B.IA.LEGAL

SCP 0069/2025

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de inconstitucionalidad abstracta · Sala Plena · 4 de noviembre de 2025

Declara la inconstitucionalidad

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
4 de noviembre de 2025
Acción
Acción de inconstitucionalidad abstracta
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
55107-2023-111-AIA
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de inconstitucionalidad

Qué se discutió

El accionante interpone la acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de varios artículos de la Ley Autonómica Municipal 499 de 30 de septiembre de 2022, emitida por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, los cuales serán desglosados a continuación para su mejor comprensión: i) Respecto del art. 17 parágrafos I, V y VI de la Ley Autonómica Municipal 499, indica que se vulnera el principio de separación de funciones e independencia de órganos, previsto en el art. 12.I de la Norma Suprema, así como el régimen de autonomías previsto por los arts. 272 y 283 de la misma Constitución; ii) En cuanto a los arts. 23 y 25 de la Ley Autonómica Municipal 499, infringen los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órgano, previstos por el art. 12.I, vulnerando además el derecho al debido proceso contenido en los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la Norma Suprema y 8 de la CADH; iii) Los arts. 26, 27 y 28 de la Ley Autonómica Municipal 499, infringen los principios de separación de funciones e independencia de órganos contemplados en el art. 12.I de la Ley Fundamental; iv) Los arts. 29, 30, 31 y 32 de la Ley Autonómica Municipal 499 infringen los principios de separación de funciones e independencia de órganos contemplados en el art. 12 parágrafos I y III de la Ley Fundamental, y desconocen las competencias y funciones asignadas a otros órganos constitucionales por los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 1° La INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 17.I, V y VI, 23 parágrafos II, III, IV, V y VI y 25.I, II, III y IV de la Ley Autonómica Municipal 499, por ser contrarios a los arts. 12, 115.II, 117.I de la Norma Suprema y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme los fundamentos expuestos; y con ello, se determina su expulsión del ordenamiento jurídico. 2° Declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de inconstitucionalidad abstracta promovida por Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, en relación a los arts. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y Disposición Final Segunda, parágrafos I y II de la Ley Autonómica Municipal 499.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de inconstitucionalidad abstracta (Jurisprudencia reiterada)
  2. III.2. Características del Estado Plurinacional de Bolivia con autonomías y su incidencia en los niveles gubernamentales autonómicos
  3. III.3. Acerca de la facultad de fiscalización en los Gobiernos Autónomos como mecanismo de control político
  4. III.4. Acerca de la facultad de fiscalización en los Gobiernos Autónomos como mecanismo de control político
  5. III.5. Acerca de la ausencia de fundamento jurídico-constitucional
  6. III.6. Análisis de la acción de inconstitucionalidad

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0069/2025 Sucre, 4 de noviembre de 2025 SALA PLENA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de inconstitucionalidad abstracta Expediente: 55107-2023-111-AIA Departamento: La Paz En la acción de inconstitucionalidad abstracta promovida por Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, demandando la inconstitucionalidad de la Ley Autonómica Municipal 499 de 30 de septiembre de 2022, en sus arts. 17.I, V y VI; 23.II, III, IV, V y VI; 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y Disposición Final Segunda en sus parágrafos I y II; por ser presuntamente contrarios a los arts. 12.I y III, 115.II, 117.I, 119.II, 213, 225.I, 272, 283, 297.“3” y 299.II.14 de la Constitución Política del Estado (CPE); y el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

El accionante, mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2023, cursante de fs. 20 a 47, refiere lo siguiente:

I.1.1. Síntesis de la acción

El 22 de marzo de 2022, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, aprobó la Ley Autonómica Municipal 475 de “Fiscalización y Auditorías”, con el fin de dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) –Ley 482 de 9 de enero de 2014–; sin embargo, la misma fue abrogada por el artículo único de la Ley Autonómica Municipal 492 de 17 de agosto de 2022 de “Ajuste normativo”, por contener preceptos contrarios a la normativa constitucional. De esta manera, en Sesión Ordinaria 072 de 26 de octubre de 2022, la misma instancia promulgó la Ley Municipal Autonómica 499 de “Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, bajo la figura de “promulgación de oficio”, que si bien tiene por objeto: “…normar mecanismos para el pleno ejercicio de la facultad fiscalizadora que desempeña el Concejo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, como Órgano Legislativo Municipal sobre la gestión y actos de las y los Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo Municipal en el marco de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la normativa legal vigente…”, la misma resulta inconstitucional por cuanto desarrolló una normativa plagada de graves infracciones a los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad, generando una Ley que tiene como única finalidad la obstrucción de la gestión municipal, generar caos, desplegando una persecución política al Órgano Ejecutivo. En ese sentido, refiere el siguiente análisis: a) Las disposiciones legales previstas en el art. 17.I, V y VI de la Ley Municipal Autonómica 499 vulneran los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órganos proclamados por el art. 12.I de la Norma Suprema, además de infringir el régimen de autonomías municipales previstos por los arts. 272 y 283 de la misma Constitución, porque los alcances y efectos de las “Minutas de comunicación” sobre el Órgano Ejecutivo son incompatibles con las normas constitucionales precitadas. El principio constitucional de separación de funciones se encuentra expresamente desarrollado en las Sentencias Constitucionales 0019/2005 de 7 de marzo y 591/2012 de 20 de julio. La separación de funciones distribuye el ejercicio del poder entre los órganos de poder previamente establecidos, otorgándoles potestades o competencias que se encuentran equilibradamente interrelacionadas; y bajo el nuevo modelo de Estado que trasciende a la esfera de las entidades territoriales autónomas, por lo que el Ejecutivo es independiente del Legislativo; sin embargo, el art. 17 denunciado de la Ley Municipal Autonómica 499, establece que el Concejo Municipal tenga tuición sobre la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo Municipal, respecto a asuntos que no son parte de sus atribuciones o peor aún de sus facultades legislativa, fiscalizadora o deliberativa.

1) En ese sentido, el art. 17 de la Ley Autonómica Municipal 499 regula el uso de las minutas de comunicación por los miembros de Concejo Municipal, estableciendo que las mismas están dirigidas al Alcalde o Alcaldesa, y que deben ser atendidas de “forma obligatoria”. Más adelante, señala que en caso de que el ejecutivo considere la imposibilidad en la atención de las recomendaciones, remitirá al Concejo Municipal un informe fundamentado y justificado al efecto para su respectiva “aprobación” por simple mayoría de votos del Pleno; y por último, se prevé que en caso que el Concejo Municipal rechace el justificativo, se ratificarán las recomendaciones de la minuta de comunicación. Como se podrá advertir, las disposiciones legales establecidas informan de su obligatoriedad de cumplimiento por parte del Ejecutivo municipal, otorgando plazos fatales. 2) Si bien es cierto que existen ciertos tipos de instrumentos normativos emitidos por el Concejo Municipal que son de cumplimiento obligatorio, no es menos cierto que las minutas de comunicación no son parte de esos instrumentos, sino solamente las leyes y ordenanzas municipales, que contienen mandatos normativos o determinaciones de cumplimiento obligatorio ya sea para la población o un grupo de personas o para el Ejecutivo; pero las minutas de comunicación no los contienen; por tanto, la obligatoriedad en su cumplimiento y el rechazo del informe no es razonable ni respetuosa de los principios de separación de funciones e independencia de los órganos, sino que solamente son recomendaciones con referencia a temas de gestión municipal. Otra concepción es que son recomendaciones que emite el Concejo Municipal a la máxima autoridad ejecutiva y por su intermedio al personal jerárquico de la administración municipal. De acuerdo con la definición del Derecho de las Comunidades Europeas prevista en el art. 249 del Tratado de la Comunidad Europea, se estableció que las recomendaciones junto con los dictámenes son instrumentos que carecen de carácter vinculante –no tiene fuerza jurídica obligatoria– y por tanto no son fuente de Derecho Comunitario. 3) Tomando en cuenta lo referido precedentemente, no resulta aceptable de ninguna manera que mediante un par de disposiciones legales se pretenda obligar al Alcalde o Alcaldesa de La Paz, a cumplirlas de forma inmediata, ni que se permita al Concejo aprobar o rechazar el informe, y menos que se exija el cumplimiento obligatorio del Ejecutivo en un plazo de cinco días. Conforme a lo referido, la obligatoriedad del cumplimiento de minutas de comunicación desvirtúa el concepto mismo de recomendación y ratifica su cumplimiento obligatorio a través de un procedimiento de carácter eminentemente político, exento de cualquier valoración técnica, infringiendo principios constitucionales. 4) Los principios de separación de funciones e independencia de órganos son parte de la división del poder público en el plazo de la organización territorial o vertical del Estado, de acuerdo con el art. 12 de la CPE. Su aplicación implica distinguir funciones fundamentales en el gobierno autónomo que se materializan a través de facultades constitucionales. Al respecto, cita la SCP 0591/2012 de 20 de julio y la DCP 0215/2015 de 16 de diciembre. 5) En el caso concreto, el art. 17 en sus parágrafos I, V y VI de la Ley Autonómica Municipal 499, por las razones señaladas constituyen un acto de intromisión por parte del Concejo Municipal al ejercicio de la función administrativa conferida por la Norma Suprema. 6) Por todo lo anotado, las minutas de comunicación no pueden tener efectos obligatorios debido a que no tienen carácter vinculante, vulnerando en consecuencia los principios constitucionales anotados, pretendiendo ejercer a través de la facultad fiscalizadora la facultad ejecutiva. b) Las normas impugnadas infringen el régimen de autonomías municipales previsto en los arts. 272 y 283 de la CPE, por los cuales el Órgano Ejecutivo de cada Gobierno Autónomo de las Entidades Territoriales Autónomas está dotado de las facultades ejecutiva y reglamentaria, de acuerdo con lo señalado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1714/2012 y 2055/2012; y en la misma línea la DCP 0015/2014. Como se podrá advertir, la facultad de pronunciarse sobre la administración de la cosa pública mediante minutas de comunicación de cumplimiento obligatorio, no corresponde a los órganos deliberativos, de acuerdo con la estructura prevista en la Norma Suprema, sino que los Concejos Municipales cuentan con facultades legislativas, fiscalizadoras y deliberativas, y en el fondo aquella práctica se constituye en una forma de interferencia en la toma misma de decisiones de la administración de la cosa pública, aspecto que le compete únicamente al Órgano Ejecutivo en el marco del régimen de autonomías. c) Las disposiciones previstas en los arts. 23 y 25 de la Ley Autonómica Municipal 499 infringen los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órganos, establecidos en el art. 12.I de la CPE y vulneran el derecho al debido proceso reconocido por los arts. 115, 117.I y 119.II de la misma Constitución, y el art. 8 de la CADH, pues de la lectura de las normas impugnadas se advertirá un afán desmedido y excesivo en cumplir prerrogativas de fiscalización y establecer una subordinación del Órgano Ejecutivo al Órgano Legislativo, porque en dicha preceptiva se han incorporado como mecanismos de fiscalización las herramientas del sistema político de gobierno parlamentario como el Acto interpelatorio y de Censura respectivamente, aplicables no solo a la máxima autoridad del Órgano Ejecutivo y a los funcionarios inmediatamente inferiores a él, sino a todos los funcionarios o servidores públicos del Órgano Ejecutivo, previendo además que en ambos tiene como consecuencia directa la destitución obligatoria del o los funcionarios censurados. La incorporación de estas herramientas es impropia y no compatible con el modelo de Estado, pues por un lado corresponden al sistema político de gobierno parlamentario, en que el Jefe de Gobierno es designado por el Parlamento, y puede ser destituido mediante censura constructiva; en cambio, en el modelo adoptado por Bolivia de tipo presidencialista, la autoridad ejecutiva es elegida por el pueblo mediante sufragio directo y universal, entonces no es responsable ante el Parlamento.

1) De acuerdo con los fundamentos jurídicos referidos, el art. 12 de la CPE prevé que ningún Órgano del Estado es superior al otro; de ahí que el profesor Ricardo Guastini sostiene que en sentido estricto el modelo de separación de poderes resulta de la combinación de dos principios, de especialización de las funciones y de independencia recíproca de los órganos; y con la vigencia de la Ley Autonómica Municipal 499, aquellos principios se encuentran gravemente infringidos, ya que las normas impugnadas, con el supuesto de un ejercicio de fiscalización, reúne solo en el órgano legislativo facultades que no le corresponden ni competen. 2) De acuerdo con el documento elaborado por la Asociación de Concejales y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) en coordinación con el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), la interpelación es un instrumento de fiscalización para obtener la modificación de políticas públicas; mientras que la Ley Autonómica Municipal 499 refiere que la interpelación es el instrumento y mecanismo de fiscalización con el fin de tener información real, fidedigna y oportuna de las autoridades y servidores públicos, que se podrá dar por insuficiencia o inconsistencia en la Petición de Informe Oral y sesión informativa; y a solicitud expresa de uno o varios Concejales sin requisito previo. Entonces, se podrá efectuar el voto de censura por falta de confianza sin requerir ningún sustento técnico o legal, lo que de inmediato determinará la destitución inmediata e indefinida de los interpelados, estableciendo además la responsabilidad en contra de la o el Alcalde Municipal que incumpla los alcances del acto interpelatorio como tal. Como se podrá advertir, las normas impugnadas son complementarias; sin embargo, los Concejales Municipales no tomaron en cuenta que estas son herramientas de determinación de responsabilidad política del Jefe de Gobierno en el sistema parlamentario y no pueden ser utilizados como mecanismos de fiscalización en un gobierno de tipo presidencialista, en donde el Ejecutivo no tiene responsabilidad frente al Concejo Municipal, en consecuencia, constituye un acto de intromisión del legislativo en el ejecutivo. 3) Es justamente el “Acto interpelatorio” uno de los mecanismos de control parlamentario, pues supone una petición presentada por uno o varios miembros para pedir cuentas al gobierno por determinados actos; en cambio, en los gobiernos presidencialistas, las circunstancias son completamente diferentes, puesto que la figura presidencial se encuentra fortalecida en sus facultades o atribuciones, ya que el Presidente es a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, reuniendo en su persona los poderes representativos políticos y administrativos inherentes a estas dos calidades. Conforme a lo referido, el Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz pertenece a un nivel autonómico de gobierno en un Estado con un sistema político de gobierno presidencialista, donde no existe subordinación al Órgano Legislativo municipal de las autoridades de libre nombramiento o designación –Secretarios municipales, Directores municipales o Jefes de Unidad pertenecientes al Ejecutivo–, por lo que no resulta procedente la interpelación, infringiéndose los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órganos.

Tampoco es correcto que se prohíba al Alcalde Municipal designar o posesionar nuevamente a las autoridades o servidores públicos que fueron censurados o destituidos por el Pleno del Concejo Municipal, o que el servidor no pueda fungir funciones con el mismo cargo o jerarquía. 4) Se debe resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió en ese sentido las Declaraciones Constitucionales Plurinacionales 0021/2014 de 12 de mayo, 0009/2014 de 25 de febrero y 0042/2014 de 25 de julio. 5) Asimismo, las normas impugnadas vulneran el derecho al debido proceso en los componentes de ser oído y juzgado, a la defensa y a impugnar la resolución sancionadora, infringiendo con ello los arts. 115.III, 117.I y 119.II de la CPE y el art. 8 de la CADH. Entonces, los artículos 23 y 25 de la Ley Autonómica Municipal 499 que prevén como efecto de la censura la destitución inmediata e indefinida del funcionario, no proviene de un debido proceso, sino de un acto interpelatorio con mayoría de votos en que se proclama la pérdida de confianza política. d) Las disposiciones previstas en los arts. 26, 27 y 28 de la Ley Autonómica Municipal 499 infringen los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órganos previstos en el art 12.I de la Norma Suprema. El contraste de las normas referidas, que despliegan el procedimiento en las Peticiones de Informe Oral (PIO); sin embargo, lejos de normar el procedimiento de un instrumento de fiscalización establecen un mecanismo de sometimiento de la máxima autoridad ejecutiva al Órgano Legislativo. Es importante mencionar en esta parte que, de acuerdo al documento elaborado por la ACOBOL denominado “las mujeres fiscalizamos”, se detalló de manera precisa que: “Una PIO es un mecanismo de fiscalización para solicitar información oral sobre un determinado tema que hace a la gestión municipal. Se solicita a las autoridades del Ejecutivo Municipal con fines de información, investigación y legislación”; mencionando más adelante que: “…la concejala o el concejal solicitante deberá fundamentar la importancia de que el Pleno conozca el acto de fiscalización”. Conforme se podrá advertir, existe una directriz del procedimiento para la realización de la PIO, construido por las instancias competentes sobre la base de normativa constitucional y vigente, que detallan los pasos a seguir para garantizar que las mismas funcionen correctamente como mecanismo de fiscalización y no de interferencia de las labores ejecutivas. El art. 26 de la Ley Autonómica Municipal 499 está dirigida solo al Alcalde Municipal, indicando además que su asistencia es obligatoria, desconociendo que siendo la máxima autoridad, no debería requerírsele un informe oral, pues se entiende que dicha autoridad trabaja y ejecuta operativamente sus planes y proyectos de gestión municipal a través de sus diferentes Secretarios, Directores, Jefes de Unidad y demás funcionarios o servidores públicos; por lo que la fiscalización debe ser efectuada por medio de los Secretarios, conforme la jurisprudencia constitucional; además debe considerarse que tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo tienen una esencia política, por lo que existe una gran probabilidad de que los Concejales hagan requerimientos de informes orales, no con fines de fiscalización técnica, sino política y por tanto, desaprueben el informe y utilicen esto como mecanismo para formular denuncias constantes contra el Alcalde, impidiéndole el ejercicio de sus funciones. Mediante el art. 27 de la Ley Autonómica Municipal 499, se pretende modificar los fines de las PIO, atentando contra el principio de separación de funciones e independencia de órganos; porque se ha previsto a éstos como mecanismos de sanción, coerción o amedrentamiento, pues se pretende inducir a la elaboración de un pliego de denuncia en contra del Alcalde de cualquier forma. Finalmente, el art. 28 de la Ley Autonómica Municipal 499 infringe los prenombrados principios, pues termina de afirmar que la finalidad del uso de las PIO es la sanción y amedrentamiento hacia la máxima autoridad ejecutiva, ya que establece un plazo fatal para la presentación del Pliego de Denuncia en contra del o la Alcalde o Alcaldesa. e) Las disposiciones previstas en los arts. 29, 30, 31 y 32 de la Ley Autonómica Municipal 499 infringen los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órganos previstos en el art 12.I y III de la Norma Suprema y desconocen las competencias y funciones asignadas a otros órganos constitucionales, conforme los arts. 225.I, 297.3 y 299.II.14 de la CPE.

i) Con relación a los arts. 12.I y III y 225.I de la Norma Suprema, de acuerdo con el marco competencial allí también establecido, la DCP 0213/2015 de 16 de diciembre, corrobora que en las competencias concurrentes, los Concejos Municipales no tienen facultad legislativa, por corresponder ésta al nivel central del Estado; de allí que el art. 29 de la Ley Autonómica Municipal 499, como confusión de ambas instituciones, otorga facultades al Concejo Municipal para fiscalizar mediante un control gubernamental municipal, dando lugar a que el Concejo Municipal legisle sobre el tema, infringiendo las normas constitucionales que regulan a dicho sistema. ii) De otro lado, sobre el art. 30 de la Ley Autonómica Municipal 499, dicha disposición ignora por completo lo previsto por el art. 114.IX nums. 3 y 4 de Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa “Andrés Ibáñez”, que prevé que los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, los estados financieros de cada gestión fiscal, conforme los arts. 46, 47 y 48 de las Normas Básicas de Contabilidad Integrada, siendo la MAE el encargado financiero y el contador general. De manera que no es facultad del Concejo Municipal de La Paz aprobar ni rechazar los estados financieros a partir de algún instrumento de fiscalización, como erróneamente pretenden inventar los Concejales Municipales.

iii) Con relación al art. 31 de la Ley Autonómica Municipal 499, la norma da lugar a que se vuelva a confundir y alterar la distribución de competencias y asignación de funciones que realiza la Ley Fundamental a los órganos de poder de los diferentes niveles de gobierno, así como de los órganos constitucionales que desempeñan funciones no tradicionales, como la Contraloría General del Estado, que según los arts. 13, 14 y 15 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) –Ley 1178 de 20 de julio de 1990– realiza las auditorías necesarias; así lo sentenció la DCP 0215/2015 de 16 de diciembre. iv) La fiscalización debe ser entendida como aquella actividad que permite al Concejo Municipal controlar o supervisar la gestión pública y el manejo de los recursos realizados por el Órgano Ejecutivo, con fines de información, investigación y legislación. En este sentido, por medio de la fiscalización con fines de investigación solo se podrá realizar consultas al Ejecutivo, y en caso de encontrar indicios de responsabilidad, derivar a las instancias correspondientes, más no así usurpar funciones de control gubernamental. Entonces, si bien el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, puede realizar actividades de fiscalización, dichas actividades deben realizarse antes de la ejecución de las operaciones o antes de que los actos administrativos realizados por el ejecutivo causen efecto, lo que difiere radicalmente del control interno posterior, que es un proceso diseñado con el objeto de proporcionar seguridad razonable del logro de los objetivos institucionales de eficacia y eficiencia, confiabilidad de la información operativa y financiera, rendición de cuentas, cumplimiento a disposiciones legales y protección del patrimonio; por lo que este proceso involucra a los responsables superiores de las operaciones y a la unidad de auditoría interna, bajo responsabilidad de la MAE; es así que, como señala la DCP 0010/2014 de 25 de febrero, el control previo posterior solo puede ser realizado por la Unidad de Auditoría Interna y no por el Concejo Municipal. v) Finalmente en cuanto al art. 32 de la Ley Autonómica Municipal 499, que prevé la creación de comisiones de investigación, contradice las normas de la Ley 1178, desconociendo el art. 297.3 de la Norma Suprema que regula los aspectos referidos al ámbito de la función de control gubernamental, siendo así que por previsión de los arts. 13 y 16 de la precitada Ley, no solo establece que las auditorías internas son las encargadas del control interno posterior, sino que deben ser independientes e imparciales; reglas que no son respetadas por la norma denunciada, infringiendo con ello la separación de funciones y la independencia de órganos. f) La Disposición Final Segunda de la Ley Autonómica Municipal 499 infringe los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órganos, y desconoce las funciones del órgano contralor, por lo que es contraria a los arts. 12, 213.I y 297.II de la CPE.

En el diseño del sistema constitucional del Estado, las funciones estatales de control gubernamental de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico, fueron encomendadas a la Contraloría General del Estado (art. 213.I de la CPE); y el art. 23 de la Ley 1178 dispone a dicha institución como el órgano rector del Sistema de Control Gubernamental, en concordancia con la normativa de desarrollo que le sigue. Conforme lo referido, la designación del encargado de la Unidad de Auditoría Interna corresponde única y exclusivamente al Alcalde Municipal como MAE del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, designación sujeta a la comprobación de la idoneidad y probidad en un procedimiento meritocrático definido por esta autoridad; actuados en los que el Concejo Municipal no puede intervenir, menos aún en la designación, vulnerando así los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órganos previstos en el art. 12 de la CPE, así como el art. 213.I de la misma Constitución al desconocer las funciones asignadas a la Contraloría General del Estado. Así falló la DCP 0121/2016 de 19 de septiembre. Las normas impugnadas infringen los arts. 297.I.3 y 299.II.14 de la CPE; ya que, por previsión de estas normas constitucionales, dado que el sistema de control gubernamental es una competencia concurrente, cuya legislación recae sobre el órgano legislativo, estableciendo ésta a la autoridad que compete la selección y designación del funcionario. Con relación a la designación del responsable de la Unidad de Transparencia de los Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco precitado y los arts. 7.II y 11 de la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción –Ley 974 de 4 de septiembre de 2017–, disponen la creación y condiciones de las unidades de transparencia. De acuerdo con ello, la disposición denunciada es inconstitucional.

I.2. Admisión y citación

Por Auto Constitucional (AC) 0259/2023-CA de 7 de junio, cursante de fs. 58 a 67, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada, disponiendo la notificación del o la Presidente o Presidenta del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, diligencia que fue cumplida el 3 de abril de 2024 (fs. 74).

I.3. Alegaciones del personero del Órgano que emitió la norma impugnada

Lucio Gregorio Quispe Intimayta, Presidente del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante el memorial cursante de fs. 140 a 149, en cuanto a la inconstitucionalidad interpuesta respondió lo siguiente: 1) Con relación a los arts. 17.I, V y VI, 23.II, III, IV, V y VI, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32 y la Disposición Final Segunda de la Ley Autonómica Municipal 499, promulgada por el Órgano Legislativo se enmarco en la Constitución Política del Estado en su art. 272 y en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa “Andrés Ibáñez” (LMAD) –Ley 031 de 19 de julio de 2010–, en su art. 34.I, y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM) –Ley 482 de 14 de enero de 2014–, que confiere la facultad legislativa; 2) El contenido de las normas impugnadas establece su finalidad de manera clara, describiendo el texto de cada una de las normas señaladas; y, 3) Por otro lado, se hace conocer que por memorial de 23 de enero de 2024, la Concejal Lourdes Chambilla se apersonó a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, e interpuso acción de cumplimiento contra el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, para que dé cumplimiento a la Ley Autonómica Municipal 499, en mérito de lo cual se dictó la Resolución 49/2024 de 21 de febrero, que concedió la tutela solicitada, siendo incluso rechazada la solicitud de complementación y aclaración interpuesta en su contra.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 6 de mayo de 2024 (fs. 177), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir de la notificación con el Decreto Constitucional de 23 de octubre de 2025 (fs. 241); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Normas consideradas inconstitucionales

Ley Municipal Autonómica (LMA) 499 de 30 de septiembre de 2022

“Artículo 17. (MINUTAS DE COMUNICACIÓN).- I. Es un instrumento mediante el cual, a iniciativa de una o un Concejal, Comisión Permanente o Especial o Directiva del Concejo Municipal, se emiten recomendaciones a la o el Alcalde (sa) Municipal para su aplicación en su Gestión Municipal, debiendo ser atendidas de forma obligatoria. (…) V. En el caso de que el Órgano Ejecutivo Municipal considere la imposibilidad de atención a las recomendaciones de la Minuta de Comunicación, remitirá al Concejo Municipal un informe fundamentado y justificado al efecto, mismo que deberá ser sometido para aprobación del pleno del Concejo Municipal por simple mayoría de votos. VI. En caso de que el Pleno del Concejo Municipal rechace el Informe de justificación del Órgano Ejecutivo Municipal quedan ratificadas las recomendaciones de la Minuta de Comunicación lo cual exige su cumplimiento obligatorio en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles”. “Artículo 23. (ACTO INTERPELATORIO).- (…) II. Si en esta fase de interpelación, el informe presentado por la autoridad o servidores públicos convocados fuera rechazado por el Pleno del Concejo Municipal de La Paz por simple mayoría de los presentes, emitirá pronunciamiento expreso de voto de censura por falta de confianza, que será informado por la Secretaria del Concejo Municipal mediante nota al Alcalde Municipal de La Paz en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles, que implicará la destitución inmediata e indefinida de la autoridad o autoridades o Servidores públicos censurados del Órgano Ejecutivo Municipal. III. En el caso de la autoridad o autoridades o servidores públicos censurados y/o destituidos fueran nuevamente designados o posicionados por el Alcalde Municipal de La Paz o continúen en el ejercicio de sus funciones, el Pleno del Concejo Municipal de La Paz en cumplimiento al párrafo IV del Artículo 25 de la presente norma procederá según normativa expresando la falta total de confianza a la autoridad o autoridades o servidores públicos municipales censurados y/o destituidos debiendo siendo ser denunciados por el o la Alcalde (sa) Municipal de instancias judiciales correspondientes por el incumplimiento de la presente Ley. IV. En el caso que la autoridad, autoridades o servidores públicos censurados y/o destituidos fueran nuevamente designados o posesionados por el Alcalde Municipal de La Paz o continúen en el ejercicio de sus funciones, el Pleno Concejo Municipal de La Paz, por simple mayoría de los presentes, emitirá un segundo pronunciamiento expresando la falta total de confianza de la autoridad o autoridades o servidores públicos municipales censurados y/o destituidos, debiendo ser denunciado el o la Alcalde (sa) Municipal a las instancias judiciales correspondientes por el incumplimiento a la presente Ley. V. La Presidencia del Concejo Municipal en representación legal del Concejo Municipal remitirá antecedentes de las autoridades y/o funcionarios públicos censurados ante las instancias correspondientes (Ministerio Público, Contraloría General del Estado y/o Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional), en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de haberse emitido voto de censura. VI. Al incumplimiento de los plazos establecidos en el parágrafo anterior, cualquier concejal (a) podrá hacer la remisión de antecedentes a las instancias señaladas”. “Artículo 25. (CENSURA).- I. La censura es la pérdida de confianza, aprobada por mayoría simple del Pleno del Concejo Municipal, de el/la o las/los interpelados, cuya consecuencia implica su destitución inmediata. II. La censura implicará la destitución inmediata en el día de la censura a el/la o las /los Servidores Públicos del Ejecutivo Municipal teniendo la Dirección de Recursos Humanos un plazo de cinco (5) días para su notificación. III. Toda vez que servidor público sea censurado pierde la confianza del Concejo Municipal de La Paz, el referido no podrá fungir funciones con el mismo cargo o de similar jerarquía el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. IV. Vencido el plazo precedentemente establecido y de no hacerse efectivo el mandato señalado en el parágrafo anterior, el o los Proponentes deberá abrir Pliego de Denuncia contra la Directiva del Concejo Municipal y denuncia por incumplimiento de sus funciones en el plazo no mayor a (5) días hábiles ante la instancia que corresponda”. “Artículo 26. (INFORME ORAL DEL ALCALDE).- I. Ésta convocatoria se realizará a solicitud de cualquier concejal ya sea de forma verbal o escrita para ser incluido en el orden del día de la Sesión Ordinaria o Extraordinaria del Pleno, que deberá ser aprobada por simple mayoría de votos de los miembros presentes, definiendo fecha y hora para llevarse a cabo. II. La asistencia del alcalde es obligatoria, para que preste su Informe Oral ante el Pleno del Concejo Municipal en el marco del numeral 15 del Artículo 16 de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. III. El Pleno del Concejo Municipal someterá el informe oral de la o el Alcalde (sa) para su suficiencia por (2/3) de votos de los presentes. IV. De no tener la aprobación de dos tercios (2/3) de votos de los Concejales presentes, se determina inconsistente o insuficiente el Informe Oral. V. En caso de declararse insuficiente o inconsistente el informe se elaborará un Pliego de Denuncia por la Presidencia del Concejo Municipal”. “Artículo 27. (INASISTENCIA DE LA O EL ALCALDE).- I. La inasistencia de la o el Alcalde al Informe oral será considerada por insuficiente, lo que conllevará a la elaboración inmediata de Pliego de denuncia. II. Si la o el Alcalde remitiera una nota de excusa, será valorada y aprobada por dos tercios (2/3) de votos de los Concejales presentes. III. Si la nota de excusa de la o el Alcalde no contara con los votos señalados en el parágrafo anterior se procederá a la elaboración del Pliego de denuncia en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles a partir de la declaratoria de insuficiencia o inconsistencia por parte del Pleno del Concejo Municipal”. “Artículo 28. (PLIEGO DE DENUNCIA).- I. La Presidencia del Concejo Municipal como representante legal del Pleno del Concejo Municipal, abrirá pliego de denuncia en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la declaración de insuficiencia, inconsistencia o de la inasistencia de la o el Alcalde. II. Vencido el plazo precedentemente establecido y de no hacerse efectivo el mandato señalado en el parágrafo anterior, la o el Vicepresidente del Concejo Municipal deberá abrir Pliego de Denuncia contra la o el Alcalde y denuncia por incumplimiento de deberes de la o el Presidente del Concejo Municipal en un plazo no mayor a (5) días hábiles ante la instancia que corresponda con el fin de iniciar procesos correspondientes por incumplimiento a la presente ley”. “Artículo 29. (AUDITORIAS).- I. Las y los concejales podrás solicitar que programen auditorias por el Órgano Ejecutivo Municipal a través de una minuta de comunicación que deberá ser aprobada por simple mayoría de los presentes del Pleno del Concejo municipal. II. La aprobación de realización de auditoria deberá remitirse en un plazo máximo de cinco (5) días por Secretaría del Concejo Municipal al Órgano Ejecutivo Municipal”. “Artículo 30. (ESTADOS FINANCIEROS).- Las y los Concejales municipales podrán fiscalizar mediante cualquier instrumento o medio aprobado por la presente Ley, los estados financieros de cualquier gestión municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”. “Artículo 31. (INFORMES DE AUDITORIA).- Las y los concejales podrán fiscalizar y requerir que remitan tanto la Unidad de Auditoría como la solicitud de los informes de la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia y con el fin de elevar al Pleno del Concejo Municipal las acciones y recomendaciones que correspondan mediante minutas de comunicación o cualquier medio o instrumento de fiscalización que vea por conveniente”. “Artículo 32. (COMISIONES DE INVESTIGACIÓN).- I. son instancias creadas por el Pleno del Concejo Municipal, para desarrollar acciones concretas por un periodo de tiempo determinado, ya que cumplida la labor encomendada cesan en sus actividades. II. Este tipo de comisiones estará conformada por un mínimo de dos Concejales, debiendo el Pleno del Concejo Municipal designar a un Presidente de la Comisión Especial para que funja como representante principal de los Concejales intervinientes. III. Esta conformación y designación deberá ser realizada a través de Resolución Municipal. IV. En mérito a la separación de órganos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el Concejo Municipal puede iniciar investigación solicitando una auditoria especial sobre cualquier asunto de interés público del Gobierno Autónomo Municipal a iniciativa de una o un Concejal de cualquier Comisión Permanente solicitando se conforme una Comisión de Investigación, que permita garantizar el esclarecimiento de los hechos posibles de corrupción enmarcadas en la Ley. V. La Comisión de Investigación deberá ser aprobada por simple mayoría de los presentes, donde dicha comisión deberá estar conformada por los siguientes Concejales Titulares:

a) 50% representantes de la Bancada Mayoritaria. b) 50% representantes de la Bancada Minoritaria. VI. De existir más de dos (2) Representaciones Políticas dentro el Pleno del Concejo Municipal será conformada por cinco (5) representantes por decisión simple mayoría de los presentes en el Pleno del Concejo Municipal, debiendo generar la participación de todas las bancadas presentes. VII. La Comisión de Investigación podrá acompañar la Auditoria Especial aprobada como veedor y ante cualquier indicio de que la misma no se lleve con transparencia, presentará Informe sustentado al Pleno del Concejo Municipal para conocimiento y consideración de sus recomendaciones al respecto y su posible remisión ante instancias competentes. VIII. Cuando existieran suficientes indicios sobre la Comisión del delito en el seguimiento de la auditoria, el Presidente del Concejo Municipal mediante aprobación por simple mayoría de los presentes del Pleno deberá remitir antecedentes al Ministerio Público y Contraloría General del Estado y cualquier Instancia que corresponda, bajo alternativa de ley en plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de la aprobación de la comisión, con el fin de iniciar procesos correspondientes. IX. Ante el incumplimiento del parágrafo anterior, cualquier concejal de la comisión (a) podrá hacer la remisión de antecedentes a las instancias señaladas”.

“DISPOSICIONES FINALES (…) SEGUNDA.- I. El Pleno del Concejo Municipal mediante Convocatoria Pública invitará a los postulantes para la designación del Responsable de Transparencia y Auditor

Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, posteriormente aprobará por dos tercios (2/3) de los Concejales presentes una terna para cada una de los cargos postulados. II. La terna de postulantes avalada por el Pleno del Concejo Municipal deberá ser remitido al Órgano Ejecutivo para que el Alcalde Municipal entre la terna elija para el Responsable del Transparencia y la terna elegida para el Auditor Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz”.

II.2. Normas constitucionales consideradas infringidas

“Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (…) III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre si”. “Artículo 115. (…) II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. “Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”. “Artículo 119. (…) II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. “Artículo 213. I. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. II. Su organización, funcionamiento y atribuciones, que deben estar fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad, se determinarán por la ley”. “Artículo 225. I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera”. “Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”. “Artículo 297. I. Las competencias definidas en esta Constitución son: (…) 3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva”. “Artículo 299. (…) II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: (…) 14. Sistema de control gubernamental”.

II.3. Normas convencionales consideradas infringidas

Convención Americana sobre Derechos Humanos

“Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. II.4. Informe de jurisprudencia de 4 de junio de 2024, emitido por la Unidad de Unificación y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece las líneas jurisprudenciales respecto de los principios de separación de funciones e independencia de órganos, así como sobre la facultad fiscalizadora de los órganos legislativos (fs. 181 a 237).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante interpone la acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de varios artículos de la Ley Autonómica Municipal 499 de 30 de septiembre de 2022, emitida por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, los cuales serán desglosados a continuación para su mejor comprensión: i) Respecto del art. 17 parágrafos I, V y VI de la Ley Autonómica Municipal 499, indica que se vulnera el principio de separación de funciones e independencia de órganos, previsto en el art. 12.I de la Norma Suprema, así como el régimen de autonomías previsto por los arts. 272 y 283 de la misma Constitución; ii) En cuanto a los arts. 23 y 25 de la Ley Autonómica Municipal 499, infringen los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órgano, previstos por el art. 12.I, vulnerando además el derecho al debido proceso contenido en los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la Norma Suprema y 8 de la CADH; iii) Los arts. 26, 27 y 28 de la Ley Autonómica Municipal 499, infringen los principios de separación de funciones e independencia de órganos contemplados en el art. 12.I de la Ley Fundamental; iv) Los arts. 29, 30, 31 y 32 de la Ley Autonómica Municipal 499 infringen los principios de separación de funciones e independencia de órganos contemplados en el art. 12 parágrafos I y III de la Ley Fundamental, y desconocen las competencias y funciones asignadas a otros órganos constitucionales por los arts. 225.I, 297.3 y 299.II.14 de la CPE; y, v) La Disposición Final Segunda de la Ley Autonómica Municipal 499, infringe los principios de separación de funciones e independencia de órganos y desconoce las funciones del órgano contralor, conforme prevén los arts. 12 parágrafos I, II y III, 213.I y 297.II de la Norma Suprema. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes, a efectos de ejercer el control de constitucionalidad que el art. 202.1 de la CPE, le encomienda al Tribunal Constitucional Plurinacional.

III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de inconstitucionalidad abstracta (Jurisprudencia reiterada)

La Norma Suprema, en su art. 202.1 establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá: “En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales”; norma concordante con los arts. 72 y 73.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

La naturaleza jurídica y alcances de esta acción de inconstitucionalidad, fueron expuestas en la SCP 1925/2012 de 12 de octubre, en la que se realizó la siguiente explicación: “El constituyente le ha conferido al Tribunal Constitucional Plurinacional el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que entre sus finalidades tiene la de ejercer el control de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, control que se instrumenta a través de las acciones de inconstitucionalidad, sean en la vía abstracta o concreta, con carácter correctivo o a posteriori, con la finalidad de que este Tribunal someta las normas cuestionadas a un juicio de constitucionalidad para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los valores supremos, principios, fundamentales y normas de la Constitución Política del Estado.

(…)

La acción de inconstitucionalidad, tiene como propósito expulsar del ordenamiento jurídico, toda norma que sea incompatible con la Constitución; en ese sentido, el art. 132 de la CPE, haciendo referencia de manera general a la acción de inconstitucionalidad, señala que toda persona, sea individual o colectiva, que se encuentre afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, tendrá derecho a interponer la acción de inconstitucionalidad, conforme a los procedimientos desarrollados para ese fin. Por su parte, el art. 133 de la CPE, prevé sobre los efectos de la inconstitucionalidad, la declaración de la inaplicabilidad de la norma impugnada, teniendo efectos erga omnes; es decir, surte plenos efectos respecto a todos” (las negrillas fueron añadidas).

Respecto de los alcances de este análisis de constitucionalidad, nos remitimos a la jurisprudencia emitida por el extinto Tribunal Constitucional en sus primeros años, la cual es esclarecedora y que no varía en los fines de este mecanismo constitucional, aspectos que continúan siendo evaluados en la actualidad; de este modo, la SC 0051/2005 de 18 de agosto, estableció que: “…En ese orden, cabe señalar que el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas. Es en ese marco que resolverá la problemática planteada en el presente recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad”.

Asimismo, la SCP 0032/2019 de 9 de julio, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) precisó los casos en los que corresponde ejercer un control de convencionalidad difuso, definiendo las siguientes posibilidades: “a) Dejar sin efectos jurídicos aquellas interpretaciones inconvencionales, buscando la interpretación conforme al ‘corpus iuris’ de derechos humanos; b) Cuando no pueda lograrse una interpretación convencional, se debe dejar sin efectos jurídicos la norma nacional, inaplicándola al caso particular; y, c) Cuando no pueda lograrse una interpretación convencional, se debe dejar sin efectos jurídicos la norma nacional con efectos generales o ‘erga omnes’, inclusive retroactivos, cuando resulte indispensable para lograr un adecuado goce y disfrute de los derechos humanos”.

III.1.2. Distinción entre el control de constitucionalidad de tipo normativo y de tipo competencial

Al efecto, el AC 0084/2018-CA de 15 de marzo, citando la SC 0033/2010 de 20 de septiembre, refiriéndose a los alcances del control de constitucionalidad, precisó que: “En cuanto al control normativo de constitucionalidad, señalo que: ‘…es el mecanismo encomendado al órgano contralor de constitucionalidad, para que en caso de ser activado, verifique la observancia y respeto a la Constitución de todas las normas infra-constitucionales caracterizadas por su generalidad, encontrándose dentro de este plexo normativo las leyes, los decretos supremos, las resoluciones de carácter general y otras normas que no tengan efectos particulares’. Luego añadió que: ‘…el control sobre normas de carácter general y los efectos de las decisiones del control normativo de constitucionalidad, son los rasgos distintivos de esta modalidad de control de constitucionalidad, en relación con el control competencial y con el control de constitucionalidad referente al respeto y vigencia de derechos fundamentales’.

En cuanto al control competencial, sostuvo que: ‘…es aquel que tiene la finalidad de verificar el respeto a la garantía de la competencia plasmada en el Art. 31 de la Constitución abrogada y 122 de la Constitución vigente, para cuyo efecto, el recurso directo de nulidad es el mecanismo idóneo para controlar la vigencia de esta garantía. Entonces, el objeto de este brazo de control de constitucionalidad, se refiere a todos los actos de naturaleza administrativa o jurisdiccional con efectos particulares que puedan afectar la citada garantía, no encontrándose dentro de su alcance por tanto, las normas de carácter general, cuya protección encuentra cauce en el control normativo de constitucionalidad tal como se explicó’ ” (las negrillas corresponden al texto original).

Entre los mecanismos de control competencial se encuentra contemplado y desarrollado en el Código Procesal Constitucional el conflicto de competencias que comprende la resolución de conflictos de: competencias y atribuciones entre órganos del poder público; competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (ETA) y entre éstas, y; competencias entre las jurisdicciones indígena originaria campesina, ordinaria y agroambiental.

Con relación al conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las ETA y entre éstas, conforme al art. 92 del CPCo, procederá como conflicto positivo, cuando una de estas entidades entienda que la otra ejerce una determinada competencia que no le corresponde de acuerdo a la Constitución Política del Estado o la ley; asimismo, procederá como conflicto negativo, cuando ninguno de estos niveles de gobierno asuma las competencias atribuidas por la Norma Suprema o la ley, esta última también puede proceder por declinatoria a solicitud de cualquier persona natural o jurídica conforme dispone el art. 98 del citado Código. Por consiguiente, siendo que el conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las ETA y entre estas, tiene como finalidad dirimir atribuciones asignadas; por especialidad queda fuera de su objeto el control normativo de constitucionalidad; es decir, que mediante conflicto de competencias no corresponde contrastar el contenido de preceptos con la Constitución Política del Estado, sino que debe limitarse a dilucidar a qué entidad corresponde determinada competencia.

Consecuentemente, mediante control normativo de constitucionalidad no se podrá dilucidar la titularidad de atribuciones de una entidad sobre determinada materia, por cuanto este aspecto se encuentra dentro del ámbito del conflicto de competencias respectivo; consecuentemente, la acción de inconstitucionalidad abstracta no es la vía idónea para dirimir competencias, aspecto que también fue comprendido por éste Tribunal en la SCP 0036/2017 de 25 de septiembre, respecto al conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las ETA y entre estas, estableciéndose que: “…en el presente caso, el accionante advierte y denuncia un conflicto que encuentra su raíz en una Ley Municipal en materia autonómica, cuya validez cuestiona en razón a que fue emitida por un órgano de un nivel de gobierno, que actuó como emisor supuestamente, fuera de las competencias que constitucionalmente le fueron asignadas, problemática que en los términos expuestos por el primer nombrado radica en la falta de competencia del órgano emisor y cuya discusión y dilucidación debe efectuarse dentro del marco procesal previsto; es decir, por vía del Conflicto de competencia entre el nivel central del Estado y las ETA y entre estas, y no así por la acción de inconstitucionalidad abstracta, puesto que si bien en ambos casos se refiere a vulneraciones al texto constitucional en su sentido más general, son los presupuestos específicos, que configuran la problemática concreta, los que en definitiva determinan la vía procesal idónea, aspecto que no fue observado por el accionante, quien sin establecer la pertinencia de la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta, pretende la declaratoria de inconstitucionalidad de una Ley Municipal Autónoma -en el alcance conceptual de los arts. 85.III y 93 del CPCo- por haber sido emitida fuera del marco competencial desarrollado en la Tercera Parte, Título I, Capítulo Octavo de la Constitución Política del Estado, confundiendo sucesiva y reiteradamente el objeto jurídico de su acción y omitiendo considerar el conflicto de competencias como una vía idónea, para la solución de la problemática planteada” (las negrillas nos pertenecen).

Finalmente, el mismo fallo estableció que: “El razonamiento antes formulado, impide ab initio y conforme al margen de razonabilidad, que la justicia constitucional ingrese a considerar el fondo de la demanda de inconstitucionalidad abstracta de toda la norma en general y de los arts. 1, 4 incs. c) y e), 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21 y 28 de la Ley Municipal Autónoma que son específicamente cuestionados en el cuerpo de la demanda, porque conforme se tiene señalado, resulta imprescindible e inexcusable verificar previamente si la Ley como texto normativo fue emitido en ejercicio de una competencia constitucionalmente prevista a favor del órgano emisor de la ETA, extremo que no podrá ser dilucidado si no es mediante la vía idónea, esto es conforme a los argumentos y petitorio formulado expresamente por el demandante, el conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz’ ” (las negrillas son nuestras).

III.2. Características del Estado Plurinacional de Bolivia con autonomías y su incidencia en los niveles gubernamentales autonómicos

Desde el art. 1 de la CPE, textualmente se señala que: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país” (las negrillas nos corresponden). El modelo de Estado Plurinacional con autonomías se refiere a la edificación de una nueva organización territorial en el país y en una distribución diferente del poder público a nivel territorial, asignada tanto al nivel central del Estado, como a las diferentes entidades territoriales autónomas, entre las cuales se encuentra el nivel municipal de gobierno. Esto también implica que cada entidad autónoma ejercerá las facultades, atribuciones y competencias que le han sido asignadas por la Norma Suprema y que previamente correspondían al nivel central del Estado, pero todas bajo los mismos principios y directrices que rigen a la institucionalidad pública. Al respecto, la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, como un fallo hito en la temática de autonomías, señaló que el país ingresa:“…en un nuevo modelo de Estado compuesto, cimentado en la distribución del poder político con base territorial, en el que se reconoce la existencia de distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora, según expresa el art. 272 de la CPE, cuya dinámica en el ejercicio de dichas facultades debe reflejar la característica esencial del nuevo Estado orientado hacia una democratización profunda del poder político que desmantele la centralización caracterizadora del anterior modelo de Estado, toda vez que el diseño autonómico es otro pilar esencial de la nueva ingeniería estatal, de ahí la distribución de competencias otorgando a las entidades territoriales autónomas competencias exclusivas, concurrentes y compartidas a ser desarrolladas dentro de su jurisdicción territorial” (las negrillas nos pertenecen).

Respecto de los gobiernos departamentales y municipales, estos ingresan en una descentralización más profunda de lo que históricamente había 1 En la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0098/2018 de 12 de diciembre, se recopilaron varios fundamentos sobre la temática del nuevo Estado con Autonomías, expuestos con anterioridad en el control previo de constitucionalidad de Cartas y Estatutos Orgánicos de las entidades territoriales autónomas, en donde se desarrolló lo siguiente: “De acuerdo a lo establecido por el art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país’; en tal sentido, al disponer que Bolivia se constituye en un Estado con autonomías, se tiene que la Norma Suprema establece un diseño estructural basado en la distribución territorial del poder, que no radica en una simple descentralización del mismo, sino en una verdadera repartición de potestades a las entidades territoriales autónomas (ETA) a efectos de que las mismas cumplan con los fines propios del Estado en una relación más profunda con la población, dando lugar a la consolidación de gobiernos subnacionales, respetando el carácter preexistente de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes pueden ejercer su libre determinación y autogobierno conforme establece el art. 2 de la referida Norma Suprema. Respecto a los postulados establecidos en el art. 1 de la CPE, la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, entendió que el referido precepto constitucional, en su primera parte, establece una cláusula normativa ‘…a través de la cual se ingresa en un nuevo modelo de Estado compuesto, cimentado en la distribución del poder político con base territorial, en el que se reconoce la existencia de distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora, según expresa el art. 272 de la CPE…’; a esto el referido fallo, sobre el art. 2 de la Norma Suprema, añade que: ‘…el refuerzo constitucional de la cláusula autonómica se encuentra en el art. 2 de la CPE, que reconoce el derecho a la autonomía y autogobierno de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, por tanto, en virtud de la cláusula autonómica prevista en los arts. 1 y 2 de la CPE, la orientación del nuevo Estado Plurinacional con autonomías tiende a descartar las tendencias centralistas y a profundizar en mayor grado y de manera progresiva y gradual, la cláusula autonómica, la misma que debe ser llevada a cabo siempre bajo el principio de unidad e integralidad del Estado’. Por su parte, la SCP 2055/2012 de 16 de octubre, sobre el ya mencionado art. 1 de la CPE, hace referencia a las características del Estado Unitario, Comunitario y Plurinacional, señalando que éste se denomina: ‘…Estado Unitario, porque resguarda la integridad del territorio nacional y garantiza la unidad entre los bolivianos; asimismo, es Comunitario porque revaloriza las diversas maneras de vivir en comunidad, sus formas de economía, de organización social, política y la cultura. En este modelo de Estado se instituyen nuevos valores emergentes de la pluralidad y diversidad que caracteriza al Estado boliviano, entre ellos se predica, los principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, mejor distribución de la riqueza con equidad. Asimismo, al ser comunitario el Estado asume y promueve como principios éticos -morales, aquellos que rigen la vida en comunidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. De la misma forma se erige como Estado plurinacional, reconociendo la condición de naciones a los pueblos indígena originario campesinos…’. Sobre la repartición del poder en nuestro Estado con autonomías, debe considerarse que la misma se encuentra sustentada sobre una base territorial; en tal sentido, corresponde considerar que el art. 269.I de la CPE determina que: ‘Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos’, siendo esta la organización territorial considerada para la consolidación de los gobiernos autónomos subnacionales: departamental, municipal, indígena originario campesino y regional. En ese sentido, corresponde precisar que cada uno de los gobiernos subnacionales señalados anteriormente, cuentan con particulares características en su constitución a partir del nuevo diseño estatal (…).

Una de las grandes novedades que contempla esta estructura estatal establecida por la Norma Suprema, radica primordialmente en la distribución de la potestad legislativa a favor de cada uno de los gobiernos autónomos subnacionales; por lo cual se rompe el monopolio de un único Órgano emisor de leyes, distribuyéndose ésta facultad a cada ETA por competencias; así la jurisprudencia constitucional, mediante la SCP 1714/2012, estableció que: ‘…el régimen autonómico diseñado por el constituyente, crea entidades territoriales autónomas, con capacidad gubernativa dentro del ámbito de su jurisdicción y límites; es decir, capacidad legislativa, en determinados temas y materias, (…), en el entendido que la autonomía como una modalidad del Estado compuesto hace referencia a la distribución del poder político de forma limitada, de tal forma que la autonomía legislativa otorgada para determinadas competencias no exime que en otros temas existan tareas delegadas, esto dependerá de los límites impuestos por el constituyente a la competencia legislativa de las entidades territoriales autónomas, según las materias que se trate. A esta primera cualidad del diseño constitucional cabe subrayar, que la ruptura del monopolio legislativo del nivel central se asienta en el reconocimiento de la facultad legislativa dentro de sus ámbitos territoriales en igualdad de condiciones respecto de las diferentes entidades territoriales, con excepción de la autonomía regional, legislación que de conformidad con el art. 410 de la CPE, tiene un rango comparable a las leyes nacionales’. Es en este nuevo ámbito organizativo estatal que la constitución de gobiernos autónomos subnacionales adquiere matices de los órganos del nivel central del Estado, mismos que son necesarios para garantizar su gobernabilidad; entre estos se encuentra la necesaria división inter-orgánica, que comprende la constitución de dos órganos que corresponden a las ETA, uno encargado de la ejecución y reglamentación de las normas respectivas, y otro ente de carácter representativo encargado de la emisión de leyes de índole subnacional, y asimismo del control o fiscalización de la ETA en razón del mismo carácter representativo que ostenta, en virtud del cual también ejerce facultad de deliberar sobre asuntos atingentes a la gobernanza. De acuerdo a lo señalado anteriormente, conviene hacer referencia al principio de independencia y separación de órganos establecido en el art. 12.I de la CPE, el cual establece que: ‘El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos’; asimismo, el parágrafo III del mencionado precepto constitucional establece que: ‘Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí, disposiciones que si bien se encuentran dirigidas para Órganos del nivel central del Estado, se hacen extensibles a las relaciones entre órganos de las ETA; debido a que las facultades con las que estos cuentan, obliga a la necesidad de un establecimiento de pesos y contrapesos que permitan un equilibrio en el ejercicio del poder en cada nivel de gobierno. Sobre el establecimiento de niveles de gobierno, corresponde señalar que entre los referidos gobiernos subnacionales, no opera jerarquía alguna, es decir que la extensión territorial que abarca la jurisdicción de una determinada ETA no implica que ésta tenga mayor jerarquía por cuanto cada una de éstas tiene igualdad de rango constitucional, así lo establece el art. 276 de la CPE, que dispone: ‘Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional’; no obstante de esta disposición, resulta pertinente señalar que todo este andamiaje arquitectónico constitucional se encuentra sometido al principio de unidad que no solamente rige a las ETA por mandato del art. 270 de la CPE, sino a todo el Estado boliviano conforme establece taxativamente el art. 1 de la Norma Suprema. Corresponde también hacer referencia que las autoridades de las ETA cuentan con distintas facultades para ejercer su autonomía, es así que el art. 272 de la CPE, establece que: ‘La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones’; no obstante de las facultades referidas en el referido precepto constitucional, corresponde señalar que los órganos legislativos de éstos niveles de gobierno también cuentan con facultad deliberativa en ejercicio de su mandato representativo, así se advierte de los arts. 277, 281 y sucedido, a través de la redistribución del ordenamiento territorial en la Tercera Parte de la Ley Fundamental, designada como “Estructura y Organización Territorial del Estado”, en que se configura el referido modelo de un Estado Plurinacional Unitario y con Autonomías, estableciendo no solo la división territorial del poder público, sino la inclusión de los órganos de gobierno tradicional, ejecutivos y legislativos correspondientes a los niveles subnacionales, como parte de la distribución y ejercicio de aquel poder, reconociéndose en su favor la cualidad gubernativa, así como la obligación de respetar la supremacía constitucional en todas sus actuaciones. Así, se tiene que el marco jurídico de la autonomía, plantea desde la Constitución Política del Estado en su art. 272, la siguiente definición: “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones” (las negrillas son nuestras). En cuanto a la autonomía municipal, la Norma Suprema establece en su art. 283 que: “El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde” (las negrillas nos corresponden). Con base al marco jurídico descrito, los gobiernos autónomos municipales –al igual que los demás niveles– tienen una organización gubernamental de carácter dual; es decir, que su gobierno está compuesto por dos órganos, el legislativo y ejecutivo, con funciones diferentes, asignadas con el fin de no concentrar el poder público en una solo institucionalidad; por ello, los referidos órganos también se encuentran regidos por los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación, no pudiendo reunirse las funciones en un órgano, ni ser delegadas entre ellas (art. 12 de la CPE replicado en el art. 12 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa “Andrés Ibáñez”, como forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas, como se detalla más adelante). En ese orden de ideas, en el nivel subnacional, los postulados referidos no pueden ser soslayados a momento de ejercer las funciones y atribuciones otorgadas constitucionalmente; en otras palabras, cada órgano del gobierno autónomo (legislativo y ejecutivo) debe desarrollar sus facultades y operaciones sin afectar a su entidad co gobernante; por lo que, en el marco del principio de la independencia y separación de órganos, la instancia deliberativa no puede interferir en las acciones y labores del ejecutivo y viceversa; no obstante, ambas instancias municipales deben orientar sus funciones en apego a los principios de coordinación y cooperación, esfuerzos dirigidos a cumplir con los fines del régimen autonómico. Las entidades territoriales autónomas, gozan de una cualidad gubernativa, así como de igual rango constitucional y jerárquico entre ellas, que ejercen las referidas tareas en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas, subordinados al marco de la unidad del Estado y la supremacía constitucional.

III.2.1. El principio de separación de funciones en los niveles autonómicos de gobierno

El art. 12 de la Norma Suprema prevé que:

“I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La Organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. III. Las funciones de los órganos públicos no puede ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

La disposición constitucional transcrita, nos permite sostener que el sistema o forma de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en la división de poderes, la misma que es derivada a la forma de gobierno establecida para las entidades territoriales autónomas conforme el mandato constitucional del art. 271 de la CPE, que tiene como objetivo regular el régimen de autonomías y las bases de la organización territorial del Estado; en dicho propósito, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" –Ley 031 de 19 de julio de 2010–, a través de su art. 12 prevé lo siguiente:

“I. La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es democrática, participativa, representativa y comunitaria allá donde se la practique, con equidad de género. II. La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomo está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. IV. El gobierno de las autonomías indígena originario campesinas se ejercerá de acuerdo al Artículo 296 de la Constitución Política del Estado”.

La jurisprudencia constitucional emitida en el control previo de constitucionalidad respecto de la construcción de las normas institucionales básicas de las entidades territoriales autónomas (Estatutos y Cartas Orgánicas), desarrolló entre sus Fundamentos Jurídicos las características del Estado con autonomías, entre las que se precisaron las normas previamente anotadas, bajo la misma configuración acerca de la forma de gobierno, como señala la DCP 0097/2017 de 15 de noviembre, citando a la DCP 0001/2013: “En el marco de la organización territorial o vertical del Estado, se puede comprender que el principio de la separación, coordinación y cooperación de los órganos del poder público, establecido en el art. 12 de la CPE, es principio que se aplica y extiende a los órganos de las entidades territoriales autónomas. Por ello, la Ley Marco de Autonomía y Descentralización ‘Andrés Ibáñez’ establece en su art. 12 que: ‘I. La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es democrática, participativa, representativa y comunitaria allá donde se la practique, con equidad de género. II. La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí’. Los principios de separación y coordinación de los órganos de las entidades territoriales autónomas, fueron plasmados de manera transversal en los preceptos establecidos para las entidades territoriales autónomas en la Tercera Parte de la Constitución Política del Estado. Primeramente el art. 272 de la CPE, señala que la autonomía, entre otras cosas, es el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo; a lo cual el art. 283 de la CPE, complementa de manera específica, que el gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. (…) Entonces, el principio de separación de órganos traducida en una separación de funciones o facultades, identificadas por la Ley Fundamental, no es otra cosa que la división horizontal del poder replicada en los órganos de las entidades territoriales autónomas, con el fin concretar una división funcional del trabajo en los niveles subnacionales del Estado” (las negrillas fueron añadidas).

III.3. Acerca de la facultad de fiscalización en los Gobiernos Autónomos como mecanismo de control político

El control político dentro del Estado nacional, fue entendido bajo por el Tribunal Constitucional de la siguiente manera en la SC 0032/2006 de 10 de mayo, que refirió: “El Estado Social y Democrático de Derecho, está constituido sobre la base de principios, entre los que se encuentra el de la división de poderes, conocido por la doctrina constitucional contemporánea como la separación de funciones, que evita la concentración del poder en una misma persona u órgano -que genera su uso abusivo y arbitrario-, garantizando con ello, la libertad, la dignidad y la seguridad de los ciudadanos; conforme lo expresó la SC 0009/2004, de 28 de enero: ‘(...) el principio de la separación de funciones, conocida también en la doctrina clásica del Derecho Constitucional como el principio de la ‘división de poderes’, implica la distribución de competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder, de manera que esa distribución se constituya en una limitación para cada órgano de poder, el que solo podrá ejercer las potestades que forman parte de su competencia’ (…). Las técnicas del control son, estructuralmente, de dos tipos. Cuando las instituciones de control operan dentro de la organización de un solo detentador del poder, son designadas como controles intraórganos. Cuando, por otra parte, funciona entre diversos detentadores del poder que cooperan en la gestión estatal, se les designa como controles interórganos. Los conceptos de controles ‘intraórganos’ e ‘interórganos’ están tomados de la conocida terminología del derecho constitucional americano, que distingue entre la jurisdicción de los Estados miembros (intra state), y jurisdicción entre los Estados o jurisdicción federal (inter-state). Los controles intraórgano e interórgano constituyen conjuntamente la categoría de los controles horizontales, la misma que, lógicamente, requiere ser completada y confrontada con la articulación vertical del proceso del poder. Bajo esta segunda categoría se entienden aquí aquellos controles que operan entre la totalidad de los detentadores del poder establecidos constitucionalmente y encargados de dirigir el proceso gubernamental, y todas las otras fuerzas sociopolíticas de la sociedad estatal, que pueden funcionar sobre una base territorial, pluralista y hasta individual (…) así Karl Lowenstein, autor de la moderna doctrina constitucional, expresa que el poder presenta una nueva división, a saber: a) decisión política conformadora o fundamental; b) la ejecución de la decisión política; y, c) el control político. (…) c) El control político, que son los mecanismos para moderar y limitar el poder político del gobierno y de los detentadores del poder, tomando como base la propia separación de funciones, pues los diferentes Órganos del Estado se encuentran limitados y controlados mediante los frenos y contrapesos, y por la obligada coordinación entre ellos para expresar la voluntad estatal; también se reconoce como un componente esencial del control el ejercido por el pueblo o soberano. Modernamente, el control es también ejercido por los mecanismos de la democracia directa, tales como el referéndum, el control social y ciudadano, la revocatoria de mandato (voto constructivo de censura municipal), e incluso por mecanismos sociológicos no institucionalizados, como la opinión pública. El control asume dos modalidades básicas: el control por distribución de poder; es decir, cuando se requiere la voluntad de dos o más detentadores del poder para producir un acto jurídico estatal, como en el nombramiento del Contralor General de la República por el Ejecutivo, en base a ternas propuestas por el Senado; o por negación del poder; que acaece cuando un poder del Estado puede disolver un acto de otro poder, o en Estados de forma de gobierno parlamentario a este último poder; por ejemplo el veto presidencial a las leyes que sancione el Congreso, o la disolución del Parlamento por el Poder Ejecutivo o el Gobierno, en los regímenes parlamentarios” (las negrillas nos corresponden). La misma Sentencia Constitucional, continúa el desarrollo de sus fundamentos refiriendo acerca del control del Legislativo sobre el Ejecutivo que: “Es una forma de control inter-órganos, sustentada en que el Legislativo es la representación del soberano, y por ello la expresión de mayorías y minorías de la población, lo que equivale a decir que representa el equilibrio de la fuerzas sociales de un Estado; y consiste en las acciones que el Legislativo está facultado a realizar sobre los actos del Ejecutivo, ya sea para producir un acto jurídico estatal, o para negar la constitución de ese acto. Los mecanismos adoptados por la mayoría de los Estados Constitucionales son: la aprobación o rechazo de una ley apoyada por el Ejecutivo, las interpelaciones y censuras, la investigación por comités o comisiones de parlamentarios de los actos ejecutivos, la ratificación de tratados, participación en el nombramiento de autoridades judiciales, militares, alto[s] cargos administrativo-políticos y otras. Modernamente se asume al control también como función técnica, que puede ser ejercida en forma previa al acto o en forma posterior” (las negrillas nos pertenecen). De acuerdo con los precitados arts. 272 y 277 constitucionales, cada Gobierno Autónomo cuenta con facultades propias; y, en el caso de la Asamblea Legislativa Departamental, se le reconoce las capacidades legislativa, deliberativa y fiscalizadora. La última señalada, fue delimitada por la jurisprudencia constitucional de la siguiente forma: “4. Facultad fiscalizadora. Esta facultad se encuentra introducida por el art. 272 de la CPE, cuando confiere a los gobiernos autónomos las facultades legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora. Esta facultad tratándose de las entidades territoriales corresponde a la asamblea legislativa del gobierno autónomo correspondiente para controlar al órgano ejecutivo del mismo. Así en la autonomía departamental es ejercida por la asamblea departamental respecto del órgano ejecutivo en la gestión pública y el manejo de los recursos departamentales” (las negrillas corresponden al original y el subrayado nos corresponde) (SCP 1714/2012 de 1 de octubre); entendimiento que fue asumido en la generalidad de los fallos emitidos en control previo de constitucionalidad de Cartas y Estatutos Orgánicos de las entidades territoriales autónomas. Por su parte, la Ley cualificada para el desarrollo del régimen autonómico - Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez”- establece lo siguiente:

“Artículo 137. (FISCALIZACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL). I. La fiscalización a los órganos ejecutivos es ejercida por los órganos deliberativos de cada gobierno autónomo. Los procedimientos, actos, informes y resultados de la fiscalización deben ser abiertos, transparentes y públicos. II. El control gubernamental es ejercido por la Contraloría General del Estado y los mecanismos institucionales establecidos por la ley. III. Sin perjuicio del control ejercido por la Contraloría General del Estado, los estatutos o cartas orgánicas podrán instituir otros mecanismos de control y fiscalización en el marco de la ley emitida por el nivel central del Estado y de la competencia concurrente señalada en el Numeral 14, Parágrafo II, Artículo 299 de la Constitución Política del Estado. IV. Ninguna norma de los gobiernos autónomos puede impedir el ejercicio de la fiscalización ni del control gubernamental establecidos en el presente Artículo”. En el Estado constitucional, democrático y con autonomías, rige la división de poderes u órganos, conforme se expuso previamente; sin embargo, dentro de la mayoría de los sistemas democráticos que asumieron aquella separación, existen mecanismos de resguardo en el ejercicio de las facultades propias -pesos y contrapesos-, que se ejerce de un estamento hacia otro. Tal es el caso, del control político institucionalizado, que a diferencia del control social o del control jurisdiccional, se ejerce por la institución representativa de la población, de ahí su denominación de “político”, al constituir el Parlamento, Congreso o Asamblea, la entidad conformada por varios representantes de la sociedad en el órgano legislativo, cuyo interés radica en supervigilar el manejo, uso y destino de los recursos públicos. El control político, puede ejercerse desde diferentes y variados mecanismos, como pueden ser el voto de investidura o voto de confianza, la interpelación, la moción de censura, los pedidos de presentación información escrita u oral. Conforme a ello, el Órgano Legislativo de orden nacional, usualmente dividido en dos Cámaras, controla al Ejecutivo, encargado -valga la redundancia- de la ejecución de las políticas y planes de la administración pública, a través de los Ministros de Estado, los cuales tienen a su cargo diferentes áreas para el desarrollo de sus actividades.

III.4. Acerca de la facultad de fiscalización en los Gobiernos Autónomos como mecanismo de control político

En la SCP 0169/2023, acerca de la interpelación y censura como mecanismos de fiscalización, se definió lo siguiente: “En un sistema parlamentario, la elección de los poderes legislativo y ejecutivo se lleva a cabo de manera separada, y los procesos pueden variar según el país y su sistema específico. El Poder Legislativo, como el parlamento o asamblea legislativa, suele ser elegido por vocación popular en elecciones legislativas o generales. En muchas democracias parlamentarias, se utilizan sistemas de representación proporcional, lo que significa que los partidos políticos obtienen un número de escaños en el parlamento, proporcional a la cantidad de votos que reciben en las elecciones, los ciudadanos votan por partidos políticos o candidatos individuales, y los escaños se distribuyen en función a los resultados electorales; el poder legislativo es responsable de hacer leyes, supervisar al gobierno y representar los intereses de la población. El poder ejecutivo, en el sistema parlamentario, generalmente está encabezado por un Primer Ministro o un Presidente de la República, el líder del partido mayoritario se convierte en Primer Ministro (en una monarquía parlamentaria) o el Presidente (en una república parlamentaria); en algunos casos, si ningún partido obtiene una mayoría clara, puede ser necesario formar una coalición de partidos para tener una mayoría parlamentaria y establecer un gobierno. En resumen, en un sistema parlamentario, los ciudadanos eligen a los miembros del poder legislativo en elecciones legislativas; y posteriormente, el líder del partido mayoritario o de una coalición en el parlamento, forma el gobierno como el poder ejecutivo. Este sistema se basa en la interacción entre el parlamento y el ejecutivo, lo que permite una mayor supervisión y control del gobierno por parte del legislativo. La interpelación y censura son dos herramientas importantes en un sistema parlamentario para mantener la responsabilidad y el control del poder ejecutivo por parte del legislativo; es decir, son figuras constitucionales de corte parlamentario, o una fórmula de interrelación de poderes, básicamente Ejecutivo y Legislativo, en que, el primero de los citados procede del segundo del Congreso concretamente, mediante la investidura. En este sistema, desde la elección de este último nace una posición de control del Parlamento al Gobierno, con diferentes medios que, en unos casos, corresponden a ambas Cámaras, como las comparecencias que consisten en preguntas escritas y orales (en Pleno y en Comisión) e interpelaciones. La interpelación es un procedimiento mediante el cual, los legisladores pueden hacer preguntas y solicitar explicaciones al gobierno (miembros del poder ejecutivo, como ministros) sobre sus acciones y políticas, se utiliza para obtener información y aclaraciones sobre decisiones gubernamentales, políticas públicas o cualquier otro asunto de interés nacional. La censura se trata de una medida más drástica y se utiliza para expresar la falta de confianza en el gobierno. En un voto de censura el parlamento puede expresar su desaprobación al gobierno o a un miembro específico del gobierno (como un ministro). Si un voto de censura es exitoso, el gobierno puede verse obligado a dimitir, lo que lleva a la formación de un nuevo gobierno o la convocatoria a elecciones anticipadas. En resumen, la interpelación se usa principalmente para obtener explicaciones y rendición de cuentas, mientras que la censura es un mecanismo más extremo que puede llevar a la caída del gobierno parlamentario. Ambos son importantes para el equilibro de poder en un sistema parlamentario y para garantizar que el ejecutivo sea responsable ante el legislativo y en última instancia, ante el pueblo. Su aplicación varía entre los Estados, principalmente en cuanto al funcionario responsable y los efectos que produce la censura; países como España, Venezuela y Argentina, aplican la censura al Presidente del Gobierno, al Vicepresidente y al Jefe de Gabinete, respectivamente; y países como Colombia, Ecuador y Perú, reconocen la censura solo contra los Ministros de Estado; además, estos dos últimos, condicionan el alejamiento de los Ministros a la previa aceptación de la renuncia por el Presidente del Estado. En el marco del Estado constitucional, el principio de división de poderes es uno de los elementos necesarios, así en su manifestación tradicional aparece la triada del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con el objeto de evitar la concentración del poder en manos de uno, con la finalidad de que no hay un poder que domine. En la fórmula constitucional de Bolivia, el Presidente del Estado no asume responsabilidad política con consecuencias sancionatorias ante el Órgano Legislativo, esto es, que, aunque tiene el deber de informar sus actos, el Legislativo no puede generar ninguna consecuencia, que no sean las previstas en la Constitución Política del Estado, en el marco de la división y separación de órganos, y tomando en cuenta que nuestro constituyente estructuró un sistema presidencialista; en el que, el Presidente es elegido directamente por los ciudadanos en una elección específica, y tiene poder ejecutivo independiente del poder legislativo; dado que, su elección no emana de aquel, sino del voto emitido en las urnas por el pueblo o soberano, que le deposita su confianza, de manera directa; por lo tanto, no es elegido por el parlamento, como en el solo y directamente responsable ante los ciudadanos que lo eligieron en las elecciones presidenciales. Y son los ministros, quienes asumen la responsabilidad de manera solidaria, recayendo en ellos, la responsabilidad del gobierno. El Órgano Legislativo no es el primer poder, ni tiene preminencia sobre ninguno, y en contrapeso con el Ejecutivo son iguales, y por eso ningún control interórganos puede destituirlo, pues, la responsabilidad política nace de la confianza que se entrega a un servidor público para que desempeñe funciones públicas, de manera que su resultado es el retiro de la confianza que previamente se había depositado en el mismo; consecuentemente, solo se puede ser responsable frente a quien otorgó la misma”. Dentro del mismo Fundamento Jurídico, en el mismo fallo, se desarrollan por un lado la interpelación y censura de ministras y ministros, en el marco de la Constitución Política del Estado; y por otro, la interpelación y censura en los Gobiernos Autónomos Municipales. En cuanto al primero, la citada Sentencia se apoya en la jurisprudencia sentada en la SCP 0020/2023 de 5 de abril, y concluye que: “La fiscalización como mecanismo para controlar y supervisar los actos del Órgano Ejecutivo no conlleva la facultad sancionatoria, considerando que la misma deberá imponerse en el marco de un debido proceso. Por último, el citado fallo constitucional, estableció que siendo la finalidad de la interpelación, obtener y valorar el informe de la autoridad ministerial interpelada, a fin de verificar si esta es depositaria de la confianza de la población –representada en la Asamblea Legislativa Plurinacional– para el ejercicio de sus funciones respecto a un asunto o varios en concreto; por lo mismo, no tiene por objeto –propiamente– establecer, ni mucho menos juzgar, eximir ni sancionar responsabilidades administrativa, civil, penal o ejecutiva; las que de existir, derivarán, en su caso, en la apertura de procesos en las instancias jurisdiccionales respectivas, donde corresponde su sustanciación, dilucidación y resolución correspondiente” (las negrillas son nuestras). En cuanto a la interpelación y censura dentro del nivel de gobierno municipal, indica: “La Constitución Política del Estado en nuestro país, ha consagrado este instrumento de control interórganos, con esenciales diferencias del aplicado en el sistema parlamentario, dada la distinta naturaleza en la forma de gobierno que impera en el país, como es la democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, y nuestro Estado se organiza y estructura su poder público, a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, organización fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos; las funciones de los órganos públicos no pueden estar reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Así, en el art. 158.I de la CPE establece entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el punto 18 Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro. Sin embargo, la misma, se encuentra consagrada en exclusivo como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para aplicarla sobre las Ministras o Ministros de Estado; más no existen ninguna previsión constitucional ni legal que haga extensiva u obligue a su aplicación a los gobiernos autónomos subnacionales. No debe perderse de vista que de acuerdo a lo previsto por el art. 1 de la CPE, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, y se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país, en tal sentido, al disponer que Bolivia se constituye en un Estado con autonomías, se tiene que la Norma Suprema establece un diseño estructural basado en la distribución territorial del poder, que no radica en una simple descentralización del mismo, sino en una verdadera repartición de potestades a las entidades territoriales autónomas a efectos de las mismas cumplan con los fines propios del Estado en una relación más profunda con la población dando lugar a la consolidación de gobiernos subnacionales, respetando el carácter preexistente de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes pueden ejercer su libre determinación y autogobierno conforme establece el art. 2 de la referida Norma Suprema. En ese mismo orden, respecto a los postulados contenidos en el mismo art. 1 de la CPE, se establece una cláusula normativa, a través de la cual, se evidencia que Bolivia ingresa en un nuevo modelo de Estado compuesto, cimentado en la distribución del poder político con base territorial, en el que se reconoce la existencia de distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora, según establece el art. 272 de la CPE. En ese sentido, cada uno de los gobiernos subnacionales, como son el departamental, municipal, indígena originario campesino y regional, cuentan con particulares características en su constitución a partir del nuevo diseño estatal, así los gobiernos municipales autónomos se encuentran constituidos por un Concejo Municipal y un Órgano Ejecutivo presidido por la Alcaldesa o al Alcalde, según establece el art. 283 de la misma norma constitucional. De lo señalado, es posible concluir que una de las grandes novedades que contempla la nueva estructura estatal establecida por la Norma Suprema, radica principalmente en la distribución de la potestad legislativa a favor de cada uno de los gobiernos autónomos subnacionales; por lo cual, se rompe el monopolio de un único Órgano emisor de leyes, distribuyéndose esta facultad a cada ETA por competencia. Por lo mismo, ambos instrumentos, como son la interpelación y la censura, consagrados por la Constitución Política del Estado; de ningún modo pueden ser aplicados directamente a los gobiernos autónomos; dado que, tal como se explicó precedentemente, cada gobierno subnacional se sujeta a su propia autonomía y dentro de ese marco, éstos podrán elaborar sus propias normas autonómicas en sujeción a la Constitución Política del Estado; aunque si pueden usar como pautas de legislación, aplicable a su competencia. (…) Lo lógico es que el Alcalde o sus funcionarios respondan por la administración y sus resultados, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, a los procesos administrativos, ejecutivos, civiles o penales que se pueden abrir contra estos, impidiendo que como pretendía el voto constructivo de censura, reducir su gestión municipal, haciéndoles perder la perspectiva del desarrollo económico sostenible, atentando contra la frágil capacidad de gestión, generando inestabilidad laboral; además, de la alta rotación de personal, provocando que los esfuerzos en capacitación de los funcionarios, ya sea a través de procesos formales, de asistencia técnica y de elaboración de documentos técnicos operativos y/o implementación de sistemas administrativos, continuamente resulten ser ineficientes, y rompan con el principio de continuidad administrativa. A más de ello, se otorgaba a un órgano par, como es el Concejo Municipal, la posibilidad de desestabilizar los gobiernos municipales o encontrar espacios para negociar espacios de poder, más que para garantizar la eficiencia y transparencia del uso de los recursos municipales.

Los extremos señalados, dieron paso a la reforma de los arts. 200 y 201 de la CPE; así como, de los arts. 50 y 51 de la Ley 2028; haciendo que el voto constructivo de censura, sea superado a través de la forma de elección de los Alcaldes y Concejales, y a partir de ello, cada quien ocupe el lugar para el que fue elegido, otorgando mayor gobernabilidad a los municipios. Sobre el particular, la DCP 0001/2013 de 12 de marzo, estableció el siguiente entendimiento: ‘El art. 12.I de la CPE señala que ‘El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos’. En ese mismo marco, el art. 12.II de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa “Andrés Ibáñez”, señala que ‘La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos’. En el marco del Fundamento Jurídico III.4 de este fallo, ‘Forma de Gobierno’, se debe señalar que una óptima separación de facultades y funciones debería estar acompañada con la separación de administraciones, cuestión que deberá ser construida de manera progresiva y paulatina de acuerdo a la realidad y necesidad de cada municipio. Sin embargo, se debe evitar las prácticas discrecionales respecto de las sanciones que anteriormente los Concejos Municipales aplicaban a los Alcaldes, pues actualmente estos últimos gozan de una legitimidad cualitativa basada en la elección directa de los mismos, cuestión que los hace diferentes respecto del marco jurídico preconstitucional caduco de la Ley de Municipalidades. Recordemos que el art. 50 de la LM, incluso regulaba la figura del ‘Voto Constructivo de Censura’ que establecía que: ‘I. El Alcalde Municipal, electo conforme al parágrafo VI del Artículo 200° de la Constitución Política del Estado, podrá ser removido mediante Voto Constructivo de Censura. II. La Censura Constructiva, como medida de excepción, se produce cuando el Concejo Municipal ha perdido la confianza en el Alcalde Municipal. III. La Censura Constructiva produce la remoción del Alcalde. Los procesos de responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal se sujetarán a lo previsto por la Ley Nº-1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos’. Dicho artículo y su procedimiento establecido en el art. 51 de la LM, al no responder al nuevo modelo de Estado, fue derogado por las Disposiciones Derogatorias de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización ‘Andrés Ibañez’.

Ello no significa que los Alcaldes quedan exentos de sanciones, pues el Concejo Municipal deberá encontrar los mecanismos necesarios que acompañen la facultad fiscalizadora que desempeñan, y deberán acudir a las instancias competentes para que estas sean las que vayan a sancionar al Alcalde respecto de sus faltas. Recordemos que el art. 108.8 de la Norma Suprema, señala como deber de los bolivianos ‘Denunciar y combatir todos los actos de corrupción’, para lo cual la norma constitucional ha establecido mandatos que permite contar al Estado con una fuerte y determinante política anticorrupción, entre estos mandatos están la retroactividad de la ley en casos de corrupción, la creación de la Procuraduría General del Estado, el Control y Participación Social, la nueva distribución competencias que establece al ‘Sistema de Control Gubernamental’ como competencia concurrente, permitiendo a las entidades territoriales autónomas implementar instancia de control gubernamental, sin perjuicio del control ejercido por la Contraloría General del Estado (arts. 299.II.14 CPE y 137.III de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa “Andrés Ibáñez”). En ese nuevo contexto, y en el marco de la facultad fiscalizadora que el Concejo Municipal puede ejercer sobre cualquier acto del órgano ejecutivo, podrá elaborar una ley de fiscalización municipal, en la cual se establezcan sanciones homólogas para todas las autoridades electas del gobierno autónomo municipal, que vayan por ejemplo desde descuentos salariales, llamadas de atención, entre otros, pero teniendo como límite de las sanciones la destitución de las autoridades electas en el marco del art. 28 de la norma constitucional que señala que el ejercicio de los derechos políticos se suspenden previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida. Los concejos municipales tienen el mandato de ejercer su facultad fiscalizadora, en el marco de la separación de órganos, lo que implica diseñar el marco normativo e instrumentos necesarios a fin de que se substancien y canalicen los procesos a las instancias correspondientes. Ello en el afán de evitar posicionamientos discrecionales que respondan a intereses personales, coyunturales o alianzas políticas por intereses circunstanciales, motivo por el que ha sido derogada quedando fuera del marco jurídico, la figura del voto constructivo, que se sustentaba en un mecanismo administrativo de substanciación. La observación a este artículo no tiene el propósito de dejar sin responsabilidades a la máxima autoridad ejecutiva del gobierno municipal, sino todo lo contrario, pues todas las autoridades electas, de ambos órganos deben estar sometidas a sanciones homólogas establecidas por una ley municipal, y no a sanciones que respondan a circunstancias. La observación a este artículo se fundamenta en el respeto al voto del ciudadano, al respeto al principio democrático, al principio de igualdad e independencia de órganos, al principio de reciprocidad, y al respeto del ejercicio de los derechos políticos, pero también a la gobernabilidad de un gobierno autónomo municipal’ ”.

III.5. Acerca de la ausencia de fundamento jurídico-constitucional

(Jurisprudencia reiterada)

La falta de fundamento jurídico-constitucional, es una causal de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad abstracta, tomando en consideración que conforme establece el art. 196.I de la CPE: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; en esa labor, el constituyente otorgó a esta instancia la atribución de conocer y resolver: “En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, solo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas” (art. 202.1 de la CPE).

Ahora bien, para resolver las demandas de inconstitucionalidad abstracta el Tribunal Constitucional Plurinacional: “…fundará la sentencia de inconstitucionalidad en la vulneración de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en la Acción interpuesta” (art. 77 del Código Procesal Constitucional [CPCo]); es decir, que deberá fundamentar y motivar de manera suficiente la decisión que asuma en el fondo; sin embargo, conforme dicha exigencia –necesaria fundamentación y motivación–, para que esta jurisdicción ingrese al análisis de la demanda de inconstitucionalidad abstracta, activada por las autoridades legitimadas de acuerdo al citado art. 196.1 de la Norma Suprema, también debe exigir que el memorial presentado, en que se alega la inconstitucionalidad de alguna o algunas normas infraconstitucionales, se encuentre debidamente fundamentado; así el art. 24 del CPCo, establece que: “Las Acciones de Inconstitucionalidad, conflictos de competencias y atribuciones, consultas y recursos deberán contener:

(…)

4. En las acciones de inconstitucionalidad, la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado” (las negrillas son nuestras).

En un mismo contexto, ya en etapa de admisión, la verificación de una adecuada fundamentación jurídico-constitucional en las acciones de inconstitucionalidad abstracta, se constituye en un requisito a ser considerado antes de admitir la pretensión expuesta en la demanda de control normativo posterior, dado que: “La Comisión de Admisión rechazará las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos:

(…)

c) Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo” (art. 27.II del CPCo).

Sin embargo, aun cuando la admisión hubiere sido dispuesta, conforme resalta la jurisprudencia de este Tribunal, es posible que en el análisis de fondo se vuelva a considerar esta condición, es decir si la demanda constitucional cuenta con el fundamento jurídico suficiente; conforme a este razonamiento, se debe tener en cuenta que: “…la Comisión de Admisión al admitir la acción realiza un análisis sobre el cumplimiento de requisitos de admisibilidad guiado necesariamente por el principio pro actione, de manera que al momento de conocer el fondo, no existe impedimento para que el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional pueda observar el incumplimiento de requisitos o condiciones que den mérito a un pronunciamiento de fondo de la problemática” (SCP 0646/2012 de 23 de julio).

En ese sentido, en el análisis de la SCP 0047/2015 de 26 de marzo, se puede establecer respecto a la falta de fundamentación jurídico-constitucional que: “…para considerar las acciones de inconstitucionalidad se debe establecer una clara y suficiente fundamentación, precisamente sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, es decir, que tales fundamentos deben cumplir con determinados requisitos, como el determinar el por qué la norma impugnada vulnera principios, valores o derechos fundamentales establecidos en la Ley Fundamental y la vinculación directa entre la norma impugnada y el precepto constitucional presuntamente vulnerado, cuya carga argumentativa debe ser lo suficientemente racional, suficiente y sólida para que genere convicción al Tribunal Constitucional Plurinacional de que tales normas deben ser sometidas a un test de compatibilidad con el texto de la Norma Suprema, el no lograr tal objeto, inviabiliza la posibilidad de que la jurisdicción constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado.

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0538/2013 de 8 de mayo, al respecto establece que: ‘Se debe señalar que al interponerse una acción de inconstitucionalidad, cuyo objeto es que se declare una norma específica inconstitucional por supuestamente contraponerse a la Constitución Política del Estado y así la misma sea expulsada del ordenamiento jurídico vigente, no solo basta con precisar cuál es la norma constitucional o normas constitucionales que supuestamente son vulneradas por la norma demandada de inconstitucional, ya que dicho aspecto por sí mismo, no es causal para que este Tribunal Constitucional Plurinacional, pueda ingresar a realizar la contrastación correspondiente, debiendo cumplirse en todo caso los requisitos exigidos, toda vez que se debe fundamentar la misma, por lo que al respecto de la fundamentación, la jurisprudencia constitucional, a través del AC 0193/2012-CA de 6 de marzo estableció: «(...). Por último, la ausencia de fundamentación, que es un elemento exigido por el inc. 3) de la norma citada, impedirá conocer los motivos por los que se considera inconstitucional la norma impugnada y la importancia de la misma en la resolución de la causa que origina el recurso»; entendimiento que fue complementado con la SC 0045/2004 de 4 de mayo, al establecer que: «La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas…»’ ”.

La exigencia de que la demanda de inconstitucionalidad debe contener una debida fundamentación jurídico-constitucional, descansa en la necesidad de que, al momento de ingresar en el análisis de fondo e interpretación de los alcances jurídicos de lo peticionado, el Magistrado Relator, realice un trabajo intelectual similar al que efectúa en la sentencia definitiva, por lo cual deberá determinar cuáles son los hechos, los argumentos y la contrastación de éstos, expuestos en la demanda, para comprender las razones del accionante, del porqué cuestiona la constitucionalidad de la norma impugnada.

En este sentido, quien activa este mecanismo de control normativo, debe exponer sus alegatos, expresando con coherencia el cuestionamiento a la norma impugnada; la norma constitucional y/o convencional que se considera infringida; y, los fundamentos del porqué considera dicha lesión a la Ley Suprema y al bloque de constitucionalidad. Si estos alegatos son considerados insuficientes o no satisfacen un convencimiento pleno, esta jurisdicción, sin mayor trámite podrá rechazar la demanda y poner fin al procedimiento.

Por otro lado, se debe considerar que la exigencia de una adecuada fundamentación, también responde a que, el Juez constitucional, no puede suplir la función de fundamentación que es una obligación del accionante, es decir no puede interpretar de manera oficiosa la pretensión del accionante, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no debe ni puede ampliar, corregir o añadir argumentos a lo impetrado, ya que dicha acción implicaría la posibilidad de enmendar la pretensión de la autoridad legitimada, lo cual deslegitimaría la función del control normativo de constitucionalidad, convirtiendo esta función en parcializada.

En resumen, si la jurisdicción constitucional asume una posición de interpretar oficiosamente la pretensión del accionante, ante la carencia en la pretensión del fundamento jurídico-constitucional, se estaría ante un escenario que determinaría: a) Una calificación jurídica oficiosa de la pretensión del accionante, lo que conlleva una interpretación propia respecto a la presunta constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada; b) El desconocimiento de la pretensión original del accionante y los motivos reales que del porqué cuestiona una norma como presuntamente inconstitucional; y, c) Una actuación de la justicia constitucional que compromete su imparcialidad.

La SCP 1998/2014 de 5 de diciembre, señaló que: «Entre las atribuciones establecidas para esta jurisdicción por el constituyente boliviano, se encuentra el conocimiento sobre la inconstitucionalidad de los preceptos de carácter infra constitucionales; así, el art. 202 de la CPE, señala que: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: 1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, solo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas”. En concordancia con el texto constitucional de referencia, el art. 24.I. del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que: “Las Acciones de Inconstitucionalidad, conflictos de competencia y atribuciones, consultas y recursos deberán contener: 4. En las acciones de inconstitucionalidad, la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado”.

En virtud a las normas referidas precedentemente y partiendo de la premisa referida a que las acciones de inconstitucionalidad son de puro derecho, debe asumirse que las mismas no admiten en su trámite una relación probatoria, lo que compele a los accionantes a fundamentar sus demandas explícitamente en derecho; por consiguiente, para considerar las acciones de esta naturaleza en principio es ineludible la exigencia de una clara y suficiente argumentación jurídica entre el precepto normativo demandado de inconstitucional, en relación a las disposiciones de la Ley Fundamental o del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidas, requisito que constituye una condición habilitante para que esta jurisdicción despliegue el examen de constitucionalidad; asimismo, dicha exigencia obliga a los legitimados a formular sus demandas de acción de inconstitucionalidad a cumplir una carga argumentativa racional y suficiente, en la medida que este Tribunal, adquiera duda razonable respecto a la contradicción o vulneración del régimen constitucional como consecuencia de la vigencia de los preceptos impugnados; lo que implica además, que el accionante, en aras de buscar la apertura de la justicia constitucional, demuestre la necesidad y la importancia de un fallo de esta jurisdicción.

Entonces, la exigencia de la debida fundamentación no debe ser remplazada con la mera identificación de los preceptos constitucionales que se consideren infringidos y, tampoco se satisface con una simple transcripción literal de los textos legales que se pretenden someter a examen de constitucionalidad, sino que, en la demanda se debe exponer de manera clara, precisa y suficiente, en qué medida el contenido de la disposición impugnada infringe las normas constitucionales, lo que supone identificar además, si el texto cuyo control de constitucionalidad se pretende, admite una o más interpretaciones, precisando cuál de ellas es incompatible con la Norma Suprema y en qué medida afecta el régimen constitucional, o en su defecto, establecer si dicho precepto no admite más de una interpretación y, que éste sea indubitablemente antagónico y adverso con el espíritu de la Ley Fundamental. En ese sentido, una carga argumentativa suficiente no implica una ampulosa cita de normas legales y constitucionales, tampoco una glosa extensa de doctrina o criterios redundantes sobre un mismo asunto, sino que, se exige especificar con claridad las razones del por qué se considera vulnerado la Ley Fundamental.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, con sustento en los preceptos establecidos en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que disciplina la exigencia de fundamentación de las acciones de inconstitucionalidad, concordante con el contenido del Código Procesal Constitucional, mediante AC 0193/2012-CA de 6 de marzo, citando a la SCP 0050/2004 d[e] 24 de mayo, precisó que: ‘“…Por último, la ausencia de fundamentación, que es un elemento exigido por el inc. 3) de la norma citada, impedirá conocer los motivos por los que se considera inconstitucional la norma impugnada y la importancia de la misma en la resolución de la causa que origina el recurso' (…); entendimiento que fue complementado con la SC 0045/2004 de 4 de mayo, al establecer que: '…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas…’”.

La jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, no desnaturaliza la esencia de la exigencia de los requisitos de admisibilidad de las acciones constitucionales, por lo que, es plenamente aplicable al caso de autos».

III.6. Análisis de la acción de inconstitucionalidad

III.6.1. Cuestiones previas:

De acuerdo con la revisión de las problemáticas presentadas por el accionante, identificadas al inicio de los Fundamentos Jurídicos del presente fallo, y los argumentos presentados respecto de las normas que impugna de la Ley Autonómica Municipal 499, metodológicamente se considera pertinente dividir el análisis en el presente caso en dos; es decir, atender primero de manera individual aquellas identificadas como los puntos: i) Respecto del art. 17 parágrafos I, V y VI de la Ley Autonómica Municipal 499, indica que se vulnera el principio de separación de funciones e independencia de órganos, previsto en el art. 12.I de la Norma Fundamental, así como el régimen de autonomías previsto por los arts. 272 y 283 de la misma Constitución; y, ii) En cuanto a los arts. 23 y 25 de la Ley Autonómica Municipal 499, infringen los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órganos, previstos por el art. 12.I, vulnerando además el derecho al debido proceso contenido en los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la Norma Suprema y 8 de la CADH.

Mientras que en mérito también a su contenido, corresponderá analizar en una segunda parte en conjunto los puntos: iii) Los arts. 26, 27 y 28 de la Ley Autonómica Municipal 499, infringen los principios de separación de funciones e independencia de órganos contemplados en el art. 12.I de la Ley Fundamental; iv) Los arts. 29, 30, 31 y 32 de la Ley Autonómica Municipal 499 infringen los principios de separación de funciones e independencia de órganos contemplados en el art. 12 parágrafos I y III de la Norma Constitucional, y desconocen las competencias y funciones asignadas a otros órganos constitucionales por los arts. 225.I, 297.3 y 299.II.14 de la CPE; y, v) La Disposición Final Segunda de la Ley Autonómica Municipal 499, infringe los principios de separación de funciones e independencia de órganos y desconoce las funciones del órgano contralor, conforme prevén los arts. 12 parágrafos I, II y III, 213.I y 297.II de la Norma Fundamental.

III.6.2. Primera parte del examen de constitucionalidad

Acerca de la inconstitucionalidad del art. 17 parágrafos I, V y VI de la Ley Autonómica Municipal 499

En la primera problemática propuesta por el accionante, se indica que la norma apuntada se encuentra dentro de las acciones de fiscalización previstas por la Ley Autonómica Municipal 499, compuesta –entre otras– por los requerimientos de atención, las sesiones informativas y las inspecciones; y prevé como instrumentos de esta naturaleza a las “Minutas de Comunicación”, que son definidas como directrices que emiten los o las Concejales, o miembros de la Comisión Permanente o Especial o la Directiva del ente deliberativo municipal, para su aplicación obligatoria por el Alcalde en su gestión (Parágrafo I).

Por otro lado, si el Ejecutivo municipal considerare la imposibilidad de atención a las recomendaciones contenidas en la minuta de comunicación, deberá remitir al Concejo Municipal un informe fundamentado y justificado que tendrá que ser revisado y aprobado por el pleno de la entidad legislativa (Parágrafo V).

Finalmente, se prevé que en caso de rechazo al informe del Alcalde, quedarán ratificadas las recomendaciones –directrices– inicialmente emitidas, quedando la autoridad ejecutiva obligada a su cumplimiento en el plazo de cinco días hábiles (Parágrafo VI).

Respecto de las previsiones de fiscalización señaladas, el accionante alega que se vulneran los principios constitucionales de separación de funciones e independencia de órganos, previstos en el art. 12 constitucional, aplicable al nivel de gobierno municipal porque en la normativa impugnada, el Concejo Municipal tendría tuición sobre el Ejecutivo, respecto de asuntos que no son parte de sus atribuciones. Asimismo, reclama que las minutas de comunicación no podrían ser consideradas como instrumentos de fiscalización como serán las leyes y ordenanzas municipales, mientras que según la doctrina las minutas contienen recomendaciones al Ejecutivo, que carecen del carácter obligatorio.

También refiere que la normativa impugnada, contraviene los postulados contenidos en los arts. 272 y 283 de la Norma Suprema, que prevén la forma del modelo del Estado con autonomías y la conformación del gobierno municipal, porque no corresponde al Órgano Legislativo el pronunciarse sobre la administración de la cosa pública a través de minutas de comunicación, porque interfiere contra la toma de decisiones y los principios constitucionales inicialmente denunciados.

Análisis de constitucionalidad En el caso del art. 17 de la Ley Autonómica Municipal 499, se tiene que un instrumento por el cual el Concejo Municipal puede emitir algún criterio, recomendar o responder a alguna situación que se presente en la administración pública, se convierte en un mecanismo de fiscalización de cumplimiento obligatorio para la Alcaldesa o el Alcalde municipal, sobre el desarrollo de la gestión municipal.

Al respecto, se observa que si bien este tipo de minutas, de acuerdo con la práctica regular, no tienen el alcance brindado por la Ley Autonómica Municipal 499, ello tampoco puede escudarse en la autonomía municipal, pues con ello se afrenta lo establecido por el art. 12 de la CPE, que establece los principios de separación e independencia de órganos. Conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo, la aplicación del modelo de Estado con autonomías a partir de la Norma Suprema promulgada en 2009, conlleva el replanteamiento de varios criterios sobre la administración pública; entre ellos, el rol de los órganos de Gobierno en los nuevos niveles establecidos (central, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino); compuestos a nivel municipal de acuerdo con el art. 283 de la CPE, que asigna las facultades que cada uno de los dos órganos –Legislativo y Ejecutivo– ostenta y que no pueden ser reunidos en uno solo, en vista de que ambos constituyen representaciones elegidas democráticamente y con tareas constitucionalmente asignadas. De ello, se concluye que, a través de una Ley emitida por el propio Órgano fiscalizador, someter al Ejecutivo Municipal a atender de forma obligatoria lo que se emita a través de un instrumento inidóneo y que incida en la gestión municipal que desarrolla la Alcaldesa o el Alcalde Municipal sobrepasa aquellos principios, puesto que desconoce la igualdad jerárquica entre ambos, y sobrepone a uno en una posición de autoridad frente a otro. El contenido de los parágrafos denunciados, no deja lugar a dudas sobre la intencionalidad del Concejo Municipal con relación a la gestión municipal de la Alcaldesa o el Alcalde de la misma entidad; incluso en dos instancias, en las que el Legislativo debe ponderar los fundamentos justificados del Ejecutivo para no obedecer a lo establecido en la minuta de comunicación, para que de todas maneras se concluya en su obligatorio cumplimiento. Ello significa asumir una posición de poder frente a un órgano de la misma jerarquía, que no tendría ninguna opción más que acatar lo decidido por el superior, si ese fuera el caso. Entonces, se puede verificar una irrupción a los principios de separación e independencia de órganos, que protege el desarrollo de las funciones dentro del poder público. Por ello, debe declararse la inconstitucionalidad del art. 17 Parágrafos I, V y VI de la Ley Autonómica Municipal 499.

Acerca de la inconstitucionalidad de los arts. 23 y 25 de la Ley Autonómica Municipal 499 (Interpelación y Censura)

En cuanto al art. 23 de la Ley Autonómica Municipal 499

La Ley impugnada, sobre el acto interpelatorio, indica que el mismo se realiza a las autoridades y servidores públicos, quienes deberán presentar al pleno del Concejo Municipal un informe de acuerdo al pliego interpelatorio en sesión y conforme al procedimiento que señala.

En caso de que el informe prestado fuere rechazado, el pleno del Concejo Municipal, por mayoría de los presentes emitirá Voto de censura, que obligará al Alcalde municipal a la destitución de la autoridad o servidor público (parágrafo II).

Si en caso de que la autoridad o servidor público censurado y/o destituido, fuera nuevamente contratado o nuevamente designado por el Alcalde municipal, el pleno del Concejo Municipal podrá expresar la falta total de confianza en la persona, para lo cual la autoridad ejecutiva deberá denunciar a instancias judiciales el incumplimiento de la ley (parágrafo III).

Si ante la continuidad en funciones de la autoridad o servidor público censurado y/o destituido, y fueran nuevamente designados o posesionados en el cargo, la simple mayoría del Concejo Municipal emitirá un segundo pronunciamiento de falta total de confianza de la autoridad o servidor público censurado o destituido, por lo que se podrá proceder a denunciar al Alcalde Municipal ante instancias judiciales por incumplimiento a la ley (parágrafo IV).

Se otorga a la Presidencia del Concejo Municipal la facultad de remitir antecedentes de los funcionarios censurados o destituidos al Ministerio Público, Contraloría General del Estado y/o Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (parágrafo V).

Por último, ante el incumplimiento de los plazos indicados en las normas, se habilita a cualquier Concejal o Concejala a remitir los antecedentes antes las instancias indicadas (parágrafo VI).

En cuanto al art. 25 de la Ley Autonómica Municipal 499

Se prevé que la censura es la pérdida de confianza de los funcionarios interpelados, aprobada por mayoría simple del Concejo Municipal, que implica su destitución inmediata (parágrafo I).

Se recalca que la censura conlleva la destitución inmediata (en el día) de la autoridad o servidor público del ejecutivo municipal, que deberá ser notificada por la Dirección de Recursos Humanos (parágrafo II).

Se indica que el servidor censurado no podrá fungir funciones en el mismo cargo o similar jerarquía dentro del Gobierno Autónomo Municipal (parágrafo III).

Se señala que en caso de no cumplirse el plazo previsto o no hacerse efectivo lo previsto en los parágrafos anteriores, un proponente deberá abrir pliego de denuncia contra la Directiva del Concejo Municipal y denuncia por incumplimiento en sus funciones (parágrafo IV).

En conjunto, el accionante alega que estas previsiones exceden el ámbito de la facultad fiscalizadora, utilizando herramientas propias del sistema político de gobierno parlamentario, que son aplicadas no solamente a la máxima autoridad del Órgano Ejecutivo y a funcionarios inmediatamente inferiores, sino a todos los funcionarios públicos del Ejecutivo municipal, previendo además como consecuencia directa la destitución obligatoria de los servidores censurados.

Además que, los mecanismos de interpelación y censura no son compatibles con el modelo de Estado con autonomías, sino que corresponden al sistema político de Gobierno Parlamentario en que el Jefe de Gobierno o de Gabinete es designado por el Parlamento; por lo que puede ser destituido por este último; y que en Bolivia rige un sistema de Gobierno Presidencialista, en el que el Presidente ejerce las funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, elegido por voto popular, de modo que no es responsable ante ningún Parlamento, no siendo posible su destitución; de modo que se vulneran los principios constitucionales anteriormente denunciados como la separación e independencia de Órganos, además el debido proceso.

Al respecto, el accionante indica que el art. 12 constitucional, prevé que todos los niveles de gobierno son iguales, y ningún órgano es superior a otro, cada uno cumpliendo dentro de la estructura de gobierno sus funciones específicas e indelegables; sin embargo, en la vigencia de la Ley Autonómica Municipal 499 aquellos principios se encuentran gravemente infringidos, porque el art. 23 de la referida norma prevé que el voto de censura por falta de confianza que conlleva la destitución inmediata no requiere ningún sustento técnico o legal, estableciéndose además la responsabilidad en contra del Alcalde municipal que incumpla con los alcances del acto interpelatorio; y articulado a ello, el art. 25 de la misma Ley, dispone la censura por la cual los funcionarios censurados no podrán en un futuro fungir funciones en el mismo cargo o de similar jerarquía en el Gobierno Autónomo Municipal.

Ahora bien, resulta evidente que los emisores de las Normas cuestionadas –Concejales Municipales–, a tiempo de aprobar la Ley Autonómica Municipal 499 no tomaron en cuenta que éstas son herramientas de responsabilidad política correspondiente a otro sistema, que no corresponde al nuestro; entonces, la norma parte de la premisa errónea de que todos los funcionarios del Órgano Ejecutivo son designados con el voto de confianza del Concejo Municipal, y arriba a la también equívoca conclusión de que si se pierde aquella confianza, se puede emitir el Voto de censura, que implica la destitución; pero además se prevé la obligación del Alcalde de denunciar a aquellos funcionarios censurados, caso contrario también sería pasible a una denuncia por incumplimiento de la Ley de Fiscalización; y asimismo, se establece la prohibición al Alcalde de designar o posesionar nuevamente a aquellos funcionarios.

Todas estas previsiones, vulneran el debido proceso previsto tanto en la Norma Constitucional como en la Norma Convencional, en tanto la destitución prevista por la Ley Autonómica Municipal 499, omite que el funcionario, previa censura, ergo destitución haya sido oído y juzgado ejerciendo su derecho a la defensa, lo que la constituye en una decisión sancionadora que no respeta el derecho indicado.

Análisis de ambos preceptos Ahora bien, a efectos de realizar un adecuado contraste constitucional, atendiendo a los argumentos expuestos en la acción de inconstitucionalidad, es necesario remitirnos a lo establecido por el art. 1 de la CPE, en cuyo tenor establece que Bolivia se constituye en un Estado Unitario, Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías; se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. A partir de ello, se entiende que el modelo de Estado cuenta con un diseño estructural basado en la distribución territorial de su poder, que no radica en una simple descentralización del mismo, sino en la repartición de potestades a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), a efectos de que éstas cumplan con los fines propios del Estado en una relación más profunda con la población, dando lugar a la consolidación de gobiernos subnacionales, respetando el carácter preexistente de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, quienes pueden ejercer su libre determinación y autogobierno conforme establece el art. 2 de la Norma Suprema. Por ende, Bolivia se convirtió en un nuevo modelo de Estado, compuesto y cimentado en la distribución del poder político con base territorial; en el que, se reconoce la coexistencia de distintos niveles gubernamentales en el territorio, a saber: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora, conforme determina el art. 272 de la CPE. En ese orden, la repartición del poder en el Estado con autonomías se encuentra sustentada sobre la base territorial del país, el art. 269.I de la CPE determina que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, siendo esa la organización territorial considerada para la consolidación de los gobiernos autónomos subnacionales; como son el departamental, el municipal, el indígena originario campesino y el regional; en que cada una de las entidades aludidas cuentan con particulares características en su constitución, pudiendo hacer uso de la potestad legislativa en el marco de su jurisdicción y de acuerdo con las competencias desarrolladas tanto en la Constitución Política del Estado como en la Ley. Asimismo, todos los niveles de gobierno cuentan con igualdad jerárquica, conforme establece el art. 276 de la CPE; empero, todo este andamiaje constitucional, se encuentra sometido al principio de unidad del Estado que no solamente rige para las ETA, sino para todo el Estado boliviano, conforme establece el precitado art. 1 de la Norma Suprema. Y, dentro del marco jurídico señalado, la forma de gobierno se somete a lo previsto por el art. 12.I de la CPE, el cual establece que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; y su organización está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Es así que, respecto a los gobiernos autónomos, el art. 272 de la CPE, prevé que cuentan con dos órganos (Ejecutivo y Legislativo), mismos que ejercen sus funciones y atribuciones en el marco de sus facultades; el Ejecutivo conforme a sus facultades reglamentaria y ejecutiva, es el responsable de administrar la cosa pública y materializar una gestión pública, transparente y eficiente que cubra las necesidades de la población; por su parte, el Legislativo, en atención a sus facultades fiscalizadora, legislativa y deliberativa, es el responsable de emitir leyes, deliberar asuntos de interés público y ejercer la fiscalización al Ejecutivo; es decir, mediante esta última, el Órgano Deliberante ejerce la facultad fiscalizadora sobre el uso y administración de los recursos públicos, contando para ello con un conjunto de instrumentos fiscalizadores como las peticiones escritas, peticiones orales; así como, la interpelación y la censura, entre otras. Entonces, el Concejo Municipal, puede y debe efectivizar su facultad fiscalizadora, entendida como el control y seguimiento a las actividades desarrolladas por el ejecutivo municipal, y si así lo determina, en uso de dicha facultad puede establecer en su legislación, las herramientas que considere necesarias para dicho fin, siempre que se encuentren acordes con los fines constitucionales; sin embargo, debe dejarse establecido que la interpelación no puede ser comprendida en los mismos términos que los establecidos en el art. 158.I.18 de la CPE, que está diseñada expresamente como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para las Ministras o los Ministros de Estado; no obstante, es posible asumir la aplicación de aquel mecanismo de control como parte de la fiscalización, pero limitada en absoluto al marco ya señalado y previsto por el art. 12.I de la CPE, que establece los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación que orientan la estructura del poder público del Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual implica el respeto a la separación de órganos y el respeto a la independencia funcional y estructural, no pudiendo incurrir en injerencias que vulneren dichos principios; a esa conclusión arribó la SCP 0169/2023 de 20 de diciembre, que en una acción de inconstitucionalidad concreta definió lo siguiente: “En ese contexto constitucional y normativo que permite colegir que una óptima separación de facultades y funciones debe estar acompañada de la separación de administraciones, cuestión que debe ser construida de manera progresiva y paulatina, de acuerdo a la realidad y necesidad de cada municipio, teniendo en cuenta así mismo, que los alcaldes gozan de una legitimidad cualitativamente distinta a lo que anteriormente sucedía; es decir, ahora basada en la elección directa de los mismos, cuestión que los hace diferentes respecto del marco jurídico preconstitucional contenido por ejemplo, en la Ley de Municipalidades 2028 abrogada, cuyo art. 50, preveía el voto constructivo, en su parágrafo III, estableciendo que la Censura

Constructiva producía la remoción del Alcalde. No obstante, la innovación de los razonamientos contenidos en la Constitución Política del Estado, incorpora una de las grandes primicias en la estructura estatal, como es la distribución de la potestad legislativa a favor de cada uno de los gobiernos autónomos subnacionales, rompiendo el monopolio de un único Órgano emisor de leyes; y en ese orden, en el caso de las autonomías municipales, les asigna igualmente facultad fiscalizadora sobre cualquier acto del órgano ejecutivo, entendiéndose igualmente, que para ejercer la misma, el Concejo Municipal puede adoptar diversas modalidades; entre ellas, la interpelación, que puede ser aplicada resguardando siempre la igualdad jerárquica con el Órgano Ejecutivo del municipio; vale decir, que ninguno de los dos órganos puede sobreponerse al otro e igualmente, aplicando los principios rectores del régimen autonómico contenidos en el art. 270 de la CPE y 5 de le Ley Marco de Autonomías y Descentralización; así como, el principio de unidad del Estado”. Entonces, se llega a la conclusión de que la interpelación, como procedimiento utilizado en el ámbito político y legislativo municipal, permite que los legisladores puedan cuestionar a un miembro del Ejecutivo sobre sus acciones, políticas o decisiones y puede ser adoptada como forma de fiscalización por los Concejos Municipales en su calidad de Órganos Legislativos y Fiscalizadores, resguardados los principios rectores del régimen autonómico, establecidos en los arts. 270 de la CPE y 5 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa “Andrés Ibáñez”, que determinan al autogobierno como el derecho que tiene la ciudadanía –que conforma las regiones, municipios y naciones y pueblos indígena originario campesinos– a dotarse de su propia institucionalidad gubernativa y elegir directamente a sus autoridades en el marco de la autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado como una fase avanzada de descentralización política. Bajo el mismo entendimiento, la censura prevista tanto en el art. 23 como su desarrollo en el art. 25, ambos de la Ley 499, merecen especial atención dado que –debe reiterarse– la delimitación de las facultades asignadas por el constituyente a los órganos de la ETA, implica que cada órgano es independiente en el ámbito de sus atribuciones, y ninguno se encuentra subordinado al otro, únicamente en el marco de la cooperación y coordinación con respeto, ambos como autoridades electas por el soberano. Así lo estableció con anterioridad la jurisprudencia constitucional emitida en control previo de constitucionalidad, que en la DCP 0001/2013, entendió que: “En el marco del principio de igualdad y el principio de equidad, se debe señalar que la Ley Fundamental no ha establecido una superioridad de un órgano público sobre otro; de manera específica la Constitución Política del Estado cuando establece preceptos referentes a los órganos de las entidades territoriales autónomas, no establece una superioridad jerárquica de uno frente al otro, cada uno tiene sus respectivas facultades y por ende sus respectivas atribuciones, lo cual implica que se encuentran en igualdad de condiciones y que ninguno está supeditado al otro”. Y resulta del marco de esa igualdad jerárquica que, el Consejo Municipal no puede constituirse en un órgano sancionador hacia el Ejecutivo, pues como señaló la precitada SCP 0169/2023: “(…) dicha autoridad responde por la administración y sus resultados de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de manera que los resultados de su gestión pueden ser sometidos a los procesos administrativos, ejecutivos, civiles o penales que se pueden abrir en su contra; sin embargo, ello no puede dar lugar a reducir su gestión municipal, atentando contra la frágil capacidad de gestión y generando inestabilidad laboral”; por ello, ante la posibilidad de ejercer la moción o voto de censura contra servidores del Ejecutivo, el mismo fallo constitucional razonó lo siguiente: “Ahora bien, es evidente que el artículo mencionado no solamente establece la interpelación y la censura a la alcaldesa o alcalde; sino también legisla con relación a las Sub Alcaldesas y los Sub Alcaldes que son parte del Órgano Ejecutivo Municipal, conforme previene el art. 24 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y, se encuentran en la categoría prevista por el art. 5 inc. b) del EFP; vale decir, son funcionarios designados cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal o Sistema de Organización Administrativa aplicable. En ese orden, si bien las sub alcaldesas y sub alcaldes forman parte del órgano ejecutivo municipal y colaboran con el manejo de la cosa pública y asumen políticas específicas para dicho fin, de manera que si bien resulta posible aplicar la interpelación y la censura como medio de fiscalización, tal facultad debe ser ejercida por intermedio de la alcaldesa o alcalde municipal, a lo que se añade que su resultado no puede implicar de modo alguno, sanción alguna y menos establecida por el Órgano Legislativo, pues no es una instancia de procesamiento y sanción, menos de asignación de las responsabilidades por la función pública normadas por la Ley 1178, de manera que podrá emitirse una opinión respecto a la política pública del Ejecutivo; más no dirigida directamente a sus actos, cuyo procesamiento como se dijo, requiere de un previo y debido proceso que ofrezca las garantías jurisdiccionales constitucionalmente previstas. Asimismo, únicamente el Alcalde o la Alcaldesa, tiene facultad para destituir a sus subalternos, ello en razón de la relación horizontal y de separación de funciones con el Concejo Municipal, pues sin duda, la interpelación y la censura responden a una figura constitucional de corte parlamentario que implica un juicio esencialmente político y sumario, destinado a reencausar oportunamente las políticas de gobierno; empero, no necesariamente serán asumidas por el Alcalde, sino que le permitirá optimizar la atención a las necesidades de la población, así como la coordinación entre ambos órganos cuando sea necesario, liberando de cualquier responsabilidad que pudiera emerger posteriormente al Órgano Legislativo. (…) Pues si bien, resulta coherente con la normativa constitucional, la aplicación de la interpelación y la censura con relación a la Sub Alcaldesa o Sub Alcalde; sin embargo, tal como se explicó precedentemente, dichas herramientas únicamente permiten formular observaciones a la política general aplicada por el órgano ejecutivo, pero no puede ni debe juzgar los actos ejercidos por los mencionados funcionarios públicos; dado que, los mismos dependen directamente del ejecutivo municipal; y por lo mismo, responden por los mismos ante dicha autoridad jerárquica, De esa forma, la fiscalización, bajo la denominación interpelación y censura, únicamente será ejecutada a través del Alcalde Municipal y no podrá referirse a los actos asumidos por el funcionario público, dado que solo puede imponérseles una sanción, previo debido proceso en el que se resguarden todos sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, un entendimiento en contrario, rompe con lo previsto por los arts. 116.II de la CPE, en cuyo tenor dispone que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible y 117.I que establece que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, de manera que nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente, entendiendo el debido proceso como una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo; así como, los presupuestos normativamente preestablecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones; asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir o impugnar, entre otras” (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, lo previsto en el art. 23 de la Ley Autonómica Municipal 499, en los parágrafos correspondientes si bien se acomoda al procedimiento legislativo previsto para la interpelación, presenta matices que van más allá de la limitación dispuesta, porque en los parágrafos del citado precepto, se extiende dicho acto de fiscalización a cualquier servidor público que forme parte del ejecutivo, incidiendo en que el rechazo de la información brindada –sin especificar los motivos de ésta– será causal de voto de censura e inmediata destitución; e impone a la Alcaldesa o Alcalde del mismo Gobierno Autónomo Municipal una obligación respecto de su propio personal y le establece prohibiciones de continuidad o recontratación bajo pena de la apertura de procesos por incumplimiento de la misma Ley. En efecto, dichas disposiciones rompen con el principio de igualdad de los Órganos del Gobierno, porque el Concejo Municipal actúa no como un fiscalizador en ejercicio de una interpelación, sino como una entidad con tuición sobre el Ejecutivo y su personal, como otrora se realizaba, pero que ya no corresponde con el actual modelo de Estado. En el mismo sentido, la censura dispuesta y la obligación de destitución de cualquier tipo de servidor público del Ejecutivo por cualquier medio posible so pena de iniciarse procesos por incumplimiento de lo dispuesto en la ley y los plazos en ella previstos, se encuentran fuera del límite constitucional establecido, pretendiendo en todo caso decidir sobre cuestiones propias de la administración del Ejecutivo municipal –ente de igual jerarquía que el legislativo–, contrariando también la jurisprudencia vinculante establecida en la SCP 0169/2023, que es aplicable al presente caso, al constituir una regla interpretativa concretada por este Tribunal. En cuyo marco, tanto la interpelación como la censura como mecanismos de control adaptados a la facultad de fiscalización de los órganos deliberativos, deben adecuarse al modelo de Estado; y ello significa que deben respetarse los principios básicos del instrumento en equilibrio con la autonomías gubernamental y en el marco del bloque de constitucionalidad; por ello, en la DCP 009/2014 de 25 de febrero, se entendió que: “…la interpelación y censura, solo procederá contra aquellas autoridades jerárquicas inmediatamente inferiores a la máxima autoridad ejecutiva y de ningún modo a los demás funcionarios (…) no corresponde que un órgano independiente y jerárquicamente igual respecto del otro, sancione a los funcionarios objeto de interpelación…”. Asimismo, los precitados mecanismos no pueden conllevar la imposición de sanciones o responsabilidad, pues ese no es el rol del Concejo Municipal, ni su lugar dentro de la estructura de gobierno, deberes que se encuentran protegidos por el art. 12 constitucional, pero además porque permitir tales sanciones dentro de la administración pública implica una lesión directa del debido proceso, en tanto no se permite a aquellos funcionarios que hayan sido interpelados ergo, censurados, contar con las debidas garantías jurisdiccionales para ejercitar su derecho a la defensa, lo que a su turno constituye una vulneración del art. 115.II de la Ley Fundamental. Por ello, las previsiones denunciadas y analizadas, al resultar contrarias al orden constitucionales, deben ser declaradas como inconstitucionales, con los efectos derogatorios correspondientes.

III.6.3. Segunda parte del examen de constitucionalidad -

Análisis conjunto de las problemáticas señaladas en los puntos iii), iv) y v) Acerca de la inconstitucionalidad de los arts. 26, 27 y 28 de la Ley Autonómica Municipal 499 (Petición de Informe Oral)

El art. 26 de la Ley Autonómica Municipal 499 prevé el procedimiento para las Peticiones de Informe Oral (PIO), estableciendo que la solicitud de convocatoria se podrá realizar por cualquier Concejal sin mayores requisitos formales, disponiendo la asistencia obligatoria del Alcalde Municipal para prestar su informe, el cual será sometido a votación para determinar su suficiencia por 2/3 de votos, y de no lograr su aprobación se emitirá un Pliego de Denuncia contra el mismo.

El art. 27 de la misma Ley establece que la inasistencia del Alcalde a la PIO, será considera como informe insuficiente con la consecuencia inmediata de la emisión del Pliego de Denuncia; e incluso con la presentación de una excusa, ésta tendrá que ser aprobada por 2/3 de votos, caso contrario se procederá de la misma manera.

Finalmente, el art. 28 de la citada Ley prevé que la Presidencia del Concejo Municipal tiene la obligación de elaborar el Pliego de Denuncia respectiva a las situaciones mencionadas y en caso de no hacerlo, lo hará el Vicepresidente, debiendo además iniciar una denuncia contra el Presidente por incumplimiento de deberes.

Al respecto, el accionante apunta que el Acuerdo “Las mujeres fiscalizamos” elaborado por la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), es una alianza estratégica con el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) y el Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de Autonomías que, detalló los alcances de una PIO, enfatizando en que éstas no deben constituirse en interferencia de las labores realizadas por el Órgano Ejecutivo, debiendo considerarse que tanto el Órgano Ejecutivo como el Órgano Legislativo, son instancias de esencia política, por lo que existe una gran probabilidad de que los Concejales Municipales hagan requerimientos de informes orales y utilicen éstos para formular denuncias constantes contra el Alcalde municipal, impidiéndole el ejercicio de sus funciones. Acerca de la inconstitucionalidad de los arts. 29, 30, 31 y 32 de la Ley Autonómica Municipal 499

Las disposiciones legales anotadas, se encuentran referidas a solicitudes de auditorias, ejecución contable y estados financieros, y se apartan del sistema constitucional, pues confunden la facultad de fiscalización del Concejo Municipal con la de control gubernamental y las funciones asignadas constitucionalmente al Ministerio Público.

Las normas señaladas señalan que los Concejales Municipales podrán solicitar programación de auditorías a través del Órgano Ejecutivo mediante minutas de comunicación, así como permitir la fiscalización mediante cualquier instrumento o medio aprobado por la Ley Autonómica Municipal 499, sobre los estados financieros de cualquier gestión municipal; es más, prevén que las y los Concejales podrán fiscalizar y requerir a la Unidad de Auditoría Interna los informes de la Contraloría General del Estado, con el fin de elevar al pleno del órgano legislativo las acciones y recomendaciones que corresponda o la conformación de comisiones especiales con la finalidad de efectuar labores de investigación con base en “auditorías especiales”.

De conformidad con el art. 297 de la CPE, las competencias concurrentes son aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva; y el sistema prevé al control gubernamental como una competencia (art. 299.II. 14 de la Norma Suprema), debiendo ser ejercida la facultad legislativa por el nivel central de Estado y las demás entidades territoriales autónomas ejercer la facultad reglamentaria; y no como pretende ejercer la facultad legislativa el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz. Entonces, las normas denunciadas son inconstitucionales por afectar las competencias de otros niveles del Estado, en la competencia específica indicada.

Acerca de la inconstitucionalidad de la Disposición Final Segunda de la Ley Autonómica Municipal 499 La norma indicada dispone que el pleno del Concejo Municipal mediante convocatoria pública invitará a postulantes para la designación del Responsable de Transparencia y Auditor Interno, y posteriormente aprobará por 2/3 de votos la terna para cada uno de los postulantes, la misma que será remitida al Ejecutivo Municipal, para que elija a los funcionarios señalados.

En el diseño del sistema constitucional del Estado, las funciones estatales de control gubernamental de la administración de las entidades públicas y de aquellas en que el Estado tenga participación o interés económico, han sido encomendadas a la Contraloría General del Estado, conforme indica el art. 213 de la propia Constitución. Entonces, la designación de los encargados de la Unidad de Auditoría Interna corresponde en exclusiva al Alcalde Municipal, sujeta a la comprobación de idoneidad y probidad en un procedimiento meritocrático, y del mismo modo respecto del responsable de la Unidad de Transparencia, al ser el control gubernamental una competencia concurrente.

Análisis de constitucionalidad

Revisados los argumentos presentados respecto de las problemáticas señaladas como los puntos iii), iv) y v), se concluye que estas incumplen con el deber de fundamentación, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo, en sentido de que la exposición propuesta por la parte accionante no llega a establecer una duda cierta y razonable sobre la constitucionalidad de las normas; así, se tiene que sobre los arts. 26, 27 y 28 de la Ley Autonómica Municipal 499, si bien se indican como contrarios al art. 12.I de la Norma Suprema, el contenido del alegato se basa no en la indicación de un conflicto normativo entre los preceptos enunciados, sino que se respalda en un acuerdo interinstitucional y una descripción subjetiva de la normativa en que se presume la mala fe por parte de Concejales y Concejalas, dado su carácter eminentemente político, lo que afectaría la gestión municipal del Ejecutivo; cuyos argumentos en definitiva no resultan conducentes al control normativo de constitucionalidad impetrado.

Acerca de los arts. 29, 30, 31 y 32 de la Ley Autonómica Municipal 499, debemos recurrir a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 del presente fallo, en que se aborda la diferencia entre control normativo y control competencial, como parte de las atribuciones de la justicia constitucional. En este sentido, si bien se denuncian como vulnerados los arts. 12.I y III, 225.I, 297.3 y 299.II.14 de la CPE, el argumento del accionante gira en torno a la competencia de control gubernamental; es decir, que se reclama el ejercicio indebido de la facultad legislativa del Concejo Municipal sobre la competencia prevista en el catálogo competencial primario, toda vez que no podría emitir una ley sobre las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General del Estado, al ser el control gubernamental una competencia de carácter concurrente. Por lo que, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico señalado, el reclamo sobre el ejercicio en una competencia corresponderá a otro tipo de mecanismos constitucionales, previstos y desarrollados en la ley y no a la acción abstracta de inconstitucionalidad, cuyo objeto se encuentra delimitado y diferenciado de un conflicto de competencias.

Finalmente, acerca de la Disposición Final Segunda, en sus dos parágrafos, se aplica el mismo juicio desarrollado previamente, dado que la reclamación del accionante si bien radica en la vulneración de los principios establecidos en el art. 12.I de la CPE, postula esta irrupción en el ejercicio de la competencia concurrente prevista como control gubernamental, correspondiente a la Contraloría General del Estado y no al Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, como parte de sus facultades fiscalizadoras. Entonces, lo que en el fondo se reclama en este apartado, es la indebida invasión competencial que la Ley Autonómica Municipal 499 realiza sobre la facultad legislativa de otro nivel de gobierno y sobre la competencia correspondiente a otra instancia del Estado, demanda que no es pertinente de ser atendida y resuelta a través de la presente acción de inconstitucionalidad abstracta. Por todo lo señalado, revisados todos los fundamentos referidos, se concluye que en el caso de los puntos examinados, si bien se procede a identificar la norma jurídica contraria a la Norma Suprema y cuáles de estas normas superiores son vulneradas; sin embargo, en cada caso particular, en el fondo, únicamente aquella base normativa fue enunciada y no desarrollada; es decir, vinculada con el trasfondo normativo constitucional, presentando en su lugar alegatos no vinculados con los principios de separación e independencia de órganos, sino con interpretaciones propias no sustentadas en derecho para la incompatibilidad constitucional; y en fundamentos que reclaman el ejercicio competencial, y no así el que corresponde al control normativo de constitucionalidad. Por ello, la presente demanda, en su segunda parte del análisis, debe ser declarada improcedente, en aplicación de la línea jurisprudencial sentada en la SCP 0646/2012 de 23 de julio, que permite a la Sala Plena, revisar los requisitos de forma y admisión de la causa aun en etapa de fondo, ante cuyo incumplimiento –conforme se precisó supra–, incumbe la dictación de la improcedencia parcial de la acción, pese a su admisión inicial basada en el principio pro actione.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 1° La INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 17.I, V y VI, 23 parágrafos II, III, IV, V y VI y 25.I, II, III y IV de la Ley Autonómica Municipal 499, por ser contrarios a los arts. 12, 115.II, 117.I de la Norma Suprema y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme los fundamentos expuestos; y con ello, se determina su expulsión del ordenamiento jurídico. 2° Declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de inconstitucionalidad abstracta promovida por Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La Paz, en relación a los arts. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y Disposición Final Segunda, parágrafos I y II de la Ley Autonómica Municipal 499. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no intervienen los Magistrados Boris Wilson Arias López, MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas y la Dra. Amalia Laura Villca, por ser de Voto Disidente.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

PRESIDENTE

Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

283 de la CPE, a lo que cabe aclarar que solo en el caso de la autonomía regional, su Asamblea Regional cuenta con facultad normativo-administrativa según el art. 281 de la Norma Suprema. En ese sentido, resulta pertinente establecer que si bien nos encontramos ante un Estado compuesto, que tiene consolidados varios tipos de gobiernos autónomos, es importante reiterar que la estructura del mismo deberá entenderse siempre en el marco de la unidad e integralidad del mismo Estado; en tal razón, si bien se constituyeron ETA, debe tenerse presente en todo momento que la autonomía corresponde a dichas entidades estatales, pero no así con respecto a los espacios territoriales o más propiamente dicho con el suelo boliviano, en el cual, si bien distintas entidades territoriales ejercen jurisdicción de índole administrativo, de ninguna forma debe entenderse que el mismo se encuentra disgregado o fraccionado, lo cual implica que no puede entenderse la existencia de territorios autónomos; por cuanto, la autonomía es una cualidad propia de cada gobierno subnacional como tal y que no aplica a un espacio geográfico o territorio, debiendo en todo caso observarse el principio de unidad e integralidad que rige al Estado boliviano, así la SCP 1714/2012, estableció que: ‘…la orientación del nuevo Estado Plurinacional con autonomías tiende a descartar las tendencias centralistas y a profundizar en mayor grado y de manera progresiva y gradual, la cláusula autonómica, la misma que debe ser llevada a cabo siempre bajo el principio de unidad e integralidad del Estado’ ”.

2 En la obra de Alipio Valencia Vega, “Fundamentos de Derecho Político”, Empresa Editora “Urquizo S.A.”, pág. 194, año 2004; señala respecto a la separación de los poderes lo siguiente: “Para Montesquieu, el papel fundamental de la ley consiste en ser garantía de libertad. Por eso el político debe cumplir la tarea de fijar el mejor medio para asegurar la legalidad, el cual es la separación de los poderes públicos; donde los poderes no están separados, el Estado fatalmente se desliza en el despotismo. Montesquieu atribuyó la libertad existente en Inglaterra a la separación de los poderes y a la existencia de un sistema de frenos y balanzas entre ellos (…) La unión de dos poderes o de los tres en un solo órgano, es incompatible con la libertad. La práctica de la separación de los tres poderes, se realiza, según Montesquieu, en la monarquía constitucional (…) No obstante su ‘separación’, los poderes del Estado no pueden establecer entre ellos fronteras rígidas que impidan toda intervención del uno en los otros. Así el poder ejecutivo promulga las leyes y las veta; el poder legislativo fiscaliza los actos del ejecutivo y el poder judicial juzga a los otros dos. Esta relativa ingerencia de unos poderes en otros, es lo que Montesquieu presenta como el sistema de ‘equilibrio’ por medio de frenos y contrapesos” (las negrillas fueron añadidas).

Más sobre Acción de inconstitucionalidad

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0069_2025.pdf · páginas 1 a 61.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7bfb347a493548b21da9ece731af11220cdedee2a24ab24b425c5ce8308e70aa

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