Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de inconstitucionalidad concreta · Sala Plena · 17 de octubre de 2023
Improcedente
La accionante, denuncia la inconstitucionalidad del art. 177 del CP -entonces modificado por el art. 34 de la Ley 004-; aduciendo que es contrario a los arts. 22 y 118.III de la CPE y 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por cuanto al no prever una sanción proporcional a la variedad de conductas que pueden derivar en la comisión del tipo penal, y que se justifican en la recarga laboral, la falta de personal jurisdiccional, la cantidad de audiencias programadas, entre otras falencias del sistema de administración de justicia, aquello incide en que se esté frente a una pena que oscila entre los cinco a diez años de prisión, la misma que es excesiva y decanta en la vulneración de la dignidad humana, habida cuenta que independientemente del delito sancionado, las personas que cumplen penas privativas de libertad extremas respecto a la conducta punitiva, sufren de ansiedad y por ello son víctimas de tratos crueles e inhumanos, lo que va contra el principio de humanidad en la determinación de la pena. En consecuencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la impugnación referida, y en su caso, verificar si corresponde ejercer el control de constitucionalidad previsto por el art. 202.1 de la CPE.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal constitucional Plurinacional; resuelve declarar: IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad concreta respecto al art. 177 del CP -modificado por el art. 34 de la Ley 004-, por haber sido a su vez derogado de forma tácita a través del art. 2 de la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2023 Sucre, 17 de octubre de 2023 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de inconstitucionalidad concreta Expediente: 39932-2021-80-AIC Departamento: Oruro En la acción de inconstitucionalidad concreta presentada por Beatriz Cortez Vásquez ante la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, demandando la inconstitucionalidad del art. 177 del Código Penal (CP), modificado por el art. 34 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-; por ser presuntamente contrario a los arts. 22 y 118.III de la Constitución Política del Estado (CPE); y 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes -ratificada por Ley 1939 de 10 de febrero 1999-.
Por memorial presentado el 2 de marzo de 2021, cursante de fs. 66 a 78, la accionante refiere lo siguiente:
Dentro del proceso penal con Número de Registro Judicial (NUREJ) 4057650, que se sigue contra su persona a denuncia del Consejo de la Magistratura, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia, tipos penales previstos y sancionados en los arts. 154 y 177 del Código Penal (CP) -modificados por el art. 34 de la Ley 004-; estando en etapa de juicio oral, público y contradictorio, interpone la presente acción normativa contra el último precepto señalado, por considerarlo contrario a los arts. 22 y 118.III de la CPE y 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
A fin de sustentar su demanda de control normativo, transcribió -sin realizar la respectiva cita- parte del Fundamento VI de la Sentencia C-143/15 de 6 de abril de 2015, emitida por el Tribunal Constitucional de Colombia, en lo concerniente a: “La prohibición de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Así como también, los Fundamentos 22 al 30 de la STC 136/1999 de 20 de julio dictada por el Tribunal Constitucional de España, en lo concerniente al principio de proporcionalidad en la aplicación de las penas, respecto al control de constitucionalidad efectuado por esa Corporación sobre el delito de pertenencia a banda armada. Y de otro lado, la integridad del Artículo “Principios constitucionales en la determinación legal de los marcos penales. Especial consideración del principio de proporcionalidad”, de autoría de María Inmaculada Ramos Tapia y Jan Woischnik, para referirse a los principios de legalidad y de humanidad, entre otros. Y parte del Fundamento Jurídico III.7 de la SCP 0206/2014 de 5 de febrero, con relación a “Los principios limitadores del poder punitivo del Estado”. Y, en concreto, para cuestionar la inconstitucionalidad del art. 177 del CP - modificado por el art. 34 de la Ley 004-, señaló que éste no respeta el principio de proporcionalidad, ya que no efectúa una ponderación en el ámbito de la realidad de la administración de justicia, cuando los índices de retardación son resultado de la excesiva carga procesal y la poca presencia en número de autoridades del “poder” judicial así como de otros estamentos del Estado. En cuyo contexto, resolver los índices de -causas- pendientes dentro de los plazos previstos en la ley procesal, es de imposible e inhumano cumplimiento. Señala también, que el tipo penal en cuestión, tampoco pondera la afectación del bien jurídico protegido con la sanción punitiva; es decir que, como sucede en su caso, al no resolverse en el plazo de diez días la apelación incidental propuesta por la parte perdidosa de una decisión judicial del anterior juzgador, está frente a una pena de diez años de privación de libertad “…cuando inclusive de ser resuelto no contiene recurso ordinario frente a aquella determinación…” (sic). Sin considerar, además, que está “sumergida” en audiencias públicas todos los días y a toda hora, restándole la noche y madrugada para resolver los pendientes escriturados. Todo ello, no fue previsto en el tipo penal denunciado, por lo menos en cuanto a plazos de incumplimiento y la tarea de punición diferenciada y escalonada, afectándose así la dignidad de las personas (art. 22 de la CPE) y el principio, derecho y garantía a la igualdad (arts. 8.I y 14 de la CPE), que implica que supuestos iguales deben ser tratados de manera igual; que son la base del principio de proporcionalidad de las penas, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, último de los cuales, en una de sus manifestaciones, exige que la ley sea cierta, clara precisa y accesible al pueblo; lo que a su vez, se traduce en el principio de taxatividad, que tiene por finalidad dotar de seguridad jurídica a los miembros de la sociedad; tal como fue entendido en la SC 0034/2006 de 10 de mayo, al establecer que son contrarias a la Norma Fundamental, aquellas normas que contienen presupuestos de hecho de manera abierta, que dejen en poder de los jueces regular efectivamente los supuestos. Con base en lo anterior, afirma que el art. 177 del CP - modificado por el art. 34 de la Ley 004- debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y exhortarse al Órgano Legislativo a que en el futuro, considere los principios antes mencionados, además de los principios de intervención mínima, idoneidad proporcionalidad en sentido estricto y subsidiariedad, que precautelan los derechos fundamentales de las personas y de las colectividades, y que deberán ser analizados ampliamente a través del procedimiento legislativo previsto en el Capítulo Segundo, Título I, Segunda Parte de la Norma Suprema; puesto que, en el ámbito penal, en el marco del principio democrático (art. 1 de la CPE) que sustenta al principio de legalidad penal, la definición de las conductas consideradas delictivas y sus respectivas sanciones, deben estar establecidas necesariamente en una ley, como producto de la decisión de los representantes del pueblo mediante un suficiente debate o discusión parlamentaria. Asimismo, el art. 177 del CP - modificado por el art. 34 de la Ley 004- contiene una prohibición en exceso en cuanto a la punición que prevé para la conducta típica de “Negativa o retardo de justicia”, así como también, tiene características de una norma penal en blanco. A fin de sustentar este alegato, transcribe parte del Artículo “Prohibición de exceso y principio de proporcionalidad en Derecho alemán” de Winfried Kluth, enfatizando que, sobre la prohibición en exceso, toda restricción a un derecho fundamental debe ser idónea para su protección eficaz, además de necesaria y proporcionada en sentido estricto. Por lo mismo, indica la accionante, el exceso determinado por el Órgano Legislador positivo en la punición del tipo penal contenido en el art. 177 del CP -modificado por el art. 34 de la Ley 004-, que prevé que la pena fluctúa entre cinco (5) a diez (10) años de privación de libertad, es desproporcional en cuanto a la afectación al bien jurídico protegido “…en razón de que además el ejercicio del derecho a la dignidad del ser humano está técnicamente considerado como una pena inhumana, adentrándonos a la afectación al bien jurídico protegido cual es la actividad o función judicial, en razón al retraso en el cumplimiento de plazos a efectos de resolver ciertos tipos de resoluciones, determina una condena excesiva; solo razonar de estar diez años con privación de libertad es un tema inhumano y degradante…” (sic). Por lo que, sería contrario al derecho a la dignidad, habida cuenta que sin importar el delito que haya cometido, nadie debe ser obligado a soportar condiciones inhumanas de reclusión desproporcionada, ya que en muchos casos los presos y presas, viven en un estado de constante ansiedad por la excesiva pena que cumplen por ciertos delitos que no merecen una punición en desproporción al bien jurídico protegido; lo que además transgrede el principio de humanidad en la determinación de la pena, contenido en el art. 188.III de la CPE. Finalmente señala que, el art. 177 del CP -modificado por el art. 34 de la Ley 004- se constituye en una norma penal en blanco; puesto que, necesita de complemento a aquellos preceptos penales principales que contienen la pena pero no consignan íntegramente los elementos específicos del supuesto de hecho; toda vez que, requiere de la remisión a otras disposiciones legales del mismo o inferior rango. Siendo que además, la utilización de leyes penales en blanco puede suponer una vulneración del principio de legalidad en el Derecho Penal, que exige de toda previsión punitiva, una ley escrita, cierta, previa y estricta. De donde las dos primeras pueden verse afectadas por la existencia de las normas penales que hacen un reenvío a normas de rango menor; resultando, en el caso de estudio, supeditadas a los alcances de los arts. 130, 135, 404, 405, 406, 408, 409, 410 y 411 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Añadiendo que el cumplimiento de plazos no determina en el fondo un evidente detrimento a la función judicial gravosa, al ser “…sabido que las resultas de la decisión judicial también contiene otros mecanismos que pudiesen ser impugnados a los fines de proveer un mejor resultado, máxime si el resultado es emitido en función a la carga procesal con la que cuenta el juzgador, siendo imposible muchas de las veces que resuelva en plazo los trámites pendientes por ser simplemente inhumano poder hacerlo…” (sic).
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, a través de la Resolución 001/2021 de 11 de marzo, cursante de fs. 92 a 96 vta., resolvió rechazar promover la acción de control normativo, con el fundamento que la acción de inconstitucionalidad concreta formulada, carece de fundamentación jurídico-constitucional; además de no existir la vinculación de la norma cuya inconstitucionalidad se postula, con la resolución a emitirse en el proceso penal de referencia; elementos que son requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 24, 73.2 y 79 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Asimismo, no genera fundada y documentalmente la existencia de una duda razonable sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto; puesto que, diferentes causas se sustanciaron teniendo por objeto el tipo de delito motivo de la acción de control normativo.
Por Auto Constitucional (AC) 0430-BIS/2021-CA de 17 de noviembre, cursante de fs. 128 a 136, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, revocó la Resolución 001/2021, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, y admitió la presente acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 177 del CP -modificado por el art. 34 de la Ley 004-, por ser presuntamente contrario a los arts. 22 y 118.III de la CPE y 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; disponiendo se ponga en conocimiento del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional; acto procesal que fue cumplido el 1 de diciembre de 2022, conforme cursa de fs. 139 a 140.
David Choquehuanca Céspedes, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante memorial de 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 150 a 158 vta., formuló alegatos argumentando lo siguiente: a) Para que la acción de inconstitucionalidad pueda ser viable y exista un control preciso de constitucionalidad y convencionalidad, la parte accionante debe demostrar de qué forma el art. 177 del CP -modificado por el art. 34 de la Ley 004- vulnera la Constitución Política del Estado; y no realice, como es el caso, una mera enunciación del precepto supuestamente vulnerado, siendo evidente la falta de fundamentación y motivación de la demanda normativa; b) El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1987/2014 de 13 de noviembre, estableció la necesaria identificación de los cargos de inconstitucionalidad para hacer procedente una demanda normativa, que no se cumple con simples menciones subjetivas de normas y presuntos derechos. De igual forma se pronunció la Corte Constitucional de Colombia cuando estableció los cargos mínimos en su Sentencia C-1052/01 de 4 de octubre de 2001; c) En consecuencia, al no haberse identificado claramente la disposición legal que supuestamente infringe normas constitucionales, citando únicamente el art. 177 del CP -modificado por el art. 34 de la Ley 004- sin precisar de qué manera vulneraría de forma específica los preceptos constitucionales citados, la demanda interpuesta no cumple con los requisitos determinados en la Ley procesal correspondiente, debiendo oportunamente el Tribunal Constitucional Plurinacional advertir tal circunstancia, declarando la improcedencia de la acción de acuerdo a los argumentos jurídico constitucionales esgrimidos; d) Para entender la retardación de justicia, se debe considerar que el Código de Procedimiento Penal establece mecanismos de control sobre los actos que realizan las autoridades que imparten justicia, para así evitar dilaciones procesales. Así, un proceso penal no puede exceder del término de los tres años; dentro del cual, la etapa preparatoria no puede superar los seis meses. En ese orden, primando la celeridad y el acceso a la justicia de forma pronta y oportuna, se tienen los arts. 133 a 135 del señalado Código. Parámetro normativo con base en el cual, se dispone que el incumplimiento de los plazos establecidos en la norma adjetiva dará lugar a una responsabilidad disciplinaria y penal; lo que guarda consonancia con el tipo penal de negativa o retardación de justicia, hoy cuestionado en su inconstitucionalidad; e) El sujeto activo del señalado delito, es la persona funcionaria judicial o administrativa que ejerce jurisdicción y competencia -es decir, que tiene como labor la de administrar justicia ordinaria o administrativa-, y que incurra en incumplimiento de los plazos procesales previstos en la ley. Por lo tanto, no solo es posible que dicho ilícito ocurra en los procesos penales, sino en todos los procesos judiciales y administrativos en los que deba resolverse cuestiones o controversias; siendo la acción penal el retraso o incumplimiento de los términos en los cuales corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las leyes procedimentales. El delito de retardación se justicia se funda en el principio de celeridad y economía procesal, y en la base constitucional de la prontitud y oportunidad de justicia, como se describe en los arts. 115 y 178 de la CPE, que fueron, a su vez, analizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1308/2012 de 19 de septiembre, entre otras; f) Según Franz Ritter Von Liszt, un bien jurídico es "…un interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada, que adquiere reconocimiento jurídico…” (sic). De modo que preexiste al ordenamiento normativo, pues tales intereses no son creados por el derecho, sino que éste los reconoce como intereses vitales y de allí como bienes jurídicos, que son de prioridad para un determinado grupo social y en un determinado contexto histórico, por esa razón es discutible la idea de que existan intereses universales y eternos; y finalmente, éstos son creados por el derecho constitucional y el Derecho Internacional; g) Luego de citar a autores como Bacigalupo y Maximiliano Rusconi, respecto a la noción de “bien jurídico” protegido en el ámbito penal, concluye en que tal “principio”, en apariencia, no puede ser entendido sino como una garantía del individuo frente al poder estatal y nada más que eso; pues allí donde haya una pena deberá haber un bien jurídico lesionado, lo cual no significa que allí donde haya un bien jurídico lesionado deba haber una pena; h) Cuando se hace referencia al tipo penal de negativa o retardo de justicia, dicho elemento tiene una protección jurídica a la sana administración de justicia que tienen que realizar las autoridades judiciales o quienes tienen entre sus atribuciones o funciones dichas competencias; identificándose que el tipo penal tiene una visión preventiva con el fin de que puedan cumplirse los plazos procedimentales ya establecidos y generar una seguridad jurídica a la población del Estado Plurinacional de Bolivia; e, i) La dosimetría penal, se aboca al principio de proporcionalidad de las penas, tanto por parte del legislador al imponer una sanción determinada a una conducta tipificada como delito, como por parte de los jueces y tribunales al decidir casos en específico. La imposición de pena y su magnitud dependerá, tanto en lo legislativo, como en lo judicial, de la intensidad con que se hubiere vulnerado o puesto en peligro el bien jurídico penal tutelado por el tipo penal; en este entendido no se puede manifestar que el tipo penal contravenga las disposiciones constitucionales; ya que, la atribución de establecer una pena dentro de un proceso es de las autoridades del Órgano Judicial. Por lo que, solicita se declare la constitucionalidad de la norma impugnada.
Mediante decreto constitucional de 6 de marzo de 2023, se dispuso la suspensión del cómputo de plazo a efectos de recabar información complementaria, término que fue reanudado por decreto constitucional de 9 de octubre de igual año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del plazo previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A tiempo de interponerse la presente acción de inconstitucionalidad concreta, el 2 de marzo de 2021, el art. 177 del CP -modificado por la Ley 004-, tenía el siguiente texto: “Artículo 177°.- (Negativa o retardo de justicia) El funcionario judicial o administrativo que en ejercicio de la función pública con jurisdicción y competencia, administrando justicia, retardare o incumpliere los términos en los cuales los corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las leyes procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administración de ella, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años” (las negrillas fueron añadidas). II.2. De forma posterior a la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad concreta, se promulgó la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-, la misma que modificó el art. 177 del CP, con el siguiente texto: “Artículo 177. (Retardo de Justicia). La jueza, juez, fiscal, servidora o servidor público que, administrando justicia y después de haber sido requerido por las partes y de vencidos los términos legales, injustificadamente, retarde el cumplimiento de actos propios de su función, en los plazos previstos en leyes procedimentales, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación” (el resaltado es nuestro).
La accionante, denuncia la inconstitucionalidad del art. 177 del CP -entonces modificado por el art. 34 de la Ley 004-; aduciendo que es contrario a los arts. 22 y 118.III de la CPE y 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por cuanto al no prever una sanción proporcional a la variedad de conductas que pueden derivar en la comisión del tipo penal, y que se justifican en la recarga laboral, la falta de personal jurisdiccional, la cantidad de audiencias programadas, entre otras falencias del sistema de administración de justicia, aquello incide en que se esté frente a una pena que oscila entre los cinco a diez años de prisión, la misma que es excesiva y decanta en la vulneración de la dignidad humana, habida cuenta que independientemente del delito sancionado, las personas que cumplen penas privativas de libertad extremas respecto a la conducta punitiva, sufren de ansiedad y por ello son víctimas de tratos crueles e inhumanos, lo que va contra el principio de humanidad en la determinación de la pena. En consecuencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la impugnación referida, y en su caso, verificar si corresponde ejercer el control de constitucionalidad previsto por el art. 202.1 de la CPE.
La SCP 0458/2014 de 25 de febrero, respecto a la imposibilidad de ejercer el control normativo de constitucionalidad sobre una norma que perdió vigencia por derogación expresa o tácita, estableció: “…es necesario reiterar que las normas que pueden ser demandadas por vía de la acción de inconstitucionalidad, y que enunciadas son; Leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; deben poseer características determinadas, que hagan viable y justifiquen el control de su constitucionalidad; así, es razonable que la primera condición sea la vigencia de la norma demandada, puesto que de no estarlo, no se justifica ningún examen o esfuerzo por demostrar su adscripción o no al texto constitucional; de ese modo es que la jurisprudencia constitucional, desde el AC 047/2005-CA de 27 enero, ha dispuesto la doctrina de improcedencia del control de constitucionalidad contra normas no vigentes, razonamiento reiterado por la AC 047/2005-CA de 27 de enero. ‘…el control normativo de constitucionalidad se ejerce sobre las normas vigentes que tengan vida en el ordenamiento jurídico del Estado; ahora bien, en la doctrina constitucional así como en la jurisprudencia comparada, entre ellas la alemana, española o colombiana, para citar algunos casos; reconocen que excepcionalmente procede el control normativo de constitucionalidad contra las normas no vigentes; empero la condición es que las mismas, a pesar de no estar vigentes formalmente, todavía producen efectos jurídicos dada su ultractividad’. Aplicando la doctrina jurisprudencial descrita, la SCP 0532/2012 de 9 de julio, a tiempo de determinar la improcedencia de una acción de inconstitucionalidad respecto de una norma abrogada, ha expuesto lo siguiente: ‘…la condición para impugnar normas consideradas inconstitucionales, es que las mismas se encuentren vigentes y no hayan sido derogadas o abrogadas, pues si es la finalidad de esta acción, depurar del ordenamiento jurídico las normas consideradas inconstitucionales, no tendría sentido pronunciarse sobre una norma que ya no forma parte del ordenamiento jurídico, porque precisamente ha sido ya sea derogada o abrogada’. En definitiva, una de las condiciones primarias para ejercer el control de constitucionalidad es la vigencia de las normas demandadas; es decir, que no hubieran sido derogadas o abrogados por otra posterior, y mantengan su obligatoriedad. Respecto de la abrogatoria y derogatoria de las normas en general, la SC 0027/2003 de 26 de marzo, ha señalado lo siguiente: ‘…entre las formas de extinción de la ley se tiene la derogación y la abrogación. Con relación a la derogación, la doctrina la señala como el acto del legislativo o del órgano competente para dejar sin efecto una disposición o varias disposiciones en concreto que forman parte de un cuerpo legal, vale decir, que la derogación no alcanza a la totalidad de las disposiciones o artículos de una ley, de manera que supone una revocación o anulación parcial de la misma, que puede comprender como ya se dijo, la revocatoria de un artículo, varios o parte de uno o de varios. En cambio, respecto a la abrogación cabe señalar que la misma consiste en la extinción total de la Ley, es decir, la revocatoria o anulación de toda la ley o cuerpo normativo’. Luego, la referida Sentencia expone las formas de derogación concretas que se utilizan como técnica normativa: ‘…la doctrina reconoce dos tipos de derogaciones a saber: - La expresa, cuando el nuevo cuerpo normativo que ingresa en vigencia a tratar los mismos presupuestos de las disposiciones para derogar, lo estipula expresamente señalando cuál o cuáles de los artículos se derogan, dicho de otra manera, la nueva ley proclama la revocatoria de la que le precede. - La tácita o implícita, resulta de una disposición genérica de la nueva ley, que surge de la incompatibilidad de ésta con la precedente, en cuyo caso, el legislador suele disponer simplemente que las disposiciones contrarias a la nueva ley quedan sin efecto, por lo que ante dicho mandato cabe verificar por los destinatarios de la norma cuáles le son contrarias, debiendo realizarse para este fin, la interpretación de ambas en contraste o en conjunto, para establecerse si las disposiciones de la nueva ley regulan de forma diferente el mismo acto que el normado por el cuerpo legal con vigencia anterior, de ser así la derogación tácita resulta evidente, pues como ya hemos establecido en esta forma de derogación el legislador no dispone la derogatoria ni señala determinadas disposiciones sino que se le limita como ya se dijo a normar la misma relación o acto, debiendo entenderse que la anterior disposición que establece acerca de lo mismo queda sin efecto por ser anterior a la nueva, resultando de ahí la derogación en concreto’. La jurisprudencia reseñada, configura una causal de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad cuando la norma demandada ha quedado sin efecto de forma expresa o tácita, ocasión ésta última en la que habrá de comprobar la derogatoria tácita, por medio de un análisis comparativo del acto al que se destinan las normas en conflicto así como aquellas que las derogaron tácitamente” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
La accionante demanda el control de constitucionalidad del art. 177 del CP -entonces modificado por el art. 34 de la Ley 004-, por ser presuntamente contrario a los arts. 22 y 118.III de la CPE y 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; sin embargo, en el ínterin entre la formulación de su acción normativa -el 2 de marzo de 2021- hasta el sorteo de la presente causa, el precepto en cuestión fue nuevamente modificado, esta vez por el art. 2 de la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021, incidiendo no solo en la reforma del denominativo del delito tipificado en dicha disposición legal -entonces como “Negativa o retardo de justicia”, actualmente “Retardo de Justicia”-, sino también, en la descripción de la conducta típica y en la sanción atribuible a su comisión. Conforme se detalla a continuación: Modificación por la Ley 004: “Artículo 177°.- (Negativa o retardo de justicia) El funcionario judicial o administrativo que en ejercicio de la función pública con jurisdicción y competencia, administrando justicia, retardare o incumpliere los términos en los cuales los corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las leyes procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administración de ella, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años” (negrillas fueron añadidas). Modificación por la Ley 1390 de 27 de agosto de 2021: “Artículo 177. (Retardo de Justicia). La jueza, juez, fiscal, servidora o servidor público que, administrando justicia y después de haber sido requerido por las partes y de vencidos los términos legales, injustificadamente, retarde el cumplimiento de actos propios de su función, en los plazos previstos en leyes procedimentales, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación” (el resaltado es nuestro). A partir de ese contenido normativo y las modificaciones efectuadas, resulta necesario verificar si la modificación introducida por el art. 2 de la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-, constituye una derogación tácita del art. 177 del CP -entonces modificado por el art. 34 de la Ley 004, al momento de interponerse la demanda de control normativo que se revisa-; al efecto, se hace preciso efectuar un análisis comparativo respecto a los elementos del dispositivo legal que fueron reformados en la norma en actual vigencia, en especial, sobre aquellos que merecieron denuncia de inconstitucionalidad por la accionante.
En ese orden, conforme se detalla en las Conclusiones II.1 y II.2 de este fallo constitucional, -y glosado precedentemente- se tiene que a tiempo de interponerse la presente acción de inconstitucionalidad concreta, el 2 de marzo de 2021, el art. 177 del CP -modificado por la Ley 004-, tenía el siguiente texto: “Artículo 177°.- (Negativa o retardo de justicia) El funcionario judicial o administrativo que en ejercicio de la función pública con jurisdicción y competencia, administrando justicia, retardare o incumpliere los términos en los cuales los corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las leyes procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administración de ella, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años” (las negrillas fueron añadidas). Precepto que fue reformado en la descripción del ilícito así como en su sanción penal, según las modificaciones introducidas por el art. 2 de la Ley 1390 de 27 de agosto de 2021, como sigue: “Artículo 177. (Retardo de Justicia). La jueza, juez, fiscal, servidora o servidor público que, administrando justicia y después de haber sido requerido por las partes y de vencidos los términos legales, injustificadamente, retarde el cumplimiento de actos propios de su función, en los plazos previstos en leyes procedimentales, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación” (el resaltado es nuestro). Así del cotejo del art. 177 del CP vigente, -es decir, con la modificación introducida por el art. 2 de la Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-, respecto a su texto precedente establecido en lo pertinente del art. 34 de la Ley 004, se hace evidente que la señalada disposición legal -que en su momento fue cuestionada en su constitucionalidad-, es totalmente diferente de la actual en vigor; puesto que, además de la mayor precisión sobre el sujeto activo del delito -“La jueza, juez, fiscal, servidora o servidor público que, administrando justicia…”-, regula de otra forma la conducta típica constitutiva del delito de “retardo de justicia”, ya que añade una nueva configuración sobre la comisión de éste, al disponer que se perpetra “después de haber sido requerido por las partes y de vencidos los términos legales” e “injustificadamente”, respecto al núcleo de acción penalmente relevante de “retardar” “el cumplimiento de actos propios de su función, en los plazos previstos en leyes procedimentales”; siendo importante de destacar, finalmente, la reformulación sobre la sanción penal aplicable, la misma que se redujo de “privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años” a “privación de libertad de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación”.
Esos elementos que configuran el tipo penal actual de “Retardo de Justicia”, no se aprecian en el art. 177 del CP -modificado por el art. 34 de la Ley 004- que fue demandado en su inconstitucionalidad, a través de la presente acción de control normativo, el que, en lo principal y según las cuestiones que fundaron la presente acción de inconstitucionalidad concreta impugnándolo, sanciona penalmente el que se “retardare o incumpliere los términos en los cuales los corresponda pronunciarse sobre los trámites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las leyes procedimentales”; haciendo evidente entonces, su derogación tácita ocurrida por las modificaciones incorporadas por el art. 2 de la Ley 1390 de 27 de agosto de 2021, lo que implica que la norma que en su momento fue demandada de inconstitucional, al presente ha dejado de existir por haberse normado el tipo penal entonces denominado “Negativa o retardo de justicia”, bajo otra condición sustantiva penal que la ha dejado sin efecto. A ello se suma además que también existe una variación en el quantum de la pena impuesta por la presunta comisión delictiva, que se redujo de “privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años” a “privación de libertad de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación”, elemento que también es parte de los cuestionamientos efectuados en la presente acción de control normativo, con relación a la proporcionalidad de la conducta tipificada, y que -se reitera- tampoco es la misma a la actual vigente. En consecuencia, acogiendo los entendimientos desarrollados en Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, tras el análisis comparativo del art. 177 del CP -modificado por el art. 34 de la Ley 004- que fue demandado de inconstitucional, en cuyo ínterin del trámite de la presente acción de control normativo, se modificó sustancialmente por el art. 2 de la Ley 1390 de 27 de agosto de 2021, se concluye que operó la derogación tácita del delito contenido en el precepto legal que fue impugnado por la accionante, el mismo que se sustituyó por otro cuyas reformas inciden tanto en la conducta típica como en la sanción atribuible a ésta, siendo precisamente dichos elementos los que fueron objeto de observación por la impetrante, como contrarios a los arts. 22 y 118.III de la CPE y 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Razón por la cual, al no estar vigente actualmente el texto del precepto que fue inicialmente impugnado de inconstitucionalidad, por su derogación tácita consecuencia del art. 2 de la Ley 1390 de 27 de agosto de 2021; derogación tácita o implícita deviniente de la incompatibilidad de la actual norma con la precedente -cuestionada de inconstitucional-, como se verifica del contraste realizado y que evidencia que: “las disposiciones de la nueva ley regulan de forma diferente el mismo acto que el normado por el cuerpo legal con vigencia anterior, de ser así la derogación tácita resulta evidente,…” (SCP 0458/2014); dicha circunstancia configura una causal de improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad concreta, no ameritando por ello, ingresar a análisis alguno sobre lo alegado en la demanda normativa. Finalmente, es necesario aclarar que si bien a través del AC 0430-BIS/2021-CA de 17 de noviembre, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso la admisión de la presente acción de inconstitucionalidad concreta respecto al referido art. 177 del CP, estando ya vigente la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-; dicha determinación asumida en etapa de admisibilidad, respondió a la revisión del cumplimiento de los requisititos para la procedencia del control normativo demandado, contenidos en el art. 24 del CPCo; en lo pertinente, la identificación del dispositivo legal impugnado -art. 177 del CP- y las normas constitucionales infringidas; más no así de los elementos constitutivos de aquél, en el marco de modificaciones que pudiesen devenir en una derogación tácita; puesto que, dicho examen se constituye en un análisis de fondo sobre las cualidades del artículo en cuestión a fin de su cotejo respecto a los cargos de inconstitucionalidad formulados por la impetrante; estudio que únicamente podía efectuarse en ejecución del control de constitucionalidad propiamente dicho ejercido por Sala Plena de este Tribunal, y que se plasma en el presente fallo constitucional, con la consecuencia de impedimento de ingresar al juicio de constitucional requerido, conforme a las razones expuestas en párrafos precedentes y la aplicación en el caso de los entendimientos asumidos en el Fundamento jurídico III.1 del presente fallo constitucional.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal constitucional Plurinacional; resuelve declarar: IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad concreta respecto al art. 177 del CP -modificado por el art. 34 de la Ley 004-, por haber sido a su vez derogado de forma tácita a través del art. 2 de la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021-. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Presidente, Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, es de Voto Aclaratorio; asimismo, no interviene el Magistrado René Yván Espada Navía por ser de Voto Disidente.
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
MSc. Brígida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0108_2023.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): a39aadf8de8085d8d35d8773f94a1f4545e84310c4dc38ba5a9242c879c232c8
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