B.IA.LEGAL

SCP 0042/2024

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de inconstitucionalidad abstracta · Sala Cuarta Especializada · 24 de junio de 2024

Declara la inconstitucionalidad

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
24 de junio de 2024
Acción
Acción de inconstitucionalidad abstracta
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
55023-2023-111-AIA
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de inconstitucionalidad

Qué se discutió

En la presente acción de inconstitucionalidad abstracta, Enrique Leaño Palenque, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, demanda la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 de 3 de abril de 2014, Ley de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con las modificaciones dispuestas por la Ley Municipal Autonómica 320/2023 de 8 de mayo, por ser presuntamente contrario a los arts. 9, 12.I, 175.I, 272, 283 y 297.I de la CPE; debido a que: 1) Dispuso una modificación total del procedimiento que rige para los procesos de contratación, cuya regulación es competencia del órgano rector perteneciente al nivel central del Estado y que entorpece la gestión del Ejecutivo Municipal; 2) Convierte al Órgano Legislativo, Deliberante y Fiscalizador Municipal en parte del proceso de contratación, volviéndose en juez y parte, vulnerando los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación de órganos; y, 3) Supedita al Órgano Ejecutivo Municipal a la competencia del Concejo Municipal, denotando manifiesta injerencia en la gestión del ejecutivo municipal, convirtiendo al Órgano Deliberante no solo en órgano reglamentario, sino también en parte, de los procesos de contratación. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes a los efectos de ejercer el control de constitucionalidad que le encomienda al Tribunal Constitucional Plurinacional, el art. 202.1 de la CPE.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve declarar:

1° La INCONSTITUCIONALIDAD del art. 11 en sus numerales 1 incs. a y b;

2, 3, 4; y, 5 de la Ley de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con las modificaciones dispuestas por la Ley Municipal Autonómica 320/2023 de 8 de mayo de 2023, por ser contrario a los arts. 12.I parte in fine, 272 y 283 de la CPE, quedando expulsado del ordenamiento jurídico el siguiente texto:

Art. 11. (APROBACIÓN). Queda establecido que la aprobación de los contratos por la Contratación de Bienes, Servicios y Obras para el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en cumplimiento de las formalidades legales administrativas y técnicas vigentes se regirán bajo las siguientes condiciones: 1. a. Los contratos del Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Contrataciones Menores y de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en un monto mayor a 50 000.- hasta 500 000.- Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal. b. Los contratos del Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en un monto mayor a 500 000.-hasta 1 000 000.- de Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. 2. Los contratos por excepción del Órgano Ejecutivo, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal. 3. Los contratos por Desastres y Emergencias serán aprobados mediante Decreto Municipal previa declaratoria de Emergencia o Desastres Naturales por el Órgano Legislativo.

4. Los contratos por Contratación Directa del Órgano Ejecutivo, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal.

5. Los contratos de la modalidad Licitación Pública Nacional o Internacional, serán aprobados por el Órgano Legislativo Municipal, mediante Resolución Autonómica Municipal. 2° La IMPROCEDENCIA de la acción contra la Ley Municipal Autonómica 304/2022 de 21 de diciembre, por encontrarse abrogada por disposición de la Ley Municipal Autonómica 320/2023 de 8 de mayo. 3° La IMPROCEDENCIA con relación a los incs. c y d del numeral 1, y parte in fine de los numerales 2 y 4 del art. 11 de la Ley Municipal analizada; y, 4° La IMPROCEDENCIA respecto a los arts. 9 y 175.I de la Constitución Política del Estado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad abstracta
  2. III.2. Sobre el diseño del Estado Unitario con Autonomías
  3. III.3. El principio de separación de funciones o facultades
  4. III.4. Sobre la autonomía municipal y la separación de funciones
  5. III.5. Juicio de constitucionalidad

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0042/2024 Sucre, 24 de junio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de inconstitucionalidad abstracta Expediente: 55023-2023-111-AIA Departamento: Chuquisaca En la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por Enrique Leaño Palenque, Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, demandando la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 de 3 de abril de 2014, por ser contrario a los arts. 12.I, 272 y 283 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 98 a 106; el accionante, refirió los siguientes argumentos:

I.1.1. Síntesis de la acción

El accionante denuncia la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 de 3 de abril de 2014 –Ley de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre–, con las modificaciones dispuestas por las Leyes Municipales Autonómicas 304/2022 de 21 de diciembre y 320/2023 de 8 de mayo, que en relación a los contratos suscritos por el Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Contratación Menor y de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, dispone que serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal. Transcribiendo los arts. 9, 12.I, 175.I, 272, 283 y 297.I de la CPE, señala que el 9 de enero de “2009” (siendo lo correcto 2014), se promulgó la Ley 482 –Ley de Gobiernos Autónomos Municipales–, que además de establecer competencias y atribuciones de los Órganos Ejecutivos y Legislativos Municipales, en su Disposición Transitoria Primera, estableció que el Órgano Legislativo Municipal en un plazo no mayor a noventa días calendario, computable a partir de la publicación de la Ley, debía aprobar el Reglamento General del Concejo Municipal, la Ley de Fiscalización Municipal y, la Ley de Contratos y Convenios; en tal sentido, el 3 de abril de 2014, se promulgó la Ley Municipal Autonómica 24/14; en cuyo art. 11 establece, como atribución del Concejo Municipal, la aprobación de los contratos de Bienes, Servicios y Obras para el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Dicha determinación, fue asumida sin efectuar una revisión de las competencias que la Constitución Política del Estado y la ley, otorgan a los órganos que componen el Gobierno Municipal; pues, el Concejo Municipal de Sucre reglamenta y regula, cuál es el procedimiento que el Ejecutivo Municipal debe cumplir para efectuar los diferentes procesos de contratación; decisión que considera, contraria a lo dispuesto por las normas constitucionales; toda vez que, conforme a lo dispuesto en las mismas: a) El nuevo modelo constitucional establecido a partir del art. 12 de la CPE de 2009, establece la separación de los poderes del Estado con prohibición expresa de que sus funciones se reúnan en un solo órgano o poder; b) El art. 272 de la CPE, prevé cuál es la forma del ejercicio de la autonomía; señalando que, será practicada a través de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva; disposición complementada, por lo dispuesto en el art. 283 de la misma norma constitucional, que establece cuál es el rol de cada Órgano de poder, previendo que el Concejo Municipal tendrá facultad fiscalizadora, legislativa, deliberativa; y en consecuencia, corresponderá al Órgano Ejecutivo, asumir las facultades reglamentaria y ejecutiva previstas en el art. 272 Constitucional, que fue pasado por alto por el Concejo Municipal a tiempo de emitir la norma impugnada; c) La facultad reglamentaria del Ejecutivo municipal no puede ser ejercida de manera discrecional y arbitraria; porque en todos los casos, existen normas y directrices de carácter general a las que debe someterse toda la reglamentación específica, la cual emana del nivel central del Estado en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 175.I.2 y 3 de la CPE; en cuyo tenor dispone que, serán los Ministros de Estado, quienes emitirán normas que estarán destinadas a dirigir las políticas públicas y la gestión de la administración pública, situación que no fue observada por el Concejo Municipal; y, d) Ratificando lo anterior, el art. 297.I.3 de la Norma Suprema, prevé las competencias concurrentes, que fueron desarrollados posteriormente por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Agrega que, en un análisis puntual, el “art. 10 de la LAM 24/14” (sic); establece que, los procesos de contratación deben ser aprobados ya sea por Resolución Administrativa Municipal o por Resolución Autonómica Municipal; exigencia que de un lado, modifica totalmente el procedimiento regular que rige para los procesos de contratación; y, de otro lado, hace que el Concejo Municipal exceda su rol fiscalizador convirtiéndose en parte del proceso de contratación. En ese contexto, cuando el art. 11 de la referida Ley 24/14, dispone que los contratos a suscribirse por el Ejecutivo Municipal sean aprobados, ya sea por Resolución Administrativa o Resolución Autonómica Municipal, se modifica el procedimiento ya dispuesto por las normas previstas para los procesos de contratación y lo dispuesto por el nivel central, conforme establece el art. 175.I de la CPE, así como lo regulado por el Ejecutivo Municipal; puesto que, ninguna de esas normas establece que deba emitirse una resolución como una etapa de los procesos de contratación; por lo tanto, al incluir la emisión de una resolución dentro del procedimiento de los procesos de contratación, se contraviene lo dispuesto en los arts. 283 y 297.I.3 de la CPE; ya que, la regulación de los procesos de contratación es una competencia concurrente a ser ejercida por el Nivel Central del Estado y el Ejecutivo Municipal, no así por el Concejo Municipal. Ahora bien, esa modificación realizada por el Concejo Municipal, permitió que posteriormente, se amplíe el entendimiento contenido en el art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14, normando y desglosando inclusive, qué tipo de contratos deben ser aprobados con una Resolución, lo cual tiene implicancias negativas en la gestión municipal; de manera que, el incumplimiento de las normas dispuestas por el nivel central, transgrede el art. 175.I.2 y 3 de la Ley Fundamental porque no respeta que el Nivel Central del Estado, es la instancia que ejerce como Órgano Rector de las políticas públicas; y, también contraviene lo dispuesto por el art. 283 de la misma Norma Suprema; puesto que, con esa reglamentación no se está realizando ningún rol de fiscalización; y, al reglamentar las políticas dispuestas por el Nivel Central del estado, actúa fuera de su competencia y, contraviene el art. 297.I.3 de la CPE. De igual forma, se puede observar que en la redacción del art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14; se establece que, determinados procesos de contratación que se encuentran a cargo del Ejecutivo Municipal (véase el numeral 5 de dicha norma municipal) deben ser aprobados por el Concejo Municipal mediante Resolución Autonómica Municipal; lo cual, aparte que regula algo que no le corresponde, excediendo sus funciones, convierte al Órgano Legislativo, Deliberante y Fiscalizador Municipal en parte del proceso de contratación; lo que, resulta totalmente contrario a lo dispuesto por el art. 283 de la CPE; y que además, ha merecido pronunciamiento por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de reiteradas Declaraciones Constitucionales como es el caso de la DCP 0067/2015 de 5 de marzo; misma que, determina que el Órgano legislativo y fiscalizador no podría ser parte de la administración y ejecución municipal, convirtiéndose en juez y parte; es así que, la aprobación de contratos y convenios fijados por Ley Municipal, para preservar los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación de órganos, estos numerales que se analizan deben ser reformulados. En el marco del indicado entendimiento, si se da por bien hecha la redacción del art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14, se estaría consintiendo que el Concejo Municipal sea parte de los procesos de contratación, lo cual desnaturaliza su rol de fiscalizador; debido a que, en el caso de que un determinado proceso de contratación sea sometido a fiscalización posterior, acontecería el absurdo de que el Concejo Municipal se reproche a sí mismo; en tal sentido, resulta que lo dispuesto en el art. 11 de la mencionada Ley municipal, es totalmente contrario al texto constitucional; puesto que, no es una atribución propia del Concejo Municipal; de manera que, infringe los arts. 12.I, 272 y 283 de la CPE, porque no se respeta la separación de poderes que rige a los gobiernos autónomos municipales; y sobre la cual, se funda el Estado Boliviano y además, excede las competencias que la norma constitucional le reconoce. Por otra parte, constituye un despropósito que el Concejo Municipal deba aprobar determinados procesos de contratación, debiendo señalar que para el cumplimiento de la función ejecutora que tiene el Ejecutivo Municipal, existe una Programación Operativa Anual, que es trabajada con dicha periodicidad; y en la que, se planifica toda la actividad a realizar por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; así como, el presupuesto que anualmente es aprobado por el Concejo Municipal; por lo que, se puede advertir que requerir la aprobación del Órgano Deliberativo en un proceso de contratación, resulta insulso; puesto que, todo proceso de contratación responde lógicamente a la ejecución del Programa Operativo Anual (POA), el cual ya fue aprobado en dicha instancia; en tal sentido, no es razonable que tengan que aprobarse los actos de ejecución del presupuesto, que ya fue aprobado por ellos mismos; similar razonamiento, fue expuesto en la DCP 0106/2015 de 8 de abril. La aplicación del art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14, fue modificada por el Concejo Municipal, agravando groseramente lo inicialmente dispuesto, porque se desconocieron mandatos constitucionales; es el caso, de la Ley Municipal Autonómica 304/2022, promulgada el de 5 de enero; y posteriormente, de la Ley Autonómica Municipal 320/2023 de 8 de mayo, debiendo notarse que en la redacción estas dos últimas leyes, se arrastra el error de la primera mencionada, porque se incluye a la aprobación del Concejo Municipal como una fase más de los procesos de contratación, cuando no tiene esa facultad. Por otra parte, debe mencionarse también que, con esas modificaciones, el Concejo Municipal excedió las atribuciones que tiene; pues, en caso de darse por bien hecho lo dispuesto por el art. 11 y sus modificaciones, se consentiría que el Concejo Municipal debe aprobar todos los contratos que tiene que suscribir el Ejecutivo Municipal, supeditando así su competencia al Concejo Municipal; y, tomando en cuenta que el municipio de Sucre suscribe contratos para la ejecución del POA que en su generalidad, superan las sumas de Bs500 000.- y Bs1 000 000.-, si el Concejo Municipal debe aprobar los contratos cualquiera sea su cuantía, implicaría un exceso en sus funciones y una injerencia en la gestión del Ejecutivo Municipal, que convierte al Órgano Deliberante en Órgano Reglamentario, si se permite que el mismo reglamente los procesos de contratación del Ejecutivo; y por otra parte, sea un Órgano ejecutor; puesto que, si aprueba un proceso de contratación se convierte en parte del mismo. Igualmente, al incluir en la redacción de las leyes, todos esos aspectos no dispuestos por el Órgano Rector, se burocratiza excesivamente el aparato estatal, lo cual es totalmente contrario a lo dispuesto por el art. 9 de la CPE; toda vez que, la ejecución de proyectos en el Municipio significa mejores condiciones de vida para la población en general, y también, fuentes de empleo para las personas.

La Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, en su art. 16, dispone que el Concejo Municipal tiene como atribución aprobar contratos, previéndose en la Disposición Transitoria Primera, que el Órgano Legislativo debía aprobar el Reglamento General del Concejo Municipal, la Ley de Fiscalización Municipal y la Ley de Contratos y Convenios; de esa forma, a primera vista, se podría comprender que el Concejo Municipal tiene la atribución de aprobar contratos del Ejecutivo Municipal; empero, debe realizarse una interpretación amplia sobre el alcance de la norma indicada y conforme a la voluntad del legislador, no una simple interpretación gramatical, que resulta contradictoria porque se busca que los Gobiernos Autónomos Municipales ejerzan su autonomía, basados en la separación de poderes; por lo que, no puede disponer que un órgano de poder dependa del otro para el cumplimiento de sus atribuciones; en tal sentido, la finalidad del art. 16 de la Ley 482, al establecer que el Concejo Municipal apruebe contratos, es que se requerirá aprobación cuando la suscripción comprometa recursos o de alguna manera, tenga un impacto significativo en el municipio y su población en general. En tal sentido, la DCP 0061/2018 de 29 de agosto, señala que deben establecerse los casos excepcionales en los que los contratos requerirán de la aprobación del Órgano Legislativo en el marco de la excepcionalidad. Al efecto, los contratos mencionados en el art. 8 de la Ley 482 (crédito público o licitaciones con crédito público; concesión, alianza público-privada, contratos de proyectos plurianuales, contratos de comodato) ni siquiera merecieron pronunciamiento del Legislativo Municipal. El detalle señalado, se efectúa a fin de demostrar que existen contratos que puede suscribir el Ejecutivo Municipal, en los que según la importancia o naturaleza objeto del contrato deben ser aprobados por el Concejo Municipal; lo cual, es una excepción no así una regla, esto conforme a los razonamientos establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las mencionadas Declaraciones Constitucionales Plurinacionales; por lo que, el hecho de que el Legislativo Municipal en la Ley Municipal Autonómica 24/14 no establezca que la aprobación de contratos será a través de Resolución Autonómica/Administrativa Municipal, es contraria a la Constitución Política del Estado, tanto porque regula un procedimiento que no está dentro de su competencia al adicionar una aprobación que no está prevista en el procedimiento, cuando prevé la aprobación de la generalidad de los contratos que suscribe el Ejecutivo Municipal. Por otra parte, el Legislativo Municipal en lugar de cumplir sus funciones como Órgano Deliberante, Legislador y Fiscalizador, se entromete en la gestión del Ejecutivo; puesto que, a partir de lo dispuesto en la Ley Municipal Autonómica 24/14 a la fecha, promulgaron dos leyes que agravan la nefasta actividad legislativa realizada con la promulgación de las Leyes Municipales Autonómicas 304/2022 y 320/2023; con las cuales, amplía la aplicación del art. 11, cuando lo que mandaba realizar la Ley 482, no era regular o normar los procesos de contratación en general; toda vez que, estos deberán regirse a lo establecido por el nivel central, conforme manda el art. 297.I de la CPE, sino que debía detallar en la Ley Municipal Autonómica 24/14, aquellos contratos que merecerán aprobación por su trascendencia; siendo que, cada uno de los contratos tiene su propia reglamentación, quedando la decisión de su aprobación en última instancia en manos del Concejo Municipal. El resto de los procesos de contratación no son otra cosa que la ejecución del POA aprobado por el propio Concejo Municipal, debiendo considerarse que Sucre, siendo un municipio capital, suscribe contratos por montos superiores a Bs200 000.- y Bs 1 000 000.-; de manera que, si se consiente que el Concejo Municipal apruebe la mayoría de los contratos, se estaría legitimando la injerencia y usurpación de funciones del mismo.

I.2. Admisión y citación

Por AC 0238/2023-CA de 24 de mayo, cursante de fs. 107 a 114, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta y dispuso que sea puesta a conocimiento del Presidente del Concejo Municipal de Sucre, en su condición de personero del Órgano que generó la norma impugnada, a objeto de que pueda formular los alegatos que considere convenientes.

I.3. Alegaciones del personero del Órgano que generó la norma impugnada

Yolanda Edith Barrios Villa, Presidenta del Concejo Municipal de Sucre, por memorial de fs. 263 a 268, transcribiendo el art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14; señaló que, fue parcialmente derogado y modificado por Ley Municipal Autonómica 304/2022; y, finalmente, la Ley Municipal Autonómica 320/2023, abrogó la Ley Municipal Autonómica 304/2022, dejando sin efecto la misma. No es evidente que el art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14, sea contrario a la Constitución Política del Estado; es decir, a los arts. 9.2.4 y 5 –referidos a los fines y funciones del Estado–; y, no así a la facultad legislativa y fiscalizadora que tiene el Concejo Municipal; habida cuenta que, la citada norma legal fue aprobada y sancionada, promulgada y publicada en la Gaceta Municipal, cumpliendo con los procedimientos legislativos previstos en el art. 23 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y cumplida por más de nueve años. Tampoco es contrario al art. 12.I constitucional, que se refiere a la organización del Estado a nivel central y a la independencia, coordinación y cooperación de los órganos del Estado refiriéndose a los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, sin hacer mención a los Gobiernos Autónomos Municipales; en ese sentido, el art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 no se contrapone a la disposición constitucional citada y tampoco a ningún otro artículo que se cita como contrario a la misma. En ese contexto, el art. 175.I de la CPE no hace referencia a la facultad legislativa referida a contratos y/o cuantías para su aprobación en función a competencias. El art. 272 de la misma norma, se refiere a la autonomía y a las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva. Por su parte, el art. 283, se refiere a la constitución del gobierno autónomo municipal y sus facultades; y, el art. 297, norma la distribución de competencias, quedando claro que el Concejo Municipal no ha irrumpido competencias de otros órganos. Con relación a la facultad privativa que tienen los Concejos Municipales para aprobar, rechazar, devolver contratos y convenios, esta se encontraba reconocida desde la primera Ley Orgánica de Municipalidades de 10 de enero de 1985, como consta en su “art. 19 numerales 5, 11 y 12” (sic). De igual manera, en la Ley 2028 –Ley de Municipalidades de 28 de octubre de 1999–, como se evidencia en el art. 12.11 La Ley 482, precisa en su art. 16 numerales 7, 8 y 9 que el Concejo Municipal tiene facultad para aprobar o ratificar convenios; contratos, contratos de arrendamiento y comodato. Refiriéndose a los argumentos del accionante; señaló que, el nuevo régimen autonómico ha sufrido una transición con la aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009; de manera que, el nuevo estado autonómico exige la emisión de normativa autonómica acorde a los cánones constitucionales y a los parámetros normativos que el nivel central del Estado emite; es así que, la Ley 482 establece un marco importante para la estructuración, funcionamiento y marco competencial de los municipios, entre tanto no se encuentre vigente su Carta Orgánica Municipal ni se emita legislación municipal de desarrollo que permita ejercer plenamente el modelo autonómico en el ámbito espacial de competencia; en ese entendido, la referida Ley 482, establece en su art. 16 que es atribución de los Concejos Municipales, la aprobación de contratos de acuerdo a Ley Municipal, en ese entendido, la Disposición Transitoria Primera ordena a los órganos legislativos municipales a emitir legislación referida a contratos. Así se tiene que, por mandato del nivel central del Estado, se construyó un andamiaje normativo relativo a la legal atribución de la que gozan los Concejos Municipales para la aprobación de contratos municipales de acuerdo a preceptos, normas e interpretaciones, concordantes con la Constitución Política del Estado y las leyes. De ello se infiere que, la Ley Municipal Autonómica 24/14 nace de la voluntad del legislador nacional materializada en la Ley 482. El accionante adjuntó la Ley Municipal Autonómica 24/14 y sus modificaciones; y, en ningún momento cuestionó la formalidad o la jerarquía de la norma municipal a través de la cual, se hubiese aprobado dichas normas, de esta forma queda claro que la referida norma legal fue aprobada por el Concejo Municipal de Sucre; por lo cual, goza de la jerarquía de una ley municipal y no de reglamento o de otro instrumento normativo inferior; por lo que, se denuncia sin mayores fundamentos que el Concejo Municipal estaría ejerciendo una facultad reglamentaria. En concordancia con lo establecido en los alegatos, el accionante confunde reglamentación con ley de desarrollo, categorías que no son equiparables en razón de los órganos competentes de emisión; la primera, es emitida por el Órgano Ejecutivo, mientras que la segunda corresponde al legislador, en el caso, el nivel central mediante Ley 482, encomienda expresamente al legislador municipal a emitir normativa con rango de ley municipal en materia de contratos municipales; por lo que, no existe ninguna transgresión a la facultad reglamentaria, además se encuentra en el mismo nivel de las leyes nacionales, conforme establece el art. 410.II.3 de la CPE. No es posible invocar que el régimen normativo de los procesos de contratación corresponda a una competencia concurrente entre el nivel central y el Órgano Ejecutivo, prevista en el art. 199.II de la Norma Suprema y porque al nivel central del Estado, le correspondería la facultad legislativa como bien lo señala el art. 297.I.3 Constitucional; sin embargo, el accionante refiere que el Estado cumpliría con su participación concurrente con normas de jerarquía infra legal emitidas por el órgano administrativo cabeza de sector, situación que violenta el precepto constitucional antes referido. No existe competencia concurrente, si el nivel central pone su cuota competencial con decretos u otras normas administrativas inferiores. Asevera el accionante que el art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 permite que el Concejo Municipal de Sucre se convierta en juez y parte dentro del proceso de contratación y argumenta que según la DCP 0067/2015, el legislador municipal no puede ser parte de la administración y ejecución municipal; y que, todo eso enerva los “arts. 12, 272 y 281 constitucionales” (sic); no obstante, la referida Declaración Constitucional Plurinacional, señala que la aprobación de contratos y convenios por el Concejo Municipal solo debe ser efectuada en casos determinados fijados por ley municipal, para preservar los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación de órganos. De ahí se infiere que el Concejo Municipal, no puede establecer la facultad permanente de aprobar contratos, sino que dichos parámetros deben ser efectuados mediante ley municipal. En ese sentido, el Concejo Municipal de Sucre, al emitir la Ley Municipal Autonómica 24/14, está cumpliendo este razonamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional; motivo por el cual, no existen disonancias jurisprudenciales. Añadió que la DCP 0061/2023, señala que la aprobación o rechazo de los contratos y convenios por parte del Concejo Municipal, se restringe solo a aquellos en los que por la naturaleza y/o cuantía, comprometan recursos estratégicos o la institucionalidad de la propia Entidad Territorial Autónoma (ETA); de dicho razonamiento se debe inferir que a criterio del Tribunal Constitucional Plurinacional es perfectible la posibilidad de que mediante ley municipal se pueda otorgar competencia al legislador municipal para aprobar cierto tipo de contratos, en razón de su importancia o en razón de cuantía (que para el efecto, no existe norma particular). En ese entendido, el Concejo Municipal de Sucre, al establecer en el art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14, altas cuantías de dinero como filtro y criterio de discriminación para otorgarle al legislador municipal competencia para aprobar o rechazar contratos iguales y superiores a importantes sumas de dinero, guarda correspondencia con el carácter excepcional que el Órgano de justicia constitucional, exige para dotar al legislativo de la atribución de aprobar contratos, que por su importancia y excepcionalidad, resulta necesario que sean aprobados en ambas instancias.

El accionante, durante varios meses se arrogó una competencia que es exclusiva del Concejo Municipal, queriendo ser el intérprete de las leyes municipales por encima de los criterios interpretativos del Concejo Municipal de Sucre; además, pretende imponer discrecionalmente, la tipología de contratos que, a su criterio, deben ser potencialmente aprobables por el Legislativo Municipal; situación que, no guarda consonancia con el principio de legalidad al que está sometido el Órgano Ejecutivo.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 10 de abril de 2024, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 811); recibida la misma, se ordenó su reanudación por Decreto Constitucional de 17 de junio de igual año (fs. 835); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Normas consideradas inconstitucionales

El accionante demanda la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 de 3 de abril de 2014, Ley de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con las modificaciones dispuestas por la Ley Municipal Autonómica 320/2023 de 8 de mayo. “Art. 11. (APROBACIÓN). Queda establecido que la aprobación de los contratos por la Contratación de Bienes, Servicios y Obras para el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en cumplimiento de las formalidades legales administrativas y técnicas vigentes se regirán bajo las siguientes condiciones: 1.

a. Los contratos del Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Contrataciones Menores y de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en un monto mayor a 50 000.- hasta 500 000.-Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal. b. Los contratos del Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en un monto mayor a 500 000.- hasta 1 000 000.- de Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal.

c. Los contratos del Órgano Legislativo en las modalidades de Contratación Menor de 0 a 50 000.- Bolivianos, serán de responsabilidad de la MAE.

d. Los contratos del Órgano Legislativo en las Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, desde 50 000.- hasta 1 000 000.- de Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. 2. Los contratos por Excepción del Órgano Ejecutivo, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal.

Los contratos por excepción del Órgano Legislativo serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal.

3. Los contratos por Desastres y Emergencias serán aprobados mediante Decreto Municipal previa declaratoria de emergencia o Desastres Naturales por el Órgano Legislativo. 4. Los contratos por Contratación Directa del Órgano Ejecutivo, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal.

Los contratos por contrataciones directas del Órgano Legislativo serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. 5. Los contratos de la modalidad Licitación Pública Nacional o Internacional, serán aprobados por el Órgano Legislativo Municipal, mediante Resolución Autonómica Municipal.” (fs. 16)

II.2. Normas de la Constitución Política del Estado consideradas infringidas

“Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional.

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.” “Artículo 12.I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.” “Artículo 175.I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley:

1. Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del Gobierno. 2. Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector.

3. La gestión de la administración pública en el ramo correspondiente.

4. Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia.

5. Proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con la Presidente o el Presidente del Estado.

6. Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al Ministerio.

7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten.

8. Coordinar con los otros Ministerios la planificación y ejecución de las políticas de gobierno.” “Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción competencias y atribuciones.” “Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.” “Artículo 297.

I. Las competencias definidas en esta Constitución son:

1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado. 2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre determinada materia, las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.

3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas.”

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En la presente acción de inconstitucionalidad abstracta, Enrique Leaño Palenque, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, demanda la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 de 3 de abril de 2014, Ley de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con las modificaciones dispuestas por la Ley Municipal Autonómica 320/2023 de 8 de mayo, por ser presuntamente contrario a los arts. 9, 12.I, 175.I, 272, 283 y 297.I de la CPE; debido a que: 1) Dispuso una modificación total del procedimiento que rige para los procesos de contratación, cuya regulación es competencia del órgano rector perteneciente al nivel central del Estado y que entorpece la gestión del Ejecutivo Municipal; 2) Convierte al Órgano Legislativo, Deliberante y Fiscalizador Municipal en parte del proceso de contratación, volviéndose en juez y parte, vulnerando los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación de órganos; y, 3) Supedita al Órgano Ejecutivo Municipal a la competencia del Concejo Municipal, denotando manifiesta injerencia en la gestión del ejecutivo municipal, convirtiendo al Órgano Deliberante no solo en órgano reglamentario, sino también en parte, de los procesos de contratación. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes a los efectos de ejercer el control de constitucionalidad que le encomienda al Tribunal Constitucional Plurinacional, el art. 202.1 de la CPE.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad abstracta

Respecto a la naturaleza jurídica y alcances de la acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1925/2012 de 12 de octubre, determinó que: “El constituyente le ha conferido al Tribunal Constitucional Plurinacional el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que entre sus finalidades tiene la de ejercer el control de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, control que se instrumenta a través de las acciones de inconstitucionalidad, sean en la vía abstracta o concreta, con carácter correctivo o a posteriori, con la finalidad de que este Tribunal someta las normas cuestionadas a un juicio de constitucionalidad para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los valores supremos, principios, fundamentales y normas de la Constitución Política del Estado. De acuerdo a la previsión constitucional inserta en el art. 202.1 de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conocerá y resolverá en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; norma concordante con el art. 103 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que establece que la acción de inconstitucionalidad abstracta procederá contra toda ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales de carácter normativo que puedan resultar contrarias a la Constitución Política del Estado. La acción de inconstitucionalidad, tiene como propósito expulsar del ordenamiento jurídico, toda norma que sea incompatible con la Constitución; en ese sentido, el art. 132 de la CPE, haciendo referencia de manera general a la acción de inconstitucionalidad, señala que toda persona, sea individual o colectiva, que se encuentre afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, tendrá derecho a interponer la acción de inconstitucionalidad, conforme a los procedimientos desarrollados para ese fin. Por su parte, el art. 133 de la CPE, prevé sobre los efectos de la inconstitucionalidad, la declaración de la inaplicabilidad de la norma impugnada, teniendo efectos erga homes; es decir, surte plenos efectos respecto a todos…”.

En cuanto a los alcances del control normativo de constitucionalidad la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado en la SC 0051/2005 de 18 de agosto, manifestó que: “…el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y, d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control…”. En mérito a lo precedentemente expuesto, la Constitución Política del Estado estableció que la acción de inconstitucionalidad como una de las acciones de defensa, puede ser formulada por toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria la Norma Suprema, quien tendrá el derecho a presentar dicha acción, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley (art. 132 de la CPE). Así en el Título III, Acciones de Inconstitucionalidad, Capítulo Primero, Disposiciones Generales, en el art. 72 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que: “Las Acciones de Inconstitucionalidad son de puro derecho y tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una Ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado, a instancia de las autoridades públicas señaladas en este Código”. El art. 73 del citado Código, determina los tipos de acciones de inconstitucionalidad: “1. Acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales. 2. Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, est5atutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”. En cuanto a la legitimación activa, el art. 74 del nombrado Código, otorga la misma para interponer esta acción a la: “…Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de los Órganos Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de esas Entidades Territoriales Autónomas, así como la Defensora o el Defensor del Pueblo”.

III.2. Sobre el diseño del Estado Unitario con Autonomías

La DCP 0098/2018 de 12 de diciembre, respecto a esta temática, reunió varios de los fundamentos que fueron desarrollados a través de todo el proceso de implementación de autonomías; expresando que, el art. 1 de la CPE establece que Bolivia se constituye en un Estado con autonomías, estableciendo un diseño estructural basado en la distribución territorial del poder; es decir, no una simple descentralización del mismo sino una verdadera repartición de potestades a las entidades territoriales autónomas, a efecto de que las mismas cumplan con los fines propios del Estado en una relación más profunda con la población, consolidando los gobiernos subnacionales y respetando el carácter preexistente de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes pueden ejercer su libre determinación y autogobierno conforme establece el art. 2 de la referida Norma Suprema. A su vez, la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, entiende que el art. 1 de la Ley Fundamental, en su primera parte, establece una cláusula normativa por la que se ingresa a un nuevo modelo de Estado compuesto, cimentado en la distribución del poder político con base territorial y que reconoce la existencia de distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora según expresa el art. 272 de la CPE. Sobre las características del Estado Unitario, Comunitario y Plurinacional, la SCP 2055/2012 de 16 de octubre, explica que se denomina Estado Unitario porque resguarda la integridad del territorio nacional y garantiza la unidad entre los bolivianos y, es Comunitario porque revaloriza las diversas maneras de vivir en comunidad, sus formas de economía, de organización social, política y la cultura. En este modelo de Estado se instituyen nuevos valores emergentes de la pluralidad y diversidad que caracteriza al Estado boliviano, entre ellos, se predican los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, mejor distribución de la riqueza con equidad. Al ser comunitario, el Estado asume y promueve como principios ético-morales, aquellos que rigen la vida en comunidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Se erige también como Estado plurinacional al reconocer la condición de naciones a los pueblos indígena-originario-campesinos. El mencionado fallo constitucional precisa que cada uno de los gobiernos subnacionales señalados anteriormente, cuenta con particulares características en su constitución a partir del nuevo diseño estatal; así, los gobiernos departamentales se encuentran constituidos por una Asamblea Legislativa Departamental y un Órgano Ejecutivo, cuya máxima autoridad ejecutiva (MAE) es el Gobernador o Gobernadora (arts. 277 y 279 de la CPE); los gobiernos municipales autónomos cuentan con un Concejo Municipal y un Órgano Ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde, según establece el art. 283 de la misma norma constitucional. Finalmente, la autonomía indígena-originario-campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena-originario-campesinos cuya población comparta territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas, de acuerdo a lo establecido en el art. 289 de la Norma Suprema y, se ejerce de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos en armonía con la Constitución Política del Estado y la ley, de acuerdo a lo establecido en el art. 290.II de la CPE. Una de las grandes novedades que contempla la estructura estatal establecida por la Norma Suprema, radica primordialmente en la distribución de la potestad legislativa a favor de cada uno de los gobiernos autónomos subnacionales que, conforme con el art. 410 de la CPE, tiene un rango comparable a las leyes nacionales; así se rompe con el monopolio de un único emisor de leyes al distribuir dicha facultad a cada entidad territorial autónoma en el entendido que la autonomía, como una modalidad del Estado compuesto, hace referencia a la distribución del poder político de forma limitada; de tal forma que, la autonomía legislativa otorgada para determinadas competencias no exime que en otros temas existan tareas delegadas, esto dependerá de los límites impuestos por el constituyente a la competencia legislativa de las entidades territoriales autónomas, según las materias que se trate. Es en este nuevo ámbito organizativo estatal que la constitución de gobiernos autónomos subnacionales adquiere matices de los órganos del nivel central del Estado con la finalidad de garantizar su gobernabilidad; entre éstos, la necesaria división interorgánica que comprende la constitución de dos órganos que corresponden a las ETAs, uno encargado de la ejecución y reglamentación de las normas respectivas, y otro ente de carácter representativo encargado de la emisión de leyes de índole subnacional; y asimismo, del control o fiscalización de la ETA en razón del mismo carácter representativo que ostenta; en virtud del cual, también ejerce facultad de deliberar sobre asuntos atingentes a la gobernanza. Conviene hacer referencia al principio de independencia y separación de órganos establecido en el art. 12.I de la CPE; el cual establece que: El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos; asimismo, el parágrafo III del mencionado precepto constitucional; establece que, las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí; disposiciones que, si bien se encuentran dirigidas a los órganos del nivel central del Estado, se hacen extensibles a las relaciones entre órganos de las ETAs, que son iguales en jerarquía y se rigen bajo la separación e independencia de sus actividades, así lo establece el art. 276 de la CPE. No obstante, resulta pertinente señalar que, todo este andamiaje arquitectónico constitucional se encuentra sometido al principio de unidad que no solamente rige a las ETAs por mandato del art. 270 de la Ley Fundamental, sino a todo el Estado boliviano, conforme establece taxativamente el art. 1 de la Norma Suprema. Prosiguiendo, las autoridades de las ETAs cuentan con distintas facultades para ejercer su autonomía; así el art. 272 de la CPE; establece que, la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. Los órganos legislativos de estos niveles de gobierno, también cuentan con facultad deliberativa en ejercicio de su mandato representativo; así se advierte, de los arts. 277, 281 y 283 de la Norma Suprema, debiendo aclararse que solo en el caso de la autonomía regional, su Asamblea Regional cuenta con facultad normativo-administrativa según el art. 281 de la Norma Suprema.

III.3. El principio de separación de funciones o facultades

La SCP 0060/2023 de 31 de julio, en cuanto al principio de independencia y separación de los órganos del poder público, señala que: … por mandato del art. 12.I de la CPE…’El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos’; disposición constitucional que a su vez guarda coherencia con el art. 178.I de la misma Norma Suprema, cuando esta norma refiere que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de independencia. La Carta Interamericana de Derechos, aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el vigésimo octavo periodo extraordinario de sesiones, desarrollado el 11 de septiembre de 2001, en Lima Perú, precisa en su parte considerativa que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. A su vez, dicho instrumento reconoce en su art. 3, como uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, la separación e independencia de los poderes públicos; lo cual denota la importancia de ambos aspectos para efectos de un adecuado funcionamiento el sistema democrático de los Estados miembros de la OEA”.

Por su parte, la Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020 de 15 de enero, refiriéndose al modelo, estructura y funcionamiento de los Órganos del Poder Público en el Estado Plurinacional de Bolivia, establece lo siguiente: “…La Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, establece en su art. 1, que: ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país’. Por su parte, los Títulos I, II, III y IV de la Segunda Parte ‘Estructura y Organización Funcional del Estado’ de la Norma Suprema, instituyen cuatro Órganos del Poder Público: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, de manera que, en la estructura y funcionamiento del Estado, se mantiene la trilogía del constitucionalismo clásico, añadiendo la figura del Órgano Electoral. En tales circunstancias, el art. 7 de la CPE, instituye que: ‘La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible’; de lo que se colige que la soberanía nacional se traduce en los Órganos del Poder Público, extremo que refrenda su existencia. En ese orden y en el marco de la caracterización contenida en el texto constitucional, Bolivia tiene un modelo de organización y estructura del Poder Público, que delega su ejercicio a los Órganos de Poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), separación que a su vez denota la voluntad del constituyente de evitar la concentración de poder y garantizar el sistema de frenos y contrapesos, para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos que forman parte del ente estatal; conforme a lo ya mencionado, dicha estructura del Poder Público, debe obedecer a una continuidad en el desenvolvimiento de sus funciones, para no quebrantar el precepto democrático, la soberanía nacional, la garantía de ejercicio de los derechos fundamentales, el ejercicio del Poder Público, así como el objetivo constitucional de separar las funciones de los Órganos del Poder Público. Aspectos que encuentran su asidero en lo dispuesto por el art. 12 de la CPE, que literalmente reza: «I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.» De otro lado, se debe considerar que un sistema, en sentido general, es un conjunto de reglas o principios sobre una materia, racionalmente enlazados entre sí (Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 2001, p.2073). El mismo concepto en el ámbito jurídico no es distante del anteriormente señalado, porque se entiende como un conjunto de principios, normas o reglas, lógicamente enlazados entre sí, acerca de una ciencia o materia, también es un conjunto ordenado y armónico que contribuye a una finalidad (Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, 1979, p.296). En ese orden de ideas y tratándose de un Gobierno, la acepción de sistema deriva en un conjunto de reglas y principios inherentes a la dirección o administración del Estado. Sobre el particular, el precitado art. 12 de la CPE, forma parte de la dogmática de la Ley Fundamental, introduce la parte orgánica de la Norma Suprema, aspecto que para una comprensión efectiva conforme al art. 3.8 del CPCo, cumple la función de ordenar el Poder Público, que en el caso de la Constitución Política del Estado Boliviana de 2009, conlleva un elemento sustancial y no menos relevante, a saber, la constitucionalización de principios fundantes o aquellos que rigen la organización del Poder Público. Nótese que la última nominación mencionada, supera la noción de “poder del Estado” y dota de una nueva concepción de estatalidad debido al cambio de la visión de poder, que ahora recae en el Estado, de ahí que el art. 12.I de la CPE, reconoce expresamente: ‘El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral…’. De lo antes referido, resulta evidente que la Norma Suprema, no plantea una idea de noción de poder sobre el Pueblo, sino de un poder creativo y constante del mismo; tanto así que, en el cuarto párrafo del Preámbulo de la Constitución Política del Estado, queda claramente establecido que: ‘…Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…’; que en el art. 1 constitucional, se reconoce como característica esencial democrática. De ahí que, la organización y estructura del Poder Público y del Estado, deben dar validez y vigencia a la citada parte dogmática de la Ley Fundamental, lo que deriva necesariamente en una primera finalidad, la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, declarados y reconocidos por la propia Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; y en segunda instancia, que el Poder Público no puede quedar concentrado, porque de ser así es probable la emergencia de un impedimento para evitar la arbitrariedad y los abusos en su ejercicio. La clásica teoría de Montesquieu, de división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mutó a la nomenclatura que la Constitución Política del Estado Boliviana, estableció para definir a los Órganos del Estado, como elementos de la organización y estructura del Poder Público, a manera de expresar una concepción biológica; es decir, compuesta por Órganos que a su vez conforman sistemas y éstos se agrupan en conjuntos o aparatos interrelacionados entre sí, bajo una visión holística orgánica que debe dar y mantener la vitalidad de un sistema único, que en términos sencillos resulta ser el aparato estatal fundado en una organización funcional. La misma visión se recoge desde la Constitución Estadounidense de 1787 y se mantiene vigente a través de la tradición constitucional mundial hasta nuestros días. Sin embargo, debe quedar claro que la triada clásica de poderes, en primer lugar, en la Constitución Política del Estado Boliviana, fue re significada a partir del reconocimiento que el Poder Público es único y que por tanto no puede haber división de poderes en el sentido clásico, ya que el poder es único e indivisible; es decir, lo que se divide son las funciones; y, en segundo término, que el reconocimiento de tres órganos no es limitante, porque, como en el caso boliviano, puede incluirse a otro, tal como el Órgano Electoral, que tiene un fin y función específicos, como franca manifestación de la pluralidad de los Poderes u Órganos, pero también de funciones y actividades. En Bolivia, la división de Órganos del Poder Público, tiene sentido a partir de una protección de los derechos fundamentales, de manera que la concentración del poder en un solo Órgano no derive en una conducta abusiva; se nutre de la idea de brindar seguridad y control, propone una estructura de contención del poder para proteger a las personas; de ahí que las funciones de los Órganos Públicos no pueden ser reunidas en un solo Órgano ni son delegables entre sí (art. 12.III de la CPE), sin que esto suponga que las funciones de un Órgano no sean delegables dentro del mismo, sino respecto a otro Órgano, evitando una sola voz de decisión sobre aspectos que la propia Constitución Política del Estado, encarga a Órganos concretos.

Esta característica se originó en el Decreto Supremo de 13 de agosto de 1825, emitido por la Asamblea General de la República Representativa de Bolívar y se mantuvo en las reformas constitucionales de 1826 (arts. 9 y 10), 1831 (arts. 8 y 9), 1834 (arts. 8 y 9), 1851 (art. 27), 1868 (arts. 5 y 26), 1967 (art. 2) y 1994 (art. 2), a manera de independencia e imposibilidad de reunir en un mismo Órgano las funciones del Poder Público; mientras que en el mismo artículo de las Constituciones de 1839 (art. 17), 1871 (art. 34), 1878 (art. 37), 1880 (art. 37), 1938 (art. 3), 1945, 1947, 1961, únicamente se estableció la independencia. De igual forma, se debe considerar que en la historia constitucional se procedió a una simple delegación del ejercicio de la soberanía, sin mayores características, a la tríada clásica de poderes en las reformas constitucionales bolivianas de 1843 (art. 13) y 1861 (art. 19). En ese orden de ideas, el Informe de Minoría de la Comisión 4, de Estructura y Organización del Estado de la Asamblea Constituyente, sobre el contenido del art. 12 de la CPE, estableció en el parágrafo IV, que: «Las funciones del Poder, no pueden ser reunidas en un mismo órgano y su ejercicio es limitado, por lo que no podrán atribuirse otras facultades que las expresamente acordadas por esta Constitución y las Leyes de la República»; pero además, que: ‘El ejercicio del Poder Público se desarrolla principalmente a través de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, así como de las demás instituciones, establecidas por esta Constitución y las Leyes de la República, con el objetivo de cumplir las funciones del Estado y realizar sus fines’ (Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano. Tomo III, Volumen 1, p.497). Asimismo, en la Propuesta de Texto Constitucional de las Organizaciones que conformaron el Pacto de Unidad de mayo de 2007, se entendió respecto al art. 5.I, que: ‘…Las funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Social Plurinacional no podrán concentrarse en un solo órgano’. Así, resulta evidente que tanto en la tradición constitucional como en los documentos que forman parte del debate y trabajo de la Asamblea Constituyente, se mantuvo vigente la separación de los Órganos del Poder Público, con especial mención que tal condición supone que éstos no pueden atribuirse otras facultades que no estén expresamente acordadas por la Constitución Política del Estado y la Ley, que persigue o tiene por objetivo el cumplimiento de las funciones del Estado y la realización de sus fines; y, con mayor importancia, que las funciones de los cuatro Órganos reconocidos expresamente por la Norma Suprema, no pueden concentrarse en un solo Órgano. Sobre el particular, se debe señalar que el art. 12 de la CPE, hace a la estructura y organización del Poder Público del Estado; cualquier disposición normativa debe respetar su contenido, lo que supone un impedimento tácito para modificar la organización de los cuatro Órganos del Estado, a objeto de reunir las funciones de éstos en uno solo ni que las funciones de un Órgano puedan ser delegadas a otro. A efectos de concretar la caracterización y estructura del Estado Plurinacional de Bolivia, conviene remarcar que el modelo de Estado Boliviano, si bien no contempla un reconocimiento expreso de su carácter constitucional; empero, a partir de las características de la Ley Fundamental, se desprende dicha naturaleza. Así, la jurisprudencia constitucional –de forma uniforme y reiterativa– a partir de la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, determinó que: “El modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado Constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también consagra de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en el art. 410.I de la CPE, señalando que: ‘Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución’, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…’”. De otro lado, resulta pertinente indicar que, mediante Informe de 13 de julio de 2007, de la Comisión de Estructura y Organización del Nuevo Estado, de la Asamblea Constituyente, que dio a luz a la actual Constitución Política del Estado; se evidencia que en el Informe de Mayorías se consignó la voluntad expresa de dividir el Poder Público en cuatro Órganos, que en independencia y coordinación debían funcionar, a efectos de disgregar el Poder Público y asegurar control entre ellos. En su homólogo de Minoría, se estableció que la separación de las potestades públicas debía efectuarse en cuatro Órganos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Adicionalmente, este Informe enfatizó que tales Órganos hallan su razón de ser en el cumplimiento de las funciones del Estado y la persecución de sus fines. En tal sentido, a través del Informe de Mayorías de la Comisión de Visión del País, de igual fecha, se reconoció que los cuatro ‘poderes’ públicos son el resultado de la soberanía que emana del pueblo boliviano; asimismo, se estableció que no se puede concentrar funciones en ninguno de éstos, estableciendo así que tales potestades deben separarse. Mediante Informe Segundo de Minorías, de 17 de julio de 2007, se indicó que se debe limitar el poder político, en el marco de un Estado Constitucional Democrático de Derecho, en mérito a que dicho poder debe estar sujeto a la Constitución Política del Estado, debiendo existir separación de poderes y éstos deben encontrarse demarcados los unos de los otros. Finalmente, a través de Informe de 13 de julio de 2007, la Comisión de Deberes, Derechos y Garantías de la Asamblea Constituyente, advierte que tanto en el Informe por Mayoría como en el de Minoría, se reconoció que el Estado tiene el deber de promover, proteger, difundir, promocionar y hacer vigentes los derechos, libertades y garantías de todas las personas que habitan en su territorio. En el Informe por Minoría, se entendió que se debe limitar todo poder político, para evitar arbitrariedad, siendo importante que Bolivia se constituya en una República, porque el poder debe separarse, limitarse y éste debe someterse a un orden constitucional. También el Informe por Mayoría, reconoció que se debe asegurar la constitucionalización de los Derechos Humanos para que los habitantes en el territorio nacional puedan hacer valer éstos frente al Estado; develando su intención de proteger a los ciudadanos en relación al aparato del poder político” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

Consecuentemente, el principio de separación de funciones ha sido establecido como parte de nuestro sistema constitucional desde la primera Constitución Política del Estado. Actualmente el art. 12 de la misma, consagra el principio de separación de funciones en reemplazo de la clásica teoría de la división de poderes, e implica la distribución de competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder; de manera que, esa distribución se constituye en una limitación para cada órgano de poder que sólo podrá ejercer aquellas potestades que forman parte de su competencia, evitando la concentración del poder en una misma persona u órgano, para garantizar la libertad, la dignidad y la seguridad de los ciudadanos, pues sólo así es posible dotar de funcionalidad y eficacia a la actividad estatal para el cumplimiento de sus fines; ello explica, por qué la potestad legislativa está sometida al control de constitucionalidad; la potestad reglamentaria, administrativa y ejecutiva al control jurisdiccional de la justicia ordinaria, mientras que la potestad jurisdiccional, además de estar regulada por las leyes sancionadas por el poder legislativo, está controlada internamente por los recursos existentes en el ordenamiento jurídico; y, en última instancia, a través del juicio de responsabilidad (SSCC 0009/2004 de 28 de enero; 0019/2005 de 7 de marzo; 075/2006 de 5 de septiembre; y, SSCCPP 0591/2012 de 20 de julio y 0686/2012 de 2 de agosto).

Conforme a lo previsto por el art. 213 de la CPE, la Contraloría General del Estado, ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico, con facultad para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Finalmente, el control y participación social, señalado por el art. 241 de la norma constitucional, es atribuido al pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, respecto a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Consecuentemente, no existe órgano ni entidad o empresa pública o privada que administre recursos fiscales, que se encuentre exenta de alguna forma de fiscalización y control; puesto que, como se analizó en acápite anterior, la separación de funciones y el ejercicio de sus competencias normativamente atribuidas, es un principio constitucional, que tiene por objeto evitar la concentración de poder político; de manera que, asigna funciones a diferentes órganos para que se contrapesen y fiscalicen mutuamente (dimensión negativa); tal principio, a la luz del constitucionalismo positivo, ha sido enriquecido de manera que además, promueve la cooperación entre los órganos que intervienen en la consecución del interés público que es su objetivo común; y en la que, cada uno utiliza sus capacidades institucionales para lograrlo.

III.4. Sobre la autonomía municipal y la separación de funciones

Del marco constitucional señalado por el art. 272 constitucional, la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos; y, el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. La SCP 2055/2012, al desarrollar los principios rectores del régimen autonómico establecido en el art. 270 de la CPE y el art. 5 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), establece al autogobierno como el derecho que tiene la ciudadanía que conforma las regiones, municipios y naciones y pueblos indígena originario campesinos a dotarse de su propia institucionalidad gubernativa y elegir directamente a sus autoridades en el marco de la autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado como una fase avanzada de descentralización política, en la que existen unidades territoriales dotadas con capacidad para ejercer las potestades legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora en los ámbitos de determinadas materias. Profundizando en el principio de autogobierno; se tiene entonces que, la autonomía es inherente a la autorregulación;

vale decir, que va más allá de administrarse por sí mismo, sino fundamentalmente, reconoce la capacidad para crear sus propias normas y gobernarse por sus propias autoridades; puesto que, el art. 283 de la Norma Constitucional, así lo prevé. Se aclara que la construcción dogmática del principio de la autonomía municipal, adoptó originalmente una concepción tradicional vinculada a la necesaria existencia de una gestión efectiva e independiente de una serie de asuntos llamados locales; sin embargo, la doctrina jurídico-pública advierte que no existen asuntos locales por naturaleza y ofrece una nueva concepción que atribuye competencias desde la norma constitucional en relación con los asuntos de la comunidad local; así, el art. 302 de la CPE, establece las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción, entendiéndose que en dichas materias, ejercen con plena capacidad, la facultad de autogobierno. Conforme dispone el art. 283 de la Norma Suprema “El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y, un Órgano ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”; los cuales, ejercen sus funciones en el marco del citado art. 302 de la Norma Constitucional que determina las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos; es decir, que corresponde al Concejo Municipal el ejercicio de la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en dicho ámbito, mientras que corresponde al Órgano Ejecutivo ejecutar la gestión municipal en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamental y sus sistemas de administración y control. En ese orden, la facultad deliberativa reconocida por el citado art. 283 de la CPE, se expresa en el reconocimiento de la capacidad de los Concejos Municipales para debatir y tomar decisiones, en forma consensuada con sus integrantes, respecto a las competencias exclusivas otorgadas por el art. 302 de la CPE o de aquellas competencias que le sean delegadas y todo otro asunto que sea de interés del municipio. La facultad legislativa del Concejo Municipal, se asienta en el reconocimiento de la facultad de emitir normas en su ámbito territorial que regulen los asuntos considerados y resueltos en ejercicio de la facultad deliberativa, legislación que de conformidad con el art. 410 de la CPE, tiene un rango comparable a las leyes nacionales. Finalmente, la facultad de fiscalización es amplia y conforme previene la Ley 482, en su art. 16.15, abarca a la Alcaldesa o Alcalde, Secretarias o Secretarios y otras autoridades del Órgano Ejecutivo Municipal, sus instituciones y empresas públicas y se ejerce a través de peticiones de informes escritos y orales, inspecciones y otros medios de fiscalización que los estatutos o cartas orgánicas instituyan en el marco de la ley emitida por el nivel central del Estado y de la competencia concurrente señalada en el Numeral 14, Parágrafo II del artículo 299 de la CPE. Desde un sentido jurídico, fiscalizar implica controlar las actividades del Estado para confirmar que se ajusten a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad; por lo que, es recomendable que quien fiscalice sea independiente; vale decir, que no debe participar de ninguna forma en las mismas ni en forma previa, ni durante su ejecución. Respecto al Órgano Ejecutivo, el art. 283 de la CPE; dispone que, estará presidido por las Alcaldesas o Alcaldes quienes, conforme prevé el art. 26 de la Ley 482 vigente, representan al Gobierno Autónomo Municipal, ejercen la gestión municipal y, coordinan y supervisan las acciones del órgano ejecutivo municipal. Para ello, además de aprobar su estructura organizativa; elabora su Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo Municipal y sus reformulados; y de igual forma, los estados financieros correspondientes a la gestión municipal, que son remitidos al Concejo Municipal para su aprobación. También tiene facultad para designar a las Secretarias y los Secretarios Municipales, Sub alcaldesas o Sub alcaldes de Distritos Municipales; a las autoridades de entidades desconcentradas; empresas municipales y entidades descentralizadas municipales; suscribe convenios y contratos, y presenta informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto, en audiencias públicas por lo menos dos veces al año. Resuelve recursos administrativos; propone y ejecuta las políticas públicas del Gobierno Autónomo Municipal, ejecuta las expropiaciones de bienes privados aprobadas mediante Ley de expropiación por necesidad y utilidad pública municipal; así mismo, ejerce la iniciativa legislativa mediante proyectos de leyes concernientes a las competencias del municipio. En el contexto analizado precedentemente, resulta evidente la voluntad del constituyente; respecto a que, las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales se encuentran descritas en la Constitución Política del Estado, que también prevé que debe cumplir otras que sean transferidas o delegadas; y que cada uno de los órganos que componen el mismo, tiene funciones específicas y claramente diferenciadas; puesto que, el Concejo Municipal delibera, legisla y fiscaliza mientras que el órgano ejecutivo, ejecuta las políticas aprobadas por el primero; e igualmente, la gestión municipal que debe ser cumplida en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamentales. Se entiende que, el principio de independencia y separación de funciones establecido en el art. 12.I de la CPE, se hace extensible a las relaciones entre los órganos que componen el gobierno autónomo municipal, que son de igual jerarquía y que cumplen las funciones que estipula el art. 283 constitucional; sin que, ninguno de los dos órganos que componen el gobierno autónomo municipal pueda asumir las funciones que corresponden al otro.

III.5. Juicio de constitucionalidad

En la presente acción de inconstitucionalidad abstracta, la entidad demandante denuncia la inconstitucionalidad del art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 de 3 de abril de 2014, y de las Leyes Municipales Autonómicas 304/2022 de 21 de diciembre, y 320/2023 de 8 de mayo; correspondiendo aclarar que, el presente análisis será efectuado respecto del art. 11 de la referida Ley Municipal Autonómica de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con las modificaciones dispuestas por la mencionada Ley Municipal Autonómica 320/2023, por ser presuntamente contrario a los arts. 9, 12.I, 175.I, 272, 283 y 297.I de la CPE.

III.5.1. Cuestiones previas de constitucionalidad

Previo a ingresar al análisis de constitucionalidad; corresponde señalar que, no será objeto de pronunciamiento, la norma legal contenida en la Ley Municipal Autonómica 304/2022 de 21 de diciembre, por encontrarse abrogada por disposición, precisamente, de la Ley Municipal Autonómica 320/2023; pues tal como se previó en la SCP 0037/2016 de 23 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.2, “… el control de constitucionalidad ejercido por este Tribunal a través de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, consiste en la confrontación de los preceptos demandados de inconstitucionales con el conjunto de disposiciones establecidas en la Norma Suprema que han sido señaladas como infringidas en la correspondiente demanda; cabe recalcar sin embargo, que las normas que sean impugnadas de inconstitucionales, deberán encontrarse vigentes al momento de su impugnación; pues, como se manifestó, la finalidad de la acción abstracta de inconstitucionalidad, es expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones legales que sean incompatibles con los preceptos constitucionales, ya que -se reitera-no tendría sentido pronunciarse sobre una norma que ya no forma parte del ordenamiento jurídico, porque precisamente ha sido derogada, abrogada o ya no se encuentra vigente por alguna otra razón”. Asimismo, corresponde limitar el objeto de análisis y pronunciamiento con relación a los incs. c y d del numeral 1; y, parte in fine de los numerales 2 y 4 del art. 11 de la Ley Municipal ahora impugnada, las que disponen lo siguiente: “Art. 11

1. c. Los contratos del Órgano Legislativo en las Modalidades de Contratación Menor de 0 a 50 000.- Bolivianos, serán de responsabilidad de la MAE. d. Los contratos del Órgano Legislativo en las Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, desde 50 000.-hasta 1 000 000.- de Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal 2. (…) Los contratos por excepción del Órgano Legislativo, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. (…) 4 (…) Los contratos por contratación Directa del Órgano Legislativo serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal.” Los cuales serán excluidos del análisis siguiente; dado que, se refieren a las contrataciones de bienes y servicios que efectúa el Concejo Municipal, como parte de la administración propia de los recursos públicos que le son asignados para su funcionamiento y que administra y ejecuta de acuerdo a su presupuesto, organización administrativa y los sistemas para programar, ejecutar y controlar sus actividades establecidos por la Ley de Administración y Control Gubernamentales; debido a que, dichas normas regulan aspectos que corresponden a su propia administración que ejecuta el Concejo Municipal de manera independiente y separada y no atinge en lo absoluto al Ejecutivo Municipal; y sobre los cuales, no se encuentra ningún tipo de fundamentos jurídico constitucionales que hubieran sido expuestos por la parte accionante y que generen una duda razonable sobre constitucionalidad alguna.

III.5.2. Análisis de constitucionalidad

Ahora bien, de otro lado, a través de esta acción normativa se reclama que el art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14; establece que, los contratos emergentes de las contrataciones de bienes y servicios que ejecuta el Órgano Ejecutivo municipal, deben ser aprobados previamente por el Concejo Municipal mediante Resolución Autonómica Municipal, convirtiendo al Órgano Legislativo, Deliberante y Fiscalizador Municipal, en parte del proceso de contratación; desnaturalizando su función de fiscalizador y sin respetar la separación de funciones que rige a los gobiernos autónomos municipales; y sobre la cual, se funda el Estado Boliviano, excediendo las competencias que la norma constitucional le reconoce.

Dicho ello, corresponde a continuación ingresar al test de constitucionalidad de las normas denunciadas como inconstitucionales, dado el cumplimiento de los requisitos mínimos que dieron lugar a la admisión de la presente causa. En ese contexto; se tiene que, el Concejo Municipal de Sucre, en el marco legal contenido en la Ley 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, específicamente en el art. 16.7 vigente con las modificaciones dispuestas por las Leyes 733 de 14 de septiembre de 2015; y, 803 de 9 de mayo de 2016, que atribuye al Órgano deliberante, legislativo y fiscalizador, competencia para aprobar o ratificar contratos y convenios de acuerdo a Ley Municipal, aprobó la Ley Municipal Autonómica 24/14 de 3 de abril de 2014, regulando la gestión y suscripción de contratos y convenios de aplicación obligatoria para toda persona natural, colectiva, pública o privada, nacional o extranjera, entidades y empresas desconcentradas municipales y todas las unidades pertenecientes al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

En materia de contratos, los arts. 7, 8 y 9 de la norma en estudio, establece la existencia de contrataciones regulares (contrataciones menores, apoyo a la producción y empleo y licitación pública) y, las contrataciones especiales (contrataciones por excepción, por emergencia y directas) todas reguladas por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, señalándose en el art. 11 que reglamenta su aprobación en los siguientes términos:

“Art. 11. (APROBACIÓN). Queda establecido que la aprobación de los contratos por la Contratación de Bienes, Servicios y Obras para el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en cumplimiento de las formalidades legales administrativas y técnicas vigentes se regirán bajo las siguientes condiciones:

1.

a. Los contratos del Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Contrataciones Menores y de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en un monto mayor a 50 000.- hasta 500 000.-Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal. b. Los contratos del Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en un monto mayor a 500 000.- hasta 1 000 000.- de Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. c. Los contratos del Órgano Legislativo en las modalidades de Contratación Menor de 0 a 50 000.- Bolivianos, serán de responsabilidad de la MAE. d. Los contratos del Órgano Legislativo en las Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, desde 50 000.-hasta 1 000 000.- de Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal 2. Los contratos por excepción del Órgano Ejecutivo, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. Los contratos por excepción del Órgano Legislativo serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. 3. Los contratos por desastres y emergencias serán aprobados mediante Decreto Municipal previa declaratoria de Emergencias o Desastres Naturales por el Órgano Legislativo. 4. Los contratos por Contratación Directa del Órgano Ejecutivo, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal. Los contratos por contrataciones directas del Órgano Legislativo serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. 5. Los contratos de la Modalidad Licitación Pública Nacional o Internacional, serán aprobados por el Órgano Legislativo Municipal, mediante Resolución Autonómica Municipal.

En ese orden, el presente análisis, se referirá exclusivamente a la norma denunciada como inconstitucional; es decir, el art. 11 numerales 1 incs. a y b; 2, 3, 4; y, 5, por ser presuntamente contrario a los arts. 9, 12.I, 175.I, 272, 283 y 297.I de la CPE, conforme al siguiente detalle:

Art. 11. (APROBACIÓN). Queda establecido que la aprobación de los contratos por la Contratación de Bienes, Servicios y Obras para el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en cumplimiento de las formalidades legales administrativas y técnicas vigentes se regirán bajo las siguientes condiciones: 1. a. Los contratos del Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Contrataciones Menores y de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en un monto mayor a 50 000.- hasta 500 000.-Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal. b. Los contratos del Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en un monto mayor a 500 000.- hasta 1 000 000.- de Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. 2. Los contratos por excepción del Órgano Ejecutivo, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. 3. Los contratos por Desastres y Emergencias serán aprobados mediante Decreto Municipal previa declaratoria de Emergencias o Desastres Naturales por el Órgano Legislativo. 4. Los contratos por Contratación Directa del Órgano Ejecutivo, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal. 5. Los contratos de la modalidad de Licitación Pública Nacional o Internacional, serán aprobados por el Órgano Legislativo Municipal, mediante Resolución Autonómica Municipal.

Establecido el marco del presente análisis, resulta necesario mencionar que en materia de contratación de bienes y servicios, como sistema para ejecutar las actividades programadas previsto en la Ley 1178 –Ley de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990–, el Órgano rector, a través del Decreto Supremo (DS) 0181, aprobó las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, con el objetivo de establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios; las obligaciones y derechos que derivan de éstos, en el marco de la CPE y la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales; así como instituir los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno relativos a la administración de bienes y servicios en todas las entidades públicas y en todas las Asambleas Departamentales y Regionales. Dicho sistema, tiene un nivel normativo a cargo del órgano rector —Ministerio de Economía y Finanzas Públicas—; y un nivel ejecutivo y operativo, a cargo de las entidades públicas que debe elaborar su reglamentación específica en forma compatible con las normas básicas señaladas.

A efectos de realizar un adecuado contraste constitucional, atendiendo a los argumentos expuestos en la presente acción, resulta necesario revisar de inicio, lo establecido por el art. 1 de la CPE; en cuyo tenor establece que, Bolivia se constituye en un Estado Unitario, Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías; y, se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país; es decir, que cuenta con un diseño estructural basado en la distribución territorial de su poder; de manera que, no es una simple descentralización del mismo sino una verdadera repartición de potestades a las entidades territoriales autónomas; a efecto de que éstas, cumplan con los fines propios del Estado en una relación más profunda con la población, dando lugar a la consolidación de gobiernos subnacionales, respetando el carácter preexistente de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes pueden ejercer su libre determinación y autogobierno conforme establece el art. 2 de la Norma Suprema. La cláusula normativa precedente convirtió a Bolivia en un nuevo modelo de Estado, compuesto y cimentado en la distribución del poder político con base territorial; en el que, se reconoce la coexistencia de distintos niveles gubernamentales en el territorio, a saber: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora, conforme determina el art. 272 de la CPE; disposición constitucional complementada por el art. 2 de la misma Norma Suprema, que consagra un refuerzo constitucional como es la cláusula autonómica, que reconoce el derecho a la autonomía y autogobierno, pretendiendo superar las tendencias centralistas, pero siempre bajo el principio de unidad e integridad del Estado.

En ese orden, la repartición del poder en el Estado con autonomías, se encuentra sustentada sobre la base territorial del país; el art. 269.I de la CPE determina que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, siendo esa la organización territorial considerada para la consolidación de los gobiernos autónomos subnacionales; como son el departamental, el municipal, el indígena originario campesino y el regional.

Los gobiernos subnacionales mencionados precedentemente, cuentan con particulares características en su constitución; pues, resulta novedoso para la estructura estatal establecida por la Norma Suprema, la distribución de la potestad legislativa en favor de cada uno de los gobiernos autónomos, rompiendo el monopolio de un único Órgano emisor de leyes, distribuyéndose esta facultad a cada ETA por competencias, legislación que de conformidad con lo previsto por el art. 410 de la CPE, tiene rango comparable a las leyes nacionales. Cada una de las ETAs goza de igual jerarquía, así lo establece el art. 276 de la misma Ley Fundamental; empero, todo este andamiaje constitucional se encuentra sometido al principio de unidad, que rige para todo el Estado boliviano, conforme establece el art. 1 de la Norma Suprema. Completando el marco normativo referido, el art. 12.I de la Norma Suprema; el cual establece que, el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; y su organización, está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

Con relación a los gobiernos autónomos, el art. 272 de la CPE, prevé que cuentan con dos órganos (Ejecutivo y Legislativo); mismos que, ejercen sus funciones y atribuciones en el marco de sus facultades; el Ejecutivo conforme a sus facultades reglamentaria y ejecutiva, es el responsable de administrar la cosa pública y materializar una gestión pública, transparente y eficiente que cubra las necesidades de la población; por su parte, el Legislativo, en atención a sus facultades fiscalizadora, legislativa y deliberativa, es el responsable de emitir leyes, deliberar asuntos de interés público y ejercer la fiscalización al Ejecutivo; es decir, que el Órgano Deliberante ejerce la facultad fiscalizadora sobre el uso y administración de los recursos públicos, contando para ello con un conjunto de instrumentos fiscalizadores como las peticiones escritas, peticiones orales; así como, la interpelación y la censura, entre otras.

En ese orden, la facultad deliberativa reconocida por el citado art. 283 de la Ley Fundamental, se expresa en el reconocimiento de la capacidad de los Concejos Municipales para debatir y tomar decisiones, en forma consensuada con sus integrantes, respecto a las competencias exclusivas otorgadas por el art. 302 de la CPE o de aquellas competencias que le sean delegadas y todo otro asunto que sea de interés del municipio. La facultad legislativa del Concejo Municipal, se asienta en el reconocimiento de la facultad de emitir normas en su ámbito territorial que regulen los asuntos considerados y resueltos en ejercicio de la facultad deliberativa, legislación que de conformidad con el art. 410 de la Norma Suprema, tiene un rango comparable a las leyes nacionales.

Finalmente, la facultad de fiscalización es amplia y conforme previene la Ley 482, en su art. 16.15, abarca a la Alcaldesa o Alcalde, Secretarias o Secretarios y otras autoridades del Órgano Ejecutivo Municipal, sus instituciones y empresas públicas, y se ejerce a través de peticiones de informes escritos y orales, inspecciones y otros medios de fiscalización que los estatutos o cartas orgánicas instituyan en el marco de la ley emitida por el nivel central del Estado y de la competencia concurrente señalada en el Numeral 14, Parágrafo II del artículo 299 de la CPE. Desde un sentido jurídico, fiscalizar implica controlar las actividades del Estado para confirmar que se ajusten a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad; por lo que, es recomendable que quien fiscalice sea independiente; vale decir, que no debe participar de ninguna forma en las mismas ni en forma previa, ni durante su ejecución.

Respecto al Órgano Ejecutivo, el art. 283 de la CPE; señala que, estará presidido por las Alcaldesas o Alcaldes quienes, conforme señala el art. 26 de la Ley 482 vigente, representan al Gobierno Autónomo Municipal, ejercen la gestión municipal y, coordinan y supervisan las acciones del órgano ejecutivo municipal. Para ello, además de aprobar su estructura organizativa; elabora su Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo Municipal y sus reformulados y de igual forma, los estados financieros correspondientes a la gestión municipal, que son remitidos al Concejo Municipal para su aprobación. También tiene facultad para designar a las Secretarias y los Secretarios Municipales, Sub alcaldesas o Sub alcaldes de Distritos Municipales, a las autoridades de entidades desconcentradas, empresas municipales y entidades descentralizadas municipales, suscribe convenios y contratos y presenta informes de rendición de cuentas, sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto, en audiencias públicas por lo menos dos veces al año. Resuelve recursos administrativos; propone y ejecuta las políticas públicas del Gobierno Autónomo Municipal, ejecuta las expropiaciones de bienes privados aprobadas mediante Ley de expropiación por necesidad y utilidad pública municipal; así mismo, ejerce la iniciativa legislativa mediante proyectos de leyes concernientes a las competencias del municipio. En el contexto analizado precedentemente, resulta evidente la voluntad del constituyente respecto a las competencias exclusivas atribuidas a los gobiernos autónomos municipales en la Norma Fundamental, que también cumplen otras que sean transferidas o delegadas; y asimismo establece que, cada uno de los órganos que componen el gobierno autónomo municipal tiene funciones específicas y claramente diferenciadas; puesto que, el Concejo Municipal delibera, legisla y fiscaliza; mientras que, el Órgano ejecutivo, ejecuta las políticas aprobadas por el primero e igualmente efectúa la gestión municipal que debe ser cumplida en el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamental.

Así, se entiende que el ejercicio de las específicas competencias de los órganos que componen un gobierno autónomo municipal debe ser materializadas en el marco de lo previsto por el art. 12.I de la CPE; que establece, los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación, que orientan la estructura del poder público del Estado Plurinacional de Bolivia; lo cual, implica respeto a la separación de órganos y el respeto a la independencia funcional y estructural, no pudiendo incurrir en injerencias que vulneren dichos principios.

Ese contexto constitucional y normativo, permite colegir que en una óptima separación de facultades y funciones, debe estar acompañada de la separación de administraciones; por ende, la facultad reclamada por el Concejo Municipal para aprobar contratos debe ser analizada en dicho marco constitucional, en el entendido que el principio de independencia y separación de funciones establecido en el art. 12.I de la CPE, se hace extensible a las relaciones entre los órganos que componen el gobierno autónomo municipal, que son de igual jerarquía y que cumplen las funciones que establece el art. 283 constitucional; es decir, que el Concejo Municipal tiene facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y el Órgano ejecutivo municipal, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde, se encarga de cumplir tareas de administración y funciones que pueden resumirse en proponer y ejecutar políticas públicas del Gobierno Autónomo Municipal y dirigir la gestión pública municipal; sin que, ninguno de los dos órganos que componen el gobierno autónomo municipal pueda asumir las funciones que corresponden al otro.

En la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada, tanto el accionante como el Concejo Municipal de Sucre, señalan que el art. 11 numerales 1 incs. a y b; 2, 3, 4; y, 5 de la Ley 24/14, con las modificaciones dispuestas por la Ley Municipal Autonómica 320/2023, fue pronunciada en el ámbito de la Ley 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, que en su art. 16.7 vigente con las modificaciones dispuestas por las Leyes 733 de 14 de septiembre de 2015 y 803 de 9 de mayo de 2016, que corresponde al Concejo Municipal la aprobación o ratificación de convenios de acuerdo a Ley Municipal.

La indicada Ley Municipal Autonómica 24/14, aprueba y regula la gestión y suscripción de contratos y convenios y es de aplicación obligatoria para toda persona natural, colectiva, pública o privada, nacional o extranjera, entidades y empresas desconcentradas municipales y todas las unidades pertenecientes al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. En materia de contratos, los arts. 7, 8 y 9 de la norma en estudio, establecen que existen contrataciones regulares (contrataciones menores, apoyo a la producción y empleo y licitación pública) y, las contrataciones especiales (contrataciones por excepción, por emergencia y directas), todas, reguladas por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; correspondiendo mencionar que, en materia de contratación de bienes y servicios, como sistema para ejecutar las actividades programadas, previsto en la Ley 1178, el órgano rector, a través del DS 0181, aprobó las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, con el objetivo de establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios; las obligaciones y derechos que derivan de estos en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley de Administración y Control Gubernamentales; así como, instituir los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno, relativos a la administración de bienes y servicios en todas las entidades públicas, y en todas las Asambleas Departamentales y Regionales.

Dicho sistema, tiene un nivel normativo a cargo del órgano rector —Ministerio de Economía y Finanzas Públicas— y un nivel ejecutivo y operativo, a cargo de las entidades públicas que debe elaborar su reglamentación específica en forma compatible con las normas básicas señaladas.

El accionante arguye que el art. 11 de la Ley Municipal Autonómica mencionada es contrario a lo previsto en los arts. 12.I, 272 y 283 de la CPE, porque si se da por bien hecha la redacción de la misma, se estaría consintiendo que el Concejo Municipal actúe como parte de los procesos de contratación, desnaturalizando su rol de fiscalizador; puesto que, cuando un determinado proceso de contratación sea sometido a fiscalización, el Órgano deliberante se reprochará a sí mismo. Igualmente, al existir una Programación Operativa Anual que contiene la planificación de todas las actividades que debe realizar el Ejecutivo Municipal durante la gestión municipal de Sucre; así como, el presupuesto anual, ambos aprobados por el Concejo Municipal, requerir la aprobación del Órgano Deliberante en un proceso de contratación, resulta insulso. Finalmente, la aplicación del citado art. 11 de la Ley Municipal Autonómica 24/14, supedita la competencia del Ejecutivo Municipal al Concejo Municipal; lo que, implica un exceso en sus funciones y una injerencia en la gestión del Ejecutivo Municipal, que convierte al Órgano Deliberante en parte del mismo.

Como se ha señalado precedentemente, el art. 12.I de la Ley Fundamental, en su parte in fine, determina que la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos que componen el Estado; respecto al cual, se ha expresado que la repartición del poder en el Estado con autonomías se encuentra sustentada sobre la base territorial del país; y en ese contexto, los gobiernos autónomos subnacionales; como son el departamental, el municipal, el indígena originario campesino y el regional, cuentan con particulares características en su constitución, pues gozan de igual jerarquía como lo establece el art. 276 de la CPE y se encuentran sometidos al principio de unidad que rige para todo el Estado boliviano, conforme establece el art. 1 de la Norma Suprema.

Completando el marco normativo referido, el art. 12.I de la CPE; establece que, el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; y, su organización está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos, principio que es aplicable a las autonomías municipales; puesto que, el Concejo Municipal ejerce la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y el Órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde tiene facultad ejecutiva y reglamentaria, siendo cada órgano independiente en el ámbito de sus atribuciones, no estando subordinado a otro órgano u órganos, existiendo entre ambos, una relación de horizontalidad; en ese orden, tal como se explicó, tanto el Concejo Municipal como el Órgano ejecutivo, conforman el gobierno autónomo municipal en igualdad jerárquica, lo que implica que no existe subordinación; y, dado que, ambos conforman el gobierno autónomo municipal, existe el deber de cooperación y colaboración de manera complementaria.

En ese entendido y teniendo presente que por efecto de la separación de funciones del Órgano legislativo y del Órgano ejecutivo, corresponde a la Alcaldesa o el Alcalde ejecutar la gestión municipal sobre la base de la Programación Operativa Anual y el Presupuesto, que son aprobados por el Concejo Municipal; en ese orden, es de responsabilidad del Órgano Ejecutivo, la contratación de bienes y servicios que se efectúan en cumplimiento de los objetivos de gestión señalados en la programación anual, procesos que regularmente concluyen con un contrato administrativo que de acuerdo a la previsión contenida en el art. 11 numerales 1 incs. a y b; 2, 3, 4; y, 5 de la Ley Municipal Autonómica 24/14 de 3 de abril de 2014, Ley de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con las modificaciones dispuestas por la Ley Municipal Autonómica 320/2023 de 8 de mayo, requieren de la aprobación previa del Concejo Municipal de Sucre para su ejecución.

Como se ha señalado en el presente análisis, la facultad constitucionalmente asignada al Concejo Municipal es deliberativa, fiscalizadora y legislativa, conforme previene el art. 283 de la CPE; que igualmente, se denuncia como infringido por el artículo ahora analizado; contexto en el que, aunque la Ley 482 de 9 de enero de 2014, Ley de Gobiernos Municipales, la establece como atribución, la misma no es compatible con la facultad fiscalizadora, señalada por la mencionada Norma Constitucional; debido a que, se expresa en tareas de control de la gestión municipal y no en coparticipación en las mismas, como sería, ejercer una competencia revisora previa que culmine con la aprobación de los contratos administrativos que pretenda suscribir el Ejecutivo Municipal, como parte de la culminación de los procesos de contratación de bienes y servicios en la ejecución de su Programación Operativa Anual y del presupuesto de la gestión; correspondiendo aclarar que, este Tribunal Constitucional Plurinacional, específicamente en la Declaración Constitucional 0061/2018 de 29 de agosto, emitida en ejercicio de su facultad revisora de las cartas orgánicas; señaló que, la aprobación de contratos por parte del Órgano Legislativo debía limitarse a algunos contratos que conlleven recursos estratégicos de la entidad o que impliquen la institucionalidad de la propia entidad autonómica; de manera que, la Ley de Contratos y Convenios debe establecer dichos casos excepcionales en resguardo del principio de separación e independencia de órganos y la prohibición de reunión de funciones en un solo órgano.

Consecuentemente, la atribución de aprobación de los contratos de bienes y servicios en las diferentes modalidades de contratación, previstas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas por el Órgano Rector de dicho sistema de ejecución de las operaciones, previsto por la Ley de Administración y Control Gubernamental, la disposición normativa del art. 11 numerales 1 incs. a y b; 2, 3, 4; y, 5 de la Ley de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con las modificaciones dispuestas por la Ley Municipal Autonómica 320/2023, resulta manifiestamente opuesta al principio de separación de funciones que es fundamento de la organización del Estado Plurinacional, y que es aplicable a las autonomías municipales; puesto que, el Concejo Municipal ejerce facultades expresamente establecidas por la Norma Suprema, que no permiten que el Órgano Deliberativo participe en la gestión municipal que fiscaliza; pues ello, no solo compromete la independencia e imparcialidad que debe guiar su función, sino que constituye una injerencia que no es constitucionalmente posible; y que además, subordina al Órgano Ejecutivo que es independiente en el ámbito de sus propias atribuciones y, que en definitiva mantiene una relación de horizontalidad con el Concejo Municipal en igualdad jerárquica entre ambos, no pudiendo estar uno por encima del otro; y, dado que, ambos conforman el Gobierno Autónomo Municipal, existe el deber de cooperación y colaboración de manera complementaria.

Respecto a la denuncia de infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los arts. 272 y 283 de la Ley Fundamental, con los mismos argumentos analizados en párrafos precedentes; se tiene que, el primero determina que la autonomía implica la elección directa de sus autoridades; así como, el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por los órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones; mientras que el segundo, prevé que el gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde, resulta evidente; por lo expuesto, corresponde a cada órgano integrante del gobierno autónomo municipal cumplir sus funciones en el ámbito de sus específicas competencias, sin injerencias y en el marco de la igualdad jerárquica, la separación de funciones y el deber de cooperación y colaboración; por ende, la disposición normativa contenida en el art. 11 numerales 1 incs. a y b; 2, 3, 4; y, 5 de la Ley de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con las modificaciones dispuestas por la Ley Municipal Autonómica 320/2023 de 8 de mayo de 2023, resulta también contraria a las normas constitucionales señaladas.

III.5.3. Consideración final

Ahora bien, respecto a la denuncia de contradicción del artículo municipal impugnado, no se evidencia carga argumentativa que demuestre contradicción con los arts. arts. 9 y 175.I de la CPE; por lo tanto, con relación a estas disposiciones constitucionales, la acción se torna improcedente. Pues, conforme se analizó en la SCP 0047/2023 de 5 de julio, este Tribunal Constitucional puede determinar la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, al constatar una insuficiente fundamentación jurídico-constitucional aun cuando el análisis primigenio realizado por la Comisión de Admisión –en apego a la previsión del art. 27 del CPCo–, hubiera determinado admitir la presente acción de inconstitucionalidad abstracta; puesto que, es factible que una vez superada tal etapa, el Pleno de este Tribunal pueda arribar a una conclusión diferente; debido a que, resulta provisional y puede cambiar al momento de realizarse el análisis de fondo de la acción de inconstitucionalidad planteada; y, asimismo, lo ha determinado la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0646/2012 de 23 de julio, que refirió: “…la Comisión de Admisión al admitir la acción realiza un análisis sobre el cumplimiento de requisitos de admisibilidad guiado necesariamente por el principio pro actione, de manera que al momento de conocer el fondo, no existe impedimento para que el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional pueda observar el incumplimiento de requisitos o condiciones que den mérito a un pronunciamiento de fondo de la problemática”. Por lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 11 numerales 1 incs. a y b; 2, 3, 4; y, 5 de la Ley de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con las modificaciones dispuestas por la Ley Municipal Autonómica 320/2023 de 8 de mayo de 2023.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve declarar:

1° La INCONSTITUCIONALIDAD del art. 11 en sus numerales 1 incs. a y b;

2, 3, 4; y, 5 de la Ley de Contratos y Convenios del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con las modificaciones dispuestas por la Ley Municipal Autonómica 320/2023 de 8 de mayo de 2023, por ser contrario a los arts. 12.I parte in fine, 272 y 283 de la CPE, quedando expulsado del ordenamiento jurídico el siguiente texto:

Art. 11. (APROBACIÓN). Queda establecido que la aprobación de los contratos por la Contratación de Bienes, Servicios y Obras para el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en cumplimiento de las formalidades legales administrativas y técnicas vigentes se regirán bajo las siguientes condiciones: 1. a. Los contratos del Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Contrataciones Menores y de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en un monto mayor a 50 000.- hasta 500 000.- Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal. b. Los contratos del Órgano Ejecutivo en las Modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo en un monto mayor a 500 000.-hasta 1 000 000.- de Bolivianos, serán aprobados mediante Resolución Autonómica Municipal. 2. Los contratos por excepción del Órgano Ejecutivo, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal. 3. Los contratos por Desastres y Emergencias serán aprobados mediante Decreto Municipal previa declaratoria de Emergencia o Desastres Naturales por el Órgano Legislativo.

4. Los contratos por Contratación Directa del Órgano Ejecutivo, serán aprobados mediante Resolución Administrativa Municipal.

5. Los contratos de la modalidad Licitación Pública Nacional o Internacional, serán aprobados por el Órgano Legislativo Municipal, mediante Resolución Autonómica Municipal. 2° La IMPROCEDENCIA de la acción contra la Ley Municipal Autonómica 304/2022 de 21 de diciembre, por encontrarse abrogada por disposición de la Ley Municipal Autonómica 320/2023 de 8 de mayo. 3° La IMPROCEDENCIA con relación a los incs. c y d del numeral 1, y parte in fine de los numerales 2 y 4 del art. 11 de la Ley Municipal analizada; y, 4° La IMPROCEDENCIA respecto a los arts. 9 y 175.I de la Constitución Política del Estado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Según lo dispone el art. 11 de la Constitución Política del Estado dispone que: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones de entre hombre y mujeres”. Este marco jurídico, la República de Bolivia se sostiene en ciertos pilares esenciales como ser: La igualdad ante la Ley, elección popular de autoridades, periodicidad de mandato, responsabilidad por la función pública, publicidad de los actos de gobierno, el Estado constitucional de derecho, el impero de la Ley y la separación de poderes. Este último es principio esencial del Estado Constitucional de Derecho y de la forma democrática de Gobierno, y constituye su principal garantía de estabilidad. Establece que el funcionamiento del Estado, está a cargo de distintos órganos de poder público y por lo tanto existe separación de funciones. Ahora, a fin de evitar que los órganos de poder público excedan sus facultades, permitir su independencia, separación, coordinación y cooperación de los mismos, el ordenamiento jurídico establece preceptos y procedimientos a través de los cuales un determinado órgano de poder público puede limitar la labor de otro; que la doctrina constitucional denomina “sistema de pesos y contrapesos”. Término que proviene del derecho anglosajón, atribuido a Montesquieu y que originalmente fue conocido como “Checks and Balances”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0042_2024.pdf · páginas 1 a 42.

Huella digital del PDF (SHA-256): 76eab1d163590a453d84602feaa6f9cf2315d70c0dd667b702d2c0673137b184

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