Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de inconstitucionalidad abstracta · Sala Plena · 10 de diciembre de 2024
Declara la inconstitucionalidad
El accionante demanda la inconstitucionalidad de los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, por ser presuntamente contrarios a los arts. 12.I; 272 y 283 de la CPE, y otorgar al Concejo Municipal de dicho municipio la facultad de revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del POA, la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde, dentro de los plazos establecidos por ley; además de aprobar o rechazar los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, atentando contra los principios de independencia y separación de órganos. En consecuencia, corresponde a este Tribunal, establecer si las infracciones denunciadas son evidentes a fin de ejercer el control normativo de constitucionalidad, a tal efecto, se analizaran los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad abstracta y el alcance del control normativo de constitucionalidad; b) Las cualidades del nuevo Estado Plurinacional con autonomías; b.1) El Estado Plurinacional con autonomías y la autonomía municipal; b.2) Principios que rigen el sistema autonómico en Bolivia; b.3) De las facultades atribuibles a los órganos gubernativos en el nuevo modelo de Estado; b.4) Principios que rigen el funcionamiento e interrelación de los gobiernos autónomos, conforme a la nueva visión de Estado; c) La elaboración y aprobación del POA, los estados financieros y la memoria anual, son atribuciones contempladas dentro del ámbito de la facultad ejecutiva del órgano ejecutivo de l…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Totora del departamento de Cochabamba, en relación a los arts. 12.I; 272 y 283 de la Constitución Política del Estado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0084/2024 Sucre, 10 de diciembre de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de inconstitucionalidad abstracta Expediente: 51565-2022-104-AIA Departamento: Cochabamba En la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Jhony Cuchallo Orellana, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Totora del departamento de Cochabamba, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Carta Orgánica de la citada entidad municipal; por ser presuntamente contrarios a los arts. 12.I; 272 y 283 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2022, cursante de fs. 76 a 88 vta., el accionante demanda la inconstitucionalidad de los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Totora del departamento de Cochabamba, pues considera que los mismos atentan contra los principios de independencia y separación de órganos establecidos en la Constitución Política del Estado, exponiendo como argumentos que: El 26 de abril de 2012, el Concejo Municipal de la mencionada entidad municipal remitió ante el Tribunal Constitucional Plurinacional el Proyecto de Carta Orgánica para efectos de su respectivo control de constitucionalidad, emitiéndose la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0004/2013 de 29 de abril; el cual, por una parte dispuso la compatibilidad de varios artículos entre ellos los ahora cuestionados; por otra parte, dispuso la incompatibilidad de otros artículos; por los cuales, se solicitó al Concejo Municipal de dicho municipio adecue el proyecto de Carta Orgánica; es así que, después de dos adecuaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Declaración Constitucional Plurinacional 0205/2015 de 16 de noviembre que declaró la compatibilidad de todo el texto de la citada Carta Orgánica; de la cual, a posterior se llevó el referéndum siendo aprobada y puesta en vigencia a partir de su promulgación el 15 de diciembre de 2016. En cuanto a los arts. 30.II.8 y 40.II.31, los mismos al haber sido declarados compatibles con la Constitución Política del Estado a través de la DCP 0205/2015 de 16 de noviembre, correlativas de las DCP 0004/2013 de 29 de abril y 0116/2015 de 7 de mayo; establecieron otorgar al Órgano Legislativo Municipal la facultad de aprobar o rechazar tanto el Informe de Ejecución del Programa Operativo Anual (POA), estados financieros, la ejecución presupuestaria de la gestión anterior y la memoria anual, sin considerar que a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado, se fueron ejecutando varios procesos de adecuación de las normas administrativas, entre ellas la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" (LMAD) -Ley 031 de 19 de julio de 2010-, la cual ratifica los principios de independencia y separación de poderes de los Órganos Legislativo y Ejecutivo; por lo que, limitan y circunscriben el accionar de los Concejos Municipales al ejercicio de la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa; además, los artículos ahora cuestionados aplicaron entendimientos de la abrogada Ley de Municipalidades -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999-, que en su art. 12 inc. 8) establecía que los Concejos Municipales tenían la facultad de aprobar o rechazar la ejecución del POA, estados financieros, ejecución presupuestaria y memoria correspondiente a cada gestión anual presentada por el Alcalde. A partir de la promulgación de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 9 de enero de 2014- se consolidó una nueva línea jurisprudencial de independencia y separación de órganos ejecutivo y legislativo, estableciendo no ya como atribución del Concejo Municipal aprobar o rechazar la ejecución del POA, estados financieros, la ejecución presupuestaria de cada gestión municipal y memoria anual, sino una arrogada al Alcalde Municipal como órgano Ejecutivo, bajo el entendido de “presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa Operativo Anual y el Presupuesto en audiencias públicas por lo menos dos (2) veces al año”; y, “aprobar mediante Decreto Municipal los estados financieros correspondientes a la gestión municipal y remitirlos al Concejo Municipal en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas de aprobados” -art. 26 incs. 19 y 20 de la Ley 482-. En consecuencia, los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, al establecer: Artículo 30. Facultades y Atribuciones del Concejo Municipal
(…)
II. El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:
(…)
8. Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa de Operativo Anual, y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde, dentro los plazos establecidos por ley (…)
(…)
Artículo 44. Facultades y Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde
(…)
II. La Alcaldesa o el Alcalde tiene las siguientes atribuciones:
(…)
31. Poner a disposición de la autoridad competente los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, debidamente suscritos y aprobados por el Concejo Municipal, en conformidad con lo dispuesto por la ley. Para su aprobación ante el Concejo Municipal deberá remitirlo con 20 días de anticipación a la fecha establecida para su presentación ante el Órgano Rector. Atentan contra el principio de independencia y separación de órganos, establecido en los arts. 12.I; 272 y 283 de la CPE, concordante con el art. 12.II y III de la Ley 031; puesto que, los Concejos Municipales (Órgano Legislativo) solo tienen facultades legislativas, deliberativas y fiscalizadoras, quedando las facultades de administración ejecutiva y reglamentaria (aprobación o rechazo de la ejecución del POA, estados financieros, ejecución presupuestaria de la gestión anterior y memoria anual) a cargo de los Alcaldes Municipales (Órgano Ejecutivo) conforme razonó la DCP 106/2017 de 12 de diciembre, al ser un acto de naturaleza administrativa.
A través del Auto Constitucional (AC) 0061/2020-CA de 16 de marzo, Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, rechazó la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por Emilio Mérida Meneces, Alcalde y Tito Chinchilla Echeverria, Presidente del Concejo, ambos del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, refiriendo que la acción no cumple con los requisitos exigidos por el Código Procesal Constitucional, al no evidenciar un adecuado sustento, como tampoco una suficiente fundamentación jurídico-constitucional que muestre de manera clara las razones por las cuales se duda de la constitucionalidad de los arts. 30.II inc. 8) y 44.II inc. 31) de la Carta Orgánica de la mencionada entidad municipal, y resultar presuntamente contrarios a los arts. 12.I; 283 y 272 de la CPE (EXP. 33534-2022-68-AIA). Acción normativa que a posterior fue nuevamente formulada, por el que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Comisión de Admisión por AC 0427/2022-CA de 7 de diciembre (fs. 89 a 93), admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta descrita precedentemente, ordenando se ponga en conocimiento de la Presidenta del Concejo del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, en su condición de representante del Órgano que generó la norma impugnada, a efecto de su apersonamiento y formulación de alegatos, diligencia que fue realizada el 11 de diciembre de 2023 (fs. 95).
Waldo Anzaldo Vargas, Presidente del Concejo del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, a través de su representante legal, Macedonio Rene Acebey Castellón, por informe presentado el 3 de enero de 2024, cursante de fs. 100 a 101, señaló que es evidente todo lo expuesto por el accionante en su memorial y solicitó declarar la inconstitucionalidad de los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, al ser contrarios a los arts. 12.I; 272 y 283 de la CPE y atentar contra los principios de independencia y separación de órganos.
Mediante decreto constitucional de 16 de abril de 2024 cursante de fs. 113 a 114, se dispuso la suspensión de plazo a efecto de recabar información complementaria, reanudándose el mismo por decreto constitucional de 25 de noviembre de 2024, se reanudó dicho plazo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronunciada dentro del mismo.
Del análisis y compulsa de los antecedentes procesales, se establece lo siguiente:
Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba
Artículo 30. Facultades y Atribuciones del Concejo Municipal
(…)
II. El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:
(…)
8. Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa de Operativo Anual, y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde, dentro los plazos establecidos por ley; (…)” “Artículo 44. Facultades y Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde (…)
II. La Alcaldesa o el Alcalde tiene las siguientes atribuciones:
(…)
31. Poner a disposición de la autoridad competente los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, debidamente suscritos y aprobados por el Concejo Municipal, en conformidad con lo dispuesto por la ley. Para su aprobación por el Concejo Municipal deberá remitirlo con 20 días de anticipación a la fecha establecida para su presentación ante el Órgano Rector;
(…). (fs. 16 a 17 y 21 a 22).
Artículo 12.
I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.
(…)”.
Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”. Artículo 283.
El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”.
El accionante demanda la inconstitucionalidad de los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, por ser presuntamente contrarios a los arts. 12.I; 272 y 283 de la CPE, y otorgar al Concejo Municipal de dicho municipio la facultad de revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del POA, la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde, dentro de los plazos establecidos por ley; además de aprobar o rechazar los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, atentando contra los principios de independencia y separación de órganos. En consecuencia, corresponde a este Tribunal, establecer si las infracciones denunciadas son evidentes a fin de ejercer el control normativo de constitucionalidad, a tal efecto, se analizaran los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad abstracta y el alcance del control normativo de constitucionalidad; b) Las cualidades del nuevo Estado Plurinacional con autonomías; b.1) El Estado Plurinacional con autonomías y la autonomía municipal; b.2) Principios que rigen el sistema autonómico en Bolivia; b.3) De las facultades atribuibles a los órganos gubernativos en el nuevo modelo de Estado; b.4) Principios que rigen el funcionamiento e interrelación de los gobiernos autónomos, conforme a la nueva visión de Estado; c) La elaboración y aprobación del POA, los estados financieros y la memoria anual, son atribuciones contempladas dentro del ámbito de la facultad ejecutiva del órgano ejecutivo de los gobiernos autónomos municipales y no corresponde al legislativo dicha facultad, lo contrario implica la vulneración del art. 12 de la CPE; d) El control posterior de constitucionalidad respecto de Normas Institucionales Básicas que fueron objeto de control previo, no implica cosa juzgada y puede ser objeto de control posterior de constitucionalidad; y, e) Del control de constitucionalidad en el caso concreto.
Respecto a la naturaleza jurídica y alcances de la acción de inconstitucionalidad abstracta, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1925/2012 de 12 de octubre, determinó que:
El constituyente le ha conferido al Tribunal Constitucional Plurinacional el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que entre sus finalidades tiene la de ejercer el control de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, control que se instrumenta a través de las acciones de inconstitucionalidad, sean en la vía abstracta o concreta, con carácter correctivo o a posteriori, con la finalidad de que este Tribunal someta las normas cuestionadas a un juicio de constitucionalidad para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los valores supremos, principios fundamentales y normas de la Constitución Política del Estado. De acuerdo a la previsión constitucional inserta en el art. 202.1 de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conocerá y resolverá en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todos género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; norma concordante con el art. 103 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que establece que la acción de inconstitucionalidad abstracta procederá contra toda ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales de carácter normativo que puedan resultar contrarias a la Constitución Política del Estado. La acción de inconstitucionalidad, tiene como propósito expulsar del ordenamiento jurídico, toda norma que sea incompatible con la Constitución; en ese sentido, el art. 132 de la CPE, haciendo referencia de manera general a la acción de inconstitucionalidad, señala que toda persona, sea individual o colectiva, que se encuentre afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, tendrá derecho a interponer la acción de inconstitucionalidad, conforme a los procedimientos desarrollados para ese fin. Por su parte, el art. 133 de la CPE, prevé sobre los efectos de la inconstitucionalidad, la declaración de la inaplicabilidad de la norma impugnada, teniendo efectos erga homes; es decir, surte plenos efectos respecto a todos (las negrillas nos pertenecen). En cuanto a los alcances del control normativo de constitucionalidad la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado en la SC 0051/2005 de 18 de agosto, manifestó que:
…el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y, d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control…
Consecuentemente, corresponde puntualizar que la acción de inconstitucionalidad abstracta puede ser interpuesta al considerar contraria a la Constitución y al bloque de constitucionalidad cualquier género de resolución de carácter normativo. En mérito a lo precedentemente expuesto, la Constitución Política del Estado estableció que la acción de inconstitucionalidad puede ser formulada por toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Norma Suprema, quien tendrá el derecho a presentar dicha acción, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley -art. 132 de la CPE-. Así en el Título III, Acciones de Inconstitucionalidad, Capítulo Primero, Disposiciones Generales, en el art. 72 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:
Las Acciones de Inconstitucionalidad son de puro derecho y tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una Ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado, a instancia de las autoridades públicas citadas en este Código. El art. 73 del citado Código, determina los tipos de acciones de inconstitucionalidad, a saber:
1. Acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales. 2. Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales. (las negrillas fueron añadidas).
En cuanto a la legitimación activa, el art. 74 del nombrado Código, otorga la misma para interponer la acción de inconstitucionalidad abstracta a la:
…Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de los Órganos Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de esas Entidades Territoriales Autónomas, así como la Defensora o el Defensor del Pueblo.
Finalmente se tiene que la SCP 0032/2019 de 9 de julio, aumentó el alcance del control abstracto de constitucionalidad al control difuso de convencionalidad, que en sus partes más relevantes para el caso señaló lo siguiente:
De esta manera, la Corte IDH fue precisando el contenido y alcance del concepto de control de convencionalidad difuso en su jurisprudencia, llegando a formar un concepto complejo que comprende las siguientes características: i) Consiste en un examen de compatibilidad de las normas internas con el “corpus iuris” de derechos humanos; ii) Es un control que a nivel interpretativo y de inaplicación al caso concreto, es aplicado de oficio por toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias, especialmente a los vinculados a la administración de justicia en todos sus niveles, y, iii) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias al “corpus iuris” de derechos humanos, dependiendo de las facultades y atribuciones de la autoridad pública llamada a dar tal efecto. Entonces, es cardinal señalar que la Corte IDH definió los posibles alcances del control difuso de convencionalidad en sus efectos dependiendo de las atribuciones de la autoridad que lo realice, que a saber pueden ser tres: a) Dejar sin efectos jurídicos aquellas interpretaciones inconvencionales, buscando la interpretación conforme al “corpus iuris” de derechos humanos; b) Cuando no pueda lograrse una interpretación convencional, se debe dejar sin efectos jurídicos la norma nacional, implicándola al caso particular; y, c) Cuando no puede lograrse una interpretación convencional, se debe dejar sin efectos jurídicos la norma nacional con efectos generales o “erga omnes”, inclusive retroactivo, cuando resulte indispensable para lograr un adecuado goce y disfrute de los derechos humanos; estos efectos fueron definidos por la Corte IDH en los párrafos 53 y 57 de la Sentencia de 26 de noviembre de 2021, dentro del Caso García y Montiel Flores vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
(…) De lo expresado, es evidente que el bloque de constitucionalidad, al estar consagrado por el art. 410.II de la CPE, integra todo el “corpus iuris” de derechos humanos al contenido constitucional; ya que las normas constitucionales no son sólo aquellas que están plasmadas expresamente en la Constitución Política del Estado, sino también todas las normas y principios que no estén establecidos en ella pero a los cuales ésta misma se remita, complementándola y ampliando su cobertura protectora; esto se manifiesta mediante la incorporación de normas sobre derechos humanos contenidos en los tratados internacionales específicos así como la interpretación que se ha hecho de estas disposiciones; siendo que, lo que determina que ciertas normas amplíen el catálogo constitucional no es tanto su procedencia sino su contenido; entonces, son integradas las normas provenientes de fuentes que se refieran a derechos humanos y sus garantías. La obligación del Estado Plurinacional de Bolivia de ejercer el control difuso de convencionalidad recae especialmente en este Tribunal, en su función de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales establecida en el art. 196.I de la CPE, velando por la supremacía constitucional que, como se explicó líneas arriba, se encuentra irreversiblemente convencionalizada a través del bloque de constitucionalidad; si bien, el examen de compatibilidad de las normas internas con el “corpus iuris” de derechos humanos a efectos de realizar una interpretación conforme o aplicación preferente al caso concreto, puede ser efectuado de oficio por toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias, en lo que respecta a dejar una norma interna constitucional o infra-constitucional sin efectos jurídicos “erga omnes” o la supresión de normas contrarias al “corpus iuris” de derechos humanos, se tiene que la declaración de aplicación preferente con efectos generales por inconvencionalidad necesariamente la debe realizar este Tribunal a través de las acciones que más concuerden con tal actividad, las cuales no pueden ser otras que las acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta.
El control difuso de convencionalidad es una obligación que emerge del “corpus iuris” de derechos humanos, no encontrándose prevista positiva o formalmente como facultad o atribución de ninguna autoridad entro de las normas orgánicas y procesales de origen nacional; sin embargo, este Tribunal, como órgano especialmente encargado de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia, necesariamente debe ejercer esta actividad con autonomía procesal en lo que respecta a dejar sin efectos jurídicos “erga omnes” mediante la aplicación preferente del “corpus iuris” de derechos humanos, incluyendo a la propia Constitución Política del Estado; todo esto, para garantizar la máxima protección a los derechos humanos y su vigencia efectiva a través del bloque de constitucionalidad y su aplicación preferente, cumpliendo las obligaciones contraídas ante la comunidad internacional en general y con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en particular (principio “pacta sunt servanda”). Siguiendo con el razonamiento desarrollado, al contar Bolivia con una constitución convencionalizada, resulta irrelevante -para efectos de aplicación- realizar diferenciación entre el control de constitucionalidad y de convencionalidad; ya que, el control de convencionalidad difuso se ejerce mediante el control de constitucionalidad en sí, pues el “corpus iuris” de derechos humanos es parte integrante de la Norma Suprema; por lo que, no se puede hablar de diferenciación, sino de la integración a través de la propia Constitución Política del Estado, tal y como expresa Enrique Carpizo: “Cuando los derechos y libertades humanas de fuente internacional se reconocen en el orden jurídico nacional, los jueces no hacen control convencional ‘interno’, sino simplemente, control constitucional, ya que el tratado internacional forma parte del derecho nacional y, por tanto, la naturaleza del análisis a nivel estadual es constitucional, no convencional interno, pues los convenios, como se dijo, al momento de ser ratificados pasan a ser Norma Suprema de toda la Unión…”. Con base en todo lo manifestado, se llega a la conclusión de que este Tribunal tiene el deber exclusivo de ejercer el control de convencionalidad difuso a objeto de dejar sin efectos jurídicos generales la normativa interna (legal y constitucional) en aplicación preferente del “corpus iuris” de derechos humanos, más allá de la labor interpretativa encargada a toda autoridad jurisdiccional del Estado boliviano, siendo una labor complementaria a la atribución establecida en el art. 202.1 de la CPE, referida al ejercicio del control de constitucionalidad; por lo que, este Tribunal debe realizar el control de convencionalidad difuso del ordenamiento jurídico interno a objeto de dejarlo sin efectos jurídicos generales o “erga omnes” a través de los clásicos procesos de control constitucional, aplicando un método acorde a las particularidades, objeto y finalidad propias de tal actividad. En mérito a lo precedentemente desarrollado, es preciso señalar que la acción de inconstitucionalidad abstracta, puede ser formulada cuando se considere que una disposición legal podría ser contraria a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad. De ello, se extrae que la presente acción de inconstitucionalidad abstracta se adecua a la naturaleza y alcances establecidos respecto a este tipo de acción.
El nuevo diseño estatal configurado a raíz de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, presenta connotaciones sustanciales en la estructura administrativa y política del país, que tiene como elemento transversal la inclusión de la diversidad de culturas en un proceso integrador del país; lo cual, a su vez involucra la integración de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), generando una definición que en otrora no estaba contemplada en la Norma Suprema, que se refiere a la pluralidad y al pluralismo, éstos últimos considerados constitucionalmente en los ámbitos político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Precisamente en ese sentido, el art. 1 de la CPE dispone:
Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país (las negrillas se agregaron).
Siguiendo el lineamiento previsto por el art. 1 de la Norma Suprema, se advierte el nacimiento de una nueva forma de Estado Unitario, Plurinacional, con autonomías, que también fue descrito en el acápite de fundamentos jurídicos de la SCP 1715/2012 de 1 de octubre, que, respecto a la nueva configuración del Estado en Bolivia, manifestó:
El nacimiento del nuevo Estado boliviano a través de la aprobación de la Constitución Política del Estado el 25 de enero de 2009 y puesta en vigor el 7 de febrero del mismo año, caracteriza profundas transformaciones estructurales sustentadas en la plurinacionalidad, interculturalidad, pluralismo en su diversas facetas, articulados bajo un concepto de unidad en la pluralidad, como nuevos enfoques metodológicos y epistemológicos del manejo de la diversidad, pero fundamentalmente como procesos en construcción que confluyan en la materialización de un nuevo modelo de Estado compuesto: plurinacional, intercultural, comunitario con pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, que no se ha despojado de su carácter democrático, libre e independiente, ni escindido de su esencia de Estado Constitucional de Derecho, erigiéndose por el contrario, con nuevas características organizacionales y territoriales: autonomías instituidas dentro del marco de la unidad del Estado y con estructuras plurales como el carácter comunitario, que realzan su aspecto diferenciador a las estructuras ya vividas, según proyecta la Constitución Política del Estado en su Preámbulo y en la norma contenida en su art. 1. Características que se encuentran cimentadas bajo el andamiaje de nuevos principios y valores supremos de carácter plural que deben converger de manera armónica y sinérgica (las negrillas corresponden al texto original). Conforme la jurisprudencia glosada, se advierte la existencia de una variedad de elementos fundantes de la nueva organización territorial, administrativa y política de Estado, que en esencia refleja lo plurinacional que se articula en el contexto nacional en diversos aspectos, desde el nivel central del Estado hacia los gobiernos autónomos, constituyéndose en consecuencia un Estado más diverso, con inclusión social, caracterizado por la constitución de gobiernos locales, departamentales, regionales y de las autonomías indígena originario campesinos; destacando la conformación de las unidades territoriales y las entidades territoriales autónomas, como elementos característicos y representativos de la nueva organización de Estado, caracterizado por estar inmerso en el régimen autonómico.
La nueva configuración de Estado, implantada desde la Constitución Política del Estado, a partir de la regulación del art. 1 constitucional, establece una nueva organización territorial, con la creación de unidades territoriales, en cuya jurisdicción se conforman las entidades territoriales autónomas, como entidades gubernativas, con su propia organización e independencia administrativa. Creándose institucionalidades gubernativas con carácter autonómico. Precisamente, respecto a esta nueva cualidad respecto de las entidades territoriales autónomas, el art. 272 de la CPE, establece:
Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.” Conforme la definición prevista por la citada disposición constitucional, se advierte la inclusión de elementos de orden político, administrativo y económico, aplicable a los gobiernos subnacionales, que se constituyen en el ámbito territorial de las unidades territoriales autónomas descritas en el art. 269 de la Norma Suprema, aspectos como el referido: 1) A la elección de autoridades propias del sistema autonómico en los diferentes niveles de gobierno; 2) A la institucionalidad administrativa ejercida sobre recursos propios de cada entidad territorial autónoma; y, 3) Al ejercicio de las facultades asignadas a los órganos de gobiernos autónomos, que deben cimentarse en los principios de separación, independencia, coordinación y cooperación. En ese comprendido, debe considerarse la configuración del Estado Plurinacional con autonomías, tomando en cuenta los elementos contenidos en el art. 272 constitucional; regulación que, de manera particular, también se encuentra prevista por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, aplicable por el mandato constitucional contenido en el art. 270 de la Norma Suprema, cuyo contenido regulatorio señala:
Artículo 6. (DEFINICIONES). A los efectos de esta Ley se entiende por: (…)
(…) 3. Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa. Nótese que esta disposición emanada del nivel central del Estado, incluye otros aspectos más dentro de la definición de autonomías, como el relativo a establecer que se trata de una “cualidad gubernativa”, asignada a las entidades territoriales autónomas, que conforme se encuentra establecido por la propia Constitución, en el apartado de la “Organización Territorial del Estado”, se trata de la institucionalidad gubernativa instituida en el ámbito territorial de las unidades territoriales. Precisamente a raíz de los criterios vertidos precedentemente, es que se configuran los diversos tipos de autonomías previstos constitucionalmente, que se circunscriben a las unidades territoriales dentro de las cuales se instituirán los gobiernos autónomos, sobre los que recae la cualidad autonómica, así se tiene la autonomía municipal, que se encuentra prevista a partir del art. 283 de la CPE, que establece:
Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde” (las negrillas se adicionaron). Consecuentemente, en atención de la nueva forma de Estado, se encuentran constituidos los Gobiernos Autónomos Municipales, en los que se encuentran claramente definidos e identificados su estructura y principalmente las facultades que a cada órgano de gobierno le corresponde, lo que hace a su correcto y efectivo funcionamiento institucional.
El régimen autonómico implantado en el Estado Plurinacional de Bolivia, se cimenta en la nueva visión constitucional que ha estructurado una novedosa forma de gobierno, que involucra -entre otros-, la interrelación entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos y todo lo que ello implica. En ese contexto, la institucionalidad autonómica y su dinámica, requieren de una base axiológica, que para el caso de Bolivia, se encuentra consignada en el art. 270 de la CPE, que respecto a los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales autónomas señala:
Artículo 270. Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.
En efecto de una lectura del artículo transcrito, se desprende la intencionalidad del constituyente al institucionalizar el carácter autonómico del Estado Plurinacional, comprendiendo entonces la naturaleza y alcance de la organización territorial y las entidades territoriales autónomas a partir de la base principista y axiológica que rige el sistema autonómico en Bolivia. En ese lineamiento, la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.4.1, respecto a los principios centrales que rigen la organización territorial y las entidades territoriales autónomas, definiéndolos, manifestó lo siguiente:
En este orden, cabe hacer mención sólo de algunos principios medulares y de articulación entre el régimen autonómico con el sistema educativo. 1. Unidad. La ingeniería del régimen autonómico se proyecta en el marco de la unidad del país, sin disgregación territorial. De conformidad con el art. 5 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), bajo el principio de unidad, el régimen de autonomías se fundamenta en la indivisibilidad de la soberanía y del territorio boliviano, la cohesión interna del Estado y la aplicación uniforme de las políticas de Estado. 2. Igualdad. Como se ha señalado, el principio de igualdad proyectado en el régimen autonómico, refiere que los diferentes tipos de autonomía gozan del mismo rango, lo que supone que no existe tutela o jerarquía entre las diferentes modalidades de autonomía, ninguna puede subordinar a la otra, por lo tanto, debe existir una relación horizontal entre ellas, de complementariedad, solidaridad y armonía.
3. Solidaridad. En el marco del principio de solidaridad, los gobiernos autónomos de las entidades territoriales autónomas (departamentales, municipales, regionales, indígena originario campesina), se encuentran circunscritos a actuar conjuntamente con el gobierno central en la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante la cooperación y coordinación permanente entre todos los gobiernos autónomos; principio que se ve reflejado cuando se utilizan mecanismos redistributivos para garantizar un aprovechamiento equitativo de los recursos.
4. Subsidiariedad. Uno de los principios fundamentales del régimen de autonomías, es el principio de subsidiariedad, a través del cual las entidades territoriales autónomas ingresan en una cadena de relacionamiento directo con las demandas y necesidades de la ciudadanía, esto supone partir por el gobierno autónomo más cercano para poder satisfacer en mejor forma y de una manera más directa las demandas y necesidades, de tal forma que sean resueltas por la autoridad más próxima a la demanda; en caso de imposibilidad corresponde al siguiente nivel la cooperación y coordinación para la satisfacción de la necesidad. Lo que implica, conforme señala el art. 5.12 de la LMAD, refiriéndose a este principio rector, que para el cumplimiento de la toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe realizarse desde el gobierno más cercano a la población, excepto por razones de eficiencia y escala que justifique proveerlos de otra manera. Por tales motivos, los órganos de poder público tienen la obligación de auxiliar y sustituir a los órganos autónomos y descentralizados en caso de necesidad. 5. Gradualidad. Orienta que el ejercicio de las atribuciones y competencias de las entidades autónomas sea de forma progresiva y en función de sus propias capacidades. La autonomía supone un proceso gradual. 6. Provisión de recursos económicos. Las competencias asignadas a cada entidad autónoma deben ser provistas de los recursos económicos para su cumplimiento. De conformidad con el art. 5.18 de la LMAD, el principio de provisión de recursos económicos, supone la responsabilidad compartida de los órganos públicos en la determinación de la fuente de recursos y la asignación de los mismos para el ejercicio de las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, de tal forma que toda nueva transferencia o asignación de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio. 7. Principio de lealtad institucional. De conformidad con el art. 5.15 de la LMDA, a partir de este principio el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas tomarán en cuenta el impacto que sus acciones puedan tener sobre el nivel central del Estado y otras entidades territoriales, evitando aquellas que las perjudiquen, promoviendo el diálogo en torno a las medidas susceptibles de afectarles negativamente, y facilitando toda información pública necesaria para su mejor desempeño; respetando el ejercicio legítimo de las competencias del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas.
8. Principio del bien común. La actuación de los gobiernos autónomos se fundamenta y justifica en el interés colectivo, sirviendo con objetividad los intereses generales para el vivir bien de todos y cada uno de los bolivianos.
Nótese que los postulados que presenta la Norma Suprema, respecto a la organización territorial y las entidades territoriales autónomas, se enmarcan dentro de la naturaleza y definición de Estado Plurinacional con autonomías, en cuanto a que convergen criterios que se centralizan en el carácter integrador del Estado, a partir de la previsión contenida en el art. 1 de la Norma Suprema; de ahí, se tiene como primer principio el referido a la “Unidad” en el ámbito autonómico, que involucra institucionalmente una cohesión entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales. A más de ello, en la articulación, en el andamiaje del sistema autonómico y la interrelación entre entidades territoriales autónomas y el propio nivel central del Estado, convergen otros principios, como el referido a la “solidaridad”, a la “lealtad institucional” y al “bien común”, que hacen a la nueva visión estatal más inclusiva y con un sentido de servicio a la sociedad.
Dentro del nuevo contexto autonómico, se establece e institucionaliza un novedoso aparato gubernativo, a partir de la constitución de una nueva forma de organización territorial, prevista por el art. 269 constitucional, que dispone:
Artículo 269. I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos (…) III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley (las negrillas se adicionaron). A partir de la creación de nuevas unidades territoriales, se ha diseñado una estructura y organización estatal en todo nivel gubernativo, que comprende la asignación de potestades a cada órgano de gobierno, tanto para el nivel central del Estado como para los gobiernos autónomos; partiendo del texto constitucional contenido en el art. 272 de la CPE, que definiendo la autonomía y sus cualidades, también establece las facultades hacia los órganos gubernativos de manera genérica, señalando que:
Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones (las negrillas son adicionadas). Tómese en cuenta que, la norma constitucional invocada, al establecer la naturaleza jurídica y cualidades de la autonomía, hace mención a la distribución de potestades entre órganos de gobierno, estableciendo la dualidad gubernativa entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, cada uno con sus propias facultades, asignadas conforme a su naturaleza y el rol que cumplen dentro de la estructura y funcionamiento de la institucionalidad gubernativa.
Al respecto, la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, en una aproximación a las definiciones de las facultades gubernativas asignadas a los gobiernos autónomos, señaló lo siguiente:
1. Facultad legislativa. El término facultad entendido como un poder de hacer, expresa en el ámbito legislativo la potestad de los órganos representativos de emitir leyes de carácter general y abstracto, cuyo contenido es normativo sobre determinada materia. En su sentido formal, este acto de emitir leyes debe provenir de un ente u órgano legitimado, es decir, representativo: Asamblea Legislativa o Asambleas legislativas de las entidades territoriales autónomas con potestad de emitir leyes en las materias que son de su competencia. Cabe destacar, que esta potestad legislativa para las entidades territoriales no se encuentra reducida a una facultad normativo-administrativa, dirigida a la promulgación de normas administrativas que podrían interpretarse como decretos reglamentarios, pues esta interpretación no sería acorde al nuevo modelo de Estado compuesto, donde el monopolio legislativo ya no decanta únicamente en el órgano legislativo del nivel central, sino que existe una ruptura de ese monopolio a favor de las entidades territoriales autónomas en determinadas materias. Precisamente este es el cambio establecido por la Constitución Política del Estado cuando en su art. 272, otorga a las entidades territoriales autónomas el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el marco de su jurisdicción, competencias y atribuciones a través de sus gobiernos autónomos. Así, en el caso de la autonomía departamental, la facultad legislativa es la potestad de la Asamblea Departamental para emitir leyes en el marco de sus competencias exclusivas y leyes de desarrollo departamental en el marco de sus competencias compartidas.
2. Facultad reglamentaria. Entendida como la potestad de emitir normas reglamentarias para la aplicación de una ley, es decir, la que compete para completar la aplicación de las leyes. En efecto, esta facultad tiene por finalidad la emisión de reglamentos, entendidos como el conjunto de reglas o preceptos emitidos por autoridad competente, que tienden a posibilitar la ejecución de la ley, precisando las normas contenidas en las leyes sin contrariar ni ir más allá de sus contenidos y situaciones que regula. En este contexto, tanto la facultad legislativa como reglamentaria, emiten normas, sin embargo, la facultad reglamentaria se rige dentro de las líneas y contenidos establecidos por la ley, con la finalidad de su aplicación. En el caso de las entidades territoriales autónomas, esta facultad reglamentaria es ejercida por el órgano ejecutivo de la entidad territorial autónoma respectiva con relación a las leyes que emita la asamblea departamental o concejo municipal, según se trate. Esta facultad se justifica porque el órgano ejecutivo, es el que conoce de las capacidades económicas, presupuestarias, institucionales y recursos reales que se tiene para ejecutar la ley, por tanto, a través de la facultad reglamentaria se delimita con mayor precisión la forma y los recursos con los cuales se podrá aplicar la ley.
3. Facultad ejecutiva. Referida a la potestad de administrar la cosa pública, en el caso de las entidades territoriales autónomas será en el marco de las competencias exclusivas, compartidas o concurrentes. Esta facultad requiere de funciones de técnicas y administrativas, para ejecutar la ley y las normas reglamentarias. Entonces, respecto de esta facultad el órgano ejecutivo ya sea del nivel central como de los gobiernos autónomos está encargado de toda la actividad administrativa, de la gestión pública en el ámbito de sus competencias. 4. Facultad fiscalizadora. Esta facultad se encuentra introducida por el art. 272 de la CPE, cuando confiere a los gobiernos autónomos las facultades legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora. Esta facultad tratándose de las entidades territoriales corresponde a la asamblea legislativa del gobierno autónomo correspondiente para controlar al órgano ejecutivo del mismo. Así en la autonomía departamental es ejercida por la asamblea departamental respecto del órgano ejecutivo en la gestión pública y el manejo de los recursos departamentales.
5. Facultad deliberativa. Es la capacidad de debatir y tomar decisiones sobre asuntos de interés de forma consensuada por los miembros de los entes legislativos correspondientes, es decir, respecto de la autonomía departamental por los miembros de la Asamblea departamental respecto de asuntos de interés departamental.
El art. 30 de la LMAD, establece que la Asamblea Departamental tiene la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias.
Cabe aclarar que en el caso de las autonomías indígena originario campesinas, la conformación y organización de su gobierno autónomo será conforme a sus normas, instituciones, procedimientos y formas de organización propia, en virtud de su derecho a la libre determinación y en el marco de las competencias atribuidas por la Constitución Política del Estado.
Así definidas las facultades previstas en el contexto autonómico, debe quedar establecido que su aplicabilidad se dará en función al régimen competencial, también previsto por la Constitución; a partir de su art. 297, que señala:
Artículo 297. I. Las competencias definidas en esta Constitución son: 1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado. 2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. 3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley (las negrillas se añadieron).
Dentro del ámbito competencial previsto constitucionalmente, debe considerarse el dimensionamiento material asignado por la propia Norma Suprema a cada entidad territorial autónoma, a partir del criterio autonómico aplicado a la nueva forma de administración de la cosa pública dentro del espectro nacional, que supone el ejercicio de las facultades descritas de manera individualizada para cada órgano de gobierno.
De ahí que, el art. 283 de la CPE, dispone de manera concreta la asignación de las facultades previstas constitucionalmente, hacia el nivel gubernativo municipal, manifestando expresamente:
Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde” (las negrillas son añadidas).
Disposición que debe ser comprendida a partir de la interpretación del art. 272 de la CPE que genéricamente establece la asignación de facultades, tanto para el nivel central del Estado como para los gobiernos autónomos; aspecto también replicado en el texto constitucional del art. 277 de la Norma Suprema, que con relación a las facultades gubernativas asignadas a los Gobiernos Autónomos Departamentales, señala:
Artículo 277. El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo (las negrillas se adicionaron). Y en el caso de la Autonomía Regional, se tiene la disposición contenida en el art. 281 de la CPE, que manifiesta:
Artículo 281. El gobierno de cada autonomía regional estará constituido por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo (las negrillas son agregadas). Excepcionalmente, no se incluye a las NPIOC en el ámbito regulatorio referido a la constitución de los gobiernos ejecutivo y legislativo, por cuanto al constituir su Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), se enmarcan en el contexto de su propia forma de gobierno, en aplicación de sus normas y procedimientos propios, que deben supeditarse a las disposiciones constitucionales previstas al efecto; esto tomando en cuenta que las NPIOC, cuentan con su libre determinación, que entre otros consiste en el derecho a su propio autogobierno y el reconocimiento de sus instituciones, conforme establece el art. 2 de la Norma Suprema.
Por todo lo relacionado, y dentro del nuevo diseño constitucional autonómico compuesto por niveles de gobierno departamental, municipal, regional e indígena originario campesino y el gobierno del nivel central del Estado, queda sentado que la organización y estructura de la institucionalidad gubernativa subnacional se encuentra conformada básicamente por un órgano legislativo con facultades fiscalizadora, deliberativa y legislativa; y, un órgano ejecutivo con las facultades de ejecutar y reglamentar leyes; con excepción de las autonomías indígena originario campesinas, conforme se explicó precedentemente.
Bajo esa configuración gubernativa, el Estado Plurinacional con autonomías, en una suerte de gobierno multinivel, organiza y estructura su poder público, fundamentando esta organización en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos; así previene el art. 12 de la CPE, que dispone:
Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí” (las negrillas son agregadas). Por consiguiente, la independencia, separación, coordinación y cooperación, como elementos configuradores de la organización estatal, que se aplican en mérito a la nueva visión territorial, política y administrativa de Estado, se constituyen en principios ordenadores de la convivencia gubernativa, con la finalidad de procurar una mejor administración de la cosa pública, la optimización del funcionamiento del aparato administrativo a favor del administrado; pero, principalmente, la concreción de una nueva forma de gobierno, implementada de conformidad con la nueva organización territorial del Estado Unitario con autonomías; tomando en cuenta elementos como el referido a la equivalencia en el ejercicio de las funciones administrativas y a la par, la cooperación, como una forma de trabajo más ordenado y conjunto entre órganos de gobierno.
Estos aspectos conducen entre otros, a una forma de administración más equilibrada, que involucra el respeto mutuo en el desenvolvimiento y el ejercicio de las facultades que a cada órgano de gobierno subnacional le corresponde; aspecto que, presupone la no injerencia y el respeto por la institucionalidad de cada órgano de gobierno, no existiendo la posibilidad de inmiscuirse en la integridad y funcionamiento entre ambos; aspectos que, fueron superándose con relación a la anterior estructura gubernativa del nivel estatal y subnacional, que -otrora- no reconocía los principios ahora sustentados como fundamentos de la nueva organización de Estado. En ese mismo lineamiento, debe considerarse que partir del mandato constitucional previsto por el art. 271.I de la CPE, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, tiene como objeto primordial “regular el régimen de autonomías”, y en ese cometido, esta Ley en su art. 12, regula con relación a la “forma de gobierno” de las ETAs, disponiendo en su parágrafo II, lo siguiente:
Artículo 12. (FORMA DE GOBIERNO). (…) II. La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (…)” (las negrillas se adicionaron).
Nótese que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, siguiendo la directriz establecida por el art. 12 de la CPE, prevé la existencia de los órganos ejecutivo y legislativo, que forman parte de la estructura y organización del poder público autonómico; y, se fundamentan en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos, elementos que surgen como respuesta a la necesidad de establecer pesos y contra pesos que permitan un equilibrio en el ejercicio del poder de cada nivel de gobierno.
Consecuentemente, se encuentra configurado en Bolivia un nuevo Estado, caracterizado por contener una novedosa estructura administrativa y territorial, que surgió ante la necesidad de implementar y llevar a la práctica una visión estatal más inclusiva socialmente y descentralizada administrativamente, con la intencionalidad de ejercer una administración más cercana hacia el ciudadano, en la que se aplique el principio de inmediatez y se trate de mejorar y perfeccionar el servicio de la institucionalidad administrativa, descentralizando el poder centralizado hacia niveles de gobierno departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinos.
Dentro de ese contexto, se configura la organización de los gobiernos autónomos ejecutivo y legislativo, cimentados sobre la base de los principios pregonados constitucionalmente, referidos a la independencia, separación, coordinación y cooperación, que deben manifestarse entre ambos órganos de gobierno; como corolario del nuevo sistema gubernativo, que permitirá efectivizar una labor más coordinada, con apoyo intra institucional, pero sobre todo, en el marco del respeto a la institucionalidad de cada órgano gubernamental, cuidando de que no exista la más mínima injerencia entre órganos de gobierno, sea del legislativo hacia el ejecutivo o viceversa; aspectos que sin duda alguna, en caso de manifestarse, vulnerarían fehacientemente los referidos principios constitucionales, especialmente, en lo referido a la separación e independencia de órganos de gobierno, conforme se analizará en el siguiente apartado.
facultad, lo contrario implica la vulneración del art. 12 de la CPE
Estando desarrollado el contexto de la organización y estructura de los gobiernos autónomos, cabe recalcar que su institucionalidad gubernativa, se cimenta en los referidos principios de independencia, separación, coordinación y cooperación, que se constituye en un imperativo de orden constitucional, en cuanto a que refleja y representa la nueva visión de Estado tanto en el nivel central como en el nivel autonómico gubernativo, debiendo plasmarse este aspecto en el ejercicio de las facultades que le corresponde a cada órgano de gobierno, dentro del marco de los referidos principios y en el ámbito del alcance competencial asignado por la Norma Suprema a las entidades territoriales autónomas, tendiendo a evitar las prácticas discrecionales, respecto al funcionamiento institucional gubernativo.
En ese lineamiento y tomando en cuenta la temática abordada dentro del presente apartado, es pertinente referirse a disposiciones contenidas en proyectos de Normas Institucionales Básicas, que regulaban respecto a la asignación de atribuciones a favor del órgano legislativo municipal, específicamente en cuanto se refiere a la “revisión, aprobación y/o rechazo del informe de ejecución del POA, los estados financieros y la memoria correspondiente a cada gestión anual”, elaborado por la Alcaldesa o el Alcalde Municipal. En ese marco, sobre este tipo de pretensiones regulatorias, la jurisprudencia advirtió que en su contenido se sometía una atribución propia del órgano ejecutivo municipal a potestad del concejo municipal; toda vez que, la responsabilidad de la elaboración del POA y el presupuesto anual, recae directamente sobre la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal, en atención a que el POA se constituye en un instrumento de gestión operativa de la institucionalidad municipal proyectada a un año, en cuya elaboración el ejecutivo municipal debe realizar las convocatorias, presidir las reuniones y talleres de mayor importancia, designar al equipo técnico y dar conformidad a la propuesta final de dicho documento; debiendo considerarse además, que este documento repercutía de manera directa en los estados financieros de la institucionalidad municipal, cuya elaboración también se constituye en atribución del ejecutivo municipal. Similar situación se presentaba con relación a la elaboración y aprobación o rechazo de los estados financieros, que se constituyen en documentos que recogen todo el movimiento económico-financiero de la institución edil en un periodo determinado de tiempo y que conforme el art. 41 de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada, reflejan la situación y cuantificación de los bienes y derechos, así como las obligaciones a favor de terceros; el resumen analítico del aumento o disminución de los recursos económicos netos, emergente de las operaciones de recursos y gastos corrientes; el flujo de efectivo por actividades de operación de inversión o financiamiento; los recursos estimados, las modificaciones presupuestarias, el presupuesto vigente, la ejecución acumulada y otros aspectos que hacen a la gestión económica y financiera integral de cada entidad. Conforme lo referido precedentemente, quedó establecido que la elaboración y aprobación, tanto del POA como de los estados financieros, se constituyen en una facultad exclusiva del órgano ejecutivo municipal, al tratarse de actividades ínsitamente relacionadas con la gestión operativa de la institucionalidad municipal, inmerso en su facultad ejecutiva, dada la asignación facultativa prevista por los arts. 272 y 283 de la CPE; no pudiendo -en consecuencia-, el legislativo interceder en modo alguno en el ejercicio de dicha facultad, debiendo enmarcar su accionar en la facultad fiscalizadora, asignada constitucionalmente por los precitados artículos de la Norma Suprema, que implica su potestad de controlar y fiscalizar los actos del órgano ejecutivo municipal, función que debe estar imbuida de plena imparcialidad, dada la naturaleza de las funciones atribuibles a cada órgano de gobierno, lo contrario, implica la vulneración de los principios de separación e independencia de órganos de gobierno, previsto por el art. 12 de la CPE e involucraría la imparcialidad en el ejercicio de la referida facultad fiscalizadora asignada al órgano legislativo municipal. Bajo ese razonamiento desplegado por la jurisprudencia constitucional emergente de la revisión de proyectos de Normas Institucionales Básicas, incumbe remitirnos a las siguientes Declaraciones Constitucionales Plurinacionales, así se tiene: DCP 0047/2015 de 26 de febrero; que, en el control previo de constitucionalidad de la Carta Orgánica Municipal del municipio de Camargo, provincia Nor Cinti del departamento de Chuquisaca, sobre la temática en estudio, específicamente en la resolución de dos disposiciones que asignaban al concejo municipal la facultad de revisar, aprobar o rechazar para su corrección o complementación el informe de ejecución del POA, los estados financieros y ejecución presupuestaria, emitido por el ejecutivo municipal, manifestó lo siguiente:
Examen del artículo 24.10 TEXTO DE LA DISPOSICIÓN “Artículo 24.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Son atribuciones del Concejo Municipal. (…) 10. Revisar, aprobar o rechazar para su corrección o complementación el informe de ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA), los estados financieros, ejecución presupuestaria, financiera y física a cada informe de acuerdo a reglamentación (…)”. Control previo de constitucionalidad Anualmente las entidades del sector público y las personas colectivas con participación fiscal mayoritaria, deben elaborar sus estados financieros del ejercicio fiscal vencido, a objeto de conocer su situación económica y financiera, así como los cambios experimentados en la gestión concluida; este documento constituye el producto final del movimiento contable anual de dichas entidades y tiene por objetivo final, conocer la situación patrimonial y la evolución económico-financiera de los entes públicos o con participación estatal, para la toma de decisiones económicas. De conformidad, con el art. 41 de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada, los estados financieros reflejan la situación y cuantificación de los bienes y derechos, así como las obligaciones a favor de terceros; el resumen analítico del aumento o disminución de los recursos económicos netos, emergente de las operaciones de recursos y gastos corrientes; el flujo de efectivo por actividades de operación de inversión o financiamiento; los recursos estimados, las modificaciones presupuestarias, el presupuesto vigente, la ejecución acumulada y otros aspectos que hacen a la gestión económica y financiera integral de cada entidad. Esta información refleja el conjunto de actividades y operaciones sustentadas en la implantación y ejecución de los sistemas de administración y control previstos y regulados por la Ley de Administración y Control Gubernamentales, cuya aplicación es de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, al tenor de la primera parte del art. 27 de la citada ley. Corresponde a este funcionario público, dirigir y ejecutar los planes, programas y proyectos previstos por la entidad de acuerdo a los sistemas de administración y control; por lo que el incumplimiento a esta obligación, genera responsabilidad ejecutiva cuando se advierte que la dicha gestión ha sido deficiente o negligente como efecto de una falta de evaluación y mejora de los sistemas operativos de administración, de contabilidad e información gerencial; no se hubiese generado información que transparente la gestión; o no se dispuso el ajuste oportuno de las estrategias, políticas, planes y programas de la entidad, a objeto de alcanzar los resultados esperados con eficacia, economía y eficiencia. Al efecto, solo la MAE de la entidad, será competente para aprobar o rechazar los estados financieros de su propia gestión, respondiendo por la dirección y toma de decisiones de las actividades y operaciones ejecutadas en un periodo fiscal, no obstante la obligación del órgano deliberante, que en el ejercicio de su potestad fiscalizadora, deberá analizar la pertinencia, confiabilidad y veracidad de la información contenida en los estados financieros y sin perjuicio de la remisión de esta información ante las instancias establecidas por ley. Con este fin, el art. 114.IX.3.4 de la LMAD, dispone que los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, los estados financieros de cada gestión fiscal, la información de la evaluación física y financiera y otras relacionadas a la gestión institucional en los plazos que establezcan las instancias mencionadas del Órgano Ejecutivo y de acuerdo a los arts. 46, 47 y 48 de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada, es decir, conteniendo la firma de la MAE, el responsable del área financiera y del contador general en ejercicio de dichas funciones al momento de la emisión de esta información. En consideración a los antecedentes mencionados, se advierte que no es facultad del órgano deliberante municipal aprobar o rechazar los estados financieros de una gestión municipal, dado que un acto administrativo de esta naturaleza, comprometería la función fiscalizadora del concejo municipal al no poder ejecutar esta labor, sobre la integralidad de una gestión ejecutiva previamente refrendada por aquél órgano, e implica la vulneración de los principios de independencia y separación de funciones de los órganos del Estado, previstos y contemplados en el art. 12.I de la CPE; por lo que cabe declarar la incompatibilidad de la frase “los estados financieros, ejecución presupuestaria, financiera y física a cada informe” contenida en el art. 24.10 del proyecto analizado, por ser contraria al precepto constitucional citado precedentemente (las negrillas se agregaron).
Examen del artículo 39.28 TEXTO DE LA DISPOSICIÓN “Artículo 39.- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA ALCALDESA O ALCALDE Las atribuciones y funciones de la alcaldesa o alcalde son: (…) 28. Poner a disposición de la autoridad competente los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, debidamente suscritos y aprobados por el Concejo Municipal. (…)”.
Control previo de constitucionalidad Corresponde aplicar por conexidad a la previsión analizada el mismo entendimiento de incompatibilidad que cursa al efectuar el control previo de constitucionalidad del art. 24.10 del proyecto analizado, declarando incompatible la frase: “debidamente suscritos y aprobados por el Concejo Municipal” con la Norma Suprema.”
En ese mismo sentido, la DCP 0085/2017 de 4 de octubre, remarcó la incompatibilidad de toda disposición normativa que incida en la vulneración de los principios de separación e independencia de órganos de gobierno en el nivel municipal, cuyo contenido otorga al concejo municipal, la atribución de aprobar los estados financieros y la ejecución presupuestaria; manifestando lo siguiente:
Artículo 100. Atribuciones del Ejecutivo Municipal. La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones: (…) 29. Poner a disposición de la autoridad competente los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, debidamente suscritos y aprobados por el Concejo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del nivel Central” (las negrillas se adicionaron). Sobre el numeral 29 del art. 100 El art. 12.I de la CPE, determina que: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”, así también, lo entendió la señalada DCP 0001/2013, mencionado que: “…En el marco del principio de igualdad y el principio de equidad, se debe señalar que la Ley Fundamental no ha establecido una superioridad de un órgano público sobre otro; de manera específica la Constitución Política del Estado cuando establece preceptos referentes a los órganos de las entidades territoriales autónomas, no establece una superioridad jerárquica de uno frente al otro, cada uno tiene sus respectivas facultades y por ende sus respectivas atribuciones, lo cual implica que se encuentran en igualdad de condiciones y que ninguno está supeditado al otro” (las negrillas nos corresponden). Asimismo la DCP 0016/2015 de 16 de enero, al respecto ha señalado: “(…) Al efecto, sólo la MAE de la entidad, será competente para aprobar o rechazar los estados financieros de su propia gestión, respondiendo por la dirección y toma de decisiones de las actividades y operaciones ejecutadas en un periodo fiscal, no obstante la obligación de órgano deliberante, que en el ejercicio de su potestad fiscalizadora, deberá analizar la pertinencia, confiabilidad y veracidad de la información contenida en los estados financieros y sin perjuicio de la remisión de esta información ante los instancias establecidas por ley. Con este fin, el art. 114.IX.3.4 de la LMAD, dispone que los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas del órgano ejecutivo del nivel central del Estado, los estados financieros de cada gestión fiscal, la información de la evaluación física y financiera y otras relacionadas a la gestión institucional en los plazos que establezcan las instancias mencionadas del órgano ejecutivo y de acuerdo a los arts. 46, 47 y 48 de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada, es decir, conteniendo la firma de la MAE, el responsable del área financiera y del contador general en ejercicio de dichas funciones al momento de la emisión de esta información.
En consideración a los antecedentes mencionados, se advierte que no es facultad del órgano deliberante municipal aprobar o rechazar los estados financieros de una gestión municipal, dado que un acto administrativo de esta naturaleza, comprometería la función fiscalizadora del Concejo Municipal al no poder ejecutar esta labor, sobre la integralidad de una gestión ejecutiva previamente refrendada por aquél órgano, e implica la vulneración de los principios de independencia y separación de funciones de los órganos del Estado, previstos y contemplados en el art. 12.I de la CPE” (…).
Por lo expuesto, se declara la incompatibilidad con la Norma Suprema el art. 100.29 del presente proyecto” (las negrillas son añadidas).
Similar razonamiento aplicó la DCP 0215/2015 de 16 de diciembre, que al analizar una disposición similar a la contenida en la jurisprudencia precedentemente invocada, citando a la DCP 0047/2015, señaló lo siguiente:
Examen del artículo 29.3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 21 y 24 TEXTO DE LAS DISPOSICIONES “Artículo 29. ATRIBUCIONES Son atribuciones del Concejo Municipal y la Directiva con facultades deliberativa, legislativa, fiscalizadora y municipal en el ámbito de sus competencias”. (…) 6. Revisar, aprobar y rechazar el informe de ejecución del Programa Operativo Anual, los estados financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el ejecutivo municipal dentro los tres primeros meses de la gestión. Revisar los instructivos del informe trimestral.” (…). Control previo de constitucionalidad Sobre el numeral 6 “6. Revisar, aprobar y rechazar el informe de ejecución del Programa Operativo Anual, los estados financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el ejecutivo municipal dentro los tres primeros meses de la gestión. Revisar los instructivos del informe trimestral.” Sobre la competencia que se arroga el órgano deliberativo, concerniente a aprobar y rechazar tanto el informe de ejecución del programa operativo anual, como los estados financieros de cada ejercicio fiscal, amerita, recoger el siguiente entendimiento jurisprudencial, plasmado en la DCP 0047/2015, que al respecto señaló: “Anualmente las entidades del sector público y las personas colectivas con participación fiscal mayoritaria, deben elaborar sus estados financieros del ejercicio fiscal vencido, a objeto de conocer su situación económica y financiera, así como los cambios experimentados en la gestión concluida; este documento constituye el producto final del movimiento contable anual de dichas entidades y tiene por objetivo final, conocer la situación patrimonial y la evolución económico-financiera de los entes públicos o con participación estatal, para la toma de decisiones económicas. (…)
Al efecto, solo la MAE de la entidad, será competente para aprobar o rechazar los estados financieros de su propia gestión, respondiendo por la dirección y toma de decisiones de las actividades y operaciones ejecutadas en un periodo fiscal, no obstante la obligación del órgano deliberante, que en el ejercicio de su potestad fiscalizadora, deberá analizar la pertinencia, confiabilidad y veracidad de la información contenida en los estados financieros y sin perjuicio de la remisión de esta información ante las instancias establecidas por ley.
En consideración a los antecedentes mencionados, se advierte que no es facultad del órgano deliberante municipal aprobar o rechazar los estados financieros de una gestión municipal, dado que un acto administrativo de esta naturaleza, comprometería la función fiscalizadora del concejo municipal al no poder ejecutar esta labor, sobre la integralidad de una gestión ejecutiva previamente refrendada por aquél órgano, e implica la vulneración de los principios de independencia y separación de funciones de los órganos del Estado, previstos y contemplados en el art. 12.I de la CPE…”. Lo propio sucede con el programa operativo anual (POA) del gobierno municipal, que siendo aquel instrumento en el que se sistematizan todas las operaciones y actividades, relativas a lograr los objetivos de gestión, su ejecución repercutirá directamente en los estados financieros de la ETA; y por tanto solo será obligación del alcalde o alcaldesa municipal, aprobar o rechazar la ejecución tanto del POA como de los estados financieros de la gestión concluida o vencida, dada su condición de MAE del gobierno municipal, función que es inherente a la dirección de la gestión municipal y que por lo tanto, no puede involucrar al órgano deliberante, en consideración a su potestad fiscalizadora, facultad que no podría ejercer sobre actos de gestión que previamente fuesen aprobados o rechazados por la misma instancia. En ese contexto corresponde declarar la incompatibilidad de la frase: “aprobar y rechazar”, contenida en numeral 6 del art. 29 del proyecto analizado, por ser contraria al precepto constitucional citado precedentemente.
En ese orden de cosas, en el ámbito de la temática en análisis, la jurisprudencia constitucional, también remarcó el alcance de la facultad fiscalizadora atribuible al órgano legislativo municipal, que no puede infringir las facultades conferidas al órgano ejecutivo municipal debiendo enmarcar su accionar en el art. 12 de la Norma Suprema; y, en ese sentido, la DCP 0073/2014 de 13 de noviembre, manifestó:
Artículo 39.- (Atribuciones y funciones de la Alcaldesa o Alcalde Municipal) Son atribuciones y funciones de la Alcaldesa o Alcalde Municipal: (…) 25. Poner a disposición de las autoridades competentes los estados financieros y, la ejecución presupuestaria de la gestión anterior debidamente suscritos por el Control Social y, aprobados por el Concejo Municipal de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes; (…) El numeral 25 del presente proyecto, señala que: “Poner a disposición de las autoridades competentes los estados financieros y, la ejecución presupuestaria de la gestión anterior debidamente suscritos por el Control Social y, aprobados por el Concejo Municipal de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes”; los concejales no pueden aprobar o rechazar los estados financieros, siendo que su facultad es fiscalizar al ejecutivo municipal, de conformidad a la separación de órganos y funciones, de acuerdo al art. 12 de la CPE, que señala: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo (…). Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”, asimismo el art. 283 de la Norma Suprema, consagra qué facultades tiene el Ejecutivo y el Legislativo del Municipio (…) por lo que, el numeral 25 analizado, es incompatible con la Ley Fundamental” (las negrillas se agregaron).
Siguiendo el mismo lineamiento, la DCP 0139/2016 de 15 de noviembre, señaló lo siguiente:
Análisis del art. 26
Texto de la disposición “ARTÍCULO.- 26 ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE LA DIRECTIVA Son atribuciones del Concejo Municipal las siguientes:
(…) 7. Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa de Operaciones Anual, los Estados Financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el Ejecutivo Municipal dentro los tres (3) primeros meses de la siguiente gestión. (…) Sobre el numeral 7 del artículo antes mencionado La disposición analizada se refiere a las acciones de revisión, aprobación y/o rechazo de del informe de ejecución del programa de operaciones anual; sin embargo, el texto del proyecto establece un alcance más allá de sus competencias; al respecto el art. 12 de la CPE, señala: “I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (…)
III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”. En ese sentido si bien el “Concejo Municipal” tiene tuición para revisar el informe de ejecución del Programa de Operaciones Anual, los estados financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el Ejecutivo Municipal; ello no significa que sus atribuciones afecten el principio de independencia y separación de órganos, y simplemente deban enmarcarse en el principio de coordinación y cooperación. Por lo anteriormente señalado, corresponde declarar la incompatibilidad de la frase: “aprobar o rechazar” del numeral 7 del art. 26 del proyecto de Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda.”
Por consiguiente, es necesario tomar en cuenta que, de conformidad con el art. 203 de la Norma Suprema, las decisiones y las sentencias constitucionales tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio; por lo que, siguiendo el lineamiento contenido en la jurisprudencia invocada precedentemente, queda establecido el cumplimiento obligatorio de los principios de separación e independencia de órganos de gobiernos autónomos -específicamente en el ámbito jurisdiccional de los gobiernos autónomos municipales-, en caso de tratarse de disposiciones normativas que intenten asignar al concejo municipal la potestad de aprobar o rechazar la elaboración y aprobación de los estados financieros, programa operativo anual, informes de ejecución, memoria y demás actuados atinentes a la operatividad de la gestión municipal, cuya elaboración y aprobación corresponde al ejecutivo municipal, conforme a la naturaleza y dimensionamiento que la propia Constitución le da a este órgano de gobierno, dejando sentado que el órgano legislativo municipal, podrá ejercer su facultad fiscalizadora sobre las acciones y actividades que gubernativamente ejerza el referido órgano ejecutivo; más, nunca arrogarse ni concentrar dualidad de funciones, al emitir un criterio técnico-jurídico sobre determinado acto emanado del ejecutivo municipal, y pretender con posterioridad ejercer la facultad de control y fiscalización sobre el mismo acto, generando un quebrantamiento en el carácter de imparcialidad con el que todo acto administrativo debe contar, vulnerando además el art. 12 de la CPE.
Institucionales Básicas que fueron objeto de control previo, no implica cosa juzgada y puede ser objeto de control posterior de constitucionalidad En los casos de Nomas Institucionales Básicas, conforme la naturaleza y alcance que le brinda el art. 275 de la Norma Suprema, debe tenerse presente que estos instrumentos normativos, previamente a entrar en vigencia, deben ser objeto de control previo de constitucionalidad, conforme dispone la referida norma constitucional, cuando señala:
Artículo 275. Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción (las negrillas se agregaron).
Esa labor de control previo de constitucionalidad, se encuentra expresamente consignada en el art. 116 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que, al referirse al objeto del control previo de constitucionalidad, dispone:
Artículo 116. (OBJETO). El control previo de constitucionalidad de Estatutos o Cartas Orgánicas tiene por objeto confrontar el contenido de dichos instrumentos normativos con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional.” En ese lineamiento, el control previo de constitucionalidad se caracteriza por los siguientes aspectos: i) se constituye en un presupuesto de cumplimiento obligatorio, a efectos de que las Cartas Orgánicas Municipales y los Estatutos entren en vigencia legal dentro de una determinada jurisdicción territorial y respecto a una determinada ETA; ii) su objeto concreto consiste en confrontar, cotejar o comparar el contenido de su texto normativo con la Norma Suprema y no se constituye en una acción contenciosa o consulta voluntaria; sino, un mandato constitucional a cumplir como requisito previo a su vigencia; iii) dicha labor tiene como finalidad velar por la supremacía de la Constitución respecto del resto de la normativa nacional; en este caso, de las Normas Institucionales Básicas, conforme prevé el art. 410 de la CPE; y, iv) de ahí que la contrastación se efectúa con relación al texto íntegro de la Constitución Política del Estado y no con relación a disposición específica alguna. Con ese necesario precedente, debe diferenciarse el control previo de Normas Institucionales Básicas, con relación al control posterior de constitucionalidad, constituyéndose éste último en un mecanismo de defensa de derechos y garantías constitucionales, respecto a disposiciones normativas identificadas individualmente, que sean contrarias a la Constitución, acción de naturaleza normativa, que se encuentra contenida en el art. 132 de la CPE, que establece:
Artículo 132. Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley” (las negrillas se añadieron). En cumplimiento de la disposición constitucional transcrita, se tiene la Ley 254 de 5 de julio de 2012, -Código Procesal Constitucional- (CPCo), cuyo objeto es precisamente regular sobre los procesos constitucionales y las acciones de defensa; y, en ese cometido, el art. 72 del referido Código, con relación a las acciones de inconstitucionalidad de manera genérica, establece:
Artículo 72. (OBJETO). Las Acciones de Inconstitucionalidad son de puro derecho y tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una Ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado, a instancia de las autoridades públicas señaladas en el presente Código. Y, siguiendo la directriz contenida en la disposición transcrita precedentemente, el art. 73 del CPCo, efectúa una clasificación de las acciones de inconstitucionalidad, previendo al efecto dos tipos de acciones, la acción de inconstitucionalidad abstracta y concreta; existiendo diferencias sustanciales entre ambas, así la referida disposición, establece:
Artículo 73. (TIPOS DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD). Las Acciones de Inconstitucionalidad podrán ser: 1. Acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales. 2. Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales (las negrillas son agregadas).
Respecto al marco normativo que regula con relación específicamente a la acción de inconstitucionalidad abstracta, se tiene el contenido previsto a partir del art. 74 al art. 78 del CPCo, que toma en cuenta tópicos relativos, por ejemplo, al procedimiento y la legitimación activa, en este último aspecto, se incluye a las máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, como legitimadas a efectos de la presentación de la acción de inconstitucionalidad abstracta; así, el art. 74 del CPCo señala:
Artículo 74. (LEGITIMACIÓN ACTIVA). Están legitimadas y legitimados para interponer la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de los Órganos Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de las Entidades Territoriales Autónomas, así como la Defensora o el Defensor del Pueblo (las negrillas son añadidas). Con relación a la naturaleza jurídica del control previo de constitucionalidad y el control posterior de constitucionalidad -esta última representada por las acciones de inconstitucionalidad concreta y abstracta-, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la DCP 0002/2014 de 10 de enero, en el control previo de constitucionalidad del Estatuto del Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya, tomando como referencia la DCP 0001/2013 de 12 de marzo; señaló lo siguiente:
En cuanto al control de constitucionalidad, la Constitución Política del Estado, prevé medios de control constitucional previos y posteriores buscando lograr el control objetivo de las normas jurídicas con relación a preceptos, principios y valores contenidos en la Norma Suprema, cuya finalidad es sanear o depurar el ordenamiento jurídico a través de un fallo con efectos derogatorios o abrogatorios de la norma que resulte incompatible; en ese orden, el art. 275 de la CPE, señala que: “Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción”. (…)
Ahora bien, la naturaleza de una Declaración de Constitucionalidad no es la misma que la de una Sentencia Constitucional, ambos tipos de pronunciamientos hacen referencia a cuestiones de naturalezas diferentes, pues en el control de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, al tratarse el control previo de constitucionalidad es una contrastación del proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica con el contenido general del texto de la Norma Suprema; es decir, no se contrasta cada uno de los artículos del proyecto consultado con uno u otro precepto normativo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronunciará sobre el proyecto, resultando impredecible sopesar el alcance de la interpretación que se le dará a dicho texto a la hora de su aplicación; por lo que, si bien, de manera inicial el Tribunal Constitucional Plurinacional, enuncia mediante una Declaración sobre la constitucionalidad de dichos proyectos, los mismos no quedan exentos de ser posteriormente sometidos a control de constitucionalidad ya por la aplicación o adjudicación de la norma a casos concretos o porque pudieran producirse normas constitucionales o supralegales que modifiquen el sistema normativo constitucional.
(…) Así pues, toda vez que el art. 202.1 de la CPE, prevé el control de constitucionalidad posterior de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, no debe perderse de vista que dicho control se origina en la impugnación de un precepto normativo del ordenamiento jurídico constitucional con relación a otra norma constitucional específicamente señalada; es decir, la labor del Tribunal Constitucional Plurinacional se centrará en verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada con uno o más preceptos constitucionales, efectuando el respectivo examen de constitucionalidad; en cambio en el caso del control previo de los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas no se opera ninguna impugnación ni contrastación con relación a una norma constitucional específica; por esa razón, a fin de evitar confusiones y facilitar su comprensión, este Tribunal Constitucional Plurinacional, utilizará la terminología de “compatible” e “incompatible” para el caso de declaraciones de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, y “constitucional” e “inconstitucional”, como se ha estado resolviendo, en los casos del control posterior de constitucionalidad (las negrillas son agregadas). Nótese que, en el caso de control previo y posterior de constitucionalidad, la naturaleza de una Declaración de Constitucionalidad -control previo de constitucionalidad-, no es la misma que la de una Sentencia Constitucional -control posterior de constitucionalidad-, ambos tipos de pronunciamientos hacen referencia a cuestiones de naturaleza jurídica diferente, pues en el control de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, al tratarse el control previo de constitucionalidad se efectúa una contrastación del proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica con el contenido general del texto de la Norma Suprema; es decir, no se contrasta cada uno de los artículos del proyecto consultado con uno u otro precepto normativo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronunciará sobre el proyecto, resultando impredecible sopesar el alcance de la interpretación que se le dará a dicho texto a la hora de su aplicación; por lo que, si bien, de manera inicial el Tribunal Constitucional Plurinacional enuncia mediante una Declaración sobre la constitucionalidad de dichos proyectos, los mismos no quedan exentos de ser posteriormente sometidos a control de constitucionalidad, ya sea por la aplicación o adecuación de la norma a casos concretos o porque pudieran producirse normas constitucionales o supralegales que modifiquen el sistema normativo constitucional. En ese marco establecido por la Constitución Política del Estado, se evidencia que una Carta Orgánica o un Estatuto Autonómico, puede ser sometido a control previo y posterior de constitucionalidad, en el primer caso de manera integral y en el segundo artículo por artículo; lo cual, dependerá del alcance del control a efectuarse y de sus efectos. En consecuencia, tomando en cuenta la base jurídica, disposiciones constitucionales y la jurisprudencia desglosada, puede concluirse que el control posterior de constitucionalidad -representado por las acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta-, cuenta con características distintas del control previo; así se tiene que las acciones de inconstitucionalidad, por su naturaleza, se encuentran revestidas de las siguientes características: a) Son acciones que se aplican de manera concreta respecto a toda norma jurídica incluida en una Ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado, conforme prevé la normativa constitucional; b) Este aspecto regulatorio, en el caso de la acción de inconstitucionalidad abstracta, se amplía con relación a cartas orgánicas, estatutos autonómicos y ordenanzas; c) Para su procedencia debe existir una afectación sea en contra de una persona individual o colectiva, que devenga de una infracción de la normativa constitucional; d) Se tramita como proceso de puro derecho y su finalidad es declarar la inconstitucionalidad de una determinada y específica norma, disposición, o artículo contenido en un cuerpo normativo, en caso de que sea contrario a las disposiciones contenidas en la Norma Suprema; e) De ahí el uso de la terminología “constitucional” e “inconstitucional”, para el caso de control posterior de constitucionalidad; y, “compatible” e “incompatible” para el caso del control previo de constitucionalidad; y, f) La propia Constitución Política del Estado y las disposiciones legales atinentes del nivel central del Estado, establecen que se trata de una acción constitucional, de diferente naturaleza jurídica con relación al control previo de constitucionalidad, del cual difiere sustancialmente. Por consiguiente, en consideración de las referencias expuestas, se advierte la diferencia sustancial existente entre el control previo y el control posterior de constitucionalidad, principalmente tratándose del control de Normas Institucionales Básicas, que pueden ser sometidas a ambas formas de control de constitucionalidad; sin que el ejercicio del primero implique cosa juzgada o que no pueda ingresarse a un segundo test de constitucionalidad; por cuanto, conforme prevé la propia Norma Suprema y la jurisprudencia constitucional citada, se trata de acciones totalmente distintas, sujetas a diferente tratamiento y con distinta finalidad.
El accionante demanda la inconstitucionalidad de los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, por ser presuntamente contrarios a los arts. 12.I; 272 y 283 de la CPE, y otorgar al Concejo Municipal de dicho municipio la facultad de revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del POA, la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde, dentro de los plazos establecidos por ley; además de aprobar o rechazar los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, atentando contra los principios de independencia y separación de órganos.
Previamente, de antecedentes se tiene que la parte accionante el 5 de marzo de 2020 formuló la acción de inconstitucionalidad abstracta solicitando la inconstitucionalidad de los arts. 30.II inc. 8) y 44.II inc. 31) de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, por ser presuntamente contrarios a los arts. 12.I; 283 y 272 de la CPE; acción normativa que a través del AC 0061/2020 de 16 de marzo evacuado por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue rechazada, estableciendo que la acción no cumple con los requisitos exigidos por el Código Procesal Constitucional, al no evidenciar un adecuado sustento, como tampoco una suficiente fundamentación jurídico-constitucional que muestre de manera clara las razones por las cuales se duda de la constitucionalidad de los preceptos cuestionados. Por otra parte, el 29 de noviembre de 2022, la referida acción de inconstitucionalidad abstracta fue nuevamente formulada, siendo en esta oportunidad admitida por parte de Comisión de Admisión mediante el AC 0427/2022-CA de 7 de diciembre; el cual, ahora es objeto de análisis. Cabe aclarar que, si bien entre ambas acciones descritas previamente existe identidad de objeto y causa; toda vez que, la demanda normativa abstracta versa en solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de los arts. 30.II inc. 8) y 44.II inc. 31) de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, por ser presuntamente contrarios a los arts. 12.I; 283 y 272 de la CPE; más no de identidad de sujetos; ya que, los accionantes que formularon la primera acción (33534-2022-68-AIA) se identifican como Emilio Mérida Meneces, Alcalde; y, Tito Chinchilla Echeverria, Presidente del Concejo, ambos de la citada entidad municipal; la segunda acción -ahora objeto de análisis- (51565-2022-104-AIA), es formulada por Jhony Cuchallo Orellana, Alcalde en ejercicio del mencionado municipio; sin embargo, debe tenerse presente, que al haber sido rechazada la primera causa; de la cual, no se ingresó a compulsar aspectos de fondo respecto de la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad referidos precedentemente, la misma al no constituir cosa juzgada constitucional, hace previsible se pueda volver a plantear otra acción normativa sobre los mismos artículos, con la condición de sustentar los cargos de inconstitucionalidad, tal y como ocurrió en el presente caso. En tal situación, al no existir óbice corresponde a esta instancia constitucional compulsar la solicitud de la parte accionante. Asimismo, incumbe aclarar que, en el control previo de constitucionalidad de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, la declaración primigenia (DCP 0004/2013 de 29 de abril), no dispuso ni observó la incompatibilidad de las normas ahora denunciadas de inconstitucionalidad y por ende, tampoco lo hicieron las declaraciones subsecuentes a ese caso particular, debido a que en ese momento, cuando este tipo de control constitucional iniciaba por mandato de la Norma Suprema, aun se establecían los razonamientos y lineamientos que se seguirían para revisar los Estatutos y Cartas Orgánicas de las Entidades Territoriales Autónomas. Entonces, conforme la revisión jurisprudencial, se tiene que la DCP 0073/2014 de 13 de noviembre, se constituye en el primer fallo donde se determinó la incompatibilidad de normas similares; aspecto que, luego fue reiterado en la jurisprudencia posterior; empero, por una cuestión de temporalidad no fue aplicada en ocasión de la revisión de la norma inconstitucional básica en cuestión. Ahora bien, ingresando al análisis de la acción normativa, para realizar el control de constitucionalidad de todas las disposiciones enervadas por el accionante, se recurrirá a los criterios desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al análisis de las disposiciones normativas demandadas en base a la compatibilidad o incompatibilidad con el texto constitucional, para en caso de que si dichas normas fuesen contrarias a los valores, principios y derechos reconocidos por la Norma Suprema, deberán ser expulsados del ordenamiento y la vida jurídica, cumpliendo claro está, que las denuncias o cargos de inconstitucionalidad cumplan con los requisitos establecidos en el art. 24.I.4 del CPCo, que establece:
En las acciones de inconstitucionalidad, la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado. (las negrillas fueron añadidas). Por otra parte, en cuanto al control previo y posterior de constitucionalidad, el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional aclaró que se advierte la diferencia sustancial existente entre el control previo y el control posterior de constitucionalidad, principalmente tratándose del control de Normas Institucionales Básicas, que pueden ser sometidas a ambas formas de control de constitucionalidad; sin que el ejercicio del primero implique cosa juzgada o que no pueda ingresarse a un segundo test de constitucionalidad; por cuanto, conforme prevé la propia Norma Suprema y la jurisprudencia constitucional expresada en la DCP 002/2014 de 10 de enero, se trata de acciones totalmente distintas, sujetas a diferente tratamiento y con distinta finalidad. Por su parte, el control previo de constitucionalidad resulta ser un mecanismo que se realiza antes de la aprobación de una norma para garantizar que su contenido sea compatible con la Constitución Política del Estado; proceso que permite que el Tribunal Constitucional Plurinacional verifique que los proyectos de leyes, estatutos autonómicos, o cartas orgánicas no contradigan los principios, valores, y normas fundamentales establecidos en la Norma Suprema. Conforme prevé el art. 202 de la CPE, el control normativo de constitucionalidad puede ser previo (preventivo) o posterior (correctivo); por ello, el control previo se enfoca en la revisión de proyectos normativos antes de su promulgación, mientras que el control posterior se aplica a normas ya vigentes. A su vez, las acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta, cuentan con características distintas del control previo; ya que las acciones de inconstitucionalidad, por su naturaleza, se encuentran revestidas de las siguientes características: 1) Son acciones que se aplican de manera concreta respecto a toda norma jurídica incluida en una Ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado, conforme prevé la normativa constitucional; 2) Este aspecto regulatorio, en el caso de la acción de inconstitucionalidad abstracta, se amplía con relación a las cartas orgánicas, estatutos autonómicos y ordenanzas; 3) Para su procedencia debe existir una afectación sea en contra de una persona individual o colectiva, que devenga de una infracción de la normativa constitucional; 4) Se tramita como proceso de puro derecho y su finalidad es declarar la inconstitucionalidad de una determinada y específica norma, disposición, o artículo contenido en un cuerpo normativo, en caso de que sea contrario a las disposiciones contenidas en la Norma Suprema; 5) De ahí el uso de la terminología “constitucional” e “inconstitucional”, para el caso de control posterior de constitucionalidad; y, “compatible” e “incompatible” para el caso del control previo de constitucionalidad; y, 6) La propia Constitución Política del Estado y las disposiciones legales atinentes del nivel central del Estado, establecen que se trata de una acción constitucional, de diferente naturaleza jurídica con relación al control previo de constitucionalidad; del cual, difiere sustancialmente. A partir de tal descripción, se establece que no existe impedimento legal para que esta instancia constitucional proceda a realizar un control posterior de constitucionalidad “segundo test” respecto de los artículos cuestionados que se encuentran insertos en la Norma Institucional Básica del mencionado municipio; puesto que, no quedan exentos de ser sometidos a posterioridad a control de constitucionalidad, ya sea por aplicación o adecuación de la norma a casos concretos o porque pudieran producirse normas constitucionales o supralegales que modifiquen el sistema normativo constitucional; considerando además la naturaleza que rige la acción de inconstitucionalidad abstracta; la cual, tiene alcance de control para declarar total o parcialmente la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinada norma jurídica. Su diferenciación radica en que el control previo se realiza antes de la aprobación de una norma para garantizar que sea compatible con la Constitución Política del Estado, utilizando términos como "compatible" e "incompatible", resultando preventivo. Por su parte, el control posterior se aplica a normas ya vigentes para verificar su constitucionalidad, empleando los términos "constitucional" e "inconstitucional", resultando correctivo, ya que puede declarar la inconstitucionalidad de normas que, una vez en vigor, contradigan la Norma Suprema. En ese antecedente, previo a ingresar a realizar el test de compatibilidad de la norma impugnada con la Norma Suprema, es importante señalar que las Cartas Orgánicas tienen como objeto regir la vida institucional, política, económica, social, jurídica, cultural y territorial de un determinado municipio, constituyendo en su Ley fundamental, esto dentro de los límites y restricciones que establece la Constitución Política del Estado y las leyes emitidas por el nivel central. Precisada la finalidad de las Normas Institucionales Básicas; previo a realizar el test de constitucionalidad para cada cargo de inconstitucionalidad identificado por el accionante, es preciso remitirnos a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.2, III.2.1, III.2.2, III.2.3 y III.2.4 de este fallo constitucional, que en relación a las cualidades del nuevo Estado Plurinacional con autonomías, la autonomía municipal, principios que rigen el sistema autonómico en Bolivia, las facultades atribuibles a los órganos gubernativos en el nuevo modelo de Estado, y los principios que rigen el funcionamiento e interrelación de los gobiernos autónomos, conforme a la nueva visión de Estado, establecieron lo siguiente:
1. Respecto a las cualidades del nuevo Estado Plurinacional con autonomías contemplado en el art. 1 de la CPE, y conforme al antedicho Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se estableció que:
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Se advierte la existencia de una variedad de elementos fundamentales de la nueva organización territorial, administrativa y política de Estado, que en esencia refleja lo plurinacional que se articula en el contexto nacional en diversos aspectos, desde el nivel central del Estado hacia los gobiernos autónomos, constituyéndose en consecuencia un Estado más diverso, con inclusión social, caracterizado por la constitución de gobiernos locales, departamentales, regionales y de las autonomías indígena originario campesinos; destacando la conformación de las unidades territoriales y las entidades territoriales autónomas, como elementos característicos y representativos de la nueva organización de Estado, caracterizado por estar inmerso en el régimen autonómico. 2. El cuanto al Estado Plurinacional con autonomías y la autonomía municipal contemplados en los arts. 269, 270, 272 y 283 de la Norma Suprema, y conforme al precitado Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo constitucional, se precisó las nuevas cualidades de las entidades territoriales autónomas en razón de lo siguiente:
Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.
A partir de dicha definición, se advierte la inclusión de elementos de orden político, administrativo y económico, aplicable a los gobiernos subnacionales en el ámbito territorial de las unidades territoriales autónomas señaladas en el art. 269 de la CPE, relativos a: i) La elección de autoridades propias del sistema autonómico en los diferentes niveles de gobierno; ii) La institucionalidad administrativa ejercida sobre recursos propios de cada entidad territorial autónoma; y, iii) El ejercicio de las facultades asignadas a los órganos de gobierno autónomos, que deben cimentarse en los principios de separación, independencia, coordinación y cooperación.
Así también, dicha regulación que parte del art. 272 de la CPE, se encuentra prevista por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, aplicable por mandato constitucional contenido en el art. 270 de la Norma Suprema, que configuran los diversos tipos de autonomías previstos constitucionalmente, que se circunscriben a las unidades territoriales dentro de las cuales se instituirán los gobiernos autónomos, sobre los que recae la cualidad autonómica, así se tiene la autonomía municipal, que se encuentra prevista a partir del art. 283 de la CPE, que establece:
El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. Consecuentemente, en atención de la nueva forma de Estado, se encuentran constituidos los Gobiernos Autónomos Municipales, en los que se encuentran claramente definidos e identificados su estructura y principalmente las facultades que a cada órgano de gobierno le corresponde, lo que hace a su correcto y efectivo funcionamiento institucional. 3. Respecto a los principios que rigen el sistema autonómico en Bolivia que se encuentra consignada en el art. 270 de la CPE, y conforme al precitado Fundamento Jurídico III.2.2 de esta Resolución Constitucional, se precisó los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales autónomas:
Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.
Los postulados descritos respecto a la organización territorial y las entidades territoriales autónomas, se enmarcan dentro de la naturaleza y definición de Estado Plurinacional con autonomías, en cuanto a que convergen criterios que se centralizan en el carácter integrador del Estado, a partir de la previsión contenida en el art. 1 de la Norma Suprema; de ahí, se tiene como primer principio el referido a la “Unidad” en el ámbito autonómico, que involucra institucionalmente una cohesión entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales. A más de ello, en la articulación, en el andamiaje del sistema autonómico y la interrelación entre entidades territoriales autónomas y el propio nivel central del Estado, convergen otros principios, como el referido a la “solidaridad”, a la “lealtad institucional” y al “bien común”, que hacen a la nueva visión estatal más inclusiva y con un sentido de servicio a la sociedad. 4. En cuanto a las facultades atribuibles a los órganos gubernativos en el nuevo modelo de Estado que se encuentran consignados en los arts. 269, 272 y 283 de la CPE, y conforme a lo referido en el Fundamento Jurídico III.2.3 de este fallo constitucional, se precisó que dentro del nuevo diseño constitucional autonómico compuesto por niveles de gobierno departamental, municipal, regional e indígena originario campesino y el gobierno del nivel central del Estado, queda sentado que la organización y estructura de la institucionalidad gubernativa subnacional se encuentra conformada básicamente por un órgano legislativo con facultades fiscalizadora, deliberativa y legislativa; y, un órgano ejecutivo con las facultades de ejecutar y reglamentar leyes.
5. Respecto a los principios que rigen el funcionamiento e interrelación de los gobiernos autónomos, citado en el Fundamento Jurídico III.2.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se precisó que los gobiernos autónomos ejecutivo y legislativo, se cimentan sobre la base de los de independencia, separación, coordinación y cooperación, que deben manifestarse entre ambos órganos de gobierno; como corolario del nuevo sistema gubernativo, que permitirá efectivizar una labor más coordinada, con apoyo intra institucional; pero sobre todo, en el marco del respeto a la institucionalidad de cada órgano gubernamental, cuidando de que no exista la más mínima injerencia entre órganos de gobierno, sea del legislativo hacia el ejecutivo o viceversa; aspectos que sin duda alguna, en caso de manifestarse, vulnerarían fehacientemente los referidos principios constitucionales, especialmente, en lo referido a la separación e independencia de órganos de gobierno, conforme se analizará en el siguiente apartado.
Asimismo, en referencia a las atribuciones contempladas dentro del ámbito de la facultad ejecutiva del órgano ejecutivo de los gobiernos autónomos municipales, es necesario citar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que en cuanto a los mismos señaló, que la organización y estructura de los gobiernos autónomos, su institucionalidad gubernativa se cimenta en los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación, que se constituye en un imperativo de orden constitucional, en cuanto a que refleja y representa la nueva visión de Estado, tanto en el nivel central como en el nivel autonómico gubernativo, debiendo plasmarse este aspecto en el ejercicio de las facultades que le corresponde a cada órgano de gobierno dentro del marco de los referidos principios y en el ámbito del alcance competencial asignado por la Norma Suprema a las entidades territoriales autónomas, tendiendo a evitar las prácticas discrecionales, respecto al funcionamiento institucional gubernativo. Así también, tomando en cuenta específicamente la temática abordada dentro de la presente acción de inconstitucionalidad, para realizar un debido contraste respecto de lo denunciado por el accionante en sentido que los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, resultan contrarios a lo establecido en los arts. 12.I; 272 y 283 de la CPE (Conclusión II.2), es pertinente referirse a la jurisprudencia constitucional emergente del control preventivo de proyectos de normas institucionales básicas que contengan disposiciones referidas a la regulación respecto a la asignación de atribuciones a favor del órgano legislativo municipal, específicamente en cuanto se refiere a la revisión, aprobación y/o rechazo del informe de ejecución del POA, los estados financieros y la memoria correspondiente a cada gestión anual, elaborado por la Alcaldesa o el Alcalde Municipal (Fundamento Jurídico III.4); así se tiene las siguientes declaraciones constitucionales:
i. DCP 0047/2015 de 26 de febrero, que sobre esta temática declaró la incompatibilidad de determinados artículos en los que se asignaba facultades al concejo municipal de revisar, aprobar o rechazar para su corrección o complementación el informe de ejecución del POA, los estados financieros y ejecución presupuestaria, emitido por el ejecutivo municipal, bajo el siguiente razonamiento:
Examen del artículo 24.10
TEXTO DE LA DISPOSICIÓN
“Artículo 24.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Son atribuciones del Concejo Municipal.
(…)
10. Revisar, aprobar o rechazar para su corrección o complementación el informe de ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA), los estados financieros, ejecución presupuestaria, financiera y física a cada informe de acuerdo a reglamentación
(…)”.
Control previo de constitucionalidad Anualmente las entidades del sector público y las personas colectivas con participación fiscal mayoritaria, deben elaborar sus estados financieros del ejercicio fiscal vencido, a objeto de conocer su situación económica y financiera, así como los cambios experimentados en la gestión concluida; este documento constituye el producto final del movimiento contable anual de dichas entidades y tiene por objetivo final, conocer la situación patrimonial y la evolución económico-financiera de los entes públicos o con participación estatal, para la toma de decisiones económicas. De conformidad, con el art. 41 de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada, los estados financieros reflejan la situación y cuantificación de los bienes y derechos, así como las obligaciones a favor de terceros; el resumen analítico del aumento o disminución de los recursos económicos netos, emergente de las operaciones de recursos y gastos corrientes; el flujo de efectivo por actividades de operación de inversión o financiamiento; los recursos estimados, las modificaciones presupuestarias, el presupuesto vigente, la ejecución acumulada y otros aspectos que hacen a la gestión económica y financiera integral de cada entidad. Esta información refleja el conjunto de actividades y operaciones sustentadas en la implantación y ejecución de los sistemas de administración y control previstos y regulados por la Ley de Administración y Control Gubernamentales, cuya aplicación es de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, al tenor de la primera parte del art. 27 de la citada ley. Corresponde a este funcionario público, dirigir y ejecutar los planes, programas y proyectos previstos por la entidad de acuerdo a los sistemas de administración y control; por lo que el incumplimiento a esta obligación, genera responsabilidad ejecutiva cuando se advierte que la dicha gestión ha sido deficiente o negligente como efecto de una falta de evaluación y mejora de los sistemas operativos de administración, de contabilidad e información gerencial; no se hubiese generado información que transparente la gestión; o no se dispuso el ajuste oportuno de las estrategias, políticas, planes y programas de la entidad, a objeto de alcanzar los resultados esperados con eficacia, economía y eficiencia. Al efecto, solo la MAE de la entidad, será competente para aprobar o rechazar los estados financieros de su propia gestión, respondiendo por la dirección y toma de decisiones de las actividades y operaciones ejecutadas en un periodo fiscal, no obstante la obligación del órgano deliberante, que en el ejercicio de su potestad fiscalizadora, deberá analizar la pertinencia, confiabilidad y veracidad de la información contenida en los estados financieros y sin perjuicio de la remisión de esta información ante las instancias establecidas por ley. Con este fin, el art. 114.IX.3.4 de la LMAD, dispone que los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, los estados financieros de cada gestión fiscal, la información de la evaluación física y financiera y otras relacionadas a la gestión institucional en los plazos que establezcan las instancias mencionadas del Órgano Ejecutivo y de acuerdo a los arts. 46, 47 y 48 de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada, es decir, conteniendo la firma de la MAE, el responsable del área financiera y del contador general en ejercicio de dichas funciones al momento de la emisión de esta información. En consideración a los antecedentes mencionados, se advierte que no es facultad del órgano deliberante municipal aprobar o rechazar los estados financieros de una gestión municipal, dado que un acto administrativo de esta naturaleza, comprometería la función fiscalizadora del concejo municipal al no poder ejecutar esta labor, sobre la integralidad de una gestión ejecutiva previamente refrendada por aquél órgano, e implica la vulneración de los principios de independencia y separación de funciones de los órganos del Estado, previstos y contemplados en el art. 12.I de la CPE; por lo que cabe declarar la incompatibilidad de la frase “los estados financieros, ejecución presupuestaria, financiera y física a cada informe” contenida en el art. 24.10 del proyecto analizado, por ser contraria al precepto constitucional citado precedentemente (las negrillas se agregaron).
Examen del artículo 39.28
TEXTO DE LA DISPOSICIÓN
“Artículo 39.- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA ALCALDESA O ALCALDE
Las atribuciones y funciones de la alcaldesa o alcalde son:
(…) 28. Poner a disposición de la autoridad competente los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, debidamente suscritos y aprobados por el Concejo Municipal. (…)”. Control previo de constitucionalidad Corresponde aplicar por conexidad a la previsión analizada el mismo entendimiento de incompatibilidad que cursa al efectuar el control previo de constitucionalidad del art. 24.10 del proyecto analizado, declarando incompatible la frase: “debidamente suscritos y aprobados por el Concejo Municipal” con la Norma Suprema.”
ii. En ese mismo sentido, la DCP 0085/2017 de 4 de octubre, remarcó la incompatibilidad de toda disposición normativa que incida en la vulneración de los principios de separación e independencia de órganos de gobierno en el nivel municipal, cuyo contenido otorga al concejo municipal, la atribución de aprobar los estados financieros y la ejecución presupuestaria; manifestando lo siguiente:
Artículo 100. Atribuciones del Ejecutivo Municipal.
La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones: (…)
29. Poner a disposición de la autoridad competente los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, debidamente suscritos y aprobados por el Concejo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del nivel Central” (las negrillas se adicionaron). Sobre el numeral 29 del art. 100 El art. 12.I de la CPE, determina que: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”, así también, lo entendió la señalada DCP 0001/2013, mencionado que: “…En el marco del principio de igualdad y el principio de equidad, se debe señalar que la Ley Fundamental no ha establecido una superioridad de un órgano público sobre otro; de manera específica la Constitución Política del Estado cuando establece preceptos referentes a los órganos de las entidades territoriales autónomas, no establece una superioridad jerárquica de uno frente al otro, cada uno tiene sus respectivas facultades y por ende sus respectivas atribuciones, lo cual implica que se encuentran en igualdad de condiciones y que ninguno está supeditado al otro” (las negrillas nos corresponden).
Asimismo la DCP 0016/2015 de 16 de enero, al respecto ha señalado: “(…) Al efecto, sólo la MAE de la entidad, será competente para aprobar o rechazar los estados financieros de su propia gestión, respondiendo por la dirección y toma de decisiones de las actividades y operaciones ejecutadas en un periodo fiscal, no obstante la obligación de órgano deliberante, que en el ejercicio de su potestad fiscalizadora, deberá analizar la pertinencia, confiabilidad y veracidad de la información contenida en los estados financieros y sin perjuicio de la remisión de esta información ante los instancias establecidas por ley.
Con este fin, el art. 114.IX.3.4 de la LMAD, dispone que los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas del órgano ejecutivo del nivel central del Estado, los estados financieros de cada gestión fiscal, la información de la evaluación física y financiera y otras relacionadas a la gestión institucional en los plazos que establezcan las instancias mencionadas del órgano ejecutivo y de acuerdo a los arts. 46, 47 y 48 de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada, es decir, conteniendo la firma de la MAE, el responsable del área financiera y del contador general en ejercicio de dichas funciones al momento de la emisión de esta información.
En consideración a los antecedentes mencionados, se advierte que no es facultad del órgano deliberante municipal aprobar o rechazar los estados financieros de una gestión municipal, dado que un acto administrativo de esta naturaleza, comprometería la función fiscalizadora del Concejo Municipal al no poder ejecutar esta labor, sobre la integralidad de una gestión ejecutiva previamente refrendada por aquél órgano, e implica la vulneración de los principios de independencia y separación de funciones de los órganos del Estado, previstos y contemplados en el art. 12.I de la CPE” (…).
Por lo expuesto, se declara la incompatibilidad con la Norma Suprema el art. 100.29 del presente proyecto (las negrillas son añadidas). iii. Similar razonamiento aplicó la DCP 0215/2015 de 16 de diciembre, que al analizar una disposición similar a la contenida en la jurisprudencia precedentemente invocada, citando a la DCP 0047/2015, señaló lo siguiente:
Examen del artículo 29.3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 21 y 24 TEXTO DE LAS DISPOSICIONES Artículo 29. ATRIBUCIONES Son atribuciones del Concejo Municipal y la Directiva con facultades deliberativa, legislativa, fiscalizadora y municipal en el ámbito de sus competencias”. (…) 6. Revisar, aprobar y rechazar el informe de ejecución del Programa Operativo Anual, los estados financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el ejecutivo municipal dentro los tres primeros meses de la gestión. Revisar los instructivos del informe trimestral.”
(…). Control previo de constitucionalidad Sobre el numeral 6
“6. Revisar, aprobar y rechazar el informe de ejecución del Programa Operativo Anual, los estados financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el ejecutivo municipal dentro los tres primeros meses de la gestión. Revisar los instructivos del informe trimestral.” Sobre la competencia que se arroga el órgano deliberativo, concerniente a aprobar y rechazar tanto el informe de ejecución del programa operativo anual, como los estados financieros de cada ejercicio fiscal, amerita, recoger el siguiente entendimiento jurisprudencial, plasmado en la DCP 0047/2015, que al respecto señaló: “Anualmente las entidades del sector público y las personas colectivas con participación fiscal mayoritaria, deben elaborar sus estados financieros del ejercicio fiscal vencido, a objeto de conocer su situación económica y financiera, así como los cambios experimentados en la gestión concluida; este documento constituye el producto final del movimiento contable anual de dichas entidades y tiene por objetivo final, conocer la situación patrimonial y la evolución económico-financiera de los entes públicos o con participación estatal, para la toma de decisiones económicas. (…) Al efecto, solo la MAE de la entidad, será competente para aprobar o rechazar los estados financieros de su propia gestión, respondiendo por la dirección y toma de decisiones de las actividades y operaciones ejecutadas en un periodo fiscal, no obstante la obligación del órgano deliberante, que en el ejercicio de su potestad fiscalizadora, deberá analizar la pertinencia, confiabilidad y veracidad de la información contenida en los estados financieros y sin perjuicio de la remisión de esta información ante las instancias establecidas por ley. En consideración a los antecedentes mencionados, se advierte que no es facultad del órgano deliberante municipal aprobar o rechazar los estados financieros de una gestión municipal, dado que un acto administrativo de esta naturaleza, comprometería la función fiscalizadora del concejo municipal al no poder ejecutar esta labor, sobre la integralidad de una gestión ejecutiva previamente refrendada por aquél órgano, e implica la vulneración de los principios de independencia y separación de funciones de los órganos del Estado, previstos y contemplados en el art. 12.I de la CPE…”. Lo propio sucede con el programa operativo anual (POA) del gobierno municipal, que siendo aquel instrumento en el que se sistematizan todas las operaciones y actividades, relativas a lograr los objetivos de gestión, su ejecución repercutirá directamente en los estados financieros de la ETA; y por tanto solo será obligación del alcalde o alcaldesa municipal, aprobar o rechazar la ejecución tanto del POA como de los estados financieros de la gestión concluida o vencida, dada su condición de MAE del gobierno municipal, función que es inherente a la dirección de la gestión municipal y que por lo tanto, no puede involucrar al órgano deliberante, en consideración a su potestad fiscalizadora, facultad que no podría ejercer sobre actos de gestión que previamente fuesen aprobados o rechazados por la misma instancia. En ese contexto corresponde declarar la incompatibilidad de la frase: “aprobar y rechazar”, contenida en numeral 6 del art. 29 del proyecto analizado, por ser contraria al precepto constitucional citado precedentemente. iv. En ese orden de cosas, dentro de la temática analizada, la jurisprudencia constitucional, también remarcó el alcance de la facultad fiscalizadora atribuible al órgano legislativo municipal, que no puede infringir las facultades conferidas al órgano ejecutivo municipal debiendo enmarcar su accionar en el art. 12 de la Norma Suprema; y, en ese sentido, la DCP 0073/2014 de 13 de noviembre, manifestó: Artículo 39.- (Atribuciones y funciones de la Alcaldesa o Alcalde Municipal) Son atribuciones y funciones de la Alcaldesa o Alcalde Municipal: (…) 25. Poner a disposición de las autoridades competentes los estados financieros y, la ejecución presupuestaria de la gestión anterior debidamente suscritos por el Control Social y, aprobados por el Concejo Municipal de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes; (…) El numeral 25 del presente proyecto, señala que: “Poner a disposición de las autoridades competentes los estados financieros y, la ejecución presupuestaria de la gestión anterior debidamente suscritos por el Control Social y, aprobados por el Concejo Municipal de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes”; los concejales no pueden aprobar o rechazar los estados financieros, siendo que su facultad es fiscalizar al ejecutivo municipal, de conformidad a la separación de órganos y funciones, de acuerdo al art. 12 de la CPE, que señala: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo (…). Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”, asimismo el art. 283 de la Norma Suprema, consagra qué facultades tiene el Ejecutivo y el Legislativo del Municipio (…) por lo que, el numeral 25 analizado, es incompatible con la Ley Fundamental” (las negrillas se agregaron). v. Siguiendo el mismo lineamiento, la DCP 0139/2016 de 15 de noviembre, señaló lo siguiente:
Análisis del art. 26 Texto de la disposición “ARTÍCULO.- 26 ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE LA DIRECTIVA Son atribuciones del Concejo Municipal las siguientes:
(…) 7. Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa de Operaciones Anual, los Estados Financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el Ejecutivo Municipal dentro los tres (3) primeros meses de la siguiente gestión. (…)
Sobre el numeral 7 del artículo antes mencionado La disposición analizada se refiere a las acciones de revisión, aprobación y/o rechazo de del informe de ejecución del programa de operaciones anual; sin embargo, el texto del proyecto establece un alcance más allá de sus competencias; al respecto el art. 12 de la CPE, señala: “I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (…) III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”. En ese sentido si bien el “Concejo Municipal” tiene tuición para revisar el informe de ejecución del Programa de Operaciones Anual, los estados financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el Ejecutivo Municipal; ello no significa que sus atribuciones afecten el principio de independencia y separación de órganos, y simplemente deban enmarcarse en el principio de coordinación y cooperación.
Por lo anteriormente señalado, corresponde declarar la incompatibilidad de la frase: “aprobar o rechazar” del numeral 7 del art. 26 del proyecto de Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Esmeralda. Finalmente, a efectos de la contrastación de constitucionalidad entre las normas impugnadas por el accionante y las normas constitucionales citadas como vulneradas, es pertinente hacer referencia textual al contenido de los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Norma Institucional Básica del GAM Totora del departamento de Cochabamba (Conclusión II.1); y, 12.I, 272 y 283 de la Norma Suprema (Conclusión II.2), que expresamente disponen:
CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA (…) Artículo 30. Facultades y Atribuciones del Concejo Municipal (…) II. El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones: (…) 8. Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa Operativo Anual, y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde, dentro de los plazos establecidos por ley (…).” “Artículo 44. Facultades y Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde (…) II. La Alcaldesa o el Alcalde tiene las siguientes atribuciones:
(…) 31. Poner a disposición de las autoridades competentes los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión anterior, debidamente suscritos y aprobados por el Concejo Municipal, en conformidad con lo dispuesto por la ley. Para su aprobación ante el Concejo Municipal deberá remitirlo con 20 días de anticipación a la fecha establecida para su presentación ante el Órgano Rector (…)” (las negrillas se añadieron).
“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (…)”.
“Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”. “Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”.
Descritos a cabalidad los antecedentes, corresponde disgregar el análisis de constitucionalidad en dos partes; así se tiene lo siguiente:
a) Sobre los cargos de inconstitucionalidad del art. 30.II.8 de la Norma Institucional Básica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba De la lectura de la disposición ahora impugnada -compréndase art. 30.II.8-; se advierte de su contenido la asignación de una atribución de carácter técnico-operativo a favor del órgano legislativo (Concejo Municipal), atribución que está relacionada con la potestad de revisar, aprobar o rechazar el POA y la memoria anual que refleja las actividades efectuadas por el órgano ejecutivo municipal (Alcalde) por el lapso de un año. Al respecto, la atribución contenida en la disposición en análisis, está estrictamente relacionada a las facultades conferidas al órgano ejecutivo municipal, dada la naturaleza de sus funciones dentro de la nueva configuración de Estado en niveles autonómicos de gobierno, establecido a partir de la nueva configuración estatal prevista por la Norma Suprema desde su artículo 1; en ese marco, debe considerarse que la estructura gubernativa de los gobiernos autónomos, en este caso municipal, se rige conforme los nuevos lineamientos constitucionales, los cuales se encuentran descritos en el art. 12.I de la CPE; esta disposición constitucional rige respecto a la organización y estructura del poder público por medio de órganos de carácter gubernativo, como el ejecutivo y el legislativo, cuya organización se sustenta en los principios de separación e independencia -entre otros-, tomando en cuenta que estos principios se constituyen en directrices y lineamientos de organización gubernativa, que se relacionan directamente con el ejercicio de las facultades asignadas a cada órgano de gobierno. Siguiendo la descripción de la nueva organización estatal desde el nivel central hacia los niveles autonómicos, debe también tomarse en cuenta, a efectos del presente análisis, lo previsto por los arts. 272 y 283 de la CPE, cuyas disposiciones, en consonancia con el art. 12.I de la Norma Suprema, establecen las cualidades de la autonomía, la constitución del ente ejecutivo y legislativo, entre las que se hacen referencia al ejercicio de las facultades y su asignación hacia los órganos de gobiernos autónomos, siempre dentro del ámbito de su jurisdicción y competencias.
Por consiguiente, se advierte que estas disposiciones constitucionales invocadas por el propio accionante como vulneradas, tienen directa incidencia respecto a la atribución conferida al Concejo Municipal de Totora; por lo que, en ese orden de cosas, se comprende que el asignar una atribución -que conforme lo manifestado está directamente relacionada con las atribuciones y naturaleza del órgano ejecutivo municipal-, se enmarca en una franca transgresión del art. 12.I de la Norma Suprema; por cuanto, atenta de manera directa contra la organización estatal que se fundamenta en los principios de independencia y separación.
Así mismo, al disponer que el órgano legislativo municipal de Totora, “apruebe o rechace” el informe de ejecución del Programa Operativo Anual, y la memoria correspondiente a cada gestión anual; se está incurriendo en una función alejada del ámbito facultativo que la propia Constitución Política del Estado le asigna al Concejo Municipal, confundiendo la labor fiscalizadora con una facultad exclusiva del órgano ejecutivo municipal, conforme lo remarcan los arts. 272 y 283 de la CPE, los cuales hacen alusión a las cualidades y definición de la autonomía. También, respecto de las Declaraciones Constitucionales Plurinacionales citadas precedentemente (Fundamento Jurídico III.3), se puede colegir que han coincidido en establecer que la atribución de elaborar y aprobar el programa operativo anual, informes de ejecución, memoria y demás actuados atinentes a la operatividad de la gestión municipal, corresponden al ejecutivo municipal, esto conforme a la naturaleza y dimensionamiento que la propia Constitución le da a este órgano de gobierno, y que así lo ha entendido la propia jurisprudencia emitida por esta máxima instancia de control constitucional. Por otra parte, si bien el órgano legislativo municipal tiene la facultad de fiscalizar las actividades y el desempeño del ejecutivo municipal, ésta debe ser ejercida en el marco de lo previsto por las disposiciones constitucionales precitadas; vale decir, en total respeto del delineamiento institucional de cada órgano de gobierno, en este caso con relación al órgano ejecutivo que tiene plena potestad para elaborar y aprobar su propio POA institucional y la memoria anual, que se constituyen en atribuciones enmarcadas en su ámbito facultativo y competencial, no correspondiendo someter el mismo a consideración del Concejo Municipal para su “aprobación o rechazo”.
Lo descrito anteriormente, no involucra -obviamente- que el órgano deliberativo municipal de Totora se abstenga de ejercer su facultad fiscalizadora; todo lo contrario, debe enmarcarse en dicha función, por constituirse en un mecanismo de control necesario de carácter institucional; no obstante, deberá ejercer dicha facultad dentro el límite que establece el art. 12.I de la Norma Suprema, específicamente en lo referido al cumplimiento de los principios de independencia y separación de órganos de gobierno, que involucra el ejercicio de las facultades asignadas constitucionalmente a cada órgano de gobierno, en el marco del respeto, la coordinación y la colaboración institucional, cuidando de no invadir las atribuciones que conforme a la naturaleza autonómica le corresponde a cada órgano de gobierno.
En consecuencia, en mérito al análisis efectuado, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 30.II.8 de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, por ser contrario a la previsión constitucional contenida en los arts. 12.I, 272 y 283 de la CPE.
b) Sobre los cargos de inconstitucionalidad del art. 44.II.31 de la Norma Institucional Básica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba
Respecto a esta disposición normativa, se extrae de manera similar al caso anterior, la asignación de una atribución directamente relacionada con la naturaleza y funciones conferidas al órgano ejecutivo municipal; por cuanto, conforme la jurisprudencia invocada en el Fundamento Jurídico III.3, la elaboración de los estados financieros “reflejan la situación y cuantificación de los bienes y derechos, así como las obligaciones a favor de terceros; el resumen analítico del aumento o disminución de los recursos económicos netos, emergente de las operaciones de recursos y gastos corrientes; el flujo de efectivo por actividades de operación de inversión o financiamiento; los recursos estimados, las modificaciones presupuestarias, el presupuesto vigente, la ejecución acumulada y otros aspectos que hacen a la gestión económica y financiera integral de cada entidad”. En ese marco, se advierte que ésta facultad al igual que la referida a la ejecución presupuestaria, están relacionadas con el ámbito económico financiero y su manejo al interior de la institucionalidad municipal de Totora; actividades que deben regirse a la legislación del nivel central del Estado, al tratarse de una competencia que no está expresamente prevista dentro del catálogo competencial contenido en la Norma Suprema; de ahí, que su aplicación es de exclusiva responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal, conforme establece el art. 27 de la Ley de Administración y Control Gubernamental.
En ese contexto, la atribución conferida por el art. 44.II.31 de la Norma Institucional Básica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, similarmente al contenido del art. 30.II.8; soslaya la facultad y atribuciones del ejecutivo municipal, por cuanto éste último, dentro de su alcance facultativo, puede desplegar actividades relacionadas con el manejo económico institucional, relacionado específicamente a la elaboración de los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la institucionalidad municipal, debiendo poner estos actuados a disposición de la autoridad competente del nivel central del Estado, conforme señala la propia norma en análisis, en su primera parte; sin embargo, el ejercicio de esta atribución asignada al Alcalde o Alcaldesa del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, reflejado en la elaboración de los estados financieros y la ejecución presupuestaria, no puede supeditarse a una previa “aprobación” por parte del Concejo Municipal, al constituirse ésta en una atribución exclusiva del órgano ejecutivo municipal, dado su alcance facultativo, previsto por los arts. 272 y 283 de la CPE; lo contrario, significa vulnerar la cualidad autonómica que asigna -conforme a la naturaleza de cada órgano de gobierno-, facultades gubernativas en el ámbito de la jurisdicción y competencia de cada entidad territorial autónoma.
Asimismo, debe considerarse que el precitado art. 12.I de la Norma Suprema, como corolario de la nueva configuración estatal, establece la estructura gubernativa cimentada en los principios de independencia y separación de órganos de gobierno, que involucra -al igual que en el punto anterior de análisis-, el ejercicio de las facultades gubernativas dentro en el ámbito del respeto mutuo institucional, lo que implica operativizar las facultades y atribuciones conferidas constitucionalmente, sin invadir el alcance facultativo del otro órgano de gobierno; aspecto inadvertido en el contenido del art. 44.II.31 de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba.
Cabe mencionar, que la facultad fiscalizadora asignada al órgano legislativo municipal -en este caso de Totora-, implica la posibilidad de efectuar un seguimiento, control y fiscalización sobre la elaboración de los estados financieros y la ejecución presupuestaria, más no corresponde someter a aprobación dichos actuados, por cuanto ese aspecto -a más de infringir la facultad ejecutiva del órgano ejecutivo municipal-, supone que el Concejo Municipal se constituya en juez y parte a momento de ejercer su facultad fiscalizadora, por cuanto sometería a fiscalización un documento previamente aprobado o rechazado por la misma instancia.
En consecuencia, en mérito a los fundamentos desarrollados, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 44.II.31 de la Carta Orgánica del GAM de Totora del departamento de Cochabamba, por ser vulneratorio del contenido previsto en los arts. 12.I, 272 y 283 de la Norma Suprema.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 30.II.8 y 44.II.31 de la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Totora del departamento de Cochabamba, en relación a los arts. 12.I; 272 y 283 de la Constitución Política del Estado.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado, es de Voto Disidente. Asimismo el Magistrado Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, es de Voto Aclaratorio.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA Dr. Petronilo Flores Condori MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADO MAGISTRADA
Rene Yván Espada Navía MAGISTRADO
1 Respecto a la organización territorial en Bolivia, se tiene el art. 269 de la Norma Suprema, que determina: “Artículo 269. I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.”
2 Respecto a la libre determinación de las NPIOC y sus cualidades constitucionales, el art. 2 de la CPE, expresamente determina: “Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la
autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley” (las negrillas se adicionaron).
3 En este aspecto, tómese en cuenta; que, en el caso de la hoy autonomía municipal, la abrogada Ley de Municipalidades 2028 de 28 de octubre de 1999, en su “Artículo 12º (Concejo Municipal)”, disponía que “El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal” y en el num.16 del citado artículo, establecía como una de las atribuciones del Concejo Municipal: “Fiscalizar las labores del Alcalde Municipal y, en su caso, disponer su procesamiento interno por responsabilidad administrativa; sancionarlo en caso de existir responsabilidad ejecutiva y remitir obrados a la justicia ordinaria en los casos de responsabilidad civil o penal, constituyéndose en esta última situación en parte querellante”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0084_2024.pdf · páginas 1 a 52.
Huella digital del PDF (SHA-256): e146ec325878d468db3051bd63d24c9110b258404c0997da548a369e6a7b1e14
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