B.IA.LEGAL

SCP 0109/2023

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 17 de octubre de 2023

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
17 de octubre de 2023
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51379-2022-103-CCJ
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Gobiernos autónomos / autonomías

Qué se discutió

En el presente conflicto de competencias jurisdiccionales, suscitado entre el Juez Agroambiental y el Juez Público Civil y Comercial Tercero, ambos de Sacaba del departamento de Cochabamba, ambas autoridades judiciales se consideran sin competencia para conocer y resolver la demanda de división y partición sobre cinco parcelas de terrenos ubicados en la zona de Mollocota del municipio de Sacaba, provincia Chapare del mismo departamento, interpuesta por Filomena López Corrales contra los herederos y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz, Alejandro Urey López y otros; puesto que, tras haber realizado una inspección de éstos, tienen un criterio contradictorio sobre la existencia de actividad agrícola en las parcelas objeto de la demanda; toda vez que, para el Juez ordinario ésta es visible en vestigios de su ejecución, mientras que para su similar de la jurisdicción agroambiental, dicha actividad es inexistente actualmente y no se aprecia rastros de una anterior; extremo último que fue corroborado por el profesional técnico del señalado Juzgado Agroambiental, a lo que se añade la Certificación emitida por el GAM de Sacaba del referido departamento, estableciendo que los indicados inmuebles están ubicados dentro del radio urbano de ese municipio. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 1º Declarar COMPETENTE al Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, para conocer la demanda de división y partición sobre cinco parcelas de terrenos, interpuesta por Filomena López Corrales contra los herederos y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz, Alejandro Urey López y otros. 2º Exhortar a Giamil Marcelo Gamboa Flores, Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, considerar lo advertido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, a fin de no generar dilaciones indebidas e innecesarias en la tramitación de las causas que sean puestas a su conocimiento.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica del control competencial de constitucionalidad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. El conflicto de competencias entre las jurisdicciones ordinaria y agroambiental en razón de materia. Presupuestos de delimitación competencial en acciones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0109/2023 Sucre, 17 de octubre de 2023 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 51379-2022-103-CCJ Departamento: Cochabamba En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Agroambiental y el Juez Público Civil y Comercial Tercero, ambos de Sacaba del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción agroambiental

Dentro de la demanda de división y partición, iniciada por Filomena López Corrales contra los herederos y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz, Alejandro Urey López y otros; el Juez Agroambiental de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 5 de septiembre de 2022 (fs. 83 a 84), declinó competencia en razón de materia, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Público Civil y Comercial de turno de Sacaba del referido departamento, con base en los siguientes fundamentos: a) De la documentación arrimada a la demanda, en especial la certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sacaba del citado departamento, se evidencia que el terreno objeto de división y partición se encuentra dentro del radio urbano del municipio de Sacaba, siendo aprobado por las Ordenanzas Municipales “081/2012 y 027/2013” y homologado mediante Resolución Suprema (RS) 11661 de 24 de enero de 2014; b) En la audiencia de inspección judicial sobre los referidos terrenos, se verificó que uno de ellos cuenta con construcciones, otro con material para construcción y en los restantes no existe actividad agrícola alguna; por lo que, están destinados para el uso habitacional; y, c) El art. 186 de la Constitución Política del Estado (CPE) concordante con el art. 131.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, establecen que los juzgados agroambientales únicamente tienen competencia sobre fundos rurales y no así sobre propiedades urbanas; resultando que en el presente caso, los lotes de terreno de referencia se encuentran en un predio urbano y no desarrollan ninguna actividad agrícola.

I.2. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción ordinaria civil

Remitida la demanda por el Juez Agroambiental ante el Juez Público Civil y Comercial Tercero, ambos de Sacaba del departamento de Cochabamba mediante Nota CITE-REM: JAS 10/“2021” de 7 de septiembre de 2022, esta última autoridad pronunció Auto de 14 de octubre de 2022 (fs. 88 a 90), declarándose sin competencia, y suscitando conflicto de competencias jurisdiccionales entre ambas jurisdicciones, disponiendo la remisión de antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que resuelva el mismo. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Del acta de audiencia de inspección judicial de 25 de mayo de igual año, se establece que en la primera parcela de terreno ubicada en la zona de Mollocata, provincia Chapare del referido departamento, se advirtió un muro de ladrillo en construcción en una pequeña porción de la parcela y, en el resto, sembradíos de arvejas, maíz y árboles frutales de pacay; de lo que se infiere que la actividad de ese terreno es predominantemente de uso agrícola. En la segunda parcela de terreno, ubicada en la misma zona citada, igualmente se advierte que su uso está destinado a actividades agrícolas, ya que no existe ninguna construcción y hay quebradas pronunciadas, árboles de molles y penkas, con vestigios de sembradíos de maíz. En la tercera parcela de terreno, situada en el municipio de Sacaba, provincia Chapare del mencionado departamento, se evidencia que no existe ninguna construcción; más al contrario se ven árboles de molles y penkas, así como vestigios de sembradíos de maíz, siendo también de uso agrícola. En la cuarta parcela, ubicada en la zona de Mollocata, provincia Chapare del citado departamento, se advirtió que de igual manera es de uso agrícola y que no existe ninguna construcción; sino, quebradas pronunciadas, árboles de molles y penkas y vestigios de sembradíos de maíz. Y, en la quinta parcela ubicada en la misma zona, se establece que igualmente es de uso agrícola, sin que se advierta construcción alguna, observándose quebradas pronunciadas, árboles de molles y penkas; y vestigios de sembradíos de maíz, haciendo notar que las cinco parcelas son designadas como “pequeñas propiedades”; 2) Que el inmueble objeto de la demanda se encuentre dentro del radio urbano de un municipio y tenga uso agrícola, no se constituye en un argumento valedero para la declinación de competencia a la jurisdicción ordinaria por parte de la judicatura agraria conforme a la SCP 0051/2015 de 27 de marzo; 3) Al estar inscritas las cinco parcelas de terreno con el denominativo de “pequeña propiedad” se tiene que éstas -por imperio del art. 394 de la CPE- son clasificadas como propiedades agrícolas; por lo que, el conocimiento de la presente causa correspondería a la jurisdicción agroambiental y no a la ordinaria; y, 4) Por esa misma denominación, la clasificación de los señalados predios es de tipo agrícola; y por lo tanto, se encuentran registrados de esa manera en el registro público de Derechos Reales (DD.RR.) en previsión del art. 1538 del Código Civil (CC), teniendo la finalidad agrícola para sembradíos y no el uso habitacional que le otorgan sus poseedores, por ello la demanda de referencia es improponible en la vía ordinaria civil conforme al art. 394.II de la Ley Fundamental.

I.3. Admisión

La Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del AC 0416/2022-CA de 25 de noviembre, cursante de fs. 93 a 97, admitió el presente conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Agroambiental y el Juez Público Civil y Comercial Tercero, ambos de Sacaba del departamento de Cochabamba; disponiendo la suspensión de la tramitación de la demanda de división y partición que le dio origen, hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional correspondiente.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

La presente causa fue sorteada el 28 de junio de 2023; posteriormente, por decreto de 30 de agosto del mismo año, se dispuso la suspensión de plazo por requerirse documentación complementaria; mismo que se reanudó, por decreto de 15 de septiembre del citado año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial presentado el 17 de mayo de 2022 ante el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, Filomena López Corrales interpuso demanda de división y partición sobre cinco parcelas de terrenos ubicados en la zona de Mollocota, de la jurisdicción o municipio de Sacaba, provincia Chapare del mismo departamento, registrados en DD.RR. a nombre de Alejandro Urey López, Juvenal y Néstor, ambos de apellidos López Sandoval y su persona (fs. 56 a 61). Demanda dirigida contra los herederos y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz, Alejandro Urey López y otros, exponiendo como antecedentes fácticos de dicha pretensión, que: i) Del Folio Real con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0005141, asiento A-1 de 8 de diciembre de 2016 (fs. 3 y vta.), son propietarios de la Parcela 527, de 2.3188 ha o de 2 ha 3188 m, correspondiéndoles a cada uno en la proporción de ¼. Predio que tiene el Título Ejecutorial PPD-NAL-594176 de 25 de mayo de 2016, con RS 10187 de 17 de julio de 2013, como se tiene del Certificado Catastral CC-T-CBA01641/2017 de 21 de febrero (fs. 8), donde se aprecia la forma del terreno; ii) Del Folio Real con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0004293, asiento A-1 de 2 de marzo de 2015 (fs. 10 y vta.), son propietarios de la Parcela 496, de 1.3114 ha o 1 ha 3114 m, correspondiéndoles a cada uno en la proporción de ¼. Predio que tiene el Título Ejecutorial PPD-NAL-326134 de 17 de junio de 2014 (fs. 12), como se evidencia del Certificado Catastral CC-T-CBA21407/2015 de 18 de mayo (fs. 15), donde se aprecia la forma del terreno; iii) Del Folio Real con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0005139. asiento A-1 (fs. 17 y vta.), son propietarios de la Parcela 450, de 0.5258 ha o 5258 m, correspondiéndoles a cada uno en la proporción de ¼. Predio que tiene el Título Ejecutorial PPD-NAL-594175 de 25 de mayo de 2016 (fs. 19), como se evidencia del, Certificado Catastral CC-T-CBA01640/2017 de 21 de febrero (fs. 22), donde consta la forma del terreno; iv) Del Folio Real con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0004138, asiento A-1 (fs. 24 y vta.), son propietarios de la Parcela 325, de 0.1605 ha o 1605 m, correspondiéndoles a cada uno en la proporción de ¼. Predio que tiene el Título Ejecutorial PPD-NAL-325978 de 17 de junio de 2014 (fs. 26), como se tiene del Certificado Catastral CC-T-CBA20938/2015 de 15 de mayo (fs. 29), donde se aprecia la forma del terreno; v) Del Folio Real con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0003519 (fs. 31 y vta.), asiento A-1, son propietarios de la Parcela 288, de 0.1391 ha o 1391 m, correspondiéndoles a cada uno en la proporción de ¼. Predio que tiene el Título Ejecutorial PPD-NAL-325942 (fs. 33), expedido el 17 de junio de 2014, como se tiene del Certificado Catastral CC-T-CBA19496/2015 de 11 de mayo (fs. 36), donde se aprecia la forma del terreno; vi) Que el copropietario Juvenal López Sandoval falleció en 26 de diciembre de 2018, como consta del Certificado de Defunción; al igual que su esposa Inés Ledezma Díaz el 16 de julio de 2021, dejando como herederos a sus hijos Javier, Sabina y Zaida, todos de apellidos López Ledezma. Por Escritura Pública 470/2020 de 27 de noviembre de declaratoria de herederos, Javier, Sabina y Zaida, todos de apellidos López Ledezma se hicieron declarar herederos al fallecimiento de su padre Juvenal López Sandoval. Consecuentemente, los herederos de éste y de su fallecida esposa -Javier, Sabina y Zaida, todos de apellido López Ledezma y presuntos Herederos de los de cujus-, que adquirieron los terrenos durante su matrimonio, tienen derecho sucesorio en las cinco parcelas señaladas a ¼ en cada parcela, que les correspondía a su padre y madre; vii) El copropietario Alejandro Urey López, estaba casado con Sabina Andrade Díaz, desde el 19 de julio de 1997, habiendo fallecido ésta el 18 de noviembre de 2014, dejando como herederos a sus hijos, que también son de Alejandro Urey López, de nombres Osvaldo y Saida, ambos de apellidos Urey Andrade, como se acredita en la Escritura Pública de Declaratoria de Herederos 237/2017 de 17 de mayo, expedida por el Notario de Fe Pública 55 del departamento Cochabamba (fs. 45 a 49 vta.); viii) Néstor López Sandoval, adquirió como copropietario las cinco parcelas dentro el matrimonio con su esposa “Nieves Guzmán”, ya que ambos contrajeron matrimonio el 9 de noviembre de 1990; por lo que, la demanda también se interpone contra la prenombrada; ix) Las formas de los cinco lotes se evidencian de los planos anexos a las certificaciones catastrales expedidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); encontrándose dichos terrenos dentro el radio urbano del municipio de Sacaba del señalado departamento, como corrobora el GAM de Sacaba del indicado departamento; x) Esas parcelas las poseen los señalados copropietarios en lo proindiviso; aclarando que a los copropietarios originales Alejandro Urey López (y esposa), Juvenal López Sandoval (y esposa), Néstor López Sandoval (y esposa) y a Filomena López Corrales, en cada una de éstas les corresponde a ¼, como se desprende de los Folios Reales. Sin embargo, como consecuencia del fallecimiento de Juvenal López Sandoval y de su esposa, ingresan sus herederos y los presuntos que hubiera a suceder en su referida fracción; xi) En el caso de Alejandro Urey López ingresa éste conjuntamente con los herederos de Sabina Andrade Díaz, sus hijos Osvaldo y Saida, ambos de apellidos Urey Andrade y presuntos herederos de la de cujus si los hubiera; xii) La demanda de división y partición debe efectuarse a ¼ en cada una de las cinco parcelas para los siguientes copropietarios: Néstor López Sandoval y su esposa “Nieves Guzmán”; Alejandro Urey López y para los herederos de Sabina Andrade Díaz, señores Osvaldo y Saida, ambos de apellidos Urey Andrade y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz si los hubiera (que ingresan en lugar de su madre); para los herederos de Juvenal López Sandoval y su esposa Inés Ledezma Díaz -siendo éstos Javier, Sabina y Zaida, todos de apellidos López Ledezma y presuntos herederos de los de cujus, que ingresan en lugar de su padre y madre; y en la misma fracción para Filomena López Corrales; y, xiii) Los herederos antes señalados “…los esposos NESTOR SANDOVAL y NIEVES GUZMAN ya verán cómo dividirse los que les corresponde en los 1/4 de cada parcela…” (sic); puesto que, la demanda de división y partición sobre las cinco parcelas toma en cuenta a los propietarios originales Alejandro Urey López, Juvenal y Néstor -ambos de apellidos López Sandoval- y Filomena López Corrales. II.2. Previo a considerar la demanda de división y partición incoada por Filomena López Corrales, a través del decreto de 19 de mayo de 2022, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, señaló audiencia de inspección de visu para el 25 de igual mes y año (fs. 62), en la que se indica que en el predio con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0005141, se observa una construcción en ejecución dentro de una pequeña porción de la parcela, y en el resto sembradíos de arvejas, maíz y árboles de pacay; y en el resto de lotes objeto de la demanda, señala que no se advirtieron construcciones pero sí vestigios de uso agrícola (fs. 64). II.3. Por Auto de 6 de junio de 2022, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, se inhibió de conocer la demanda de división y partición incoada por Filomena López Corrales, precisando que la parte actora debe acudir a la jurisdicción agroambiental para hacer valer sus derechos (fs. 65 a 66). II.4. Mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2022, por Filomena López Corrales ante el Juez Agroambiental de Sacaba del departamento de Cochabamba, demanda de división y partición sobre cinco parcelas de terrenos ubicados en la zona de Mollocota, dirigiendo su demanda contra los herederos y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz, Alejandro Urey López y otros (fs. 67 a 72 vta.). II.5. Previo a considerar la demanda de división y partición incoada por Filomena López Corrales, a través del decreto de 22 de agosto de 2022, el Juez Agroambiental de Sacaba del departamento de Cochabamba, señaló audiencia de inspección judicial para el 26 de igual mes y año, la misma que se reprogramó para el 29 del mismo mes y año (fs. 73 y 75). Constando asimismo, el Acta de Audiencia respectiva, de “30” -siendo lo correcto 29- del indicado mes y año, en la que la referida autoridad judicial constató que no se evidenciaba, en los predios objeto de la demanda, actividad agrícola alguna ni rastros de una existencia anterior (fs. 77 y vta.). II.6. Informe Técnico de 30 de agosto de 2022, realizado por Ronald Verazaín Nogales, Técnico del Juzgado Agroambiental de Sacaba del departamento de Cochabamba, en el que tras la verificación de los predios, concluyó que éstos tienen plena correspondencia con los planos contenidos en el legajo procesal y que actualmente no se encuentran destinados a actividades agrícolas (fs. 78 a 82). II.7. Cursan las Certificaciones “URBANO – RURAL”, emitidas por Arturo Zambrana Solís, Director de Gestión Urbana y Territorial a.i. y Daniel Rogelio Vera Galdo, Encargado de Ordenamiento Territorial, ambos del GAM de Sacaba del departamento de Cochabamba, respecto a los siguientes predios: a) Cite: JOT. Inf. 894/2020 de 14 de diciembre, sobre la Parcela 527 con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0005141, que la misma se encuentra en el interior del polígono de delimitación urbana del municipio (fs. 9); b) Cite: JOT. Inf. 890/2020 de 14 de diciembre, sobre la Parcela 496 con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0004293, que la misma se encuentra en el interior del polígono de delimitación urbana del municipio (fs. 16); c) Cite: JOT. Inf. 891/2020 de 14 de diciembre, sobre la Parcela 450 con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0005139, que la misma se encuentra en el interior del polígono de delimitación urbana del municipio (fs. 23); d) Cite: JOT. Inf. 893/2020 de 14 de diciembre, sobre la Parcela 325 con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0004138, que la misma se encuentra en el interior del polígono de delimitación urbana del municipio (fs. 30); y, e) Cite: JOT. Inf. 892/2020 de 14 de diciembre, sobre la Parcela 288 con Matrícula Computarizada 3.10.0.10.0003519, que la misma se encuentra en el interior del polígono de delimitación urbana del municipio (fs. 37). Todos los predios ubicados en el Distrito Lava Lava del municipio de Sacaba del citado departamento, al interior del polígono de delimitación urbana de dicho municipio, aprobado mediante Ordenanzas Municipales “081/2012 y 027/2013” homologado mediante RS 11661 de 24 de enero de 2014.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En el presente conflicto de competencias jurisdiccionales, suscitado entre el Juez Agroambiental y el Juez Público Civil y Comercial Tercero, ambos de Sacaba del departamento de Cochabamba, ambas autoridades judiciales se consideran sin competencia para conocer y resolver la demanda de división y partición sobre cinco parcelas de terrenos ubicados en la zona de Mollocota del municipio de Sacaba, provincia Chapare del mismo departamento, interpuesta por Filomena López Corrales contra los herederos y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz, Alejandro Urey López y otros; puesto que, tras haber realizado una inspección de éstos, tienen un criterio contradictorio sobre la existencia de actividad agrícola en las parcelas objeto de la demanda; toda vez que, para el Juez ordinario ésta es visible en vestigios de su ejecución, mientras que para su similar de la jurisdicción agroambiental, dicha actividad es inexistente actualmente y no se aprecia rastros de una anterior; extremo último que fue corroborado por el profesional técnico del señalado Juzgado Agroambiental, a lo que se añade la Certificación emitida por el GAM de Sacaba del referido departamento, estableciendo que los indicados inmuebles están ubicados dentro del radio urbano de ese municipio. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.

III.1. Naturaleza jurídica del control competencial de constitucionalidad. Jurisprudencia reiterada

Sobre el particular, la SCP 0045/2019 de 28 de agosto, citando a la SCP 0039/2015 de 19 de marzo, asumió los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional respecto a la naturaleza y alcance de este ámbito de ejercicio de control de constitucionalidad, sosteniendo que: ‘“El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), constituye un ‘Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…’ cuyas bases fundamentales son: ‘…la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico…´; es decir, en el marco del régimen jurídico, Bolivia se constituye en un Estado Constitucional de Derecho, lo cual en líneas generales significa sumisión a la Constitución Política del Estado, siendo la Norma Suprema fundamento para la actividad legislativa y que rige la conducta de gobernantes y gobernados; por lo tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el ejercicio de sus diferentes atribuciones, cumple un rol determinante en el modelo de Estado asumido por el constituyente boliviano.

El control competencial de constitucionalidad es una atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, impartida desde diferentes ámbitos; así, el art. 202 de la CPE, señala que: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:

(…)

2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público´.

(…)

El art. 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), dispone que: ʽ(COMPETENCIA). Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto′, en efecto, el ejercicio de la competencia, constituye un elemento configurador del debido proceso, a partir del ejercicio del derecho al juez natural, en tal sentido, el art. 120.I de la CPE, señala que: ʽToda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa’.

En la búsqueda de un debido procesamiento, la competencia de las autoridades resulta ser determinante, si una controversia fuere resuelta o sometida a una autoridad carente de esa facultad, la consecuencia inmediata sería la franca vulneración del debido proceso; por lo tanto, a partir de la interpretación de las normas constitucionales glosadas anteriormente y debido a que el aspecto competencial tiene directa incidencia en los derechos fundamentales; el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (ETA), así como entre éstas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC) y la jurisdicción ordinaria y la agroambiental.

El constituyente boliviano delegó al Tribunal Constitucional Plurinacional, la potestad de dirimir las controversias competenciales, suscitadas entre la JIOC, la jurisdicción ordinaria, agroambiental y otras de especial naturaleza; así, el art. 202.11 de la CPE, señala que: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:

11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental´.

(…)

Finalmente, el art. 14.I de la LOJ, en armonía con el cuerpo legal glosado precedentemente, dispone lo siguiente: ‘Los conflictos de jurisdicción entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originaria campesina, se resolverán por el Tribunal Constitucional Plurinacional’.

En el marco de las previsiones normativas referidas anteriormente, es viable concluir que la jurisdicción constitucional tiene plena protestad de dirimir las controversias competenciales suscitadas en el ejercicio de la jurisdicción”.

III.2. El conflicto de competencias entre las jurisdicciones ordinaria y agroambiental en razón de materia. Presupuestos de delimitación competencial en acciones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles. Jurisprudencia reiterada

Con relación a este tópico de delimitación procesal, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional invocada en el apartado precedente, citando a la SCP 0695/2013 de 3 de junio, estableció que: «...La SCP 2257/2012 de 8 de noviembre, en un caso donde se resolvió un conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o en el área rural, sostuvo:

“La competencia para conocer las acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles puede ser de los jueces y tribunales en materia civil o de jueces y tribunales en materia agroambiental dependiendo del régimen propietario, sea éste de naturaleza urbana o rural.

En efecto conforme al art. 179.I de la Constitución Política del Estado (CPE) ‘La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley’; en este sentido, el art. 134.1 de la Ley de Órganizacion Judicial (LOJ.1993) dispone que los jueces de partido en materia civil-comercial tienen competencia para ‘Conocer en primera instancia, de las acciones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores cuya cuantía será determinada por la reunión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia cada dos años'; por su parte, el art. 69.2 en concordancia con el art. 69.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga competencia a los juzgados públicos en materia civil y comercial para conocer: '…demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores…’; en cambio, el art. 39.8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificado por el art. 23 de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, otorga a los jueces agrarios -ahora agroambientales- la competencia de ‘Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria’.

Ahora bien, la delimitación entre lo urbano y lo rural se determinaba mediante ordenanzas municipales que delimitaban el área urbana mismas que conforme al art. 8 de la Ley 1669 de 30 de octubre de 1995, debían ser homologadas por el Poder Ejecutivo -ahora Órgano Ejecutivo- a través de Resolución Suprema, pese a ello, esta forma de diferenciar los referidos ámbitos se observó y complementó en la SC 0378/2006-R de 18 de abril, que estableció que era necesario que: ‘…el régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción a aplicarse, no puede quedar librada única y exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales en cuanto al uso del suelo y menos aún cambiar automáticamente por el solo hecho de ampliarse la mancha urbana según lo que dispongan los Gobiernos Municipales en sus respectivas Ordenanzas, máxime cuando a partir de la vigencia de la Ley de Participación Popular y desde la perspectiva de éstos, el concepto de propiedad urbana y propiedad rural ha dejado de tener vigencia, toda vez que la jurisdicción municipal que daba origen a ese concepto se aplica a todo el territorio de la sección de provincia, incluyendo o si se quiere fusionando lo urbano y lo rural’, y se concluyó en que además de considerar las resoluciones municipales, toda autoridad judicial: ‘…a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios…’.

Por su parte, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “…la definición de la jurisdicción por razón de materia a aplicarse sobre las acciones reales de bienes inmuebles cuando se produce el cambio de uso de suelo de propiedad rural a urbana, no puede quedar simplemente librada exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales, sino también debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional, sin embargo este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado cuando en el art. 397.I establece que: ‘El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad’. En este sentido la función social está definida en el art. 397.II de la norma fundamental ‘…como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades’. Y la función económica social está definida a su vez en el art. 397.III, la que deberá entenderse como ‘…el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social’. De estos preceptos constitucionales advertimos, que la propiedad agraria esta siempre definida sobre la base de criterios vinculados a la actividad que se desarrolla en la propiedad o en su caso al destino que se le otorga'.

Es decir, que la SC 0378/2006-R, amplió los criterios de valoración que distinguen la propiedad urbana de la rural, justamente para proteger la actividad agropecuaria que en el texto constitucional y la ley tiene un trato específico y de la cual pueden depender diferentes políticas públicas de estímulo de forma que la ampliación geográfica de lo considerado urbano por parte de los gobiernos municipales debe ser ordenada, con salvaguardas de protección, y en su caso, asegurar las respectivas indemnizaciones aspectos que también deben observarse por las autoridades judiciales”.

De la línea jurisprudencial glosada [SC 0378/2006-R, que moduló la SC 0362/2003-R, que fue ratificada por la SCP 2140/2012], es posible concluir que para dirimir la controversia competencial entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o rural; y, por ende, la autoridad jurisdiccional competente para la resolución de la problemática a efectos de ordenarse la remisión de antecedentes a la autoridad que sea definida como competente, deberá tenerse como criterios rectores no excluyentes y por el contrario concurrentes y complementarios que merezcan una valoración integral, hasta tanto no se pronuncie una ley expresa que regule el cambio del régimen del derecho propietario sobre la tierra agraria de rural a urbana, los desarrollados a continuación:

Antes, es preciso aclarar que se llega a esta conclusión jurisprudencial, en razón a que es la propia SC 0378/2006-R, que aclara expresamente que sólo se constituye en “…una modulación de la línea sentada a través de la SC 0362/2003-R de 25 de marzo…”; por lo mismo, dicho fallo, no es un cambio o mutación total de línea. Al respecto, corresponde recordar que la SC 0362/2003-R, sostuvo que el criterio que para definir si un predio es urbano y por ende delimitar la jurisdicción entre la ordinaria y la entonces agraria es la existencia de una ordenanza municipal homologada por resolución suprema en el marco de lo previsto por los arts. 8.III.6 de la LM, 31 del DS 24447 de 20 de diciembre de 1996 (Reglamento de la Ley de Participación Popular), por lo mismo, este entendimiento se mantiene firme, claro está, complementado y modulado con el asumido en la SC 0378/2006-R.

Entonces, los criterios señalados a tenerse en cuenta en el conflicto competencial jurisdiccional entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental en razón de materia, son:

1) La Ordenanza Municipal de un determinado municipio que hubiere aprobado un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y que dicha Ordenanza estuviere homologada mediante Resolución Suprema, conforme dispone el art. 8 de la Ley 1669 de 30 de octubre de 1995; instrumento jurídico que establece y orienta que la delimitación de la competencia por razón de materia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental a definirse es a partir de la ubicación del inmueble objeto del litigio, conforme al PMOT.

(...)

2) El entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0378/2006-R, que refiere que la delimitación de la competencia en razón de materia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental debe definirse no sólo a partir de la ubicación del inmueble objeto del litigio sino que debe tomarse en cuenta otros elementos imprescindibles para determinar la jurisdicción aplicable, como es el uso que se destina a la propiedad, en razón a que como señaló la referida Sentencia Constitucional: “…el régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción a aplicarse, no puede quedar librada única y exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales en cuanto al uso del suelo y menos aún cambiar automáticamente por el solo hecho de ampliarse la mancha urbana según lo que dispongan los Gobiernos Municipales en sus respectivas Ordenanzas, máxime cuando a partir de la vigencia de la Ley de Participación Popular y desde la perspectiva de éstos, el concepto de propiedad urbana y propiedad rural ha dejado de tener vigencia, toda vez que la jurisdicción municipal que daba origen a ese concepto se aplica a todo el territorio de la sección de provincia, incluyendo o si se quiere fusionando lo urbano y lo rural (SC 378/2006-R)”» (el énfasis es añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

En el presente conflicto de competencias jurisdiccionales, suscitado entre el Juez Agroambiental y el Juez Público Civil y Comercial Tercero, ambos de Sacaba del departamento de Cochabamba, dichas autoridades judiciales se consideran sin competencia para conocer y resolver la demanda de división y partición sobre cinco parcelas de terrenos ubicados en la zona de Mollocota del municipio de Sacaba, provincia Chapare del mismo departamento, interpuesta por Filomena López Corrales contra los herederos y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz, Alejandro Urey López y otros; puesto que, tras haber realizado una inspección de los terrenos, tienen un criterio contradictorio sobre la existencia de actividad agrícola en las parcelas objeto de la demanda; toda vez que, que para el Juez ordinario ésta es visible en vestigios de su ejecución, mientras que para su similar de la jurisdicción agroambiental, dicha actividad es inexistente actualmente y no se aprecia rastros de una anterior; extremo último que fue corroborado por el profesional técnico del señalado Juzgado Agroambiental, a lo que se añade la Certificación emitida por el GAM de Sacaba del referido departamento, estableciendo que los indicados inmuebles están ubicados dentro del radio urbano de ese municipio.

Es así que de las Resoluciones dictadas tanto por el Juez Agroambiental como por el Juez Público Civil y Comercial Tercero, ambos de Sacaba del departamento de Cochabamba -Auto de 5 de septiembre de 2022 y Auto de 14 de octubre del mismo año, respectivamente-, se advierte que existe un conflicto negativo de competencias, que corresponde resolverse en sede constitucional en el marco del control competencial conferido a este Tribunal, para así determinar la autoridad jurisdiccional competente para conocer, tramitar y resolver la demanda de división y partición sobre cinco parcelas de terrenos ubicados en la zona de Mollocota del municipio de Sacaba del citado departamento, origen del presente conflicto de competencias jurisdiccionales.

Siendo esa la delimitación procesal-constitucional del conflicto competencial que se analiza, de los antecedentes documentales que componen el expediente constitucional, se evidencia que la referida demanda ordinaria fue opuesta ante el Juzgado Agroambiental de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante memorial de 19 de agosto de 2022, alegando en lo esencial que la demanda de división y partición, debe efectuarse a ¼ en cada una de las cinco parcelas para los copropietarios Néstor López Sandoval y su esposa “Nieves Guzmán”; Alejandro Urey López y para los herederos de Sabina Andrade Díaz, -Osvaldo y Saida, ambos de apellidos Urey Andrade y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz si los hubiera (que ingresan en lugar de su madre)-; para los herederos de Juvenal López Sandoval y de Inés Ledezma Díaz -siendo éstos Javier, Sabina y Zaida, todos de apellidos López Ledezma y presuntos herederos de los de cujus, que ingresan en lugar de su padre y madre; y en la misma fracción para la demandante -Filomena López Corrales-; enfatizando que las formas y superficies de los cinco lotes se evidencian de los planos anexos a las certificaciones catastrales expedidas por el INRA, los mismos que se encuentran dentro el radio urbano del municipio de Sacaba, como corrobora el GAM de Sacaba del citado departamento, a través de las certificaciones extendidas respecto a cada uno de éstos.

Al respecto, el Juez Agroambiental de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 5 de septiembre de 2022, declinó competencia en razón de materia, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del referido departamento, con el sustento de que tras la inspección in visu de las parcelas objeto de la demanda de partición y división, éstas se encontraban ubicadas dentro del área urbana del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba y que además no registraban actividad agraria alguna, distinguiendo una construcción y materiales destinados a ese fin; por lo que, su uso fuera eminentemente habitacional. Mientras que radicaba la causa ante el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del citado departamento, esta autoridad judicial, de igual forma y con base en los mismos predios, señaló -de contrario- que en éstos existirían vestigios de actividad agraria, tratándose de inmuebles clasificados como pequeña propiedad agraria, por ello dicha calidad les dotaría de naturaleza agrícola, no siendo determinante su ubicación en zona urbana.

Ahora bien, tomando en cuenta los criterios jurisprudenciales para determinar la competencia en acciones reales, personales y mixtas de la jurisdicción ordinaria y la agroambiental, que fueron desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en la especie, se tiene que por las Certificaciones “URBANO – RURAL” Cite: JOT. Inf. 894/2020, 890/2020, 891/2020, 893/2020 y 892/2020, todos de 14 de diciembre, emitidas por Arturo Zambrana Solís, Director de Gestión Urbana y Territorial a.i. y Daniel Rogelio Vera Galdo, Encargado de Ordenamiento Territorial, ambos del GAM de Sacaba del departamento de Cochabamba, los predios objeto de la demanda de partición y división que origina el presente conflicto de competencias jurisdiccionales -Parcelas 527, 496, 450, 325 y 288- todos se encuentran al interior del polígono de delimitación urbana del referido municipio, aprobado mediante Ordenanzas Municipales “081/2012 y 027/2013” homologado mediante RS 11661 de 24 de enero de 2014 (Conclusión II.7).

Documental que, en primera instancia, permite concluir que en efecto los predios objeto de la demanda de división y partición incoada por Filomena López Corrales, están situados en el área urbana del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, entendiéndose por ello que la competencia para su conocimiento, trámite y resolución estaría a cargo del Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba. Sin embargo, siguiendo los entendimientos jurisprudenciales glosados en el Fundamento Jurídico precedente, ese antecedente no es el único elemento determinante para definir la jurisdicción competente en razón de materia para conocer y resolver de la referida acción real, es preciso identificar cuál es el destino de la propiedad y el tipo de actividades desarrolladas en dichos inmuebles, más aún, considerando que de un lado, los Certificados Catastrales de cada uno de los predios en cuestión señalan como tipo de uso de suelo “Ganadería Pastoreo Natural”; y de otro que existe un resultado contradictorio de las inspecciones in visu realizadas por las autoridades judiciales que ahora son parte en este conflicto de competencias jurisdiccionales, tal como se detalla en las Conclusiones II.2 y II.5 de este fallo constitucional, de las que se extrae ambos Jueces tienen una apreciación distinta sobre la existencia o no de actividad agrícola en los fundos en cuestión.

Ante dicha discordancia, en observancia siempre de la jurisprudencia constitucional glosada ut supra, se hace preciso analizar en su integralidad las condiciones que hacen al presente conflicto de competencias jurisdiccionales; precisamente por ello, un elemento necesario a considerar es el Informe Técnico de 30 de agosto de 2022, realizado por Ronald Verazaín Nogales, Técnico del Juzgado Agroambiental de Sacaba del departamento de Cochabamba, en el que tras la verificación de los predios, concluyó que éstos tienen plena correspondencia con los planos contenidos en el legajo procesal y que actualmente no se encuentran destinados a actividades agrícolas (Conclusión II.6); puesto que, dicha pericia realizada por un servidor público especializado, permite advertir que en efecto existen plantas, matorrales y maleza de porte bajo, más no así actividad agrícola, y más al contrario, se advertirían una edificación de data reciente y materiales destinados a ésta en uno de los predios (Parcela 527).

Siendo todo ello perfectamente advertible de las fotografías que van anexas a dicho Informe Técnico, lo cual evidencia que los inmuebles objeto de la demanda de división y partición no están destinados al desarrollo de actividades agrarias y/o pecuarias; toda vez que, éstas son inexistentes; sumándose que se constata una edificación en construcción y materiales para ese fin, con el añadido que los predios en cuestión se encuentran ubicados al interior del polígono de delimitación urbana del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba. Y de otro lado, como un aditamento más para superar la discordancia de apreciación entre las autoridades judiciales ahora partes en este conflicto de competencias jurisdiccionales -tras sus respectivas inspecciones judiciales-, es evidente que la demanda de partición y división sobre las Parcelas 527, 496, 450, 325 y 288 ubicadas en la zona de Mollocota del municipio de Sacaba, provincia Chapare del citado departamento, se constituye en una acción de carácter real que, por su planteamiento, no requiere de la especialidad de la jurisdicción agroambiental al no emerger propiamente de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria o de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas u otras que le señala la ley.

Por lo tanto, siendo ése el contexto fáctico de la demanda de división y partición sobre cinco parcelas de terrenos, interpuesta por Filomena López Corrales contra los herederos y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz, Alejandro Urey López y otros, que hace verificable la ubicación, destino y finalidad de los predios en litigio, y considerando la previsión del art. 30 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificado por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-, se concluye que la precitada acción real que dio origen al presente conflicto de competencias jurisdiccionales, debe ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria; correspondiendo por ello, declarar competente al Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, para que conozca, trámite y resuelva la precitada demanda ordinaria.

III.4. Otras consideraciones

Resuelta como se encuentra la competencia a favor de la jurisdicción ordinaria civil, conforme se advierte de antecedentes, Giamil Marcelo Gamboa Flores, Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 6 de junio de 2022, y luego de la inspección sobre los predios en litigio de la demanda de división y partición que originó el conflicto de competencias jurisdiccionales, se inhibió de conocer la misma, precisando que la parte actora debe acudir a la jurisdicción agroambiental para hacer valer sus derechos (Conclusiones II.2 y II.3); no obstante, desconociendo su propia determinación, no remitió antecedentes al Juez Agroambiental de Sacaba del citado departamento, ante cuya determinación la demandante formuló su pretensión ante la Judicatura Agroambiental, siendo la referida autoridad judicial de Sacaba, la que actuando conforme a procedimiento, a través del Auto de 5 de septiembre de 2022, declinó competencia y dispuso la remisión de antecedentes nuevamente ante el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del mismo departamento, quien suscitó el conflicto de competencias jurisdiccionales por Auto de 14 de octubre de igual año.

Advirtiéndose de dicha relación procesal, que el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, generó una dilación innecesaria en la tramitación de este mecanismo procesal constitucional de control competencial; puesto que, tras su inicial determinación de declararse incompetente para conocer la demanda de división y partición sobre cinco parcelas de terrenos, interpuesta por Filomena López Corrales contra los herederos y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz, Alejandro Urey López y otros, debió remitir antecedentes a la jurisdicción que consideró competente -Agroambiental- para que ésta se pronuncie al respecto, y en su caso, suscite el conflicto de competencias jurisdiccionales respectivo. Por lo que, corresponder exhortar a la mencionada autoridad judicial, considerar lo señalado precedentemente, a fin de no generar una demora procesal indebida.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 1º Declarar COMPETENTE al Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, para conocer la demanda de división y partición sobre cinco parcelas de terrenos, interpuesta por Filomena López Corrales contra los herederos y presuntos herederos de Sabina Andrade Díaz, Alejandro Urey López y otros. 2º Exhortar a Giamil Marcelo Gamboa Flores, Juez Público Civil y Comercial Tercero de Sacaba del departamento de Cochabamba, considerar lo advertido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, a fin de no generar dilaciones indebidas e innecesarias en la tramitación de las causas que sean puestas a su conocimiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no interviene el Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, por ser Voto Disidente.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

René Yvan Espada Navia MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0109_2023.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): cf70854f59e2beb1127bfb1239cf61fcde4dae626f196e364a828a3ba4630c46

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