Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0641/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54641-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Silvia Eugenia Cusi Ajata en representación sin mandato de Javier Mamani Huanca contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derecho al debido proceso y al principio de celeridad, toda vez que, “hasta la fecha” -14 de marzo de 2023- la Vocal demandada no remitió al juez de primera instancia el expediente y el Auto de Vista 084/2023 de 7 de febrero, a través del cual resolvió el recurso de apelación incidental que formuló, aspecto que, le impide formular cesación de la detención preventiva. Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 15 de marzo de 2023, cursante a fs. 11, manifestó que: a) Efectivamente dictó el Auto de Vista 084/2023, no obstante, acorde a lo estipulado por la Ley del Órgano Judicial la responsabilidad de la transcripción del acta es del personal de apoyo jurisdiccional, específicamente de la transcriptora de esa Sala Penal, por consiguiente, una vez elaborada debió ser devuelto por el Auxiliar al juzgado de origen, por ende, lo referido no es parte de sus funciones; b) Una vez que tuvo conocimiento de la presente acción de libertad llamó la atención severamente a los indicados funcionarios y en caso de reincidir se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura; y, c) Por la documentación que adjuntó se advierte que el legajo de la apelación incidental ya fue devuelto al juzgado de primera instancia.
El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 13/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 18 a 20, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Del informe escrito y la documental adjuntada por la Vocal demandada se advierte que, el 14 del referido mes y año, el cuaderno del proceso judicial del caso penal en el que el accionante fue imputado ya fue devuelto al juzgado de primera instancia con el Auto de Vista 084/2023; 2) La SCP 0168/2019-S1 de 26 de abril, reitera el entendimiento de la SCP 0483/2018-S1 de 10 de septiembre, que menciona sobre la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la acción de libertad, y será aplicado cuando se suscite la desaparición de los supuestos actos fácticos que motivaron la vulneración de derechos, ante ello, al advertirse el cumplimiento de lo demandado por el accionante, con lleva a la desaparición del objeto procesal del mecanismo tutelar planteado, por ende, no es pertinente emitir un pronunciamiento al respecto, dado que, una concesión de tutela conllevaría ser ineficaz e innecesaria; y, 3) Se llamó severamente la atención a la Vocal demandada, puesto que, es la autoridad jurisdiccional que debió realizar el seguimiento de las resoluciones que emite y de las causas que están bajo su conocimiento. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 30 a 32), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha Establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[...] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.
En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último "...lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas son añadidas).
Expuesto como se tiene el acto lesivo denunciado por el accionante, es pertinente hacer mención el cargo de remisión de 14 de marzo de 2023, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz del caso con CUD 201102032300065 con el Auto de Vista 084/2023 de 7 de febrero, al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la zona Sud de la Capital del citado departamento, con sello de recepción de la misma fecha (fs. 15).
Para la resolución del presente caso, es conveniente hacer alusión al precedente jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual hace mención a la acción de libertad en su modalidad innovativa, estableciendo que fue constituida para precaver en lo posterior no se vuelvan a repetir actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos que protege este mecanismo de defensa, al haberse evidenciado que existió la ilegalidad demandada y que fue consumada. Asimismo, es preciso citar el criterio desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere sobre la celeridad en la que debe ajustar sus actuaciones toda aquella autoridad judicial o administrativa que tenga conocimiento de un trámite que incida con el derecho de la libertad de la persona que se encuentra privada del mismo, siendo que, actuar con demora o una dilación indebida se contrapone a lo expuesto precedente. Ahora bien, ingresando al análisis de la problemática planteada este Tribunal advierte que, la Vocal demandada dictó el Auto de Vista 084/2023 de 7 de febrero y esta acción de libertad fue presentada el 14 de marzo de 2023 a horas 9:40 y acorde a lo manifestado por la prenombrada y lo verificado en la fs. 15 de este fallo constitucional, se evidencia que el legajo procesal perteneciente al caso con CUD 201102032300065 fue enviado por la aludida Sala Penal al Juzgado de primera instancia en la misma data; es decir que, como efecto de la formulación de este mecanismo de defensa recién se concretizó la remisión del expediente, después de más de un mes de haberse dictado el indicado Auto de Vista. En ese entendido, se constata que efectivamente la autoridad judicial demandada incurrió en una dilación indebida en la remisión de obrados de la apelación incidental, resuelta en el proceso penal en el que el accionante tiene calidad de imputado, quien se encontraba privado de libertad; siendo así que, no cumplió con la obligación legal de actuar diligentemente de acuerdo al principio de celeridad, al tener conocimiento de la situación jurídica del prenombrado, contraviniendo lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Si bien, el cuaderno procesal en original fue remitido al juzgado de primera instancia el 14 de marzo de 2023, y la audiencia de esta acción de libertad fue celebrada el 15 de igual mes y año, se constató que la ilegalidad demandada constitucionalmente, si existió y fue provocada por la autoridad judicial demandada con la indebida e ilegal dilación constatada, en consecuencia, para evitar en lo posterior se vuelva a repetir estos actos contrarios al ejercicio de los derechos demostrados de forma objetiva en el caso concreto, siendo aplicable lo explicitado por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Ahora bien, este Tribunal no puede avalar lo argüido por la Vocal demandada, referente a que no es su responsabilidad la transcripción del mencionado Auto de Vista y tampoco la remisión del expediente, encontrándose dentro de las obligaciones de los funcionarios de apoyo jurisdiccional -transcriptora y auxiliar-, si bien, esto es cierto; no obstante, de ello, es quien ostenta la autoridad funcional y organizacional del despacho que dirige, pues, sus funciones no terminan con la celebración del verificativo y la emisión de la resolución, le concierne es realizar el seguimiento de los procesos que tiene conocimiento y resolvió, también está en la obligación de hacer cumplir sus órdenes a cabalidad y de forma inmediata, no pudiendo deslindar esa responsabilidad y justificarla con la dejadez o incumplimiento del personal que se encuentra bajo su dependencia, más aún, cuando al confirmar lo decidido por el juez de primera instancia, se estaba ratificando la privación de libertad del accionante, ocasionando que por más de un mes desde el pronunciamiento del Auto de Vista 084/2023 no logré plantear la cesación de su detención preventiva, por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0641_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4cfc02529ee94aaf15743631e37362856d3cf029b6cae870bba239a8b311583b
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