Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas y entre éstas · Sala Plena · 30 de diciembre de 2024
Define la competencia
El Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, suscita conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, debido a que este último órgano legislativo municipal, sancionó la Ley Municipal Autonómica 097 de 20 de julio de 2021, que en sus artículos Primero, Segundo, Tercero y Sexto, transgrede el régimen competencial asignado por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización a favor del nivel central del Estado, respecto a la facultad legislativa sobre competencias privativas, exclusivas y concurrentes, vinculadas fundamentalmente a las materias de minería, medio ambiente, recursos naturales estratégicos y áreas protegidas. En consecuencia, corresponde dilucidar la titularidad sobre las competencias reguladas por las normas cuestionadas y si amerita o no declarar su nulidad.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confieren los arts. 202.3 de la Constitución Política del Estado y 28.I.4 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: 1º COMPETENTE al Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, sobre la titularidad de la facultad legislativa, referida a las competencias exclusivas de “Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos”; contenida en el art. 302.I.5 de la CPE; “Planes de Ordenamiento Territorial”, prevista por el art. 302.I.6 de la CPE; “Estadísticas municipales” contenida en el art. 302.I.9 de la CPE y “Áreas protegidas municipales” contenida en el art. 302.I.11 de la CPE; y en consecuencia, se declara válidos y vigentes los arts. Primero, Segundo y Sexto de la Ley Municipal Autónoma 097. 2º COMPETENTE a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre la titularidad de la facultad legislativa, referida a las competencias privativas de “Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente” prevista por el art. 298.I.20 de la CPE y “Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, minería y electoral” contenida en el art. 298.I.21 de la CPE; y, respecto a las competencias exclusivas de ”Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua” contenida en el art. 298.II.4 de la CPE y “Régimen general de biodiversidad y medio ambiente” prevista por el art. 298.II.6 de la CPE; y en consecuencia, nulo el art. Tercero de la Ley Municipal Autonómica 097.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0097/2024 Sucre, 30 de diciembre de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas y entre éstas Expediente: 58803-2023-118-CET Departamento: La Paz En el conflicto positivo de competencias promovido por Juan Carlos Alurralde Tejada y Ruddy José Flores Monterrey en representación legal de David Choquehuanca Céspedes, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional contra Gonzalo Marino Apaza, Presidente del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Alto Beni, provincia Caranavi del departamento de La Paz.
Mediante memoriales presentados el 17 de octubre y 27 de diciembre de 2023; cursantes de fs. 19 a 35 vta. y 62 a 63 vta. respectivamente, el accionante mediante sus representantes legales interpone conflicto positivo de competencia en contra del Presidente del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, provincia Caranavi del departamento de La Paz; con relación a los artículos: Primero (DECLARACIÓN); Segundo.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN); Tercero (MARCO INSTITUCIONAL) y Sexto.- (ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y RESERVA FORESTAL)” de la Ley Municipal Autonómica 097, sancionada por el Concejo Municipal de Alto Beni. Manifiesta que por nota CITE: ALP/AFC/BN-MAS.IPSP/Nº481/2022-2023, se puso en su conocimiento, la referida Ley Municipal Autonómica 097/2021 de 20 de julio; por lo que, de conformidad con el art. 95.I y II del Código Procesal Constitucional (CPCo), mediante memorial de 15 de septiembre de 2023, solicitó la anulación de los arts. Primero, Segundo, Tercero y Sexto de la mencionada Ley, en razón de incompetencia; no obstante, el Concejo Municipal de Alto Beni, guardó silencio, dando lugar a que se promueva la presente acción.
Es así que el art. Primero de la Ley 097, genera conflicto de competencias, toda vez que el municipio de Alto Beni, se atribuye la competencia exclusiva del nivel central del Estado, previsto por el art. 298.II.4 de la CPE, referido a la restricción, prohibición y desarrollo de toda actividad minera en su ámbito territorial, sin tomar en cuenta que el manejo, concesión de uso, exploración y explotación en materia de minería es una atribución del nivel central del Estado. De esa forma, al declararse la libertad de la actividad minera –la parte demandada- actúa como si se tratase de un deliberante y legislador nacional, quebrantando el citado art. 298.II.4 de la CPE. Por ello, debe considerarse que, no se transfirió la facultad reglamentaria al GAM de Alto Beni en materia de minería, relacionada con la libertad de la actividad minera; toda vez que, si bien la finalidad de la disposición puede no ser nada reprochable, su fin teleológico no está en discusión; sino, la arrogación de una competencia. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el catálogo competencial del texto constitucional es de carácter cerrado, por lo que no puede justificarse la emisión de la Ley 097 respaldándola con la emisión de la Declaraciones Constitucionales (DCPs) 0019/2016 de 29 de marzo; 0219/2015 de 16 de diciembre y 0019/2014 de 4 de mayo, mediante las que se aprobó su Carta Orgánica Municipal (COM). El sistema competencial Boliviano, restringe la “auto atribución competencial” y la Ley 535 de 28 de mayo, sobre los recursos mineralógicos, señala que cualquiera sea su origen, su administración corresponde al nivel central del Estado y que nadie puede invocar la propiedad de los recursos minerales, debiendo considerarse la data de la mencionada Ley, la cual para su modificación requiere de una Ley abrogatoria o derogatoria y no así de una Ley autonómica. Sobre el art. Segundo de la Ley Municipal Autonómica 097/2021, bajo el título de “Ámbito de aplicación”, del cual también solicita su nulidad, al ser dependiente y estar interrelacionado con el art. Primero, toda vez que no solo supone una delimitación territorial; sino, contempla un alcance general y obligatorio que pretende reforzar y dar coercibilidad al art. Primero; de tal manera, que al no existir aplicación general y obligatoria, tampoco hay ámbito de aplicación, no solo en su forma de exposición; sino, en su argumento interpretativo, toda vez que pretende la auto arrogación, de una competencia exclusiva del nivel central del Estado. Así la Ley 97/2021, desnaturaliza los alcances del art. 297.2 de la Norma Suprema, al auto atribuirse una facultad de decisión y ejercicio que no posee; por lo que, su contenido normativo no puede excusarse como una declaración principista, como la que está contenida en su exposición de motivos. Con relación al art. Tercero de la Ley 097/2021, debe considerarse que regula con relación a la Política de General de Biodiversidad y Medio Ambiente, que es de competencia del nivel central del Estado, conforme establece el art. 298.I.20 de la Norma Suprema, que supone el establecimiento de la planificación nacional sobre la gestión de la biodiversidad y el medio ambiente; a lo que debe agregarse lo dispuesto en el art. 298.II.6 de la CPE, que como competencia exclusiva del nivel central, le otorga la potestad de diseñar y aprobar el “régimen general de biodiversidad y medio ambiente”, correspondiendo las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva al Gobierno Nacional respecto a la Política General y el Régimen General de Biodiversidad y Medio Ambiente. Asimismo, debe considerarse la competencia exclusiva del nivel central del Estado, prevista por el art. 298.II.4 de la CPE, con relación a los “Recursos naturales estratégicos que comprenden minerales…”. Respecto del art. Sexto de la Ley Municipal Autonómica 097/2021, debe ser anulado, conforme a las competencias exclusivas del nivel central del Estado, respecto al régimen general de biodiversidad, medio ambiente y política forestal, recursos forestales y bosques (art. 298.II.6 de la CPE). Al efecto el art. 348.I de la CPE, determina los tipos de recursos naturales, siendo el Estado titular de sus recursos naturales y quien se encarga de los actos de exploración, explotación, disposición, conservación y manejo, sin que exista una delegación competencial tácita a ninguna ETA respecto a la forma, manejo y disposición de sus bienes. En ese entendido, el nivel central del Estado, ejerce la potestad legislativa, ejecutiva y reglamentaria y determina la forma, modo y tiempo de identificación, áreas de reserva forestal, preservación y conservación; por lo que, la Ley 097, incurre en regular respecto del patrimonio natural del municipio de Alto Beni, en ausencia de una fuente legal proveniente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que establezca las condiciones, características y parámetros relativos a su clasificación, sobre la que se despliegue la facultad legislativa y se ejerza la competencia de promoción y conservación del patrimonio natural departamental. De esa forma, la Ley Municipal Autonómica 097, invade competencias privativas, exclusivas y concurrentes del nivel central del Estado, en los siguientes artículos: a) Competencias privativas, Política General de Biodiversidad y Medio Ambiente (art. 298.I.20 de la CPE), invadida por los arts. 1, 2, 3 y 6 de la Ley Municipal Autonómica 097; b) Competencias exclusivas, Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua (art. 298.II.4 de la CPE), invadida por los arts. 1, 2, 3 y 6 de la Ley Municipal Autonómica 097; Régimen General de biodiversidad y medio ambiente (art. 298.II.6 de la CPE), invadida por los arts. 1, 2, 3, y 6 de la Ley Municipal Autonómica 097; Política Forestal y régimen de suelos, recursos forestales y bosques (art. 298.II.7 de la CPE), invadida por el art. 6 de Ley Municipal Autonómica 097; Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado (art. 298.II.19 de la CPE), invadida por los arts. 3 y 6 de la Ley Municipal Autonómica 097; Políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial (art. 298.II.33 de la CPE), invadida por los arts. 3 y 6 de la Ley Municipal Autonómica 097; y, c) Competencias concurrentes, Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental (art. 299.II.1 de la CPE) invadida por los arts. 1, 2, 3, y 6 de la Ley Municipal Autonómica 097, Conservación de suelos, recursos forestales y bosques (art. 299.II.4 de la CPE) invadida por los arts. 1, 2, 3, y 6 de la Ley Municipal Autonómica 097.
I.2. Petitorio
Solicita se admita la demanda y luego de los trámites previstos legalmente, en aplicación del art. 99.III del CPCo, se declare: 1) La nulidad de los arts. Primero, Segundo, Tercero y Sexto de la Ley Municipal Autonómica 097 de 20 de julio de 2021, emitida por el Concejo Municipal de Alto Beni, provincia Caranavi del departamento de La Paz; por ser contrarios a los arts. 297.2 y 298.II.4 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 2) Competente al nivel central del Estado, respecto al art. 298.II.4 (no menciona de qué normativa).
La Comisión de Admisión de este Tribunal, mediante Auto Constitucional (AC) 0843/2023-CA de 30 de octubre, cursante de fs. 36 a 40, observó la demanda de conflicto positivo de competencias planteado, disponiendo que se subsane las deficiencias formales observadas en el plazo de cinco días hábiles; cumpliéndose con esta disposición, se emitió el AC 0042/2024-CA de 18 de enero, por el que se admitió la acción presentada y se dispuso citar al Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, a efectos de que en plazo legal, presente los alegatos que considere pertinentes.
Municipal de Alto Beni La Presidenta y los Concejales del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, por memorial presentado el 7 de junio 2024, cursante de fs. 136 a 144 vta., manifestaron que: a) Mediante la Ley 097, se dispuso declarar al municipio de Alto Beni, como municipio ecológico libre de contaminación minera en su jurisdicción territorial y es obligatoria a todas las personas naturales y/o jurídicas; b) Así también se estableció el desarrollo y ejecución de estrategias y políticas de monitoreo, control y desarticulación de toda actividad minera que atente contra el medio ambiente, sea suelos, agua, fauna, flora y pesca, para garantizar la presentación, conservación y protección del medio ambiente, sujeta a una reglamentación específica; c) De igual manera se dispone que el GAM de Alto Beni identificará las áreas de producción como áreas de reserva forestal conforme el ordenamiento territorial para su registro y correspondiente preservación y conservación; d) Debe considerarse lo establecido por el art. 95.II del CPCo, respecto al plazo para formular el requerimiento de incompetencia que es de 20 días; sin embargo, la parte demandante presentó el conflicto de competencias recién el 19 de octubre de 2023, dos años y cuatro meses después de que entró en vigencia la Ley Municipal Autonómica observada; e) De esa forma no se cumple con el requisito de temporalidad, por cuanto al entrar en vigencia la norma municipal fue de conocimiento público y carácter obligatorio a partir de su publicación en la gaceta correspondiente, momento desde el cual se opera la presunción legal de su conocimiento; f) Conforme al art. 89 del CPCo, la parte demandante no contaría con la aprobación de la mayoría simple de la Asamblea Legislativa, para la presentación de la demanda, actuando de manera unilateral;
g) Respecto al art. Primero de la Ley 097, debe considerarse el art. 2 de su Carta Orgánica Municipal (COM), mediante la que se auto identifican como MUNICIPIO ECOLÓGICO DE ALTO BENI, disposición que fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0019/2016 de 29 de marzo, correlativa a la DCP 0219/2015 de 16 de diciembre y DCP 0019/2014 de 6 de mayo; h) En tal sentido, el artículo observado responde a la auto identificación del municipio, debiendo considerarse lo previsto por el art. 88.V.3 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), respecto a la competencia concurrente establecida por el art. 299.II.1 de la CPE; i) No existía y no existe actividad minera en el Municipio Ecológico de Alto Beni, conforme se establece en el estado de ejecución presupuestaria de gastos, del cual se advierte que el municipio no percibe regalías por actividades mineras; j) La declaración de municipio ecológico no implica la asunción de la competencia exclusiva del nivel central del Estado sobre recursos naturales estratégicos, toda vez que en el art. 1, no se establece el manejo de los recursos por parte del municipio; k) Con relación al art. Segundo, no se identifica cuál es la competencia privativa o exclusiva del nivel central arrogada por el Concejo Municipal de Alto Beni, requisito indispensable para demandar el conflicto positivo de competencias; l) Conforme a los arts. 1, 269 y 272 de la CPE, debe tenerse presente que el Municipio Ecológico de Alto Beni, en ejercicio de su autonomía municipal, tiene la faculta legislativa y reglamentaria, respecto a la atribución conferida por el art. 25.2 de su COM; m) Por ello, a través del art. Segundo de la Ley 097, solo se replicó lo ya dispuesto por el nivel central del Estado, regulando una disposición que se encuentra dentro de las competencias y atribuciones legislativas ejercidas por el Concejo Municipal de Alto Beni y dentro los alcance del art. 3 de la Ley 482; n) Respecto al art. Tercero de la Ley 097, se enmarca dentro de la competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales, prevista por el art. 301.I.5 de la CPE, relativa a “Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos”; así como en lo establecido por el art. 88.V.3 de la LMAD, sobre la competencia concurrente prevista por el art. 299.II.1 de la CPE; o) De igual manera debe considerarse que el medio ambiente se encuentra protegido por diferentes instrumentos internacionales, que deben ser considerados conforme al art. 410.II de la CPE; p) Debe considerarse que el art. Tercero de la Ley 097, en ningún momento establece la prohibición o restricción de la actividad minera; sino, todo lo contrario en el marco de la protección y conservación del medio ambiente se implementarían estrategias de monitoreo, control y desarticulación de toda actividad minera siempre que ATENTE CONTRA EL MEDIO AMBIENTE; q) Respecto al art. Sexto de la Ley 097; no se identifica cuál es la competencia privativa o exclusiva que está siendo arrogada y solo cita el art. 348.I de la CPE que simplemente establece a que se denominan recursos naturales; r) En ese sentido, debe considerarse el art. 302.I.5 y 11 de la CPE, respecto a la competencia exclusiva de los GAM, con relación al medio ambiente y áreas protegidas; s) Asimismo, debe considerarse los arts. 87.IV.2 y 88.V.3 de la LMAD, que distribuyen las competencias concurrentes y exclusivas de los GAM, respecto a medio ambiente, recursos forestales, bosques y medio ambiente; y, t) Por ello, el GAM de Alto Beni, no se arroga ninguna competencia del nivel central, solicitando se rechace la demanda interpuesta por la parte contraria.
Por Decreto Constitucional de 13 de agosto de 2024, cursante a fs. 149, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 23 de diciembre de 2024 (fs. 192); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la nota CITE:ALP/ACF/BN-MAS.IPSP/Nº481/2022-2023 de 16 de agosto de 2023, suscrita por Andres Flores Condori, Diputado Nacional, con cargo de recepción de 18 de agosto de 2023, mediante la que se hace conocer al Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional –ahora demandante-, el contenido de la Ley Municipal Autonómica 097/2021 de 20 de julio, a fin de que:
“Cualquier trámite o solicitud minera que curse en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia no se autoricen las cuadriculaciones o ningún tipo de autorizaciones de asentamientos mineros dentro de la jurisdicción, ya que sus habitantes y estantes se caracterizan como productores agroecológicos de cacao, banano, cítricos y otros, los cuales cuentan con certificación orgánica a nivel nacional e internacional para su exportación y comercialización para garantizar la seguridad alimentaria” (fs. 52). II.2. El 15 de septiembre de 2023, David Choquehuanca Céspedes, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, formuló “Requerimiento de derogación de Artículos de la Ley Municipal que indica”, mediante memorial presentado en la referida fecha ante el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, solicitando la derogación de los arts. Primero, Segundo y Sexto de la Ley 097, respecto a las competencias privativas, exclusivas y concurrentes que rigen en cuanto a la temática ecológica y minera, solicitando que las mismas sean adecuadas a las Políticas Generales de biodiversidad y manejo de recursos naturales estratégicos (fs. 58 a 61 vta.). II.3. Consta la LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA 097 de 20 de julio de 2021, sancionada por el pleno del Concejo Municipal del GAM de Alto Beni y promulgada el 23 de julio del mismo año por el Ejecutivo Municipal, cuyo texto en los arts. Primero, Segundo, Tercero y Sexto, observados, es el siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO.- (DECLARACIÓN). A través de la presente disposición DECLARAR AL MUNICIPIO ECOLÓGICO DE ALTO BENI COMO MUNICIPIO LIBRE DE LA ACTIVIDAD Y CONTAMINACIÓN MINERA, en toda la jurisdicción territorial del Municipio conforme las colindancias, ubicación geográfica, descripción de límites, coordenadas y comunidades establecidas por la Ley Nº4131, 23 de diciembre de 2009”.
“ARTÍCULO SEGUNDO.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las disposiciones de la presente Ley son de alcance general y obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras que se encuentren dentro la jurisdicción territorial del municipio ecológico de Alto Beni, provincia Caranavi del departamento de La Paz”. “ARTÍCULO TERCERO.- (MARCO CONSTITUCIONAL).- El Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni a través de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente del Órgano Ejecutivo desarrollará y ejecutará estrategias y políticas de monitoreo, control y desarticulación de toda actividad minera, que atente y contamine el medio ambiente, ya sea de sus suelos, aguas, fauna, flora y pesca, para garantizar la preservación, conservación y protección del medio ambiente, sujeta a una reglamentación especifica. “ARTÍCULO SEXTO.- (ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y RESERVA FORESTAL). El Gobierno Autónomo Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente procederá a la identificación de las áreas de producción como también las áreas de reserva forestal en el marco del ordenamiento territorial, para su registro como también para su preservación, conservación como áreas protegidas” (fs. 54 a 57).
El Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, suscita conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, debido a que este último órgano legislativo municipal, sancionó la Ley Municipal Autonómica 097 de 20 de julio de 2021, que en sus artículos Primero, Segundo, Tercero y Sexto, transgrede el régimen competencial asignado por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización a favor del nivel central del Estado, respecto a la facultad legislativa sobre competencias privativas, exclusivas y concurrentes, vinculadas fundamentalmente a las materias de minería, medio ambiente, recursos naturales estratégicos y áreas protegidas. En consecuencia, corresponde dilucidar la titularidad sobre las competencias reguladas por las normas cuestionadas y si amerita o no declarar su nulidad.
A través de la SCP 0334/2013 de 18 de marzo, se señaló al respecto, lo siguiente: “En el marco de lo expuesto, se establece que el Control Plural de Constitucionalidad, cuya máxima instancia está encomendada al Tribunal Constitucional Plurinacional, ejerce todos los roles jurisprudenciales disciplinados en la parte orgánica de la Constitución, de manera específica en el art. 202.1 de la CPE, concordante con el art. 196.I de la Norma Suprema; por tanto, al existir una instancia imparcial, independiente y especializada en justicia plural constitucional, se colige que en el Estado Plurinacional de Bolivia, impera un sistema jurisdiccional plural y concentrado de constitucionalidad, instancia a la cual la Función Constituyente, encomendó tanto el cuidado del bloque de constitucionalidad como el resguardo a los derechos fundamentales, en su faceta de derechos individuales o derechos con incidencia colectiva. Ahora bien, en el marco de la ingeniería orgánica diseñada por la Función Constituyente para el sistema jurisdiccional plural y concentrado de control de constitucionalidad, en un análisis sistémico de su estructura orgánica, se tiene que esta instancia, tiene dos brazos específicos de ejercicio de control de constitucionalidad: a) El control preventivo de constitucionalidad; y, b) el control posterior o reparador de constitucionalidad. El control preventivo de constitucionalidad, tiene la finalidad de activar los roles de control de la eficacia del bloque de constitucionalidad y de derechos fundamentales de manera previa a la vigencia de cualquier norma de carácter general; en base a esta teleología, el art. 202.7 de la CPE, disciplina las consultas de la Presidenta o Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, atribución que se encuentra enmarcada en el ámbito del control preventivo de constitucionalidad. De la misma forma, el control previo de constitucionalidad de tratados internacionales, de acuerdo a la atribución inserta en el art. 202.9 de la CPE, se encuentra también dentro de este ámbito de control de constitucionalidad, roles que serán conocidos y resueltos por el Pleno del Tribunal Constitucional, instancia cuya decisión será obligatoria. Asimismo, en el marco del pluralismo, la interculturalidad y la descolonización, la atribución disciplinada por el art. 202.8 de la CPE, referente a las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto, que de acuerdo al art. 32 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) serán conocidas por la Sala Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, se enmarca en el ámbito del control preventivo de constitucionalidad. Por su parte, el ejercicio del control jurisdiccional plural y concentrado de constitucionalidad, se desarrolla también en el ámbito posterior o reparador, en ese orden, esta faceta, a su vez, está compuesta de tres tipos específicos de control: 1) El control normativo de constitucionalidad; 2) El control competencial de constitucionalidad; y, 3) El control tutelar de constitucionalidad.
(…) Por su parte, el control competencial de constitucionalidad, resguarda la garantía institucional de la competencia, por tanto, su activación responde a tres mecanismos constitucionales expresos: i) Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público (art. 202.2 de la CPE); ii) Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre éstas (art. 202.3); y, iii) Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental (art. 202.11). Asimismo, en este ámbito de control de constitucionalidad, se encuentra también el Recurso Directo de Nulidad, disciplinado en el art. 202.12 de la CPE” (las negrillas son nuestras). El control competencial de constitucionalidad, ha sido instituido por el legislador constituyente con la finalidad de racionalizar el ejercicio del poder entre órganos y niveles del Estado, en el marco de las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución a los distintos órganos del poder público y a las nuevas entidades territoriales autónomas; así como garantizar el ejercicio de la competencia jurisdiccional en el escenario de la justicia plural. En ese orden, el Código Procesal Constitucional, en su art. 85, establece como objeto de los conflictos de competencia, que el Tribunal Constitucional Plurinacional conozca y resuelva los conflictos sobre las: 1. Competencias y Atribuciones asignadas por la Constitución Política del Estado a los Órganos del Poder Público.
2. Competencias atribuidas por la Constitución Política del Estado, o la Ley a las Entidades Territoriales Autónomas.
3. Competencias entre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Agroambiental. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene entre sus atribuciones, conocer y resolver los conflictos de competencia que pudiesen suscitarse entre los órganos del poder público (atribución 2 del art. 202 de la CPE); los conflictos de competencia entre el gobierno central, las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y de estas entre sí (atribución 3 del art. 202 de la CPE); y los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originario campesina y las jurisdicciones ordinaria y agroambiental (atribución 11 del art. 202 de la CPE). Sobre este punto, es preciso aclarar que el control competencial en las acciones constitucionales antes nombradas, se orientan a dirimir y declarar competente al órgano, nivel o jurisdicción que hubiera demandado el conflicto, respectivamente, entre: 1) órganos del Estado respecto a sus atribuciones; 2) niveles autonómicos, sobre sus competencias; y, 3) jurisdicciones, sobre su competencia para administrar justicia. Por otra parte, cabe aclarar que el recurso de nulidad, constituido en un mecanismo constitucional de reguardo de la competencia que –de igual forma– vela por preservar y resguardar las delimitaciones jurisdiccionales y competenciales que el ordenamiento jurídico boliviano tiene por definidos, restringe su ámbito procesal a los “actos o resoluciones” de las “personas” o “autoridades” que ejercen jurisdicción o competencia que emana de la Constitución Política del Estado y las leyes, para declarar su “nulidad; por lo que, la legitimación del recurrente recae en la persona afectada por dicho “acto o resolución”. Diferenciándose sustancialmente de los conflictos de competencias, pues, en ellos, son los órganos, niveles o jurisdicciones, a través de sus representantes, los legitimados activos, que pretenden ser declarados competentes para el ejercicio de las atribuciones, competencias y jurisdicción de las que se consideran titulares.
Como se refirió en la SCP 1714/2012 de 1 de octubre: “El art. 1 de la CPE, caracteriza que: ‘Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías (….) dentro del proceso integrador del país’… Dentro de esta proyección, el nuevo régimen autonómico diseñado por la Constitución Política del Estado, constituye otro de los pilares esenciales para la construcción del nuevo Estado, se asienta en una estructura y organización territorial con componentes diferentes, en las que trasciende la plurinacionalidad. En efecto, según manda el art. 269.I de la CPE: ‘Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos’ (…), donde se instituyen entidades territoriales descentralizadas y autónomas, entre ellas, las indígena originaria campesina, rompiendo así con el Estado Unitario centralizado, para establecer la distribución descentralizada del poder político en las llamadas entidades territoriales descentralizadas y autónomas, a través de la asignación de competencias, adoptando así un nuevo modelo de Estado compuesto que permita en mejor forma la edificación del nuevo Estado boliviano. En esta perspectiva, el marco constitucional plantea cuatro tipos de autonomías: departamental, regional, municipal e indígena originario campesina, construidos sobre la base de las reivindicaciones sociales de autodeterminación de los pueblos indígenas y de las demandas regionales de autonomías departamentales, que postularon la necesaria redistribución del poder político con base territorial; aspiraciones recogidas por el Constituyente que suponen un complejo proceso de construcción y articulación entre las diferentes autonomías, así como entre ellas y el nivel central o nacional. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, autonomía significa: ‘La potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios’. La definición precedente permite inferir que existen niveles y grados de autonomía. Ahora bien, los márgenes de autonomía -mayor o menor- dependerá de las atribuciones y competencias que gocen los niveles autonómicos, esto supone que si se mantiene niveles de delegación, sin que exista una autonomía legislativa que trascienda la simple reglamentación, dando lugar únicamente a la aplicación de normas que vienen desde el nivel central, el cambio no sería muy significante; por el contrario, si se conceden atribuciones legislativas a las entidades autonómicas y no únicamente facultades reglamentarias o administrativas delegadas, el grado de autonomía es mayor. En este último supuesto, se ingresa en el ámbito de concebir una capacidad a las entidades territoriales autónomas para normarse así mismas en determinadas áreas que en principio correspondían al nivel central, con la introducción de órganos -gobiernos y asambleas autónomos- con funciones y competencias gubernativas a ser desarrolladas dentro de la entidad territorial autónoma. La Constitución Política del Estado en su art. 272, define que: ‘La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones’... Asimismo, determina que las autonomías departamental, regional y municipal estarán conformadas por un gobierno autónomo constituido -para el caso de la autonomía departamental- por una Asamblea con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo, cuya máxima autoridad ejecutiva es el Gobernador o Gobernadora (arts. 277 y 279 de la CPE). En tanto que, para la autonomía municipal, el gobierno autónomo está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal y un órgano ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde (art. 283 de la CPE). Para el caso de la autonomía regional, su gobierno estará constituido por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo (art. 280.I de la Norma Suprema). En este caso, la autonomía regional no tiene capacidad legislativa, sino únicamente facultad reglamentaria. Respecto de la autonomía indígena originaria campesina determina que ésta consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas (art. 289), autogobierno, que se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias en armonía con la Constitución Política del Estado y la ley (art. 290.II de la CPE). Consecuentemente, el régimen autonómico diseñado por el constituyente, crea entidades territoriales autónomas, con capacidad gubernativa dentro del ámbito de su jurisdicción y límites; es decir, capacidad legislativa, en determinados temas y materias, como se verá al analizar la distribución de competencias asignada por el constituyente, en el entendido que la autonomía como una modalidad del Estado compuesto hace referencia a la distribución del poder político de forma limitada, de tal forma que la autonomía legislativa otorgada para determinadas competencias no exime que en otros temas existan tareas delegadas, esto dependerá de los límites impuestos por el constituyente a la competencia legislativa de las entidades territoriales autónomas, según las materias que se trate. A esta primera cualidad del diseño constitucional cabe subrayar, que la ruptura del monopolio legislativo del nivel central se asienta en el reconocimiento de la facultad legislativa dentro de sus ámbitos territoriales en igualdad de condiciones respecto de las diferentes entidades territoriales, con excepción de la autonomía regional, legislación que de conformidad con el art. 410 de la CPE, tiene un rango comparable a las leyes nacionales. De otro lado, en lo que respecta a lo administrativo y financiero, el régimen autonómico otorga a las entidades territoriales autónomas la potestad de administrar los recursos económicos transferidos por el gobierno nacional para el cumplimiento de las competencias que le han sido asignadas. A estas características es menester referirse al anclaje en el carácter plurinacional, intercultural y de pluralidad en la que se asienta el Estado boliviano; particularidades que trascienden en el diseño del régimen autonómico; primero, porque a la clásica organización territorial de naturaleza republicana (departamentos, provincias y municipios), se añade el territorio indígena originario campesino (art. 269.I de la CPE); segundo, porque el carácter de las autonomías indígenas originario campesinas se funda en su libre autodeterminación, con autogobierno de acuerdo a sus propia organización, instituciones y procedimientos; tercero, porque establece que las entidades territoriales autónomas gozan de igualdad y no se encuentran subordinadas entre ellas (art. 276 de la Norma Suprema); y, cuarto, porque define que la Asamblea Departamental estará compuesta por asambleístas departamentales elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria y por asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a sus propias normas y procedimientos (art. 278.I de la CPE). En este sentido, cabe caracterizar que además de la cualidad gubernativa y el ejercicio de competencias propias y administración de los recursos que les sean asignados, la implementación de las autonomías se encuentra estructurada para concretizar el carácter plurinacional del Estado en su estructura territorial, dado que su implementación no puede estar aislada de los principios y fines del Estado Plurinacional intercultural. Esto supone que la orientación de las autonomías debe ser predicable con la construcción colectiva del Estado Plurinacional, donde la intensificación de los lazos interculturales de mutua y recíproca influencia se haga más intensa para lograr la Bolivia inclusiva y equitativa sin sacrificar la diversidad y la diferencia (las negrillas nos corresponden [razonamiento compartido en la SCP 2055/2012 de 16 de octubre]). Posteriormente, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, enfatizó que: “La naturaleza principista y axiológica que trasciende toda la Constitución Política del Estado, cuya materialización constituye un fin esencial del Estado boliviano, se proyecta en la estructuración del régimen autonómico como directrices esenciales para la implementación y consolidación de los diferentes tipos de autonomía, de tal manera que para comprender el régimen autonómico diseñado por el Constituyente, es imprescindible avocarse a los principios que rigen su ingeniería. Estos principios se encuentran recogidos en el art. 270 de la CPE, al establecer que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, la voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. (…) 1. Unidad. La ingeniería del régimen autonómico se proyecta en el marco de la unidad del país, sin disgregación territorial. De conformidad con el art. 5 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), bajo el principio de unidad, el régimen de autonomías se fundamenta en la indivisibilidad de la soberanía y del territorio boliviano, la cohesión interna del Estado y la aplicación uniforme de las políticas de Estado. (…) 3. Solidaridad. En el marco del principio de solidaridad, los gobiernos autónomos de las entidades territoriales autónomas (departamentales, municipales, regionales, indígena originario campesina), se encuentran circunscritos a actuar conjuntamente con el gobierno central en la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante la cooperación y coordinación permanente entre todos los gobiernos autónomos; principio que se ve reflejado cuando se utilizan mecanismos redistributivos para garantizar un aprovechamiento equitativo de los recursos. 4. Subsidiariedad. Uno de los principios fundamentales del régimen de autonomías, es el principio de subsidiariedad, a través del cual las entidades territoriales autónomas ingresan en una cadena de relacionamiento directo con las demandas y necesidades de la ciudadanía, esto supone partir por el gobierno autónomo más cercano para poder satisfacer en mejor forma y de una manera más directa las demandas y necesidades, de tal forma que sean resueltas por la autoridad más próxima a la demanda; en caso de imposibilidad corresponde al siguiente nivel la cooperación y coordinación para la satisfacción de la necesidad. Lo que implica, conforme señala el art. 5.12 de la LMAD, refiriéndose a este principio rector, que para el cumplimiento de la toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe realizarse desde el gobierno más cercano a la población, excepto por razones de eficiencia y escala que justifique proveerlos de otra manera. Por tales motivos, los órganos de poder público tienen la obligación de auxiliar y sustituir a los órganos autónomos y descentralizados en caso de necesidad. 5. Gradualidad. Orienta que el ejercicio de las atribuciones y competencias de las entidades autónomas sea de forma progresiva y en función de sus propias capacidades. La autonomía supone un proceso gradual. 6. Provisión de recursos económicos. Las competencias asignadas a cada entidad autónoma deben ser provistas de los recursos económicos para su cumplimiento. De conformidad con el art. 5.18 de la LMAD, el principio de provisión de recursos económicos, supone la responsabilidad compartida de los órganos públicos en la determinación de la fuente de recursos y la asignación de los mismos para el ejercicio de las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, de tal forma que toda nueva transferencia o asignación de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio. 7. Principio de lealtad institucional. De conformidad con el art. 5.15 de la LMDA, a partir de este principio el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas tomarán en cuenta el impacto que sus acciones puedan tener sobre el nivel central del Estado y otras entidades territoriales, evitando aquellas que las perjudiquen, promoviendo el diálogo en torno a las medidas susceptibles de afectarles negativamente, y facilitando toda información pública necesaria para su mejor desempeño; respetando el ejercicio legítimo de las competencias del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. 8. Principio del bien común. La actuación de los gobiernos autónomos se fundamenta y justifica en el interés colectivo, sirviendo con objetividad los intereses generales para el vivir bien de todos y cada uno de los bolivianos” (las negrillas son nuestras).
De acuerdo al art. 297 de la CPE, las competencias pueden ser privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, y conforme se infiere del diseño constitucional efectuado para las diferentes autonomías (arts. 272, 298 y ss. de la CPE), el ejercicio competencial se desarrolla a partir de tres ámbitos de identificación: i) El ámbito jurisdiccional; ii) El ámbito material; y, iii) El ámbito facultativo. Así, la SCP 2055/2012, estableció: “i) El ámbito jurisdiccional. Se refiere a que la competencia que le haya sido asignada a un nivel de gobierno por el sistema de distribución competencial de la Constitución, deberá ser ejercio ejercido únicamente en la jurisdicción que dicho nivel de gobierno administra y gobierna. Así lo establece la Constitución en su art. 272, al señalar que los órganos de gobierno autónomo ejercerán las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. ii) El ámbito material. La distribución de competencias realizada por el Constituyente se encuentra diseñada en función de materias, como por ejemplo, salud, educación, medio ambiente, transporte, etc., sobre las que los niveles de gobierno deberán circunscribir su ejercicio competencial.
Sobre este particular cabe precisar que el Constituyente boliviano usó una técnica de distribución mucho más compleja que un mero reparto de materias, pues algunas competencias son imbricaciones y superposiciones de varias materias sobre las cuales el nivel de gobierno titular deberá circunscribir sus actuaciones o su ejercicio competencial. iii) El ámbito facultativo. Este ámbito recae en los órganos ejecutivos y legislativos de los niveles de gobierno. De acuerdo con la Constitución, son cinco facultades mediante las cuales ejercerán sus atribuciones: facultad legislativa, reglamentaria, ejecutiva, deliberativa y fiscalizadora. Las facultades deliberartiva deliberativa, fiscalizadora y legislativa son de titularidad de los órganos deliberativos. En tanto, que las otras dos facultades: reglamentaria y ejecutiva, son de titularidad de los órganos ejecutivos. La SCP 1714/2012 de 1 de octubre refiriéndose a estas facultades señaló lo siguiente: ‘1. Facultad legislativa. El término facultad entendido como un poder de hacer, expresa en el ámbito legislativo la potestad de los órganos representativos de emitir leyes de carácter general y abstracto, cuyo contenido es normativo sobre determinada materia. En su sentido formal, este acto de emitir leyes debe provenir de un ente u órgano legitimado, es decir, representativo: Asamblea Legislativa Plurinacional o en su caso, los órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas con potestad de emitir leyes en las materias que son de su competencia. Cabe destacar, que esta potestad legislativa para las entidades territoriales -con excepción de la autonomía regional- no se encuentra reducida a una facultad normativo-administrativa, dirigida a la promulgación de normas administrativas que podrían interpretarse como decretos reglamentarios, pues esta interpretación no sería acorde al nuevo modelo de Estado compuesto, donde el monopolio legislativo ya no decanta únicamente en el órgano legislativo del nivel central, sino que existe una ruptura de ese monopolio a favor de las entidades territoriales autónomas en determinadas materias. Precisamente este es el cambio establecido por la Constitución cuando en su art. 272, otorga a las entidades territoriales autónomas el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el marco de su jurisdicción, competencias y atribuciones a través de sus gobiernos autónomos. Así, en el caso de la autonomía departamental, la facultad legislativa es la potestad de la asamblea departamental para emitir leyes departamentales en el marco de sus competencias exclusivas y leyes de desarrollo departamental en el marco de sus competencias compartidas. 2. Facultad reglamentaria. Entendida como la potestad de emitir normas reglamentarias para la aplicación de una ley, es decir, la que compete para completar la aplicación de las leyes. En efecto, esta facultad tiene por finalidad la emisión de reglamentos, entendidos como el conjunto de reglas o preceptos emitidos por autoridad competente, que tienden a posibilitar la ejecución de la ley, precisando las normas contenidas en las leyes sin contrariar ni ir más allá de sus contenidos y situaciones que regula. En este contexto, tanto la facultad legislativa como reglamentaria, emiten normas, sin embargo, la facultad reglamentaria se rige dentro de las líneas y contenidos establecidos por la ley, con la finalidad de su aplicación. En el caso de las entidades territoriales autónomas, esta facultad reglamentaria es ejercida por el órgano ejecutivo de la entidad territorial autónoma respectiva con relación a las leyes que se emitan. Esta facultad se justifica porque el órgano ejecutivo, es el que conoce de las capacidades económicas, presupuestarias, institucionales y recursos reales que se tiene para ejecutar la ley, por tanto, a través de la facultad reglamentaria se delimita con mayor precisión la forma y los recursos con los cuales se podrá aplicar la ley. 3. Facultad ejecutiva. Referida a la potestad de administrar la cosa pública, en el caso de las entidades territoriales autónomas será en el marco de las competencias exclusivas, compartidas o concurrentes. Esta facultad requiere de funciones técnicas y administrativas, para ejecutar la ley y las normas reglamentarias. Entonces, respecto de esta facultad el órgano ejecutivo ya sea del nivel central como de los gobiernos autónomos está encargado de toda la actividad administrativa, de la gestión pública en el ámbito de sus competencias. 4. Facultad fiscalizadora. Esta facultad se encuentra introducida por el art. 272 de la CPE, cuando confiere a los gobiernos autónomos las facultades legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora. Esta facultad tratándose de las entidades territoriales corresponde a la asamblea legislativa del gobierno autónomo correspondiente para controlar al órgano ejecutivo del mismo. Así en la autonomía departamental es ejercida por la asamblea departamental respecto del órgano ejecutivo en la gestión pública y el manejo de los recursos departamentales. 5. Facultad deliberativa. Es la capacidad de debatir y tomar decisiones sobre asuntos de interés de forma consensuada por los miembros de los entes legislativos correspondientes, es decir, respecto de la autonomía departamental por los miembros de la Asamblea departamental respecto de asuntos de interés departamental’. En el contexto señalado, es posible concluir que la distribución de competencias realizada por la Constitución se efectúa en relación a materias como salud, educación, transporte, etc., pero también con relación a las facultades (legislativa, reglamentaria, ejecutiva) que los niveles de gobierno deben ejercer en función de cada tipo de competencia (privativa, exclusiva, compartida y concurrente) y dentro de su jurisdicción, ello supone que la distribución competencial, sustentada en los principios rectores del régimen autonómico señalados supra, lleva consigo un alto grado de corresponsabilidad, teniendo en cuenta que la cesión de atribuciones y competencias del nivel central hacia los gobiernos autonómicos o subnacionales se encuentra orientada a beneficiar a los ciudadanos con una administración pública más efectiva y más cercana.
Conforme se ha señalado la configuración del Estado boliviano en un Estado Plurinacional con autonomías, implica el establecimiento de nueva estructura y organización territorial y funcional del Estado, basado en la distribución ordenada de funciones y asignación de competencias entre varios niveles de gobierno, para una óptima ejecución de políticas públicas. En ese sentido, la Constitución Política del Estado, en la Tercera Parte, Capítulo Octavo, delimita la distribución de competencias, efectivizando un sistema de reparto del poder político y administrativo entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Así, de conformidad con el art. 297 de la CPE se establecen cuatro tipos de competencias, que se encuentran definidas en el parágrafo I de dicha norma constitucional, conforme a lo siguiente: a) Competencias privativas. ‘Aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado’. De acuerdo con el mandato constitucional, en las competencias privativas únicamente el nivel central del Estado es el titular de las tres facultades; es decir, el nivel central: elabora la ley, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, reglamenta la ley y ejecuta la competencia a través del Órgano Ejecutivo. Ninguna de las facultades puede ser transferida ni delegada a otro nivel de gobierno. b) Competencias exclusivas. ‘Aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas’.
Lo precedentemente definido por la Constitución, supone que un nivel de gobierno, ya sea el nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas, tienen la titularidad de todas las facultades: legislativa, ejecutiva y reglamentaria, es decir, elabora la ley (órgano deliberativo), reglamenta la ley (órgano ejecutivo) y ejecuta la competencia (órgano ejecutivo), pudiendo transferir o delegar la reglamentación y la ejecución a otro nivel de gobierno. c) Competencias concurrentes. ‘Aquellas donde la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva’. Esto supone que el nivel central del Estado tiene la titularidad sobre la facultad legislativa, por lo tanto, elabora la ley a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto que la titularidad de la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva corresponde a las entidades territoriales autónomas. d) Competencias compartidas. ‘Aquellas en las que el nivel central del Estado elabora una ley básica (Asamblea Legislativa Plurinacional), sobre la cual las entidades territoriales autónomas elaboran la legislación de desarrollo (órganos deliberativos) de acuerdo a su característica y naturaleza…’, ley que debe estar sujeta a los preceptos que establece la ley básica, porque ésta contiene, los principios y regulación general sobre la materia, es decir, que este tipo de competencia tiene una titularidad compartida sobre la facultad legislativa, pues tanto el nivel central del Estado como las entidades territoriales autónomas son corresponsables de la legislación integral de este tipo de competencia. La reglamentación y ejecución es titularidad de las entidades territoriales autónomas, las mismas que deberán ejercerse bajo el marco legislativo desarrollado. Ahora bien, de la distribución de competencias realizadas en la Constitución Política del Estado entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, corresponde precisar que el Constituyente boliviano, ha preferido, a diferencia de otros modelos, establecer un catálogo competencial para el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, las mismas que se encuentran determinadas en nueve listas distribuidas a partir del art. 298 al 304 de la CPE, de acuerdo a la siguiente estructura: 1. Competencias privativas del nivel central (art. 298.I de la CPE, con veintidós competencias). 2. Competencias exclusivas del nivel central del Estado (art. 298.II de la CPE con treinta y ocho competencias). 3. Competencias compartidas entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (art. 299.I de la CPE, con siete competencias). 4. Competencias concurrentes ejercidas por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autonómicas (art. 299.II de la CPE, con dieciséis competencias). 5. Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales (art. 300.I de la CPE, con treinta y seis competencias). 6. Competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos (art. 302.I de la CPE, con cuarenta y tres competencias).
7. Competencias exclusivas de las autonomías indígena originario campesinas (art. 304.I de la CPE, con veintitrés competencias). 8. Competencias compartidas de las autonomías indígena originario campesinas (art. 304.II de la CPE, con cuatro competencias) 9. Competencias concurrentes de las autonomías indígena originario campesinas (art. 304.III de la CPE, con diez competencias). De este catálogo competencial, cabe advertir que la Constitución no establece competencias para las autonomías regionales pues de conformidad con lo previsto en el art. 280 de la CPE: ‘Sus competencias deben ser conferidas por dos tercios de votos del total de los miembros del órgano deliberativo departamental’. Asimismo, del análisis de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno, lo que ciertamente supone una obligatoriedad en la asunción de las competencias, sin que ello implique, tratándose de las competencias exclusivas, que éstas deban ser ejercidas de manera obligatoria de una sola vez, pues el ejercicio competencial debe ser entendido bajo el principio de gradualidad establecido en el art. 269 de la CPE, principio en virtud del cual las entidades territoriales autónomas ejercen efectivamente sus competencias de forma progresiva y de acuerdo a sus propias capacidades.
Bajo el nuevo régimen del proceso autonómico, y concretamente del texto constitucional se advierte una nueva tipología de las leyes que merece una referencia para el análisis del juicio de constitucionalidad, la misma que se extrae del análisis sistémico de la Constitución: En efecto, la Constitución hace referencia a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, conforme se infiere de su art. 271. A su vez el art. 275, hace referencia a los estatutos y cartas orgánicas como normas institucionales básicas de las entidades territoriales, y el parágrafo I del art. 297, se refiere a la legislación básica y la legislación de desarrollo como parte del ejercicio del tipo de competencia compartida, y finalmente el art. 410.II de la misma Norma Suprema se refiere a las leyes nacionales, legislación departamental, municipal e indígena. De lo precedentemente señalado, se establece la siguiente tipología constitucional en virtud del nuevo régimen autonómico: i) Norma Fundamental o Suprema (art. 410 de la CPE). ii) Ley marco (art. 271 de la CPE). iii) Leyes nacionales (art. 410 de la CPE). iv) Normas institucionales básicas (estatutos y cartas orgánicas art. 245 de la CPE). v) Legislación básica y legislación de desarrollo, como parte del ejercicio del tipo de competencia compartida (art. 297.I.4 de la CPE). vi) Legislación departamental, municipal e indígena (arts. 297.I.2 y 410.II de la CPE). En el contexto señalado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es una norma vertebral de un sistema autonómico diseñado a partir de cuatro tipos de autonomías, que configuran una sistema de gestión y administración del Estado complejo, cuestión que hace ineludible y necesaria una ley marco que permita un funcionamiento armónico del Estado compuesto plateado por el Constituyente, cual es el Estado Unitario Plurinacional con autonomías, máxime si los principios de unidad y de autogobierno no deben ser entendidos como equidistantes o contrapuestos, sino complementarios y convergentes. Ahora bien, en lo que respecta a la legislación básica, debe señalarse que ésta no está prevista para regular cualquier sector o materia, por el contrario, únicamente se desarrollará legislación básica y legislación de desarrollo sobre las siete competencias compartidas establecidas en el art. 299.I de la CPE, referidas al régimen electoral departamental y municipal, servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones, electrificación urbana, juegos de lotería y azar, relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado, establecimiento de instancias de conciliación ciudadana para la resolución de conflictos entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal, regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos. En tal sentido, cuando la norma se refiere a legislación básica, ésta es comprensiva únicamente de la competencia compartida, en este sentido, se entiende que el nivel central del Estado no podrá agotar la legislación de la competencia compartida, sin dejar ninguna actuación para la legislación de desarrollo, por cuanto en esta clase de competencias existe una doble titularidad en la facultad legislativa. Con este orden de ideas, los estatutos y cartas orgánicas son normas básicas institucionales en las cuales se debe contemplar el andamiaje institucional de la entidad territorial autónoma, las atribuciones de los órganos y las autoridades de las mismas, los parámetros sobre cómo se ejercerá la gestión y administración pública de su jurisdicción, las competencias asignadas por la Constitución sobre las cuales deberá enmarcarse la gestión de las entidades territoriales, los mecanismos de coordinación con los otros niveles de gobierno, los procedimientos para la reforma de la norma básica institucional, entre otros aspectos. Asimismo, es importante puntualizar que el parágrafo II del art. 410 de la CPE, al establecer la jerarquía normativa, no determina una escala respecto de los diferentes tipos de leyes, ni un orden jerárquico respecto a la leyes al determinar en el mismo nivel a las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena, con el advertido que la Norma Suprema establece que la aplicación de las normas jurídicas se realizará de acuerdo con las competencias de las entidades territoriales autónomas” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Dentro del Capítulo Segundo, del Título IV “Conflicto de Competencias” del Código Procesal Constitucional, se desarrollan la naturaleza jurídica y las condiciones procesales del Conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas y entre éstas. Así, en la Sección I “Disposiciones generales”, se prevé: “Artículo 92°.- (Procedencia) I. El conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas, procederá como conflicto positivo, cuando una de ellas entienda que la otra ejerce una determinada competencia que no le corresponde de acuerdo a la Constitución Política del Estado o la Ley.
II. Asimismo, procederá como conflicto negativo, cuando ninguno de estos Niveles asuma las competencias atribuidas por la Constitución Política del Estado o la Ley” (el resaltado es nuestro).
Dicha disposición, que contempla el mecanismo procesal de conflicto de competencias entre los diferentes niveles de gobierno en el Estado Plurinacional con autonomías, deviene precisamente de esa condición; es decir, de la coexistencia de entidades territoriales autónomas departamentales, regionales, municipales e indígenas, en el ejercicio de sus facultades conferidas por el reparto competencial primario establecido en la Norma Fundamental y secundario en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”; cuyos alcances son desarrollados por sus Estatutos o Cartas Orgánicas propias. Es así que, tomando en cuenta la estructura y organización territorial del Estado Plurinacional, que contempla niveles autonómicos que no se encuentran subordinados entre sí, sino que tienen igual rango constitucional (art. 276 de la CPE); el mecanismo de conflicto competencial entre ellos, se configura un proceso mediante el cual, la justicia constitucional se pronuncia declarando competente al nivel central o subnacional para el ejercicio de determinada competencia, ya sea porque las entidades territoriales en conflicto se creen titulares de ella (conflicto positivo de competencias), o al contrario, ninguna asume la competencia atribuida por la Norma Fundamental (Conflicto negativo de competencias). A dicho efecto, para el análisis del conflicto competencial, se considera la “Tipología” o distribución de competencias contenida en el art. 297 y ss. de la CPE y referida en los Fundamentos Jurídicos anteriores de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, tanto para el nivel central, los gobiernos descentralizados y autónomos, departamentales, regionales, municipales e indígenas originario campesinos, todos autónomos; debiendo tomarse en cuenta, los siguientes elementos:
i) Sobre las competencias privativas, que el nivel central del Estado posee el monopolio de las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva sobre las veintidós materias enlistadas en el artículo 298.I. de la CPE; las mismas que tienen alcance territorial nacional Estatal y por lo tanto, por ningún motivo pueden ser delegadas o transferidas a los niveles subnacionales de gobierno. De modo que sólo el Nivel Central del Estado es titular de competencias privativas y ningún otro gobierno autónomo puede ejercer las potestades mencionadas sobre las competencias prescritas en el artículo 298.I de la CPE.
ii) Sobre las competencias exclusivas, donde los niveles de gobierno
–central, departamental, municipal e indígena originario campesino– poseen el monopolio de la facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva sobre un conjunto determinado de competencias; las que puede transferir o delegar en cuanto a la reglamentación y ejecución, ya sea desde el nivel central del Estado a favor de los gobiernos departamentales y/o de los municipios y/o de las autonomías indígenas; o bien, desde un gobierno departamental, que decida trasferir sus facultades a los municipios y/o a los Territorios indígena Originarios Campesinos (TIOC).
iii) Sobre las competencias concurrentes, en las que la facultad legislativa queda en manos del nivel central del Estado y los niveles subnacionales son titulares de las facultades reglamentaria y ejecutiva, que pueden ejercerlas de manera simultánea entre dos o más niveles de gobierno; de modo que se reserva la legislación, como un todo, para el nivel central del Estado, es decir, que los órganos legislativos de los niveles subnacionales, no tienen potestad para emitir ningún tipo de regulación, quedando únicamente el órgano ejecutivo de estos niveles, facultado para la reglamentación y ejecución de dichas competencias.
iv) Sobre las competencias compartidas, que asumen que la legislación básica le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, como único órgano legislativo cuyas normas tienen alcance Estatal; mientras que la legislación de desarrollo es aprobada por los órganos legislativos de los gobiernos subnacionales, que tienen facultad legislativa de desarrollo de alcance únicamente en su jurisdicción.
Las potestades reglamentaria y ejecutiva quedan bajo responsabilidad de los órganos de la entidad territorial cuya instancia legislativa sancione la ley de desarrollo, la misma que se funda inexcusablemente en la Ley del nivel central del Estado que regule las siete competencias compartidas prescritas en el art. 299.I de la CPE.
A esto, se debe añadir que la demanda de conflicto competencial entre el nivel central del Estado y los niveles subnacionales, o entre éstos, no sólo radica en pretender que en sede constitucional, se declare al nivel estatal competente para el ejercicio de la potestad reclamada, pues aquello significaría únicamente efectuar el cotejo de las asignaciones competenciales; sino también, radica en definir el alcance de cada competencia (privativa, exclusiva, concurrente o compartida) según la actividad otorgada por el legislador constituyente a cada competencia asignada a los niveles estatales. Así, del catálogo competencial, se hace evidente que el legislador constituyente, ha efectuado una distinción de las acciones que deben asumirse para ejecutar cada competencia, según se trate de establecer el régimen o la política de la materia asignada; o bien, se disponga la realización de otras actividades emergentes del poder estatal (seguridad ciudadana, fuerzas armadas, etc.), o de la gestión de servicios públicos y su suministro (alumbrado público, agua potable); y finalmente, la asignación de competencias sobre bienes públicos de interés nacional. Para Carlos Böhrt Irahola, en su libro “Herramientas para la construcción del Estado autonómico en Bolivia”, pág. 32, dicha distinción no es anodina, pues distingue: “Cualquier lectura atenta de los catálogos competenciales de la Constitución encontrará invariablemente en ellos cinco tipos de materias: (i) Regímenes (ii) Políticas, instrumentos y actividades técnicas y económicas (iii) Servicios y suministro de servicios (iv) Las materias que resultan del ejercicio del poder estatal y otras actividades públicas (v) Bienes concretos y disposición de bienes públicos Estas categorías ayudan a visualizar los alcances competenciales diferentes de los ítems consignados en los catálogos de la Constitución…”. Así, el indicado autor, señala al respecto que, por Régimen, se entiende: “…al conjunto de principios, normas, procedimientos y organismos que rigen una materia o actividad determinada. Es un concepto globalizador que abarca las dimensiones normativa, institucional y procedimental. El texto constitucional habla, en unos casos, de ‘régimen general’, y en otros de ‘régimen’ a secas, pudiendo deducirse que con esta última fórmula lacónica se estaría refiriendo a regímenes sectoriales de alcance completo, es decir, con disposiciones generales y particulares. Queda claro que, a la inversa, cuando la Constitución adjudica a algún nivel de gobierno el establecimiento del ‘régimen general’, está asignando implícitamente a otro nivel de gobierno –o podría ser el mismo, pero a un órgano de gobierno diferente– la potestad de aprobar el ‘régimen particular’” (pág. 47).
Mientras que, con relación a Políticas, indica: “…‘corrientemente se denomina política o políticas a las líneas de acción o directrices que se adoptan en una materia determinada, precisando los objetivos a alcanzar, el orden de despliegue de las acciones, los recursos involucrados y la población objetivo. El diseño de las políticas suele incluir metas e indicadores de medición del cumplimiento de los objetivos y metas’. También en el caso de las políticas, unos pasajes de la Constitución hablan de ‘políticas generales de algún sector, en tanto que otros utilizan el vocablo totalizador de ‘política’, aunque siempre referido a un sector determinado, por supuesto. Caben aquí razonamientos semejantes a los realizados en el caso de los regímenes sobre las relaciones entre las políticas generales y las específicas o particulares, así como los repartos competenciales explícitos e implícitos a que dan lugar. Conviene, no obstante, añadir una consideración importante: tanto los regímenes como las políticas son algo diferente a la materia sobre la que se aplican. Esa independencia relativa de las materias en relación a los regímenes y políticas es lo que facilita que, en los repartos competenciales de la Constitución, en varios casos, la materia haya quedado en manos de un nivel de gobierno, y en otro distinto la definición del marco normativo-institucional y de las políticas” (pág. 48). Por su parte, sobre los servicios y su suministro, que comprende la educación, la salud, la telefonía, la electricidad, etc., se indica que hacen referencia a “…organizaciones sociales dedicadas a realizar actividades por encargo de otras personas o a suministrarles algún bien para satisfacer ciertas necesidades, utilizando en ese cometido importantes recursos materiales, financieros y humanos. Se trata, por ello, de actividades y organizaciones sociales estructuradas bajo modalidades diversas y crecientemente complejas”, acotando que “cada uno de estos servicios será gestionado en función de una matriz particular de reparto competencial, tanto desde el punto de vista territorial como funcional” (págs. 48 y 49). En cuanto a las materias que resultan del poder estatal y otras actividades públicas, indica: “Como se sabe, el Estado encuentra justificación para su existencia en función de la preservación de la cohesión interna de la sociedad y de la resolución de los conflictos que se desatan en su seno, así como en la necesidad de preservar su territorio. El Estado es el encargado de velar por la seguridad interna y externa de la sociedad y, por supuesto, de las personas, para cuyo cumplimiento organiza e implementa diversas actividades. El nivel de abstracción en el que se encuentran definidas estas materias es semejante al del grupo anterior. En suma, existen en la sociedad varias actividades y servicios que resultan del mero ejercicio del poder estatal. Por ello, se explica que la mayoría de las materias de este grupo respondan a competencias privativas y exclusivas del nivel central del Estado. Prácticamente la única excepción a esta regla de entre las materias de vuelo nacional parece ser la ‘seguridad ciudadana’ que, por razones fáciles de entender, aparece registrada en los cuatro niveles territoriales de gobierno” (pág. 50). Finalmente, sobre las materias relativas a bienes concretos y disposición de bienes públicos, indica: “Las materias que figuran en este subconjunto, como su nombre lo indica, son concretas. Se trata de la administración de bienes materiales, desde recursos naturales estratégicos hasta la construcción de la infraestructura física en las diferentes unidades territoriales del país. Tratándose de bienes concretos, cuando quedan en manos del nivel central del Estado, la fórmula utilizada por la Constitución implica la reserva competencial del bien en cuestión como una totalidad, es decir que todas las dimensiones y funciones de ese bien quedan bajo competencia del nivel nacional. En esa situación se encuentran especialmente los hidrocarburos, otros recursos naturales estratégicos y las armas de fuego y explosivos. La reserva competencial plena se explica porque el nivel nacional es el titular de las potestades legislativa y reglamentaria, las que se traducirán en el régimen, las políticas y las formas concretas de uso y aprovechamiento de esos bienes” (pág. 50). En consecuencia, el conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas, se constituye en un mecanismo procesal de control competencial, que tiene por propósito que se dirima el conflicto y se declare competente a un determinado nivel del Estado y se defina el alcance del ejercicio de la competencia controvertida; determinándose su titularidad según el catálogo competencial fijado por la Constitución Política del Estado y la ley, en aquellos casos en los que, al ejercer las facultades legislativa, ejecutiva, reglamentaria, fiscalizadora o deliberativa sobre determinada competencia, u omitir su ejercicio, se genere un conflicto debido a que un estamento invade el ámbito competencial de otro y que según el caso, pueden terminar por declarar la invalidez de los actos impugnados, o bien, cuando ninguno realiza la competencia que le fue asignada, la declaratoria de competencia importará la obligatoriedad de ejercerla en el marco del principio de gradualidad.
Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas a) Legitimación activa
Establecida la naturaleza jurídica del conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas, resulta evidente que sean tanto el nivel central del Estado como las entidades territoriales autónomas las legitimadas para su interposición. Así, el art. 94 del CPCo, establece: “Tienen legitimación para plantear o para que le sean planteados conflictos de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas:
1. La Asamblea Legislativa Plurinacional y los Órganos Deliberativos de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, cuando el conflicto se formule sobre competencias legislativas. 2. El Gobierno y los Órganos Ejecutivos de las Entidades Territoriales Autónomas, cuando el conflicto se formule sobre competencias reglamentarias y de ejecución. 3. Las autoridades de las Autonomías Indígenas Originarias Campesinas, cuando el conflicto se formule sobre sus competencias”.
Debiendo cumplir la parte demandante, con las “Normas comunes en las acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencias, consultas y recursos”, establecidas en los arts. 24 a 28 del CPCo; es decir, el contenido de la demanda, el cumplimiento de plazos en los procedimientos específicos, la fundamentación jurídico constitucional suficiente, entre otros. Y en su caso, con la facultad de solicitar la suspensión de la competencia cuestionada, como lo prevé el art. 96 del CPCo, cuando se trate de conflictos positivos de competencia. Al respecto, debe considerarse que el citado art. 94 del CPCo, en su texto es taxativo al establecer la legitimación activa, con la que cuentan el gobierno central, los gobiernos sub nacionales y las Autonomías Indígena Originaria Campesinas (AIOC), a través de su órganos legislativo o ejecutivo, de acuerdo al tipo de facultad del que se trate, pudiendo promover el conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y entre estas, por medio de sus representantes legalmente elegidos, por cuanto se trata de órganos colegiados. Ahora bien, respecto a la suficiente legitimidad en la representación, la norma adjetiva constitucional no establece otro requisito o presupuesto que pueda validar y efectivizar el apersonamiento e intervención del Presidente del Concejo Municipal o en su caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional o Departamental, a efectos de promover el conflicto de competencias, sobreentendiendo que su participación es a título del órgano legislativo sea municipal, departamental o nacional, siendo suficiente su acreditación como autoridad legalmente designada, supuesto que por otra parte resulta razonable, atendiendo a la presunción de legalidad y legitimidad y la institucionalidad de cada órgano y nivel de gobierno. Los criterios vertidos se plasman en el Código Procesal Constitucional, que para el caso del conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las ETAs, no prevé ninguna otra norma que disponga la necesidad de contar con la aprobación o autorización previa por parte de los componentes del órgano colegiado, a efectos de presentar la demanda; como ocurre por ejemplo, con el “conflicto de competencias y atribuciones entre órganos del poder público” (art. 89 del CPCo), que taxativamente prevé que, para la formulación de la referida acción constitucional, en caso de órganos colegiados, “se requerirá la aprobación por mayoría simple de sus miembros para la presentación de la demanda”. Este razonamiento fue aplicado en la SCP 0076/2023 de 8 de agosto, que, ante una observación efectuada por el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, respecto a la legitimidad de la parte demandante, a efectos de promover el conflicto positivo de competencias, promovido por el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional contra la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz; este Tribunal razonó en el entendimiento de que el requisito de la aprobación o autorización de los miembros del órgano colegiado hacia su Presidente (previsto por el art. 89 del CPCo), no es aplicable al conflicto positivo de competencias entre el nivel central del Estado y la ETA departamental de Santa Cruz, al no estar expresamente prevista en la norma esta exigencia; por lo que, no se asintió respecto a dicha observación efectuada por el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. b) Procedimiento previo para los conflictos de competencias positivos y negativos Al respecto, en lo que concierne al conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas, la Sección II del Capítulo II del Título IV “Conflictos de Competencias” del Código Procesal Constitucional, hace referencia a los “Conflictos positivos de competencias” entre estamentos autónomos y descentralizados; mismo que se da, cuando las entidades territoriales autónomas en conflicto, se arrogan para sí la titularidad sobre las mismas competencias. En ese contexto, el procedimiento previo previsto por el art. 95 del CPCo, dispone:
I. La autoridad o autoridades que se consideren afectadas requerirán al Órgano correspondiente, que el acto cuestionado sea derogado o declarado nulo. II. El requerimiento de incompetencia se formulará dentro de los veinte días siguientes al conocimiento del acto por parte de la autoridad o autoridades que se consideren afectadas, dirigido a la persona representante del Órgano correspondiente. III. En el requerimiento se precisarán los preceptos de la disposición o los puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia, así como las disposiciones legales o constitucionales que se consideren vulneradas. IV. El Órgano correspondiente resolverá en forma motivada el requerimiento dentro de los siete días siguientes a su recepción, aceptando o rechazándolo, sin recurso posterior. V. Una vez notificado el rechazo del requerimiento, o vencido el plazo anterior sin que se hubiera emitido resolución, la autoridad que se considere afectada podrá interponer, en el plazo de quince días, la demanda de conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. En tal sentido, el legislador previó que, para conflictos positivos la formulación del requerimiento de incompetencia se formule dentro de los veinte días siguientes de conocido el “acto” por parte de la autoridad o autoridades que se consideren afectadas. Debiendo considerarse al respecto, que el término utilizado, es decir, la palabra “acto”, comprende todas las actuaciones ejercidas en el ámbito facultativo competencial; por lo que corresponderá analizar en cada caso, el conocimiento efectivo del “acto” por la autoridad afectada, debido a que por una parte, las actuaciones de los estamentos autonómicos se circunscriben dentro de su jurisdicción, y por otra, a que coexisten multiplicidad de actos cotidianos que emergen del despliegue de sus facultades; por lo tanto, en mérito al principio de lealtad institucional, en cuya virtud es preciso tomar en cuenta el impacto de las acciones de cada estamento autonómico sobre el nivel central del Estado y otras entidades territoriales, se hace preciso considerar el conocimiento efectivo del acto facultativo cuya competencia se observa, para definir en principio, a qué estamento corresponde su potestad de realización y como consecuencia de ello, declarar la nulidad de aquellos actos ejercidos sin competencia; como se ordena por el art. 122 de la CPE, y la naturaleza del control competencial, detallada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Debiendo considerarse en este ámbito de regulación, la definición de “acto”, como un acto legislativo que equivale a una ley emitida por el órgano deliberativo del nivel central, departamental o municipal, que se diferencia superlativamente de un “acto” propiamente dicho, que puede ser considerado como un instrumento administrativo, que emana del órgano ejecutivo del gobierno central y de los gobiernos sub nacionales, así se tiene un decreto o una resolución administrativa, por ejemplo. Teniéndose por previsión de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en su Título VII “Coordinación entre el nivel central del estado y las entidades territoriales autónomas”, como mecanismos e instrumentos de coordinación respecto al ejercicio competencial de los estamentos del Estado Plurinacional, al Consejo Nacional de Autonomías, que se reúne de forma ordinaria dos veces al año (arts. 122 y ss. de la LMAD); y al Servicio Estatal de autonomías, que se constituye en un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las entidades territoriales autónomas y al nivel central del Estado en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías establecido en la Constitución Política del Estado, con atribuciones en los ámbitos competencial, económico financiero, normativo y de la información; que son los conductos a través de los cuales, se coordina, consulta, delibera, concierta, informa y sistematiza la realización de las competencias por todos los niveles del Estado. Por su parte, la Sección III del mismo apartado normativo, regula el procedimiento previo para los “Conflictos negativos de competencias”, que emerge los niveles del Estado en conflicto, desconocen su titularidad sobre una determinada competencia;
así, el art. 97 del CPCo, establece lo siguiente:
“I. La autoridad o autoridades que se consideren afectadas por la falta de ejercicio de una competencia, requerirán al Órgano responsable el ejercicio de la misma. II. El requerimiento de ejercicio de competencia, se formulará en cualquier momento por parte de la autoridad o autoridades que se consideren afectadas, dirigiéndolo a la persona representante del Órgano correspondiente. III. En el requerimiento se precisarán las disposiciones constitucionales o legales que se consideren omitidas. IV. El Órgano correspondiente resolverá en forma motivada el requerimiento dentro de los siete días siguientes a su recepción, aceptando o rechazándolo, sin recurso posterior. V. Una vez notificado el rechazo del requerimiento, o vencido el plazo anterior sin que se hubiera emitido resolución, la autoridad que se considere afectada podrá interponer, en el plazo de quince días, la demanda de conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional”. Asimismo, la norma procesal constitucional prevé que este tipo de conflicto competencial negativo entre entidades territoriales, proceda por declinatoria; es decir, cuando la autoridad o autoridades representantes de algún nivel del Estado, se declaren no competentes para resolver una pretensión solicitada por una persona natural o jurídica, por entender que esta competencia corresponde a otro estamento.
Así, una vez agotada la vía administrativa por parte de la persona natural o jurídica afectada por la omisión del ejercicio de una competencia, corresponde a la autoridad o autoridades que se consideren sin competencia, requerir en el plazo de 7 días de notificado el último acto administrativo, a su similar respecto al cual asume responsable de la competencia en cuestión, para que ésta sea ejercitada. En todos los casos, luego de la resolución que rechace el requerimiento -ya sea positivo o negativo de competencias- o por la omisión de pronunciamiento de la autoridad requerida, el representante del nivel estatal afectado, podrá interponer la demanda de conflicto de competencias en el plazo de quince días computables desde la notificación con la referida resolución de rechazo o tras el vencimiento del término para su emisión, tal como lo prevén los citados arts. 95, 97, y 98 del CPCo. c) Procedimiento conciliatorio en los conflictos de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas y entre éstas Al procedimiento previo señalado en el apartado anterior, que se encuentra previsto por el Código Procesal Constitucional, las entidades territoriales en conflicto pueden acudir alternativamente y en la vía conciliatoria ante el Servicio Estatal de Autonomías; como lo prevé el art. 69 de la LMAD, modificado por el art. 2.IV de la Ley 1198 de 14 de julio de 2019, que indica:
“Artículo 69. (CONFLICTOS DE COMPETENCIAS).
I. Los conflictos de asignación, transferencia, delegación o ejercicio de competencias que se susciten entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, o entre estas, podrán resolverse por la vía conciliatoria ante el Servicio Estatal de Autonomías, mediante convenio de conciliación que deberá ser refrendado por los órganos deliberativos correspondientes. Esta vía administrativa no impide la conciliación directa entre partes.
II. Agotada la vía conciliatoria, los conflictos de competencias serán resueltos por el Tribunal Constitucional Plurinacional”. Procedimiento que por su naturaleza conciliatoria y de voluntariedad de las partes, no está sujeto a plazo procesal alguno, por lo que debe entenderse que puede suscitarse en cualquier tiempo, inclusive en trámite del procedimiento previo previsto en los arts. 95, 97 y 98 del CPCo, hasta la interposición del conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; ya que en este supuesto, se entiende que efectivamente existe una controversia insubsanable en la vía conciliatoria para el ejercicio de las competencias conferidas por la Norma Fundamental, que podría incidir en los intereses de los administrados y del Estado, misma que requiere el pronunciamiento de la justicia constitucional.
d) Forma de resolución
Tomando en cuenta que el Conflicto –positivo o negativo– de Competencias entre el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas y entre éstas, se formula sobre competencias legislativas (cuando las partes son los órganos deliberativos de los Niveles del Estado); reglamentarias y de ejecución (cuando las partes son los órganos ejecutivos de los Niveles del Estado); y sobre competencias propias de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas; la forma de resolución variará, según se trate de las competencias en disputa; pues si bien la finalidad de este proceso constitucional es declarar competente a un determinado Nivel del Estado sobre la o las competencias demandadas, los efectos de dicha decisión conllevarán la nulidad del acto (si se tratan de conflictos positivos de competencia), o bien, se ordenará la ejecución de la competencia omitida cuando corresponda (cuando se trate de conflictos negativos de competencias). En ese orden, y siguiendo lo establecido en el art. 94 del CPCo, se distingue que la legitimación para el planteamiento del conflicto de competencias entre el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas y entre éstas, se diseña en función de la naturaleza de la competencia en controversia. Así, cuando se trate de competencias legislativas, tienen legitimación los órganos deliberativos de los Niveles Estatales, que precisamente son los que la ejercen. En consecuencia, la Sentencia Constitucional Plurinacional a emitirse por este Tribunal, declarará competente al órgano deliberativo de un determinado Nivel Estatal, y por efecto de esta determinación, –en casos de conflictos positivos de competencia–, la nulidad de la legislación que hubiera sido emitida en ejercicio indebido de la competencia en cuestión; y, en casos de conflictos negativos de competencia, ordenará –cuando corresponda– que el Órgano deliberativo declarado competente, ejecute su facultad legislativa. Cuando el Conflicto entre el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas y entre éstas, verse sobre competencias reglamentarias y de ejecución, cuyas partes son el Gobierno y los Órganos Ejecutivos de las ETA’s, el Tribunal Constitucional Plurinacional dictará Sentencia Constitucional Plurinacional declarando competente a uno de ellos, y por efecto de esta determinación –en casos de conflictos positivos de competencia– la nulidad de la reglamentación; mientras que, en casos de conflictos negativos de competencia, ordenará –cuando corresponda– que el Gobierno o el Órgano Ejecutivo de las ETA’s declarado competente, ejecute las facultades reglamentaria y ejecutivas que hubieran sido observadas.
El Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, suscita conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, debido a que este último órgano legislativo municipal, sancionó la Ley Municipal Autonómica 097 de 20 de julio de 2021, que en sus artículos Primero, Segundo, Tercero y Sexto, transgrede el régimen competencial asignado por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización a favor del nivel central del Estado, respecto a la facultad legislativa sobre competencias privativas, exclusivas y concurrentes, vinculadas fundamentalmente a las materias de minería, medio ambiente, recursos naturales estratégicos y áreas protegidas. Planteada la problemática suscitada en la presente demanda de conflicto positivo de competencias entre el nivel central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas; cabe establecer que el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional –ahora demandante-, el 18 de agosto de 2023, asumió conocimiento del contenido de la Ley 097 de 20 de julio de 2021, sancionada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, provincia Caranavi del departamento de La Paz, mediante la nota CITE:ALP/ACF/BN-MAS.IPSP/Nº481/2022-2023 de 16 de agosto; razón por la que el 15 de septiembre de 2023 (dentro del plazo previsto por el art. 95.II del CPCo.), formuló ante el referido Concejo Municipal de Alto Beni, “Requerimiento de derogación de Artículos de la Ley Municipal que indica”, específicamente de los arts. Primero, Segundo y Sexto de la mencionada Ley 097, respecto a las competencias privativas, exclusivas y concurrentes que rigen en cuanto a la temática ecológica y minera, solicitando que las mismas sean adecuadas a las Políticas Generales de biodiversidad y manejo de recursos naturales estratégicos (Conclusiones II.1, II.2 y II.3). En ese contexto, habiéndose admitido por este Tribunal el conflicto positivo de competencias planteado, corresponde verificar si los fundamentos que sustentan la demanda son evidentes, con la finalidad de resolver conforme a derecho la asignación competencial respecto a los artículos observados de Ley Municipal Autonómica 097 de 20 de julio de 2021; no obstante, previamente a ingresar al análisis del caso concreto, corresponde efectuar algunas puntualizaciones respecto a dos temáticas concretas, acorde a la posición sustentada por la parte demandada.
Tomando en cuenta los alegatos presentados por el Concejo Municipal del GAM de Alto Beni, corresponde efectuar dos puntualizaciones respecto al conflicto positivo de competencias promovido por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, referido a: 1) Con relación al cumplimiento de lo previsto por el art. 95.II del CPCo., que establece un plazo perentorio de 20 días a efectos de formular el requerimiento de incompetencia, plazo que habría sido incumplido por la parte demandante, por cuanto la demanda fue planteada dos años y cuatro meses después de que entró en vigencia la Ley Municipal Autonómica observada; y 2) Respecto al cumplimiento del art. 89 del CPCo, que dispone la formulación del conflicto de competencias, con la necesaria aprobación previa por mayoría simple, cuando se trata de órganos colegiados, aspecto que la parte demandante habría incumplido, actuando unilateralmente. Con referencia al punto 1), debe considerarse que, no obstante, de haberse superado la etapa procesal de verificación de los requisitos de admisión por parte de la Comisión de Admisión; corresponde hacer mención al contenido del Fundamento Jurídico III.3.1.b) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al cumplimiento del procedimiento previo a la formulación del conflicto positivo de competencias, relacionado ínsitamente con el art. 95 del CPCo, que establece:
“Artículo 95. (PROCEDIMIENTO PREVIO). I. La autoridad o autoridades que se consideren afectadas requerirán al Órgano correspondiente, que el acto cuestionado sea derogado o declarado nulo. II. El requerimiento de incompetencia se formulará dentro de los veinte días siguientes al conocimiento del acto por parte de la autoridad o autoridades que se consideren afectadas, dirigido a la persona representante del Órgano correspondiente …” (Las negrillas son añadidas).
En ese lineamiento, se advierte que la disposición legal expresamente hace referencia al conocimiento del “acto” cuestionado, presupuesto que debe establecerse de manera objetiva y concreta, a efectos de resguardar el cumplimiento del procedimiento establecido por el art. 95 del CPCo. y su finalidad; por lo que, en tal sentido, la alegación del Concejo Municipal del GAM de Alto Beni, respecto a que la parte demandada, hubiera asumido conocimiento de la Ley 097 a partir de su entrada en vigencia, hace más de dos años atrás, se constituye en un asidero inconsistente, si se considera que el ámbito autonómico dentro del cual se desenvuelve el accionar de una Entidad Autónoma Territorial (ETA), se encuentra enmarcado por el art. 272 de la CPE, que textualmente refiere:
“Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones” (Las negrillas se agregaron). La disposición constitucional transcrita es clara y taxativa en cuanto a establecer el ámbito material de ejercicio y aplicación de las facultades asignadas a cada ETA, en el caso presente al GAM de Alto Beni, que circunscribe su accionar en ejercicio de la autonomía municipal, solo a la jurisdicción del municipio de Alto Beni, razonamiento a partir del cual, no puede preverse que el máximo representante de la Asamblea Legislativa Plurinacional, haya podido tener conocimiento efectivo e inmediato de la Ley Municipal Autonómica 097, una vez fue promulgada, toda vez que la referida Ley, en interpretación del citado art. 272 de la Norma Suprema, surtió efectos de cumplimiento y obligatoriedad una vez publicada en el ámbito municipal de Alto Beni; pero no así con relación a la jurisdicción nacional y específicamente con relación al nivel central del Estado. En tal sentido, de una revisión de antecedentes procesales, se advierte que la autoridad demandante, asumió conocimiento efectivo y concreto de la existencia de la Ley 097, a momento de que se le hizo llegar la nota CITE:ALP/ACF/BN-MAS.IPSP/Nº481/2022-2023, en fecha 18 de agosto de 2023 (Conclusiones II.1), constituyéndose éste, en el acto administrativo objetivo y concreto por el que se cumple con el presupuesto previsto por el procedimiento previo y a partir del cual debe computarse el plazo de 20 días con la finalidad de efectuarse el requerimiento de incompetencia como presupuesto necesario para promoverse el conflicto positivo de competencias. En consecuencia, se advierte que la parte demandante, el 15 de septiembre de 2023, presentó ante el Concejo Municipal del GAM de Alto Beni, el requerimiento de derogación de los arts. Primero, Segundo, Tercero y Sexto de la Ley 097, concluyéndose que este actuado se enmarcó en el plazo previsto por el art. 95.II del CPCo, efectuando el cómputo respetivo de acuerdo a lo establecido por el art. 25.I del CPCo. No obstante; se advierte la necesidad de profundizar la coordinación e información sobre la ejecución de las competencias que les fueron conferidas a los niveles de gobierno, a través de la publicación de la legislación nacional y autonómica por el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) que en ejercicio de sus atribuciones en el ámbito normativo (conforme al art. 129.III de la LMAD), administra el registro de normas emitidas por las entidades territoriales autónomas y por el nivel central del Estado, en relación con el régimen autonómico; además de tener la atribución de generar informes técnicos recomendando iniciativas de compatibilización legislativa. En cuanto al punto 2), respecto a la alegación por el que la parte demandada manifiesta que se habría incumplido con la previsión contenida en el art. 89 del CPCo, que establece como requisito previo, la aprobación por mayoría simple del órgano colegiado, para recién poder formular el conflicto de competencias; debe considerarse el Fundamento Jurídico III.3.1, del presente fallo constitucional, referido a los “Aspectos procesales sobre el conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas”, específicamente en lo que concierne a la “legitimación activa”, en la cual se establece que debe darse aplicación estricta a lo previsto por los arts. 92 a 99 del CPCo, que establecen el marco regulatorio sobre la legitimación activa, la procedencia y el procedimiento para interponer la respectiva demanda; normativa en la cual, a diferencia de lo que ocurre con el “conflicto de competencias y atribuciones entre órganos del poder público” (art. 89 del CPCo), no se exige una previa autorización por parte de los miembros del órgano colegiado (sea Concejo Municipal, Asamblea Legislativa Plurinacional o Departamental), a efectos de la demanda. En consecuencia, en aplicación del señalado criterio jurisprudencial, se emitió la SCP 0076/2023 de 8 de agosto, la cual ante una observación efectuada por el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, respecto a la legitimidad de la parte demandante, a efectos de promover el conflicto positivo de competencias, promovido por el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional contra la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz; este Tribunal razonó en el entendimiento de que el requisito de la aprobación o autorización de los miembros del órgano colegiado hacia su Presidente (previsto por el art. 89 del CPCo), no es aplicable al conflicto positivo de competencias entre el nivel central del Estado y la ETA departamental de Santa Cruz, al no estar expresamente prevista en la norma esta exigencia; por lo que, no se asintió respecto a dicha observación efectuada por el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. En ese lineamiento, respecto a la pretendida aplicación del art. 89 del CPCo, corresponde dar cumplimiento a la jurisprudencia precedentemente referida y además considerarse que dicha disposición forma parte del ámbito regulatorio previsto para el “conflicto de competencias y atribuciones entre órganos del poder público”; por lo que no corresponde su aplicación en el caso presente, careciendo de argumento valedero la observación efectuada por la parte demandada; correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis del caso.
TEXTO DE LA DISPOSICIÓN “ARTÍCULO PRIMERO.- (DECLARACIÓN). A través de la presente disposición DECLARAR AL MUNICIPIO ECOLÓGICO DE ALTO BENI COMO MUNICIPIO LIBRE DE LA ACTIVIDAD Y CONTAMINACIÓN MINERA, en toda la jurisdicción territorial del Municipio conforme las colindancias, ubicación geográfica, descripción de límites, coordenadas y comunidades establecidas por la Ley Nº4131, 23 de diciembre de 2009”. Respecto a esta disposición, el promotor del conflicto de competencias, manifiesta que, toda vez que el municipio de Alto Beni, se atribuye la competencia exclusiva del nivel central del Estado, previsto por el art. 298.II.4 de la CPE, referido a la restricción, prohibición y desarrollo de toda actividad minera en su ámbito territorial, sin tomar en cuenta que el manejo, concesión de uso, exploración y explotación en materia de minería es una atribución del nivel central del Estado. De esa forma, al declararse la libertad de la actividad minera –la parte demandada- actúa como si se tratase de un deliberante y legislador nacional, quebrantando el citado art. 298.II.4 de la CPE. Por ello, debe considerarse que, no se transfirió la facultad reglamentaria al GAM de Alto Beni en materia de minería, relacionada con la libertad de la actividad minera; toda vez que, si bien la finalidad de la disposición puede no ser nada reprochable, su fin teleológico no está en discusión; sino, la arrogación de una competencia. Del alcance competencial general respecto de la materia objeto de regulación del artículo Primero de la Ley 097 De una lectura del contenido del art. Primero de la Ley Autonómica Municipal 097 y tomando en cuenta la alocución efectuada por la parte demandante; se establece que su contenido en esencia se orienta hacia una disposición de carácter “declarativo”, bajo el epígrafe de “DECLARACION”, tiene como objeto de regulación la manifestación de voluntad respecto a declarar su jurisdicción municipal libre de actividad y contaminación minera, comprendiéndose que esta intencionalidad deviene de su naturaleza institucional como municipio “ecológico”, conforme se encuentra regulado en su COM, al haberse autoidentificado bajo esas cualidades propias, sin entrar a regular de manera expresa con referencia a la actividad minera, en cuyo caso si se afectaría el alcance competencial respecto al nivel central del Estado. En tal sentido, es menester referirse en primera instancia al alcance competencial que implica la materia de regulación contenida en el art. Primero de la Ley 097, esto en razón de establecer con posterioridad si evidentemente regula con relación a una competencia que no le corresponde o determinar que el GAM de Alto Beni es competente con relación a la materia de regulación. En ese lineamiento y en consideración del Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debe partirse de la definición y contenido de la autonomía, como parte de la nueva visión de Estado, que conlleva la descentralización de facultades y funciones desde el nivel central del Estado hacia los niveles sub nacionales. En ese sentido, el art. 272 de la CPE, establece los alcances y características de la “autonomía”, conforme a la nueva visión de Estado a partir de las nuevas directrices y orientación política, administrativa, social y económica del aparato estatal en todo nivel gubernativo, manifestándose que:
“Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones” (Las negrillas se agregaron).
Dentro de este marco regulatorio, se advierte que los gobiernos sub nacionales, en ejercicio de su autonomía podrán legislar o regular con relación a materias de su competencia, con efectos legales dentro de su ámbito jurisdiccional y con relación a sus habitantes. En ese entendimiento, resulta admisible que en el contenido regulatorio de la normativa sub nacional, se incorporen elementos que estén relacionados efectivamente con el ámbito competencial de las entidades territoriales autónomas, que debe estar reflejado en el objeto de la disposición normativa; no obstante, dentro de ese marco de regulación también es admisible prever la coexistencia de otros elementos reguladores que sin afectar el objeto mismo de la regulación, puedan ser complementarios y no estar relacionados con la esencia de la norma; sino, se constituyan solo en parte de la misma como elemento articulador de la idea central, sin constituirse en un elemento de disonancia dentro del ámbito competencial. En ese orden y a efectos de establecer el alcance competencial con relación a cada disposición legal contenida en los cuerpos normativos de contenido autonómico, debe acudirse a una correcta interpretación legal de la norma, debiendo extraer su objeto, contenido y alcance; de ahí que, debe delimitarse la naturaleza jurídica de la norma y consecuentemente si su regulación se enmarca dentro del ámbito competencial que le corresponde. En ese comprendido, las disposiciones legales declarativas, se presentan como una proposición del ente legislativo, dirigido a reafirmar sus atribuciones, sin el efecto imperativo de cumplimiento que normalmente caracteriza a una disposición legal y sin la intencionalidad de legislar abiertamente sobre determinada materia; por tanto, no se involucra en una invasión competencial respecto al nivel central del Estado o a otro nivel gubernativo sub nacional, si se considera el principio de lealtad procesal que conforme al art. 270 de la Norma Suprema, se constituye en uno de los principios que rige la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. A más de lo manifestado dentro del presente análisis, también es pertinente establecer el alcance de una de las competencias exclusivas que la Constitución atribuye al nivel gubernativo municipal, que se encuentra dispuesta por el art. 302.I.5 de la CPE, que taxativamente establece:
“ARTÍCULO 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: (…) 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos.” Esta competencia se enmarca dentro de una temática que adquiere carácter transversal por su atemporalidad, por cuanto su objeto se refiere a la preservación, conservación y contribución a la protección del medio ambiente, recursos naturales y fauna silvestre; que atribuye a la ETA municipal la potestad de regular en esta materia; empero, en el marco competencial previsto por la Constitución Política del Estado, tomando en cuenta que el nivel central del Estado, tiene competencia privativa con relación a la “Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente” y exclusiva sobre “Régimen general de biodiversidad y medio ambiente”, conforme prevé el art. 298.I.20 y II.6 de la Norma Suprema, lo cual implica que el ejercicio de la competencia en materia de medio ambiente y recursos naturales necesariamente debe supeditarse a las políticas y normativa que emane desde el nivel central del Estado, como órgano rector en el ejercicio de esta competencia. De la compulsa del art. Primero de la Ley Autonómica Municipal 097, a efectos de establecer su marco competencial Bajo esas consideraciones, corresponde efectuar una compulsa del art. Primero de la Ley Autonómica Municipal 097 en análisis, extrayéndose que en esencia el objeto de su regulación se centra en la naturaleza del municipio de Alto Beni, que se auto identifica como un “municipio ecológico”, conforme se extrae del art. 2 de su COM, que textualmente señala:
“Artículo 2. (Auto identificación) Por decisión histórica de nuestro pueblo, de ahora en adelante, denominamos a nuestro Municipio como «Municipio Ecológico Alto Beni”. Cabe señalar que esta disposición contenida en la Norma Institucional Básica de Alto Beni, fue objeto de control previo de constitucionalidad, mediante las DCPs 0019/2014 de 6 de mayo; 0219/2015 de 16 de diciembre y 0019/2016 de 29 de marzo, declarándose su compatibilidad, en el entendimiento de que es una potestad de corte autonómico, el que una entidad territorial autónoma se auto identifica en consideración de sus rasgos culturales, territoriales, valores, principios y otros aspectos propios y característicos de cada unidad territorial, que conjuncionadas dan lugar a una forma de identificación frente a los demás niveles de gobierno y la propia sociedad en su conjunto, regulación que no atenta en modo alguno al ejercicio de las competencias atribuidas y distribuidas desde el contexto normativo del nivel central del Estado. Es así que la auto identificación como “Municipio Ecológico” del municipio de Alto Beni, se enmarca y emerge del concepto básico de autonomía, conforme se encuentra previsto por el art. 272 de la CPE; es decir, a partir del ejercicio de su facultad legislativa dentro de su ámbito competencial; por lo que, el Concejo Municipal del GAM de Alto Beni, ha incluido el art. Primero de la Ley 097, que conforme se estableció en las consideraciones precedentes, se caracteriza por ser una disposición de tipo “declarativo”, por cuanto en consideración a la esencia natural con la cual cuenta y que se refiere a ser un municipio ecológico y por ende, protector del medio ambiente y de sus recursos naturales, manifiesta o declara al municipio ecológico de Alto Beni como “Municipio libre de la actividad y contaminación minera en toda la jurisdicción territorial del municipio”. En ese orden de cosas, si bien el artículo en estudio, incluye en su contenido la materia de “minería”, -que en cuanto a su regulación es de competencia privativa del nivel central del Estado-, se advierte que el legislador municipal de Alto Beni no regula con relación a esta materia, por cuanto el objeto de la norma -conforme se tiene manifestado-, tiene que ver en esencia con una disposición de carácter declarativo, cuya finalidad gira en torno a la protección del medio ambiente en el municipio de Alto Beni, pretendiéndose que con esta regulación, se tome en cuenta la intencionalidad de que no se contamine el medio ambiente y consecuentemente afecte a la naturaleza. Por ello, dicha regulación se sujeta a su competencia exclusiva prevista por el precitado art. 302.I.5 de la CPE, que le faculta a efectos de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, por lo que en ese alcance competencial, no se advierte afectación al régimen competencial dispuesto a favor del nivel central del Estado, específicamente en cuanto se refiere a la materia de minería, sobre la cual no emite regulación alguna que incida en el ejercicio de competencia alguna del nivel central, debiendo el legislador de Alto Beni, tener el debido cuidado al considerarse que el art. Primero de la Ley 097, no permite el ejercicio de facultad alguna o la institucionalización de políticas o regímenes respecto a la materia de minería, cuya competencia privativa y exclusiva, le corresponde al nivel central del Estado. En mérito a los razonamientos desarrollados, se advierte que el contenido regulatorio del art. Primero de la Ley 097 del GAM de Alto Beni, no transgrede el límite competencial asignado a la ETA municipal, por cuanto se enmarca dentro de su competencia exclusiva prevista por el art. 302.I.5 de la Norma Suprema, respecto a “Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos”; atendiéndose a una regulación de carácter declarativo, en consideración de constituirse en un municipio auto identificado como “ecológico”, sin invadir la competencia exclusiva del nivel central del Estado, prevista por el art. 298.II.4 de la CPE; por lo que corresponde mantener la validez y vigencia del art. Primero de la Ley Autonómica Municipal 097.
TEXTO DE LA DISPOSICIÓN
“ARTÍCULO SEGUNDO.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las disposiciones de la presente Ley son de alcance general y obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras que se encuentren dentro la jurisdicción territorial del municipio ecológico de Alto Beni, provincia Caranavi del departamento de La Paz”. Sobre este artículo, la parte demandante manifiesta que debe declararse su nulidad, al ser dependiente y estar interrelacionado con el art. Primero, toda vez que no solo supone una delimitación territorial; sino, contempla un alcance general y obligatorio que pretende reforzar y dar coercibilidad al art. Primero; de tal manera que, al no existir aplicación general y obligatoria, tampoco hay ámbito de aplicación, no solo en su forma de exposición; sino, en su argumento interpretativo, toda vez que pretende la auto arrogación, de una competencia exclusiva del nivel central del Estado. Del alcance competencial y compulsa del artículo Segundo de la Ley 097 Con relación al art. Segundo de la Ley Municipal Autonómica 097, y en consideración de los argumentos vertidos por la parte demandante en su memorial de demanda; se observa que su contenido establece el ámbito de aplicación de la normativa municipal, regulando de manera enunciativa, con relación al alcance de la ley y el carácter obligatorio en cuanto a su cumplimiento dentro de la jurisdicción municipal de Alto Beni. En ese sentido, el órgano deliberante municipal de Alto Beni, se enmarca dentro de su contexto competencial, por cuanto, esta regulación debe ser comprendida en función a las materias que forman parte del contenido mismo de la Ley, sin irrumpir en el ámbito competencial del nivel central del Estado, advirtiéndose que este tipo de regulaciones deben ir insertas dentro de un cuerpo normativo, en razón de prever la eficacia del instrumento legal y establecer su cumplimiento obligatorio, identificando a los destinatarios de la norma y su marco de acción, tal cual se observa en el art. Segundo en análisis. De ahí que su aplicación emerge del ejercicio mismo de la “autonomía” que se encuentra definida a partir del art. 272 de la Constitución, que entre otras cualidades y potestades de los gobiernos autónomos, prevé la facultad de legislar en el ámbito de su jurisdicción, competencia y atribuciones. En ese lineamiento, se advierte que el legislador municipal no incurre en transgresión de competencia alguna del nivel central, en atención a que su regulación se circunscribe al ámbito de aplicación de la normativa municipal. En consecuencia, sin efectuar mayores consideraciones, respecto al art. Segundo de la Ley Municipal Autonómica 097, se advierte que la misma en su regulación, contenido y objeto, no transgrede el alcance competencial asignado a la ETA municipal de Alto Beni, por cuanto se enmarca en su facultad de legislar en el ámbito de sus competencias, conforme lo previsto por el art. 272 de la Norma Suprema, por lo que corresponde declarar su competencia respeto al art. Segundo de la Ley 097 y en consecuencia válida y vigente la indicada disposición.
TEXTO DE LA DISPOSICIÓN
“ARTÍCULO TERCERO.- (MARCO CONSTITUCIONAL).- El Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni a través de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente del Órgano
Ejecutivo desarrollará y ejecutará estrategias y políticas de monitoreo, control y desarticulación de toda actividad minera, que atente y contamine el medio ambiente, ya sea de sus suelos, aguas, fauna, flora y pesca, para garantizar la preservación, conservación y protección del medio ambiente, sujeta a una reglamentación específica”.
Sobre esta disposición, la parte demandante manifestó que regula con relación a la Política General de Biodiversidad y Medio Ambiente, que es de competencia del nivel central del Estado, conforme el art. 298.I.20 de la CPE, lo cual implica el establecimiento de la planificación nacional sobre la gestión de la biodiversidad y medio ambiente; a lo que debe agregarse lo dispuesto en el art. 298.II.6 de la CPE, que como competencia exclusiva del nivel central, le otorga la potestad de diseñar y aprobar el “régimen general de biodiversidad y medio ambiente”, correspondiendo las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva al Gobierno Nacional respecto a la Política General y el Régimen General de Biodiversidad y Medio Ambiente. Asimismo, debe considerarse la competencia exclusiva del nivel central del Estado, prevista por el art. 298.II.4 de la CPE, con relación a los “Recursos naturales estratégicos que comprenden minerales…”. Del alcance competencial general respecto de la materia objeto de regulación del artículo Tercero de la Ley 097 Respecto a esta disposición y en el contexto del régimen competencial previsto por el art. 297 y siguientes de la Norma Suprema, debe considerarse que el art. Tercero de la Ley 097, contiene como temática de regulación: “Política General de Biodiversidad y Medio Ambiente”, “”Régimen general de Biodiversidad y Medio Ambiente” y “Recursos naturales estratégicos”, específicamente “minerales”; toda vez que crea una instancia de carácter municipal que tiene como finalidad el desarrollo y ejecución de estrategias y políticas de monitoreo, control y desarticulación de toda actividad minera, que provoque una contaminación del medio ambiente, suelos, aguas, fauna, flora y pesca, con la finalidad de garantizar su preservación, conservación y protección. Tomando en cuenta las materias que forman parte de la disposición en estudio y a efectos de delinear el alcance competencial ente el nivel central del Estado y los gobiernos sub nacionales, corresponde por una cuestión didáctica, referirse en primera instancia a la definición de los tipos de competencia que se encuentran previstos por la Norma Suprema; en ese sentido, el art. 297 de la Constitución señala:
“Artículo 297. I. Las competencias definidas en esta Constitución son: 1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado. 2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. 3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley” (el resaltado nos corresponde).” En el contexto de la disposición constitucional transcrita, debe considerarse el alcance de los tipos de competencia en cuanto a su ejercicio, aspecto que se traduce principalmente en el ejercicio de las facultades legislativa, ejecutiva y reglamentaria,que se ejercerán en razón del tipo de competencia del que se trate, habida cuenta que conforme el reparto competencial previsto por el art. 298 y siguientes de la Norma Suprema, el constituyente ha previsto la distribución de materias como parte del contenido de las competencias, en razón a su naturaleza e importancia dentro de un contexto político, económico, social y jurídico. De ahí que al tratarse de competencias privativas, por ejemplo, se ha previsto que las facultades legislativa, ejecutiva y reglamentaria, sean de potestad única del nivel central del Estado, sin la posibilidad de transferir o delegar ninguna de estas facultades hacia otro novel de gobierno. En cambio; cuando se trata de competencias exclusivas, el constituyente ha previsto que las facultades ejecutiva y reglamentaria sí pueden ser transferidas de un determinado nivel de gobierno hacia otro, y no así la facultad legislativa, cuya titularidad corresponderá, ya sea al nivel central o a un nivel de gobierno autónomo, dependiendo de la asignación competencial efectuada por la Constitución. En ese contexto, dentro del reparto competencial previsto por el art. 298 de la CPE, deben tomarse en cuenta determinadas competencias de relevancia dentro del análisis del presente caso, como son las referidas a: “Política General de Biodiversidad y Medio Ambiente”, “”Régimen general de Biodiversidad y Medio Ambiente” y “Recursos naturales estratégicos”, específicamente “minerales”, que son de competencia privativa y exclusiva del gobierno central; conforme se tiene la siguiente normativa constitucional:
“Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado: (…) 20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente. 21. Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, minería y electoral. (…) II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: (…) 4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua. (…) 6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente”. “Artículo 299. (…) II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: 1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. (…).” “Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: (…) 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos”.
Dentro de este reparto competencial, debe resaltarse su contenido material; es decir, las “materias” respecto a las cuales se puede activar el ejercicio competencial por cada nivel de gobierno; como en lo referente a la temática de biodiversidad, medio ambiente, recursos naturales estratégicos; respecto de las cuales, existe una potestad legislativa inminente hacia el nivel central del Estado, atendiendo a la naturaleza e importancia de dichas materias en el contexto nacional. Sin embargo; debe considerarse que, en el caso del medio ambiente y recursos naturales no estratégicos, fauna silvestre y animales domésticos, si bien se ha previsto una competencia exclusiva a favor de la ETA municipal, ésta debe ser comprendida, siempre dentro del paraguas de la “política general de biodiversidad y medio ambiente”, que es una competencia privativa del gobierno central, remarcando que al tratarse de una materia transversal a todo nivel de gobierno, la preservación, conservación y contribución a la protección del medio ambiente, debe delimitarse el ámbito de aplicación de esta competencia con relación a otras competencias relacionadas con esta temática, en especial en lo referido a las competencias del nivel central del Estado.
Asimismo, es importante dejar establecido que, con relación a las competencias contenidas en el art. 298.I.20.21 y II.4.6 de la Norma Suprema, el nivel central del Estado tiene la potestad del ejercicio de la facultad legislativa; es decir, puede legislar o emitir leyes desde el nivel central, reglamentar y ejecutar las mismas; y, solo excepcionalmente y vía transferencia o delegación, en ejercicio de su competencia exclusiva y conforme prevé el art. 297.I.2 de la CPE, podrá ceder las facultades reglamentaria y ejecutiva hacia otro nivel de gobierno autónomo; pero no así su potestad legislativa, razón por la cual ningún nivel de gobierno autónomo, podrá asumir y ejercer dicha facultad por medio de la emisión de leyes autonómicas, aspecto que generaría una invasión competencial en cuanto a la materia de regulación de la norma y en consecuencia la nulidad de esas disposiciones. Del alcance competencial y compulsa del artículo Tercero de la Ley 097
Estando delineado el alcance general de las competencias que se encuentran relacionadas con el objeto y contenido del art. Tercero de la Ley 097, corresponde efectuar la respectiva compulsa de dicha disposición, a efectos de verificar si ésta se enmarca dentro del alcance competencial asignado constitucionalmente a la ETA municipal de Alto Beni.
A tal efecto, conforme la descripción efectuada en el apartado precedente, se advierte que, al prever la creación de una instancia municipal con facultades de “desarrollar y ejecutar estrategias y políticas”, con relación a la actividad minera y con la finalidad de preservar, conservar y proteger el medio ambiente; el art. Tercero de la Ley 097, se enmarca dentro de la competencia privativa del nivel central del Estado, relacionada con la “Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente”, prevista por el citado art. 298.I.20 de la Constitución, que conforme lo desarrollado precedentemente, asigna a favor del nivel central del Estado, las facultades de legislar, reglamentar y ejecutar, no pudiendo delegarse ni transferirse ninguna de estas facultades hacia otro nivel de gobierno. Es así que sustancialmente el artículo en análisis, regula sobre “políticas” en materia de protección y preservación del medio ambiente, a partir del monitoreo, control y desarticulación de la actividad minera.
En ese comprendido y conforme a lo previsto por el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que se refiere a la “naturaleza jurídica del conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas y entre éstas”; deben tomarse en cuenta diversas acciones a seguir, con la finalidad de operativizar el ejercicio competencial, como el establecimiento de un régimen o una política con relación a la materia asignada. Así, para Carlos Böhrt Irahola, en su libro “Herramientas para la construcción del Estado autonómico en Bolivia”, existen cinco tipos de materias en los catálogos competenciales contenidos en la Norma Suprema, entre los que se encuentran los “Regímenes” y las “Políticas, instrumentos y actividades técnicas y económicas”.
En este último caso, Carlos Böhrt, al referirse a las “Políticas”, señala que: “…‘corrientemente se denomina política o políticas a las líneas de acción o directrices que se adoptan en una materia determinada, precisando los objetivos a alcanzar, el orden de despliegue de las acciones, los recursos involucrados y la población objetivo. El diseño de las políticas suele incluir metas e indicadores de medición del cumplimiento de los objetivos y metas” (el resaltado es nuestro). Siguiendo este criterio, el mismo tratadista, manifiesta que, dentro del marco narrativo de la Constitución Política del Estado, se hace mención a “políticas generales” de algún sector; y, por otra parte, también se utiliza el vocablo totalizador de “política” aunque siempre referido a un sector determinado.
En ese entendimiento, debe asumirse el alcance competencial en materia de biodiversidad y medio ambiente asignado al nivel central del Estado, dentro del cual se engloban variadas temáticas, por ser un ámbito amplio de regulación; consecuentemente, al ser una línea de acción o directriz que se adopta en una materia determinada, regulará todos los aspectos inherentes a su aplicación, como el establecimiento de la planificación nacional sobre la gestión de biodiversidad y medio ambiente.
Bajo esas consideraciones, resulta consecuente que el “Régimen general de biodiversidad y medio ambiente”, se encuentre consignada como competencia exclusiva del gobierno central; debiendo considerar en este sentido que según el criterio del citado autor Carlos Böhrt Irahola, por Régimen, se puede entender: “…al conjunto de principios, normas, procedimientos y organismos que rigen una materia o actividad determinada. Es un concepto globalizador que abarca las dimensiones normativa, institucional y procedimental (las negrillas se agregaron).
El texto constitucional habla, en unos casos, de ‘régimen general’, y en otros de ‘régimen’ a secas, pudiendo deducirse que con esta última fórmula lacónica se estaría refiriendo a regímenes sectoriales de alcance completo, es decir, con disposiciones generales y particulares. Queda claro que, a la inversa, cuando la Constitución adjudica a algún nivel de gobierno el establecimiento del ‘régimen general’, está asignando implícitamente a otro nivel de gobierno –o podría ser el mismo, pero a un órgano de gobierno diferente– la potestad de aprobar el ‘régimen particular’” (“Herramientas para la construcción del Estado autonómico en Bolivia”, Carlos Böhrt Irahola, pág. 47).
En ese contexto, el precitado art. 298.II.6 de la CPE, le otorga al nivel central del Estado la competencia exclusiva para diseñar y aprobar el “Régimen general de biodiversidad y medio ambiente”, disposición que debe ser comprendida en el ámbito de los principios, normas, procedimientos y organismos que rigen la materia de biodiversidad y medio ambiente. En tal sentido, el gobierno central podrá emitir la respectiva normativa que vaya a regir en el ámbito material de la competencia propiamente dicha, contando con la potestad de diseñar y aprobar toda la cuestión normativa y regulatoria.
Respecto al alcance competencial del nivel central del Estado, con relación a Políticas y Régimen General de Biodiversidad y Medio Ambiente, considérese la jurisprudencia emitida por esta máxima instancia de control constitucional; así se tiene la DCP 0142/2016 de 15 de noviembre, que estableció lo siguiente: “Es evidente, que tanto la política como el régimen general de la biodiversidad son competencias que corresponden al nivel central del Estado, así determina el art. 298.I.20 y 298.II.6 de la CPE, en el primer caso, como competencia privativa y la segunda prescripción constitucional, asigna al Estado central una competencia exclusiva, ambas ciertamente con facultad legislativa. Sin embargo, de ambos preceptos constitucionales se advierte también que la materia de biodiversidad, está estrechamente vinculada con el medio ambiente, toda vez que, es en esencia la variedad de la vida existente en un ambiente disgregado en ecosistemas; la gran biodiversidad es el resultado de la evolución de la vida a través de millones de años, cada organismo tiene su forma particular de vida, la cual está en perfecta relación con el medio en que habita; cuando se protege el medio ambiente de la biodiversidad, se crean ecosistemas sanos que regulan el clima y absorben el CO2 (dióxido de carbono), purifican el agua, evitan inundaciones y frenan la erosión, protegen y fertilizan los suelos; por el contrario, la biodiversidad se verá enervada, como efecto de la modificación de los hábitats, a través de la fragmentación o desaparición de los bosques, la introducción de especies en áreas que originalmente no las contenían, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación del aire y la tierra con fertilizantes y otros químicos, que en conjunto están provocando el cambio climático. (…) Compulsando las aludidas competencias, puede concluirse, que la esfera de regulación del Estado central, se centra esencialmente en el aprovechamiento de los recursos naturales que conforman la biodiversidad, así se desprende del análisis integral de los arts. 342, 354 y 380 de la Ley Fundamental, siendo importante puntualizar que este último artículo, contiene una reserva legal, que consolida el espíritu del texto constitucional para asignar la facultad legislativa al nivel central del Estado, cuando se trata del aprovechamiento de la biodiversidad.
A su turno, dado el alcance de la competencia exclusiva contenida en el art. 302.I.5 de la CPE y la competencia concurrente citada precedentemente, atribuida al nivel autonómico municipal, puede concluirse que la frontera que separa por un lado, el medio ambiente, recursos naturales y fauna silvestre, de la biodiversidad conferida al nivel central del Estado, es ciertamente difusa o inexistente; lo que implica que la forma de distinguir el ejercicio de las competencias sobre estos ámbitos entre ambos niveles de gobierno, no estará determinada por el objeto, sino por la función sobre el objeto; de este modo, los gobiernos autónomos municipales en ejercicio de las aludidas competencias, intervendrán inexorablemente en la esfera de la biodiversidad solo en función a su protección o conservación, y el Estado central al margen de las actividades citadas, se abocará a regular su aprovechamiento; nótese que en el caso de las autonomías indígena originaria campesinas, que en su generalidad emergerán de procesos de conversión desde el campo municipal, ejercerán una competencia concurrente con el Estado central, relativa a la ‘conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente’, como una sola materia indisoluble; quedando a cargo de aquél nivel de gobierno, las políticas concernientes generalmente al aprovechamiento de la biodiversidad; respalda también esta postura, lo dispuesto en el art. 383 de la CPE, cuando dispone: ‘El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las medidas estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción’. En consecuencia, cuando la actividad municipal se circunscriba a la protección y conservación de la biodiversidad como efecto de sus competencias en materia de medio ambiente y recursos naturales, fauna y flora, la previsión se entenderá compatible con la Constitución Política del Estado. Este entendimiento tiene por finalidad uniformar la línea jurisprudencial, que al respecto ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional en el proceso de análisis de constitucionalidad de proyectos de cartas orgánicas municipales; de modo que, a partir de dicho entendimiento, se asumirá la compatibilidad de la mención a la biodiversidad en dichos instrumentos normativos, como la actividad municipal destinada a su protección y conservación, emergente de las competencias atribuidas al nivel municipal en los arts. 299.II.1.4 y 302.I.5 de la CPE, así como en las siguientes Declaraciones Constitucionales Plurinacionales: 001/2013, 004/2013, 005/2013, 007/2013, 011/2013, 026/2013, 003/2014, 004/2014, 005/2014, 006/2014, 010/2014, 011/2014, 012/2014, 014/2014, 015/2014, 021/2014, 031/2014, 034/2014, 060/2014, 063/2014, 064/2014, 065/2014, 066/2014, 067/2014, 072/2014, 074/2014, 075/2014, 079/2014, 080/2014, 081/2014, 082/2014, 087/2014, 088/2014, 089/2014, 092/2014, 093/2014, 003/2015, 007/2015, 008/2015, 009/2015, 011/2015, 012/2015, 016/2015 y 019/2015” (las negrillas corresponden al texto original). De esta forma queda delimitado el régimen competencial, entre el nivel central del Estado y la ETA municipal de Alto Beni, quedando establecido que ésta última no cuenta con el alcance competencial suficiente a efectos de legislar con relación a “Política General de Biodiversidad y Medio Ambiente” y “Régimen General de Biodiversidad y Medio Ambiente”, materias respecto de las cuales el nivel central del Estado tiene la potestad facultativa para legislar; solo en caso de tratarse de la competencia exclusiva referida al “Régimen General de Biodiversidad y Medio Ambiente”, el nivel central podrá transferir o delegar las facultades ejecutiva y reglamentaria, más no la legislativa. No obstante; debe tenerse presente que la ETA municipal cuenta con la competencia exclusiva conferida en el art. 302.I.5 de la CPE, que se refiere a “Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre…”, competencia que debe distinguirse de aquella asignada al nivel central del Estado con relación a biodiversidad y medio ambiente, en cuanto a la función que cumplen respecto al objeto de la competencia, que es distinto, de tal forma que los gobiernos autónomos municipales, intervendrán en la esfera de la biodiversidad solo en la función de protección y conservación; a diferencia del nivel central que, aparte de dichas actividades podrá regular su aprovechamiento. A más de ello, debe tenerse presente que toda regulación sub nacional, inexorablemente se encontrará reatada a la “Políticas de Biodiversidad y Medio Ambiente” como competencia privativa del gobierno central, y en el entendimiento de que la competencia respecto a medio ambiente, se encuentra inmersa dentro de una definición más amplia, que es la referida a la “biodiversidad”, que es de potestad del nivel central del Estado. Asimismo, considere el legislador municipal de Alto Beni, que si bien la Norma Suprema, asigna como competencia concurrente a favor de la ETA municipal: “Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental”; esta competencia de conformidad con lo previsto por el art. 297.I.3 de la CPE, le asigna solo las facultades de reglamentar y ejecutar, reservando la potestad de legislar a favor de la Asamblea Legislativa Plurinacional; por tanto, no es aceptable que la Ley 097, emitida por el Concejo Municipal de Alto Beni, legisle con relación a estrategias y políticas relacionadas con biodiversidad y medio ambiente, máxime si esta regulación deviene de la intención de controlar la actividad minera, ingresando en el ámbito del “aprovechamiento” de recursos naturales estratégicos, que conforme se advierte de la jurisprudencia precedentemente citada, corresponde a la competencia del nivel central del Estado.
Al respecto, conforme manda el art. 298.II.4 de la CPE, es de competencia exclusiva del gobierno central, “los recursos naturales estratégicos”, dentro de los que se encuentran los “minerales”; por ello, la legislación respecto a esta materia deviene desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, similarmente su reglamentación y ejecución, corresponde al órgano ejecutivo del nivel central del Estado, solo excepcionalmente, mediante transferencia o delegación podrá asignarse las facultades reglamentaria y ejecutiva a otro nivel de gobierno autónomo. A la par, el art. 298.I.21 de la Constitución, prevé como competencia privativa del nivel central del Estado la “codificación en materia de minería”, permitiéndole regular en el ámbito específico de los recursos minerales, así se tiene la Ley de Minería y Metalurgia 535, de 28 de mayo de 2014 -que “reemplaza” al anterior Código de Minería, aprobado mediante Ley 1777 de 17 de marzo de 1997-, que tiene como objeto regular respecto a la temática minero metalúrgica, con alcance de “todas las actividades mineras que se realicen sobre los recursos minerales que se encuentran en el suelo y subsuelo del territorio boliviano” (art. 3.I de la Ley 535); por ello, resulta contraproducente con la legislación del nivel central del Estado, que una ley sub nacional pretenda regular con relación a las actividades mineras, aún más si se intenta desarrollar y ejecutar “estrategias y políticas de monitoreo, control y desarticulación de toda actividad minera” en el municipio de Alto Beni, conforme se advierte de una lectura del art. Tercero de la Ley 097 en análisis.
A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta el art. 369.I de la Norma Suprema, que efectúa una reserva de ley hacia el nivel central, manifestando que:
“Artículo 369.
será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas” (las negrillas se agregaron). Esta disposición constitucional, recalca lo manifestado precedentemente en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales estratégicos, específicamente los recursos mineralógicos que se encuentran en el suelo o subsuelo Boliviano, asignando una reserva de ley al efecto, que conforme a lo previsto por el art. 71 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización –Ley aplicable por mandato del art. 271 de la Norma Suprema-, corresponderá el ejercicio de exclusividad nacional; es decir, que su legislación corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, concluyéndose que el Concejo Municipal como órgano de gobierno de la ETA municipal, en definitiva no puede legislar con relación a la actividad minera, bajo ningún parámetro competencial, lo contrario significa incurrir en una invasión competencial respecto del órgano legislativo plurinacional, no debiendo olvidarse que el gobierno central tiene la potestad para establecer regímenes completos sobre dicha materia, así como el establecimiento de políticas sectoriales en cuanto a minería y metalurgia, conforme establece el parágrafo III del citado artículo 369 de la CPE, que dispone: “Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera”. En esa medida, debe también considerarse lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional, en la DCP 0009/2017 de 22 de febrero, señaló: “El art. 298.II.4 de la CPE, establece que son de competencia exclusiva del nivel central del Estado, los recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua, en cuyo entendimiento el nivel central del Estado ejerce sobre éstos las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva (art. 297.I.2 CPE). En consecuencia, la Ley 097, al regular respecto a estrategias y políticas relacionadas con la actividad minera, pretendiendo monitorear, controlar y desarticular toda actividad minera, incurre en una afectación competencial, con mayor razón si se toma en cuenta que la precitada Ley 535, en su art. 1 dispone taxativamente:
“ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular las actividades minero metalúrgicas estableciendo principios, lineamientos y procedimientos, para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgicas de manera responsable, planificada y sustentable; determinar la nueva estructura institucional, roles y atribuciones de las entidades estatales y de los actores productivos mineros; y disponer las atribuciones y procedimientos de la jurisdicción administrativa minera, conforme a los preceptos dispuestos en la Constitución Política del Estado” (las negrillas se añadieron). Nótese que este artículo, de manera explícita y concreta, define como atribución del nivel central estatal, la regulación sobre las actividades minero metalúrgicas en general, incluyendo los principios, lineamientos y procedimientos para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros; por ello, al existir este tipo de regulación en una ley del gobierno central, el legislador municipal de Alto Beni, no puede incluir en su normativa legal las referidas temáticas que son inherentes a la competencia en materia de minería, que además se extiende a toda su cadena productiva, cuyo control y fiscalización está a cargo del nivel central del Estado, conforme establece el art. 369.IV de la Norma Suprema, que señala: “Artículo 369. (…) IV. El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos.” Corresponde además señalar que, si bien conforme a su Carta Orgánica Municipal, Alto Beni se constituye en un municipio “ecológico”, esta cualidad reconocida constitucionalmente, podrá ser exteriorizada en el marco del régimen competencial previsto por la Norma Suprema y solo en el alcance del ejercicio de sus competencias exclusivas estará facultado para emitir leyes, cuidando de no vulnerar las competencias asignadas al nivel central del Estado, como a las otras entidades territoriales autónomas, pudiendo establecer disposiciones de carácter “declarativo”, como ocurre con el art. Primero de la Ley 097; empero, sin ingresar a regular el ejercicio de una determinada competencia. En atención a los fundamentos desarrollados, se concluye que el contenido regulatorio del art. Tercero de la Ley 097, se encuentra fuera del alcance competencial de la ETA municipal de Alto Beni, incurriendo en una invasión competencial del nivel central del Estado, respecto a las competencias privativas sobre “Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente” (art. 298.I.20 de la CPE) y “Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, minería y electoral” (art. 298.I.21 de la CPE); y, las competencias exclusivas del nivel central del Estado sobre “Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua” (art. 298.II.4 de la CPE) y “Régimen general de biodiversidad y medio ambiente” (art. 298.II.6 de la CPE), por lo que corresponde declarar nulo el art. Tercero de la Ley Autonómica Municipal 097.
TEXTO DE LA DISPOSICIÓN
“ARTÍCULO SEXTO.- (ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y RESERVA FORESTAL). El Gobierno Autónomo Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente procederá a la identificación de las áreas de producción como también las áreas de reserva forestal en el marco del ordenamiento territorial, para su registro como también para su preservación, conservación como áreas protegidas”. Con relación a esta disposición, la parte demandante, señaló que debe ser anulada, conforme a las competencias exclusivas del nivel central del Estado, respecto al régimen general de biodiversidad, medio ambiente y política forestal, recursos forestales y bosques (según prevé el art. 298.II.6 de la CPE). Al efecto el art. 348.I de la CPE, determina los tipos de recursos naturales, siendo el Estado titular de sus recursos naturales y quien se encarga de los actos de exploración, explotación, disposición, conservación y manejo, sin que exista una delegación competencial tácita a ninguna ETA respecto a la forma, manejo y disposición de sus bienes. Del alcance competencial general respecto de la materia objeto de regulación del artículo Sexto de la Ley 097 Respecto a esta disposición, se advierte que su marco descriptivo se circunscribe a la incorporación de una Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, como instancia municipal, cuya atribución es la de “identificar” áreas de producción y áreas de reserva forestal, reatando esta función al marco del ordenamiento territorial, con la finalidad de registrar dichas áreas, además de preservarlas y conservarlas como áreas protegidas. Bajo esa descripción, corresponde establecer en primera instancia, el alcance general de aplicación de las competencias exclusivas asignadas por la Norma Suprema al GAM, debiendo considerarse que el art. 297 de la CPE, al respecto manifiesta:
”Artículo 297. I. Las competencias definidas en esta Constitución son: 2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas” (el resaltado nos corresponde). En ese contexto y de una lectura del art. Sexto de la Ley 097, corresponde establecer el ámbito competencial con relación a las temáticas de regulación contenidas en el mencionado artículo, así se tiene el art. 302 de la CPE, que al respecto señala:
“Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: (…) 6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas. (…) 9. Estadísticas municipales. (…) 11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales” (las negrillas se adicionaron). Dentro de ese contexto competencial, queda establecido que la ETA municipal, cuenta con las facultades de legislar, reglamentar y ejecutar respecto a las competencias exclusivas contenidas en el art. 302.I.6.9 y 11 de la CPE, que conforme a la nueva visión constitucional, son inherentes a la naturaleza y funcionalidad del gobierno sub nacional, en el marco de la nueva estructura político administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia.
Del alcance competencial y compulsa del artículo Sexto de la Ley 097
Conforme al alcance competencial previsto por la Constitución Política del Estado, respecto al objeto de regulación del art. Sexto de la Ley 097, corresponde efectuar la compulsa de la referida disposición, a efectos de verificar si ésta se enmarca dentro del alcance competencial asignado constitucionalmente a la ETA municipal de Alto Beni. De una lectura del art. Sexto analizado, destaca como su objeto de regulación, la “identificación” y “registro” de áreas de producción y de reserva forestal en el marco de su ordenamiento territorial; por una parte, y por otra, la preservación y conservación de las referidas “áreas” como áreas protegidas. En ese ámbito de regulación, debe considerarse que la ETA municipal, conforme establece el art. 302.I.9 de la Norma Suprema, cuenta con la competencia exclusiva sobre “Estadísticas municipales”, considerando la definición de “estadística” como: “Censo (v) o recuento de la población, de los recursos naturales o industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de un Estado, provincia, pueblo, clase, etc.” (El resaltado nos corresponde). Bajo esa concepción, queda establecido que el ejercicio competencial respecto a la materia de “estadística”, se reata necesariamente al ámbito de otras competencias con las cuales se encuentra ínsitamente relacionada, en razón de su naturaleza y características; así debe considerarse que “Las “estadísticas” que estos GGAA pueden desarrollar se enmarcan en el campo de dominio propio exclusivo, que hace referencia a la aplicación directa que la estadística tiene en el desarrollo de otras materias competenciales exclusivas del respectivo GGAA (departamental, municipal o indígena). De esta manera, como primer paso, por la naturaleza objetiva de la materia estadística y su utilidad como herramienta informativa para los GGAA se genera un marco de relaciones directas con otras materias competenciales. En primera instancia con sus propias competencias exclusivas, en las que puede hacer un ejercicio competencial integral (todas las facultades) las facultades. En segunda instancia, la relación con las competencias compartidas en las que el ejercicio competencial y estratégico se comparte con el gobierno central. Y en tercera instancia la relación de la estadística a competencias concurrentes, que se ejerce a partir de las facultades competenciales.” Aspectos a ser tomados en cuenta, si se advierte que la competencia de “estadísticas”, está orientada a obtener datos y resultados respecto a una determinada temática o una situación específica, con la finalidad de contar con la información necesaria y cuantificada de la realidad, obteniendo elementos que permitan realizar su análisis. En ese lineamiento, la asignación competencial conferida por la Constitución, a través del art. 302.I.9 constitucional, involucra que la ETA municipal tiene la potestad principal de legislar sobre la materia, que le permite –inclusive- emitir su propia Ley con este objeto específico; a más de reglamentar la materia, que requerirá de conocimientos y aproximación técnica sobre el funcionamiento y resultados que generará la regulación; y, finalmente, le faculta a ejecutar la competencia sobre “estadísticas”, que se desarrollará en relación a la naturaleza y la técnica que requiere la misma. Estando delineada la definición y alcance competencial específico en cuanto a la materia de “estadísticas municipales”, se advierte que el art. Sexto de la Ley 097, desarrolla de manera explícita la competencia exclusiva referida; por cuanto se subsume a dos acciones: a través de la “Dirección de Desarrollo Productivo” del municipio de Alto Beni, identificar y registrar, “áreas de producción” y “áreas de reserva forestal”, en el “marco del ordenamiento territorial”; extrayéndose de esta normativa, que su objeto de regulación se enmarca en la obtención de información a partir de un levantamiento de datos, respecto a áreas geográficas específicas, reatándose en esta labor, también a la competencia exclusiva municipal de la elaboración de los planes de ordenamiento territorial a nivel municipal, prevista por el art. 302.I.6 de la CPE, que conlleva la organización del uso y ocupación del territorio, en coordinación con los planes de gobierno del nivel central, departamental e indígena originario campesino. Por ello, el art. Sexto de la Ley 097, se circunscribe al alcance competencial de la ETA municipal de Alto Beni, por cuanto su objeto de regulación se enmarca en la competencia exclusiva de “estadísticas municipales” (art. 302.I.9 de la CPE); en cuyo ejercicio se sujeta al ordenamiento territorial municipal, cuya elaboración se constituye en una competencia exclusiva de la ETA municipal (art. 302.I.6 de la CPE). En ese sentido, se advierte que el objeto de regulación contenido en la norma analizada, no soslaya la competencia privativa del nivel central del Estado respecto a la “Política General de Biodiversidad y Medioambiente” y su competencia exclusiva de “Régimen General de Biodiversidad y Medioambiente” (cuya naturaleza y objeto se relaciona con el aprovechamiento de los recursos naturales estratégicos), por cuanto, si bien en su contenido se hace referencia a “áreas de producción” y “áreas de reserva forestal”, estas materias se encuentran supeditadas al ámbito de la competencia exclusiva municipal sobre “estadísticas municipales” que es el objeto de regulación del artículo en análisis. Asimismo, la disposición analizada, establece que la identificación de áreas de producción y áreas de reserva forestal se efectuará con la finalidad de su preservación y conservación como áreas protegidas; enmarcándose en este caso en la competencia exclusiva del GAM sobre “áreas protegidas” (art. 302.I.11 de la Norma Suprema), cuyo ejercicio debe ajustarse a los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales; lo cual implica que la ETA municipal en esta materia puede crear legislación municipal, siempre dentro del ámbito jurisdiccional del municipio de Alto Beni y conforme a sus atribuciones conferidas a partir de la definición prevista por el art. 272 de la CPE. En este aspecto, debe también considerar el legislador municipal de Alto Beni que, el nivel central del Estado en materia de áreas protegidas, puede prever políticas y regímenes para su administración y creación, sobre las cuales los gobiernos sub nacionales pueden ejercer sus competencias. En tal sentido, se tiene que el texto íntegro de la disposición ahora en análisis, regula básicamente sobre la competencia exclusiva del GAM respecto a “estadísticas municipales”, relacionándose también con la competencia exclusiva sobre “ordenamiento territorial” y “áreas protegidas”; empero, sin transgredir las competencias exclusiva y privativa del nivel central del Estado, sobre medio ambiente y recursos naturales, en razón de no constituirse ésta en materia u objeto en sí de la regulación analizada. En mérito a los razonamientos supra expuestos, corresponde establecer que el contenido regulatorio del art. Sexto de la Ley 097 del GAM de Alto Beni, no se extralimita en cuanto a su alcance competencial con relación al nivel central del Estado; toda vez que, se enmarca dentro de sus competencias exclusivas previstas por la Norma Suprema en sus arts. 302.I.6 referido a “Planes de Ordenamiento Territorial”; 302.I.9 con relación a “Estadísticas municipales” y 302.I.11 con relación a “Áreas protegidas municipales”; por lo que no se advierte invasión competencial respecto a las competencias privativa de “Política General de Biodiversidad y Medioambiente” (art. 298.I.20 de la CPE) y exclusiva de “Régimen General de Biodiversidad y Medioambiente” (art. 298.II.6 de la CPE), ambas asignadas al nivel central del Estado; correspondiendo en consecuencia declarar la validez y vigencia del art. Sexto de la Ley Autonómica Municipal 097.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confieren los arts. 202.3 de la Constitución Política del Estado y 28.I.4 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: 1º COMPETENTE al Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, sobre la titularidad de la facultad legislativa, referida a las competencias exclusivas de “Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos”; contenida en el art. 302.I.5 de la CPE; “Planes de Ordenamiento Territorial”, prevista por el art. 302.I.6 de la CPE; “Estadísticas municipales” contenida en el art. 302.I.9 de la CPE y “Áreas protegidas municipales” contenida en el art. 302.I.11 de la CPE; y en consecuencia, se declara válidos y vigentes los arts. Primero, Segundo y Sexto de la Ley Municipal Autónoma 097. 2º COMPETENTE a la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre la titularidad de la facultad legislativa, referida a las competencias privativas de “Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente” prevista por el art. 298.I.20 de la CPE y “Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, minería y electoral” contenida en el art. 298.I.21 de la CPE; y, respecto a las competencias exclusivas de ”Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua” contenida en el art. 298.II.4 de la CPE y “Régimen general de biodiversidad y medio ambiente” prevista por el art. 298.II.6 de la CPE; y en consecuencia, nulo el art. Tercero de la Ley Municipal Autonómica 097.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no intervienen los Magistrados Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora y MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, por ser de Voto Disidente. Por otra parte, la Magistrada MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado, Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado y el Dr. Petronilo Flores Condori, son de Voto Aclaratorio.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADA MAGISTRADA René Yván Espada Navía MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADO MAGISTRADA MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADA MAGISTRADO
1 Si bien el art. 297 de la CPE, a momento de definir los tipos de competencia que son parte del nuevo régimen autonómico y que enmarca el ejercicio de las facultades y funciones de los diferentes niveles de gobierno sobre determinadas materias, hace referencia a tres facultades: legislativa, ejecutiva y reglamentaria. Sin embargo; dada la estructura de los aparatos gubernativos, tanto del nivel central del Estado como de los gobiernos autónomos, debe considerarse que la definición y ejercicio de las competencias como tal, también involucra el ejercicio de otras facultades que se encuentran previstas constitucionalmente por los arts. 272 y 283 de la Norma Suprema, que al definir y describir las cualidades de las autonomías en Bolivia; por una parte, y por otra al referirse a la definición de la “autonomía municipal”, prevé el ejercicio de las facultades deliberativa y fiscalizadora, a más de aquellas facultades previstas por el referido art. 297 de la Constitución.
2 . Manuel Ossorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1º Edición Electrónica. Pág. 382.
3 . SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS. “La Estadística y su Ejercicio en el Régimen Autonómico”. Pág. 16.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0097_2024.pdf · páginas 1 a 65.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2c653dc63d1a96cd3b92f72aee1b1a3a5be53ff738c0261cb4bc6f7a1fed24d5
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