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SCP 0050/2018

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 12 de diciembre de 2018

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
12 de diciembre de 2018
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
23656-2018-48-CCJ
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Gobiernos autónomos / autonomías

Qué se discutió

Como consecuencia de la demanda de usucapión presentada por Dolores Zenteno Goitia Vda. de Fiel, ante la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, se suscitó el conflicto de competencia jurisdiccional entre esta autoridad y el Juez Agroambiental de Sacaba -en suplencia legal de su similar de la Capital- del mismo departamento; en consecuencia, corresponde a este Tribunal, determinar cuál de las referidas autoridades es competente para conocer y resolver la mencionada causa.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en consulta resuelve declarar: 1º LA COMPETENCIA de la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, para conocer la demanda de usucapión, instaurada por Dolores Zenteno Goitia Vda. de Fiel. 2º La remisión de los antecedentes del proceso de usucapión al Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Tiquipaya del departamento de Cochabamba en mérito a los fundamentos expuestos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El control competencial de constitucionalidad
  2. III.2. De la jurisdicción, competencia y delimitación por razón de materia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0050/2018 Sucre, 12 de diciembre de 2018 SALA PLENA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 23656-2018-48-CCJ Departamento: Cochabamba En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre el Juez Agroambiental de Sacaba y la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya, ambos del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA

I.1. Hechos que originan el conflicto de competencia jurisdiccional

Por escrito presentado el 22 de febrero de 2018, cursante de fs. 24 a 25 vta., Dolores Zenteno Goitia Vda. de Fiel, presentó ante la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, la demanda ordinaria de usucapión decenal contra Luisa Goitia Flores y presuntos interesados manifestando que mediante minutas de transferencias de 25 de noviembre de 1982 y 25 de noviembre de 1988, obtuvo la propiedad de un lote de terreno ubicado en la zona Sirpita, Distrito 6 del municipio de Tiquipaya, Tercera Sección de la provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, con una superficie total según escrituras de 3636 m², y con superficie útil de 3026,40 m², aclarando que mediante la primera escritura adquirió el 50% y con la segunda, el restante 50% del bien inmueble de su anterior propietaria Luisa Goitia Flores; sin embargo, debido a defectos formales en las referidas minutas, no pudieron ser registradas en Derechos Reales (DD.RR.) a pesar de que cuentan con visado y pago de impuesto a la transferencia en el Municipio nombrado. Alega que, se encuentra en posesión pública, pacífica y continua del referido inmueble en calidad de dueña, desde hace más de treinta años, hecho que es de conocimiento de toda su comunidad, quienes la conocen como legítima propietaria del lote de terreno antes descrito, donde siempre se dedicó a realizar la actividad agrícola, incluso hasta el presente a pesar de su avanzada edad, constituyéndose en una posesión de buena fe y libre de vicios.

I.2. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción ordinaria civil

Brigitte Shirley Zapata Gutiérrez, Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 26 de febrero de 2018, cursante de fs. 26 a 27, se declaró incompetente en razón de materia para conocer la referida demanda de usucapión, disponiendo la remisión de antecedentes ante el Juez Agroambiental de Quillacollo del mismo departamento con el siguiente fundamento: De la revisión de antecedentes y certificaciones emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, donde se evidencia que, si bien el inmueble al presente se encuentra en área urbana el cuál no tiene uso habitacional, conforme se extrae del mismo memorial de demanda, donde la solicitante señala que el inmueble es un lote de terreno, en el cual siempre se dedicó a realizar la actividad agrícola incluso hasta el presente.

I.3. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción agroambiental

José Edwin Pérez Mejía, Juez Agroambiental de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por Auto de 27 de marzo de 2018, cursante a fs. 29, se declaró incompetente en razón de territorio para conocer la demanda de usucapión, ordenado la remisión del proceso a conocimiento del Juzgado Agroambiental de Cercado del aludido departamento, conforme al Acuerdo 004/2013 de 15 de mayo de Sala Plena del Tribunal Agroambiental, donde se aprobó la “Redistribución de la Competencia Territorial de los Juzgados Agroambientales”. Juan Carlos Gutiérrez Argote, Juez Agroambiental de Sacaba, en suplencia legal de su similar de Cercado del departamento de Cochabamba, por Auto de 17 de abril de 2018, cursante de fs. 33 a 34 vta., se declaró incompetente para conocer la causa de usucapión iniciada por Dolores Zenteno Goitia Vda. de Fiel, suscitando de esta manera el conflicto de competencia jurisdiccional entre su autoridad y la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del mismo departamento, ordenando se remita antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para efectos de su resolución, sobre la base de los siguientes argumentos: a) Para acreditar la ubicación del predio, la parte actora adjuntó certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, en la que se evidencia que el citado predio se encontraría dentro del radio urbano de dicho Municipio, que fue aprobado por Ordenanza Municipal (OM) 211/2009 de 22 de septiembre, ratificado por OM 067/2012 de 30 de octubre y Ley Municipal 006/2014 de 15 de diciembre, mismas que se encuentran debidamente homologadas por “mediante Resolución Ministerial” (sic) 060/2016; b) En el inmueble objeto de la litis no se realiza actividad agrícola alguna, situación corroborada por la inspección judicial realizada el 13 de abril de 2018, -llevada a cabo por dicha autoridad jurisdiccional-evidenciándose que dentro de la propiedad se construye una vivienda, inclusive la zona ya se encuentra con características urbanas; y, c) La única entidad en materia agraria que puede consolidar el derecho propietario rural es el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a través del procedimiento técnico-jurídico de saneamiento a la propiedad agraria; sin embargo, esa institución únicamente puede realizar dicho procedimiento en predios ubicados en el área rural y no así en propiedades urbanas.

I.4. Admisión

El presente conflicto de competencias jurisdiccionales fue admitido mediante Auto Constitucional (AC) 0153/2018-CA de 10 de mayo, emitido por la Comisión de Admisión de este Tribunal (fs. 38 a 41).

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 19 de junio de 2017, René Rojas Janco, Jefe de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, a solicitud del Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Tiquipaya del mismo departamento, dentro de la medida preparatoria interpuesta por Dolores Zenteno Goitia Vda. de Fiel, certificó que en base al plano demostrativo, inspección realizada por la Dirección de Urbanismo de ese Gobierno el 1 de junio del año citado y verificación mediante imagen satelital de “Google Earth (2016)” (sic), el predio ubicado en el Distrito 6, zona Sirpita, se encuentra dentro del radio urbano de acuerdo al Plan Director, instrumento aprobado por OM 211/2009, ratificado por OM 067/2012 y Ley Municipal 006/2014, homologada mediante “Resolución Ministerial 060/2016” (sic) (fs. 10). II.2. Mediante memorial de 22 de febrero de 2018, Dolores Zenteno Goitia Vda.

de Fiel, presentó ante la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, la demanda ordinaria de usucapión decenal contra Luisa Goitia Flores y presuntos interesados, del lote de terreno ubicado en la zona Sirpita, Distrito 6 del Municipio citado, Tercera Sección de la provincia Quillacollo del mencionado departamento, con una superficie de 3636 m² (fs. 24 a 25 vta.). II.3. Por Auto de 26 de febrero de 2018, la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, se declaró incompetente en razón de materia para conocer la demanda de usucapión, disponiendo la remisión de antecedentes ante el Juez Agroambiental de Quillacollo del mismo departamento (fs. 26 a 27).

II.4. Mediante Auto de 27 de marzo de 2018, el Juez Agroambiental de Quillacollo del departamento de Cochabamba, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer el proceso citado supra, ordenando la remisión del mismo a conocimiento del Juzgado Agroambiental con asiento en la Capital o Cercado del aludido departamento, conforme al Acuerdo 004/2013 de Sala Plena del Tribunal Agroambiental, que aprobó la “Redistribución de la Competencia Territorial de los Juzgados Agroambientales” (sic) (fs. 29). II.5. El 13 de abril de 2018, el Juez Agroambiental de Sacaba en suplencia legal de su similar de la Capital del departamento de Cochabamba, realizó la audiencia de inspección judicial a efectos de verificar el destino de la propiedad, inmueble ubicado en la comunidad Sirpita, Distrito 6, del municipio de Tiquipaya, Tercera Sección, provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba; en el acta correspondiente se refiere: “…verificando la propiedad se puede evidenciar que la misma de momento se encuentra montones de arena, montones de piedra en una gran cantidad destinadas para construir la vivienda, en el medio de la propiedad existe turriles, bolillos, maderas y una planta ornamental, donde interviene la demandante indicando que los materiales de construcción existentes en el interior de la propiedad son para construir una vivienda para habitar ella y sus hijos, seguidamente viendo al lado este y norte existe eucaliptos que delimita la propiedad, actualmente la propiedad se encuentra sin sembradillo y las calles se encuentran debidamente consolidadas, la zona debidamente poblada con servicios básicos de electricidad, agua potable y alcantarillado, es cuanto se pudo observar por la autoridad judicial” (sic) (fs. 32 y vta.). II.6. Por Auto de 17 de abril de 2018, el Juez Agroambiental de Sacaba en suplencia legal de su similar de la Capital del departamento de Cochabamba, se declaró incompetente para conocer el proceso de usucapión iniciado por Dolores Zenteno Goitia Vda. de Fiel, suscitando de esta manera, el conflicto de competencia jurisdiccional entre su autoridad y la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del mismo departamento, ordenando la remisión de antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional a efectos de su resolución correspondiente (fs. 33 a 34 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Como consecuencia de la demanda de usucapión presentada por Dolores Zenteno Goitia Vda. de Fiel, ante la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, se suscitó el conflicto de competencia jurisdiccional entre esta autoridad y el Juez Agroambiental de Sacaba -en suplencia legal de su similar de la Capital- del mismo departamento; en consecuencia, corresponde a este Tribunal, determinar cuál de las referidas autoridades es competente para conocer y resolver la mencionada causa.

III.1. El control competencial de constitucionalidad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado de 2009, ejerce el control de constitucionalidad en tres dimensiones, el ámbito tutelar destinado al resguardo de los derechos y garantías que se encuentran establecidos en la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad, a través de las diferentes acciones de defensa como: libertad, amparo constitucional, de protección de privacidad, de cumplimiento y popular; el control normativo de constitucionalidad destinado a verificar la validez formal y material de una norma a partir de su contraste con las disposiciones del texto constitucional y el bloque de constitucionalidad; y, el control competencial que tiene como finalidad resolver los conflictos que puedan surgir entre órganos del poder público, el gobierno central, las entidades territoriales autónomas (ETA) y descentralizadas y entre éstas; y, los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originario campesina (IOC) y la jurisdicción ordinaria y agroambiental. Sobre el control competencial entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental, la SCP 0064/2014 de 3 de enero, expresó que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los Órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas así como entre estas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la agroambiental. Ahora bien, respecto a la controversia competencial suscitada entre la jurisdicción ordinaria y la agroambiental, es menester establecer que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, es competente para dirimir tal conflicto, en función a las siguientes consideraciones: a) En mérito al principio de igualdad jerárquica de las jurisdicciones, tanto la jurisdicción ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesina, gozan de igualdad de jerarquías; es decir, en el marco de sus específicas atribuciones, ninguna de estas jurisdicciones pueden sobreponerse sobre sí, ni mucho menos pretender subordinar la una sobre la otra; b) Ante un posible conflicto de competencias suscitadas entre la jurisdicción ordinaria y la agroambiental y, en la creencia que tales controversias podrían ser resueltas en esas mismas jurisdicciones, el primero podría pretender llevar el conflicto ante su máximo Tribunal, que en el caso particular recae sobre el Tribunal Supremo de Justicia; por otro lado, la autoridad propia de la jurisdicción agroambiental también podría pretender someter el conflicto a consideración de su máximo Tribunal; y, c) Los arts. 184 y 189 de la CPE; 38 y 140 de la LOJ, no establecen atribuciones que de manera alguna faculten a las Salas Plenas del Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Agroambiental, resolver conflictos de competencia suscitadas entre ambas jurisdicciones”.

III.2. De la jurisdicción, competencia y delimitación por razón de materia

En un contexto general, las acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles son competencia tanto de los jueces civiles como agroambientales dependiendo del régimen propietario sea este urbano o rural al que esté sujeto el bien inmueble objeto de litigio, conforme se analizará. Bajo tal razonamiento, el art. 39 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, modificado por el art. 23 de la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-, establece que los jueces agrarios tienen competencia para conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria. A partir de este precepto, resulta posible inferir que a efecto de determinar cuál es la jurisdicción que conocerá las acciones personales, reales y mixtas, debe considerarse el carácter agrario de la propiedad, posesión o actividad. En tal sentido, al momento de determinar la jurisdicción se tomaba en cuenta la ubicación del inmueble objeto del litigio o el lugar de la actividad desarrollada; sin embargo, al presente y de forma reiterativa, esta manera de definir la jurisdicción para estos casos, fue complementada por la jurisprudencia constitucional añadiendo otros elementos que se deben considerar a tal efecto; así, la SC 0378/2006-R de 18 de abril, estableció: “Si bien es cierto que la delimitación de la competencia por razón de materia en acciones reales sobre bienes inmuebles, de manera formal ha sido definida a partir de la ubicación del inmueble objeto del litigio, sea en el área urbana o en el área rural, aplicándose en el primer caso las normas de la jurisdicción ordinaria (Código civil) y en el segundo las normas de la jurisdicción agraria (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria); no es menos evidente que materialmente dicha definición es de suyo más compleja, puesto que dada la particularidad en la regulación del régimen del suelo y subsuelo previstos en el art. 136 de la CPE y en especial lo previsto para la propiedad agraria en el Régimen correspondiente (Título Tercero de la Parte Tercera de los Regímenes Especiales de nuestra Constitución), exige que además se tomen en cuenta otros elementos que son imprescindibles a la hora de determinar la jurisdicción aplicable (…) por lo que el régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción a aplicarse, no puede quedar librada única y exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales en cuanto al uso del suelo y menos aún cambiar automáticamente por el solo hecho de ampliarse la mancha urbana según lo que dispongan los Gobiernos Municipales en sus respectivas Ordenanzas, máxime cuando a partir de la vigencia de la Ley de Participación Popular y desde la perspectiva de éstos, el concepto de propiedad urbana y propiedad rural ha dejado de tener vigencia, toda vez que la jurisdicción municipal que daba origen a ese concepto se aplica a todo el territorio de la sección de provincia, incluyendo o si se quiere fusionando lo urbano y lo rural. (…) …la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios, elementos que en el caso que se revisa no fueron tomados en cuenta por los jueces de instancia, quienes, conforme se tiene referido, se limitaron únicamente a la normativa municipal relativa a la determinación de la mancha urbana…” (las negrillas son nuestras). En ese contexto, la definición de la jurisdicción por razón de materia a aplicarse sobre las acciones reales de bienes inmuebles no puede quedar librada exclusivamente a lo que dispongan los gobiernos municipales, sino también debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional, resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado, cuyo art. 397, establece que: “I. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. II. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. III. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social”, preceptos constitucionales que advierten que la propiedad agraria está siempre definida sobre la base de criterios vinculados a la actividad que se desarrolla en la propiedad o en su caso al destino que se le otorga.

De lo señalado, es posible concluir que los jueces agroambientales como los jueces ordinarios tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; empero, los primeros conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria.

III.3. Análisis del caso concreto

El presente conflicto de competencias, se origina en la demanda de usucapión decenal presentada por Dolores Zenteno Goitia Vda. de Fiel ante el Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, el 22 de febrero de 2018, a cargo de Brigitte Shirley Zapata Gutiérrez, titular del Juzgado referido, quien por Auto de 26 de febrero del año citado, se declaró incompetente para conocer los antecedentes de la causa; consiguientemente, declinó competencia al Juez Agroambiental de Quillacollo del mismo departamento, ordenando la remisión del proceso en cuestión arguyendo que si bien, el bien inmueble al presente se encuentra en área urbana; empero, no tiene uso habitacional conforme se extrae del mismo memorial de demanda, donde la impetrante de tutela señala que el inmueble es un lote de terreno, en el cual siempre se realizó actividad agrícola, incluso -hasta el presente-, las certificaciones emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, corroboran que el inmueble no tendría uso habitacional, teniéndose que el uso que se da al predio es de actividad agrícola. Posteriormente, el Juez Agroambiental de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 27 de marzo de 2018, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer la demanda de usucapión, disponiendo la remisión del proceso a conocimiento del Juzgado Agroambiental del asiento judicial de la Capital o Cercado del aludido departamento, conforme al Acuerdo 004/2013 de Sala Plena del Tribunal Agroambiental, que aprobó la “Redistribución de la Competencia Territorial de los Juzgados Agroambientales”. Efectuada la remisión, en base a los antecedentes y la inspección judicial realizada, Juan Carlos Gutiérrez Argote, Juez Agroambiental de Sacaba en suplencia legal de su similar de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto de 17 de abril de 2018, se declaró incompetente para conocer el proceso ordinario de usucapión, iniciado por Dolores Zenteno Goitia Vda. de Fiel, suscitando de esta manera el conflicto de competencia jurisdiccional entre su autoridad y la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del mismo departamento, argumentando en lo principal que de acuerdo a la inspección judicial realizada en el predio no se realiza actividad agrícola alguna, al contrario, el mismo está destinado al uso habitacional, inclusive la zona ya se encuentra con características urbanas. De la relación de antecedentes efectuada y las conclusiones de los actuados cursantes en el expediente, se tiene que el lote de terreno que suscitó el conflicto de competencias jurisdiccionales, se encuentra ubicado en área urbana conforme la certificación emitida por el Jefe de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya (Conclusión II.1); de igual forma, se advierte la existencia del acta de inspección realizada el 13 de abril de 2018, por el Juez Agroambiental de Sacaba del departamento de Cochabamba, señalando que el predio objeto de la demanda de usucapión, se halla en plena construcción de vivienda, en la cual no existe sembradíos, las calles están debidamente consolidadas, la zona cuenta con los servicios básicos de electricidad, agua potable y alcantarillado (Conclusión II.5). De lo expuesto se tiene que, en el predio objeto de la litis, no obstante de encontrarse en el área urbana, no se demostró el destino del mismo a la actividad agrícola o crianza de ganado; y, toda vez que, la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, señaló que el indicado predio, si bien se hallaba en área urbana, en el memorial de demanda, la propia demandante adujo que se dedicaba a la actividad agrícola motivando que decline competencia; sin embargo, de la minuciosa lectura de dicha demanda, se advierte que no se especificó que en ese predio se realiza actividad agrícola, además, que la citada Jueza no verificó de manera cierta y visible el destino de la propiedad ni la naturaleza de la actividad que se desarrollaba en ella a efectos de determinar materialmente la competencia para conocer y resolver la causa, tal como lo evidenció de forma perceptible y evidente, el Juez Agroambiental de Sacaba en la inspección judicial realizada en el aludido predio. Consecuentemente, de conformidad a lo expuesto y desglosado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional plurinacional, queda en evidencia que la autoridad competente para el conocimiento y resolución del proceso ordinario de usucapión es la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba; toda vez que, en el inmueble en cuestión, no se demostró actividad agrícola o pecuaria ni siquiera vestigios de una anterior siembra; más al contrario, presenta una construcción de vivienda en proceso, y de acuerdo al acta de inspección judicial de 13 de abril de 2018 la impetrante adujo “…donde interviene la demandante indicando que los materiales de construcción existentes en el interior de la propiedad son para construir un vivienda para habitar ella y sus hijos…” (sic) de forma que las actividades que se desarrollaran en el predio no se encuentran vinculadas a la actividad agropecuaria; aspecto que, materialmente y por consecuencia, no permite la apertura de la competencia de la jurisdicción agroambiental.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en consulta resuelve declarar: 1º LA COMPETENCIA de la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, para conocer la demanda de usucapión, instaurada por Dolores Zenteno Goitia Vda. de Fiel. 2º La remisión de los antecedentes del proceso de usucapión al Juzgado Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Tiquipaya del departamento de Cochabamba en mérito a los fundamentos expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Brígida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Fdo. Orlando Ceballos Acuña

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0050_2018_id53211.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 17e2dadec57cd8f3c7df05c26fdbf14e57acac739aa36ec6869520f3c3880686

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