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SCP 0471/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
45395-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — innovativa

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, la autoridad accionada no atendió su solicitud de librar el mandamiento de libertad en función al art. 415.IV del CFPF al haber cumplido con los seis meses de apremio dispuesto por concepto de pensiones devengadas, exigiendo al efecto la elaboración de un informe de Kardex del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, cuando a partir del Certificado que adjuntó emitido por el Gobernador del citado Centro Penitenciario, se tenía constancia que ingresó a dicho Centro desde el 25 de mayo de 2021, computando desde la fecha los seis meses establecidos en la norma, con lo que se inobservó el principio de no formalismo previsto para el proceso familiar, encontrándose indebidamente privado de su libertad en un término mayor al que establece la Ley. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 183/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 19 a 20, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en el marco de lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado
  3. III.3. Análisis del caso en concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0471/2023-S3 Sucre, 23 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 45395-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 183/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 19 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rubén Porfirio Apaza Quispe contra Victoria Jimena Laura Cabezas, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Sexta, Distrito Ocho de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 7 a 10, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Verónica Herrera Torrejón contra su persona, el 29 de octubre de 2019, se libró mandamiento de apremio que fue ejecutado el 25 de mayo de 2021, fecha de inicio de la privación de libertad que se corrobora a partir del Certificado de Permanencia y Conducta emitido por el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; en ese sentido, al 25 de noviembre de ese año, ya transcurrieron los seis meses establecidos en la norma en la que su persona podía estar privado de su libertad bajo ese concepto. En función a ello y sustentándose en el art. 415.IV del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, el 29 de noviembre de 2021, solicitó se emita el correspondiente mandamiento de libertad; sin embargo, la autoridad accionada no atendió su solicitud pese a que reiteró la misma el 1 de diciembre de ese año.

Asimismo, sostiene que el hecho de solicitar informe al Kardex del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, cuando ya se tenía un informe sobre su permanencia y conducta, advierte que no se observó el principio de no formalismo plasmado en el art. 220 inc. e) del CFPF.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 115, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene a la Jueza accionada la elaboración inmediata del mandamiento de libertad en cumplimiento del art. 415.IV del CFPF, puesto que transcurrió más de seis meses y diez días de su privación de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de diciembre de 2021, según consta el acta cursante de fs. 17 a 18, presente el peticionante de tutela asistido por su abogado y ausente la autoridad accionada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados reiteró los argumentos de su demanda constitucional, y ampliando en audiencia manifestó que por decreto de 29 de noviembre de 2021, la Jueza accionada en respuesta a su solicitud, determinó que previamente debía emitir un informe de Kardex del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, a lo cual por memorial de 1 de diciembre de ese año, se le indicó a la referida autoridad que ya se adjuntó un Certificado de Permanencia de Buena Conducta en original, documento público que debería ser valorado de conformidad al art. 1287 -no indica la norma-; en ese sentido, considera que no debía solicitarse el informe innecesario que se estaba pidiendo, pues a partir del documento que adjuntó la autoridad accionada debió aplicar el art. 415 del CFPF y evitar la emisión de un informe indebido, en función a lo que solicitó la aplicación de la acción de libertad innovativa, al hacer de su privación de libertad, una detención arbitraria. Luego de la lectura al informe escrito remitido por la Jueza accionada, el impetrante de tutela a través de su abogado refirió: “…nos hemos constituido el día de ayer a un no teníamos ningún mandamiento al respecto mi persona ha estado presente en el juzgado hasta el último y no tuvimos repuesta, lo único que me dijo la secretaria (…) usted tiene que ir a recabar en materia penal el mandamiento de buena conducta mi persona insistió pero no tenía respuesta, en su caso mi cliente a un está detenido desconocía al respecto de lo que está manifestando el informe” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Victoria Jimena Laura Cabezas, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Sexta, Distrito Ocho de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito, cursante a fs. 14, manifestó que el peticionante de tutela solicitó el mandamiento de libertad el 1 de diciembre de 2021; por lo que, en todo uso y razón de la ley y del proceso familiar, emitió el Auto de libertad disponiendo que por el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, proceda a la libertad del accionante, emitiéndose en consecuencia por Secretaría del Juzgado el correspondiente mandamiento de libertad “…el cual nunca fue debidamente seguido por la parte accionante ni su abogado…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 183/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 19 a 20, denegó la tutela solicitada bajo la siguiente fundamentación: a) Del informe presentado por la autoridad accionada, y a partir de los documentos que adjunta se advierte que la misma determinó que el impetrante de tutela no puede estar detenido por más de seis meses, razón por la cual dispuso se emita el correspondiente mandamiento de libertad, adjuntando al efecto dicho mandamiento en favor del peticionante de tutela; b) La acción de libertad innovativa tiene la finalidad de evitar que en el futuro se repitan las lesiones a los derechos a la vida, libertad, locomoción, etc.; empero, a partir del informe de la Jueza accionada se advierte que su determinación fue emitida en tiempo, no evidenciándose que se hubiesen vulnerado los derechos y garantías que determina el art. 125 de la CPE; y, c) Corresponde denegar la tutela por cuanto el mandamiento de libertad fue emitido el 2 de diciembre de 2021; asimismo, y conforme lo disponen las Circulares “23/2021” y “24/2021”, todos los jueces que tienen procesos con detenido, deben remitirlos a los Juzgados de turno; por ello, se entiende que la autoridad accionada estaba en la obligación de remitir el mandamiento de libertad al Juzgado de turno, debiendo el abogado del accionante deberá presentarse ante el mismo para recoger dicho mandamiento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 29 de noviembre de 2021, por el cual Rubén Porfirio Apaza Quispe -ahora impetrante de tutela- solicitó ante el “…JUEZ PÚBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE INSTRUCCIÓN PENAL DEL DISTRITO N° 8 DE LA CIUDAD DE EL ALTO…” (sic), expida mandamiento de libertad en función a lo establecido en el art. 415.IV del CFPF, sustentándose en el certificado de permanencia y conducta emitido por el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, en el que se estableció que su persona ingresó a dicho establecimiento el 25 de mayo de 2021; misma que fue reiterada el 1 de diciembre de igual año, señalando que el hecho de solicitar informe a Kardex del referido Centro Penitenciario, como fue dispuesto mediante decreto de 29 de noviembre de ese año, no toma en cuenta el principio de informalismo, por cuanto respecto a su permanencia en el mencionado Centro Penitenciario se tenía el certificado emitido por el Gobernador al que se hizo referencia; último escrito en cuyo otrosí quinto a efectos de notificación, además de señalar su domicilio procesal, brindó el número de celular y correo electrónico de su abogado (fs. 1 a 3). II.2. Consta Auto de 2 de diciembre de 2021, mediante el cual, la Jueza accionada, haciendo referencia que según la certificación que antecede el peticionante de tutela se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, desde el 25 de mayo de 2021; es decir, por más de seis meses, en función al art. 415.IV del CFPF dispuso la libertad del accionante, determinando se proceda a notificar al Gobernador del referido Centro Penitenciario para que en el día se conceda la libertad al obligado; en ese merito, también consta mandamiento de libertad de 2 de diciembre de 2021, igualmente librado por la autoridad accionada ordenando al Director del mencionado Centro Penitenciario se ponga en inmediata libertad al impetrante de tutela (fs. 15 y 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, la autoridad accionada no atendió su solicitud de librar el mandamiento de libertad en función al art. 415.IV del CFPF al haber cumplido con los seis meses de apremio dispuesto por concepto de pensiones devengadas, exigiendo al efecto la elaboración de un informe de Kardex del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, cuando a partir del Certificado que adjuntó emitido por el Gobernador del citado Centro Penitenciario, se tenía constancia que ingresó a dicho Centro desde el 25 de mayo de 2021, computando desde la fecha los seis meses establecidos en la norma, con lo que se inobservó el principio de no formalismo previsto para el proceso familiar, encontrándose indebidamente privado de su libertad en un término mayor al que establece la Ley. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0691/2018-S1 de 26 de octubre, citando a su vez a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló que: «“…Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”» (el resaltado nos pertenece).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado

Sobre el particular, la SCP 0803/2020-S3 de 5 de noviembre, citando la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: «La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”.

Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…)

De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”…» (el énfasis es agregado).

III.3. Análisis del caso en concreto

El problema jurídico que nos plantea el accionante, centra su análisis en la falta de emisión del mandamiento de libertad, pese a que el impetrante de tutela solicitó el mismo en dos ocasiones al haber cumplido con los seis meses de apremio dispuesto por concepto de pensiones devengadas emergente dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, exigiendo a la autoridad accionada la elaboración de un informe de Kardex del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, cuando ya se había adjuntando un Certificado de Permanencia y Buena Conducta emitido por el Gobernador de dicho Centro Penitenciario en el que constaba que su persona ingresó al señalado Centro el 25 de mayo de 2021, computando desde esa fecha los seis meses establecidos en la norma, con lo que se inobservó el principio de no formalismo previsto para el proceso familiar, encontrándose indebidamente privado de su libertad en un término mayor al que establece la Ley.

Expuesta la problemática, y toda vez que a partir de lo informado por la autoridad judicial corroborado por los documentos que adjunta y que fueron puntualizados en el apartado de Conclusiones de este fallo constitucional, se advierte que en efecto la señalada autoridad considerando el último escrito del peticionante de tutela concerniente al memorial presentado el 1 de diciembre de 2021 (Conclusión II.1) en el que al igual que en la presente acción tutelar hizo conocer su cuestionamiento acerca de la aplicación al caso del principio de no formalismo del proceso familiar, en función al cual pidió que a fin de realizar el cómputo y verificar su permanencia dentro del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, se considere el Certificado de Permanencia y Buena Conducta emitido por el Gobernador de dicho Centro Penitenciario, en el cual se establecía que su persona ingresó al citado Centro, el 25 de mayo de 2021, y que en función ello se evidenciaría que cumplió el tiempo máximo de privación de libertad que la norma establece respecto al impago de asistencia familiar, lo que de acuerdo al contenido del Auto de 2 de diciembre de 2021 (Conclusión II.2), fue finalmente considerado por la autoridad judicial para establecer su libertad y la emisión del correspondiente mandamiento.

Sin embargo, de los actuados que acompaña no se advierte diligencia de notificación alguna a efectos de evidenciar que tanto el Auto de 2 de diciembre de 2021, como el mandamiento de libertad de la misma fecha fueron dados a conocer a la parte accionante antes de la interposición de la acción tutelar a objeto de considerar en el presente caso la aplicación de la teoría del hecho superado o pérdida del objeto procesal, pues si bien en el caso se dio curso a la solicitud de libertad del impetrante de tutela, no existe constancia de que la misma operó con anterioridad a la presentación de esta acción tutelar más aún si se considera que la parte peticionante de tutela brindó la dirección electrónica y número de celular de su abogado defensor a efectos de hacer conocer cualquier determinación al respecto, debiendo asimismo considerar que la parte prenombrada fue enfática a tiempo de desarrollarse la audiencia de esta acción tutelar al afirmar que incluso constituido en el juzgado en cuestión un día antes de que dicho actuado procesal tenga lugar, la Secretaría le indicó que tiene que recabar el mandamiento de buena conducta, aspectos que en su caso hacen ver que no se observaron los parámetros establecidos a fin de determinar la denegatoria de tutela desde esa perspectiva -en el que se requiere que el restablecimiento de los derechos invocados como lesionados sea anterior a la notificación con la admisión de la acción tutelar (SCP 0619/2019-S1 de 25 de julio, reiterada en la SCP 0455/2020-S3 de 27 de agosto, entre otras)-, correspondiendo en ese marco establecer si en efecto la actuación de la autoridad accionada se consideró lesiva o no a los derechos del accionante.

Realizada esa precisión, conforme consta de los antecedentes adjuntos en la presente acción de libertad, se tiene que el impetrante de tutela considerando que su privación de libertad dispuesta a partir de la falta de pago de la asistencia familiar al que estaba obligado cumplió el término de los seis meses previsto en la norma, efectuó dos solicitudes; la primera, el 29 de noviembre de 2021, y la segunda, el 1 de diciembre de igual año (Conclusión II.1), refiriendo en este último escrito exigir un certificado de Kardex del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, a fin de verificar el tiempo de permanencia de su persona en tal establecimiento no observó el principio de no formalismo del proceso familiar; toda vez que, a fin de comprobar el lapso de su privación de libertad presentó el Certificado de Permanencia y Buena Conducta emitido por el Gobernador de dicho Centro Penitenciario, en el que se evidenciaría que su persona ingresó al mismo el 25 de mayo de 2021, advirtiéndose de ello que a esa fecha ya había cumplido con los seis meses establecidos. De lo referido se advierte que, no obstante de que el peticionante de tutela no acompañe el decreto de 29 de noviembre de 2021, de acuerdo a lo relatado en el memorial de 1 de diciembre de ese año al que se hace referencia, y que no fue negado por la Jueza accionada a tiempo de brindar su informe, se tiene que ésta le habría manifestado que con carácter previo presente el certificado de Kardex del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, sin considerar que a fin de evidenciar su ingreso en el citado Centro Penitenciario y realizar el cómputo de los seis meses referidos, el accionante ya había adjuntado en su primer escrito el Certificado de Permanencia y Buena Conducta antes mencionado, sobre el cual -de acuerdo al propio contenido del Auto de 2 de diciembre de 2021-, finalmente la autoridad accionada fundó la determinación de libertad y la emisión del correspondiente mandamiento considerando el cumplimiento de los seis meses establecidos en la ley, de lo que se aprecia, a partir de la propia actuación de la Jueza accionada, que dicho certificado bien pudo ser considerando desde inicio evitando que el impetrante de tutela continúe privado de su libertad más del tiempo determinado por ley, cuando como se advierte y se reitera con base a dicho Certificado emitido por el Gobernador del mencionado Centro Penitenciario de forma posterior igualmente la autoridad judicial dio lugar a la solicitud, considerándolo pertinente a efectos de realizar el cómputo requerido; sin embargo, a partir de la decisión asumida por la autoridad judicial, en efecto el peticionante de tutela tubo que continuar privado de su libertad más del tiempo previsto sin que incluso se advierta que hasta la interposición de la acción de libertad el mismo haya sido notificado con el Auto de 2 de diciembre de 2021, que dio curso a su solicitud, estando en esta condición durante siete días más a partir de su primera solicitud.

De lo puntualizado se aprecia que la Jueza accionada no tramitó, no resolvió, ni efectivizó la solicitud del accionante con la mayor celeridad posible, brindando en efecto un trámite debido que implique la ejecución de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas pese a que la misma estaba directamente vinculado al derecho a la libertad personal del impetrante de tutela, correspondiendo en ese marco conceder la tutela solicitada, disponiendo que el Auto que dispuso la libertad del peticionante de tutela así como el mandamiento de libertad sea inmediatamente notificado al accionante a fin de su efectivización, salvo que la libertad del nombrado ya haya operado producto precisamente del mandamiento de libertad emitido. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 183/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 19 a 20, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en el marco de lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0471_2023-S3.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): b219bc22f01d85a86f37bf44b1487be1b8178776db9752f517477dee43521bf6

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