B.IA.LEGAL

SCP 0522/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 31 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
31 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
45470-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — innovativa

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al acceso a la justicia pronta, oportuna, “efectiva” y sin dilaciones y al principio de celeridad; puesto que, planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 101/2021 de 3 de noviembre; a través del cual se rechazó su solicitud de modificación de medidas cautelares solicitando la salida laboral; sin embargo, pese a que el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la remisión ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas, el Secretario hoy accionado, hasta la interposición de esta acción tutelar, no remitió dicho recurso de apelación y aunque el mencionado Secretario haya cumplido “hoy” -se entiende 25 de enero de 2022- o “ayer”, incumplió con el principio de celeridad e incurrió en dilación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 25 de enero, cursante de fs. 13 a 14 vta.;

pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por evidenciarse la demora injustificada por parte del Secretario ahora accionado, en la remisión del recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio 101/2021 de 3 de noviembre, ante el Tribunal de alzada, con la finalidad de que esa conducta dilatoria en el futuro no vuelva a repetirse, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y sin disponer ninguna actuación, al haberse cumplido con ese acto procesal previamente a la interposición de esta acción de libertad y la comunicación procesal correspondiente. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la solicitud de reparación de daños y perjuicios y a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La apelación incidental de medidas cautelares y el plazo para su remisión ante el Tribunal de alzada
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0522/2023-S3 Sucre, 31 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45470-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 25 de enero, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Gutiérrez Saire contra Harry Nelson Canales Aranda, Secretario del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 24 de enero de 2022, cursante de fs. 5 a 6 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorial presentado el 22 de octubre de 2021, reiteró su solicitud de modificación de medidas cautelares personales, que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 101/2021 de 3 de noviembre, frente a esa determinación formuló recurso de apelación incidental, por lo que la Jueza del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, ordenó al Secretario ahora accionado remita los actuados en el plazo correspondiente por ley. Al efecto, su persona realizó el seguimiento por teletrabajo mediante WhatsApp, así como por la página del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) y exigió al Secretario hoy accionado le dé una respuesta respecto al recurso de apelación incidental presentado y si subió los actuados a la Sala respectiva; sin embargo, el citado Secretario dejó el mensaje en visto sin respuesta alguna.

A tanta insistencia y al haberle enviado varios mensajes al Secretario ahora accionado, le preguntó sobre la notificación realizada a su persona, al efecto el nombrado le indicó que hable con su abogado, quien no tenía conocimiento de la notificación, por ello uno de sus abogados se dirigió al Secretario hoy accionado obteniendo la respuesta en sentido de que la notificación es por un recurso de apelación y realizando las averiguaciones respectivas “sala por sala” sobre la radicatoria de ese recurso de apelación, se verificó que se encontraba en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, se le indicó que no existe ningún legajo del recurso de apelación de medidas cautelares, entendiéndose que no fue subido “a la fecha”, de manera que le envió fotografía del cuaderno de recepción de trámites, evidenciándose que únicamente radica la recepción del recurso de apelación restringida, sin embargo de acuerdo al sistema SIREJ se evidencia la devolución de documentos en dos oportunidades y supuso que una debe ser por el recurso de apelación de medidas cautelares y a pesar que el Secretario ahora accionado tiene una experiencia de tres años en el señalado Tribunal, el recurso de apelación tiene una dilación de más de cincuenta días, puesto que se hizo la remisión de actuados con errores, ya sea por comisión u omisión.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al acceso a la justicia pronta, oportuna, “efectiva” y sin dilaciones y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se reponga el acto procesal con la remisión inmediata -del recurso de apelación incidental- a la Sala Penal correspondiente con todos los errores subsanados. Si ya se realizó el envío de la documentación, que el Secretario ahora accionado le otorgue “el documento” vía digital y mediante WhatsApp, para el reclamo posterior ante la Sala Penal respectiva; b) Por incumplimiento y la existencia de dilación por remisión de obrados en el tiempo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y al haberse vulnerado los derechos de su persona que se encuentra privado de su libertad, solicitó que se conceda y se apliquen los arts. 110.I y II, 113.I de la CPE; 39.I, 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios de forma oportuna, se disponga Bs10 000.- (diez mil bolivianos) en beneficio de su persona; y, c) Se pase informe al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público por incumplimiento de deberes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 25 de enero de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 12 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El 3 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares y al finalizar la misma, su abogado planteó recurso de apelación incidental, ante ello se dispuso la remisión de antecedentes ante la Sala respectiva en veinticuatro horas. Al efecto se indicó que se subió el recurso de apelación incidental -se entiende a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz- pero no en las veinticuatro horas sino en diez días, siendo devuelto por dicha Sala con algunas observaciones y hasta la interposición de esta acción de libertad no se remitió el legajo del recurso de apelación incidental subsanado; 2) No pudo ser oído, conforme a lo previsto por el art. 20 de la CPE y además se vulneró el art. 115 de la citada Norma Constitucional, que indica que toda persona será protegida en sus intereses legítimos y el Estado garantiza el derecho a la defensa; sin embargo, desde el “3 de noviembre” hasta la interposición de esta acción tutelar, el cuaderno procesal se encuentra en el “Tribunal”, por ello presentó la acción de libertad innovativa aunque el Secretario ahora accionado hubiese cumplido “hoy” -se entiende 25 de enero de 2022- o “ayer” con la remisión del legajo del recurso de apelación incidental; por cuanto, se incumplió con el principio de celeridad; 3) En la Resolución 101/2021 se dispuso que el Secretario hoy accionado debió subir el cuaderno procesal en el plazo establecido por ley -veinticuatro horas- ya se realizó el daño, vulnerándose su derecho como privado de libertad; y, 4) Ante la solicitud de aclaración de la Jueza de garantías en sentido que si esa audiencia es un rechazo a una modificación de medidas cautelares. Al efecto, señaló que se solicitó el derecho al trabajo -tiene dos trabajos- y dos hijas menores de edad. Asimismo, preguntó que si su solicitud era de salidas laborales o de modificación que se le quite los custodios, ante esa y otras cuestionantes, el accionante respondió que solicitó la modificación de salida laboral debido a que tiene dos hijas, que la resolución de detención domiciliaria con custodio fue en enero del año pasado -se entiende 2021- y fue detenido por el delito de feminicidio y las medidas que le dieron es la prohibición de salir y que se presente a todas las audiencias. No se le ha otorgado la salida laboral, presentó su solicitud de modificación el 3 de noviembre del referido año y presentó recurso de apelación incidental en audiencia. De igual forma, señaló que existe “un cargo” de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pero no refiere de cual recurso de apelación, ante ello respondió que el Secretario subió el recurso de apelación restringida y no así el recurso de apelación incidental de medidas cautelares.

I.2.2. Informe del funcionario de apoyo jurisdiccional accionado

Harry Nelson Canales Aranda, Secretario del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: i) En audiencia de 3 de noviembre de 2021, se rechazó la solicitud de medidas cautelares planteada por el accionante, frente a ello, el nombrado interpuso recurso de apelación incidental en el mismo acto procesal y al no encontrarse presentes en audiencia tanto el Fiscal de Materia como la víctima, se dispuso las notificaciones que fueron practicadas el 11 del citado mes y año, y una vez cumplidas las mismas, se sorteó el recurso de apelación incidental, que radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, remitiéndose el legajo del recurso de apelación incidental el 17 de noviembre de 2021, en consecuencia dicha Sala emitió el Auto de Vista -855/2021 de 18 de igual mes- que fue notificado a las partes procesales y se remitió al Tribunal de origen el 2 de diciembre de 2021. El accionante señaló que evidentemente le llegó la notificación con la “resolución” y al haberle preguntado a qué se refería la misma, su persona le respondió que se contacte con su abogado; ii) Es un proceso penal seguido contra el accionante por el delito de feminicidio, en el cual se dictó la sentencia condenatoria a treinta años de privación de libertad sin derecho a indulto, en consecuencia planteó recurso de apelación restringida que fue remitido ante la Sala Penal respectiva el 6 de octubre de dicho año; y, iii) Al finalizar la audiencia de esta acción de libertad, la Jueza de garantías de forma puntual preguntó, si el Auto Interlocutorio 101/2021 se encuentra resuelto mediante Auto de Vista, al efecto su persona respondió que evidentemente se resolvió y que no comprende la presentación de esta acción de defensa, puesto que el accionante fue notificado con dicho Auto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y también por “ese tribunal”.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 25 de enero, cursante de fs. 13 a 14 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, así como la documentación vía digital presentada por el Secretario ahora accionado, se establece que: 1) El accionante se encuentra sometido a un proceso penal, por el supuesto delito de feminicidio, en el cual se emitió la Sentencia de primera instancia por los Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, encontrándose a la fecha con recurso de apelación restringida, que aún no fue resuelta; y, 2) Dentro de dicho proceso penal el accionante se encuentra con detención domiciliaria con vigilancia sin salida laboral, al efecto solicitó la modificación de esa medida con la finalidad de que se autorice las salidas laborales, la misma que fue rechazada por los Jueces del citado Tribunal mediante Auto Interlocutorio 101/2021 de 3 de noviembre, ante esa determinación el accionante formuló recurso de apelación incidental conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP, por ello el Tribunal de primera instancia dispuso la remisión de antecedentes -legajo del recurso de apelación incidental- en el término de veinticuatro horas. Al efecto se remitieron los antecedentes conforme el Oficio de 11 de noviembre de 2021 ante la Sala Penal de turno, radicando después del sorteo en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que resolvió el recurso de apelación incidental, mediante Auto de Vista 855/2021 de 18 de igual mes, declarando inadmisible por no haberse interpuesto en el acto oralmente, en consecuencia se confirmó el Auto Interlocutorio 101/2021; y, b) El accionante planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 101/2021 conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP que determinó el rechazo de su solicitud de modificación de la medida de detención domiciliaria con vigilancia, y en razón a lo explicado por el Secretario ahora accionado, respecto a que previamente a la remisión tuvo que notificar al Ministerio Público para posteriormente remitir el legajo de apelación incidental ante el Tribunal de alzada el 11 de noviembre de 2021, quien resolvió dicho recurso mediante Auto de Vista 855/2021 a través del cual se confirmó el Auto Interlocutorio apelado -101/2021-; es decir que el Secretario hoy accionado, remitió con prontitud el legajo del recurso de apelación incidental, que ya se encuentra resuelto desde el 18 de noviembre de 2021 -más de dos meses-, por lo tanto no se advierte ninguna vulneración al principio de celeridad, ni al derecho a la libertad de locomoción; puesto que, se remitieron obrados dentro del plazo razonable, tomándose en cuenta que antes de la remisión debería cumplir con la notificación a los inasistentes de la audiencia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotografía impresa de la pantalla del sistema SIREJ del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del cual se observa que el 11 de noviembre de 2021, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, remitió a la Sala Penal Tercera del referido Tribunal, el recurso de apelación incidental de medida cautelar. Asimismo, consta la fotografía del Libro de Actas de dicha Sala Penal a través del cual consta el sello de la devolución del cuaderno procesal seguido por el Ministerio Público contra Marco Antonio Gutiérrez Saire -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de “asesinato” -en el que se señala el Auto de Vista 855/2021 de 18 de noviembre-, al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que puso como cargo de recepción el 2 de diciembre de 2021 a las 16:24 horas (fs. 4).

II.2. Por Auto de Vista 855/2021, Harry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesta por el accionante por no haberse planteado en el acto oralmente conforme señalan las normas legales; en consecuencia se confirmó el Auto Interlocutorio 101/2021 de 3 de noviembre emitido por el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz. Nofiticándose a las partes el 19 de noviembre de 2021 (fs. 10 a 11 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al acceso a la justicia pronta, oportuna, “efectiva” y sin dilaciones y al principio de celeridad; puesto que, planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 101/2021 de 3 de noviembre; a través del cual se rechazó su solicitud de modificación de medidas cautelares solicitando la salida laboral; sin embargo, pese a que el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la remisión ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas, el Secretario hoy accionado, hasta la interposición de esta acción tutelar, no remitió dicho recurso de apelación y aunque el mencionado Secretario haya cumplido “hoy” -se entiende 25 de enero de 2022- o “ayer”, incumplió con el principio de celeridad e incurrió en dilación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, señaló que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

III.2. La apelación incidental de medidas cautelares y el plazo para su remisión ante el Tribunal de alzada

El art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, refiere lo siguiente: “(APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas nos pertenecen). La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, estableció que: “La Constitución Política del Estado en su art. 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas…” (las negrillas son nuestras). La SCP 0585/2019-S1 de 22 de julio, reiterando el entendimiento asumido en la SC 1739/2011-R de 7 noviembre, señaló que: "…de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, la SC 0542/2010-R de 12 de julio, prefija: ‘…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…’. (…) Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que de conformidad con el art. 251 del CPP; una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser enviadas ante la Corte Superior del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado" (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el entendimiento asumido en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano

Judicial

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, señaló que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ‘…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tutelados’. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ‘…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo’. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras... En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ‘ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalterno o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva”.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la libertad, al acceso a la justicia pronta, oportuna, “efectiva” y sin dilaciones y al principio de celeridad; puesto que, planteó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 101/2021 de 3 de noviembre; a través del cual se rechazó su solicitud de modificación de medidas cautelares solicitando la salida laboral; sin embargo, pese a que el Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la remisión ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas, el Secretario hoy accionado, hasta la interposición de esta acción tutelar, no remitió dicho recurso de apelación y aunque el mencionado Secretario haya cumplido “hoy” -se entiende 25 de enero de 2022- o “ayer”, incumplió con el principio de celeridad e incurrió en dilación. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados y de los que tuvo acceso la Jueza de garantías, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de feminicidio, el 3 de noviembre de 2021 el nombrado solicitó la modificación de medida de la detención domiciliaria con vigilancia, con la finalidad de que se autoricen las salidas laborales, que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 101/2021 de la misma fecha, emitido por los Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, frente a ello, en la misma audiencia planteó recurso de apelación incidental conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP, ante lo cual se dispuso la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental en el término de veinticuatro horas; por lo que, de acuerdo al Oficio de 11 de noviembre de 2021 el Secretario ahora accionado envió el legajo del recurso de apelación incidental ante la Sala Penal de turno, radicando después del sorteo en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que emitió el Auto de Vista 855/2021 de 18 de noviembre, a través del cual se confirmó el Auto Interlocutorio 101/2021. De igual forma, según el informe oral presentado en audiencia de esta acción de libertad, se evidencia que el Secretario hoy accionado, en lo principal señaló que ante el recurso de apelación incidental presentado en audiencia de 3 de noviembre de 2021 por el accionante, al no encontrarse presentes en audiencia tanto el Fiscal de Materia como la víctima, se dispuso su respectiva notificación que fue realizada el 11 de igual mes y año, y una vez remitidas las notificaciones correspondientes, se realizó el sorteo que radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a la que se remitió el 17 del citado mes y año, en consecuencia dicha Sala emitió el Auto de Vista 855/2021, que fue notificado a las partes procesales y se remitió al Tribunal de origen el 2 de diciembre de 2021. Bajo esas circunstancias, se evidencia que el accionante por medio de esta acción de libertad pretende que se revise la supuesta dilación en la que incurrió el Secretario ahora accionado, al remitir su recurso de apelación incidental con el objeto de verificar el incumplimiento al principio de celeridad y se conceda la reparación y el resarcimiento de daños y perjuicios de forma oportuna, disponiéndose la suma de Bs10 000.- en beneficio de su persona, además que se informe al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público el incumplimiento de sus deberes. Al respecto, se evidencia que si bien el Secretario hoy accionado remitió el legajo del recurso de apelación incidental recién el 11 de noviembre de 2021 en razón a las notificaciones del representante del Ministerio Público y a la parte de la víctima, que no asistieron a la audiencia de 3 de dicho mes y año, no es menos evidente que existe dilación en su actuación e incumplimiento con la normativa procesal aplicable al caso, art. 251 del CPP. No obstante que tenía que procederse a la notificación del representante del Ministerio Público y de la víctima porque no asistieron a la audiencia de 3 de noviembre de 2021, se podía extender el tiempo de manera excepcional en un tiempo prudencial de tres días; sin embargo, el Secretario ahora accionado, recién remitió el legajo del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada el 11 de igual mes y año, incumpliendo con la orden emitida por la autoridad jurisdiccional y permitiendo que transcurran ocho días de dilación a partir de la celebración de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 3 del citado mes y año, en la que se formuló el recurso de apelación incidental, situación con la que provocó la demora en la resolución de la situación jurídica del accionante, vulnerando con ello sus derechos al debido proceso, a la libertad, al acceso a la justicia pronta, oportuna, “efectiva” y sin dilaciones y al principio de celeridad, conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional; razón por la que corresponde considerar la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho que se constituye en un mecanismo procesal idóneo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, tal como sucedió en el presente caso; puesto que, toda autoridad judicial y los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen el deber de tramitar cualquier asunto vinculado a la libertad de las personas con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos establecidos por la normativa o en uno razonable y prudencial según corresponda, una actuación contraria implica una dilación injustificada e indebida que vulnera de manera directa la libertad de las personas, correspondiendo por ello, conceder la tutela solicitada en aplicación a la acción de libertad innovativa, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la recomendación de que en actuaciones futuras no se incurran en ese tipo de dilaciones; y sin disponer ninguna actuación, al haberse cumplido con ese acto procesal -el 11 de noviembre de 2021- previamente a la interposición de esta acción de libertad -24 de enero de 2022-; es decir que ya se remitió el recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada antes de la presentación de esta acción tutelar e incluso, se emitió el Auto de Vista 855/2021 notificándose con ese acto procesal a las partes. En ese sentido, es necesario precisar que la interposición del recurso de apelación incidental contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen una medida cautelar, es un recurso sumario que determina que una vez interpuesto el mencionado recurso, sea de forma oral o escrita, sus actuaciones deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el plazo de veinticuatro horas -art. 251 del CPP-, pudiendo extender excepcionalmente ese término a un tiempo prudencial de tres días en los casos que se encuentren debidamente justificados, según lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional; por lo que, una vez interpuesto el señalado recurso de apelación en audiencia, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en el mismo acto procesal, y a partir de esa actuación se computa el plazo de veinticuatro horas en días corridos, para la remisión del legajo correspondiente ante el Tribunal de alzada, exigencia normativa y jurisprudencial que no fue cumplida por el Secretario ahora accionado. Con relación a la solicitud de reparación de daños y perjuicios que solicitó el accionante, estas no pueden ser consideradas en razón al alcance de la tutela concedida y la regulación potestativa establecida en el art. 39 del CPCo; y, respecto a que se informe al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público el incumplimiento de deberes del Secretario ahora accionado, el accionante puede acudir directamente a la instancia que considere pertinente. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 25 de enero, cursante de fs. 13 a 14 vta.;

pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, por evidenciarse la demora injustificada por parte del Secretario ahora accionado, en la remisión del recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio 101/2021 de 3 de noviembre, ante el Tribunal de alzada, con la finalidad de que esa conducta dilatoria en el futuro no vuelva a repetirse, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y sin disponer ninguna actuación, al haberse cumplido con ese acto procesal previamente a la interposición de esta acción de libertad y la comunicación procesal correspondiente. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a la solicitud de reparación de daños y perjuicios y a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente la Magistrada, MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0522_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): d7b69d9333081cbd5ee7290d9393113f325339b87572c2380fb4cb076c63d76a

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