Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a una justicia pronta y oportuna sin dilación; por cuanto, encontrándose con detención preventiva y habiendo presentado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 627/2022 de 19 de octubre, por el que se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; habiendo transcurrido dos meses y veintidós días, hasta la interposición de la presente acción tutelar, la Secretaria demandada, no remitió obrados al Tribunal de alzada; por lo que, solicitó se conceda la tutela y se ordene a la demandada, remita en el día, el cuaderno de control jurisdiccional ante la Sala Penal de turno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 006/2023 de 12 de enero cursante de fs. 9 a 11, pronunciado por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia:
1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar, que la funcionaria demandada, en futuros casos observe los plazos establecidos por Ley, para no incurrir en dilación indebida. 3º Exhortar a Miguel Ángel Flores Orihuela Juez Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, para qué en futuras resoluciones de acciones tutelares puestas a su conocimiento, observe la jurisprudencia constitucional desarrollada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0612/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53120-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 006/2023 de 12 de enero, cursante de fs. 9 a 11, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Martha Chuquimia Corine en representación sin mandato de José Luis López Sirpa, contra Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 11 de enero de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante, señaló que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 19 de octubre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, emitiéndose el Auto Interlocutorio 627/2022, por el que se dispuso el rechazo de su solicitud, motivo por el cual planteó apelación incidental contra la referida determinación; sin embargo, pese a que realizó el seguimiento de la remisión de los antecedentes a la Sala Penal de turno, incluso hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, -dos meses y veintidós días- la Secretaria del Juzgado no remitió el legajo de apelación incidental, incumpliendo lo dispuesto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, la remisión del Testimonio en el plazo de veinticuatro horas de emitida la resolución apelada.
Solicitó otra audiencia de cesación a su detención preventiva, la cual fue rechazada, bajo el argumento que existía una apelación pendiente de resolución, encontrándose en consecuencia imposibilitado de presentar otras solicitudes hasta que no se resuelva la misma, incumpliendo la Secretaria lo dispuesto del art. 56 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.
Denunció la lesión de su derecho a una justicia pronta y oportuna sin dilación, citando al efecto los arts. 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que la demandada en el día, remita el Testimonio de apelación incidental, ante la Sala Penal correspondiente.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 7 a 8, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 5.
Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de consideración de la acción tutelar, solicitó se deniegue la tutela, conforme los siguientes fundamentos: a) El accionante, no otorgó las fotocopias correspondientes a efecto que se remita el testimonio de apelación conforme establece el art. 112 del CPP; b) El Juzgado agotó el límite de las fotocopias asignadas; c) De acuerdo a la Circular 19/2022, emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Juzgado se encontraba en traslado, y de turno por vacaciones judiciales de fin de año; y, d) El 10 de enero de 2023; se remitió la apelación en obrados originales a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recepcionada por la Sala referida supra el 11 de igual mes y año, documental que se hizo llegar al Juzgado de garantías en PDF, -oficio de remisión y el sello de cargo por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a través de Resolución 006/2023 de 12 de enero, cursante de fs. 9 a 11, denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Que dentro de las subreglas de la acción de libertad se contempla la denominada sustracción de materia o pérdida de sujeto procesal, que deviene por la desaparición de supuestos fácticos que motivaron su activación, debido a que la violación o amenaza del derecho ha cesado, ante lo cual el hecho denunciado dejó de vulnerar la garantía o derechos constitucionales debido al cumplimiento del acto reclamado, con su consecuente restitución; 2) El accionante denunció que hasta horas 11:30 del 11 de enero de 2023 -fecha en la que fue presentada la acción de libertad, no se remitió el testimonio de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio 627/2022 de 19 de octubre, conforme establece el art. 251 del CPP; sin embargo, habiéndose cumplido con la remisión de la apelación reclamada en la acción de libertad, el acto lesivo desapareció, antes de que la funcionaria de apoyo judicial demandada, tenga conocimiento de la interposición de la presente acción tutelar en su contra, lo que imposibilitó que se emita pronunciamiento en el fondo de la denuncia, por la pérdida de materia o sustracción del objeto procesal; y, 3) Resultaría ineficaz la concesión de la tutela ya que la actuación fue cumplida con anterioridad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luis López Sirpa -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 19 de octubre de 2022, se desarrolló audiencia de cesación a la detención preventiva, acto procesal en el que mediante Auto Interlocutorio 627/2022; se rechazó la solicitud efectuada por el accionante, resolución apelada en el mismo actuado procesal (fs. 1 a 3). II.2. Cursa Oficio TDJ/JAV5/OFI N° 0010/2023 de 11 de enero, emitido por Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción de Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, de remisión de obrados originales de apelación Auto Interlocutorio 627/2022, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, con cargo de recepción de 11 de enero de 2023, a horas 08:31 (fs. 6 y vta.).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a una justicia pronta y oportuna sin dilación; por cuanto, encontrándose con detención preventiva y habiendo presentado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 627/2022 de 19 de octubre, por el que se rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; habiendo transcurrido dos meses y veintidós días, hasta la interposición de la presente acción tutelar, la Secretaria demandada, no remitió obrados al Tribunal de alzada; por lo que, solicitó se conceda la tutela y se ordene a la demandada, remita en el día, el cuaderno de control jurisdiccional ante la Sala Penal de turno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2013 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo 2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 3El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual, la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. En ese contexto, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0619/2012 y 0633/2012, ambas de 23 de julio, que confirman el precedente constitucional contenido en las SSCC 1491/2003-R, 0276/2006-R y 0803/2010-R, determinan que tanto el decreto de remisión y la posterior audiencia de apelación, deben ser notificadas en la forma prevista por los arts. 161 y 162 del Código de Procedimiento Penal (CPP); señalando además que otras normas del mismo Código, establecen taxativamente, cuáles providencias o resoluciones deben ser notificadas en forma personal, entre las que no se encuentra, la que ordena 4El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”. 5FJ III.3, señala: “La jurisprudencia constitucional ha establecido que no es obligatoria la notificación personal con el señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares en apelación a las partes, toda vez que dicho actuado procesal no está previsto por el art. 163 del CPP, entendimiento desarrollado, entre otros fallos en la SC 0013/2010-R de 6 de abril, que recogiendo la línea jurisprudencial, sentada por el órgano Constitucional, ha reiterado que: '…mediante la SC 0663/2006-R de 10 de julio que cita la SC 0220/2004-R de 12 de febrero, refiriéndose a la audiencia de apelación de medida cautelar estableció que: «… en esta instancia no es obligatoria una notificación personal, toda vez que el art. 163 CPP, citado precisamente por el recurrente, señala cuando se debe notificar personalmente y también dispone qué otras normas del mismo Código establecerán otros actos y resoluciones con los cuales se deberá notificar de la misma forma. En la especie, en ninguna de las disposiciones insertas en el Capítulo I, Titulo II del Libro Quinto del Código de Procedimiento Penal, relativo a las medidas cautelares de carácter personal, se ha impuesto que con el señalamiento de la audiencia de medidas cautelares en apelación se deberá notificar personalmente a las partes, de manera que la notificación en el tablero de la Sala que resuelva la apelación es legal y por lo mismo válida»'. Entendimiento jurisprudencial que no vulnera el derecho a la defensa ni contraviene el orden constitucional, pues es acorde a los principios de legalidad y de celeridad procesal previstos por el art. 180.I de la CPE, por ende aplicable tal cual dispone el art. 4.II de la Ley 003”.
la remisión de la apelación ante el tribunal de alzada, tampoco la que admite dicho recurso ni la que señala audiencia para considerar el mismo; concluyéndose por lo tanto, que la notificación que se practique con estas providencias, deben observar lo previsto en los artículos citados precedentemente. Este entendimiento fue desarrollado en la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril de 2018. En el trámite de la audiencia de apelación incidental sobre medidas cautelares, como se dijo supra, una vez recibido el legajo procesal por el tribunal de apelación, dentro del plazo de 24 horas debe señalar día y hora de audiencia de consideración y resolución del recurso, la misma que deberá materializarse en el plazo de tres siguientes, en cumplimiento de lo establecido por el art. 251 del CPP y conforme al razonamiento expuesto anteriormente. Lo precedentemente expuesto fue desarrollado por la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea jurisprudencial, en el marco del estándar jurisprudencial más alto, se ha pronunciado sobre los supuestos para la legitimación pasiva, así como de los presupuestos de legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad, con el siguiente desarrollo jurisprudencial: «Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, reforzó dicho entendimiento y precisó que para la procedencia de la acción de 6El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 7El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 8El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril10, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
9El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
10El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…». [las negrillas son añadidas].
Dentro del presente caso, el accionante por intermedio de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a una justicia pronta y oportuna sin dilación; puesto que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no remitió su recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, generando una dilación indebida en la tramitación de su proceso. Previo a ingresar al análisis de fondo de la presente acción tutelar, es necesario referirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con relación a la activación de la acción de libertad innovativa, aún hubiera cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo; toda vez que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con la finalidad de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales. En consecuencia, no obstante, que el recurso de apelación ya fue remitido el 11 de enero de 2023, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.2); se ingresa al análisis de fondo de lo denunciado, a efectos de determinar si existió la dilación indebida alegada por el solicitante de tutela.
Conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, identificada la problemática traída en revisión, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luis López Sirpa -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 19 de octubre de 2022, se desarrolló la audiencia de cesación a la detención preventiva, en el que el Juez de la causa, mediante Auto Interlocutoria 627/2022, rechazó su solicitud, determinación que en el mismo acto procesal, fue recurrida en apelación; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar, habiendo transcurrido dos meses y veintidós días, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción y Violencia Contra La Mujer Quinto de la Capital del Departamento de La Paz -ahora demandada-, no remitió el expediente ante el Tribunal de alzada (Conclusión II.1). Por su parte, en el desarrollo de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, si bien la demandada pretendió justificar la demora, alegando la falta de provisión de fotocopias por el ahora impetrante de tutela, y que el Juzgado ya no contaba con cupo para las mismas, además que se encontraban en traslado y que quedaron de turno por vacación judicial; motivo por el cual recién procedió a remitir el expediente ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del Departamento de La Paz, el 11 de enero de 2023, dicha justificación no desvirtúa lo denunciado por el impetrante de tutela, en cuanto a la dilación indebida en la que incurrió para la remisión del recurso de apelación, incumpliendo lo establecido por el art. 251 del CPP, que dispone que el recurso de apelacion incidental debe ser remitido dentro del plazo legal de veinticuatro horas; por lo que, al haber remitido después de dos mes y veintidós días de su interposición -19 de octubre de 2022- computables hasta la remisión del recurso -11 de enero de 2023-, considerando que la prenombrada funcionaria pretendió justificar su remisión, por la falta de provisión de recaudos y otras situaciones, la demandada inobservó lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, por el que se ha determinado que no se puede condicionar la remisión del recurso, por falta de provisión de recaudos, pues ello vulnera los principios de pro actione, gratuidad, inmediación y acceso a la justicia; asimismo, que el recurso de apelación debe ser remitido dentro de las veinticuatro horas de interpuesto el mismo, si bien excepcionalmente se puede flexivilizar dicho plazo por las recargadas labores, la misma no debe exceder de tres días; situación que se advierte no aconteció en el presente caso, por lo que transcurrido ese plazo, la omisión se constituye en un acto dilatorio indebido, que vulnera el derecho a la libertad. Por otro lado, cabe señalar que acorde a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados en la presente acción de defensa, cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En el presente caso, conforme lo desarrollado precedentemente, se advierte que la funcionaria demandada, al remitir el recurso de apelación incidental, después de dos meses y veintidós dos días, incumplió sus funciones, vulnerando el derecho del peticionante de tutela, por lo que tiene legitimación pasiva dentro de la presente causa, no obstante que la demandada a la fecha de consideración que la audiencia de la presente acción tutelar ya remitió el referido recurso ante el Tribunal de alzada, corresponde conceder la tutela a efectos de que esta vulneración no vuelva a repetirse en futuros casos, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, pues si bien en el caso concreto ya cesó la vulneración alegada en a presente acción de libertad, la dilación indebida se suscitó, toda vez que el Juez de garantías al haber denegado la tutela, no hizo una valoración adecuada a los datos del proceso. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 006/2023 de 12 de enero cursante de fs. 9 a 11, pronunciado por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia:
1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Exhortar, que la funcionaria demandada, en futuros casos observe los plazos establecidos por Ley, para no incurrir en dilación indebida. 3º Exhortar a Miguel Ángel Flores Orihuela Juez Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, para qué en futuras resoluciones de acciones tutelares puestas a su conocimiento, observe la jurisprudencia constitucional desarrollada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011- R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0612_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): f95666231ff6ff061709be779cff89b2ff87c047ee8888bef7158c59f436deab
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