de libertad; ii) Aguardaron que la policía remita el informe correspondiente para el inicio de las acciones legales, debido a que con esos datos prosigue la investigación penal; y, iii) El día de los hechos se encontraba de turno la Fiscal de Materia codemandada Paola Willma García Alcon. Miguel Ángel Apaza Mamani, funcionario policial, a través de su representante en audiencia manifestó que: a) A horas 12:00 del 24 de octubre de 2025, recibió una llamada de Dayana Reynal Yucra, quien le hizo conocer que dentro de su propiedad habían ingresado personas que estaban generando conflictos y que se encontraban menores que necesitaban ser rescatados; producto de aquello, de manera inmediata el funcionario policial hace conocer a la DNA y SLIM de Chulumani, para constituirse al lugar del hecho; b) Situados en la referida zona, evidenció la existencia de dos grupos de personas que se encontraban agrediéndose; asimismo, toman conocimiento de la existencia de dos menores de edad en medio de la trifulca; por lo que, conjuntamente el personal de DNA y SLIM los trasladaron a sus instalaciones; c) Causa extrañeza que se mencione la existencia de personas adultas mayores, debido a que al momento de la intervención, ese hecho no fue mencionado; porque de ser así, también hubieran sido trasladadas; d) A momento de que se constituye el funcionario policial y el equipo multidisciplinario en el lugar, se les manifestó que la problemática suscitada era de “Dayana Bernal”, con un sindicato de transporte de Chulumani, por la titularidad de un predio; por lo que, el efectivo policial, le indicó que no tenía la capacidad de decidir quién era propietario, y que acudieran a las instancias correspondientes; y procedió a apaciguar la situación; e) A través de las imágenes, remitidas a la Secretaría del Juez de garantías vía WhatsApp, se puede apreciar que el funcionario policial, actuó con diligencia en el marco de sus competencias; por lo que, la inacción referida por los accionantes, no es evidente; f) La presente acción de tutela, no es un medio idóneo para que el Juez de garantías actúe como Fiscal de Materia, debido a que se está tratando de utilizar la justicia constitucional como subsidiaria, hecho contrario al entendimiento vertido en la SC “160/2005-R”, que estableció la improcedencia de la acción de libertad cuando no se activaron los mecanismos idóneos al efecto; g) De acuerdo a lo señalado por el abogado de los accionantes en audiencia, supuestamente hubo un avasallamiento, amenazas y lesiones, que son hechos que no pueden ser dilucidados en una acción de libertad, más aún cuando no se ha demostrado de manera clara, precisa y objetiva de qué el Juez de garantías tiene competencia para conocer esos hechos; resaltando que dentro de las acciones de tutela, la carga de la prueba le corresponde al accionante, conforme la SCP “1512/2012”, y en la presente acción de tutela, únicamente se mencionó que el efectivo policial no hubiere hecho acción alguna, sin tomar en cuenta todo lo ya referido sobre su participación en el problema origen del proceso constitucional; h) El petitorio de los impetrantes de tutela no se encuentra vinculado a los principios fundamentales que resguarda la acción de libertad, puesto que se solicitó al Juez de garantías, que las personas demandadas abandonen el predio de Dayana Reynal Yucra, así como se inicien las acciones ante el Ministerio Público, que se realicen análisis psicológicos, que la policía intervenga, que no son competencia del Juez de garantías, debiendo los interesados acudir a las instancias llamadas por ley; i) No se cumplió con la legitimación pasiva, debido a que los accionantes no identificaron de qué manera el funcionario policial vulneró los cuatro pilares fundamentales de la acción de libertad; es decir, cómo puso en riesgo la vida de los impetrantes de tutela, restringió su libertad, les hubiese perseguido o les estaría procesando ilegalmente; por lo que no se advierte argumentó valido alguno; y, j) No resulta adecuado interponer una acción innovativa y meter todos los hechos que le conviene para sustentarla; por lo que, finalizó solicitando se deniegue la tutela. Ante las consultas del Juez de garantías, el funcionario policial demandado, expresó que: 1) Son solo tres efectivos policiales en Chulumani; y, 2) El día de los hechos únicamente dos efectivos policiales acudieron al lugar, debido a que el otro se encontraba en una manifestación en la jefatura policial de Chulumani, a consecuencia de la agresión a un concejal del referido municipio. Andy Márquez Segovia, Dania Chura Subieta y Naldo Quisbert, no presentaron informe escrito y tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 7.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 31/2025 de 25 de octubre, cursante de fs. 25 a 30, denegó la tutela impetrada, determinación que se dio sobre la base en los siguientes fundamentos: i) Con relación a Marco Antonio Gómez Ticona y Paola Willma García Alcon, Fiscales de Materia: i.a) De acuerdo a los arts. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 22 y 40 de la LOMP, sus funciones son defender los intereses de la sociedad en el marco de sus atribuciones como directores funcionales de la investigación; sin embargo, no tienen la obligación de realizar operativos, que deben ser atendidos por personal policial, que se encuentra adiestrado para dicho efecto; razón por la cual, si se hubiesen constituido en el lugar de los hechos, hubiera corrido peligro su vida; en consecuencia, carecen de legitimación pasiva; y, i.b) En observancia del principio “favor débilis”, no es válido esperar el informe del investigador debido al anuncio de la existencia de personas menores y de la tercera edad, cuya libertad supuestamente estaría siendo restringida; por lo que, dispuso la apertura del proceso penal de oficio, en contra de Andy Márquez Segovia, Dania Chura Subieta y Naldo Quisbert, por el delito de avasallamiento, en virtud del art. 8 en concordancia con los arts. 5 y 40, todos de la LOPM, debiendo los mencionados fiscales, informar al Juez de garantías, sobre el cumplimiento de lo dispuesto hasta el día “miercoles”, bajo responsabilidad; ii) Respecto a Miguel Ángel Apaza Mamani, funcionario policial, no resulta evidente su inacción respecto a lo denunciado en la acción de tutela impetrada, en virtud a que de la evaluación de la nota de 24 de octubre de 2025, se advierte que procedió al rescate de menores de edad, conjuntamente otro efectivo policial, inclusive arriesgando su vida, ante la trifulca advertida en el muestrario fotográfico adjunto. El abogado de la parte accionante solicitó que se complemente o aclare lo determinado, ya que, si bien en la parte de la fundamentación se instruyó a los representantes del Ministerio Público a realizar la actuación pertinente de persecución penal de oficio y el inicio del procesamiento; sin embargo, ello no consta en la parte resolutiva; también le se solicitó que se tomara en cuenta la reconducción constitucional, bajo los hechos denunciados, que se constituirían en medidas de hecho de avasallamiento. El Juez de garantías dio curso en parte a lo solicitado, conforme a lo siguientes argumentos: a) En relación a la complementación de la parte dispositiva, se dispone que los Fiscales de Materia, habiendo tomado conocimiento de un hecho que vincula niños, mujeres en situación de violencia, bajo el principio de informalidad y “favor débilis”, tomando en cuenta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los principios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) , sin mayor formalidad y con solo el informe policial, aperturen la investigación por el delito de avasallamiento, debiendo hacer llegar hasta el día miércoles el resultado de esta disposición; y, b) En cuanto a la reconducción de acciones solicitada, ello es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta muestrario fotográfico sobre el lugar de los hechos, origen de la acción de tutela (fs. 10 a 11; y, 13 a 16). II.2. Cursa Acta de 24 de octubre de 2025, que refiere, la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chulumani conjuntamente con la jefatura policial, para el rescate de dos menores de edad, AA y BB de nueve y dos años y medio, que se encontraban en un conflicto de tierras; y que fueron trasladados a instalaciones de la DNA en compañía de Yenny y Dayana ambas Bernal, resaltando que el personal de las instituciones referidas, al haberse constituido en el lugar, sufrieron agresiones verbales, piedras arrojadas y amenazas (fs. 12). II.3. Se tiene Disco Compacto (CD) con videos e imágenes tomadas el día de los hechos en el lugar del conflicto que dio origen a la acción tutelar (fs. 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, locomoción y a la vida, debido a que el 24 de octubre de 2025, una turba de personas, presuntamente integrantes de un sindicato de transportistas de Chulumani procedieron de manera violenta a avasallar la propiedad de los accionantes, actos en los que los dueños del predio avasallado fueron retenidos y amenazados ilegalmente, sin considerar que entre las víctimas de tales agresiones se encontraban mujeres, menores de edad y adultos mayores; y pese a haber acudido inmediatamente ante el Ministerio Público y la Policía Nacional a objeto de buscar la debida protección contra tales actos, estas instituciones se rehusaron a brindar protección oportuna; razón por la cual, solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene: 1) A los demandados el cese de la detención ilegal del menor de edad y adultos mayores; 2) Al Ministerio Público realizar las actuaciones preliminares en contra de los prenombrados; y, 3) Al Comandante de la Policía Nacional y departamental de La Paz el rescate del menor de edad y adultos mayores. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El deber de la debida diligencia de las instancias públicas ante casos que involucren presunta violencia contra la mujer

Sobre la temática expuesta, la SCP 1264/2025-S3 de 14 de octubre, señaló: «“Corresponde referirse al derecho de acceso a la justicia, previsto en el art. 115.I de la CPE que establece que: ‘Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’. El referido derecho también se encuentra en diferentes instrumentos internacionales debidamente ratificados por el Estado boliviano, así por ejemplo, los arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

El analizado derecho adquiere mayor relevancia al tratarse de casos de violencia contra las mujeres; dado que, su erradicación es prioridad nacional, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género (art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -LIGM-).

En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se tiene una norma específica respecto al tema de violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belem do Pará’, cuyo art. 7 establece: ‘Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

(…)

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

(…)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo referencia a informes de fondo respecto a casos específicos, sobre el alcance del acceso a la justicia, señaló que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como de prevenir estas prácticas degradantes. De igual manera, la inefectividad judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos.

En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando el art. 7.b de la Convención Belem do Pará en relación con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló que: ‘…ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección’…”» (las negrillas son añadidas).

III.1.1. El deber de diligencia de la Defensoría de la niñez y adolescencia

Sobre el particular la SCP 0741/2024-S1 de 31 de diciembre, señaló que: “La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes reviste gran importancia por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran; es así que, se generó un régimen jurídico amplio (internacional y nacional) de protección de los derechos de este grupo poblacional.

En tal perspectiva, en esta área, la Declaración de los Derechos del Niño que instó a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan los derechos del niño y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente considerando -entre otros aspectos- que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que todas las medidas concernientes a los niños que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán considerar el interés superior del niño (art. 3).

Asimismo, en el art. 19.1 se determina que:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 24.1 señaló que: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.

Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la parte in fine del art. 7 establece que: “… todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su art. 19 determina que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Sobre el tema, en nuestra legislación también se determinó que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes; así, la Constitución Política del Estado en su art. 60 consagra que:

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

Por su parte, el Código Niña, Niño y Adolescente implementa un Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), que se constituye en el conjunto articulado de instancias y servicios en todos los niveles del Estado (central, departamental y municipal) que desarrolla acciones intersectoriales a nivel público y privado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre los cuales se encuentra el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (ente rector), y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

(…)

Ahora bien, para efectivizar el cumplimiento de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se tienen instituciones dependientes a nivel central, departamental y municipal, en este último nivel, se encuentran las Defensorías de la Niñez y Adolescencia que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos; institución conformada por equipos interdisciplinarios de abogados, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales relacionados con la temática; cuyas atribuciones fueron establecidas en el art. 188 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), entre las que se encuentran:

a) Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, infracciones, o delitos cometidos en contra de la niña, niño o adolescente, para tal efecto no se exigirá mandato expreso;

b) Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso.

(…)

h) Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o adolescentes sea reparado...” (el resaltado es nuestro).

En ese marco, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, deben imperativamente observar el cumplimiento de la debida diligencia, ante el conocimiento de un hecho que involucre los derechos de este sector vulnerable, prescindiendo de toda formalidad a efectos de generar un espacio seguro, más allá de promover las acciones legales y administrativas que correspondan, con el objetivo de proscribir, prevenir, erradicar y sancionar a aquellos que hayan dañado cualquier bien jurídico protegido de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de sus competencias.

III.2. De la tutela constitucional del derecho a la vida a través de la acción de libertad

Al respecto, la SCP 1264/2025-S3 de 14 de octubre, sostuvo que: “…Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el habeas corpus, en nuestro caso acción de libertad, es la garantía jurisdiccional idónea para controlar el respeto a la vida e integridad del detenido, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, y para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ámbito de protección que; sin embargo, en el caso boliviano, no abarca únicamente a los supuestos de detención, sino también en los casos en los cuales exista amenaza al derecho a la vida, conforme lo establece el art. 125 de la CPE, que asume, en este punto un criterio más favorable para la efectiva protección de este derecho que, conforme se tiene señalado es considerado por la jurisprudencia constitucional como el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional”.

Asimismo, cabe remontarse a la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, que reflexionó sobre el nuevo alcance de la acción de libertad con relación al derecho a la vida, al señalar que: “…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se de la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ʽsu vida está en peligro’.

Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.

Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” (el énfasis es nuestro).

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 0703/2024-S3 de 22 de agosto, que reitera lo señalado en la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, y ésta a la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

(…)

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

De los datos del proceso, se advierte que la problemática sugerida por los accionantes, se traduce en evaluar si el 24 de octubre de 2025, se afectó su derecho a la libertad y a la vida, producto del avasallamiento sufrido en los que considera sus predios ante la inacción del Ministerio Público y la Policía Boliviana, pese a la petición de su intervención.

III.4.1. Consideraciones previas

A raíz de la evaluación de los datos del proceso, se tiene que, dentro de la problemática a resolver, existen bienes jurídicos protegidos de especial atención en el marco de las diferentes obligaciones asumidas por el Estado Boliviano ante el sistema interamericano de derechos humanos; bajo esta premisa, debe resaltarse que ante el conocimiento de un determinado problema jurídico que involucre la integridad de mujeres, menores de edad y personas adultas mayores en situación de violencia, estos se deben atender con la debida diligencia por parte del Estado, a través de todas sus instituciones, ya que se debe actuar aun con mayor cautela, debido al alto grado de vulnerabilidad que revisten estos criterios prohibidos de discriminación.

Consecuentemente, el problema jurídico a resolver, compele a los bienes jurídicos protegidos de los sectores de prioritaria atención referidos en el párrafo anterior; razón por la cual, se deben aplicar los estándares internacionales de protección de derechos, así como verificar si las instituciones demandadas, dentro del marco de sus atribuciones actuaron o no con la debida diligencia para proscribir, prevenir, erradicar y sancionar toda forma de afectación a estos sectores de la sociedad.

III.4.2. Del caso concreto

A efectos de poder analizar de manera integral la problemática planteada, se debe partir de los hechos acontecidos; a dicho fin, conforme se tiene el muestrario fotográfico cursante en obrados (Conclusión II.1), se advierte la existencia de un escenario de conflicto, con la existencia de fogatas, un inmueble quemado con vidrios rotos y portones abiertos. Asimismo, del CD adjunto en calidad de prueba (Conclusión II.3), se advierte la existencia de videos, uno de ellos, refleja la entrevista al demandado Naldo Quisbert, quien se identifica como Secretario General de la Central de Transporte de Chulumani, quien señaló al medio de comunicación “Red Yungas”, que a la cabeza de los dos socios, habrían tomado los predios de la “Cooperativa SECUASI” -espacio de terreno que se vislumbra en el muestrario fotográfico-, pese a la oposición de la accionante y sus representados, destacándose de su intervención audiovisual que:

“…basta que uno se va a cansar y han comenzado a destrozar las calaminas, lo hemos sacado la puerta (…) han tratado de entrar a la fuerza tampoco se ha dañado no se ha pegado a nadie se ha lastimado, más bien ellos como mujer han tratado de sonar a tres o cuatro socios los han sonado con palo, tampoco se ha respondido, yo siempre les había dicho no van a llegar a la gran violencia porque a veces un poco, tienen leyes las mujeres y se ha tomado ya tomando todo eso tomándose los jóvenes han empezado a que se desalojen las señoras que se vayan y se han ido pacíficamente, han llegado los de la defensoría, han llegado se lo han sacado a los niños les hemos dejado entrar (…) hasta que al último se han quedado ahí les hemos tenido que retirar tampoco se les ha tocado (…) eso es lo que se ha quedado en el tema de la quema eso usted que ve, los jóvenes lo han destrozado porque van a venir vuelta a asentarse aquí (…) nosotros como transporte hemos querido entrar por las buenas pero no lo han querido dar…” (las negrillas son añadidas). De la misma manera, en otro de los videos, se observa el predio sin los daños sufridos -quema de inmueble con vidrios conservados, rotura de portón y fogatas-, empero ya con un escenario de intercambio de insultos y amenazas, en el cual también se advierte la presencia de varias mujeres, un menor de edad y personas adultas mayores. Así también, se tiene un video en el cual se escucha la voz de una mujer -se entiende de la accionante- que señala haberse apersonado ante la “Fiscalía”, desde las 12:30, resaltando que a la hora en la que se encontraba filmando serian ya las 13:20, sin que se le haya atendido, pese a haber referido que su hermana y su madre habían sido golpeadas y torturadas en un avasallamiento en el cual se encuentran secuestradas, pudiendo identificar a los ahora demandados Andy Márquez Segovia, Dania Chura Subieta y Naldo Quisbert, además que presentó un escrito avisando que ello ocurriría; sin embargo, el Ministerio Público, hizo caso omiso, de la misma manera resaltó que inclusive fue agredida conjuntamente a su hijo. De manera complementaria a todo lo señalado, el Acta de 24 de octubre de 2025 (Conclusión II.2), de manera evidente refiere que se procedió al rescate de dos menores, que se encontraban en medio de un conflicto de tierras, lo que confirma la existencia de una limitación al derecho de locomoción y se constituye en una flagrante amenaza a la integridad de los mismos, inclusive a su vida, que son bienes jurídicos protegidos por la acción de libertad, a raíz de la existencia de violencia en el lugar de los hechos, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. Así también, la referida Acta devela que la restricción a la libertad y la peligrosidad por el escenario -ambientes quemados, riñas finalizadas y rotura de portón en el predio referido en la acción de tutela- en el que se encontraban los menores cesó; empero, ello no inhibe que la justicia constitucional asuma una determinación respecto a lo acontecido y lo evidente de los medios probatorios, justamente por el hecho de que su finalidad es el resguardo a los derechos y garantías constitucionales, destacándose la intención de materialización del Estado Constitucional de Derecho, contexto en el cual las formas de ejercer justicia por mano propia se encuentran proscritas, debido a que Bolivia promueve una cultura de paz, no siendo convalidarle lo ocurrido con los accionantes. A dicho efecto, se deben analizar la participación de los demandados en el problema jurídico sugerido mediante la acción de tutela. i) Con relación a Miguel Ángel Apaza, funcionario policial.

De acuerdo a los datos del proceso, la intervención del funcionario policial demandado, se produjo en compañía del DNA y SLIM de Chulumani, conforme se tiene del Acta de 24 de octubre de 2025 (Conclusión II.2); sin embargo, dicho medio probatorio, no refleja la hora de intervención ni detalles de lo acontecido; no obstante, de lo ocurrido en audiencia de consideración de la acción tutelar, se advierte que el demandado actuó a raíz de una llamada efectuada por Dayana Reynal Yucra; razón por la cual, acudió al lugar de los hechos, conjuntamente con el personal del DNA y SLIM de Chulumani, quienes labraron el referido Acta.

En ese sentido, se advierte que el demandado, colaboró y actuó parcialmente en el marco de sus competencias logrando rescatar a los menores que se encontraban en el lugar de los hechos, razón por la cual, no se advierte inacción de su parte. Sin embargo, en el marco de la debida diligencia, no se evidencia, que éste pese a haber presenciado las consecuencias de los hechos denunciados por los accionantes, en el marco de sus competencias -Ley Orgánica de la Policía Boliviana-, haya dado parte a las autoridades correspondientes, como ser el Ministerio Público, para que se investigue y sancione a los involucrados, además de que dicha institución, pueda adoptar las medidas adecuadas para atender a personas presuntamente víctimas de violencia, máxime, si se tiene materialmente probado la existencia de mujeres, niños y personas adultas mayores en el conflicto.

En consecuencia, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1, de este fallo constitucional, el Estado actúa a través de sus instituciones a momento de materializar los compromisos asumidos en materia de mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, que inclusive su Ley Fundamental expresa parámetros axiológicos de actuación para guiar la forma de proceder de las diferentes entidades encargadas del resguardo de la sociedad, como lo es la Policía Boliviana; razón por la cual, si bien el funcionario policial acudió al llamado de la accionante, este no actuó con la debida diligencia a objeto de lograr el mandato convencional de proscribir, prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia en contra de los sectores que revisten de protección reforzada, en virtud a su grado de vulnerabilidad; razón por la cual, corresponde considerar lo señalado en la parte resolutiva del presente fallo. ii) Respecto a Paola Willma García Alcon y Marco Antonio Gómez Ticona, Fiscales de Materia

Conforme se tiene de obrados, los argumentos contenidos en la acción de tutela y lo referido en audiencia, con relación a los Fiscales demandados, es la inacción en la que hubiesen incurrido para brindar socorro ante las denuncias de agresiones y avasallamiento esgrimidas por la accionante, resaltando que inclusive entre los damnificados se encontrarían niños y adultos mayores. En ese sentido, si bien no se ha referido prueba inequívoca con relación a la participación o no de los demandados, ante las preguntas del Juez de garantías, se advierte que el Fiscal de turno, era la demandada Paola Willma Garcia Alcon; este dato es relevante al objeto de la causa, por el hecho de que el medio audiovisual presentado en calidad de prueba, refleja que la accionante se encontraba en la oficina del Fiscal de Materia, tal como se aprecia del cartel que reflejan las imágenes. En ese entendido, el Ministerio Público, de acuerdo al art. 225 de la CPE, tiene la titularidad de la persecución penal pública, y el art. 55 de la LOMP, establece que, ante la denuncia verbal, los fiscales pueden constituirse en el lugar de los hechos a efectos de realizar la verificación correspondiente, o en su defecto dar esa orden a los investigadores, disposición que a la luz del art. 8 del mismo cuerpo normativo, refleja la posibilidad de la activación de la acción penal pública.

Compilado normativo que además, debe ser complementado con el principio de unidad que rige al Ministerio Público, que se traduce en la capacidad de actuar a través de cualquiera de sus integrantes; es decir, toda autoridad Fiscal, tiene las mismas prerrogativas y facultades de activar sus atribuciones reconocidas por Ley.

Precisión, que devela que la Fiscal demandada, no actuó debidamente en resguardo de su deber, aspecto que fue parcialmente advertido por el Juez de garantías; empero, no bajo el parámetro de control tutelar que ejerce la acción de libertad innovativa, ni de los parámetros de la debida diligencia, conforme se tiene de los Fundamentos Jurídicos III.1 y 3 de este fallo constitucional, puesto que la autoridad constitucional, advirtió que si bien el Fiscal de Materia, no tiene la facultad de realizar operativos, ello no le inhibe de cumplir con la persecución de la acción penal pública, y las restricciones a la libertad denunciadas, se suscitaron en medio de un conflicto de dicha naturaleza; razón por la cual, corresponde otorgar tutela con relación a la señalada autoridad Fiscal; sin embargo, no se advierte medio probatorio alguno, que dé cuenta del conocimiento del hecho por parte del Fiscal codemandado, aspecto que debe ser tomado en cuenta a momento de emitir la parte dispositiva del presente fallo constitucional.

Por otra parte, al no advertirse hecho procesal alguno que devele la existencia de actuación fiscal para la investigación de posibles hechos punibles suscitados, se advierte que no se actuó con la debida diligencia por parte del Ministerio Público, para con la protección necesaria que se debe brindar cuando dentro de un conflicto se encuentran mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores, por su grado de vulnerabilidad, para quienes se debe brindar las necesarias medidas de protección en resguardo de su integridad y dignidad, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, máxime, si dicha institución, se constituye en el titular de acción penal publica, y goza de todas las prerrogativas normativas, para la adopción de cualquier actuación preventiva en conservación de la condición de las personas inmersas en un hecho en el cual sus derechos se encuentran comprometidos, más aun, en un escenario de conflicto en el cual resulta evidente la existencia de violencia.

Así también, no se debe perder de vista que de acuerdo a lo descrito líneas arriba con relación a los medios probatorios examinados y aparejados al cuaderno de acción de libertad, se advierte que resulta verosímil la peligrosidad de los actuados realizados por el codemandado Naldo Quisbert, que acompañado de una turba de personas, pusieron en un peligro latente la integridad y vida de los accionantes que se encontraban en el lugar de los hechos, puesto que se evidencia el uso de la fuerza desmedida y daño a bienes materiales, inclusive el uso de fuego; aspectos que deben ser considerados en la parte resolutiva del presente fallo constitucional, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. iii) Sobre Naldo Quisbert, Secretario General de la Central de Transporte de Chulumani

Conforme se tiene de la prueba desarrollada, se advierte que evidentemente se demostró la participación del demandado en el lugar de los hechos, asimismo, que fue promotor de todo lo ocurrido, dado que en su intervención en el medio audiovisual analizado, de manera contundente señaló que no se permitía el ingreso a nadie al predio “tomado”, y que solo se dejó entrar a la defensoría de la niñez y adolescencia para que se retiren a los niños involucrados en el conflicto, aspecto corroborado por el Acta de 24 de octubre de 2025, y que indefectiblemente revela la retención de los menores, por ende la privación a su derecho a la libre locomoción y amenaza a su integridad y vida, producto de la quema realizada a los ambientes señalados como su domicilio y las agresiones referidas por el propio entrevistado -ahora demandado-.

Hecho que no puede ser soslayado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debido a que proscribe la realización de justicia por mano propia, así como en cumplimiento de analizar de manera integral la problemática planteada, en virtud a la observancia de la debida diligencia para con los sectores que ameritan una protección reforzada, por su grado de vulnerabilidad.

Ahora bien, la problemática surge en medio de un conflicto por la titularidad de una propiedad, aspecto que es ajeno al ámbito de protección de la acción de libertad; sin embargo, no se puede soslayar que de dicha pugna emergieron las lesiones evidenciadas en el presente fallo constitucional, como ser la peligrosidad de los hechos suscitados para con la integridad y vida de los accionantes; por lo que, si bien como se refirió líneas arriba la vulneración y la amenaza a los derechos invocados cesó; sin embargo, el proceder del demandado no resulta convalidable, debiendo establecerse las responsabilidades que correspondan, de acuerdo a los extremos mencionados por los prenombrados, asimismo aclararse, si en la actuación del codemandado, existió evidentemente actos de tortura, para lo cual, las instituciones involucradas, deben actuar con la debida diligencia para esclarecer los hechos denunciados, sin la aplicación de ningún formalismo procesal ante la inminente peligrosidad de los datos advertidos en este proceso constitucional y el grado de vulnerabilidad que reviste a los accionantes.

Con relación al demandado Andy Márquez Segovia y Dania Chura Subieta, no se advierte del acervo probatorio adjunto a la acción de tutela, cual su grado de intervención, o de qué manera hubiere participado en las lesiones acusadas; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto de los prenombrados, con la salvedad de que, en cumplimiento a la parte resolutiva del presente fallo, se adviertan nuevos hechos que ameriten el establecimiento de responsabilidad.

III.5. Otras consideraciones

De acuerdo al acta de audiencia de consideración de la presente acción de tutela, se advierte que el representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chulumani, intentó participar en la misma, sin embargo, el Juez de garantías no le concedió la palabra. Sobre el particular, se debe tomar en cuenta que para dilucidar toda problemática constitucional, el Juez o Tribunal de garantías, debe actuar con toda la amplitud posible a efectos de muñirse de cuanta información pueda a efectos de asumir una decisión, máxime, si sus decisiones conforme a la Ley Fundamental son de cumplimiento inmediato; razón por la cual, corresponde exhortar al Juez de garantías, prestar mayor amplitud a momento de dirigir la audiencia y observar lo señalado líneas arriba, máxime, si a momento de evaluar los medios probatorios aparejados en obrados, observó el Acta de 24 de octubre de 2025 (Conclusión II.2). Asimismo, si bien la representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chulumani, no tuvo participación en la audiencia de consideración de la presente acción de tutela, ello no inhibe que este Tribunal en el marco del Fundamento Jurídico III.1.1 de este fallo constitucional, constriña a dicha institución a ejercer sus atribuciones en el marco de la debida diligencia para proscribir, prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia, en observancia del interés superior de todo niño, niña y adolescente. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 31/2025 de 25 de octubre, cursante de fs. 25 a 30, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada, en su modalidad innovativa, en contra de Paola Willma García Alcon, Miguel Ángel Apaza Mamani y Naldo Quisbert, exhortando a la Fiscal de Materia y al funcionario policial, que en posteriores actuaciones obren con mayor diligencia en el cumplimiento de sus funciones; y, al particular codemandado a no reproducir los hechos advertidos en el presente fallo constitucional;

2º CONCEDER la tutela solicitada, en contra de Naldo Quisbert, por haber generado un escenario de peligro a la integridad y a la vida de los accionantes, conforme se tiene desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

3º Disponer que la Fiscalía de Chulumani aperture el proceso penal de oficio en contra de los demandados, realice los actos investigativos correspondientes, y asuma las medidas de protección necesarias para resguardar la integridad de los accionantes y de los que hubieren resultado afectados por los hechos suscitados origen de la presente acción de tutela en cumplimiento a la debida diligencia que debe imprimirse ante hechos de violencia en contra de mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores;

4º Por Secretaria General de este Tribunal, remítase la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a conocimiento del Comando General de la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado, y a todos los Gobiernos Autónomos Municipales del Estado plurinacional de Bolivia y por su intermedio a sus Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a efectos de que observen la debida diligencia en sus actuaciones en el marco de sus atribuciones;

5º Se llama la atención al El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, en virtud al punto III.5 del presente fallo constitucional; 6º Exhortar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chulumani del departamento de La Paz, a cumplir con la debida diligencia conforme se tiene desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 7° DENEGAR la tutela solicitada, en contra de Marco Antonio Gómez Ticona, Fiscal de Materia; Dania Chura Subieta; y, Andy Márquez Segovia, en base a los fundamentos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Preámbulo de la Constitución Política del Estado: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.”

2 Art. 7 inc. a) de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana: “Preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las personas por la Constitución política del Estado” 3Art. 15.III de la CPE: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado” Art. 60 de la CPE: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. Art. 67.II de la CPE: “Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1526_2025-S3.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6f3dd6a997cb506297ef33a8f9fe21b52f89bf44fc32854d6a1e444ea144049e

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