B.IA.LEGAL

SCP 0030/2024

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 29 de mayo de 2024

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
29 de mayo de 2024
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
54646-2023-110-CCJ
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Conflicto de competencias

Qué se discutió

Se suscita ante este Tribunal, un conflicto negativo de competencias jurisdiccionales entre la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia y el Juez Agroambiental del departamento de Oruro, quienes a su turno y en representación de su jurisdicción, consideran ser incompetentes para conocer y resolver: a) En el caso de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, toda acción o pretensión accesoria a la primera demanda de nulidad de Título Ejecutorial resuelta por el Tribunal Agrario Nacional a través de la Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001; y, b) En el caso del Juez Agroambiental del departamento de Oruro, una solicitud de conciliación previa impetrada por Humberto Ramos Morales, respecto a los predios que alegan son de su propiedad, y que habiendo interpuesto una demanda en la jurisdicción ordinaria reclamando su derecho propietario sobre los mismos, mediante Auto Supremo 194/2016 la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, esta instancia anuló obrados de su demanda de nulidad de escrituras públicas, partidas de registro y reivindicación, hasta el Auto de admisión. En consecuencia, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, determinar cuál es la autoridad competente para resolver la referida controversia.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE al Juez Agroambiental del departamento de Oruro para conocer y resolver la solicitud de conciliación impetrada por Humberto Ramos Morales contra Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani, Guillermo Calizaya Canaza y otros.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El control competencial jurisdiccional de constitucionalidad
  2. III.2. Conflicto negativo de competencias jurisdiccionales
  3. III.3. Competencia de la jurisdicción ordinaria y agroambiental para conocer y resolver acciones reales sobre bienes inmuebles
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0030/2024 Sucre, 29 de mayo de 2024 SALA PLENA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 54646-2023-110-CCJ Departamento: Oruro En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia y el Juez Agroambiental del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Resolución de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia

Mediante Auto Supremo 194/2016 de 10 de marzo, cursante de fs. 15 a 20; Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en conocimiento en grado de casación de la demanda de nulidad de escrituras públicas, partidas de registro y de reivindicación, más el pago de daños y perjuicios, interpuesto por Humberto Ramos Morales e Hilda Janco Tito contra Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani, Marcial Mancilla Pacheco, Francisca López de Almanza, Juana Alanoca Quispe, Lucio Incapoma Mamani, Silveria Calcina Vilalo, Hilda Chipana Calle, Lucia Delgado de Vinaya, Faustino Tola Challapa, Serafín Herbas Condori, Catalina Calsina de Gutiérrez, Jesús Alberto Taboada Tarqui, Gil Michel Romero, José Luis Maizani Llanos, Valentín René Huanca Jurado, Francisca Pérez de Delgado, Serafín Condori Thola, Víctor Cachaca Jancko, Zenobio Gutiérrez Toledo, Severina Rojas Condori, Paulino Aguilar Flores, Guillermo Calizaya Canaza, Rulvis Ramón Santos Reyes, Concepción Núñez Calle, Rubén Moya Aguilar, Santos Chirilla Chinche, Juan Chirilla Ajhuacho y Elena Jacinto Pérez de Mancilla; en aplicación del art. 220.III.1 inc. a) del Código Procesal Civil (CPC); anularon obrados de la causa hasta el Auto de admisión de la demanda antes mencionada; decisión asumida, conforme los siguientes fundamentos: a) En consideración a lo alegado por las partes y en particular por los demandados, quienes observaron la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer y resolver la demanda de nulidad de escrituras públicas, partidas de registro y reivindicación, más el pago de daños y perjuicios, quienes argumentaron que, las trasferencias observadas devienen de la Partida –primigenia– 54 del Libro de Propiedades Rústicas de 1992, la cual habría sido anulada por la Sentencia Agraria Nacional S2ª 020/2001 de 19 de octubre, anulando además el Título Ejecutorial otorgado en favor de Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani y otros; la Sala Civil determinó analizar la competencia de su jurisdicción que fue cuestionada, por el referido fundamento fáctico; b) De conformidad con el art. 179 de la Constitución Política del Estado (CPE), la función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) se ejerce por sus propias autoridades, aspecto coincidente con lo desarrollado por el Auto Supremo 105/2015; c) El art. 30 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) ‒Ley 1715 de 18 de octubre de 1996‒, modificada por la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, establece que, la Judicatura Agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria (…) y otros que le señala la ley; por otro lado, el art. 39 del mismo cuerpo normativo, dispone que los jueces agrarios tienen competencia para, “8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias”; d) En un caso similar, en el cual, mediante una demanda de nulidad, se cuestionó la transferencia de un bien inmueble, cuyo título ejecutorial fue anulado por Sentencia emitida en la jurisdicción agraria, el Auto Supremo 448/2015 de 18 de junio, resolvió que: “…el conocimiento de la demanda debió ser de competencia de la Judicatura Agraria, y consiguientemente anuló todo el proceso por considerar que la jurisdicción ordinaria civil, no tenía competencia para sustanciar y resolver la causa” (sic); e) En conocimiento de la Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001 de 19 de octubre, la misma que se encuentra ejecutoriada, ésta estableció la nulidad del Título Ejecutorial otorgado en favor de Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani, así como el Expediente 50298A, disponiendo la cancelación de su inscripción en el registro de Derechos Reales (DD.RR.) y consecuentemente anulada la Partida 54 de 11 de junio de 1992, y siendo que, Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani, en 1994, cuando aún se encontraba vigente su Título Ejecutorial, transfirió a varias personas fracciones de su propiedad, la demanda de nulidad de dichas transferencias debió ser presentada ante la “judicatura agraria”; toda vez que, dicha jurisdicción ya asumió competencia para conocer la demanda de nulidad del Título Ejecutorial otorgado en favor del prenombrado; y, f) En la nulidad del proceso determinado en el Auto Supremo 194/2016, los Magistrados antes aludidos también señalaron que: “…debiendo la parte actora acudir ante los respectivos jueces agrarios componentes de la jurisdicción agraria para hacer valer sus derechos si así vieren por conveniente, conforme se tiene explanado supra” (sic).

I.2. Resolución de la Autoridad Jurisdiccional Agroambiental

Fernando Reyes Torrez, Juez Agroambiental del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2023, cursante de fs. 33 a 36, declarándose incompetente para resolver una solicitud de conciliación previa, presentada por Humberto Ramos Morales contra Guillermo Calizaya Canaza y otros, respecto a los predios que serían de su propiedad, y que pretendieron ser reclamados como propios por los demandados, alegando una transferencia efectuada por Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani quien contaba con Título Ejecutorial que fue declarado nulo a través de Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001 de 19 de octubre, dispuso la remisión del expediente a este Tribunal, con el objeto de que esta instancia resuelva el conflicto de competencias que considera que, se suscitó con la jurisdicción ordinaria, conforme a los siguientes fundamentos: 1) El art. 69 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que las juezas y jueces en materia Civil y Comercial tienen competencia para: “1. Aprobar el acta de conciliación en las demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores; 2. Rechazar el acta de conciliación en las demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores, cuando considere que la conciliación vulnera derechos constitucionales; 3. Conocer en primera instancia de las pretensiones señaladas en el numeral anterior que no hubieran sido conciliadas”; 2) El art. 152 de la LOJ, determina que, las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para: “11. Conocer otras acciones personales, reales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias o de naturaleza agroambiental”; 3) En un mismo sentido el art. 39.8 de la LSNRA, instituye que, los jueces agrarios tienen competencia para, conocer otras acciones reales sobre la propiedad agraria; 4) La jurisprudencia constitucional, en resolución de los conflictos de competencias entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental, ha establecido que para determinar la competencia de una instancia u otra, no debe considerarse únicamente la homologación que un Gobierno Municipal efectúe sobre la mancha urbana, sino y fundamentalmente se debe tomar en cuenta la finalidad de bien inmueble objeto de una demanda concreta, de ese modo, si el inmueble se encuentra en área urbana y destinado a vivienda, la competencia deberá ser asumida por la jurisdicción ordinaría; por el contrario, si el inmueble se encuentra en área rural y destinado a la actividad agrícola o pecuaria, la competencia le corresponderá a la jurisdicción agroambiental; 5) Si bien el inmueble por el cual se solicita la conciliación previa, nació como un predio rústico en 1991 por lo tanto en ese momento toda problemática surgida en relación a estos era de competencia de la jurisdicción agraria; no obstante, por el transcurso del tiempo estos terrenos fueron cambiando de uso de suelo y la actividad en el mismo, fue sustituida de una actividad agraria a una actividad de urbanización, ya que el terreno en cuestión en el presente se encuentra en el área urbana de la ciudad de Oruro; y, 6) Siendo que el predio objeto de la solicitud de conciliación, se encuentra en área urbana, la competencia para resolver dicha pretensión le corresponde a la jurisdicción ordinaría.

I.3. Admisión

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del Auto Constitucional (AC) 0210/2023-CA de 11 de mayo, cursante de fs. 80 a 86, admitió el presente conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia y el Juez Agroambiental del departamento de Oruro.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 8 de abril de 2024 (fs. 106), se dispuso el cómputo de plazo con la finalidad de obtener mayores elementos sobre la línea jurisprudencial de este Tribunal, respecto a la competencia de la jurisdicción agroambiental sobre demandas en las que se dilucide la propiedad de inmuebles ubicados en áreas urbanas; reanudándose el mismo a partir de la notificación con el Decreto Constitucional de 15 de mayo de 2024 (fs. 140); por lo que, el presente fallo constitucional es pronunciado dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001 de 19 de octubre, emitida por Otto Riess Carvalho, Hugo Bejarano Torrejón y Esteban Miranda Terán, entonces Magistrados del Tribunal Agrario Nacional, declararon probada la demanda de nulidad de Título Ejecutorial “…de fs. 231 a 235 de obrados, interpuesta por Hugo Salvatierra Oporto en representación de Arnoldo Ocampo Young, Pedro Alfonso Ocampo Yuong y María Consuelo Ocampo Yuong. En consecuencia, se declara LA NULIDAD ABSOLUTA de los Títulos Ejecutoriales emitidos en favor de los demandados, Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani, y Felipe Santos Mamani, así como del expediente Nº. 50298A únicamente con relación a los señalados demandados, disponiéndose la cancelación de la Inscripción en el Registro de Derechos Reales, conforme al art. 50-II de la L. Nº 1715, sólo con relación a los demandados Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani y Felipe Santos Mamani” (sic), Título declarado nulo, respecto al predio Pampa Almasi, Cantón Challacollo, provincia Cercado del departamento de Oruro, de 4 ha con 1799 m, mismo que fue acreditado en su propiedad a través de Título Ejecutorial 330482 de 29 de abril de 1965 expedido por René Barrientos Ortuño, entonces Presidente de la República de Bolivia, mediante Resolución Suprema (RS) 95964 en favor de Primitiva Young (fs. 41 a 45). II.2. Consta fotocopia de Folio Real de registro computarizado con fecha de registro de 15 de agosto de 2004, de propiedad de un inmueble bajo la matrícula computarizada 4.01.1.01.0005524 ubicado la av. de Circunvalación Presidente Montes y Washington, con una superficie de 6930.0000 m (fs. 57).

II.3. Se tiene Informe Técnico de Evaluación Pericial de junio de 2013, solicitado por Humberto Ramos Morales, en relación a su propiedad, y emitido por Osvaldo Lima García, Arquitecto con Registro Nacional 7407, por el cual se establece que: “Se pudo evidenciar técnica y gráficamente con imágenes satelitales y relevamiento del terreno la ubicación precisa. El mismo que se encuentra en Zona Sud Calle Presidente Montes entre Avenida de Circunvalación (antes Calle E) y Calle F, de nuestra ciudad. En cuanto al Folio Real N° 4.01.1.01.0005524 vigente, los datos de medidas: frente 70 mts. fondo de 99 mts. haciendo un total de 6930.00 M2 y sus colindancias (…) Se pudo constatar que las construcciones existentes son recientes. Siendo la forma de fraccionamiento como se detalla en el CROQUIS DEL PREDIO. Donde se crearon dos Manzanos” (sic); acompañándose muestrario fotográfico y planos georreferenciados que acreditan lo señalado (fs. 58 a 70). II.4. Cursa Sentencia 14 de 18 de febrero de 2014, emitida por José Carlos Montoya Condori, entonces Juez de Partido en lo Civil Primero del departamento de Oruro, mediante la cual declaró: i) Probada la demanda de nulidad de escrituras públicas, planteada por Humberto Ramos Morales e Hilda Janco Tito contra Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani y otros; ii) Probada la pretensión de reivindicación, debiendo los demandados restituir los predios objeto de la controversia; e, iii) Improbada la excepción perentoria de error en la ubicación (fs. 2 a 14); Auto de Vista 68/2015 de 20 de marzo, dictado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por el cual, los Vocales de la referida Sala, confirmaron la Sentencia 14 (fs. 26 a 30).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Se suscita ante este Tribunal, un conflicto negativo de competencias jurisdiccionales entre la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia y el Juez Agroambiental del departamento de Oruro, quienes a su turno y en representación de su jurisdicción, consideran ser incompetentes para conocer y resolver: a) En el caso de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, toda acción o pretensión accesoria a la primera demanda de nulidad de Título Ejecutorial resuelta por el Tribunal Agrario Nacional a través de la Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001; y, b) En el caso del Juez Agroambiental del departamento de Oruro, una solicitud de conciliación previa impetrada por Humberto Ramos Morales, respecto a los predios que alegan son de su propiedad, y que habiendo interpuesto una demanda en la jurisdicción ordinaria reclamando su derecho propietario sobre los mismos, mediante Auto Supremo 194/2016 la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, esta instancia anuló obrados de su demanda de nulidad de escrituras públicas, partidas de registro y reivindicación, hasta el Auto de admisión. En consecuencia, corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, determinar cuál es la autoridad competente para resolver la referida controversia.

III.1. El control competencial jurisdiccional de constitucionalidad

De conformidad con el art. 179.I de la CPE: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”. Reconocida que se encuentra la vigencia de tres jurisdicciones en la Norma Suprema, dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo dispuesto por el art. 202.11 de la Ley Fundamental, se encuentra la de conocer y resolver “los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”. En la misma línea normativa, el art. 85.I.3 y principalmente el art. 100 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determinan que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional resolverá los conflictos de competencias entre las Jurisdicciones Indígena Originaria Campesina, Ordinaria y Agroambiental”, atribución que tiene la finalidad de regular las competencias, dentro del marco de la cooperación y coordinación jurisdiccional, en este sentido, la SCP 0064/2014 de 3 de enero, sostuvo lo siguiente: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los Órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas así como entre estas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la agroambiental” (las negrillas nos pertenecen). A su turno, la SC 0001/2005 de 2 de febrero, asumió que: “El conflicto de competencia, en la Jurisdicción Constitucional, se configura cuando sobre la tramitación de un determinado asunto existen dos autoridades que reivindican para sí la competencia, es decir, una autoridad que tramita un asunto, sin tener, en apariencia, competencia para ello, y una segunda autoridad que, en apariencia, sí tiene competencia para tramitar ese asunto, en cuyo caso corresponde al Tribunal Constitucional dirimir el conflicto señalando cuál es la autoridad competente”, en este segundo ámbito de entendimiento, los conflictos de competencia negativos, también deben ser parte del conocimiento y resolución por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pues se debe dirimir, qué autoridad es competente para resolver un aspecto del cual dos autoridades rehúsan o no aceptan la competencia emanada de la Constitución y las leyes.

III.2. Conflicto negativo de competencias jurisdiccionales

Los conflictos negativos de competencias, de acuerdo a su naturaleza jurídica, se producen cuando dos autoridades rechazan el conocimiento de determinada pretensión, dicho de otro modo, se rehúsan a resolver una controversia puesta en su conocimiento, al considerarse incompetentes para resolver la misma, razonamiento asumido en la SCP 1227/2012 de 7 de septiembre, la cual sostuvo que: “…la función judicial, podría generar conflictos de competencia ya sea positivos o negativos. Positivos, cuando en aplicación de mecanismos intra-procesales para el resguardo de esta garantía normativa, dos o más autoridades jurisdiccionales se consideran competentes para el conocimiento y resolución de una problemática determinada. Por el contrario, el conflicto jurisdiccional negativo, opera cuando mediante la utilización de mecanismos intraprocesales para el cuestionamiento de la competencia, dos o más autoridades jurisdiccionales se inhiben del conocimiento de la causa por considerarse incompetentes” (las negrillas son nuestras). Sobre la configuración de este tipo de conflicto, la SCP 1536/2012 de 24 de septiembre, estableció que: “…es menester precisar que desde un punto de vista procesal, el inicio del conflicto de competencias negativo, está dado por el momento en el cual, la autoridad jurisdiccional a la cual, por declinatoria de competencia se le reenvía el conocimiento de una causa, no se allane al conocimiento de la misma” (las negrillas nos pertenecen). Dicho de otro modo, este tipo de conflictos se produce cuando la autoridad jurisdiccional se niega a conocer y resolver la pretensión de la parte por considerarse, también incompetente, situación en la cual se produce un vacío competencial, que debe ser resuelto por esta instancia, declarando, en virtud de la Constitución, las leyes y la jurisprudencia constitucional, qué autoridad es competente para conocer y resolver una determinada demanda, momento en el cual se proseguirá el trámite procesal, en la jurisdicción declarada competente según la determinación de esta jurisdicción constitucional.

III.3. Competencia de la jurisdicción ordinaria y agroambiental para conocer y resolver acciones reales sobre bienes inmuebles

Al respecto, ya la temprana jurisprudencia de este Tribunal ha determinado que:“…tanto los jueces agrarios (ahora agroambientales) como los ordinarios tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; pero la diferencia está en que los primeros conocen las derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, y en caso de producirse un cambio de uso de suelo, para definir la jurisdicción que conocerá de estas acciones, no sólo se considerara la ordenanza municipal que determine estos límites entre el área urbana y rural, sino esencialmente, el destino de la propiedad y la naturaleza de la actividad que se desarrolla” (SCP 2140/2012 de 8 de noviembre [las negrillas nos corresponden]).

Recientemente, interpretando el alcance de la señalada línea jurisprudencial, la SCP 0015/2019 de 13 de marzo, sostuvo lo siguiente: “Si bien, ese es el precedente aplicable a la generalidad de los casos; sin embargo, pueden presentarse supuestos en los cuales existe una causa principal que fue conocida por una u otra jurisdicción, y procesos posteriores emergentes o vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidados en el primer proceso (causa principal), en los cuales, por el destino de la propiedad objeto del conflicto, la jurisdicción competente puede variar, con relación a la causa principal. En estos casos, considerando los principios de celeridad, seguridad jurídica (art. 178 de la CPE), eficacia, eficiencia, accesibilidad y verdad material (art. 180.I de la CPE), integralidad e inmediatez (art. 186 de la CPE), debe entenderse que la jurisdicción que conoció la causa principal es competente para conocer los subsiguientes procesos; pues sólo de esa manera, es posible dar una solución integral al problema jurídico planteado y resuelto en el primer proceso. Un entendimiento contrario, podría generar que existan razonamientos hasta discrepantes en procesos que tienen como base un mismo problema jurídico, lo que evidentemente ocasionaría inseguridad jurídica y restaría eficacia y eficiencia a la función judicial. Consecuentemente, para determinar la competencia entre las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, deben considerarse las siguientes reglas: i) La ubicación geográfica del bien inmueble en litigio, sea ésta urbana o rural, no es esencial para determinar la competencia de las autoridades judiciales, sino, fundamentalmente, el destino del mismo y la naturaleza de la actividad que se desarrolla; entendiéndose que, si está destinado al uso de vivienda, la competencia será de las juezas y jueces ordinarios, en tanto que, si la propiedad inmueble está destinada a la producción agrícola y/o pecuaria, la competencia será de las autoridades judiciales agroambientales; sin embargo, ii) Cuando los procesos emerjan o estén vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidadas por una sentencia ejecutoriada pronunciada dentro de una primera causa, será competente la jurisdicción que hubiere resuelto el primer proceso, aun el bien inmueble tenga una actividad o destino diferente al que habilita su competencia bajo la regla establecida en el inciso anterior” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

En conocimiento de este Tribunal, el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la jurisdicción ordinaria representada por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia y la jurisdicción agroambiental, representada por el Juez Agroambiental del departamento de Oruro, conclusión a la que se llega conforme la siguiente información a ser considerada: 1) Los Magistrados de la mencionada Sala Civil, mediante Auto Supremo 194/2016, en conocimiento del recurso de casación interpuesto por Guillermo Calizaya Canaza y otros contra el Auto de Vista 68/2015, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mismo que confirmó la Sentencia 14/2014 de 18 de febrero, emitido por el entonces Juez de Partido en lo Civil Primero del mismo departamento, en relación a una demanda de nulidad de escrituras públicas, partidas de registro y de reivindicación, más el pago de daños y perjuicios, interpuesto por Humberto Ramos Morales e Hilda Janco Tito contra Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani, Guillermo Calizaya Canaza y otros (Conclusión II.4.) y ante la existencia de la Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001, misma que declaró probada la demanda de nulidad de Título Ejecutorial otorgado en favor de Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani y otros, sobre el predio que hoy se encontraría registrado a nombre de Humberto Ramos Morales (Conclusión II.1. y II.2.); considerando, no contar con competencia sobre la referida demanda u otros actuados procesales conexos al señalado inmueble, que fue objeto de una decisión en la jurisdicción agraria. Declararon la nulidad del proceso, hasta el Auto de admisión, bajo el fundamento principal de que, una vez conocida la problemática primigenia –Nulidad de Título Ejecutorial de Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani– por la jurisdicción agraria (hoy agroambiental), debe ser esta jurisdicción la que resuelva toda problemática emergente de dicha determinación o demandas conexas en relación al inmueble alegado como propiedad de Humberto Ramos Morales; señalando además que, los actores del proceso –que fue anulado en la jurisdicción ordinaria– si creen conveniente pueden “…acudir ante los respectivos jueces agrarios componentes de la jurisdicción agraria para hacer valer sus derechos si así vieren por conveniente, conforme se tiene explanado supra” (sic); y, 2) Posteriormente –2023–, y en sujeción al Auto Supremo 194/2016, Humberto Ramos Morales, solicitó al Juez Agroambiental del departamento de Oruro, conciliación entre su persona y Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani, Guillermo Calizaya Canaza y otros, respecto a la problemática del terreno que alega ser de su propiedad; lo que mereció el Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2023 emitido por el Juez Agroambiental del departamento de Oruro, a través del cual, éste se declaró incompetente para conocer y resolver lo pretendido por el prenombrado, argumentando que el inmueble en cuestión, se encuentra en área urbana y tiene un destino o finalidad de vivienda, ante lo cual, y acudiendo a la jurisprudencia constitucional, señaló que la instancia competente para resolver dicha solicitud es la jurisdicción ordinaria, remitiendo el expediente ante este Tribunal, para que sea resuelto el conflicto competencial de orden negativo; en tal razón, y conforme a lo expuesto, se hace evidente que ambas jurisdicciones, se consideran incompetentes para conocer la problemática concreta, referida al propietario de Humberto Ramos Morales.

Ahora bien, en compulsa de tales antecedentes, y siendo una atribución de la jurisdicción constitucional conocer y resolver los conflictos de competencias jurisdiccionales suscitados entre la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción ordinaria, sean estos positivos, cuando ambas autoridades se consideran competentes para conocer una determinada demanda, o negativos, cuando las dos autoridades jurisdiccionales a las cuales se acude con el fin de resolver la problemática, consideran ser incompetentes para resolver la misma, por ende, expresan su determinación de no analizar el fondo de la problemática planteada; le corresponde a este Tribunal, mediante el análisis normativo y jurisprudencial aplicable al caso, determinar a qué autoridad jurisdiccional –agroambiental u ordinaria– le corresponde la competencia para conocer y resolver, en este caso, la solicitud de conciliación impetrada por Humberto Ramos Morales (Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2.). En ese marco, del Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, tanto los jueces agrarios (ahora agroambientales) como los ordinarios, tienen competencia para conocer acciones reales, personales y mixtas; no obstante, la jurisprudencia de este Tribunal, ha establecido que para determinar la competencia de una jurisdicción u otra, no únicamente se debe considerar si el predio objeto de la demanda se encuentra dentro de la mancha urbana normada por el Gobierno Municipal, sino también se debe considerar, la finalidad que se le da a dicho terreno, pues más allá de su ubicación geográfica (urbano – rural) también se debe analizar si el inmueble objeto de la demanda se encuentra destinado a una actividad agraria o pecuaria o una actividad habitacional o de vivienda, por lo cual, en el primer caso (actividad agraria), le corresponderá la competencia a la jurisdicción agroambiental y por el contrario, de darse el segundo caso (destinado a vivienda) la problemática será de competencia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, la propia jurisprudencia constitucional, al analizar casos concretos similares al expuesto en esta demanda competencial, ha establecido que, los procesos posteriores emergentes o vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidados en el primer proceso (causa principal) debe ser de conocimiento de la jurisdicción que conoció y resolvió el mismo; es decir que, la jurisdicción que conoció la causa principal es la competente para conocer los subsiguientes procesos o procesos vinculados al principal; pues sólo de esa manera, es posible dar una solución integral al problema jurídico planteado y resuelto en el primer proceso; en concreto, aun cuando el bien inmueble tenga una actividad o destino diferente al que habilita su competencia bajo la regla descrita anteriormente –finalidad o destino del inmueble–, los procesos que emerjan o estén vinculados al cumplimiento de derechos u obligaciones consolidados por una sentencia ejecutoriada pronunciada dentro de una primera causa, serán de competencia de la jurisdicción que hubiere resuelto el primer proceso. En análisis de esta demanda competencial, si bien, efectivamente como lo señala el Juez Agroambiental del departamento de Oruro, el predio en cuestión se encuentra en área urbana, además contarse en sede constitucional con la documental que acredita tal extremo, esto es que el inmueble objeto de la solicitud de conciliación se encuentra un área urbanizada del municipio de Oruro (Conclusión II.3.); no obstante, de la Conclusión II.1. de este fallo constitucional, se tiene la existencia de la Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001 de 19 de octubre, misma que determinó la nulidad del Título Ejecutorial otorgado en favor de Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani y Felipe Santos Mamani, respecto al mismo territorio que hoy alega como propio Humberto Ramos Morales, presentado para ello, Registro del mismo a su nombre en DD.RR. (Conclusión II.2.), en cuyo antecedentes, y ante la existencia de una causa anterior respecto al mismo inmueble, sustanciada en la entonces jurisdicción agraria ‒hoy jurisdicción agroambiental‒, la competencia para conocer los procesos posteriores o vinculados a la causa principal resuelta mediante la Sentencia Agraria Nacional S2ª 021/2001, le corresponde a la jurisdicción agroambiental, y en el caso concreto, la competencia para conocer y resolver la solicitud de conciliación impetrada por Humberto Ramos Morales, al Juez Agroambiental del departamento de Oruro.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE al Juez Agroambiental del departamento de Oruro para conocer y resolver la solicitud de conciliación impetrada por Humberto Ramos Morales contra Eduardo Epifanio Ajhuacho Mamani, Guillermo Calizaya Canaza y otros. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no intervienen las Magistradas MSc. Isidora Jiménez Castro, por estar declarada en Comisión y la MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, por ser de Voto Disidente.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0030_2024.pdf · páginas 1 a 12.

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