B.IA.LEGAL

SCP 0081/2023

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 28 de agosto de 2023

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
28 de agosto de 2023
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46809-2022-94-CCJ
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Conflicto de competencias

Qué se discutió

Se promueve ante este Tribunal, un conflicto de competencias jurisdiccionales entre Dennis Flores Mamani, Hilacata e Isidora Irma Alcón Flores, Mama Thalla, ambos de la comunidad Nerja Condoriri Central Tuaña y Noel Rene Flores Cáceres, Corregidor de la comunidad Cantón Huayllas; y, el Juez Agroambiental de Oruro en suplencia legal de su similar de Huachacalla, todos del departamento de Oruro, en el que se alega que este último, debe apartarse del conocimiento del proceso de interdicto de retener la posesión planteado por Germán Cáceres Alvares y Ernesto Germán Cáceres Condori contra Neil Michael Cáceres Flores, Hipólito Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica Vda. de Cáceres; en razón a que, la problemática será resuelta en su encuentro denominado “Jacha Tantachawi”. En base a dichos argumentos, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional analizar los argumentos de cada jurisdicción, a fin de determinar cuál la jurisdicción competente para resolver el proceso referido.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE a la jurisdicción indígena originaria campesina de la comunidad Nerja Condoriri central Tuaña, provincia Litoral del departamento de Oruro, para conocer y resolver todas las cuestiones y/o hechos emergentes del proceso de interdicto de retener la posesión, interpuesto por Germán Cáceres Alvares y Ernesto Germán Cáceres Condori contra Neil Michael Cáceres Flores, Hipólito Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica Vda. de Cáceres.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El pluralismo jurídico y el conflicto de competencias jurisdiccionales
  2. III.2. Jurisprudencia constitucional respecto a la concurrencia necesaria de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0081/2023 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 46809-2022-94-CCJ Departamento: Oruro En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Dennis Flores Mamani, Hilacata e Isidora Irma Alcón Flores, Mama Thalla, ambos de la comunidad Nerja Condoriri Central Tuaña; y, Noel Rene Flores Cáceres, Corregidor de la Comunidad cantón Huayllas; y, el Juez Agroambiental de Oruro en suplencia legal de su similar de Huachacalla todos del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Solicitud de declinatoria de competencia jurisdiccional efectuada por Dennis Flores Mamani, Hilacata e Isidora Irma Alcón Flores, Mama Thalla, ambos de la Comunidad Nerja Condoriri Central

Tuaña y Noel Rene Flores Cáceres, corregidor de la Comunidad originaria de Nerja Condoriri Central Tuaña, provincia Litoral, Cantón Huayllas, todos del departamento de Oruro. Dentro del proceso de interdicto de retener la posesión seguido por Germán Cáceres Álvarez y Ernesto Germán Cáceres Condori contra Neil Michael Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica vda. de Cáceres, ante la jurisdicción agroambiental, el 25 de marzo de 2022, se celebró audiencia de inspección judicial; en la que, intervinieron la autoridades que ahora solicitan la competencia; oportunidad en la cual, Noel Rene Flores Cáceres, refirió que en Huachacalla se deben a los usos y costumbres y que la controversia fue puesta a consideración de todos sus comunarios “en el campeonato donde por causa de tiempo no se ha podido analizar se ha suspendido (…) como autoridades originarias no podemos determinar[,] nuestra máxima expresión es el Jacha Tanta Chawi ya está muy cerca y es ahí donde se tocara este punto de Concorquilla (…) es en la próxima reunión hablaremos de este punto” (sic).

En el mismo actuado procesal, Dennis Flores Mamani, Hilacata de la comunidad Nerja Condoriri Central Tuaña; señaló que, las partes inmersas en la causa, debían darse tiempo para conciliar hasta la celebración del “Jacha Tantachawi”; porque, la problemática sería puesta a consideración de su pueblo. Posteriormente, mediante memorial presentado el 2 de septiembre de 2022, ante el Juez Agroambiental de Oruro en suplencia legal de su similar de Huachacalla, las autoridades Indígenas Originarias Campesinas (IOC) citadas precedentemente, señalaron que su investidura les permite resolver conflictos, con la ayuda de sus bases, conformadas por sus familias puesto que cualquier toma de decisión, se realiza en su reunión magna denominada “Jacha Tantachawi”. Finalmente, refieren que el 15 de abril de 2022, se celebró la reunión indicada; en la que, pese a la intención de un acuerdo, “lastimosamente el Sr. Germán Cáceres, se negó rotundamente (…) alegando que esperaría que el Tribunal Constitucional plurinacional resuelva el conflicto de competencias jurisdiccionales…Por lo que respetando su decisión, es que se llevó a un cuarto intermedio” (sic).

I.2. Resolución de la Jueza Agroambiental del departamento de Oruro

Por Auto Interlocutorio 12/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 232 a 234 vta., el Juez Agroambiental del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juzgado de Huachacalla, se declaró competente para continuar conociendo el proceso de interdicto de retener la posesión, bajo los siguientes fundamentos: a) En el caso en cuestión, tanto demandantes como demandados son miembros de la comunidad de Nerja Condoriri Central Tuaña, al igual que las autoridades originarias que plantearon el conflicto de competencias, concurriendo por ello, el ámbito de vigencia personal; b) El hecho jurídico como sus efectos se produjeron en la comunidad citada, por ende, concurriría el ámbito de vigencia territorial; c) El art. 39.7 de la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 –Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria–; establece que, la jurisdicción agroambiental conoce los procesos interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de fundos agrarios; determinación concordante con el art. 152.10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) – Ley 025 de 24 de junio de 2010– el cual determina que los jueces agroambientales podrán otorgar tutela sobre la actividad agraria en predios previamente saneados; extremos que sin duda, imposibilitarían disponer la remisión de obrados ante la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), como se reclama en la demanda del interdicto de retener la posesión, al no concurrir el ámbito de vigencia material; puesto que, la JIOC tiene competencia para conocer asuntos atinentes a la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo; empero no así, en conflictos que emerjan de la posesión y/o derecho de propiedad; d) Al no confluir los ámbitos de vigencia personal, territorial y material; por cuanto, el objeto del proceso determinado por los hechos debatidos, es el de retener la posesión de terrenos agrarios, no el de fraccionar la propiedad colectiva ni el de distribuir las mismas; y, e) Si se emitiera una Sentencia, existe la posibilidad de que las autoridades originarias vuelvan a considerar en el Jacha Tantachawi de su comunidad, “en consecuencia al existir un conflicto de competencias como somos de la misma jerarquía, el suscrito Juez Agroambiental no puede hacerse cargo del conflicto y desconocerles a las autoridades originarias o viceversa” (sic).

I.3. Admisión

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante Auto Constitucional (AC) 0324/2022-CA de 19 septiembre, admitió el presente conflicto de competencias jurisdiccionales (fs. 273 a 278).

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Decreto Constitucional de 27 de febrero de 2023, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria (fs.296). A partir de la notificación con el Decreto Constitucional de 9 de agosto de 2023, se reanudó dicho plazo; por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe Técnico MDRyT/INRA-OR/CAT/082/2021 de 4 de octubre, emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Departamental Oruro, elaborado a solicitud del Juez Agroambiental de la localidad indicada; el cual señala que, las coordenadas del predio denominado “Sayaña Condorquilla” se sobreponen a la propiedad llamada “Ayllu Tuaña de Huachacalla Marka del Suyu Jacha Carangas” con título ejecutorial TCONAL000215 (fs. 118 a 120). II.2. Mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 2021, ante el Juez Agroambiental de Huachacalla del departamento de Oruro, Germán Cáceres Alvares y Ernesto Germán Cáceres Condori –quienes refirieron ser comunarios de la parcialidad Nerja Condoriri del Ayllu Tuaña, provincia Litoral del departamento de Oruro–, interpusieron demanda de interdicto de retener la posesión contra Neil Michael Cáceres Flores, Hipólito Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica Vda. de Cáceres; admitida a través de providencia de 3 de diciembre del año indicado (fs. 112 a 115 vta. y 128 vta. a 129). II.3. A través de memorial presentado el 4 de febrero de 2022, ante la autoridad jurisdiccional citada en la Conclusión anterior, Andrea Flores Garnica Vda. de Cáceres y Neil Michael Cáceres Flores, contestaron a la demanda de interdicto de retener la posesión; señalando ser contribuyentes activos, dentro de la parcialidad Nerja Condoriri del Ayllu Tuaña, provincia Litoral del departamento de Oruro; y solicitando que se declare improbada la misma (fs. 187 a 192 vta.). II.4. Consta por Acta de Inspección Judicial de 25 de marzo de 2022, emitida dentro del proceso agroambiental referido supra, la intervención de Dennis Flores Mamani Hilacata e Isidora Irma Alcón Flores, Mama Thalla; ambos, de la comunidad Nerja Condoriri Central Tuaña y Noel Rene Flores Cáceres, Corregidor de la comunidad Cantón Huayllas, todos del departamento de Oruro; señalando que las partes inmersas en la causa, deben “darse tiempo de conciliar hasta “el Jacha Tanta Chawi” (sic) escenario donde se resolverá su controversia (fs. 228 a 232). II.5. Por Auto Interlocutorio 012/2022 de 25 de marzo, el Juez Agroambiental de Oruro en suplencia legal de su similar de Huachacalla del departamento de Oruro; determinó que, ante la interposición verbal del conflicto de competencias, por parte de las autoridades originarias citadas supra; se remitan obrados al Tribunal Constitucional Plurinacional para la resolución del mismo; puesto que el mismo, también se considera competente para seguir conociendo la causa hasta su conclusión (fs. 232 a 234 vta.). II.6. Cursa Acta de Reunión “Cantón Huayllas” de 15 de abril de 2022, en la que se señaló: “CASO DE GERMAN CACERES Y MICHAEL

 El Sr. Huber Flores Ex Corregidor aclara que la familia que más conflicto en la presentación de contribuciones; CACERES; y la comunidad determino que cada familia debe determinar las LISTAS CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE; lo cual se cumplió a cabalidad “El joven de la Flia Caceres es contribuyente de TULACHAMACA – colindancia con Flia ACURANA”  El sr. Candido aclara “Que en su momento todas las contribuciones inscribían solo 2 SAYAÑA” El señor corregidor Noel Flores reflexiona y solicita una conciliación y sinceridad; se declara cuarto intermedio El joven Germán Caceres menciona que esperará la respuesta de Sucre La comunidad asumirá medidas para evitar el no respeto a las autoridades originarias” (sic) (fs. 267 a 273 vta.). II.7. Cursa Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UJIOC/003/”2022” de abril de 2023, elaborado por la Secretaría Técnica de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional; por el que, se establece; “Cuáles las formas de resolución de controversias emergentes de la posesión y/o actos de perturbación de terrenos entre comunarios al interior de la parcialidad “NERJA CONDORIRI”, Central Tuaña, de la provincia Litoral del departamento de Oruro” (fs. 309 a 322).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Se promueve ante este Tribunal, un conflicto de competencias jurisdiccionales entre Dennis Flores Mamani, Hilacata e Isidora Irma Alcón Flores, Mama Thalla, ambos de la comunidad Nerja Condoriri Central Tuaña y Noel Rene Flores Cáceres, Corregidor de la comunidad Cantón Huayllas; y, el Juez Agroambiental de Oruro en suplencia legal de su similar de Huachacalla, todos del departamento de Oruro, en el que se alega que este último, debe apartarse del conocimiento del proceso de interdicto de retener la posesión planteado por Germán Cáceres Alvares y Ernesto Germán Cáceres Condori contra Neil Michael Cáceres Flores, Hipólito Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica Vda. de Cáceres; en razón a que, la problemática será resuelta en su encuentro denominado “Jacha Tantachawi”. En base a dichos argumentos, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional analizar los argumentos de cada jurisdicción, a fin de determinar cuál la jurisdicción competente para resolver el proceso referido.

III.1. El pluralismo jurídico y el conflicto de competencias jurisdiccionales

En el marco del pluralismo jurídico, las normas, los principios y valores provenientes de distintas culturas y particularmente de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se encuentran plenamente reconocidos y garantizados en su vigencia, de modo que adquieren carácter oficial y deben coexistir de manera armónica dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. En este entendido, la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, recalcó que: “…los principios y valores propios de los pueblos indígenas no sólo amplían el plexo de la parte axiomática de la Constitución, sino que los valores de armonía y complementariedad con la naturaleza, de vida buena y tierra sin mal, deben coexistir con el resto de los principios y valores supremos en un plano de convergencia sinérgica que permitan efectivizar el ‘vivir bien’, teniendo en cuenta que la diversidad cultural es un patrimonio actual y del pasado, donde las culturas son un sistema que se recrea constantemente, vivo y dinámico”.

En similar sentido, la DCP 0006/2013 de 5 de junio, concluyó que: “El pluralismo proyectado por la Constitución boliviana establece la coexistencia en igualdad jurídica de varios sistemas jurídicos, políticos, económicos y culturales provenientes de los pueblos y naciones indígena originario campesinos que gozan de igual jerarquía y legitimidad, por eso es que el planteamiento de las naciones y pueblos indígena originario campesinos no fue el reconocimiento de unos sobre otros, sino la construcción de un Estado Plurinacional: con pluralidad de naciones que pactaron la construcción conjunta, con poder de decisión en los destinos del Estado Plurinacional. Entonces, el pluralismo del Estado Plurinacional se erige en un pluralismo descolonizador, que plantea la convivencia igualitaria de varios sistemas jurídicos, políticos, económicos y culturales orientados a una nueva institucionalidad que se despoje de toda forma de monismo y homogeneidad cultural, jurídica, económica y política”.

En virtud a la jurisprudencia constitucional precedentemente citada, cabe recalcar que el art. 1 de la CPE, determina lo siguiente: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. En esa misma línea, el art. 3 de la Ley Fundamental establece que: “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”; marco dentro del cual se encuentran inmersos los derechos colectivos de los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC), entre ellos el referido: “Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión” (art. 30.II.14 CPE). Estos preceptos constitucionales, sirven de base para la conformación plural de la estructura organizacional que sustenta el ejercicio de la función judicial, conforme dispone el art. 179.I de la Norma Suprema, en los siguientes términos: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”.

Entonces, por mandato del Constituyente boliviano, la pluralidad y el pluralismo se constituyen en fundamentos esenciales que determinan el modelo de Estado (art. 1 CPE), con expreso reconocimiento del pluralismo jurídico y su correlato en las diversas jurisdicciones que por imperio de lo preceptuado por el art. 179.II de la Norma Suprema, coexisten bajo el principio de igualdad jerárquica. En este entendido, la SCP 0007/2015 de 12 de febrero, sostuvo que: “…el pluralismo jurídico, significa la existencia de una pluralidad de jurisdicciones igualitarias reconocidas por la Constitución Política del Estado, pero supeditadas a un ‘sistema único de justicia constitucional’ según lo determina la Ley Fundamental, y que irá concretando la doctrina provenida de las resoluciones emanadas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Este hecho es el que garantiza que pueda hablarse de ‘un ordenamiento jurídico boliviano’, caracterizado por la ‘diversidad’ jurisdiccional, por la ‘plenitud’ y ‘armonización’ de todas las normas (frente a las características clásicas de unidad, plenitud y coherencia homogénea, de los sistemas jurídicos uniformes). Esto quiere decir que, el sistema de justicia constitucional es lo que garantiza la unidad judicial del país y la unidad de la función judicial en Bolivia declarada por la Constitución”. Ahora bien, es lógico que en la coexistencia de diversas jurisdicciones como parte de un mismo sistema jurídico/jurisdiccional general surjan controversias al momento de conocer y resolver problemáticas concretas, razón por la que tanto el Constituyente como el legislador instituyeron el “conflicto de competencias jurisdiccionales”, como un instituto jurídico de carácter procesal que tiene por objeto determinar a qué autoridad jurisdiccional le corresponde conocer y resolver una determinada problemática, considerando que este tipo de controversias inter– jurisdiccionales ponen en juicio uno de los componentes más esenciales del debido proceso como es el derecho al juez natural, de ahí su importancia como mecanismo de carácter procesal cuyo conocimiento y sustanciación es atribuido al Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme dispone el art. 202.11 de la CPE al determinar que es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre otras establecidas en la Norma Suprema y la Ley, conocer y resolver: “Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”, facultad ratificada en el art. 85.I.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

En este entendido, la SCP 0064/2014 de 3 de enero, refiriéndose a la SCP 1227/2012 de 7 de septiembre, sostuvo que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo intérprete y guardián de la Constitución Política del Estado y garante de la vigencia de los derechos fundamentales, asume su rol definitorio en las controversias competenciales entre la jurisdicción ordinaria y la agroambiental, únicamente en los supuestos en que la controversia se hubiera suscitado posteriormente a la posesión de los magistrados electos por voto popular; es decir, después del 3 de enero de 2012, momento a partir del cual rige el control plural competencial, que emerge de la naturaleza de la composición de éste”. En similar sentido, la SCP 0026/2013 de 4 de enero, concluyó que: “…la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional se limita a determinar la autoridad indígena originaria campesina u ordinaria en su caso, competente para conocer un determinado asunto y si bien mediante este tipo de proceso constitucional se pretende resguardar la garantía del juez natural no por ello se observa si los estándares de la jurisdicción competente respetan o el debido proceso pues ello corresponde en su caso a otras acciones constitucionales”.

En conclusión, es necesario aclarar que el conflicto de competencias jurisdiccionales no es un mecanismo procesal destinado a reclamar tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino que se constituye en un medio para solucionar conflictos en el ámbito competencial de las diferentes jurisdicciones reconocidas por la Constitución Política del Estado.

III.2. Jurisprudencia constitucional respecto a la concurrencia necesaria de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina

En el marco de lo establecido en el art. 191.II de la CPE, que dispone que la jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, la SCP 0026/2013, delimitó el alcance de estos contextos, en los siguientes términos:

“III.2.1. Ámbito de vigencia personal

El art. 30.I de la CPE, precisa: ‘Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española’, por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental , hace referencia a dos elementos a considerar que son: ‘Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…’ y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’.

En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: ‘Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: ‘Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos’, de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a:

1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: ‘…debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…’, aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas por las necesidades económico - sociales en nuestro país.

2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo ‘particular’ que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: ‘La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio’.

3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE.

III.2.2. Ámbito de vigencia territorial

Respecto al ámbito territorial, el art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), señala que: ‘El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley’, lo que sin duda busca preservar la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas entendida en la SC 0287/99-R de 28 de octubre de 1999, como:

‘…condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio’. Ahora bien, dicha norma, también debe interpretarse en el marco del art. 191.II.3 de la CPE, que refiere: ‘Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino’, es decir:

i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales.

ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación.

III.2.3. Ámbito de vigencia material

Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: ‘…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto”. En relación a este último ámbito, el art. 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) –Ley 073 de 29 de diciembre de 2010–, establece que: “II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario; c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas; d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente”. (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

Se promueve ante este Tribunal, un conflicto de competencias jurisdiccionales entre Dennis Flores Mamani, Hilacata e Isidora Irma Alcón Flores, MamaThalla, ambos de la comunidad Nerja Condoriri Central Tuaña y Noel René Flores Cáceres, Corregidor de la comunidad Cantón Huayllas; y, el Juez Agroambiental de Oruro en suplencia legal de su similar de Huachacalla, todos del departamento de Oruro; en el cual, las autoridades de la mencionada comunidad alegan que este último debe apartarse del conocimiento del proceso de interdicto de retener la posesión planteado por Germán Cáceres Alvares y Ernesto Germán Cáceres Condori contra Neil Michael Cáceres Flores, Hipólito Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica Vda. de Cáceres, en razón a que son competentes para resolver la problemática de fondo que será resuelta conforme a sus usos y costumbres en el encuentro denominado “Jacha Tantachawi”. Así, una vez identificada la problemática, corresponde a continuación, analizar los antecedentes adjuntos al expediente; de donde se evidencia que el 17 de septiembre de 2021, Germán Cáceres Alvares y Ernesto Germán Cáceres Condori, interpusieron demanda de interdicto de retener la posesión contra Neil Michael Cáceres Flores, Hipólito Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica Vda. de Cáceres ante el Juez Agroambiental de Huachacalla del departamento de Oruro; la misma que fue admitida mediante providencia de 3 de diciembre del mismo indicado; demanda que tiene como objeto de la Litis, el predio denominado “Sayaña Condorquilla”; la cual, de acuerdo al Informe Técnico MDRyT/INRA-OR/CAT/082/2021 de 4 de octubre, emitido por el INRA Departamental Oruro, a solicitud de la autoridad judicial indicada; se sobrepone a la propiedad denominada “Ayllu Tuaña de Huachacalla Marka del Suyu Jacha Carangas” con título ejecutorial TCONAL000215.

Así, durante la tramitación de la referida causa, el 25 de marzo de 2022, cuando se llevaba a cabo la audiencia de inspección judicial ante la autoridad agroambiental, intervinieron las autoridades originarias Dennis Flores Mamani, Hilacata e Isidora Irma Alcón Flores, Mama Thalla, ambos de la comunidad Nerja Condoriri Central Tuaña; y, Noel Rene Flores Cáceres, Corregidor de la comunidad cantón Huayllas; actuado procesal en el cual, éste último alegó que en Huachacalla se deben a sus usos y costumbres; y que la controversia suscitada en la vía ordinaria, ya fue puesta consideración de todos sus comunarios “en el campeonato donde por causa de tiempo no se ha podido analizar se ha sus suspendido (…) como autoridades originarias no podemos determinar[,] nuestra máxima expresión es el Jacha Tanta Chawi ya está muy cerca y es ahí donde se tocara este punto de Concorquilla (…) es en la próxima reunión hablaremos de este punto” (sic). Asimismo, Dennis Flores Mamani, Hilacata de la comunidad Nerja Condoriri Central Tuaña; señaló que las partes debían darse tiempo para conciliar hasta la celebración del “Jacha Tantachawi”; porque la problemática sería puesta a consideración de su pueblo en esa reunión, para su resolución.

Es así, que el 15 de abril de 2022, se celebró la indicada reunión; sin embargo, pese a la intención de un acuerdo, “lastimosamente el Sr. Germán Cáceres, se negó rotundamente (…) alegando que esperaría que el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva el conflicto de competencias jurisdiccionales…Por lo que respetando su decisión, es que se llevó a un cuarto intermedio” (sic). Precisado ello, a fin de ingresar a realizar el correspondiente contraste constitucional de índole competencial, amerita aclarar que a tiempo de resolver el conflicto de competencias jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional Plurinacional solo tiene la labor de definir qué jurisdicción es la competente para resolver una causa en concreto, lo que no implica dilucidar el fondo del asunto, debido a que ello corresponde a la autoridad a la cual, se le asignará la competencia; en ese entendido, corresponde examinar los antecedentes de acuerdo al marco normativo y jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para constatar si en el caso, concurren de forma simultanea los tres ámbitos –personal, material y territorial– conforme al art. 191.II de la CPE, que hacen viable la aplicación de la justicia indígena originaria campesina o por el contrario el asunto debe ser resuelto en la vía ordinaria. Respecto del ámbito de vigencia personal

Conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional y el art. 30.I de la CPE, se entiende por nación y pueblo indígena originario campesino (NPIOC) a toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios; en la que resaltan dos elementos esenciales, que son la existencia precolonial y su dominio ancestral sobre sus territorios; en ese sentido, la JIOC de acuerdo al art. 191 de la Norma Suprema, se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva NPIOC, ya sea que actúen dentro de los asuntos o conflictos como demandantes o demandados, denunciantes o denunciados, recurrentes o recurridos para determinar la concurrencia del ámbito de vigencia personal. En ese contexto, se evidencia que el proceso agroambiental del cual emerge el presente conflicto de competencias, tiene como partes a Germán Cáceres y Ernesto Germán Cáceres Condori en calidad de demandantes y a Neil Michael Cáceres Flores, Hipólito Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica Vda. de Cáceres; quienes, tanto en el memorial de demanda como el de contestación (Conclusión II.1 y 2) señalaron ser miembros de la Comunidad Nerja Condoriri – Central Tuaña, provincia Litoral del departamento de Oruro. Así, Germán Cáceres Álvarez y Ernesto Germán Cáceres Condori, indicaron que: “en nuestra condición, padre e hijo, comunarios originarios aymaras, dedicados íntegramente a las actividades agrarias de aprovechamiento de la tierra, no encontramos en posesión actual física e ininterrumpida de forma pacífica de nuestros terrenos junto a mis padres, hermanos, TERRENOS DE PASTOREO de GANADO CAMELIDO, denominados SAYAÑA CONCORQUILLA que se encuentra ubicado en Cantón Huayllas Parcialidad Nejra Condoriri del Ayllu Tuaña, Provincia Litoral del Departamento de Oruro, donde rige el derecho consuetudinario, usos y costumbres” (sic); por otro lado, Neil Michael Cáceres Flores, Hipólito Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica Vda. de Cáceres señalaron que: “el verdadero nombre del terreno en conflicto es ‘Palliquipata’, de la misma forma no pueden señalar que nos desconocen cuando convivimos ambas familias en dicho lugar bastantes años, y sólo el hecho de que no hayamos tenido ganado en el lugar por ser área de pastoreo, no quiere decir que abandonamos nuestra sayaña” (sic).

Por lo expuesto, se concluye que ambas partes, denunciantes y denunciados son miembros de la Comunidad Nerja Condoriri – Central Tuaña, provincia Litoral del departamento de Oruro y forman parte del colectivo humano de esa región, en la que comparten identidad cultural, tradición, historia, instituciones, territorialidad y cosmovisión con los demás miembros de dicha Comunidad. Concurriendo de este modo el ámbito de vigencia personal. Respecto del ámbito de vigencia territorial El art. 11 de la LDJ dispone que el ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino; norma que debe interpretarse en el marco del art. 191.II.3 de la CPE, en cuyo tenor refiere que la mencionada jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de los territorios ancestrales o fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo, cuando los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación. En el caso que se analiza, de los datos que cursan en el expediente, específicamente, el Acta de Inspección Judicial de 25 de marzo de 2022, emitida por el Juez Agroambiental de Huachacalla del departamento de Oruro, el proceso de interdicto de retener la posesión, objeto del presente conflicto de competencias jurisdiccionales; emerge de hechos reclamados y supuestamente cometidos en el espacio físico denominado “Sayaña Condorquilla” que se encuentra ubicado en Cantón Huayllas Parcialidad Nejra Condoriri del Ayllu Tuaña, Provincia Litoral del Departamento de Oruro (Conclusión II.4). Lo cual evidencia que los hechos denunciados ocurrieron dentro de la jurisdicción territorial de la Comunidad Nerja Condoriri – Central Tuaña, provincia Litoral del departamento de Oruro, cuya ubicación geográfica se encuentra sobrepuesta al Ayllu Tuaña de Huachacalla Marka del Suyu Jacha Carangas, que cuenta con título ejecutorial TCONAL000215; tierra comunitaria de origen que se circunscribe a una estructura organizativa propia, compuesta por autoridades que ejercen justicia dentro de su reunión magna denominada “Jacha Tantachawi”. Consecuentemente, en la especie, los hechos se produjeron dentro del ámbito de la comunidad indígena originaria campesina referida; por lo que, conforme al Fundamento Jurídico III.2 desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene por cumplido el presupuesto respecto al ámbito de vigencia territorial, tal como exigen los arts. 191.II.3 de la CPE; y, 11 de la LDJ. Respecto del ámbito de vigencia material

En cuanto al ámbito de vigencia material, el art. 191.II.2 de la CPE, establece que: “Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional”. En esa misma dirección, el art. 10.II de la LDJ, prevé que: “El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario; c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas; d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente”. (las negrillas nos corresponden). De acuerdo a lo manifestado precedentemente y lo consignado en la Conclusión II.1; se tiene que, como resultado del proceso de saneamiento efectuado por el INRA, el ayllu Tuaña de Huachacalla Marka del Suyu Jacha Carangas, cuenta con título ejecutorial TCONAL000215; en cuya ubicación geográfica se encuentra sobrepuesta la propiedad en disputa -“Sayaña Condorquilla”-; advirtiéndose la particularidad determinada en el art. 10.II inc. c) de la LDJ; es decir, que la problemática versa respecto a la distribución interna de tierras en una comunidad que tiene posesión legal y/o derecho propietario colectivo sobre las mismas; adecuándose por ello, el ámbito de vigencia material. Así también considerando lo dispuesto en el art. 10.I de la LDJ, que establece: “La Jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación”; se tiene a bien, contextualizar la problemática presentada, exponiendo cual el sistema normativo de la parcialidad “NEJRA CONDORIRI”, central Yuaña, de la provincia Litoral del departamento de Oruro, respecto a la resolución de controversias surgidas en torno al ejercicio de la posesión y/o actos de perturbación de terrenos suscitados entre comunarios. Ante lo cual, se solicitó a la Unidad de Descolonización de la Secretaría Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, la elaboración de un estudio socio-cultural sobre lo referido; habiéndose remitido a la Relatoría, el Informe Técnico de Campo descrito en la Conclusión II.7; en el cual se señala que, entre los procedimientos que se siguen en las parcialidades de Nejra Condoriri y Central Tuaña, cuando surgen controversias sobre la posesión de parcelas, los mismos son solucionados de manera interna, a través de la conciliación, existiendo algunos casos en los que impone sanción económica “que van de uno o más sacos de cemento” (sic), dependiendo del grado de la falta cometida; es decir, “los comunarios en conflictos, ancestralmente siempre resolvieron dentro de su jurisdicción, además cuando resuelven los conflictos generalmente las resoluciones emanadas de las Autoridades originarias, son acatadas por sus miembros, pero, en caso que no se resolvieran estos conflictos en la primera instancia (…) las autoridades lo hacen conocer y remiten a la máxima instancia la cual es la Jacha Tantachawi (Asamblea General), donde todos y todas asisten a este Asamblea General, anualmente se lleva cuatro veces” (sic).

Es así, que dentro del ámbito de sus competencias, conforme se tiene de la Conclusión II.4 y 6 de este fallo constitucional, Dennis Flores Mamani, Hilacata e Isidora Irma Alcón Flores, Mama Thalla, ambos de la comunidad Nerja Condoriri Central Tuaña y Noel Rene Flores Cáceres, Corregidor de la comunidad cantón Huayllas; señalaron que la controversia ya había sido puesta a consideración de todos sus comunarios “en el campeonato” (sic) donde por temas de tiempo, se suspendió su análisis; empero, sería tratada en el “Jacha Tantachawi”. En ese sentido, tal como expresan las autoridades de la jurisdicción indígena, originaria campesina, la reunión del “Jacha Tantachawi” fue celebrada el 15 de abril de 2022, en el “Cantón Huayllas”, en la cual se trató la problemática; sin embargo, no se pudo resolver la problemática porque Ernesto Germán Cáceres Condori, solicitó se espere a la “respuesta de Sucre” (sic); en consecuencia, se declaró un cuarto intermedio hasta que la justicia constitucional resuelva el conflicto de competencias suscitado. De tal forma que conforme lo analizado, es posible llegar a la conclusión de que irrefutablemente, concurre el ámbito de vigencia material.

En definitiva, conforme a los criterios expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional se determina que concurren en forma simultánea los ámbitos de vigencia personal, territorial y material. En ese orden, este Tribunal, ejerciendo el control competencial de constitucionalidad, concluye que la competencia para resolver los hechos que dieron lugar al inicio al proceso agroambiental interpuesto por Germán Cáceres Alvares y Ernesto Germán Cáceres Condori contra Neil Michael Cáceres Flores, Hipólito Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica vda. de Cáceres, corresponde ser resuelto por las autoridades de la JIOC.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE a la jurisdicción indígena originaria campesina de la comunidad Nerja Condoriri central Tuaña, provincia Litoral del departamento de Oruro, para conocer y resolver todas las cuestiones y/o hechos emergentes del proceso de interdicto de retener la posesión, interpuesto por Germán Cáceres Alvares y Ernesto Germán Cáceres Condori contra Neil Michael Cáceres Flores, Hipólito Cáceres Flores y Andrea Flores Garnica Vda. de Cáceres. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no interviene el Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, por ser de Voto Disidente.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0081_2023.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): b17d02b24a9acc4b3d7add405ff51c6814b47ef672abfaae05f36edd403d380a

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