B.IA.LEGAL

SCP 0021/2025

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 12 de septiembre de 2025

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
12 de septiembre de 2025
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
59601-2023-120-CCJ
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Conflicto de competencias

Qué se discutió

En el conflicto de competencias jurisdiccionales negativo suscitado entre la Jueza Pública Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija y la Jueza Agroambiental de Bermejo, del mismo departamento, ambas autoridades se declararon incompetentes para el conocimiento de la demanda ejecutiva impetrada por el Banco Fortaleza S.A., representado por Horacio Carlos Serrudo Heredia contra Carlos Daniel Calapiña Baez y Carlos Calapiña Farfán. En consecuencia, con carácter previo corresponde analizar los hechos a fin de determinar la jurisdicción competente para conocer y resolver la causa; a tal efecto, se desarrollarán los siguientes fundamentos: 1) El conflicto de competencias jurisdiccionales en el Estado Plurinacional de Bolivia; 2) Las competencias de la jurisdicción agroambiental y ordinaria civil; 3) La naturaleza y objeto del proceso ejecutivo; 4) El patrimonio ejecutable del deudor, como elemento que define la competencia de las autoridades jurisdiccionales; y, 5) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve declarar: 1º COMPETENTE al Juzgado Agroambiental de Bermejo del departamento de Tarija para conocer y resolver el proceso ejecutivo seguido por el Banco Fortaleza S.A. contra Carlos Daniel Calapiña Baez y Carlos Calapiña Farfán; y, 2º Exhortar a las autoridades judiciales a que establezcan relaciones adecuadas de coordinación, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, apegadas al principio de celeridad, a efecto que antes de suscitar los conflictos de competencia, negativos o positivos, se relacionen en el marco de la coordinación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El conflicto de competencias jurisdiccionales en el Estado
  2. III.2. Las competencias de la jurisdicción agroambiental y ordinaria civil
  3. III.3. La naturaleza y objeto del proceso ejecutivo
  4. III.4. El patrimonio ejecutable del deudor, como elemento que define la competencia de las autoridades jurisdiccionales
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0021/2025 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 59601-2023-120-CCJ Departamento: Tarija En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Jimena Maria Alemán Camacho, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo; y, Olga Acuña Villca, Jueza Agroambiental de Bermejo, ambas del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Alegaciones de la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija

Dentro de la demanda ejecutiva de pago de obligación de préstamo de dinero interpuesta por el Banco Fortaleza Sociedad Anónima (S.A.) contra Carlos Daniel Calapiña Baez -deudor- y Carlos Calapiña Farfán -garante-, mediante Resolución de 5 de septiembre de 2023, cursante a fs. 28 y vta., la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija, se declaró incompetente en razón de materia, remitiendo antecedentes al Juzgado Agroambiental de la misma localidad; toda vez que, consideró que la pretensión planteada, al tratarse de un contrato de préstamo de dinero y crédito al sector productivo para la compra de un terreno agrícola y ampliación de siembra de papa, se enmarcaría a la competencia que tienen los jueces agroambientales en relación a los procesos ejecutivos, conforme lo previsto en el art. 152.12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, cuyo procedimiento se encuentra establecido en los arts. 378 al 386 del Código Procesal Civil (CPC), aplicable supletoriamente en materia agroambiental por el art. 78 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-; sumándose a ello que el Tribunal Agroambiental Plurinacional, mediante Auto Agroambiental Plurinacional S1 31/2018 de 20 de junio, se refirió a la facultad de los jueces agrarios, ahora jueces agroambientales, para conocer otras acciones reales, personales y mixtas, derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria, puesto que el actuar sin competencia conllevaría la nulidad del proceso; por lo que, declinó competencia a la Jueza Agroambiental de Bermejo del mencionado departamento.

I.2. Alegaciones de la Jueza Agroambiental de Bermejo del departamento de Tarija

Por Resolución de 18 de octubre de 2023, cursante de fs. 33 a 37, la Jueza Agroambiental de Bermejo del departamento de Tarija, también se declaró sin competencia para conocer el proceso ejecutivo de pago de obligación de préstamo de dinero, promoviendo conflicto de competencias jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, con base en los siguientes fundamentos: a) La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo, se declaró sin competencia para conocer la indicada causa, existiendo igualdad jerárquica entre ambas jurisdicciones, correspondería que la instancia llamada por ley, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, se encargue de dirimir el conflicto; b) El indicado Juzgado ordinario, para declinar competencia a la jurisdicción agroambiental, solamente se basó en el contrato de préstamo, destinado para la compra de terreno agrícola y la ampliación de la siembra de papa, sin especificar ni identificar la garantía del bien mueble o inmueble; es decir, que no señaló si se materializó el objetivo del indicado acuerdo de crédito, menos se advierte, si los deudores adquirieron esa obligación con garantía personal, de forma mancomunada, solidaria e indivisible; pues de no encontrarse la garantía consignada en el documento, no tendría competencia para conocer la causa; puesto que, los jueces agroambientales son competentes para conocer la tramitación de los procesos ejecutivos, siempre y cuando la obligación adquirida a través de un documento público o privado, consigne como una garantía la propiedad agraria, o en su caso derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales, siendo importante en la causa identificar el tipo de garantía que respalde la obligación; y, c) La competencia jurisdiccional es de orden público y no delegable, consecuentemente los jueces agroambientales en su materia no cuentan con aptitud legal para conocer este tipo de solicitud, ya que el legislador reguló el proceso ejecutivo dentro del Código Procesal Civil, correspondiendo su conocimiento a la vía civil.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante AC 0556/2023-CA de 7 de diciembre, cursante de fs. 41 a 45, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo y la Jueza Agroambiental ambas de Bermejo del departamento de Tarija. Por Decreto Constitucional de 9 de abril de 2025 (fs. 59) a solicitud de la Magistrada Relatora, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; reanudándose el mismoel plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 8 de septiembre de 2025, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el contrato de préstamo de dinero (crédito al sector productivo), de 24 de diciembre de 2021, suscrito entre el Banco Fortaleza S.A. y Carlos Daniel Calapiña Baez, por la suma de Bs66 500.- (sesenta y seis mil quinientos 00/100 bolivianos), figurando como garante Carlos Calapiña Farfán, monto que fue desembolsado en igual fecha a la cuenta bancaria del deudor (fs. 2 a 6). II.2. Se tiene igualmente el memorial de demanda ejecutiva, de 26 de agosto de 2023, del Banco Fortaleza S.A., representado por Horacio Carlos Serrudo Heredia, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 60120199, sorteado al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de Bermejo del departamento de Tarija (fs. 23 a 27 vta.). II.3. Por Auto de 5 de septiembre de 2023, Jimena Maria Alemán Camacho, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija se declara sin competencia y declina la misma al Juzgado Agroambiental de Bermejo del citado departamento (fs. 28 y vta.). II.4. Mediante Auto de 18 de octubre de 2023, Olga Acuña Villca, Jueza Agroambiental de Bermejo del departamento de Tarija, también se declaró incompetente para conocer la referida demanda ejecutiva, promoviendo conflicto de competencias jurisdiccionales en razón de la materia y remitiendo antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 33 a 37).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En el conflicto de competencias jurisdiccionales negativo suscitado entre la Jueza Pública Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija y la Jueza Agroambiental de Bermejo, del mismo departamento, ambas autoridades se declararon incompetentes para el conocimiento de la demanda ejecutiva impetrada por el Banco Fortaleza S.A., representado por Horacio Carlos Serrudo Heredia contra Carlos Daniel Calapiña Baez y Carlos Calapiña Farfán. En consecuencia, con carácter previo corresponde analizar los hechos a fin de determinar la jurisdicción competente para conocer y resolver la causa; a tal efecto, se desarrollarán los siguientes fundamentos: 1) El conflicto de competencias jurisdiccionales en el Estado Plurinacional de Bolivia; 2) Las competencias de la jurisdicción agroambiental y ordinaria civil; 3) La naturaleza y objeto del proceso ejecutivo; 4) El patrimonio ejecutable del deudor, como elemento que define la competencia de las autoridades jurisdiccionales; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. El conflicto de competencias jurisdiccionales en el Estado

Plurinacional de Bolivia La SCP 0001/2023 de 3 de enero, al respecto señaló: “Entre los roles de control de constitucionalidad encomendados al Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentra el ejercicio del control competencial con relación a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental e indígena originario campesina (IOC). Bajo tal razonamiento, la SCP 1227/2012 de 7 de septiembre (por citar alguna) estableció que: ‘…el Tribunal Constitucional Plurinacional, ejerce sus roles propios de control Plural de constitucionalidad a partir de la posesión de sus Magistradas y Magistrados con composición plural y electos por sufragio popular, roles que en cuanto al control competencial, difieren sustancialmente de aquellos asignados al extinto Tribunal Constitucional, el cual no era competente para el conocimiento de conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la judicatura agraria’. Por su parte, el art. 202.11 de la CPE, en el marco del control reparador y competencial de control de constitucionalidad, determina que el Tribunal Constitucional Plurinacional, es competente para conocer: ‘Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originario campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’” (énfasis añadido).

III.2. Las competencias de la jurisdicción agroambiental y ordinaria civil

De igual forma, la citada SCP 0001/2023, al respecto sostuvo lo siguiente: “Siendo que el objeto de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, instituido en el art. 1, es: ‘…establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) y el régimen de distribución de tierras; garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear las Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria’, la misma norma refirió en su art. 39.I.8 -modificado por el art. 23 de la Ley 3545-, lo siguiente: ‘Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias’. De otro lado, la Ley del Órgano Judicial, con relación a las competencias de las juezas y jueces agroambientales, refiriéndose al conocimiento de las acciones reales, personales y mixtas en su art. 152 precisa que: ‘Las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para: (…) 11. Conocer otras acciones personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias o de naturaleza agroambiental; 12. Conocer procesos ejecutivos, cuya obligación tenga como garantía la propiedad agraria o derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales…’. Cabe aclarar que no obstante de tales preceptos, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del Órgano Judicial, refiere: ‘Una vez posesionadas las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, con excepción del Capítulo IV del Título II, Sección II y III del Capítulo II, y Capitulo III del Título III, entraran en vigencia todas las demás normas de la presente Ley’. Asimismo, el art. 69 de la LOJ, respecto a la competencia de los juzgados públicos en materia civil y comercial, dispone: ‘Las juezas y jueces en materia Civil y Comercial tienen competencia para: 1. Aprobar el acta de conciliación en las demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores; 2. Rechazar el acta de conciliación en las demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores, cuando considere que la conciliación vulnera derechos constitucionales; 3. Conocer en primera instancia de las pretensiones señaladas en el numeral anterior que no hubieran sido conciliadas…’.

Ahora bien, para dilucidar y definir los conflictos de competencias jurisdiccionales entre la ordinaria civil y agroambiental, se estableció a través de la jurisprudencia constitucional, que las autoridades llamadas por ley -en el conocimiento de los casos específicos-, deben tomar en cuenta ciertos aspectos que a criterio de esta jurisdicción adquieren trascendental relevancia; así, el elemento que define la competencia de las autoridades jurisdiccionales para el conocimiento de una determinada problemática, se encuentra definido por la naturaleza del objeto de cada acción que demande la intervención de la autoridad jurisdiccional, conforme a los preceptos normativos citados precedentemente y la jurisprudencia constitucional. Bajo tales razonamientos, al converger el presente conflicto en la competencia para conocer un proceso que tiene la finalidad de efectuar el cobro ejecutivo de una deuda por incumplimiento de una obligación; inicialmente corresponde manifestar que por determinación del legislador, ambas jurisdicciones -tanto agroambiental como ordinaria civil-, en razón de la naturaleza del objeto pretendido tienen competencia para conocer acciones personales, reales y mixtas; en tal contexto, si las acciones evidencian una naturaleza u objeto eminentemente agrario, pecuario o se vinculan al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de biodiversidad, la autoridad jurisdiccional con competencia para conocer este tipo de acciones será la agroambiental; empero, si las acciones reales, personales y mixtas no condicen con las peculiaridades anteriormente mencionadas, la problemática deberá ser sustanciada en la jurisdicción ordinaria civil; por lo tanto, la autoridad judicial, previo a suscitar la controversia competencial, tiene la obligación de examinar 1 La SC 0378/2006-R de 18 de abril -que es reiterada en su entendimiento por otras-, estableció que: “Si bien es cierto que la delimitación de la competencia por razón de materia en acciones reales sobre bienes inmuebles, de manera formal ha sido definida a partir de la ubicación del inmueble objeto del litigio, sea en el área urbana o en el área rural, aplicándose en el primer caso las normas de la jurisdicción ordinaria (Código Civil) y en el segundo las normas de la jurisdicción agraria (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria); no es menos evidente que materialmente dicha definición es de suyo más compleja, puesto que dada la particularidad en la regulación del régimen del suelo y subsuelo previstos en el art. 136 de la CPE y en especial lo previsto para la propiedad agraria en el Régimen correspondiente (Título Tercero de la Parte Tercera de los Regímenes Especiales de nuestra Constitución), exige que además se tomen en cuenta otros elementos que son imprescindibles a la hora de determinar la jurisdicción aplicable… por lo que el régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción a aplicarse, no puede quedar librada única y exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales en cuanto al uso del suelo y menos aún cambiar automáticamente por el solo hecho de ampliarse la mancha urbana según lo que dispongan los Gobiernos Municipales en sus respectivas Ordenanzas, máxime cuando a partir de la vigencia de la Ley de Participación Popular y desde la perspectiva de éstos, el concepto de propiedad urbana y propiedad rural ha dejado de tener vigencia, toda vez que la jurisdicción municipal que daba origen a ese concepto se aplica a todo el territorio de la sección de provincia, incluyendo o si se quiere fusionando lo urbano y lo rural… (…) la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios, elementos que en el caso que se revisa no fueron tomados en cuenta por los jueces de instancia, quienes, conforme se tiene referido, se limitaron únicamente a la normativa municipal relativa a la determinación de la mancha urbana…” (Las negrillas son agregadas).

minuciosamente la naturaleza y el objeto de cada acción” (el resaltado es ilustrativo).

III.3. La naturaleza y objeto del proceso ejecutivo

Del mismo modo, la precitada SCP 0001/2023, estableció: “Resulta trascendental referir que el Código Procesal Civil en su Título Cuarto, Capítulo Tercero, Sección II, regula el proceso ejecutivo, estableciendo la forma de proceder frente al incumplimiento de una obligación, contenida en un título con fuerza de ejecución. Es así que ‘…el proceso ejecutivo simplemente tiene por objeto exigir una obligación que consta en un título ejecutivo monitorio casi indiscutible, donde no existen derechos contradictorios, por eso la fase probatoria en este proceso es prácticamente inexistente en la tramitación de la causa…’ ; consecuentemente, el proceso ejecutivo tiene por naturaleza una acción personal; y, -según se determinó en el Fundamento Jurídico precedente- las acciones personales son competencia tanto de la jurisdicción ordinaria civil como agraria -en términos generales- dependiendo del régimen al que esté sujeto el bien inmueble objeto del litigio. Más allá de lo señalado, conviene considerar la tesis adoptada por el art. 519 del Código Civil (CC), que otorga a los contratos la calidad de ley entre las partes contratantes, en el caso de los procesos ejecutivos -cuya base no puede ser otra que los títulos ejecutivos previstos por el art. 379 de la Norma Adjetiva Civil-, tanto el acreedor como el deudor, están compelidos a observar y respetar lo acordado en el contrato, máxime cuando una de las características del cumplimiento de la obligación en los procesos ejecutivos, es la de ser una obligación de tracto sucesivo que se cumple con el transcurso del tiempo, estando las partes -deudor y acreedor-, sujetas a las resultas que pueda ocasionar un probable incumplimiento de lo pactado. De lo previamente señalado, conviene remarcar que el proceso ejecutivo no busca la obtención de un pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial; sino que pretende lograr la satisfacción de una obligación, como la que nos ocupa: un crédito, con base en un documento (título ejecutivo), de forma que al persistir el incumplimiento de una obligación en mora, se consigne la misma a través de los mecanismos legales de fuerza (remate de los bienes propios del deudor)” (las negrillas son nuestras).

III.4. El patrimonio ejecutable del deudor, como elemento que define la competencia de las autoridades jurisdiccionales

En relación a este punto, la predicha SCP 0001/2023, ha sido puntual al determinar lo siguiente: “Al suscribir un documento (siempre considerando únicamente los títulos ejecutivos comprendidos en el art. 379 del CPC, en razón al tipo de proceso que es objeto de análisis), en cuya virtud surge una obligación de pagar una cantidad líquida y exigible; las partes pueden: 1) Pactar de forma expresa el objeto de la garantía, identificando o constituyendo la prenda, hipoteca, anticresis o privilegio sobre bienes determinados del deudor (en cuyo caso el acreedor no puede embargar otros sin que previamente haya sometido a venta judicial los primeros -art. 1471 del CC-); y, 2) De forma genérica establecer como garantía de la obligación todos sus bienes; o, no especificar cuál es la garantía. En tal situación, ‘Todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables’ (art. 1335 del CC [las negrillas fueron añadidas]). Ante este segundo presupuesto, con base además en lo estipulado en los arts. 291 a 293 del Código citado, se tiene que el deudor responde por sus obligaciones, inicialmente con la garantía pactada; y, ante su insuficiencia o inexistencia para satisfacer la obligación, responde con todos sus bienes presentes y futuros, o los habidos y por haber (sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito, de conformidad con el art. 1470 del CC).

Bajo tales razonamientos y considerando que -como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo- el elemento que define la competencia de las autoridades jurisdiccionales para el conocimiento de una determinada problemática, se encuentra definido por la naturaleza del objeto de cada acción que demande la intervención de la autoridad jurisdiccional; que en el caso del proceso ejecutivo -según se tiene desglosado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3), se refleja en la satisfacción de la obligación a través de la ejecución del patrimonio del deudor. De tal manera, en el primer presupuesto (garantía especial); es decir, cuando las partes han determinado el objeto de la ejecución (identificando de forma específica el objeto de la garantía de la obligación), la competencia de la autoridad jurisdiccional puede determinarse a partir de la naturaleza de dicha garantía, como reiterativamente ha establecido la jurisprudencia constitucional; sin embargo, en el segundo presupuesto (garantía quirografaria); es decir, cuando el objeto de ejecución viene dado por la universalidad de los bienes habidos y por haber del deudor, la jurisdicción constitucional ingresa en una suerte de imposibilidad material a efectos de determinar la naturaleza del patrimonio ejecutable del deudor. Esto deviene de la naturaleza del proceso ejecutivo que tiene por objeto el pago completo de la obligación (bajo el principio de máxima satisfacción de la pretensión), de forma que la ejecución alcanza a todos los bienes del deudor, e inclusive prevé que cuando el obligado no tenga bienes para satisfacer dicho pago, la ejecución se mantiene pendiente hasta que pueda efectuarse sobre los bienes que el deudor llegue a adquirir en un futuro hasta que se produzca la cancelación total de la obligación. De lo expuesto, razonablemente se tiene que -en el segundo presupuesto (garantía quirografaria)- la justicia constitucional se encuentra imposibilitada de conocer con certeza cuál es la naturaleza de la totalidad del patrimonio ejecutable; toda vez que, las partes no han determinado o individualizado el mismo. De lo señalado se puede concluir que: a) En el primer presupuesto (garantía especial); es decir, cuando las partes han determinado el objeto de la ejecución (identificando de forma específica la garantía de la obligación), la competencia de la autoridad jurisdiccional puede determinarse a partir de la naturaleza de dicha garantía, como reiterativamente ha establecido la jurisprudencia constitucional, a partir de la SCP 0695/2013 de 3 de junio, que concluyó: ‘De la línea jurisprudencial glosada [SC 0378/2006-R, que moduló la SC 0362/2003-R, que fue ratificada por la SCP 2140/2012], es posible concluir que para dirimir la controversia competencial entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o rural; y, por ende, la autoridad jurisdiccional competente para la resolución de la problemática a efectos de ordenarse la remisión de antecedentes a la autoridad que sea definida como competente, deberá tenerse como criterios rectores no excluyentes y por el contrario concurrentes y complementarios que merezcan una valoración integral, hasta tanto no se pronuncie una ley expresa que regule el cambio del régimen del derecho propietario sobre la tierra agraria de rural a urbana los desarrollados a continuación (…) 1) La Ordenanza Municipal…

(…) 2) El entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0378/2006-R´ (las negrillas nos corresponden); y, b) En el segundo presupuesto (garantía quirografaria); es decir, cuando las partes han definido como garantía de la obligación la universalidad de sus bienes habidos y por haber; o, no han determinado una garantía específica para el cumplimiento de la obligación, a efectos de determinar la jurisdicción aplicable, corresponderá analizar el objeto determinado en el contrato, de forma que incumbirá establecerse si la cantidad líquida y exigible, evidencia una naturaleza u objeto eminentemente agrario, pecuario, está destinada a la actividad productiva agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, o está vinculada al aprovechamiento de los recursos naturales (renovables, hídricos, forestales, actividad extractiva, biodiversidad, medio ambiente y ecológica), en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios (jurisdicción agroambiental); mientras que, cuando el objeto no condice con las peculiaridades precitadas, el proceso deberá ser sustanciado en la jurisdicción ordinaria civil” (las negrillas y subrayado nos corresponde).

III.5. Análisis del caso concreto

El presente conflicto de competencias jurisdiccionales negativo entre la Jueza Pública Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo y la Jueza Agroambiental de igual localidad, ambas del departamento de Tarija, emerge de la demanda ejecutiva planteada en la jurisdicción ordinaria por el Banco Fortaleza S.A. en razón a aquello, ambas autoridades se declararon incompetentes para conocer y resolver dicha demanda, la primera, por Auto de 5 de septiembre de 2023, señalando que el crédito obtenido estaba destinado a la compra de un terreno agrícola y a la ampliación de la siembra de papa, teniendo competencia los jueces agroambientales para conocer las acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad y actividad agraria. En tanto que la segunda, por Auto de 18 de octubre del mismo año, señala que la Jueza ordinaria, para declinar su competencia, solo tomó en cuenta el destino para el que fue otorgado el crédito, sin comprobar si evidentemente se cumplió con dicho propósito, tampoco identificó la clase de garantía otorgada en dicho préstamo. En el caso que se examina, para determinar la competencia de las autoridades jurisdiccionales debemos realizar el análisis de la naturaleza del proceso y la relación contractual suscitada entre el acreedor demandante y el deudor demandado; en consecuencia, se observa de las literales adjuntas y descritas en las Conclusiones II.1 y II.2 del presente fallo, que entre el acreedor Banco Fortaleza S.A. y el demandado Carlos Daniel Calapiña Baez, existió una relación contractual, a cuyo efecto fue otorgado un préstamo de dinero, bajo la modalidad de “CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO”, el cual estaba destinado a la compra de un terreno agrícola y a la ampliación de la siembra de papa (Cláusula segunda del contrato de préstamo de dinero); es así que del contenido del mismo documento de préstamo, la garantía constituida fue de orden personal y recayó en el garante Carlos Calapiña Farfán, siendo este solidario, mancomunado e indivisible, quienes a su vez garantizaron el cumplimiento de la obligación con la generalidad de sus bienes muebles e inmuebles presentes y futuros (cláusula decimosegunda de dicho contrato). En ese contexto, tenemos que la competencia de los jueces agroambientales a la que hace referencia la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, instituido en el art. 1, es: “…establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) y el régimen de distribución de tierras; garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria”, continuando la misma norma en el art. 39.I.8 -modificado por el art. 23 de la Ley 3545-, previo lo siguiente: “Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias”; en ese contexto, al converger el presente conflicto en la competencia para conocer un proceso que tiene la finalidad de efectuar el cobro ejecutivo de una deuda por incumplimiento de una obligación; inicialmente corresponde manifestar que por determinación del legislador, ambas jurisdicciones -tanto agroambiental como ordinaria civil-, en razón de la naturaleza del objeto pretendido tienen competencia para conocer acciones personales, reales y mixtas; en tal contexto, si las acciones evidencian una naturaleza u objeto eminentemente agrario, pecuario o se vinculan al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de biodiversidad, la autoridad jurisdiccional con competencia para conocer este tipo de acciones será la agroambiental. En ese entendido, resulta evidente que el documento de préstamo de dinero otorgado por el Banco Fortaleza S.A., tenía por finalidad cubrir los gastos, por una parte, la compra de un terreno agrícola y por otra, la ampliación de la siembra de papa, ambos propósitos relacionados con la actividad eminentemente agraria, elementos que permiten inferir sin lugar a duda que el proceso ejecutivo incoado por la indicada entidad crediticia, deberá resolverse en la jurisdicción agroambiental. Consecuentemente, de conformidad a lo expuesto y glosado en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, tras el análisis del objeto y naturaleza del proceso ejecutivo, queda en evidencia que la competencia para el conocimiento y resolución del proceso de cobro de dinero, en el presente caso, es de la Jueza Agroambiental de Bermejo del departamento de Tarija.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve declarar: 1º COMPETENTE al Juzgado Agroambiental de Bermejo del departamento de Tarija para conocer y resolver el proceso ejecutivo seguido por el Banco Fortaleza S.A. contra Carlos Daniel Calapiña Baez y Carlos Calapiña Farfán; y, 2º Exhortar a las autoridades judiciales a que establezcan relaciones adecuadas de coordinación, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, apegadas al principio de celeridad, a efecto que antes de suscitar los conflictos de competencia, negativos o positivos, se relacionen en el marco de la coordinación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Magistrado Ángel Edson Dávalos Rojas, es de Voto Aclaratorio.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

PRESIDENTE

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA MAGISTRADA Boris Wilson Arias López MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADO MAGISTRADA Paola Verónica Prudencio Candia Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADA MAGISTRADO René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA

Notas al pie

2 CASTELLANO TRIGO Gonzalo. Procesos Monitorios, de Ejecución y Coactivo Civil. Editorial Corpografika. 2017. Tarija, Bolivia. Pág. 45.

3 La SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, estableció: “En un contexto general las acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles, es competencia de los jueces civiles y también de los jueces agroambientales dependiendo del régimen propietario sea este urbano o rural al que esté sujeto el bien inmueble objeto de litigio, conforme se analizará. En este sentido de acuerdo al art. 39 de la LSNRA, modificado por el art. 23 de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, los jueces agrarios tienen competencia para conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria. Por otro lado, de acuerdo al art. 134.1 de la Ley de Organización Judicial abrogada, (LOJ abrg), aplicable en el caso presente en virtud a las disposiciones abrogatorias y derogatorias previstas en forma progresiva en la Ley del Órgano Judicial; los jueces en materia civil y comercial tienen competencia para: ‘Conocer en primera instancia, de las acciones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores cuya cuantía será determinada por la reunión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia cada dos años’. A su vez el art. 161 de la misma Ley establece que son atribuciones de los jueces de partido en provincia: ‘1. Todas las señaladas para los jueces de partido de las capitales de departamento’”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0021_2025.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 86f3c8f85d24b912eb107e76b7a4c1d285afdd2f7a591b174d2cb97a761ff5f8

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