Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de inconstitucionalidad concreta · Sala Plena · 20 de diciembre de 2023
Declara la inconstitucionalidad
En la presente acción de inconstitucionalidad concreta, Enrique Leaño Palenque, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, demanda la inconstitucionalidad de los arts. 6 incs. o, p y q; 133 inc. i) y 161 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado mediante Ley Autonómica Municipal 27/14, por ser presuntamente contrarios a los arts. 116.II, 117.I y 283 de la Norma Suprema, debido a que el rol de fiscalización reconocido al Concejo Municipal por la norma constitucional, solo puede ejercerse a través de los medios regulados por el art. 16 inc. 15) de la Ley 482, que no prevén la interpelación ni la censura como un medio de fiscalización y menos de aplicación de sanciones como el cambio de política del Ejecutivo Municipal o la destitución de Secretarios, Director o representantes ante entidades y empresas en las que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre tenga participación, de manera que tal facultad establecida en el citado Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, es incompatible con el ámbito delimitado por el art. 283 de la CPE; y, asimismo, con las garantías jurisdiccionales establecidas en los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar:
1° La CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 6 inc. o); y, 131 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado mediante Ley Autonómica Municipal 27/14 de 11 de abril de 2014; 2° La INCONSTITUCIONALIDAD parcial del art. 6 inc. p) del mismo Reglamento, quedando expulsado del ordenamiento jurídico, el siguiente texto marcado con negrilla “La censura será producto de la interpelación aprobada por dos tercios del total del Pleno y promovida por cualquier Concejala, Concejal o Representante de Distrito Indígena Originario Campesino. Si el Alcalde o Alcaldesa, Sub Alcaldesa, Sub Alcalde es censurado tendrá una sanción de acuerdo a Ley”, quedando en definitiva el mismo, de la siguiente manera: “La censura será producto de la interpelación aprobada por dos tercios del Total del Pleno y promovida por cualquier Concejala, Concejal o Representante de Distrito Indígena Originario Campesino”; y, 3° La INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 6 inc. q) y 161 del mismo Reglamento, por ser contrarios a los arts. 116.II, 117.I y 283 de la Constitución Política del Estado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0169/2023 Sucre, 20 de diciembre de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de inconstitucionalidad concreta Expediente: 47702-2022-96-AIC Departamento: Chuquisaca En la acción de inconstitucionalidad concreta promovida por Oscar Sandy Rosas, Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a instancia de Enrique Leaño Palenque, Alcalde del señalado ente municipal, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 6 incs. o), p) y q); 133 inc. i) y 161 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado mediante Ley Autonómica Municipal 27/14 de 11 de abril de 2014, por ser contrarios a los arts. 116.II, 117.I y 283 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Por memorial presentado el 19 de mayo de 2022, cursante de fs. 32 a 39, el accionante refirió los siguientes argumentos:
Como Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal, respondió a la solicitud de los Concejales Iber Antonio Pino O’Barrio, Luz Melisa Cortes, Eduardo Lora Siñani y Carmen Rosa Torres Quispe, mediante Informe Oral 05/2022, que por no ser objeto de conformidad, produjo como resultado que los Concejales peticionantes, presentaran Pliego Interpelatorio con Reg. Int. 1087/22, de manera que el Concejo Municipal, fijó sesión para el 19 de mayo de 2022. En la indicada sesión del pleno del Concejo Municipal de Sucre de 19 de igual mes y año, se desarrolló el procedimiento previsto en el Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, hasta la etapa de la dúplica de la autoridad interpelada, regulada por el art. 163 inc. g); de manera que, restaba que el Pleno abra el debate y luego proceda a la votación para decidir por el Orden del Día Puro que no produce efecto alguno o por el Orden del Día Motivado; que importa censura o voto de confianza, conforme establecen los arts. 165 y 6 incs. p) y a) del citado Reglamento; por consiguiente, en caso de optarse por el voto de censura, resulta posible la aplicación de sanciones y dependiendo de la gravedad asignada por el Órgano Legislativo, puede disponerse la destitución del Secretario, Director o Representantes ante entidades y empresas en las que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre tenga participación; de esa forma en cualquiera de los casos, la decisión que se asuma, tendrá el carácter de obligatorio puesto que el incumplimiento conlleva a la remisión del Alcalde a la Comisión de Ética, conforme prevé el art. 166. Así queda demostrado que en el Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, no solo se encuentra legislada la interpelación, la censura y la imposición de una sanción producto de la misma; sino también, el establecimiento de responsabilidad y la destitución de funcionarios del Órgano Ejecutivo, estableciéndose igualmente que la decisión que se adopta como resultado de una interpelación, es inexcusable; motivo por el cual, dicha norma es excesiva y no se encuadra al principio de sujeción al orden jurídico vigente; además que, la destitución de funcionarios del Ejecutivo, desnaturaliza el rol de fiscalización del Concejo Municipal y constituye una potestad excesiva incompatible con los valores supremos, principios fundamentales y normas de la Norma Suprema. Respecto al rol de fiscalización, el art. 272 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que la autonomía implica la elección directa de autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones. Por su parte, el art. 283 también de la Ley Fundamental, determina que el gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales –Ley 482 de 9 de enero de 2014–, en su art. 4, prevé cuál es la constitución de los gobiernos autónomos municipales, mientras que su art. 16 inc. 15), prevé como una atribución del Concejo Municipal, la fiscalización a la Alcaldesa o Alcalde, Secretarias o Secretarios y otras autoridades del Órgano Ejecutivo Municipal, sus instituciones y empresas públicas, a través de peticiones de informes escritos u orales, inspecciones y otros medios de fiscalización. A ello se añade que el art. 137 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” –Ley 031 de 19 de julio de 2010– respecto a la fiscalización y control gubernamental, determina que la primera, es ejercida por los órganos deliberativos de cada gobierno autónomo, mientras que el control gubernamental se encuentra a cargo de la Contraloría General del Estado y que no puede ser impedido de cumplir su función por ninguna norma de los gobiernos autónomos; por lo tanto, de acuerdo con la norma constitucional, la Ley 482 y la Ley 031, el rol de fiscalización del Concejo Municipal tiene un límite, pues debe ser ejecutado dentro de los márgenes de las competencias previstas en las indicadas normas y así, es el marco competencial, el parámetro que delimita la fiscalización. En el marco de los márgenes que sujetan el rol de fiscalización; se tiene que, solo puede ejercerse a través de peticiones de informes escritos y orales, inspecciones y otros medios de fiscalización previstos en la normativa vigente, tal como establece el art. 16 inc. 15) de la Ley 482, no encontrándose prevista la interpelación como un medio de fiscalización, de manera que tal facultad contenida en los arts. 61 al 65 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, se encuentra prevista al margen del indicado rol de fiscalización del Concejo Municipal; y por ende, es incompatible con el ámbito delimitado por el art. 283 de la CPE, a más que tal procedimiento de interpelación es una copia del Reglamento General de la Cámara de Diputados; empero, debe tenerse presente que la indicada atribución se encuentra incluida en el art. 158 inc. 18) de la Norma Constitucional, en cambio en la normativa vigente y en la CPE, no existe un fundamento jurídico que justifique la incorporación de tal facultad interpelatoria y la censura como facultad del Órgano Legislativo Municipal. En cuanto a la facultad de censurar al Alcalde, evidentemente la Ley de Municipalidades, hoy abrogada, previó el voto constructivo de censura como una medida de excepción que se empleaba cuando el Concejo Municipal perdía confianza en el Alcalde, lo que producía su remoción (art. 50 de la citada norma abrogada), advirtiéndose que el legislador municipal, cuando elaboró y sancionó el Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, pretendió reeditar la censura, asumiéndola como parte de la facultad fiscalizadora del ente deliberante, sin comprender que la naturaleza de lo que antes estuvo normado como voto constructivo de censura, tenía como propósito remover de su cargo al Alcalde y que actualmente, las normas vigentes sobre gobiernos autónomos municipales no prevén la censura, resultando evidente que existe una clara incompatibilidad entre el Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, con la garantía jurisdiccional del art. 117.I de la CPE; debido a que, una vez decidida la censura del Alcalde deviene una sanción. Agregó que por su condición de Alcalde Municipal, está sujeto a las responsabilidades inherentes a la función pública que puede ser administrativa, civil, penal o ejecutiva; sin embargo, la censura dispuesta por el Concejo Municipal no constituye causal de establecimiento de las responsabilidades señaladas; consecuentemente, la potestad de censurar al Alcalde por el Concejo Municipal contraviene la garantía del art. 116.II de la Norma Suprema que determina que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. El establecimiento de responsabilidades contra el Alcalde, emergente de la censura dispuesta por el Concejo Municipal, tiene como consecuencia necesaria, la imposición de una sanción; sin embargo, la censura no constituye propiamente un hecho sino que se trata de una decisión optada por una instancia política motivada por juicios subjetivos. Por otra parte, no se encuentra prevista en norma alguna como causa para el establecimiento de responsabilidades administrativa, civil o ejecutiva que son inherentes a la función pública. A ello se añade que, dependiendo de la gravedad que asigne el pleno del Concejo Municipal a los motivos de la censura, puede decidirse la destitución del Secretario, Director o representantes ante entidades y empresas en las que el Gobierno Autónomo Municipal tenga participación; al respecto, el Capítulo V de la Ley de Administración y Control Gubernamental (Ley 1178), establece la responsabilidad por la función pública, señalando en su art. 28, que todo servidor público debe responder por los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo, estableciendo al efecto cuatro tipos de responsabilidades: administrativa, ejecutiva, civil y penal que se determinarán tomando en cuenta los resultados de la acción y omisión. El art. 29 de la citada norma, referido a la responsabilidad administrativa; prevé que, se determina por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoría si la hubiera, pudiendo la autoridad competente aplicar, según la gravedad de la falta, las sanciones de multa hasta un veinte por ciento de la remuneración mensual; suspensión de hasta un máximo de treinta días o la destitución, quedando claro que esta última, es una sanción que solo puede imponerse como resultado de un proceso disciplinario incoado por responsabilidad administrativa; sin embargo, el Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, otorga al Concejo Municipal, una potestad sancionadora que contraviene el art. 117.I de la CPE. Por otra parte, la potestad de censura ‐dependiendo de la gravedad asignada por el pleno del Concejo Municipal‐ ocasiona la destitución del Secretario, Director o representantes ante entidades y empresas en las que el Gobierno Autónomo Municipal tenga participación, contraviene el art. 283 de la CPE y el principio de separación de funciones de los órganos del gobierno municipal previsto en el art. 4.III de la Ley 482; asimismo, la potestad de destituir a funcionarios del Órgano Ejecutivo que el Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre le atribuye al Concejo Municipal, se sobrepone a la facultad que le asigna al Alcalde Municipal el art. 26 inc. 8) de la Ley 482. Con los argumentos que preceden, señaló que las siguientes normas del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, que deben ser aplicadas en la resolución de la interpelación que se encuentra pendiente de consideración por el pleno son inconstitucionales:
a) Arts. 6 inc. o); 133 inc. i); y art. 161 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, porque incluyen la interpelación como facultad fiscalizadora del Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal, y por tanto, infringen el art. 283 de la CPE. Art. 6 inc. p), del Reglamento General del Concejo Municipal de b)
Sucre, porque incluye la censura al Alcalde que no se encuentra en el ámbito competencial de la facultad fiscalizadora del Órgano Legislativo del precitado ente municipal, vulnerando así los arts. 116.II y 283 de la CPE. c) Art. 6 inc. q), del precitado Reglamento, porque incluye una sanción anticipada al Alcalde Municipal, la cual deviene de la censura, en clara incompatibilidad con la garantía jurisdiccional del art. 117.I de la CPE y, porque otorga al Concejo Municipal, la potestad sancionadora de destitución de secretarios, directores y otros funcionarios, contraviniendo el art. 117.I de la Norma Suprema.
Por Auto Constitucional (AC) 0179/2022-CA de 2 de junio, cursante de fs. 132 a 138, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta y dispuso que sea puesta a conocimiento de Oscar Sandy Rojas, entonces Presidente del Concejo Municipal de Sucre, en su condición de personero del Órgano que generó la norma impugnada, a objeto de que pueda formular los alegatos que considere convenientes.
Gonzalo Pallares Soto, Presidente del Concejo Municipal de Sucre, por memorial de fs. 171 a 176, efectuando una relación de los antecedentes y un resumen de los argumentos expuestos por el impetrante de tutela, respecto a la censura y sus efectos, aclaró que la solicitud de promover la presente acción de inconstitucionalidad concreta, deviene de la petición de Informe Oral 05/2022, presentada por varios Concejales, la cual derivó en un Pliego Interpelatorio ante la disconformidad expresada por los peticionantes, de manera que, de acuerdo a lo previsto por los arts. 6 incs. p) y q), 165 y 166, ahora cuestionados, de la sustanciación del pliego interpelatorio podría emerger la censura al Alcalde; y en consecuencia, responsabilidades en su contra que le obligarían a asumir un cambio de política en el Órgano Ejecutivo o podrían provocar la destitución de secretarios, directores o representantes en empresas donde el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre tenga participación. Aclaró que la censura prevista por el art. 50 de la Ley de Municipalidades –Ley 2028 de 28 de octubre de 1999–, tenía como consecuencia la remoción del Alcalde en ejercicio, lo que sí puede entenderse como una sanción, mientras que la censura prevista en la Ley Autonómica 027/14, no tiene relación con esa extrema figura desestimada por el Constituyente; consecuentemente, la afirmación de que nostálgicamente se rescató la figura, no tiene base jurídica por lo cual, no es atendible como fundamento constitucional para cuestionar las normas autonómicas impugnadas. La censura, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 6 inc. p) de la Ley 027/14 cuestionada, implica una sanción que a criterio del accionante, sería contraria a lo establecido en el art. 117 de la CPE, en cuyo tenor establece la garantía del debido proceso, lo cual constituye una hipótesis que no tiene asidero, primero porque la Ley 027/14 en el art. 163, establece un procedimiento en el que se resguarda el debido proceso de las partes, pudiendo presentarse documentación de respaldo y participar verbalmente para aclarar los puntos de la petición de informe o la interpelación. Se confirma entonces, que está garantizado el derecho a la defensa a través de los medios que sean pertinentes y oportunos; y, segundo, sobre la previsión de la sanción de acuerdo a ley, corresponde aclarar que el texto autonómico cuestionado, no hace referencia a qué tipo de ley, si es autonómica o de nivel central, pudiendo ser una norma penal, de control gubernamental u otra; también pudiera ser una de tipo administrativo, mismas que deberán ser activadas a denuncia de parte, mientras eso no suceda, las aseveraciones del accionante resultan únicamente hipotéticas; en consecuencia, el debido proceso no se encuentra vulnerado. Se afirma también, que la censura contraviene la garantía constitucional prevista en el art. 116.II constitucional, por el cual, toda sanción debe estar prevista en una ley anterior al hecho punible, de referirse el accionante a las leyes autonómicas impugnadas, claro que son previas al acto interpelatorio porque fueron publicadas el 11 de abril de 2014, mientras que este, fue realizado el 22 de mayo de 2022; consecuentemente, tal afirmación es incoherente. Se denuncia igualmente que producto de la censura se provocaría la destitución de los funcionarios a cargo del Alcalde, hecho que contraviene el art. 283 de la CPE, y el principio de separación de funciones de los órganos del Gobierno Municipal prevista en el art. 4.III de la Ley 482, norma que no puede ser tomada en cuenta en la valoración a efectuarse, puesto que la SCP 0923/2013 de 20 de junio, definió la imposibilidad de ejercicio de control de legalidad ordinaria a través de la acción de inconstitucionalidad concreta. Sobre la destitución de los funcionarios como producto de la censura prevista en el art. 6 inc. q) de la Ley 027/14, que como sostiene el solicitante de tutela, sería contraria al art. 283 de la CPE, resulta pertinente citar la naturaleza de la presente acción, para señalar que el Alcalde Enrique Leaño Palenque no puede invocar la inconstitucionalidad porque no es secretario, director u otro funcionario que podría ser afectado, debido a que claramente, la interpelación fue producto de una petición de informe oral hacia el Alcalde, no contra otro tipo de funcionarios de su dependencia, quienes podrán activar cualquier otra acción de defensa cuando por causa de la censura, el Alcalde tenga que destituirlos o contrariamente, el accionante podrá activar la acción de inconstitucionalidad abstracta, contra las normas consideradas inconstitucionales que le obligan a destituir funcionarios bajo su dependencia. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha esclarecido que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, propósitos, conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control, sino que está destinada a verificar que una norma infra legal es contraria al sistema de valores, supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha norma. Del análisis efectuado, queda establecido que no se vulneran derechos y que el impetrante de tutela no señaló qué principio o valor constitucional quedaría afectado con las normas supuestamente incompatibles, solo se limitó a señalar el principio de separación de funciones previsto en el art. 4.III de la Ley 482, sobre el cual, la justicia constitucional no puede ejercer el control de la legalidad ordinaria; sin embargo, el AC 0179/2022-CA, invoca un principio constitucional que resulta un pronunciamiento más allá de lo solicitado. Como conclusión de los fundamentos expuestos, es evidente que el accionante no cumplió con los requisitos mínimos relativos a una adecuada fundamentación jurídico constitucional, clara y precisa, conforme lo exige el Código Procesal Constitucional para que el Concejo Municipal, adquiera duda razonable sobre la presunta inconstitucionalidad de la norma impugnada y que motive a dar curso a la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta. Citando jurisprudencia constitucional, apuntó la imposibilidad del ejercicio de control de legalidad ordinaria a través de la acción de inconstitucionalidad concreta. Sobre el rol fiscalizador del Concejo Municipal, expuesto por el impetrante de tutela, es una afirmación incongruente que desconoce la normativa municipal autonómica, cuando afirma que tiene un límite definido en el art. 16 inc. 15) de la LGAM, y que no existiría una norma que respalde la interpelación y la censura como medios de fiscalización. Aclara que el rol fiscalizador de los Concejos Municipales está consagrado como facultad de éstos en el art. 272 y en especial, en el art. 283 de la CPE y parte esencial del modelo autonómico dispuesto en el art. 1 de la Norma Suprema; en ese entendido, los mecanismos de fiscalización están desarrollados en la Carta Orgánica y a falta de ésta, en una ley autonómica. Ante la carencia de esos instrumentos en la mayoría de los gobiernos municipales, el legislador del nivel central, sancionó y promulgó la Ley 482 de 9 de enero de 2014, aclarando en su art. 1, su carácter de norma supletoria y en su art. 2, aclara que se aplica en lo que la autonomía municipal no hubiera legislado en el ámbito de sus competencias. Asimismo, la Disposición Transitoria Primera, previó que en el plazo de noventa días, los Concejos Municipales debían sancionar la Ley de Fiscalización Municipal, quedando explícitamente reconocida como una competencia exclusiva autonómica. En ese contexto, el Concejo Municipal de Sucre, el 11 de abril de 2014, publicó en la Gaceta Municipal, la Ley 026/14 “Ley de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre”, que en su art. 10 incs. 4) y 5), establece como medios de fiscalización a la interpelación y a la censura. Por su parte, la Ley 027/14, Ley del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, en el art. 6 incs. r) y s), establece como atribución del Concejo Municipal, la fiscalización al Alcalde Municipal y servidores públicos municipales; así como, fiscalizar a las entidades privadas o mixtas que manejen recursos municipales.
Lo precedentemente señalado, desvirtúa la afirmación del solicitante respecto a que no existiría norma que respalde la interpelación como medio de fiscalización, puesto que esta es autonómica y debe ser aplicada de manera preferente a la norma de nivel central por mandato constitucional y de la propia Ley 482, en sus arts. 1 y 2, que puntualizan el carácter supletorio de esas disposiciones y que se aplicarán siempre y cuando la autonomía municipal no hubiera legislado al respecto. Si el Alcalde de Sucre considera que la Ley 482, debe aplicarse por sobre la norma autonómica de fiscalización y puede establecer el límite de la actividad fiscalizadora, cabe replicar la palabra del Constitucional respecto a los preceptos aludidos, la SCP 0064/2017 de 12 de octubre, aclaró que el art. 271 de la CPE, prevé la sanción de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez, cuyo objeto es regular el régimen de autonomías, norma que en su art. 11.II, previó que a falta de norma autonómica básica, el nivel central del Estado tiene la potestad de emitir una ley supletoria para el ejercicio de los derechos de autonomía con la que los gobiernos municipales se rijan en lo que no hubieran legislado, disposición declarada constitucional por la SCP 2055/2012. En ese marco constitucional, el nivel central, sancionó y promulgó la Ley 482, pero siempre con carácter supletorio y aplicable en las materias que el nivel autonómico no hubiera legislado, así fue analizado en la SCP 0064/2017. Siguiendo ese razonamiento, queda claro que no se tiene una carta orgánica vigente; sin embargo, el Concejo Municipal, sancionó una ley que delimita los ámbitos de fiscalización como labores propias del Concejo (Ley 027/14) y una Ley de Fiscalización (Ley 026/14), en las que se establecieron mecanismos como la interpelación o la censura y los límites normados en la Ley 482, en la que se apoya el Alcalde para afirmar que existen contradicciones, han quedado inaplicables por decisión el legislador municipal, tal y como fue desarrollado en el citado fallo constitucional, así como la SCP 2055/2012 y una sólida jurisprudencia. De igual forma, es errónea la afirmación relativa a que no existiría norma que respalde la interpelación como medio de fiscalización, pues el Concejo Municipal tiene vigente desde el 11 de abril de 2014, la Ley de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre que, en su art. 10 incs. 4) y 5) incluye la interpelación y la censura como medios de fiscalización, concordante con la Ley 027/14 en sus arts. 6, 161 al 165 que desarrollan el procedimiento de su aplicación; consecuentemente, el Concejo Municipal tiene respaldo legal para dicha actividad amparada en los mandatos constitucionales contenidos en los arts. 272 al 238 de la CPE, desvirtuando así, las afirmaciones del solicitante. Igualmente, queda desvirtuado que el rol fiscalizador de los gobiernos municipales estaría a cargo de la Contraloría General del Estado por mandato del art. 137 de la “LMAD” (sic), afirmación que falta a la verdad, omitiendo oficiosamente el parágrafo primero de la referida norma y tergiversando su contenido, puesto que reconoce al Órgano Legislativo como fiscalizador del Órgano Ejecutivo, mientras el control fiscalizador posterior de ambos órganos queda a cargo de la Contraloría.
Por Decreto Constitucional de 10 de mayo de 2023, cursante a fs. 181, se suspendió el cómputo de plazo por solicitud de documentación requerida en aplicación del art. 5.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); reanudándose el mismo, a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 4 de diciembre del mismo año (fs. 196) a cuyo efecto el presente fallo constitucional, es emitido dentro del término legal.
Del análisis y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:
El accionante demanda la inconstitucionalidad de los arts. 6 incs. o), p) y q); 133 inc. i) y 161 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado mediante Ley Autonómica Municipal 27/14 de 11 de abril de 2014.
“Artículo 6. (Atribuciones del Concejo Municipal)
Además de las atribuciones establecidas por Ley, el Concejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones:
(…)
o. Tramitar las interpelaciones en el marco de sus atribuciones y competencias.
p. La censura será producto de la interpelación aprobada por dos tercios del total del Pleno y promovida por cualquier Concejala, Concejal o Representante de Distrito Indígena Originario Campesino. Si, el Alcalde o Alcaldesa, Sub Alcaldesa Sub Alcalde es censurado tendrá una sanción de acuerdo a Ley.
q. La censura producto de la interpelación aprobada por dos tercios del total del Pleno, implicará responsabilidades correspondientes, cambio de la política del Órgano Ejecutivo, o de acuerdo a la gravedad, la destitución de la Secretaria o Secretario, Directora o Director así como de los representantes ante Entidades y Empresas Municipales descentralizadas, desconcentradas y en las que el Gobierno Autónomo Municipal tenga participación.
“Artículo 133. (Instrumentos)
Las Concejalas o Concejales en ejercicio tanto en el Pleno como en las Comisiones, podrán desarrollar sus funciones sobre la base de los siguientes instrumentos legislativos y de fiscalización:
(…)
i) Pliego lnterpelatorio”. Es el documento que establece la razón para la interpelación.
“Artículo 161. (Facultad interpelatoria)
Uno o varios Concejales o Concejalas en ejercicio, pueden plantear ante el Pleno del Concejo Municipal Interpelación al Alcalde o Alcaldesa Municipal, servidores públicos municipales, Directores o Gerentes de las Empresas Municipales o Entidades donde tenga participación el Gobierno Municipal, sobre temas de su competencia.
Artículo 116.
“II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”.
Artículo 117.
“I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”. Artículo 283.
“El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”.
En la presente acción de inconstitucionalidad concreta, Enrique Leaño Palenque, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, demanda la inconstitucionalidad de los arts. 6 incs. o, p y q; 133 inc. i) y 161 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado mediante Ley Autonómica Municipal 27/14, por ser presuntamente contrarios a los arts. 116.II, 117.I y 283 de la Norma Suprema, debido a que el rol de fiscalización reconocido al Concejo Municipal por la norma constitucional, solo puede ejercerse a través de los medios regulados por el art. 16 inc. 15) de la Ley 482, que no prevén la interpelación ni la censura como un medio de fiscalización y menos de aplicación de sanciones como el cambio de política del Ejecutivo Municipal o la destitución de Secretarios, Director o representantes ante entidades y empresas en las que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre tenga participación, de manera que tal facultad establecida en el citado Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, es incompatible con el ámbito delimitado por el art. 283 de la CPE; y, asimismo, con las garantías jurisdiccionales establecidas en los arts. 116.II y 117.I de la Ley Fundamental; debido a que, una vez decidida la censura del Alcalde, el Concejo Municipal, sin proceso previo, determina la gravedad de las faltas y dispone la aplicación de una sanción, que en el caso del personal, implica su destitución, vulnerando el debido proceso. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes a los efectos de ejercer el control de constitucionalidad que le encomienda al Tribunal Constitucional Plurinacional.
En la Resolución Autonómica Municipal del Concejo Municipal de Sucre 192/22 de 20 de mayo de 2022, por la que se rechazó promover la presente acción de inconstitucionalidad concreta, se alude la existencia de la SCP 0107/2015 de 15 de diciembre, en la que según señala, este Tribunal ya hubiera emitido un pronunciamiento respecto a la constitucionalidad del art. 166 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado por Ley Autonómica Municipal 27/14 de 11 de abril de 2014, motivo por el que entienden que con relación a dicha normativa, existiría cosa juzgada constitucional. Con relación a lo señalado, si bien la citada SCP 0107/2015 de 15 de diciembre, emitió pronunciamiento respecto a la constitucionalidad del art. 166 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado por Ley Autonómica Municipal 27/14 de 11 de abril de 2014, declarando: 1) La inconstitucionalidad del art. 4, en la frase “…como Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Municipal…”, debiendo quedar el artículo como sigue: “El Concejo Municipal, en ejercicio de la autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado y las leyes, se somete plenamente al ordenamiento legal vigente de nuestro país”; 2) La improcedencia de la acción respecto del art. 6 inc. g); y, 3) La constitucionalidad del art. 166 de la Ley del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, respecto de la remisión del Alcalde Municipal a la Comisión de Ética para su procesamiento correspondiente, por incumplimiento de lo determinado e instruido por el Pleno del Concejo Municipal.
Considérese que la SC 0123/2010-R de 11 de mayo, estableció que: “...contra un fallo emanado del Tribunal Constitucional que se ha pronunciado sobre el fondo de lo resuelto, no existe recurso ordinario ni constitucional ulterior; pues, de lo contrario, resultaría una pugna interminable de las partes sin que se logre definir su situación de derecho que se ha llevado ante las instancias constitucionales” (el énfasis fue añadido). En el mismo contexto, la SC 0411/2010-R de 28 de junio, asumió lo siguiente: "...el alcance de la cosa juzgada constitucional está determinado, entre otros, en su efecto erga omnes y no simplemente inter partes y además en que no podrá juzgarse dos veces y por las mismas razones alegadas una misma situación, en resguardo del efecto material de las sentencias constitucionales por parte de las autoridades y los particulares” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
A partir de lo denunciado, del antecedente fáctico referido y de la jurisprudencia indicada, se extracta como regla general que la concurrencia de cosa juzgada constitucional se estableció no sólo con el objetivo de asegurar la seguridad jurídica, obligatoriedad y vinculatoriedad de los fallos constitucionales, sino también para evitar un pronunciamiento reiterado por la jurisdicción constitucional en control normativo sobre el mismo objeto; entonces se requiere inexcusablemente que se trate de la misma cuestión jurídica.
En ese mismo sentido, la SCP 2143/2012 de 8 de noviembre, en cuanto a las circunstancias que conllevan la aplicación del razonamiento de cosa juzgada constitucional y sus efectos, estableció los siguientes presupuestos: “¡. Para casos en los cuales, se active ulteriormente el control normativo de constitucionalidad, en relación a normas de carácter general cuya constitucionalidad se cuestionó con anterioridad en cuanto a normas de rango constitucional denunciadas como afectadas en una anterior acción.
¡i. Para situaciones en las cuales, en una acción abstracta o concreta de inconstitucionalidad anterior, se hayan denunciado presupuestos fáctico-circunstanciales idénticos a los plasmados en una ulterior acción de inconstitucionalidad”.
Presupuestos que no concurren al presente caso, habida cuenta que en este fallo se revisa la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 6 incs. o), p) y q); 133 inc. i) y 161 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado mediante Ley Autonómica Municipal 27/14 de 11 de abril de 2014, por ser presuntamente contrarios a los arts. 116.II, 117.I y 283 de la CPE, mientras que en la Sentencia invocada por el Presidente del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, se analizó y declaró la inconstitucionalidad del art. 4; la improcedencia de la acción respecto del art. 6 inc. g); y, la constitucionalidad del art. 166 del mismo Reglamento; en consecuencia, resulta claro que no se trata de la misma cuestión; por ello, no es evidente la concurrencia de cosa juzgada, como determinó la autoridad legislativa municipal. Por lo que a continuación, corresponde ingresar al análisis de fondo de lo demandado.
Para un debido análisis de la presente acción, es inexcusable describir antes la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad concreta, ya que de su debida asimilación, emergerá una legítima resolución.
A ese efecto, se tiene que este Tribunal Constitucional Plurinacional ya ha expuesto el sistema plural de control de constitucionalidad y sus ámbitos de ejercicio en la SCP 2143/2012 de 8 de noviembre; del cual, emerge la acción de inconstitucionalidad concreta, como la vía instrumentada a favor de los ciudadanos, para que exijan la vigencia de los principios de supremacía constitucional y de aplicación normativa de la norma fundamental del Estado.
La génesis normativa de una acción de inconstitucionalidad concreta, por medio de la cual, toda persona puede exigir el respeto y la vigencia material de las normas constitucionales, se la encuentra en las normas previstas por los arts. 132 y 133 de la CPE, que disponen lo siguiente:
“Artículo 132. Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.
Artículo 133. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos”.
Y de igual manera, el art. 202.1 de la CPE, determina que una de las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional es conocer:
“En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas”.
Ahora bien, la interpretación contextual y sistemática de los preceptos constitucionales transcritos, exponen que los arts. 132 y 133 de la Ley Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentran ubicadas en el Título IV referido a las Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa; en ese orden, el Capítulo Segundo, Sección IV se denomina Acción de Inconstitucionalidad; disponiendo que, toda persona individual o colectiva, que sea afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, tiene como uno de sus garantías la acción de inconstitucionalidad, siendo entre todas las garantías jurisdiccionales, una de las imprescindibles, pues sólo la garantía del control de constitucionalidad de las leyes y demás normas jurídicas, puede ofrecer al ciudadano la seguridad de la aplicabilidad de la Constitución Política del Estado, por sobre la voluntad política de las autoridades legislativas, ejecutivas, judiciales, electorales y autonómicas. La retrospección histórica de la acción de inconstitucionalidad, demuestra que este instrumento ha venido a reponer el denominado por la Constitución Política abrogada, recurso de inconstitucionalidad, el que fue explicado por la doctrina constitucional desarrollada por el extinto Tribunal Constitucional de la siguiente manera:
La SC 0004/2001 de 5 de enero, manifestó lo siguiente: “…el Recurso de Inconstitucionalidad es una acción de puro derecho en la que el órgano contralor debe confrontar el texto de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con las mismas…”.
Luego, la SC 0011/02 de 5 de febrero, complementó el concepto al exponer: “…el Recurso de Inconstitucionalidad es una acción de puro derecho en la que el juzgador debe confrontar el texto de la norma impugnada con el de la Constitución Política del Estado para ver si hay contradicción entre sus términos”.
De lo expuesto, se debe concluir que la acción de inconstitucionalidad, es una acción de puro derecho, pues no se debate ningún hecho, en la que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, como juez constitucional, debe confrontar el texto de las disposiciones legales impugnadas o cuestionadas, con el texto de la Constitución Política del Estado, para comprobar la existencia de compatibilidad entre ambos, o de contradicción entre los dos textos jurídicos.
Ahora bien, las leyes de desarrollo de las facultades del Tribunal Constitucional Plurinacional, han dispuesto que la acción de inconstitucionalidad se la ejerza por medio de dos acciones específicas, dotando así de mecanismos procesales a esta garantía jurisdiccional de rango constitucional.
Es así que las normas del art. 73 del Código Procesal Constitucional (CPCo) aplicables al caso presente por haber ingresado la acción luego de la fecha de vigencia de esta norma, disponen lo siguiente:
“Art. 73 (Tipos de acción de inconstitucionalidad). Las Acciones de Inconstitucionalidad podrán ser:
1. Acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales. 2. Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”.
De la norma precedente, se deduce que la acción de inconstitucionalidad puede ser de carácter abstracto o de carácter concreto; la primera de ellas sin mayores requisitos previos, mientras que para la segunda, para el caso de la acción concreta, se exige su vinculación a un proceso judicial o administrativo, lo que impone una carga procesal adicional al interesado en activar esta garantía jurisdiccional constitucional.
Para continuar, conviene exponer que de las dos vías materializadas para el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, encuentra una naturaleza similar al extinto recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad previsto por la Ley 1836 de 1 de abril de 1998, ahora abrogada. Tal identidad se puede resumir en lo expuesto por la SC 0056/2002 de 8 de julio, que al explicar el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, lo reconoció como una vía concreta para el ejercicio del control de constitucionalidad, al exponer que “…el Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad como una vía de control concreto de constitucionalidad…”.
Ahora bien, el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, debido a su naturaleza indirecta, sólo puede ser activado durante el desarrollo de un proceso judicial o administrativo, para demandar la inconstitucionalidad de una norma que necesariamente tiene que ser utilizada en el procedimiento judicial o administrativo en el que se impulsó el recurso, tramitándose el mismo de modo accesorio a ese procedimiento principal, de ahí su naturaleza incidental.
En ese orden, la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto no puede activarse de modo independiente, pues sólo puede ser iniciada dentro de un proceso judicial o administrativo; y la norma cuestionada de inconstitucionalidad, debe ser aplicada necesariamente en el proceso judicial o administrativo en el que se propuso, y por último, su trámite es accesorio al principal, por lo que comparte todas las características del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad.
Conforme a lo expuesto, las normas contenidas en el art. 79 del CPCo, disponen que una acción de inconstitucionalidad concreta sólo puede accionarse en ciertas circunstancias ineludibles:
“Artículo. 79. (Legitimación activa). Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción”.
De las normas precedentes, particularmente de la parte final, se extrae que el accionante deberá explicar con razonamientos jurídico constitucionales, los motivos por los que considera que el proceso judicial o administrativo depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción, imposición procesal que refuerza la doctrina de que este tipo de acciones encuentran su objeto ontológico en la depuración del sistema jurídico a serle aplicado a una persona, para evitar que normas inconstitucionales sean utilizadas en contra de la situación jurídica de un ciudadano, pues ello redundaría en una esfera marginal al estado constitucional de derecho materializado en contra de una situación concreta, extremos de oscurantismo constitucional que el sistema de garantías constitucionales tiene por objeto impedir; por ello es que las normas del art. 82 del CPCo, prohíben taxativamente emitir sentencia o resolución final mientras no se resuelva la acción de inconstitucionalidad:
“Artículo. 82. (Prosecución del trámite). Promovida la acción no se interrumpirá la tramitación del proceso, mismo que continuará hasta el momento de dictarse la sentencia o resolución final que corresponda, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional”.
Luego y para reforzar la genética de la acción de inconstitucionalidad concreta, de incidente accesorio a un proceso principal, las normas del art. 81 del CPCo, de modo concluyente exponen la oportunidad en la que puede ser presentada esta acción, al disponer lo siguiente:
“Artículo. 81. (Oportunidad y prohibición).
I. La Acción de Inconstitucionalidad Concreta podrá ser presentada por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aún en recurso de casación y jerárquico, antes de la ejecutoría de la Sentencia”.
La norma precedente exterioriza la conclusión inevitable para la naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad concreta, expuesta como el principio de oportunidad, el cual nos vincula a esta acción de defensa, al ser de naturaleza indirecta depende de la existencia de otro procedimiento previo y en curso; siendo incidental porque se tramita de forma accesoria al principal y sólo puede ser presentada antes de la ejecutoria de la sentencia judicial, entendiéndose que la posterior activación sería inaceptable, puesto que la norma jurídica sospechada de inconstitucionalidad ya habría sido aplicada y el proceso constitucional de verificación de la compatibilidad o incompatibilidad sería un ejercicio inútil para el caso concreto.
Desde otra perspectiva, la naturaleza indirecta e incidental de la acción de inconstitucionalidad concreta, la constriñe a un caso particular, vinculando su existencia a la vigencia de ese caso, por ello cuando ese proceso ha concluido, la oportunidad de la activación, tramitación y resolución de esta acción se extingue, ya que cualquier resolución de constitucionalidad o inconstitucionalidad sería insulsa y hasta lesiva del sistema constitucional de distribución de funciones y competencias constitucionales, orden jurídico que debe ser respetado por autoridades judiciales y administrativas, ya que en materialización del principio de presunción de constitucionalidad previsto por las normas del art. 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), las autoridades actuaron conforme a las normas vigentes al momento de emitir su acto jurisdiccional o administrativo.
Respecto de la naturaleza jurídica y alcances de la acción de inconstitucionalidad, la SCP 1925/2012 de 12 de octubre, estableció lo siguiente: ”El constituyente le ha conferido al Tribunal Constitucional Plurinacional el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que entre sus finalidades tiene la de ejercer el control de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, control que se instrumenta a través de las acciones de inconstitucionalidad, sean en la vía abstracta o concreta, con carácter correctivo o a posteriori, con la finalidad de que este Tribunal someta las normas cuestionadas a un juicio de constitucionalidad para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los valores supremos, principios, fundamentales y normas de la Constitución Política del Estado.
De acuerdo a la previsión constitucional inserta en el art. 202.1 de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conocerá y resolverá en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; norma concordante con el art. 103 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que establece que la acción de inconstitucionalidad abstracta procederá contra toda ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales de carácter normativo que puedan resultar contrarias a la Constitución Política del Estado.
La acción de inconstitucionalidad, tiene como propósito expulsar del ordenamiento jurídico, toda norma que sea incompatible con la Constitución; en ese sentido, el art. 132 de la CPE, haciendo referencia de manera general a la acción de inconstitucionalidad, señala que toda persona, sea individual o colectiva, que se encuentre afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, tendrá derecho a interponer la acción de inconstitucionalidad, conforme a los procedimientos desarrollados para ese fin. Por su parte, el art. 133 de la CPE, prevé sobre los efectos de la inconstitucionalidad, la declaración de la inaplicabilidad de la norma impugnada, teniendo efectos erga omnes; es decir, surte plenos efectos respecto a todos.
(…) Respecto a los alcances del control normativo de constitucionalidad la jurisprudencia a través de la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado en la SC 0051/2005-R de 18 de agosto, manifestó que: ’…el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas‘’” (las negrillas nos corresponden).
De acuerdo con la jurisprudencia señalada, la acción de inconstitucionalidad concreta, es la vía de control de constitucionalidad que tiene como objeto, que el Tribunal Constitucional Plurinacional confronte la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición legal impugnada de inconstitucional con los principios valores y normas de la Constitución Política del Estado Plurinacional; en ese marco, la labor del Tribunal se circunscribe al examen de las disposiciones alegadas de lesivas a las normas y preceptos de la Norma Suprema, con el fin de establecer su constitucionalidad o inconstitucionalidad, y de ninguna manera realizar análisis alguno respecto al caso en concreto. Finalmente, en el control normativo de constitucionalidad, la facultad impugnativa está restringida únicamente a preceptos que cumplan con las características de normatividad, generalidad y abstracción, lo que significa la expresión de la potestad de enjuiciar una disposición normativa con abstracción de hechos concretos; así, la norma impugnada debe tener un ámbito de aplicación con alcance para toda la población y no así para determinadas personas, pero no así sobre normas con alcance particular destinadas a resolver un problema en concreto. Ante lo cual, la instancia constitucional aperturó esta vía de control, también para la revisión de los estatutos y cartas orgánicas, al comprender que cumple con los requisitos recientemente señalados, ya sea vía control previo de proyectos de estatutos o cartas orgánicas municipales; sin embargo, los mismos no quedan exentos de ser posteriormente sometidos a control de constitucionalidad ya por la aplicación o adjudicación de la norma a casos concretos o ya porque pudieran producirse normas constitucionales o supralegales que modifiquen el sistema normativo constitucional. En ese sentido, debemos enfatizar que el control previo de constitucionalidad de estatutos autonómicos y cartas orgánicas municipales no exime a que en la vigencia y consecuente aplicación de estos instrumentos normativos, puedan ser sometidos a control de constitucionalidad posterior, conforme al procedimiento y los mecanismos previstos en el Código Procesal Constitucional; aun cuando tales normas autonómicas no hubieran sido objeto de control previo de constitucionalidad; dado que en el Estado autonómico en el que se constituyó Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, la actividad legislativa y reglamentaria abstracta y general, ha sido distribuida también a los entes autonómicos, porque estos tienen facultades legislativas en ámbito de sus competencias propias, normas que también pueden ser sometidas al control de constitucionalidad dentro de los marcos y con las limitaciones de legitimación propias.
El Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0098/2018 de 12 de diciembre, respecto a esta temática, reunió varios de los fundamentos que fueron desarrollados a través de todo el proceso de implementación de autonomías, de manera que se tiene lo siguiente: “De acuerdo a lo establecido por el art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país’; en tal sentido, al disponer que Bolivia se constituye en un Estado con autonomías, se tiene que la Norma Suprema establece un diseño estructural basado en la distribución territorial del poder, que no radica en una simple descentralización del mismo, sino en una verdadera repartición de potestades a las entidades territoriales autónomas (ETA) a efectos de que las mismas cumplan con los fines propios del Estado en una relación más profunda con la población, dando lugar a la consolidación de gobiernos subnacionales, respetando el carácter preexistente de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes pueden ejercer su libre determinación y autogobierno conforme establece el art. 2 de la referida Norma Suprema.
Respecto a los postulados establecidos en el art. 1 de la CPE, la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, entendió que el referido precepto constitucional, en su primera parte, establece una cláusula normativa ‘…a través de la cual se ingresa en un nuevo modelo de Estado compuesto, cimentado en la distribución del poder político con base territorial, en el que se reconoce la existencia de distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora, según expresa el art. 272 de la CPE…’; a esto el referido fallo, sobre el art. 2 de la Norma Suprema, añade que: ‘…el refuerzo constitucional de la cláusula autonómica se encuentra en el art. 2 de la CPE, que reconoce el derecho a la autonomía y autogobierno de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, por tanto, en virtud de la cláusula autonómica prevista en los arts. 1 y 2 de la CPE, la orientación del nuevo Estado Plurinacional con autonomías tiende a descartar las tendencias centralistas y a profundizar en mayor grado y de manera progresiva y gradual, la cláusula autonómica, la misma que debe ser llevada a cabo siempre bajo el principio de unidad e integralidad del Estado’.
Por su parte, la SCP 2055/2012 de 16 de octubre, sobre el ya mencionado art. 1 de la CPE, hace referencia a las características del Estado Unitario, Comunitario y Plurinacional, señalando que éste se denomina: ‘…Estado Unitario, porque resguarda la integridad del territorio nacional y garantiza la unidad entre los bolivianos; asimismo, es Comunitario porque revaloriza las diversas maneras de vivir en comunidad, sus formas de economía, de organización social, política y la cultura. En este modelo de Estado se instituyen nuevos valores emergentes de la pluralidad y diversidad que caracteriza al Estado boliviano, entre ellos se predica, los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, mejor distribución de la riqueza con equidad.
Asimismo, al ser comunitario el Estado asume y promueve como principios éticos -morales, aquellos que rigen la vida en comunidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.
De la misma forma se erige como Estado plurinacional, reconociendo la condición de naciones a los pueblos indígena originario campesinos…’.
Sobre la repartición del poder en nuestro Estado con autonomías, debe considerarse que la misma se encuentra sustentada sobre una base territorial; en tal sentido, corresponde considerar que el art. 269.I de la CPE determina que: ‘Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos’, siendo esta la organización territorial considerada para la consolidación de los gobiernos autónomos subnacionales: departamental, municipal, indígena originario campesino y regional.
En ese sentido, corresponde precisar que cada uno de los gobiernos subnacionales señalados anteriormente, cuentan con particulares características en su constitución a partir del nuevo diseño estatal, así en el caso de los gobiernos departamentales, éstos se encuentran constituidos por una Asamblea Legislativa Departamental y un Órgano Ejecutivo, cuya máxima autoridad ejecutiva (MAE) es el Gobernador o Gobernadora; así lo establecen los arts. 277 y 279 de la CPE; por otra parte, los gobiernos municipales autónomos se encuentran constituidos por un Concejo Municipal y un Órgano Ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde, según establece el art. 283 de la misma norma constitucional.
Por su parte, las autonomías indígena originaria campesinas tienen una particular constitución, por cuanto estas ejercen su autogobierno de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias en armonía con la Constitución Política del Estado y la ley, de acuerdo a lo establecido en el art. 290.II de la CPE. Sobre éste tipo de autonomía cabe señalar que tiene como característica el ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos cuya población comparta territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas, de acuerdo a lo establecido en el art. 289 de la Norma Suprema.
Para el caso de la autonomía regional, a diferencia de los gobiernos autónomos citados anteriormente, estará constituida por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo conforme dispone el art. 281 de la CPE, por lo que en este caso, se tiene que la autonomía regional carece de facultad legislativa; al respecto, resulta importante distinguir a la región como espacio de planificación y gestión el cual es diferente a la autonomía regional, por cuanto la primera se trata de un espacio de gestión y la segunda se constituye en la consolidación de un gobierno regional con cualidad autónoma a iniciativa de los municipios que la integran, y que goza de igualdad de rango constitucional con las otras ETA, llegando a formar parte de la organización territorial del Estado; así lo establece el art. 280.I y III de la Norma Suprema.
Una de las grandes novedades que contempla esta estructura estatal establecida por la Norma Suprema, radica primordialmente en la distribución de la potestad legislativa a favor de cada uno de los gobiernos autónomos subnacionales; por lo cual se rompe el monopolio de un único Órgano emisor de leyes, distribuyéndose ésta facultad a cada ETA por competencias; así la jurisprudencia constitucional, mediante la SCP 1714/2012, estableció que: ‘…el régimen autonómico diseñado por el constituyente, crea entidades territoriales autónomas, con capacidad gubernativa dentro del ámbito de su jurisdicción y límites; es decir, capacidad legislativa, en determinados temas y materias, (…), en el entendido que la autonomía como una modalidad del Estado compuesto hace referencia a la distribución del poder político de forma limitada, de tal forma que la autonomía legislativa otorgada para determinadas competencias no exime que en otros temas existan tareas delegadas, esto dependerá de los límites impuestos por el constituyente a la competencia legislativa de las entidades territoriales autónomas, según las materias que se trate. A esta primera cualidad del diseño constitucional cabe subrayar, que la ruptura del monopolio legislativo del nivel central se asienta en el reconocimiento de la facultad legislativa dentro de sus ámbitos territoriales en igualdad de condiciones respecto de las diferentes entidades territoriales, con excepción de la autonomía regional, legislación que de conformidad con el art. 410 de la CPE, tiene un rango comparable a las leyes nacionales’.
Es en este nuevo ámbito organizativo estatal que la constitución de gobiernos autónomos subnacionales adquiere matices de los órganos del nivel central del Estado, mismos que son necesarios para garantizar su gobernabilidad; entre estos se encuentra la necesaria división inter-orgánica, que comprende la constitución de dos órganos que corresponden a las ETA, uno encargado de la ejecución y reglamentación de las normas respectivas, y otro ente de carácter representativo encargado de la emisión de leyes de índole subnacional, y asimismo del control o fiscalización de la ETA en razón del mismo carácter representativo que ostenta, en virtud del cual también ejerce facultad de deliberar sobre asuntos atingentes a la gobernanza.
De acuerdo a lo señalado anteriormente, conviene hacer referencia al principio de independencia y separación de órganos establecido en el art. 12.I de la CPE, el cual establece que: ‘El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos’; asimismo, el parágrafo III del mencionado precepto constitucional establece que: ‘Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí, disposiciones que si bien se encuentran dirigidas para Órganos del nivel central del Estado, se hacen extensibles a las relaciones entre órganos de las ETA; debido a que las facultades con las que estos cuentan, obliga a la necesidad de un establecimiento de pesos y contrapesos que permitan un equilibrio en el ejercicio del poder en cada nivel de gobierno.
Sobre el establecimiento de niveles de gobierno, corresponde señalar que entre los referidos gobiernos subnacionales, no opera jerarquía alguna, es decir que la extensión territorial que abarca la jurisdicción de una determinada ETA no implica que ésta tenga mayor jerarquía por cuanto cada una de éstas tiene igualdad de rango constitucional, así lo establece el art. 276 de la CPE, que dispone: ‘Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional’; no obstante de esta disposición, resulta pertinente señalar que todo este andamiaje arquitectónico constitucional se encuentra sometido al principio de unidad que no solamente rige a las ETA por mandato del art. 270 de la CPE, sino a todo el Estado boliviano conforme establece taxativamente el art. 1 de la Norma Suprema. Corresponde también hacer referencia que las autoridades de las ETA cuentan con distintas facultades para ejercer su autonomía, es así que el art. 272 de la CPE, establece que: ‘La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones’; no obstante de las facultades referidas en el referido precepto constitucional, corresponde señalar que los órganos legislativos de éstos niveles de gobierno también cuentan con facultad deliberativa en ejercicio de su mandato representativo, así se advierte de los arts. 277, 281 y 283 de la CPE, a lo que cabe aclarar que solo en el caso de la autonomía regional, su Asamblea Regional cuenta con facultad normativo-administrativa según el art. 281 de la Norma Suprema.
En ese sentido, resulta pertinente establecer que si bien nos encontramos ante un Estado compuesto, que tiene consolidados varios tipos de gobiernos autónomos, es importante reiterar que la estructura del mismo deberá entenderse siempre en el marco de la unidad e integralidad del mismo Estado; en tal razón, si bien se constituyeron ETA, debe tenerse presente en todo momento que la autonomía corresponde a dichas entidades estatales, pero no así con respecto a los espacios territoriales o más propiamente dicho con el suelo boliviano, en el cual, si bien distintas entidades territoriales ejercen jurisdicción de índole administrativo, de ninguna forma debe entenderse que el mismo se encuentra disgregado o fraccionado, lo cual implica que no puede entenderse la existencia de territorios autónomos; por cuanto, la autonomía es una cualidad propia de cada gobierno subnacional como tal y que no aplica a un espacio geográfico o territorio, debiendo en todo caso observarse el principio de unidad e integralidad que rige al Estado boliviano, así la SCP 1714/2012, estableció que: ‘…la orientación del nuevo Estado Plurinacional con autonomías tiende a descartar las tendencias centralistas y a profundizar en mayor grado y de manera progresiva y gradual, la cláusula autonómica, la misma que debe ser llevada a cabo siempre bajo el principio de unidad e integralidad del Estado’”.
La SCP 0060/2023 de 31 de julio, en cuanto al principio de independencia y separación de los órganos del poder público, señala lo que sigue: … por mandato del art. 12.I de la CPE…’El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos’; disposición constitucional que a su vez guarda coherencia con el art. 178.I de la misma Norma Suprema, cuando esta norma refiere que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de independencia.
La Carta Interamericana de Derechos, aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el vigésimo octavo periodo extraordinario de sesiones, desarrollado el 11 de septiembre de 2001, en Lima Perú, precisa en su parte considerativa que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. A su vez, dicho instrumento reconoce en su art. 3, como uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, la separación e independencia de los poderes públicos; lo cual denota la importancia de ambos aspectos para efectos de un adecuado funcionamiento el sistema democrático de los Estados miembros de la OEA…”. Por su parte, la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0001/2020 de 15 de enero, refiriéndose al modelo, estructura y funcionamiento de los Órganos del Poder Público en el Estado Plurinacional de Bolivia, establece lo siguiente: “…La Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, establece en su art. 1, que: ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país’. Por su parte, los Títulos I, II, III y IV de la Segunda Parte ‘Estructura y Organización Funcional del Estado’ de la Norma Suprema, instituyen cuatro Órganos del Poder Público: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, de manera que, en la estructura y funcionamiento del Estado, se mantiene la trilogía del constitucionalismo clásico, añadiendo la figura del Órgano Electoral. En tales circunstancias, el art. 7 de la CPE, instituye que: ‘La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible’ (las negrillas y el subrayado nos corresponden); de lo que se colige que la soberanía nacional se traduce en los Órganos del Poder Público, extremo que refrenda su existencia. En ese orden y en el marco de la caracterización contenida en el texto constitucional, Bolivia tiene un modelo de organización y estructura del Poder Público, que delega su ejercicio a los Órganos de Poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), separación que a su vez denota la voluntad del constituyente de evitar la concentración de poder y garantizar el sistema de frenos y contrapesos, para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos que forman parte del ente estatal; conforme a lo ya mencionado, dicha estructura del Poder Público, debe obedecer a una continuidad en el desenvolvimiento de sus funciones, para no quebrantar el precepto democrático, la soberanía nacional, la garantía de ejercicio de los derechos fundamentales, el ejercicio del Poder Público, así como el objetivo constitucional de separar las funciones de los Órganos del Poder Público. Aspectos que encuentran su asidero en lo dispuesto por el art. 12 de la CPE, que literalmente reza: “I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.
III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.
De otro lado, se debe considerar que un sistema, en sentido general, es un conjunto de reglas o principios sobre una materia, racionalmente enlazados entre sí (Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 2001, p.2073). El mismo concepto en el ámbito jurídico no es distante del anteriormente señalado, porque se entiende como un conjunto de principios, normas o reglas, lógicamente enlazados entre sí, acerca de una ciencia o materia, también es un conjunto ordenado y armónico que contribuye a una finalidad (Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, 1979, p.296). En ese orden de ideas y tratándose de un Gobierno, la acepción de sistema deriva en un conjunto de reglas y principios inherentes a la dirección o administración del Estado. Sobre el particular, el precitado art. 12 de la CPE, forma parte de la dogmática de la Ley Fundamental, introduce la parte orgánica de la Norma Suprema, aspecto que para una comprensión efectiva conforme al art. 3.8 del CPCo, cumple la función de ordenar el Poder Público, que en el caso de la Constitución Política del Estado Boliviana de 2009, conlleva un elemento sustancial y no menos relevante, a saber, la constitucionalización de principios fundantes o aquellos que rigen la organización del Poder Público. Nótese que la última nominación mencionada, supera la noción de “poder del Estado” y dota de una nueva concepción de estatalidad debido al cambio de la visión de poder, que ahora recae en el Estado, de ahí que el art. 12.I de la CPE, reconoce expresamente: ‘El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral…’. De lo antes referido, resulta evidente que la Norma Suprema, no plantea una idea de noción de poder sobre el Pueblo, sino de un poder creativo y constante del mismo; tanto así que en el cuarto párrafo del Preámbulo de la Constitución Política del Estado, queda claramente establecido que: ‘…Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…’; que en el art. 1 constitucional, se reconoce como característica esencial democrática. De ahí que, la organización y estructura del Poder Público y del Estado, deben dar validez y vigencia a la citada parte dogmática de la Ley Fundamental, lo que deriva necesariamente en una primera finalidad, la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, declarados y reconocidos por la propia Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; y en segunda instancia, que el Poder Público no puede quedar concentrado, porque de ser así es probable la emergencia de un impedimento para evitar la arbitrariedad y los abusos en su ejercicio.
La clásica teoría de Montesquieu, de división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mutó a la nomenclatura que la Constitución Política del Estado Boliviana, estableció para definir a los Órganos del Estado, como elementos de la organización y estructura del Poder Público, a manera de expresar una concepción biológica; es decir, compuesta por Órganos que a su vez conforman sistemas y éstos se agrupan en conjuntos o aparatos interrelacionados entre sí, bajo una visión holística orgánica que debe dar y mantener la vitalidad de un sistema único, que en términos sencillos resulta ser el aparato estatal fundado en una organización funcional. La misma visión se recoge desde la Constitución Estadounidense de 1787 y se mantiene vigente a través de la tradición constitucional mundial hasta nuestros días. Sin embargo, debe quedar claro que la triada clásica de poderes, en primer lugar, en la Constitución Política del Estado Boliviana, fue re significada a partir del reconocimiento que el Poder Público es único y que por tanto no puede haber división de poderes en el sentido clásico, ya que el poder es único e indivisible; es decir, lo que se divide son las funciones; y, en segundo término, que el reconocimiento de tres órganos no es limitante, porque, como en el caso boliviano, puede incluirse a otro, tal como el Órgano Electoral, que tiene un fin y función específicos, como franca manifestación de la pluralidad de los Poderes u Órganos, pero también de funciones y actividades. En Bolivia, la división de Órganos del Poder Público, tiene sentido a partir de una protección de los derechos fundamentales, de manera que la concentración del poder en un solo Órgano no derive en una conducta abusiva; se nutre de la idea de brindar seguridad y control, propone una estructura de contención del poder para proteger a las personas; de ahí que las funciones de los Órganos Públicos no pueden ser reunidas en un solo Órgano ni son delegables entre sí (art. 12.III de la CPE), sin que esto suponga que las funciones de un Órgano no sean delegables dentro del mismo, sino respecto a otro Órgano, evitando una sola voz de decisión sobre aspectos que la propia Constitución Política del Estado, encarga a Órganos concretos. Esta característica se originó en el Decreto Supremo de 13 de agosto de 1825, emitido por la Asamblea General de la República Representativa de Bolívar y se mantuvo en las reformas constitucionales de 1826 (arts. 9 y 10), 1831 (arts. 8 y 9), 1834 (arts. 8 y 9), 1851 (art. 27), 1868 (arts. 5 y 26), 1967 (art. 2) y 1994 (art. 2), a manera de independencia e imposibilidad de reunir en un mismo Órgano las funciones del Poder Público; mientras que en el mismo artículo de las Constituciones de 1839 (art. 17), 1871 (art. 34), 1878 (art. 37), 1880 (art. 37), 1938 (art. 3), 1945, 1947, 1961, únicamente se estableció la independencia. De igual forma, se debe considerar que en la historia constitucional se procedió a una simple delegación del ejercicio de la soberanía, sin mayores características, a la tríada clásica de poderes en las reformas constitucionales bolivianas de 1843 (art. 13) y 1861 (art. 19). En ese orden de ideas, el Informe de Minoría de la Comisión 4, de Estructura y Organización del Estado de la Asamblea Constituyente, sobre el contenido del art. 12 de la CPE, estableció en el parágrafo IV, que: ‘Las funciones del Poder, no pueden ser reunidas en un mismo órgano y su ejercicio es limitado, por lo que no podrán atribuirse otras facultades que las expresamente acordadas por esta Constitución y las Leyes de la República’; pero además, que: ‘El ejercicio del Poder Público se desarrolla principalmente a través de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, así como de las demás instituciones, establecidas por esta Constitución y las Leyes de la República, con el objetivo de cumplir las funciones del Estado y realizar sus fines’ (Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano. Tomo III, Volumen 1, p.497). Asimismo, en la Propuesta de Texto Constitucional de las Organizaciones que conformaron el Pacto de Unidad de mayo de 2007, se entendió respecto al art. 5.I, que: ‘…Las funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Social Plurinacional no podrán concentrarse en un solo órgano’. Así, resulta evidente que tanto en la tradición constitucional como en los documentos que forman parte del debate y trabajo de la Asamblea Constituyente, se mantuvo vigente la separación de los Órganos del Poder Público, con especial mención que tal condición supone que éstos no pueden atribuirse otras facultades que no estén expresamente acordadas por la Constitución Política del Estado y la Ley, que persigue o tiene por objetivo el cumplimiento de las funciones del Estado y la realización de sus 39 fines; y, con mayor importancia, que las funciones de los cuatro Órganos reconocidos expresamente por la Norma Suprema, no pueden concentrarse en un solo Órgano. Sobre el particular, se debe señalar que el art. 12 de la CPE, hace a la estructura y organización del Poder Público del Estado; cualquier disposición normativa debe respetar su contenido, lo que supone un impedimento tácito para modificar la organización de los cuatro Órganos del Estado, a objeto de reunir las funciones de éstos en uno solo ni que las funciones de un Órgano puedan ser delegadas a otro. A efectos de concretar la caracterización y estructura del Estado Plurinacional de Bolivia, conviene remarcar que el modelo de Estado Boliviano, si bien no contempla un reconocimiento expreso de su carácter constitucional; empero, a partir de las características de la Ley Fundamental, se desprende dicha naturaleza. Así, la jurisprudencia constitucional –de forma uniforme y reiterativa– a partir de la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, determinó que: “El modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado Constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también consagra de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en el art. 410.I de la CPE, señalando que: ‘Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución’, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…’” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original). De otro lado, resulta pertinente indicar que mediante Informe de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Estructura y Organización 40 del Nuevo Estado, de la Asamblea Constituyente, que dio a luz a la actual Constitución Política del Estado; se evidencia que en el Informe de Mayorías se consignó la voluntad expresa de dividir el Poder Público en cuatro Órganos, que en independencia y coordinación debían funcionar, a efectos de disgregar el Poder Público y asegurar control entre ellos. En su homólogo de Minoría, se estableció que la separación de las potestades públicas debían efectuarse en cuatro Órganos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Adicionalmente, este Informe enfatizó que tales Órganos hallan su razón de ser en el cumplimiento de las funciones del Estado y la persecución de sus fines. En tal sentido, a través del Informe de Mayorías de la Comisión de Visión del País, de igual fecha, se reconoció que los cuatro ‘poderes’ públicos son el resultado de la soberanía que emana del pueblo boliviano; asimismo, se estableció que no se puede concentrar funciones en ninguno de éstos, estableciendo así que tales potestades deben separarse. Mediante Informe Segundo de Minorías, de 17 de julio de 2007, se indicó que se debe limitar el poder político, en el marco de un Estado Constitucional Democrático de Derecho, en mérito a que dicho poder debe estar sujeto a la Constitución Política del Estado, debiendo existir separación de poderes y éstos deben encontrarse demarcados los unos de los otros.
Finalmente, a través de Informe de 13 de julio de 2007, la Comisión de Deberes, Derechos y Garantías de la Asamblea Constituyente, advierte que tanto en el Informe por Mayoría como en el de Minoría, se reconoció que el Estado tiene el deber de promover, proteger, difundir, promocionar y hacer vigentes los derechos, libertades y garantías de todas las personas que habitan en su territorio. En el Informe por Minoría, se entendió que se debe limitar todo poder político, para evitar arbitrariedad, siendo importante que Bolivia se constituya en una República, porque el poder debe separarse, limitarse y éste debe someterse a un orden constitucional. También el Informe por Mayoría, reconoció que se debe asegurar la constitucionalización de los Derechos Humanos para que los habitantes en el territorio nacional puedan hacer valer éstos frente al Estado; develando su intención de proteger a los ciudadanos en relación al aparato del poder político…”.
Consecuentemente, el principio de separación de funciones ha sido establecido como parte de nuestro sistema constitucional desde la primera Constitución Política del Estado. Actualmente el art. 12 de la CPE, consagra el principio de separación de funciones en reemplazo de la clásica teoría de la división de poderes e implica la distribución de competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder, de manera que esa distribución se constituye en una limitación para cada órgano de poder que sólo podrá ejercer aquellas potestades que forman parte de su competencia, evitando la concentración del poder en una misma persona u órgano, para garantizar la libertad, la dignidad y la seguridad de los ciudadanos, pues sólo así es posible dotar de funcionalidad y eficacia a la actividad estatal para el cumplimiento de sus fines; ello explica por qué la potestad legislativa está sometida al control de constitucionalidad; la potestad reglamentaria, administrativa y ejecutiva al control jurisdiccional de la justicia ordinaria, mientras que la potestad jurisdiccional, además de estar regulada por las leyes sancionadas por el poder legislativo, está controlada internamente por los recursos existentes en el ordenamiento jurídico y, en última instancia, a través del juicio de responsabilidad (SSCC 0009/2004 de 28 de enero; 0019/2005 de 7 de marzo; 075/2006 de 5 de septiembre; y, SSCCPP 0591/2012 de 20 de julio y 0686/2012 de 2 de agosto). Resulta necesario mencionar que la norma constitucional establece en su texto, diferentes medios de fiscalización, control y control social, así en cuanto a la fiscalización, el art. 158.17 de la CPE, reconoce la interpelación a iniciativa de cualquier asambleísta a las y los ministros de Estado individual o colectivamente, con posibilidad de acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea, la cual implica la destitución de la Ministra o del Ministro. En el caso de las entidades territoriales autónomas, los órganos deliberativos fiscalizan a los órganos ejecutivos de las autonomías departamentales (art. 277 CPE) y las autonomías municipales (art. 283 constitucional) pudiendo adoptar los medios correspondientes. Conforme a lo previsto por el art. 213 de la Norma Suprema, la Contraloría General del Estado, ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico, con facultad para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Finalmente, el control y participación social, señalado por el art. 241 de la norma constitucional, es atribuido al pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, respecto a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Consecuentemente, no existe órgano ni entidad o empresa pública o privada que administre recursos fiscales, que se encuentre exenta de alguna forma de fiscalización y control puesto que como se analizó en acápite anterior, la separación de funciones y el ejercicio de sus competencias normativamente atribuidas, es un principio constitucional que tiene por objeto evitar la concentración de poder político, de manera que asigna funciones a diferentes órganos para que se contrapesen y fiscalicen mutuamente (dimensión negativa), tal principio, a la luz del constitucionalismo positivo, ha sido enriquecido de manera que además, promueve la cooperación entre los órganos que intervienen en la consecución del interés público que es su objetivo común y en la que cada uno utiliza sus capacidades institucionales para lograrlo.
Con relación al diseño constitucional autonómico y la autonomía municipal, la SCP 2055/2012 de 16 de octubre, señaló lo siguiente: “…De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española autonomía significa ‘La potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios’. En el mismo sentido, el diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio establece que la autonomía comprende: ‘La potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios’. En el caso boliviano, la Constitución Política del Estado en su art. 272, define que ‘La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones’ (el resaltado es nuestro). El art. 275 de la misma norma fundamental establece que cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de estatuto o carta orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción constitucional (…). Asimismo, respecto a la autonomía municipal, la Norma Suprema en su art. 283, refiere que: ‘El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde’. A su vez el art. 284 de la CPE establece: ‘I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal. II. En los municipios donde existan naciones y pueblos indígena originario campesinos, que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. III. La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número de concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su ampliación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado según lo dispuesto por esta Constitución’. (…) Del marco constitucional señalado es posible concluir que la autonomía en Bolivia se encuentra diseñada como la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial -departamental, municipal, regional, indígena originario campesina-, cada una de ellas con rango constitucional e igualdad jerárquica entre las entidades territoriales autónomas. Con elección directa de sus autoridades, administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas, cuyo ejercicio se encuentra subordinado al marco de la unidad del Estado (las negrillas nos corresponden). De otro lado, cabe señalar que el Constituyente ha previsto, tanto a las cuatro entidades territoriales autónomas, como al nivel central, la distribución de competencias establecidas en un catálogo competencial que se encuentra desarrollado en los arts. 298 al 304 del texto constitucional...”. Prosiguiendo la citada SCP 2055/2012, al desarrollar los principios rectores del régimen autonómico, establecidos en el art. 270 de la CPE y el art. 5 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), establece al autogobierno como el derecho que tiene la ciudadanía que conforma las regiones, municipios y naciones y pueblos indígena originario campesinos, a dotarse de su propia institucionalidad gubernativa y elegir directamente a sus autoridades en el marco de la autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado como una fase avanzada de descentralización política; en la que, existen unidades territoriales dotadas con capacidad para ejercer las potestades legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora en los ámbitos de determinadas materias. Profundizando en el principio de autogobierno, se tiene entonces que la autonomía es inherente a la autoregulación; vale decir, que va más allá de administrarse por sí mismo, sino fundamentalmente, reconoce la capacidad para crear sus propias normas y gobernarse por sus propias autoridades; puesto que, los arts. 283 y 284.IV de la Ley Fundamental, así lo prevén (las negrillas son nuestras). En ese contexto, la construcción dogmática del principio de la autonomía municipal, adoptó originalmente una concepción tradicional vinculada a la necesaria existencia de una gestión efectiva e independiente de una serie de asuntos llamados locales; sin embargo, la doctrina jurídico-pública advierte que no existen asuntos locales por naturaleza y ofrece una nueva concepción que atribuye competencias desde la norma constitucional en relación con los asuntos de la comunidad local, así el art. 302 de la CPE, establece cuáles son las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción, entendiéndose que en dichas materias, ejercen con plena capacidad, la facultad de autogobierno.
El Gobierno Autónomo Municipal, se encuentra conformado por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde, entendiéndose que en el ejercicio de sus competencias, ambos órganos del Gobierno Autónomo Municipal, ejercen sus atribuciones en el marco del art. 12.I de la CPE; es decir, con independencia, separación, coordinación y cooperación. En términos generales, el art. 137 de la LMAD, establece que la fiscalización a los órganos ejecutivos es ejercida por los órganos deliberativos de cada gobierno autónomo. Los procedimientos, actos, informes y resultados de la fiscalización deben ser abiertos, transparentes y públicos. Por su parte, la Ley 483 reconoce en su art. 16 inc. 16), como atribución del Concejo Municipal, fiscalizar a la Alcaldesa o Alcalde, Secretarias o Secretarios y otras autoridades del Órgano Ejecutivo Municipal, sus instituciones y empresas públicas, a través de peticiones de informes escritos y orales, inspecciones y otros medios de fiscalización previstos en la normativa vigente. La misma norma legal, prevé también, que los estatutos o cartas orgánicas podrán instituir otros mecanismos de control y fiscalización en el marco de la ley emitida por el nivel central del Estado y de la competencia concurrente señalada en el art. 299.14 de la CPE. Resulta importante también mencionar que el citado art. 137.IV de la LMAD, prevé expresamente que ninguna norma de los gobiernos autónomos puede impedir el ejercicio de la fiscalización ni del control gubernamental, normativa que resulta coherente con el principio de separación de funciones.
En un sistema parlamentario, la elección de los poderes legislativo y ejecutivo se lleva a cabo de manera separada, y los procesos pueden variar según el país y su sistema específico. El Poder Legislativo, como el parlamento o asamblea legislativa, suele ser elegido por vocación popular en elecciones legislativas o generales. En muchas democracias parlamentarias, se utilizan sistemas de representación proporcional, lo que significa que los partidos políticos obtienen un número de escaños en el parlamento, proporcional a la cantidad de votos que reciben en las elecciones, los ciudadanos votan por partidos políticos o candidatos individuales, y los escaños se distribuyen en función a los resultados electorales; el poder legislativo es responsable de hacer leyes, supervisar al gobierno y representar los intereses de la población.
El poder ejecutivo, en el sistema parlamentario, generalmente está encabezado por un Primer Ministro o un Presidente de la República, el líder del partido mayoritario se convierte en Primer Ministro (en una monarquía parlamentaria) o el Presidente (en una república parlamentaria); en algunos casos, si ningún partido obtiene una mayoría clara, puede ser necesario formar una coalición de partidos para tener una mayoría parlamentaria y establecer un gobierno.
En resumen, en un sistema parlamentario, los ciudadanos eligen a los miembros del poder legislativo en elecciones legislativas; y posteriormente, el líder del partido mayoritario o de una coalición en el parlamento, forma el gobierno como el poder ejecutivo. Este sistema se basa en la interacción entre el parlamento y el ejecutivo, lo que permite una mayor supervisión y control del gobierno por parte del legislativo.
La interpelación y censura son dos herramientas importantes en un sistema parlamentario para mantener la responsabilidad y el control del poder ejecutivo por parte del legislativo; es decir, son figuras constitucionales de corte parlamentario, o una fórmula de interrelación de poderes, básicamente Ejecutivo y Legislativo, en que, el primero de los citados procede del segundo del Congreso concretamente, mediante la investidura. En este sistema, desde la elección de este último nace una posición de control del Parlamento al Gobierno, con diferentes medios que, en unos casos, corresponden a ambas Cámaras, como las comparecencias que consisten en preguntas escritas y orales (en Pleno y en Comisión) e interpelaciones.
La interpelación es un procedimiento mediante el cual, los legisladores pueden hacer preguntas y solicitar explicaciones al gobierno (miembros del poder ejecutivo, como ministros) sobre sus acciones y políticas, se utiliza para obtener información y aclaraciones sobre decisiones gubernamentales, políticas públicas o cualquier otro asunto de interés nacional. La censura se trata de una medida más drástica y se utiliza para expresar la falta de confianza en el gobierno. En un voto de censura el parlamento puede expresar su desaprobación al gobierno o a un miembro específico del gobierno (como un ministro). Si un voto de censura es exitoso, el gobierno puede verse obligado a dimitir, lo que lleva a la formación de un nuevo gobierno o la convocatoria a elecciones anticipadas.
En resumen, la interpelación se usa principalmente para obtener explicaciones y rendición de cuentas, mientras que la censura es un mecanismo más extremo que puede llevar a la caída del gobierno parlamentario. Ambos son importantes para el equilibro de poder en un sistema parlamentario y para garantizar que el ejecutivo sea responsable ante el legislativo y en última instancia, ante el pueblo.
Su aplicación varía entre los Estados, principalmente en cuanto al funcionario responsable y los efectos que produce la censura; países como España, Venezuela y Argentina, aplican la censura al Presidente del Gobierno, al Vicepresidente y al Jefe de Gabinete, respectivamente; y países como Colombia, Ecuador y Perú, reconocen la censura solo contra los Ministros de Estado; además, estos dos últimos, condicionan el alejamiento de los Ministros a la previa aceptación de la renuncia por el Presidente del Estado. En el marco del Estado constitucional, el principio de división de poderes es uno de los elementos necesarios, así en su manifestación tradicional aparece la triada del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con el objeto de evitar la concentración del poder en manos de uno, con la finalidad de que no hay un poder que domine.
En la fórmula constitucional de Bolivia, el Presidente del Estado no asume responsabilidad política con consecuencias sancionatorias ante el Órgano Legislativo, esto es, que, aunque tiene el deber de informar sus actos, el Legislativo no puede generar ninguna consecuencia, que no sean las previstas en la Constitución Política del Estado, en el marco de la división y separación de órganos, y tomando en cuenta que nuestro constituyente estructuró un sistema presidencialista; en el que, el Presidente es elegido directamente por los ciudadanos en una elección específica, y tiene poder ejecutivo independiente del poder legislativo; dado que, su elección no emana de aquel, sino del voto emitido en las urnas por el pueblo o soberano, que le deposita su confianza, de manera directa; por lo tanto, no es elegido por el parlamento, como en el solo y directamente responsable ante los ciudadanos que lo eligieron en las elecciones presidenciales. Y son los ministros, quienes asumen la responsabilidad de manera solidaria, recayendo en ellos, la responsabilidad del gobierno.
El Órgano Legislativo no es el primer poder, ni tiene preminencia sobre ninguno, y en contrapeso con el Ejecutivo son iguales, y por eso ningún control interórganos puede destituirlo, pues, la responsabilidad política nace de la confianza que se entrega a un servidor público para que desempeñe funciones públicas, de manera que su resultado es el retiro de la confianza que previamente se había depositado en el mismo; consecuentemente, solo se puede ser responsable frente a quien otorgó la misma.
En el contexto de la nueva visión constitucional, tal como se señaló precedentemente, se establece una división de los órganos ejecutivo y legislativo y la independencia entre ambos, no siendo posible la injerencia ni la subordinación del uno con relación al otro, al contrario, su relación es horizontal, habiéndose por ello, diseñado la interpelación y la censura únicamente de autoridades de rango inmediatamente inferior a la Presidenta o Presidente del Estado por parte del Órgano Legislativo. En ese entendido, conforme previene el art. 158.I.18 de la CPE, vinculado con el art. 12 constitucional, la interpelación y censura procederá solo contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la MAE; más tampoco resulta viable con relación a los demás funcionarios subalternos. Sobre la interpelación y la censura a ministras y ministros del Estado, la SCP 0020/2023 de 5 de abril, estableció lo siguiente: “Instituida como una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el numeral 18 del parágrafo I del art. 158 de la CPE, establece: “I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: 18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro”.
En la comprensión de la citada atribución conferida al Órgano Legislativo -Asamblea Legislativa Plurinacional-, respecto al término ‘interpelación’, el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, en la acepción propia del Derecho Político, señala: ‘…es la facultad que tienen las Cámaras Legislativas para requerir de un ministro que informe acerca de ciertos actos de gobierno o para que aclare aspectos de la política en general. Según Duguit, representa el medio más eficaz de ejercer el Poder Legislativo su control sobre el Poder Ejecutivo’.
Así, como resultado de las explicaciones que sobre un determinado asunto hayan sido informadas por la ministra o el ministro de Estado en su interpelación -según fue diseñado por las y los asambleístas constituyentes- la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá determinar otorgarle su ‘voto de confianza’ -expresión que, siguiendo al citado autor, se manifiesta en la ‘Aprobación que las cámaras legislativas dan a un gobierno al presentarse ante ellas, como demostración de contar inicialmente con el apoyo de la mayoría’ y/o la ‘Ratificación de tal seguimiento ante cualquier cuestión concreta planteada en el Parlamento y a favor del gobierno’-. O, caso contrario, de no considerar satisfactorio, suficiente o justificado, el informe depuesto por la autoridad interpelada, el señalado Órgano deliberante nacional acordará la censura de la ministra o ministro por dos tercios de sus miembros, ‘voto de censura’ que -en el sentido anotado en el citado Diccionario Jurídico- señala que: ‘En las asambleas parlamentarias o en las asociaciones, el que los representantes o miembros de aquéllas o éstas aprueban para negar su confianza al gobierno, a su presidente o a la junta directiva. En buenos principios, obliga a la dimisión o renuncia de los desaprobados’.
Al respecto, en control previo de constitucionalidad sobre estatutos y cartas orgánicas de las entidades territoriales autónomas, el Tribunal Constitucional Plurinacional hizo referencia al instituto de la interpelación y censura de ministras y ministros de Estado, a tiempo de analizar disposiciones preceptivas sobre el control de los órganos deliberantes autónomos respecto a funcionarias y funcionaros dependientes del órgano ejecutivo de las gobernaciones departamentales y municipales. Así, en lo pertinente a la problemática que ocupa los fundamentos de este fallo constitucional, con relación al art. 158.I.18 de la CPE, vinculado al art. 12 constitucional, se razonó que en el contexto de la nueva visión constitucional, se establece una división de los órganos ejecutivo y legislativo y la independencia entre ambos, no siendo posible la injerencia ni la subordinación del uno con relación al otro, habiéndose por ello diseñado la interpelación y censura únicamente de autoridades de rango inmediatamente inferior a la presidenta o presidente del Estado, por parte del Órgano Legislativo.
(…) De todo lo esbozado, se entiende que la interpelación a las ministras y los ministros de Estado, como un juicio sumario de connotación eminentemente política, tiene por objeto que la autoridad interpelada del Órgano Ejecutivo, preste informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre uno o más asuntos en concreto respecto al ejercicio de sus funciones y atribuciones; por lo mismo, siendo el cuestionamiento de orden político -tanto por la instancia que promueve la interpelación, que es un órgano de poder político, como por los motivos de ésta, que se traduce en observaciones de conformidad o disconformidad en el -mal o buen- desempeño de las actuaciones de la persona a cargo de una Cartera de Estado, e inclusive, la susceptibilidad sobre una eventual responsabilidad administrativa, civil, ejecutiva o penal-, la interpelación no tiene un fin sancionatorio en sí mismo, (en términos que impliquen la aplicación de una pena); pues si bien puede derivar en la censura de la autoridad interpelada y su destitución, dicha consecuencia emerge de la manifestación de desacuerdo y veto de confianza sobre la conducción del Ministerio en cuestión respecto a uno o determinados asuntos; por lo que, se asume que la autoridad interpelada no es lo suficientemente solvente en justificar la conducción de la Cartera de Estado, o que sus resultados no satisfacen las aspiraciones en la conducción política de ésta.
Precisamente por ello, es que siendo la finalidad de la interpelación obtener y valorar el informe de la autoridad ministerial interpelada, a fin de verificar si ésta es depositaria de la confianza de la población -representada en la Asamblea Legislativa Plurinacional- para el ejercicio de sus funciones respecto a un asunto o varios en concreto; por lo mismo, no tiene por objeto -propiamente- establecer, ni mucho menos juzgar, eximir ni sancionar responsabilidades administrativa, civil, penal o ejecutiva; las que de existir, derivarán, en su caso, en la apertura de procesos en las instancias jurisdiccionales respectivas, donde corresponde su sustanciación, dilucidación y resolución correspondiente.
En ese sentido, se concluye entonces que al ser la finalidad de la interpelación de una ministra o ministro de Estado, verificar si en la representación popular de la Asamblea Legislativa Plurinacional, existe o no confianza en el desempeño de sus funciones sobre uno o varios asuntos en concreto desarrollados en la Cartera de Estado que dirige, en el caso que el Órgano Legislativo le otorgue su voto de confianza, podrá mantenerse en la titularidad del Ministerio en cuestión; y, caso contrario, de optar la Asamblea por un voto de censura, -conforme se dispone en el art. 158.I.18 de la CPE-, dicha decisión ‘implica’ su destitución, la misma que por mandato de ese dispositivo constitucional opera a la vez que se determina la censura; y, -siguiendo la prelación de jerarquía normativa señalada en el art. 410 de la Norma Fundamental-, la destitución de la ministra censurada o del ministro censurado se efectiviza mediante una resolución de igual rango a la que dispuso su designación, -es decir, a través de un decreto presidencial-, por no ser la sola resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional equivalente a la señalada resolución expedida por el titular del Órgano Ejecutivo.
Finalmente, cabe enfatizar que tras la censura de la autoridad ministerial, por haber faltado o quebrantado la confianza del soberano -representado en el Órgano Legislativo- con relación a un hecho o varios en concreto, la destitución del cargo como titular de la Cartera de Estado supone su insolvencia política para seguir liderando el manejo de las actuaciones gubernamentales observadas, siendo aquella la causa de su apartamiento”.
La fiscalización como mecanismo para controlar y supervisar los actos del Órgano Ejecutivo no conlleva la facultad sancionatoria, considerando que la misma deberá imponerse en el marco de un debido proceso.
Por último, el citado fallo constitucional, estableció que siendo la finalidad de la interpelación, obtener y valorar el informe de la autoridad ministerial interpelada, a fin de verificar si esta es depositaria de la confianza de la población –representada en la Asamblea Legislativa Plurinacional– para el ejercicio de sus funciones respecto a un asunto o varios en concreto; por lo mismo, no tiene por objeto –propiamente– establecer, ni mucho menos juzgar, eximir ni sancionar responsabilidades administrativa, civil, penal o ejecutiva; las que de existir, derivarán, en su caso, en la apertura de procesos en las instancias jurisdiccionales respectivas, donde corresponde su sustanciación, dilucidación y resolución correspondiente.
La Constitución Política del Estado en nuestro país, ha consagrado este instrumento de control interórganos, con esenciales diferencias del aplicado en el sistema parlamentario, dada la distinta naturaleza en la forma de gobierno que impera en el país, como es la democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, y nuestro Estado se organiza y estructura su poder público, a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, organización fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos; las funciones de los órganos públicos no pueden estar reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Así, en el art. 158.I de la CPE establece entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el punto 18 Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro. Sin embargo, la misma, se encuentra consagrada en exclusivo como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para aplicarla sobre las Ministras o Ministros de Estado; más no existen ninguna previsión constitucional ni legal que haga extensiva u obligue a su aplicación a los gobiernos autónomos subnacionales.
No debe perderse de vista que de acuerdo a lo previsto por el art. 1 de la CPE, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, y se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país, en tal sentido, al disponer que Bolivia se constituye en un Estado con autonomías, se tiene que la Norma Suprema establece un diseño estructural basado en la distribución territorial del poder, que no radica en una simple descentralización del mismo, sino en una verdadera repartición de potestades a las entidades territoriales autónomas a efectos de las mismas cumplan con los fines propios del Estado en una relación más profunda con la población dando lugar a la consolidación de gobiernos subnacionales, respetando el carácter preexistente de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes pueden ejercer su libre determinación y autogobierno conforme establece el art. 2 de la referida Norma Suprema. En ese mismo orden, respecto a los postulados contenidos en el mismo art. 1 de la CPE, se establece una cláusula normativa, a través de la cual, se evidencia que Bolivia ingresa en un nuevo modelo de Estado compuesto, cimentado en la distribución del poder político con base territorial, en el que se reconoce la existencia de distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora, según establece el art. 272 de la CPE. En ese sentido, cada uno de los gobiernos subnacionales, como son el departamental, municipal, indígena originario campesino y regional, cuentan con particulares características en su constitución a partir del nuevo diseño estatal, así los gobiernos municipales autónomos se encuentran constituidos por un Concejo Municipal y un Órgano Ejecutivo presidido por la Alcaldesa o al Alcalde, según establece el art. 283 de la misma norma constitucional. De lo señalado, es posible concluir que una de las grandes novedades que contempla la nueva estructura estatal establecida por la Norma Suprema, radica principalmente en la distribución de la potestad legislativa a favor de cada uno de los gobiernos autónomos subnacionales; por lo cual, se rompe el monopolio de un único Órgano emisor de leyes, distribuyéndose esta facultad a cada ETA por competencia.
Por lo mismo, ambos instrumentos, como son la interpelación y la censura, consagrados por la Constitución Política del Estado; de ningún modo pueden ser aplicados directamente a los gobiernos autónomos; dado que, tal como se explicó precedentemente, cada gobierno subnacional se sujeta a su propia autonomía y dentro de ese marco, éstos podrán elaborar sus propias normas autonómicas en sujeción a la Constitución Política del Estado; aunque si pueden usar como pautas de legislación, aplicable a su competencia. De la revisión del antecedente normativo sobre este instrumento jurídico, es posible verificar su preexistencia a través del voto constructivo de censura, que se encontraba previsto por el art. 201.II de la Constitución Política del Estado abrogada, en cuyo tenor disponía: “II. Cumplido por lo menos un año desde la posesión del Alcalde que hubiese sido elegido conforme al párrafo VI del artículo 200º, el Concejo podrá censurarlo y removerlo por tres quintos del total de sus miembros mediante voto constructivo de censura siempre que simultáneamente elija al sucesor de entre los Concejales. El sucesor así elegido ejercerá el cargo hasta concluir el período respectivo. Este procedimiento no podrá volverse a intentar sino hasta cumplido un año después del cambio de un Alcalde, ni tampoco en el último año de gestión municipal”. Concordante con dicha normativa, la Ley 2028 de 28 de octubre de 1999, denominada Ley de Municipalidades; previó lo siguiente: “Artículo 50°.- (Voto Constructivo de Censura)
I. El Alcalde Municipal, electo conforme al parágrafo VI del Artículo 200° de la Constitución Política del Estado, podrá ser removido mediante Voto Constructivo de Censura. II. La Censura Constructiva, como medida de excepción, se produce cuando el Concejo Municipal ha perdido la confianza en el Alcalde Municipal. III. La Censura Constructiva produce la remoción del Alcalde. Los procesos de responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal se sujetarán a lo previsto por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos.
Artículo 51°.- (Proceso Previo) El mecanismo de remoción del Alcalde Municipal por voto constructivo de censura, se sujetará al siguiente procedimiento: 1. Cumplido al menos un (1) año de gestión del Alcalde Municipal, computable desde su posesión, podrá proponerse su cambio mediante moción constructiva de censura, siempre y cuando la propuesta esté motivada, fundamentada y firmada, por al menos un tercio de los concejales en ejercicio; 2. La moción de censura será presentada al Concejo Municipal, por conducto de su Presidente, debiendo ser publicada y notificada al Alcalde Municipal, proponiendo simultáneamente el nombre del candidato a Alcalde sustituto;
3. El Concejo en el plazo de 24 horas, sin trámite previo, rechazará dicha moción por incumplimiento de cualesquiera de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente Artículo; 4. La moción admitida no podrá ser votada por el pleno del Concejo, sino hasta que hayan transcurrido siete (7) días hábiles desde su presentación y su respectiva publicación;
5. Transcurridos los siete (7) días de presentada la moción de censura y el nombre del candidato a Alcalde sustituto, el Concejo sesionará públicamente en la sede oficial de sus funciones y si votara a favor de dicha moción, debe hacerlo por tres quintos del total de sus miembros. El Alcalde así electo, será posesionado inmediatamente por el Presidente del Concejo. Si el voto de censura es afirmativo, éste procedimiento no podrá volverse a intentar sino hasta cumplido un año después del cambio de Alcalde;
6. En la ausencia de un Concejal Titular, su suplente participará en la sesión, previa autorización escrita del titular; 7. La sesión que trate la moción de censura, contará con la presencia de un vocal acreditado por la Corte Departamental Electoral a objeto de verificar los requisitos y el procedimiento establecido por la presente Ley; 8. Para la aplicación del Artículo 201°- II de la Constitución Política del Estado, los tres quintos del total de miembros del Concejo se calcularán redondeando al número entero superior;
9. Este procedimiento no podrá ser planteado en el quinto año de gestión municipal; 10. Será nula toda actuación que no cumpla el procedimiento antes señalado; y 11. El Alcalde removido reasumirá sus funciones de Concejal durante el resto del período municipal”. Las normas glosadas precedentemente sobre el voto de censura constructiva, han sido retiradas a tiempo de la construcción del ordenamiento constitucional y jurídico vigentes, habida cuenta que durante el tiempo de su aplicación, generaron inestabilidad institucional y debilitaron las instituciones pilares de la democracia, pero además porque resultan contrarias al resguardo a los principios de autonomía y separación de funciones; pues como se explicó precedentemente, se trataba de un procedimiento propio de regímenes parlamentarios con primacía sobre el ejecutivo, o de cuerpo colegiado, que de cierto grado quiso asemejarse a la revocatoria de mandato, propio de uno de los rasgos de la democracia directa, solo que en este caso, no son los mandantes primarios, sino los pares. Lo lógico es que el Alcalde o sus funcionarios respondan por la administración y sus resultados, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, a los procesos administrativos, ejecutivos, civiles o penales que se pueden abrir contra estos, impidiendo que como pretendía el voto constructivo de censura, reducir su gestión municipal, haciéndoles perder la perspectiva del desarrollo económico sostenible, atentando contra la frágil capacidad de gestión, generando inestabilidad laboral; además, de la alta rotación de personal, provocando que los esfuerzos en capacitación de los funcionarios, ya sea a través de procesos formales, de asistencia técnica y de elaboración de documentos técnicos operativos y/o implementación de sistemas administrativos, continuamente resulten ser ineficientes, y rompan con el principio de continuidad administrativa. A más de ello, se otorgaba a un órgano par, como es el Concejo Municipal, la posibilidad de desestabilizar los gobiernos municipales o encontrar espacios para negociar espacios de poder, más que para garantizar la eficiencia y transparencia del uso de los recursos municipales. Los extremos señalados, dieron paso a la reforma de los arts. 200 y 201 de la CPE; así como, de los arts. 50 y 51 de la Ley 2028; haciendo que el voto constructivo de censura, sea superado a través de la forma de elección de los Alcaldes y Concejales, y a partir de ello, cada quien ocupe el lugar para el que fue elegido, otorgando mayor gobernabilidad a los municipios. Sobre el particular, la DCP 0001/2013 de 12 de marzo, estableció el siguiente entendimiento: “El art. 12.I de la CPE señala que ‘El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos’ (las negrillas corresponden al texto original). En ese mismo marco, el art. 12.II de la LMAD señala que ‘La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos’ (las negrillas corresponden al texto original). En el marco del Fundamento Jurídico III.4 de este fallo, ‘Forma de Gobierno’, se debe señalar que una óptima separación de facultades y funciones debería estar acompañada con la separación de administraciones, cuestión que deberá ser construida de manera progresiva y paulatina de acuerdo a la realidad y necesidad de cada municipio. Sin embargo, se debe evitar las prácticas discrecionales respecto de las sanciones que anteriormente los Concejos Municipales aplicaban a los Alcaldes, pues actualmente estos últimos gozan de una legitimidad cualitativa basada en la elección directa de los mismos, cuestión que los hace diferentes respecto del marco jurídico preconstitucional caduco de la Ley de Municipalidades. Recordemos que el art. 50 de la LM, incluso regulaba la figura del ‘Voto Constructivo de Censura’ que establecía que: ‘I. El Alcalde Municipal, electo conforme al parágrafo VI del Artículo 200° de la Constitución Política del Estado, podrá ser removido mediante Voto Constructivo de Censura. II. La Censura Constructiva, como medida de excepción, se produce cuando el Concejo Municipal ha perdido la confianza en el Alcalde Municipal. III. La Censura Constructiva produce la remoción del Alcalde. Los procesos de responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal se sujetarán a lo previsto por la Ley Nº-1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos’. Dicho artículo y su procedimiento establecido en el art. 51 de la LM, al no responder al nuevo modelo de Estado, fue derogado por las Disposiciones Derogatorias de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización ‘Andrés Ibañez’. Ello no significa que los Alcaldes quedan exentos de sanciones, pues el Concejo Municipal deberá encontrar los mecanismos necesarios que acompañen la facultad fiscalizadora que desempeñan, y deberán acudir a las instancias competentes para que estas sean las que vayan a sancionar al Alcalde respecto de sus faltas. Recordemos que el art. 108.8 de la Norma Suprema, señala como deber de los bolivianos ‘Denunciar y combatir todos los actos de corrupción’, para lo cual la norma constitucional ha establecido mandatos que permite contar al Estado con una fuerte y determinante política anticorrupción, entre estos mandatos están la retroactividad de la ley en casos de corrupción, la creación de la Procuraduría General del Estado, el Control y Participación Social, la nueva distribución competencias que establece al ‘Sistema de Control Gubernamental’ como competencia concurrente, permitiendo a las entidades territoriales autónomas implementar instancia de control gubernamental, sin perjuicio del control ejercido por la Contraloría General del Estado (arts. 299.II.14 CPE y 137.III de la LMAD). En ese nuevo contexto, y en el marco de la facultad fiscalizadora que el Concejo Municipal puede ejercer sobre cualquier acto del órgano ejecutivo, podrá elaborar una ley de fiscalización municipal, en la cual se establezcan sanciones homólogas para todas las autoridades electas del gobierno autónomo municipal, que vayan por ejemplo desde descuentos salariales, llamadas de atención, entre otros, pero teniendo como límite de las sanciones la destitución de las autoridades electas en el marco del art. 28 de la norma constitucional que señala que el ejercicio de los derechos políticos se suspenden previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida. Los concejos municipales tienen el mandato de ejercer su facultad fiscalizadora, en el marco de la separación de órganos, lo que implica diseñar el marco normativo e instrumentos necesarios a fin de que se substancien y canalicen los procesos a las instancias correspondientes. Ello en el afán de evitar posicionamientos discrecionales que respondan a intereses personales, coyunturales o alianzas políticas por intereses circunstanciales, motivo por el que ha sido derogada quedando fuera del marco jurídico, la figura del voto constructivo, que se sustentaba en un mecanismo administrativo de substanciación. La observación a este artículo no tiene el propósito de dejar sin responsabilidades a la máxima autoridad ejecutiva del gobierno municipal, sino todo lo contrario, pues todas las autoridades electas, de ambos órganos deben estar sometidas a sanciones homólogas establecidas por una ley municipal, y no a sanciones que respondan a circunstancias. La observación a este artículo se fundamenta en el respeto al voto del ciudadano, al respeto al principio democrático, al principio de igualdad e independencia de órganos, al principio de reciprocidad, y al respeto del ejercicio de los derechos políticos, pero también a la gobernabilidad de un gobierno autónomo municipal”.
En el caso del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, por Ley Autonómica Municipal 27/14 de 10 de abril de 2014, Ley del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, el mecanismo de fiscalización al Ejecutivo, se encuentra establecido por los arts. 151 al 166, en cuyo tenor prevén que la tarea de fiscalización de las concejalas o concejales no está sujeta a ningún tipo de prelación en la utilización de instrumentos y mecanismos contenidos en el Reglamento. Así, el art. 151, establece como mecanismo de fiscalización, a las peticiones de informes, por las que las y los Concejales o el pleno del Concejo, requieren informe escrito u oral al Alcalde y por su intermedio, a los servidores públicos del Órgano Ejecutivo Municipal; así como, a los Gerentes, Directores y ejecutivos en las entidades en las que tenga participación el Gobierno Autónomo Municipal, sobre asuntos de su competencia, las que deben ser respondidas en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de su recepción.
A partir del art. 161 se encuentra regulada la facultad interpelatoria del Concejo Municipal; por la cual, uno o varios concejales o concejalas en ejercicio, pueden plantear ante el Pleno del Concejo Municipal, la interpelación al Alcalde o Alcaldesa Municipal, servidores públicos municipales o directores o gerentes de las empresas municipales o entidades en las que el gobierno municipal tenga participación, sobre temas de su competencia. Tal procedimiento de fiscalización, puede culminar con una orden del día pura y simple que no produce efecto alguno o con una orden del día motivada, que importa la censura o el voto de confianza.
En caso de votarse por la censura, debe expresar los temas observados y contener una recomendación de cambio de política en el Órgano Ejecutivo Municipal por votación de dos tercios del total de los miembros del Concejo. En ese orden, la DCP 0001/2013, señala lo siguiente: “El art. 12.I de la CPE señala que ‘El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos’. En ese mismo marco, el art. 12.II de la LMAD señala que ‘La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos’. En el marco del Fundamento Jurídico III.4 de este fallo, ‘Forma de Gobierno’, se debe señalar que una óptima separación de facultades y funciones debería estar acompañada con la separación de administraciones, cuestión que deberá ser construida de manera progresiva y paulatina de acuerdo a la realidad y necesidad de cada municipio. Sin embargo, se debe evitar las prácticas discrecionales respecto de las sanciones que anteriormente los Concejos Municipales aplicaban a los Alcaldes, pues actualmente estos últimos gozan de una legitimidad cualitativa basada en la elección directa de los mismos, cuestión que los hace diferentes respecto del marco jurídico preconstitucional caduco de la Ley de Municipalidades. Recordemos que el art. 50 de la LM, incluso regulaba la figura del ‘Voto Constructivo de Censura’ que establecía que: ‘I. El Alcalde Municipal, electo conforme al parágrafo VI del Artículo 200° de la Constitución Política del Estado, podrá ser removido mediante Voto Constructivo de Censura. II. La Censura Constructiva, como medida de excepción, se produce cuando el Concejo Municipal ha perdido la confianza en el Alcalde Municipal. III. La Censura Constructiva produce la remoción del Alcalde. Los procesos de responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal se sujetarán a lo previsto por la Ley Nº-1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos.’ Dicho artículo y su procedimiento establecido en el art. 51 de la LM, al no responder al nuevo modelo de Estado, fue derogado por las Disposiciones Derogatorias de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización ‘Andrés Ibáñez’. Ello no significa que los Alcaldes quedan exentos de sanciones, pues el Concejo Municipal deberá encontrar los mecanismos necesarios que acompañen la facultad fiscalizadora que desempeñan, y deberán acudir a las instancias competentes para que estas sean las que vayan a sancionar al Alcalde respecto de sus faltas. Recordemos que el art. 108.8 de la Norma Suprema, señala como deber de los bolivianos ‘Denunciar y combatir todos los actos de corrupción’, para lo cual la norma constitucional ha establecido mandatos que permite contar al Estado con una fuerte y determinante política anticorrupción, entre estos mandatos están la retroactividad de la ley en casos de corrupción, la creación de la Procuraduría General del Estado, el Control y Participación Social, la nueva distribución competencias que establece al ‘Sistema de Control Gubernamental’ como competencia concurrente, permitiendo a las entidades territoriales autónomas implementar instancia de control gubernamental, sin perjuicio del control ejercido por la Contraloría General del Estado (arts. 299.II.14 CPE y 137.III de la LMAD). En ese nuevo contexto, y en el marco de la facultad fiscalizadora que el Concejo Municipal puede ejercer sobre cualquier acto del órgano ejecutivo, podrá elaborar una ley de fiscalización municipal, en la cual se establezcan sanciones homólogas para todas las autoridades electas del gobierno autónomo municipal, que vayan por ejemplo desde descuentos salariales, llamadas de atención, entre otros, pero teniendo como límite de las sanciones la destitución de las autoridades electas en el marco del art. 28 de la norma constitucional que señala que el ejercicio de los derechos políticos se suspenden previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida. Los concejos municipales tienen el mandato de ejercer su facultad fiscalizadora, en el marco de la separación de órganos, lo que implica diseñar el marco normativo e instrumentos necesarios a fin de que se substancien y canalicen los procesos a las instancias correspondientes. Ello en el afán de evitar posicionamientos discrecionales que respondan a intereses personales, coyunturales o responda a alianzas políticas por intereses circunstanciales, ha sido derogado y fuera del marco jurídico la figura del voto constructivo, que se sustentaba en un mecanismo administrativo de substanciación. La observación a este artículo no tiene el propósito de dejar sin responsabilidades a la máxima autoridad ejecutiva del gobierno municipal, sino todo lo contrario, pues todas las autoridades electas, de ambos órganos deben estar sometidas a sanciones homólogas establecidas por una ley municipal, y no a sanciones que respondan a circunstancias. La observación a este artículo se fundamenta en el respeto al voto del ciudadano, al respeto al principio democrático, al principio de igualdad e independencia de órganos, al principio de reciprocidad, y al respeto del ejercicio de los derechos políticos, pero también a la gobernabilidad de un gobierno autónomo municipal”.
Con relación a la interpelación y censura en materia municipal, la DCP 009/2014 de 25 de febrero, estableció lo siguiente: “…la interpelación y censura, sólo procederá contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva y de ningún modo a los demás funcionarios (…) no corresponde que un órgano independiente y jerárquicamente igual respecto del otro, sancione a los funcionarios objeto de interpelación…”. En ese mismo sentido la DCP 0042/2014 de 25 de julio, que expresó: “En ese contexto, la aplicación de ambas figuras relativas al cuestionamiento de las funciones públicas de los servidores de mayor jerarquía, afecta al principio de independencia y separación de órganos, que prevé el art. 12.I de la CPE, así como a la garantía jurisdiccional contemplada en el art. 117.I de la misma Ley Fundamental, puesto que sin someter a un debido proceso, a la luz del régimen de la responsabilidad por la función pública, estos funcionarios podrían ser objeto de destitución, peor aún si se trata de personal técnico que no puede someterse a un juicio político. En ese entendido la interpelación y censura, solo procederá contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva y de ningún modo a los demás funcionarios. Finalmente debe tenerse presente que la fiscalización como mecanismo para controlar y supervisar los actos del órgano ejecutivo no conlleva la facultad sancionatoria, considerando que la misma deberá imponerse en el marco de un debido proceso. En el caso de los gobiernos autónomos departamentales, los servidores públicos jerárquicos inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva, son las secretarias o secretarios departamentales, quienes podrán ser objeto de interpelación y censura, pero no podrán ser destituidos. Consiguientemente el inciso en análisis resulta incompatible en cuanto a la frase: ‘La censura implicará la destitución de la Secretaria o del Secretario Departamental’”. En conclusión, la interpelación y censura solo procede contra las autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva y no así a todos los servidores públicos en general; debido a que, estos últimos al ser personal técnico, para la determinación de alguna sanción, deben ser sometidos a un debido proceso conforme establece el art. 117.I de la Norma Suprema, atendiendo la independencia y separación de órganos que prescribe el art. 12.I de la CPE. El criterio anteriormente señalado, fue complementado por la DCP 0070/2017, que expuso el siguiente entendimiento: “…se incluye en los alcances de este juicio político, a los Directores del órgano ejecutivo, cuyo personal siendo básicamente operativo, no está a cargo de la dirección de las políticas públicas sectoriales del gobierno municipal, tarea reservada a los Oficiales Mayores, que al igual que un ministro de estado, pueden responder ante el órgano legislativo, que en esencia es un órgano político y ante el cual se da cuenta de la dirección y gestión de dichas políticas públicas, las que solo emanan de ese órgano de gobierno…”. Finalmente en las DDCCPP 0215/2015 y 0070/2017, se estableció que los servidores públicos de libre nombramiento, no pueden ser objeto de dicho mecanismo de fiscalización, que como se tiene dicho, se aplica solo con relación a las y los servidores públicos “designados”, dada la naturaleza de sus funciones referido a la capacidad de decisión en la administración de la cosa pública.
A través de esta acción normativa se denuncia la inconstitucionalidad de los arts. 6 incs. o), p) y q); 133 inc. i) y 161 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado mediante Ley Autonómica Municipal 27/14 de 11 de abril de 2014, por ser presuntamente contrarios a los arts. 116.II, 117.I y 283 de la CPE.
Se reclama que en el Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, no solo se encuentra legislada la interpelación, la censura y la imposición de una sanción producto de la misma, sino también, el establecimiento de responsabilidad y la destitución de funcionarios del Órgano Ejecutivo Municipal, estableciéndose igualmente que, la decisión que se adopta como resultado de una interpelación, es inexcusable, motivo por el que, dicha norma sería excesiva y no se encuadra al principio de sujeción al orden jurídico vigente; además, la destitución de funcionarios del Ejecutivo, desnaturaliza el rol de fiscalización del Concejo Municipal y constituye una potestad excesiva incompatible con los valores supremos, principios fundamentales y normas de la Constitución Política del Estado.
Añadió que ni el art. 16 inc. 15) de la Ley 482 ni el art. 137 de la LMAD, prevén la interpelación y la censura como medios de fiscalización; puesto que, en la primera, se establece que la fiscalización del Concejo Municipal, a la Alcaldesa o Alcalde, Secretarias o Secretarios y otras autoridades del Órgano Ejecutivo Municipal, sus instituciones y empresas públicas, se ejecutan a través de peticiones de informes escritos u orales, inspecciones y otros medios de fiscalización e igualmente, la citada Ley Marco de Autonomías y Descentralización, establece que la señalada fiscalización es ejercida por los órganos deliberativos de cada gobierno autónomo; por lo tanto, el rol de fiscalización del Concejo Municipal tiene un límite que es precisamente, el marco de las competencias previstas en las indicadas normas que no establecen a la interpelación y a la censura como medios de fiscalización de manera que tal facultad contenida en los arts. 161 al 165 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, se encuentra al margen del indicado rol de fiscalización del Concejo Municipal, y por ende, es incompatible con el ámbito delimitado por el art. 283 de la CPE, a más que tal procedimiento de interpelación es una copia del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Igualmente, debe tenerse presente que la indicada atribución se encuentra inserta en el art. 158.I. inc. 18 de la Norma Suprema de manera que no existe un existe un fundamento jurídico que justifique la incorporación de tal facultad interpelatoria y la censura como facultad del Órgano Legislativo Municipal.
Con los argumentos que preceden, se denuncia que las siguientes normas del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre son inconstitucionales por las siguientes razones: i) arts. 6 inc. o) y, p); 133 inc. i); y, 161 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, porque incluyen la interpelación y la censura como facultad fiscalizadora del Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal cuando no se encuentran consagradas en el ámbito competencial del Órgano Legislativo del señalado ente municipal; y por tanto, infringen lo previsto por el art. 283 de la CPE; y, ii) art. 6 inc. q) porque incluye una sanción anticipada al Alcalde Municipal, la cual deviene de la censura, en clara incompatibilidad con la garantía jurisdiccional de los arts. 116.II y 117.I de la CPE porque otorga al Concejo Municipal, la potestad sancionadora de destitución de secretarios, directores y otros funcionarios.
Dicho ello, corresponde a continuación ingresar al análisis del test de constitucionalidad de las normas denunciadas como inconstitucionales, dado el cumplimiento de los requisitos mínimos que dieron lugar a la admisión de la presente causa. Tarea que será desarrollada a continuación. a) Con relación a los arts. 6 inc. o y 133 inc. i) del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre
El art. 6 del citado Reglamento establece las atribuciones del Concejo Municipal, entre las que se encuentra, en el inc. o), la de tramitar las interpelaciones en el marco de sus atribuciones y competencias.
El art. 133 del mismo cuerpo legal prevé que las Concejalas y los Concejales en ejercicio tanto en el Pleno como en las Comisiones, podrán desarrollar sus funciones sobre la base de los siguientes instrumentos legislativos y de fiscalización; entre ellos, en el inc. i) demandado de inconstitucional, prevé que el Pliego Interpelatorio es el documento que establece la razón para la interpelación.
Sobre las indicadas normas, denuncia el accionante que resultan inconstitucionales por ser contrarias a las previsiones contenidas en el art. 283 de la CPE, porque incluyen la interpelación y la censura como facultad fiscalizadora del Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal que no se encuentran consagradas en el ámbito competencial del Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. A efectos de realizar un adecuado contraste constitucional, atendiendo a los argumentos expuestos en la presente acción de defensa, resulta necesario revisar de inicio, lo establecido por el art. 1 de la CPE, en cuyo tenor establece que Bolivia se constituye en un Estado Unitario, Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías; se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Es decir, cuenta con un diseño estructural basado en la distribución territorial de su poder, que no radica en una simple descentralización del mismo, sino en una verdadera repartición de potestades a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), a efectos de que éstas cumplan con los fines propios del Estado en una relación más profunda con la población, dando lugar a la consolidación de gobiernos subnacionales, respetando el carácter preexistente de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes pueden ejercer su libre determinación y autogobierno conforme establece el art. 2 de la Norma Suprema. La cláusula normativa precedente convirtió a Bolivia en un nuevo modelo de Estado, compuesto y cimentado en la distribución del poder político con base territorial; en el que, se reconoce la coexistencia de distintos niveles gubernamentales en el territorio, a saber: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora, conforme determina el art. 272 de la CPE; disposición constitucional complementada por el art. 2 de la misma Norma Suprema, que consagra un refuerzo constitucional como es la cláusula autonómica que reconoce el derecho a la autonomía y autogobierno, pretendiendo superar las tendencias centralistas, pero siempre bajo el principio de unidad e integralidad del Estado. En ese orden, la repartición del poder en el Estado con autonomías se encuentra sustentada sobre la base territorial del país, el art. 269.I de la CPE determina que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, siendo esa la organización territorial considerada para la consolidación de los gobiernos autónomos subnacionales; como son el departamental, el municipal, el indígena originario campesino y el regional.
Los gobiernos subnacionales mencionados precedentemente, cuentan con particulares características en su constitución, pues resulta novedoso para la estructura estatal establecida por la Norma Suprema, la distribución de la potestad legislativa en favor de cada uno de los gobiernos autónomos, rompiendo el monopolio de un único Órgano emisor de leyes, distribuyéndose esta facultad a cada ETA por competencias, legislación que de conformidad con lo previsto por el art. 410 de la CPE, tiene rango comparable a las leyes nacionales. En el establecimiento de los niveles de gobierno, no opera jerarquía alguna entre los citados gobiernos subnacionales, pues cada una de estas ETA, goza de igual grado, así lo establece el art. 276 de la CPE; empero, todo este andamiaje constitucional, se encuentra sometido al principio de unidad del Estado que no solamente rige para las ETA, sino para todo el Estado boliviano, conforme establece el art. 1 de la Norma Suprema. Completando el marco normativo referido, el art. 12.I de la CPE, el cual establece que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; y su organización está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Con relación a los gobiernos autónomos, el art. 272 de la CPE, prevé que cuentan con dos órganos (Ejecutivo y Legislativo), mismos que ejercen sus funciones y atribuciones en el marco de sus facultades; el Ejecutivo conforme a sus facultades reglamentaria y ejecutiva, es el responsable de administrar la cosa pública y materializar una gestión pública, transparente y eficiente que cubra las necesidades de la población; por su parte, el Legislativo, en atención a sus facultades fiscalizadora, legislativa y deliberativa, es el responsable de emitir leyes, deliberar asuntos de interés público y ejercer la fiscalización al Ejecutivo; es decir, mediante esta última, el Órgano Deliberante ejerce la facultad fiscalizadora sobre el uso y administración de los recursos públicos, contando para ello con un conjunto de instrumentos fiscalizadores como las peticiones escritas, peticiones orales; así como, la interpelación y la censura, entre otras. En ese antecedente, teniendo presente el normativo contenido en el art. 283 de la CPE, se concluye que el Concejo Municipal tiene a su cargo, la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias, con los alcances y dimensionamiento que la propia Constitución prevé dentro del marco competencial conferido a dicho órgano de gobierno municipal, a raíz de lo cual, resulta evidente que en ejercicio de esa facultad, el Concejo Municipal, puede y debe efectivizar esa labor de control y seguimiento a las actividades desarrolladas por el ejecutivo municipal, y si así lo determina, en uso de dicha facultad puede establecer en su legislación, las herramientas que considere necesarias para dicho fin, entre las que se encuentra acorde con los fines constitucionales, la interpelación; empero, no comprendida en los mismos términos que los establecidos en el art. 158.I.18 de la CPE, que está diseñada expresamente como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para las Ministras o los Ministros de Estado; sin embargo, nada impide que dentro de sus competencias, asuma la aplicación de dicha herramienta para efectivizar su función de fiscalización, la cual debe ser materializada en el marco de lo previsto por el art. 12.I de la CPE, que establece los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación que orientan la estructura del poder público del Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual implica respeto a la separación de órganos y el respeto a la independencia funcional y estructural, no pudiendo incurrir en injerencias que vulneren dichos principios. En ese contexto constitucional y normativo que permite colegir que una óptima separación de facultades y funciones debe estar acompañada de la separación de administraciones, cuestión que debe ser construida de manera progresiva y paulatina, de acuerdo a la realidad y necesidad de cada municipio, teniendo en cuenta así mismo, que los alcaldes gozan de una legitimidad cualitativamente distinta a lo que anteriormente sucedía; es decir, ahora basada en la elección directa de los mismos, cuestión que los hace diferentes respecto del marco jurídico preconstitucional contenido por ejemplo, en la Ley de Municipalidades 2028 abrogada, cuyo art. 50, preveía el voto constructivo, en su parágrafo III, estableciendo que la Censura Constructiva producía la remoción del Alcalde.
No obstante, la innovación de los razonamientos contenidos en la Constitución Política del Estado, incorpora una de las grandes primicias en la estructura estatal, como es la distribución de la potestad legislativa a favor de cada uno de los gobiernos autónomos subnacionales, rompiendo el monopolio de un único Órgano emisor de leyes; y en ese orden, en el caso de las autonomías municipales, les asigna igualmente facultad fiscalizadora sobre cualquier acto del órgano ejecutivo, entendiéndose igualmente, que para ejercer la misma, el Concejo Municipal puede adoptar diversas modalidades; entre ellas, la interpelación, que puede ser aplicada resguardando siempre la igualdad jerárquica con el Órgano Ejecutivo del municipio; vale decir, que ninguno de los dos órganos puede sobreponerse al otro e igualmente, aplicando los principios rectores del régimen autonómico contenidos en el art. 270 de la CPE y 5 de le Ley Marco de Autonomías y Descentralización; así como, el principio de unidad del Estado.
Conforme a lo mencionado, la interpelación, como procedimiento utilizado en el ámbito político y legislativo municipal, permite que los legisladores puedan cuestionar a un miembro del gobierno sobre sus acciones, políticas o decisiones y puede ser adoptada como forma de fiscalización por los Concejos Municipales en su calidad de Órganos Legislativos y Fiscalizadores, resguardado los principios rectores del régimen autonómico, establecidos en los arts. 270 de la CPE y 5 de la LMAD, que determinan al autogobierno como el derecho que tiene la ciudadanía –que conforma las regiones, municipios y naciones y pueblos indígena originario campesinos– a dotarse de su propia institucionalidad gubernativa y elegir directamente a sus autoridades en el marco de la autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado como una fase avanzada de descentralización política, en la que existen unidades territoriales dotadas de capacidad para ejercer las potestades legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora en los ámbitos de determinadas materias, de manera que conforme al principio de autogobierno, la autonomía es inherente a la autoregulación; vale decir, que va más allá de administrarse por sí mismo, sino que fundamentalmente, reconoce la capacidad para crear sus propias normas y gobernarse por sus propias autoridades, puesto que los arts. 283 de la CPE, relativo a la conformación de la autonomía municipal y 284.IV del mismo cuerpo legal, otorgan al Concejo Municipal, la atribución para elaborar su Carta Orgánica. Al respecto, la jurisprudencia constitucional mediante la DCP 0001/2013 de 12 de marzo, señaló lo siguiente: “La Carta Orgánica, ha sido entendida como un instrumento normativo a través del cual se perfecciona el ejercicio de la autonomía municipal…”; destacando la importancia real de la que se invisten, puesto que el art. 275 de la Norma Suprema, establece el carácter participativo en su elaboración, lo cual implica el trabajo conjunto entre la población y sus autoridades gubernamentales, por cuanto se trata de un instrumento jurídico de contenido pactado (art. 60 de la LMAD), que expresa la voluntad de sus habitantes; además, de establecer los mandatos de gobernabilidad e institucionalidad. Otra característica de una carta orgánica, es su condición de norma cualificada; puesto que, requiere de la aprobación de dos tercios de los miembros del ente deliberante (art. 275 de la CPE), ya que su elaboración no se sujeta al procedimiento legislativo común, claro está que no es un acto legislativo en sí, sino que emerge de un acto “estatuyente” que refleja la voluntad de sus habitantes; en ese sentido, el art. 60.II de la LMAD establece que: “El estatuto y la carta orgánica están subordinados a la Constitución Política del Estado y en relación a la legislación autonómica tiene preeminencia”.
Por último, conforme al mandato del referido art. 275 de la CPE, la Carta Orgánica tiene un carácter rígido en comparación al resto de las leyes, debido a que su modificación solo procede mediante proceso de reforma especial, en tal sentido, en razón a dicho carácter no resulta pertinente que la Carta Orgánica ingrese a regular ámbitos materiales cuya legislación correspondan a otro nivel de gobierno, más aun considerando la rigidez de este instrumento normativo. En consecuencia, en el marco de la autonomía municipal, no existe impedimento para que el Concejo Municipal adopte como forma de fiscalización, la interpelación, y se dote de sus propios instrumentos para dicho fin, como ocurre en los arts. 6 inc. o) y 133 inc. i) del Reglamento ahora analizado, que establecen como atribución del ente legislativo, tramitar las interpelaciones en el marco de sus atribuciones y competencias; estableciendo como el instrumento legislativo y de fiscalización para su consolidación, al Pliego Interpelatorio, que constituye el documento para establecer la razón de la interpelación. Entonces, la tramitación de las interpelaciones en el marco de sus atribuciones y competencias por parte del Concejo Municipal de Sucre, así como la institución de los instrumentos para dicho fin; instituidos por los arts. 6 inc. o) y 133 inc. i) del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado por Resolución Municipal 230/14 de 9 de abril de 2014, resultan compatibles con las previsiones constitucionales contenidas en el art. 283 de la CPE, habida cuenta, que como se señaló, en ejercicio de la facultad legislativa, el Concejo Municipal de Sucre puede optar por cualquier modalidad de fiscalización mientras no violente la unidad del Estado y resguarde los principios rectores de la autonomía contenidos en el art. 270 de la CPE, estableciendo el procedimiento para su materialización, como el consagrado en la primera parte del art. 161 del mismo instrumento legal, en cuyo tenor prevé que uno o varios Concejales o Concejalas en ejercicio, pueden plantear ante el Pleno del Concejo Municipal, la interpelación. b) Con relación al art. 6 inc. p)
El art. 6 inc. p del precitado instrumento normativo establece como otra atribución conferida al Concejo Municipal, que la censura será producto de la interpelación aprobada por dos tercios del total del Pleno y promovida por cualquier Concejala, Concejal o Representante de Distrito Indígena, Originario Campesino. Si, el Alcalde o Alcaldesa, Sub Alcaldesa, Sub Alcalde es censurado tendrá una sanción de acuerdo a ley. Dicho artículo se demanda por ser contrario a lo previsto por el art. 283 de la Norma Suprema, argumentando que ni el art. 16 inc. 15) de la Ley 482 ni el art. 137 de la LMAD, prevén la interpelación y la censura como medios de fiscalización, puesto que en la primera, se establece que la fiscalización del Concejo Municipal, a la Alcaldesa o Alcalde, Sub Alcaldesa, Sub Alcalde se ejecutan a través de peticiones de informes escritos u orales, inspecciones y otros medios de fiscalización e igualmente la citada Ley Marco de Autonomías y Descentralización, establece que la señalada fiscalización es ejercida por los órganos deliberativos de cada gobierno autónomo; por lo tanto, el rol de fiscalización del Concejo Municipal tiene un límite que es precisamente, el marco de las competencias previstas en las indicadas normas que no establecen a la interpelación y a la censura como medios de fiscalización de manera que tal facultad contenida en los arts. 161 al 165 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, se encuentra al margen del indicado rol de fiscalización del Concejo Municipal, y por ende, es incompatible con el ámbito delimitado por el art. 283 de la CPE, a más que tal procedimiento de interpelación es una copia del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Igualmente, debe tenerse presente que la indicada atribución se encuentra inserta en el art. 158.I inc. 18 de la Ley Fundamental que rige para otro órgano del gobierno central, de manera que no existe un fundamento jurídico que justifique la incorporación de tal facultad interpelatoria y la censura como facultad del Órgano Legislativo Municipal. Tal como se explicó precedentemente la interpelación, entendida como un procedimiento; mediante el cual, los legisladores pueden hacer preguntas y solicitar explicaciones al gobierno sobre sus acciones para obtener información y aclaraciones sobre las políticas públicas, es una herramienta que, en aplicación del principio autonómico consagrado en la Constitución Política del Estado, puede ser aplicada para efectivizar la labor de fiscalización a cargo del Órgano Legislativo municipal, criterio aplicable también para la censura, esta última entendida como una manera más drástica, utilizada para expresar la falta de confianza en el gobierno, solicitando el cambio en el manejo de la cosa pública; empero, con ciertas limitaciones que serán desarrolladas a continuación. Previo a ello, corresponde revisar lo previsto por el art. 283 de la CPE que se denuncia como infringido por el artículo ahora analizado, que distingue las facultades de los órganos que componen el gobierno autónomo municipal, como son: el Concejo Municipal que ejerce la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, con facultad ejecutiva o reglamentaria, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. La delimitación de las facultades asignadas por el constituyente a los órganos de la ETA, implica que cada órgano es independiente en el ámbito de sus atribuciones, no estando subordinado a otro órgano u órganos, dada su relación de horizontalidad; en ese orden, tal como se explicó, tanto el Concejo Municipal como el Órgano ejecutivo conforman el gobierno autónomo municipal en igualdad jerárquica entre ambos, no pudiendo estar uno por encima del otro; y, dado que ambos conforman el gobierno autónomo municipal, existe el deber de cooperación y colaboración de manera complementaria.
En ese entendido y teniendo presente que por efecto de la separación de funciones del Órgano legislativo y del Órgano ejecutivo, serán, tanto la Alcaldesa o el Alcalde como la Presidenta o el Presidente del Concejo Municipal, las Máximas Autoridades Ejecutivas, en el ámbito de sus competencias, la interpelación y censura, no puede ser aplicada por el Órgano legislativo contra la máxima autoridad ejecutiva del Órgano Ejecutivo, al ser este último un órgano par con similar jerarquía. Recordemos, como ya se señaló precedentemente, que el art. 50 de la LM, ahora abrogada, regulaba la figura del “Voto Constructivo de Censura” que establecía que: “I. El Alcalde Municipal, electo conforme al parágrafo VI del Artículo 200° de la Constitución Política del Estado, podrá ser removido mediante Voto Constructivo de Censura. II. La Censura Constructiva, como medida de excepción, se produce cuando el Concejo Municipal ha perdido la confianza en el Alcalde Municipal. III. La Censura Constructiva produce la remoción del Alcalde. Los procesos de responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal se sujetarán a lo previsto por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos”. Dicho artículo y su procedimiento establecido en el art. 51 de la LM, al no responder al nuevo modelo de Estado, fue derogado por las Disposiciones Derogatorias de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, porque tal como se explicó, durante el tiempo de su aplicación, generó inestabilidad institucional, debilitó una institución pilar de la democracia; así como, una gran rotación de personal, provocando además que los esfuerzos en capacitación de los funcionarios, ya sea a través de procesos formales, de asistencia técnica y de elaboración de documentos técnicos operativos y/o implementación de sistemas administrativos, continuamente resulten ser ineficientes y rompan con el principio de continuidad administrativa; pero además, porque resultaba contraria a los principios de autonomía y separación de funciones prevista por art. 12.I de la CPE.
Complementando el razonamiento precedente, de manera análoga, cabe recordar que conforme al diseño constitucional contenido en la Norma Fundamental, el Presidente del Estado no asume responsabilidad política con consecuencias sancionatorias ante el Órgano Legislativo, pues, aunque tiene el deber de informar sobre sus actos, el Legislativo no puede generar ninguna consecuencia, que no sea una de las previstas en la Constitución, en el marco de la división y separación de órganos, y tomando en cuenta que el constituyente estructuró un sistema presidencialista en el país, el Presidente es elegido directamente por los ciudadanos en una elección específica y tiene el poder ejecutivo independiente del legislativo, dado que su elección no emana de aquel, sino del voto emitido en las urnas, por el pueblo o soberano que le deposita su confianza de manera directa; consiguientemente, no es elegido por el parlamento ni emerge de él; y por lo mismo, es directamente responsable ante los ciudadanos que lo eligieron en las elecciones presidenciales. Por ende, el Órgano Legislativo no es el primer poder, ni tiene preminencia sobre ninguno, y en contrapeso con el Ejecutivo son iguales, razón por la cual, ninguna forma de control interórganos puede destituirlo, puesto que la responsabilidad política nace de la confianza que se entrega a un servidor público para que desempeñe funciones públicas, de manera que el resultado es el retiro de la confianza que previamente se había depositado en el mismo, y solo puede ser responsable frente a quien otorgó la misma; que en el caso, sería el soberano, a través de mecanismos previstos por la propia Constitución; entre ellos, la revocatoria de mandato consagrada en el art. 240 de la CPE, y el control social, previsto en el art. 241 constitucional. Siguiendo esta línea de raciocinio, en lo referente a los órganos de las entidades territoriales autónomas, la DCP 0001/2013, entendió que: “En el marco del principio de igualdad y el principio de equidad, se debe señalar que la Ley Fundamental no ha establecido una superioridad de un órgano público sobre otro; de manera específica la Constitución Política del Estado cuando establece preceptos referentes a los órganos de las entidades territoriales autónomas, no establece una superioridad jerárquica de uno frente al otro, cada uno tiene sus respectivas facultades y por ende sus respectivas atribuciones, lo cual implica que se encuentran en igualdad de condiciones y que ninguno está supeditado al otro”. Por lo mismo, la Constitución Política del Estado, establece que el órgano ejecutivo del gobierno autónomo municipal se encuentra presidido por el Alcalde, el cual es la máxima autoridad ejecutiva (arts. 283 y 285) mientras que el Concejo Municipal constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal; habiéndose modificado la forma de selección del Alcalde Municipal, que antes, era elegido de entre los Concejales Municipales; y por lo mismo, dependía directamente del mismo y se supeditaba al mismo, en un sistema de corte parlamentario que fue superado con la consiguiente modificación de toda la normativa por la actualmente vigente, acorde con la forma de gobierno regida por la Ley Fundamental, que nos presenta un gobierno autónomo municipal con dos órganos públicos, los cuales están conformados por autoridades políticas elegidas de manera directa y en listas separadas. De donde se concluye que el Alcalde es electo de forma directa por los ciudadanos y goza de la misma legitimidad representativa que los Concejales; por lo tanto, no está supeditado a los mismos. En ese contexto, al igual que ocurre con el Presidente del Estado, no resulta razonable que se pretenda aplicar la interpelación y censura a la máxima autoridad ejecutiva porque cada órgano ejerce autoridad sobre las facultades de las cuales es titular, lo cual evidentemente no implica una línea de autoridad sobre otro órgano. Como se puede advertir, el hecho de que las autoridades del gobierno autónomo municipal sean electas de manera directa por la población, rompe con el carácter de supeditación al que estaba expuesto el Alcalde o la Alcaldesa respecto al Concejo Municipal; de igual forma, debido a la independencia y separación de órganos, cada uno ejerce su autoridad en función a las facultades asignadas para el efecto, por lo que no es correcto desde el punto de vista constitucional que se pretenda ejercer labor de fiscalización sobre la alcaldesa y alcalde municipal manteniendo una modalidad establecida en normativa ya abrogada que respondía a un sistema también superado. Así, dicha autoridad responde por la administración y sus resultados de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de manera que los resultados de su gestión pueden ser sometidos a los procesos administrativos, ejecutivos, civiles o penales que se pueden abrir en su contra; sin embargo, ello no puede dar lugar a reducir su gestión municipal, atentando contra la frágil capacidad de gestión y generando inestabilidad laboral. En ese orden, la interpelación y la censura no resultan aplicable y menos a título de fiscalización contra la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal; y por lo tanto, la posibilidad comprendida en el artículo ahora analizado resulta contraria a lo previsto por el art. 283 de la CPE porque quebranta los principios de autonomía y separación de funciones, tal como se desarrolló precedentemente, habida cuenta que el Alcalde es autoridad electa y solo responde a quien le dio su confianza, tal como se encuentra legislado para el caso del Presidente del Estado.
Ahora bien, es evidente que el artículo mencionado no solamente establece la interpelación y la censura a la alcaldesa o alcalde; sino también legisla con relación a las Sub Alcaldesas y los Sub Alcaldes que son parte del Órgano Ejecutivo Municipal, conforme previene el art. 24 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y, se encuentran en la categoría prevista por el art. 5 inc. b) del EFP; vale decir, son funcionarios designados cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal o Sistema de Organización Administrativa aplicable. En ese orden, si bien las sub alcaldesas y sub alcaldes forman parte del órgano ejecutivo municipal y colaboran con el manejo de la cosa pública y asumen políticas específicas para dicho fin, de manera que si bien resulta posible aplicar la interpelación y la censura como medio de fiscalización, tal facultad debe ser ejercida por intermedio de la alcaldesa o alcalde municipal, a lo que se añade que su resultado no puede implicar de modo alguno, sanción alguna y menos establecida por el Órgano Legislativo, pues no es una instancia de procesamiento y sanción, menos de asignación de las responsabilidades por la función pública normadas por la Ley 1178, de manera que podrá emitirse una opinión respecto a la política pública del Ejecutivo; más no dirigida directamente a sus actos, cuyo procesamiento como se dijo, requiere de un previo y debido proceso que ofrezca las garantías jurisdiccionales constitucionalmente previstas. Asimismo, únicamente el Alcalde o la Alcaldesa, tiene facultad para destituir a sus subalternos, ello en razón de la relación horizontal y de separación de funciones con el Concejo Municipal, pues sin duda, la interpelación y la censura responden a una figura constitucional de corte parlamentario que implica un juicio esencialmente político y sumario, destinado a reencausar oportunamente las políticas de gobierno; empero, no necesariamente serán asumidas por el Alcalde, sino que le permitirá optimizar la atención a las necesidades de la población, así como la coordinación entre ambos órganos cuando sea necesario, liberando de cualquier responsabilidad que pudiera emerger posteriormente al Órgano Legislativo. Los argumentos expuestos, permiten evidenciar la inconstitucionalidad parcial del art. 6 inc. p) del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado mediante Resolución Municipal 230/14 de 9 de abril de 2010; quedando expulsado del ordenamiento jurídico, el siguiente texto marcado con negrilla “La censura será producto de la interpelación aprobada por dos tercios del total del Pleno y promovida por cualquier Concejala, Concejal o Representante de Distrito Indígena Originario Campesino. Si el Alcalde o Alcaldesa, Sub Alcaldesa, Sub Alcalde es censurado tendrá una sanción de acuerdo a Ley”, quedando en definitiva el mismo de la siguiente manera: “La censura será producto de la interpelación aprobada por dos tercios del rotal del Pleno y promovida por cualquier Concejala, Concejal o Representante de Distrito Indígena Originario Campesino”. Pues si bien, resulta coherente con la normativa constitucional, la aplicación de la interpelación y la censura con relación a la Sub Alcaldesa o Sub Alcalde; sin embargo, tal como se explicó precedentemente, dichas herramientas únicamente permiten formular observaciones a la política general aplicada por el órgano ejecutivo, pero no puede ni debe juzgar los actos ejercidos por los mencionados funcionarios públicos; dado que, los mismos dependen directamente del ejecutivo municipal; y por lo mismo, responden por los mismos ante dicha autoridad jerárquica, De esa forma, la fiscalización, bajo la denominación interpelación y censura, únicamente será ejecutada a través del Alcalde Municipal y no podrá referirse a los actos asumidos por el funcionario público, dado que solo puede imponérseles una sanción, previo debido proceso en el que se resguarden todos sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, un entendimiento en contrario, rompe con lo previsto por los arts. 116.II de la CPE, en cuyo tenor dispone que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible y 117.I que establece que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, de manera que nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente, entendiendo el debido proceso como una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo; así como, los presupuestos normativamente preestablecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones; asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir o impugnar, entre otras. c) Sobre el art. 6 inc. q) del Reglamento cuestionado
El inc. q) del mismo apartado establece entre las atribuciones del ente colegiado municipal que la censura producto de la interpelación aprobada por dos tercios del total del Pleno, implicará responsabilidades correspondientes, cambio de política del Órgano Ejecutivo, o de acuerdo a la gravedad, la destitución de la Secretaria o Secretario, Directora o Director, así como de los representantes ante Entidades y Empresas Municipales descentralizadas, desconcentradas y en las que el Gobierno Autónomo Municipal tenga participación.
El artículo precedente merece un análisis constitucional por partes, al contar con dispositivos normativos que disponen distintas previsiones. En ese orden, en la primera parte del mismo se establece que: “…la censura producto de la interpelación aprobada por dos tercios del total del Pleno, implicará responsabilidades correspondientes, cambio de política del Órgano Ejecutivo...”. Tal como se explicó precedentemente, la censura producto de la interpelación si bien necesita de un consenso mayoritario para su ejecución; debido a que, se requiere la aprobación por dos tercios del total de los miembros del Pleno del Concejo Municipal, de manera que procura una maximización del debate y la participación política en el ejercicio de la democracia representativa para poder llegar a un consenso con las minorías, exigencia que garantiza el principio democrático y se constituye en una garantía constitucional que hará más efectivo el ejercicio del control político sobre la base de criterios razonables y objetivos.
Sin embargo de ello, su aplicación no puede conllevar responsabilidades a los funcionarios objeto de censura; y menos puede obligar a un cambio de política en el Órgano Ejecutivo, pues tal como se explicó anteriormente, existe una relación horizontal entre los órganos legislativo municipal y ejecutivo, de manera que ninguno tiene jerarquía superior ni tampoco tiene el monopolio sobre la administración pública; pues precisamente para evitar aquello, el art. 12.III de la CPE, prevé la separación de funciones y determina que no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí; ello para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos que forman parte del poder público, así como el resguardo de los principios constitucionales, entre ellos, del democrático y el ejercicio del poder público. A ello se añade que la distribución de competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder, constituye en el fondo una limitación para cada uno de éstos debido a que solo pueden ejercer aquellas que forman parte de su competencia; de esa forma, no es coherente con el sistema constitucional establecer responsabilidades emergentes de la interpelación y la censura y tampoco, que a través de la misma, obligar a un cambio obligatorio de política del Órgano Ejecutivo. En cuanto a la primera determinación, con relación a que la censura implique “responsabilidades correspondientes”, debe tenerse presente que la fiscalización como mecanismo para controlar y supervisar los actos del órgano ejecutivo no conlleva la facultad sancionatoria, considerando que la misma debe imponerse en el marco de un debido proceso. Así se estableció en la SCP 0023/2021 de 7 de julio: “En ese contexto, la aplicación de ambas figuras relativas al cuestionamiento de las funciones públicas de los servidores de mayor jerarquía, afecta al principio de independencia y separación de órganos, que prevé el art. 12.I de la CPE, así como a la garantía jurisdiccional contemplada en el art. 117.I de la misma Ley Fundamental, puesto que sin someter a un debido proceso, a la luz del régimen de la responsabilidad por la función pública, estos funcionarios podrían ser objeto de destitución, peor aún si se trata de personal técnico que no puede someterse a un juicio político. En ese entendido la interpelación y censura, solo procederá contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva y de ningún modo a los demás funcionarios. Finalmente debe tenerse presente que la fiscalización como mecanismo para controlar y supervisar los actos del órgano ejecutivo no conlleva la facultad sancionatoria, considerando que la misma deberá imponerse en el marco de un debido proceso…”. En cuanto al segundo presupuesto del “cambio de política del Órgano Ejecutivo”; ya se estableció vía jurisprudencial que no resulta obligatorio para el Órgano ejecutivo, de conformidad a lo establecido por el art. 12.I de la CPE en cuyo texto dispone que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos; complementado por el segundo parágrafo del mismo, el cual dispone que la autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. En el marco, tal como se señaló precedentemente, una óptima separación de facultades y funciones entre los órganos que conforman el gobierno autónomo municipal, debe estar acompañada no únicamente con la separación de administraciones sino que debe construirse de manera progresiva y paulatina la coordinación y cooperación entre los mismos, de acuerdo a su realidad y necesidades, en el marco de las atribuciones y competencias constitucionalmente asignadas con la finalidad de vivir bien, proscribiendo las prácticas que impliquen la subordinación de un órgano respecto del otro. Así continúa el citado inciso q) del artículo 6 ahora analizado, “…o de acuerdo a la gravedad, la destitución de la Secretaria o Secretario, Director así como de los representantes ante Entidades y empresas Municipales descentralizadas, desconcentradas y en las que el Gobierno Autónomo Municipal tenga participación”. Tal como se explicó en el apartado precedente, el razonamiento expuesto para la interpelación y censura contra las Sub alcaldesas y Sub alcaldes es aplicable también para las Secretarias y Secretarios como servidores públicos jerárquicos inmediatamente inferiores de la MAE; en consecuencia, el Concejo Municipal puede fiscalizar a tales servidores públicos del Órgano Ejecutivo a través de la interpelación y la censura, empero, únicamente a través del Alcalde Municipal y no con la finalidad de un cambio de política pública del órgano ejecutivo, en el entendido de la relación horizontal entre órganos, la separación de administraciones y con finalidad de cooperación y coordinación. En ese entendido, la interpelación y censura a los funcionarios nombrados, solo procederá en tanto no tenga como efecto inexorable la destitución de los mismos o de sanción alguna, dado que se trata de de la facultad fiscalizadora del Concejo Municipal y tiene como objetivo cuestionar u observar aspectos de la política de gobierno en general, mas no la de establecer responsabilidades y menos sanciones por los actos administrativos de los mencionados funcionarios; puesto que, los mismos están sujetos al control posterior por parte de la Contraloría General del Estado. De esa forma, los Secretarios o Secretarias o funcionarios de igual rango, pueden ser interpelados por el órgano deliberante a solicitud o iniciativa de un Concejal o una Concejala, sin que la censura implique su destitución.
Sobre la interpelación y la censura a los servidores públicos, la DCP 009/2014 de 25 de febrero, entendió lo siguiente: “…la interpelación y censura, sólo procederá contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva y de ningún modo a los demás funcionarios (…) no corresponde que un órgano independiente y jerárquicamente igual respecto del otro, sancione a los funcionarios objeto de interpelación…”.
En conclusión, la interpelación y la censura, sólo procederá contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la MAE, y de ningún modo, es extensible a los demás funcionarios, menos aún contra funcionarios técnicos, de quienes no se encuentra a su cargo el manejo de la política pública a cargo del órgano ejecutivo. Por lo mismo, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 6 inc. q) del Reglamento municipal cuestionado. d) Con relación al art. 161
El art. 161 determina que uno o varios Concejales o Concejalas en ejercicio, pueden plantear ante el Pleno del Concejo Municipal, interpelación al Alcalde o Alcadesa Municipal, servidores públicos municipales, Directores o Gerentes de las Empresas Municipales o Entidades, donde tenga participación el Gobierno Municipal, sobre temas de su competencia.
Tal como ya se explicó precedentemente, el sistema presidencialista escogido por el constituyente, para Bolivia, impide la aplicación de la interpelación contra el Alcalde Municipal; autoridad que no emana de del órgano legislativo, sino del voto emitido en las urnas por el pueblo o soberano, que le deposita su confianza, de manera directa; por lo tanto, no es elegido por el parlamento, como en el solo y directamente responsable ante los ciudadanos que lo eligieron en las elecciones presidenciales. Con relación a los funcionarios públicos municipales, como ya se explicó, no pueden ser afectados por la interpelación y la censura, dada la característica de ambos institutos jurídicos de ser un control de la política pública, la misma que no se encuentra en manos de los mismos; al igual que los Directores o Gerentes de las Empresas Municipales o Entidades donde tenga participación el Gobierno Municipal; tampoco intervienen en el manejo de la cosa pública, al contrario se trata de funcionarios técnico especializado que tienen responsabilidad directa, con relación al alcalde o alcadesa, y por lo mismo, no pueden ser interpelados y menos censurados. En ese mismo sentido la DCP 0042/2014 de 25 de julio, que expresó lo siguiente: “En ese contexto, la aplicación de ambas figuras relativas al cuestionamiento de las funciones públicas de los servidores de mayor jerarquía, afecta al principio de independencia y separación de órganos, que prevé el art. 12.I de la CPE, así como a la garantía jurisdiccional contemplada en el art. 117.I de la misma Ley Fundamental, puesto que sin someter a un debido proceso, a la luz del régimen de la responsabilidad por la función pública, estos funcionarios podrían ser objeto de destitución, peor aún si se trata de personal técnico que no puede someterse a un juicio político. En ese entendido la interpelación y censura, solo procederá contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva y de ningún modo a los demás funcionarios”. En consideración a lo manifestado, la regulación analizada resulta incompatible con el art. 283 de la CPE.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar:
1° La CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 6 inc. o); y, 131 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, aprobado mediante Ley Autonómica Municipal 27/14 de 11 de abril de 2014; 2° La INCONSTITUCIONALIDAD parcial del art. 6 inc. p) del mismo Reglamento, quedando expulsado del ordenamiento jurídico, el siguiente texto marcado con negrilla “La censura será producto de la interpelación aprobada por dos tercios del total del Pleno y promovida por cualquier Concejala, Concejal o Representante de Distrito Indígena Originario Campesino. Si el Alcalde o Alcaldesa, Sub Alcaldesa, Sub Alcalde es censurado tendrá una sanción de acuerdo a Ley”, quedando en definitiva el mismo, de la siguiente manera: “La censura será producto de la interpelación aprobada por dos tercios del Total del Pleno y promovida por cualquier Concejala, Concejal o Representante de Distrito Indígena Originario Campesino”; y, 3° La INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 6 inc. q) y 161 del mismo Reglamento, por ser contrarios a los arts. 116.II, 117.I y 283 de la Constitución Política del Estado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no interviene el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano, por ser de Voto Disidente.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
1 Según lo dispone el art. 11 de la Constitución Política del Estado dispone que: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones de entre hombre y mujeres”. Este marco jurídico, la República de Bolivia se sostiene en ciertos pilares esenciales como ser: La igualdad ante la Ley, elección popular de autoridades, periodicidad de mandato, responsabilidad por la función pública, publicidad de los actos de gobierno, el Estado constitucional de derecho, el impero de la Ley y la separación de poderes. Este último es principio esencial del Estado Constitucional de Derecho y de la forma democrática de Gobierno, y constituye su principal garantía de estabilidad. Establece que el funcionamiento del Estado, está a cargo de distintos órganos de poder público y por lo tanto existe separación de funciones. Ahora, a fin de evitar que los órganos de poder público excedan sus facultades, permitir su independencia, separación, coordinación y cooperación de los mismos, el ordenamiento jurídico establece preceptos y procedimientos a través de los cuales un determinado órgano de poder público puede limitar la labor de otro; que la doctrina constitucional denomina “sistema de pesos y contrapesos”. Término que proviene del derecho anglosajón, atribuido a Montesquieu y que originalmente fue conocido como “Checks and Balances”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0169_2023.pdf · páginas 1 a 69.
Huella digital del PDF (SHA-256): b9b9c4ea41c6af32209698e229fc33a3fed4b10c92820a02d8be2c857281ef67
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