Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de inconstitucionalidad concreta · Sala Plena · 28 de agosto de 2023
Declara la inconstitucionalidad
La acción de inconstitucionalidad concreta promovida por la autoridad accionante de oficio, demanda la inconstitucionalidad de la palabra “ACUSACIÓN” del art. 9.II y III de la Ley 477, por ser presuntamente contraria a los arts. 14. III, 109, 115 y 117 de la CPE; y, 8.1 y 2 inc. c) de la CADH; por cuanto, se lesiona el principio de igualdad y ser tratados de manera discriminatoria con relación a otros sometidos a las mismas circunstancias, porque se suprime la posibilidad del imputado de ser oído en una audiencia, impidiéndole generar elementos de prueba en su defensa dentro de un plazo razonable lesionando el debido proceso, ya que con la presentación de la sentencia ejecutoriada emitida dentro la jurisdicción agroambiental, se pasaría directamente a la etapa de juicio al emitirse la correspondiente acusación, obviando la etapa preliminar, y la posibilidad de aplicar procedimiento abreviado inmediato en la consideración de la acusación. Consiguientemente, corresponde establecer si los extremos cuestionados son evidentes a fin de ejercer el control de constitucionalidad que la Constitución Política del Estado en su art. 202.1, le encomienda al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en mérito de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar: 1º La INCONSTITUCIONALIDAD del término “ACUSACIÓN” previsto en el art. 9. II y III de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, por resultar contrario a los arts. 14.III, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado en base a los fundamentos expuestos en su tenor; y, 8.1 y 2 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
En ese orden, al haberse dispuesto la inconstitucionalidad del término “ACUSACIÓN” del art. 9.II y III de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, dicha disposición quedaría inintelegible e inaplicable; por ello, a efectos de otorgar seguridad jurídica, se dispone la inconstitucionalidad de los parágrafos II y III del art. 9 de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras; y,
2º La IMPROCEDENCIA del cargo de inconstitucionalidad respecto al art. 109 de la Norma Suprema de conformidad a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0078/2023 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de inconstitucionalidad concreta Expediente: 26868-2018-54-AIC Departamento: Cochabamba En la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta de oficio por Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Estación Policial Integral del Sur (EPI-SUR) de la Capital del departamento de Cochabamba, demandando la inconstitucionalidad de la palabra “ACUSACIÓN” del art. 9.II y III de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, por ser presuntamente contraria a los arts. 14.III, 109, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 y 2 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Por Auto de 16 de noviembre de 2018, cursante de fs. 836 a 838, el accionante, expresó los siguientes argumentos:
Dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de avasallamiento seguido por el Ministerio Público a querella de Gustavo Granier Ferreira en contra de Wilder Jhonny Cáceres Coca, Alejandro Veliz Lazo, Máximo Veliz Lazo y Alejandro Balderrama Zubieta, a través de Auto de 16 de noviembre de 2018, en su condición de Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR de la Capital del departamento de Cochabamba determinó al amparo de la facultad prevista en el “art. 201.1” de la CPE, promover ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONCRETA, impugnando el art. 9 de la Ley 477 en el término “ACUSACIÓN”, bajo el argumento de que en el referido proceso el Fiscal de Materia emitió la imputación formal por haber establecido la existencia de elementos de convicción respecto al delito investigado y la probable participación de los imputados, fundando sustancialmente la misma en el proceso de desalojo por avasallamiento tramitado vía querella en la jurisdicción agroambiental, además de algunas declaraciones testificales complementarias y dos informes del investigador asignado al caso, impetrando se señale audiencia para la consideración de la situación jurídica de los imputados. Sin embargo, por memoriales de 10 y 11 de abril de 2018, la parte querellante planteó en dos oportunidades recursos de reposición contra el decreto que señaló audiencia y el que corrió traslado sobre una nulidad de imputación, sustentando los mismos en la aplicación del art. 9 de la Ley 477, aduciendo que el Ministerio Público no cumplió dicha normativa, y que al existir una sentencia ejecutoriada en la jurisdicción agroambiental, correspondía la tramitación del procedimiento inmediato, reiterando estos fundamentos en un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa interpuesta el 5 de julio de 2018. El art. 9 de la Ley 477 ahora cuestionado, señala: “II. La sentencia ejecutoriada de la Autoridad Agroambiental que declara probada la demanda, constituirá la base de la acusación formal para la acción penal”; y, “III. Presentada la acusación formal, el proceso se tramitará conforme al procedimiento inmediato para delitos flagrantes o de investigación concentrada del Código de Procedimiento Penal”; una eventual aplicación de dicha disposición, conforme se exige, sustenta la necesidad de un test de constitucionalidad, ya que condiciona el empleo del procedimiento inmediato a la presentación de una acusación; acto procesal que de acuerdo a lo previsto en los arts. 323 y 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se emite una vez concluida la etapa preparatoria y para el caso de delitos flagrantes, en la audiencia de consideración de la imputación formal (art. 393 Bis. y Ter. del CPP), o cuando haya vencido el plazo no mayor a treinta días solicitados por el Ministerio Público para la recolección de evidencia complementaria. De las normas descritas, introducidas por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal, modificada a través de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, resulta evidente que para la aplicación del procedimiento inmediato se requiere de una solicitud previa del Fiscal de Materia en la imputación formal, la cual no podía omitirse en observancia del debido proceso, al constituirse en la base del análisis del juez de instrucción penal para la autorización de procedimiento inmediato, y en ninguna de ellas se condiciona la aplicación del mismo, a la presentación de una acusación conforme lo dispone el art. 9.III de la Ley 477, que de ser aplicada, literalmente vulneraría el debido proceso establecido para otros delitos comunes regulados en el Código Penal que no estén caracterizados por la flagrancia y el derecho del imputado a ser oído para ejercer su defensa; asimismo, condiciona su empleo a la presentación de una acusación y no así a una imputación como correspondería, siendo ambos, institutos procesales distintos; la citada norma fue concebida en vigencia de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal que en su art. 2 incorporó el juicio inmediato, cuyo trámite estaba diseñado para someter casos de avasallamiento con sentencia declarada probada en la jurisdicción agroambiental, directamente a un juicio oral; que a la fecha, fue derogado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal; en tal sentido, dicha disposición normativa se halla descontextualizada con relación a las normas procesales que se encuentran en vigencia, que en esencia constituyen el debido proceso, ya que en la actualidad no existe ningún procedimiento para el juicio oral inmediato, distinto al ordinario; la emisión de una acusación en base a una sentencia emitida en la jurisdicción agroambiental, transgrediría el debido proceso como garantía y derecho, vinculado al ejercicio del derecho a la defensa en la vía penal, reconocido en los arts. 115 y 117 de la CPE y 8 de la CADH. De aplicarse la norma observada en la forma en que está redactada, se suprimiría la posibilidad al imputado de ser oído en una audiencia; se le impediría generar elementos de prueba en su defensa dentro de un plazo razonable, exponiéndole a ser discriminado con relación a otros imputados que se hallen sometidos a las mismas circunstancias de una eventual flagrancia, transgrediendo el principio de igualdad, puesto que con la presentación de la sentencia del proceso agroambiental, se pasaría directamente a la fase del juicio al emitirse la correspondiente acusación, generándose un proceso más restrictivo del derecho a la defensa que con relación a un proceso penal ordinario o en flagrancia, ya que al tenor del art. 9 de la Ley 477 se obviaría la etapa preliminar prevista en los arts. 300 y 301 del CPP que debería concluir con la emisión de una imputación. El ordenamiento procesal penal ordinario, garantiza el principio de contradicción y el ejercicio del derecho a la defensa, pese a la evidencia de flagrancia, inclusive en los casos de una sentencia ejecutoriada que patentice avasallamiento en la vía agroambiental, máxime si se encuentra en juego el derecho a la libertad que se constituye en el presupuesto para el ejercicio de otros derechos; consecuentemente, la previsión establecida en el precitado art. 9.II y III de la Ley 477, se encuentra en “fricción” con las normas constitucionales antes descritas, lo que le obliga como primer contralor de los derechos y garantías constitucionales, antes de asumir una decisión a tiempo de resolver el incidente de actividad procesal defectuosa planteado por el querellante, pidiendo la nulidad de obrados para que imprima el procedimiento inmediato en base a una acusación, a activar la acción de inconstitucionalidad concreta contra la vigencia de la mencionada norma, a objeto de que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie en el marco de sus facultades, declarando la inconstitucionalidad del término “acusación”, correspondiendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional subsanar este vacío, reemplazándolo por el término de “imputación”, a fin de armonizarlos con las normas procesales penales, constitucionales y convencionales.
Mediante Auto Constitucional (AC) 0405/2018-CA de 27 de diciembre, cursante de fs. 842 a 847, la Comisión de Admisión de este Tribunal, admitió la acción de inconstitucionalidad concreta promovida de oficio por la autoridad judicial accionante a través de Auto de 16 de noviembre de 2018, disponiendo que se ponga a conocimiento de Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como personero del órgano que emitió la norma impugnada, a objeto que formule los alegatos pertinentes en el plazo de qunce quince días, diligencia que se cumplió el 17 de julio de 2019 (fs. 848).
Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por memorial presentado el 30 de agosto de 2019, cursante de fs. 903 a 912 vta., manifestó que: a) El accionante no expresó las razones o argumentos por los cuales consideró que el término “acusación” introducido en el art. 9. II y III de la Ley 477, entraría en contraposición con el art. 109 de la Norma Suprema; asimismo, omitió fundamentar de qué forma la norma cuestionada, sería lesiva a lo dispuesto en los arts. “115.I y 117.II y III” de la Ley Fundamental, por lo que adolece de una precisión clara y conexa de la norma recurrida en relación a la decisión final del juez, contrariando así lo previsto en el art. 24.I.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) El art. 9 de la Ley 477, da cuenta de previsiones específicas vinculadas al procedimiento penal al que se sujete la causa, pero no deroga ninguna disposición del Código de Procedimiento Penal, por lo que no existe mérito a la acción presentada sobre vulneración al debido proceso; asimismo, la presente acción hace más a un control tutelar, que a una acción de inconstitucionalidad de la norma; c) En las competencias de la judicatura agroambiental previstas en la citada Ley, se incorporaron el conocimiento y resolución de denuncias por avasallamiento, contando con un procedimiento, juez natural y vías recursivas correspondientes; d) El objeto de la mencionada norma fue establecer un régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras, en ámbitos rurales como urbanos; e) Se crearon tipos penales como el avasallamiento y tráfico de tierras, con estructura y diseño propio, al margen de la definición de avasallamiento con la que se guían las causas agroambientales; f) Lo previsto en el art. 9.II de la Ley 477, solo opera en casos donde se activó la jurisdicción agroambiental -no siendo por lo tanto aplicado a ámbitos urbanos-; aspectos, entre otros, que explican la falta de rigurosidad o condicionalidad obligatoria que formula el accionante, por lo que no se lesionaron los arts. 14.III y el 109 de la Norma Suprema; g) El término “acusación” en la norma objetada, no tiene un sentido discriminatorio frente a las personas, sino más bien lo único que hace es mantener presente elementos de prueba que fueron reconocidos de forma previa al proceso y que tienen amparo en una ley; consecuentemente, el principio de igualdad se encuentra incólume en la estructura del procedimiento penal al que se sujetan las causas por el delito de avasallamiento; h) En relación al principio de seguridad jurídica, la disposición legal objetada, no busca otra razón que la de precautelar la sanción de hechos ilícitos condenados por la sociedad y el Estado, y que buscan tener presente la averiguación de hechos anticipados en un proceso de distinta naturaleza pero de similar cometido; i) El principio de legalidad, se encuentra reconocido en la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, al introducir los delitos de avasallamiento y de tráfico de tierras; por tanto, la facultad de sancionar dichos ilícitos al tenor del “art. 393 del CPP”, es totalmente compatible con lo dispuesto en el art. 9.II y III de la Ley 477; “…toda vez que estas disposiciones no suprimen la aplicación del procedimiento penal, simplemente dan la instructiva que la base de la acusación –si esta se da– sea la Sentencia ejecutoriada de la instancia Agroambiental, lo que no podría ser de otra manera porque el citado fallo estableció una verdad de los hechos ilícitos que pueden o no encajar en el tipo penal que está sujeto a la acción penal, sujeto a un debido proceso y amplias facultades del derecho a la defensa” (sic); j) La Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, es clara en su finalidad de justicia pronta, y coincide con el fin del debido proceso contra hechos condenados por la sociedad y el Estado; así, establece una clara pauta para enmarcar la ejecución de un procedimiento inmediato para delitos flagrantes, respetando lo resuelto en la sentencia ejecutoriada y evitar la dilación del procedimiento; k) La acción penal tiene su propio procedimiento que definirá si la conducta denunciada se adecua a un tipo penal establecido en la señalada Ley “…verá condiciones de imputabilidad, la prescripción y otros institutos del derecho penal, ejecutado el procedimiento hasta el estado de ‘acusación’ y con el fin de precautelar la consistencia con el procedimiento agrario, la causa penal tendrá por base de la misma la sentencia ejecutoriada agroambiental sobre avasallamiento (que no es el tipo penal y tampoco configura la acusación fiscal) junto a otros elementos recabados en la causa penal” (sic); y, l) Esta última Ley en los casos de flagrancia, sujetará el procedimiento abreviado conforme al “art. 393 del CPP”, lo que le lleva a ratificar que no existe lesión del debido proceso, ni el derecho a la defensa, porque el procedimiento penal precautela todos los medios de defensa, las vías recursivas, sea por avasallamiento o tráfico de tierras en observancia de los arts. 115 y 117 de la CPE; y, 8.1 y 2 inc. c) de la CADH.
Por Decreto Constitucional de 25 de febrero de 2022, cursante a fs. 934, se dispuso la suspensión del plazo a efectos de recabar documentación complementaria; una vez recibida la misma, se dispuso su reanudación al día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 26 de julio de 2023 (fs. 948); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
II CONCLUSIONES
Del análisis y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:
La autoridad accionante demanda la inconstitucionalidad de la palabra “ACUSACIÓN” incluido en el art. 9.II y III de la Ley 477, que señala:
“ARTÍCULO 9. (ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO).
(…) II. La sentencia ejecutoriada de la Autoridad Agroambiental que declara probada la demanda, constituirá la base de la acusación formal para la acción penal. III. Presentada la acusación formal, el proceso se tramitará conforme al procedimiento inmediato para delitos flagrantes o de investigación concentrada del Código de Procedimiento Penal” (las negrillas nos corresponden).
“Artículo 14.
(…)
III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.
(…)”. “Artículo 109. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley”. “Artículo 115.
I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. “Artículo 117.
I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho.
La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley”.
“Art. 8.- GARANTÍAS JUDICIALES
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, física o de cualquier otro carácter
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
(…)
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa.
(…)”.
La acción de inconstitucionalidad concreta promovida por la autoridad accionante de oficio, demanda la inconstitucionalidad de la palabra “ACUSACIÓN” del art. 9.II y III de la Ley 477, por ser presuntamente contraria a los arts. 14. III, 109, 115 y 117 de la CPE; y, 8.1 y 2 inc. c) de la CADH; por cuanto, se lesiona el principio de igualdad y ser tratados de manera discriminatoria con relación a otros sometidos a las mismas circunstancias, porque se suprime la posibilidad del imputado de ser oído en una audiencia, impidiéndole generar elementos de prueba en su defensa dentro de un plazo razonable lesionando el debido proceso, ya que con la presentación de la sentencia ejecutoriada emitida dentro la jurisdicción agroambiental, se pasaría directamente a la etapa de juicio al emitirse la correspondiente acusación, obviando la etapa preliminar, y la posibilidad de aplicar procedimiento abreviado inmediato en la consideración de la acusación. Consiguientemente, corresponde establecer si los extremos cuestionados son evidentes a fin de ejercer el control de constitucionalidad que la Constitución Política del Estado en su art. 202.1, le encomienda al Tribunal Constitucional Plurinacional.
La Constitución Política del Estado en su art. 132 establece que: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por ley”.
De similar modo, la Norma Suprema en su art. 133 señala que: “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos”. A su vez el Código Procesal Constitucional en su art. 73.2, determina que:
“Las Acciones de Inconstitucionalidad podrán ser: (…) 2. Acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependerá de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”. Asimismo, el art. 79 del mismo cuerpo legal, refiere:
“Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción”. Lo que significa que, esta acción solo procede cuando la disposición legal sobre cuya constitucionalidad exista duda, tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo.
En ese marco, la SCP 0078/2013 de 14 de enero, expresó lo siguiente:
“Respecto al control normativo de constitucionalidad, nuestra Constitución Política del Estado, entre las acciones previstas al efecto prevé la acción de inconstitucionalidad concreta como medio o recurso idóneo para el control objetivo de las normas jurídicas con relación a preceptos, principios y valores contenidos en la Norma Suprema, confrontando una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, en todo o en parte, con una o varias normas constitucionales que se entiende infringida o infringidas, declarando, al cabo del control de constitucionalidad ejercido, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, acción de inconstitucionalidad cuya finalidad es sanear o depurar el ordenamiento jurídico a través de un fallo con efectos derogatorios o abrogatorios de la norma que resulte incompatible, la cual necesariamente se presenta en virtud a la afectación de un interés o derecho de las personas en un caso concreto. Para la resolución de una acción de inconstitucionalidad, vista la exposición que identifica la disposición o norma impugnada así como la o las normas constitucionales que se consideran infringidas, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor interpretativa de la Constitución Política del Estado, aplicará, con preferencia aunque no de manera exclusiva, la voluntad del Constituyente, de acuerdo con sus actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto de la Constitución. Contrastadas las normas aludidas, se establecerá si las impugnadas son compatibles con las tenidas por infringidas, sean en la forma como en el fondo, incluso, en su caso, de normas conexas a las declaradas inconstitucionales. En tal sentido la acción concreta de inconstitucionalidad es una vía de control correctivo, que por finalidad tiene el verificar la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición impugnada con los principios valores y normas fundamentales de la Constitución Política del Estado, acción que de acuerdo a lo previsto por el art. 79 de la Ley 254 de 5 de julio de 2012, al referirse a la legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta por parte de la autoridad judicial o administrativa establece que podrá hacerlo, de oficio o a instancia de parte, cuando asuma o entienda que la resolución del proceso o procedimiento que deba resolver, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción” (las negrillas son ilustrativas). Por su parte, la SCP 1334/2014 de 30 de junio, sostuvo que:
“La acción de inconstitucionalidad concreta surge como una cuestión incidental previa a la aplicación de la norma impugnada en la resolución de un proceso concreto, siendo concreta ya que la aparente incompatibilidad de la disposición legal con la Norma Fundamental surge en la aplicación de la disposición legal a un caso concreto a momento de resolver un proceso judicial o administrativa; es decir, cunado una duda fundada y razonable sobre la constitucionalidad de una disposición legal o de algunas de sus normas, cuya validez depende la adopción de su fallo; en consecuencia, la acción de inconstitucionalidad concreta, tiene por objeto el control de constitucionalidad de las disposiciones legales, sobre cuya constitucionalidad exista duda y tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto dilucidado dentro el proceso judicial o administrativo; vale decir que la condición para la procedencia y admisión de la acción es que la decisión que deba adoptar el juez, tribunal o autoridad administrativa, debe depender de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada”.
La Constitución Política del Estado en sus arts. 132 y 133, consagra a la acción de inconstitucionalidad como una acción de defensa, la que se configura como un derecho de toda persona individual y colectiva, afectada por una norma jurídica incluida en una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial contraria a la Norma Suprema, a presentar una acción de inconstitucionalidad sujeta a un procedimiento previsto por ley. Respecto a los alcances del control de constitucional, el extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado por la SC 0051/2005 de 18 de agosto, precisó:
“…el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b)
la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas…” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 2055/2012 de 16 de octubre, precisó que:
“…la acusación formal refleja una actividad investigativa por parte del Ministerio Público que proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado, actividad en la que se ha recaudado elementos probatorios para hacerlos valer en el juicio a efectos de probar la comisión del hecho delictivo atribuido, no es menos evidente que el estado de inocencia del encausado o procesado debe permanecer incólume hasta que se declare su culpabilidad o responsabilidad mediante sentencia judicial firme…” (las negrillas y subrayado corresponden al texto original). Por su parte, la SCP 0052/2015 de 4 de mayo, definió a la acusación fiscal como:
“…el acto por el que el órgano de persecución penal solicita formalmente a la autoridad jurisdiccional el procesamiento propiamente dicho del encausado; y en aplicación del art. 341 del CPP, debe contener datos que permitan identificar al imputado y su domicilio procesal, una relación precisa del ilícito atribuido, la fundamentación de la acusación como tal, la norma jurídica aplicable y el ofrecimiento de pruebas; sin embargo, también es el mecanismo para peticionar la aplicación de la pena. En este sentido, la acusación formal constituye el límite del objeto del proceso penal, ya que a partir de ése acto procesal la actividad jurisdiccional deberá circunscribirse a los términos del pliego acusatorio, en efecto, permite el ejercicio real del derecho a la defensa y delimita las consideraciones de la sentencia. Pues bien, de acuerdo a los argumentos y la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico que antecede, la presunción de inocencia es una propiedad innata al ser humano, cuya cualidad es posible desvirtuarlo únicamente mediante sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada formal y material. En este sentido, la acusación formal, por ser una determinación o acto procesal de carácter investigativo y unilateral, no es el mecanismo ni instrumento apropiado para vencer el estado de inocencia del encausado, ya que a partir de la comprensión de su esencia, no se equipara ni se asemeja a una sentencia con calidad de cosa juzgada; por consiguiente, la existencia de la acusación en contra del encausado, no tiene como efecto colateral la variación en el trato al justiciable; es decir, pese a la existencia de dicho acto procesal el encausado debe ser tratado en virtud a su estado de inocencia” (las negrillas y el subrayado son añadidas). Finalmente, la SCP 0228/2016-S1 de 18 de febrero, la definió como:
“La formulación del requerimiento conclusivo de acusación, es una actuación propia de la Fiscal de Materia –ahora demandada–, que no se encuentra vinculada de manera directa a la libertad de la parte accionante; ya que, no se encuentra privado de libertad ni en riesgo la misma a raíz de esa decisión fiscal, que solo tiene por finalidad la conclusión de la etapa preparatoria al establecer que existen los suficientes indicios probatorios para ir a juicio oral, además, así expresa el entendimiento doctrinal: ‘La acusación formal es atribución privativa del Fiscal de Materia que basado en solidos elementos probatorios capaces de ameritar la culpabilidad del agente y lograr la punición correspondiente del incriminado, consiste en consignar a éste a estrados del Juez o Tribunal de Sentencia…’ (Gonzales Duran Mario ‘Etapa preparatoria de juicio’ pág. 252); de lo que se colige que la acusación, solo da curso a la etapa procesal de juicio oral, en la cual recién se definirá la comisión o no, por el ahora accionante, del tipo penal por el cual se le acusa…” (las negrillas y el subrayado son añadidas).
La SC 1534/2003-R de 30 de octubre, indicó que:
“El debido proceso comprende a su vez el derecho a la defensa (…) como potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. Asimismo, la SC 1156/2010-R de 27 de agosto, precisó:
“En la doctrina se ha definido al derecho a la defensa como la posibilidad que tiene toda persona de ser escuchada por el órgano jurisdiccional a fin de poder hacer conocer su versión y en su caso enervar la de la parte actora, con carácter previo a que se adopte una decisión. Por ese contenido se reconoce que cumple dentro de todo proceso un rol fundamental pues al mismo tiempo que un derecho, constituye también un principio garantizador básico que, precisamente por ese su carácter, si no se cumple torna inaplicables a todas las demás garantías o elementos que componen el debido proceso constitucional; Binder refiere que por esas características el derecho a la defensa cumple un papel particular “…por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás” (BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Segunda edición. Buenos Aires - Argentina: Ad Hoc, 1999, p.155)”.
Por su parte la SCP 0275/2012 de 4 de junio, manifestó que:
“…el derecho a la defensa irrestricta, componente del debido proceso, se halla proclamado por el art. 115.II de la CPE, cuando señala: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…’. El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento integrante transversal a todas las fases sustantivas del proceso penal y también es inherente a la totalidad de procesos disciplinarios sin exclusión. Al respecto, Binder afirma: ‘El Derecho a la Defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás’. El derecho a la defensa irrestricta es uno de los mínimos procesales que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre presente el debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales dentro del procedimiento sancionador, siempre en procura de efectivizar un proceso justo…” (las negrillas son ilustrativas). Finalmente, la SCP 1122/2017-S1 de 12 de octubre, manifestó que:
“El derecho a la defensa, es un elemento esencial del debido proceso, toda vez que en virtud a este, no es admisible sustanciar ningún asunto sin conocimiento del procesado, por ello en nuestro constitucionalismo, ha sido considerado como un derecho autónomo, e implica mínimamente el derecho a conocer y controvertir de manera efectiva los hechos endilgados o antecedentes que motivan su procesamiento, a ser escuchado, presentar las pruebas que estime pertinentes en su descargo, a que se observen los requisitos en cada instancia procesal y el de impugnar las resoluciones que consideran lesivas a sus intereses”.
El debido proceso se encuentra reconocido en la Norma Suprema en su art. 115.I, como una garantía, que vincula a las autoridades judiciales o administrativas (SC 119/2003-R de 28 de enero y SC 316/2010-R de 15 de junio), consiguientemente, no solo comprende al ámbito jurisdiccional, el desarrollo jurisprudencial estableció que también comprende al ámbito administrativo o corporativo, así la SCP 2184/2012 de 8 de noviembre, expresamente señala:
“…abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, lo que implica la posibilidad de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos y en el marco de garantías y presupuestos procesales imperantes en el orden jurídico rector (el resaltado es ilustrativo).” En su alcance, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los elementos que componen el debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones, entendimiento asumido en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, entre otras), sin que esta lista tenga un carácter restrictivo, sino solo enunciativo en el marco del principio de progresividad, en ese entendido pueden agregarse otros elementos que hacen del debido proceso una garantía general, derivado del desarrollo doctrinal y jurisprudencial. En esa comprensión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha expresado:
“…para que exista 'debido proceso legal' es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional (las negrillas y subrayado son ilustrativas)” En la misma línea de razonamiento el Tribunal Constitucional Plurinacional ha expresado en la SCP 1234/2017-S1 de 28 de diciembre, que ratifica la SC 0999/2003-R de 16 de julio, manifestó:
“…La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes” (las negrillas corresponden al texto original y el subrayado es añadido).
En ese marco, la igualdad se encuentra configurada como uno de los valores que sustentan al Estado, junto a inclusión, dignidad, solidaridad, armonía, equilibrio, igualdad de oportunidades, bienestar común, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, entre otros (art. 8.II de la CPE); en correspondencia a estos valores, también expresa que constituyen fines y funciones esenciales del Estado, la conformación de una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social; garantizar el bienestar, la protección e igual dignidad de las personas, el acceso de las personas al trabajo y el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados constitucionalmente (art. 9 de la CPE). En esa comprensión, por mandato Constitucional la igualdad encuentra correspondencia con la prohibición de discriminación entre otras circunstancias por condición económica o social, tipo de ocupación u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona (art. 14.II de la CPE); en ese marco, la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional, aplicable en tanto sea coherente y no contradiga los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado, expresó que la igualdad en cuanto principio, proclama la prohibición de las causas o circunstancias que puedan generar discriminación, de tal modo que nadie puede ser discriminado por motivo alguno que no sea justificado, es decir, protege a la persona frente a discriminaciones arbitrarias, irracionales; en otros términos, predica la identidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales, superando así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta; en cuanto derecho se traduce en la potestad o facultad de las personas a no sufrir discriminación jurídica alguna, a no ser tratado de manera diferente con relación a aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que exista una justificación clara, objetiva y razonable que justifique esa desigualdad de trato, a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado, según el merecimiento común y los méritos particulares, es decir, a recibir el mismo trato que otras personas que se encuentren en idéntica situación o condición; en términos del Decreto Constitucional (DC) 002/01 de 8 de mayo de 2001:
“…exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan; no prohibiendo tal principio dar un tratamiento distinto a situaciones razonablemente desiguales; siempre que ello obedezca a una causa justificada, esencialmente apreciada desde la perspectiva del hecho y la situación de las personas, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta” (las negrillas son ilustrativas).
El derecho a la igualdad es uno de los más amplios, puesto que se reclama la igualdad en un ámbito específico y respecto a algo, por lo que la igualdad no es invocada en forma independiente y aislada, entraña la búsqueda del equilibrio para aminorar las diferencias, siendo admisible en ese propósito la discriminación que busque el equilibrio de situaciones diferentes, situando a todos en un plano de igualdad material; en cuya virtud, impone al Estado, la realización de acciones positivas o afirmativas que tiendan a equilibrar la situación de las personas, con el requisito esencial de que existan situaciones o realidades de personas o un grupo de personas en un estado de desventaja o desequilibrio frente al resto, sólo así se justifica un trato diferenciado a favor de algunas personas. Ahora bien, asumiendo la igualdad como un valor-principio-derecho y 4 La igualdad fue entendida en las SSCC 1017/2002-R de 21 de agosto y SC 491/2001 de 22 de mayo, como derecho o principio constitucional. 5 Respecto al contenido del derecho a la igualdad la SC 0060/2006 de 10 de julio, expresa: “El derecho a la igualdad de las personas es uno de los más amplios que existe en cuanto está siempre relacionado con otros, pues se reclama el respeto del derecho a la igualdad en un ámbito específico, o derecho a la igualdad respecto de algo, por lo que la igualdad no está invocada en forma independiente y aislada.” 6 Concerniente al contenido del derecho a la igualdad la SCP 0458/2014 de 25 de febrero, agrega: “Ahora bien, tal como señala la doctrina de comprensión del derecho a la igualdad, ésta no es impositiva de una equivalencia abstracta de obligaciones, sino más bien de la búsqueda de equilibrio para aminorar las diferencias, y así existan verdaderas posibilidades de realización personal para todos y cada uno de los habitantes de nuestra sociedad; en ese orden, es admisible la discriminación que busque el equilibrio de situaciones diferentes, situando a todos en un plano de igualdad material.
En ese trance, tal como el alcance del valor, principio y derecho fundamental a la igualdad dispone, el Estado en busca de equilibrar la situación de las personas puede generar normas y políticas de discriminación, denominadas positivas o acciones afirmativas; empero, el requisito esencial para estas acciones afirmativas, es que exista una situación o realidades que ubiquen a un grupo de personas en un estado de desventaja o desequilibrio frente al resto, sólo así se justifica un trato diferenciado a favor de algunas personas”.
garantía, la jurisprudencia de éste Tribunal Constitucional Plurinacional y tomando en cuenta su perspectiva colectiva en el marco del constitucionalismo plurinacional comunitario y descolonizador, la SCP 0260/2014 de 12 de febrero, ha expresado al respecto que:
“…no resultará lesionado [la igualdad] cuando, partiendo de la diferencia, se establezcan las condiciones o medidas necesarias para lograr igualar a aquellos grupos que se encuentran en una situación desventajosa, por cuanto las mismas se encuentran objetiva y razonablemente justificadas a partir de los fines de descolonización de nuestro Estado, siempre y cuando, claro está, exista proporcionalidad entre dichas medidas y los fines perseguidos, los cuales, deben ser compatibles con los principios y valores de nuestra Constitución que han sido ampliamente explicados en los Fundamentos Jurídicos precedentemente anotados” (las negrillas son añadidas).
La SCP 0003/2018 de 14 de marzo, citando la SCP 0969/2013 de 27 de junio, precisó lo siguiente:
“‘Se debe señalar que al interponerse una acción de inconstitucionalidad, cuyo objeto es que se declare una norma específica inconstitucional por ser supuestamente contraria a la Constitución Política del Estado y así, la misma sea expulsada del ordenamiento jurídico vigente, no sólo basta con señalar cuál es la norma constitucional o normas constitucionales que supuestamente son vulneradas por la norma demandada de inconstitucional, ya que dicho aspecto por sí mismo, no es causal para que este Tribunal, pueda ingresar a realizar la contrastación correspondiente, debiendo cumplirse en todo caso los requisitos exigidos, toda vez que se debe fundamentar la misma, justificando la importancia de la decisión que se vaya a tomar en el caso concreto, éste entre otros aspectos fueron recogidos en la jurisprudencia constitucional, como por ejemplo, en el AC 0193/2012-CA de 6 de marzo, que señaló: «‘...supondrá que no existe ninguna norma objetada que implique la vulneración de un derecho fundamental; asimismo, si no se especifica el precepto constitucional supuestamente infringido, como exige el inc. 2) del mismo artículo, no podrá establecerse si existe o no contradicción entre la norma impugnada y el texto constitucional, determinando ambas imprecisiones la falta de base legal del recurso. Por último, la ausencia de fundamentación, que es un elemento exigido por el inc. 3) de la norma citada, impedirá conocer los motivos por los que se considera inconstitucional la norma impugnada y la, importancia de la misma en la resolución de la causa que origina el recurso; entendimiento que fue complementado con la SC 0045/2004 de 4 de mayo, al establecer que: …La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas (…) también es imprescindible que se exprese y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada'; vale decir que, la inobservancia de estos requisitos, hace inviable el ejercicio de un verdadero control de constitucionalidad y determina el rechazo del recurso’»’. En el mismo sentido, la SCP 0047/2015 de 26 de marzo, a tiempo de precisar la importancia de este presupuesto, estableció: «El art. 24.I.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo) dispone que las acciones de inconstitucionalidad deberán contener: ‘…la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado’; tal antecedente legal que es plenamente compatible con el texto de la Constitución Política del Estado, nos permite advertir que para considerar las acciones de inconstitucionalidad se debe establecer una clara y suficiente fundamentación, precisamente sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas; es decir, que tales fundamentos deben cumplir con determinados requisitos, como el determinar el por qué la norma impugnada vulnera principios, valores o derechos fundamentales establecidos en la Ley Fundamental y la vinculación directa entre la norma impugnada y el precepto constitucional presuntamente vulnerado, cuya carga argumentativa debe ser lo suficientemente racional, suficiente y sólida para que genere convicción al Tribunal Constitucional Plurinacional de que tales normas deben ser sometidas a un test de compatibilidad con el texto de la Norma Suprema, el no lograr tal objeto, inviabiliza la posibilidad de que la jurisdicción constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0538/2013 de 8 de mayo, al respecto establece que: ‘Se debe señalar que al interponerse una acción de inconstitucionalidad, cuyo objeto es que se declare una norma específica inconstitucional por supuestamente contraponerse a la Constitución Política del Estado y así la misma sea expulsada del ordenamiento jurídico vigente, no sólo basta con precisar cuál es la norma constitucional o normas constitucionales que supuestamente son vulneradas por la norma demandada de inconstitucional, ya que dicho aspecto por sí mismo, no es causal para que este Tribunal Constitucional Plurinacional, pueda ingresar a realizar la contrastación correspondiente, debiendo cumplirse en todo caso los requisitos exigidos, toda vez que se debe fundamentar la misma, por lo que al respecto de la fundamentación, la jurisprudencia constitucional, a través del AC 0193/2012-CA de 6 de marzo estableció: «(...). Por último, la ausencia de fundamentación, que es un elemento exigido por el inc. 3) de la norma citada, impedirá conocer los motivos por los que se considera inconstitucional la norma impugnada y la importancia de la misma en la resolución de la causa que origina el recurso’; entendimiento que fue complementado con la SC 0045/2004 de 4 de mayo, al establecer que: ‘La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas…»’” (las negrillas son agregadas). De lo expuesto se establece que la acción de inconstitucionalidad concreta procederá cuando se establezca una clara y suficiente fundamentación, respecto de las normas impugnadas, en cuyos fundamentos se debe determinar el por qué la norma impugnada vulnera principios, valores o derechos fundamentales establecidos en la Ley Fundamental y la vinculación directa entre la norma impugnada y el precepto constitucional presuntamente vulnerado; y, en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada; siendo que dicha carga argumentativa debe generar convicción a este Tribunal de que tales normas deben ser sometidas a un test de compatibilidad con el texto de la Norma Suprema.
El principio de igualdad constituido en un valor pregonado por el Estado Plurinacional de Bolivia se halla estatuido en el art. 8.II de la CPE, describiendo que:
“El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienestar social, para vivir bien”.
Este contenido decanta en la previsión del cumplimiento estatal respecto de sus fines y funciones esenciales descritas en el art. 9.2 de la Norma Suprema, que a la letra establece como finalidad: “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”.
En ese orden la Constitución Política del Estado consagra a la igualdad en un derecho fundamental a través de la previsión contenida en el art. 14.I y II en los cuales previene que:
“I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y gozan de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna” II. El Estado Prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona”.
Este principio está previsto asimismo, en la legislación internacional, pudiéndose citar, entre ellas, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que prevé en el art. 7 que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 26 prevé que:
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualesquier otra condición social”. En esa misma línea, la jurisprudencia estatuida en el Tribunal Constitucional en la SC 0069/2006 de 8 de agosto, estableció que:
“…al igual que en otros países, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, ha señalado que en caso de existir un trato diferente o una discriminación normativa para analizar si esta es razonable, se debe efectuar un test de razonabilidad de la desigualdad, que consta de distintas etapas, cuyo orden corresponde a necesidades no solo lógicas, sino también metodológicas, por ello, el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente solo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior”. La SC 0049/2003 de 21 de mayo...”
La citada SC 0049/2003 de 21 de mayo, señaló que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, la igualdad solamente se viola si la desigualdad esta desprovista de una justificación objetiva y razonable la cual debe apreciare de acuerdo a la finalidad y sus efectos; para ello debe aplicarse una serie de características consistentes en un examen de la existencia de esas características conocida como test de igualdad, mecanismo utilizado en tribunales para llegar a determinar la vulneración del citado principio, que se halla compuesto por elementos constitutivos como ser:
1) La diferencia de los supuestos de hecho;
2) La finalidad de la diferencia de trato, que debe ser legal y justa:
3) La validez constitucional del sentido propuesto (razonabilidad).
4) La eficacia entre hechos, norma y fin, o sea, que exista racionalidad en el trato diferente.
5) La proporcionalidad, que implica que la relación o concatenación de todos los anteriores factores.
La referida sentencia constitucional concluye que luego de aplicar este test, permitirá determinar si la norma impugnada resulta o no, contraria al principio de igualdad estatuido actualmente en el art. 8.II de la CPE.
Posteriormente la SC 0022/2006 de 18 de abril, estableció que:
“…no se puede generar discriminación, así como un mandato abierto que proyecta la prohibición de discriminación a un alcance casi absoluto, de tal modo que nadie puede ser discriminado por motivo alguno que no sea justificado; al mismo tiempo, el principio de igualdad, en un sentido acorde con el estado social y democrático de derecho, que consagra el deber estatal de equilibrar las diferencias sociales, tiene una naturaleza que lo proyecta como un mecanismo de equilibrio…”.
Este razonamiento fue aplicado en acciones de inconstitucionalidad, entre otras, en la SCP 0064/2015 de 21 de julio, que citando la SCP 0910/2014 de 14 de mayo, refirió que:
‴…que el legislador ha de colocar a todos en las mismas posiciones jurídicas ni que tenga que procurar que todos presenten las mismas propiedades naturales ni que todos se encuentren en las mismas situaciones fácticas. El principio general de igualdad dirigido al legislador no puede exigir que todos deban ser tratados exactamente de la misma manera y tampoco que todos deban ser iguales en todos los aspectos. Entonces, el medio idóneo para que el legislador cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: «se debe tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual». En eso consiste la verdadera igualdad. A quienes presentan similares condiciones, situaciones, coyunturas, circunstancias, etc., se les puede tratar igualmente; pero, cuando existen diferencias profundas y objetivas que no pueden dejarse de lado, se debe tratar en forma desigual, porque solamente de esa manera podrá establecerse un equilibrio entre ambas partes. La Ley es la que tiene que establecer los casos, formas y alcances de los tratamientos desiguales.”
A su vez, la SCP 0062/2017 de 4 de octubre, que precisó que:
“…En tal sentido, se advierte que no existe una igualdad procesal, al no dar el mismo tratamiento a los testigos de descargo, puesto que la testificación y la concurrencia de los testigos debe ser en la misma circunstancia que la convocatoria realizada por el Juez Disciplinario, resultando evidente un trato preferente que se brinda al juzgador, ya que todos los testigos de cargo estarán en la audiencia, dado que la Ley les impone la obligación de asistir a ese actuado procesal, contrario a lo o que ocurre con los testigos de descargo, infiriéndose del texto del artículo cuestionado que su declaración es voluntaria, dejando al denunciado la obligación de hacerles comparecer. Conforme a lo expresado, resulta por demás evidente la existencia de un trato desigual en la comparecencia de los testigos de cargo con los de descargo, obligando a declarar a los primeros y no así a los propuestos por el denunciado, consecuentemente, el art. 74.I incurre en una clara vulneración del principio de igualdad de las partes contenido en el art. 119 de la CPE”.
En conclusión se tiene que de los antecedentes referidos, permitirán determinar si tras la realización del señalado test de igualdad, en los componentes señalados, evidentemente existe o no, un trato diferente a las personas procesadas por el delito de avasallamiento respecto de las personas juzgadas por el mismo delito que no transitaron previamente por la jurisdicción agroambiental.
La acción de inconstitucionalidad concreta promovida por la autoridad accionante de oficio, demanda la inconstitucionalidad de la palabra “ACUSACIÓN” del art. 9.II y III de la Ley 477, por ser presuntamente contraria a los arts. 14. III, 109, 115 y 117 de la CPE; y, 8.1 y 2 inc. c) de la CADH; por cuanto, se lesiona el principio de igualdad y ser tratados de manera discriminatoria con relación a otros sometidos a las mismas circunstancias, porque se suprime la posibilidad del imputado de ser oído en una audiencia, impidiéndole generar elementos de prueba en su defensa dentro de un plazo razonable lesionando el debido proceso, ya que con la presentación de la sentencia ejecutoriada emitida dentro la jurisdicción agroambiental, se pasaría directamente a la etapa de juicio al emitirse la correspondiente acusación, obviando la etapa preliminar, y la posibilidad de aplicar procedimiento abreviado inmediato en la consideración de la acusación.
Expuesta la problemática planteada, a los fines de examinar la inconstitucionalidad promovida por la autoridad accionante, la justicia constitucional debe efectuar el test de constitucionalidad, analizando y resolviendo los extremos que se identificaron en el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad presentada; en consecuencia, tomando en cuenta que este medio de control normativo tiene como objeto que el Tribunal Constitucional Plurinacional, realice el test o examen de la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición legal impugnada traducida en el término “acusación” señalado de inconstitucional, introducido en el art. 9. II y III de la Ley 477, de acuerdo a los principios, valores y normas del texto constitucional, circunscribiéndose al examen o test de las disposiciones alegadas de lesivas a las normas y preceptos de la Ley Fundamental, con el fin de establecer su constitucionalidad o inconstitucionalidad acorde a lo planteado.
En ese marco, corresponde precisar primeramente que el objeto de la precitada Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, es precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares; es decir, establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales, de los avasallamientos y el tráfico de tierras; entre otros aspectos descritos, evitando así los asentamientos irregulares de poblaciones. La disposición normativa impugnada (art. 9. II y III de la Ley 477), establece la actuación del Ministerio Público, una vez aperturado el procedimiento de desalojo en la jurisdicción agroambiental, que de conformidad a su procedimiento inicia con la presentación de la demanda ante la autoridad agroambiental correspondiente, y realizado el trámite correspondiente, se emitirá la Sentencia Agroambiental que declare probada la demanda, el Ministerio Público se encargará de promover la acción penal respectiva; en ese mérito, el fallo ejecutoriado en la jurisdicción agroambiental, se constituye en la base de la acusación -en los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras ya referido-; en la comprensión de que resulta un fundamento para llevar adelante directamente un juicio oral y público del acusado aunque precautelando su presunción de inocencia hasta que mediante una sentencia ejecutoriada pronunciada en la vía penal, se declare su culpabilidad o responsabilidad; de manera posterior a la acusación, el proceso se tramitará de acuerdo al PROCEDIMIENTO INMEDIATO PARA DELITOS FLAGRANTES contenido en el art. 393 Bis. del CPP, aplicando a ese efecto las reglas previstas para el juicio ordinario; es decir, que el juicio se desarrollará sobre la base de la acusación presentada, en forma contradictoria, oral, pública y continua en el juicio oral, tal cual establece el art. 329 del CPP. Tomándose en cuenta que en el caso de acciones de inconstitucionalidad, el art. 79 del CPCo, prevé que:
“Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción”. Asimismo, siendo que el art. 73 del CPCo, señala que es imprescindible que se precise y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Tribunal o Juez depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, este aspecto si fue expresado en los fundamentos deducidos por la parte accionante al señalar que la resolución depende de la aplicación de la norma que es considerada inconstitucional, toda vez que de los antecedentes contenidos en el exordio dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de avasallamiento seguido por el Ministerio Público a querella de Gustavo Granier Ferreira en contra de Wilder Jhonny Cáceres Coca, Alejandro Veliz Lazo, Máximo Veliz Lazo y Alejandro Balderrama Zubieta, el Fiscal de Materia del caso emitió la imputación formal por la existencia de elementos de convicción y la probable participación de los imputados, fundando su decisión en un proceso de desalojo por avasallamiento que fue tramitado vía querella en la jurisdicción agroambiental; que en el caso, por memoriales de 10 y 11 de abril de 2018, la parte querellante planteó recursos de reposición contra el decreto que señaló audiencia y el que corrió traslado sobre una nulidad de imputación en dos oportunidades, sustentando los mismos en la aplicación el art. 9 de la Ley 477, aduciendo que el Ministerio Público no cumplió dicha normativa, y que al existir una sentencia ejecutoriada en la jurisdicción agroambiental, correspondía la tramitación del procedimiento inmediato, reiterando estos fundamentos en un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa interpuesto el 5 de julio de 2018. En ese entendido, y del análisis de la presente acción, se advierte que se cumple con la exigencia del art. 81.I del CPCo, al ser interpuesta la acción normativa dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de avasallamiento seguido por el Ministerio Público a querella de Gustavo Granier Ferreira en contra de Wilder Jhonny Cáceres Coca y otros, que está pendiente de resolución del recurso de apelación; es decir, que precisó los argumentos por los cuales considera que el término ya señalado, que al margen de considerar que es contrario a la Norma Suprema, suprimiría la posibilidad del imputado de ser oído en una audiencia, impidiéndole generar elementos de prueba en su defensa en un plazo razonable, lo que contraviene los principios y valores de la Constitución Política del Estado, exponiendo las razones concernientes a la supuesta contradicción; por estas razones, corresponde que este Tribunal ingrese al análisis de fondo de la acción de inconstitucionalidad concreta planteada. En ese orden, tomando en cuenta que se cuestiona el art. 9.II y III de la Ley 477, corresponde enunciar su contenido. Bajo ese marco la norma señala:
“CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1. (OBJETO) La presente Ley tiene por objeto: Establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras. Modificar el Código Penal incorporando nuevos tipos penales contra el avasallamiento y tráfico de tierras en el área urbana o rural. ARTÍCULO 2. (FINALIDAD) La presente Ley tiene por finalidad precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones. ARTÍCULO 3. (AVASALLAMIENTO) Para fines de esta Ley, se entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales. (…)
ARTÍCULO 9. (ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO). I. En los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras cometidos contra bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales, corresponderá al Ministerio Público promover la acción penal.
concentrada del Código de Procedimiento Penal” (las negrillas y el subrayado son añadidas).
En ese orden, tomando en cuenta que uno de los cargos de inconstitucionalidad se halla referido a la vulneración del principio de igualdad, en la consideración que los sujetos procesados en la jurisdicción agroambiental por el delito de avasallamiento carecerían de las facultades que les asiste a los imputados por el mismo accionar en la etapa preliminar de la vía penal ordinaria. Al respecto, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dejó establecido que el derecho a la igualdad entraña la búsqueda del equilibrio para aminorar las diferencias, siendo admisible en ese propósito, la discriminación que busque el equilibrio de situaciones diferentes, situando a todos en un plano de igualdad material; en cuya virtud, impone al Estado, la realización de acciones positivas o afirmativas que tiendan a equilibrar la situación de las personas, con el requisito esencial de que existan situaciones o realidades de personas o un grupo de personas en un estado de desventaja o desequilibrio frente al resto, sólo así se justifica un trato diferenciado a favor de algunas personas; es decir, que predica la identidad de los iguales y la diferencia entre los desiguales, superando así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta; en cuanto derecho se traduce en la potestad o facultad de las personas a no sufrir discriminación jurídica alguna, a no ser tratado de manera diferente con relación a aquellos que se encuentran en la misma situación sin que exista una justificación clara, objetiva y razonable que justifique esa desigualdad de trato, a recibir un trato no discriminado por parte de la sociedad civil y del Estado.
Bajo ese contexto jurisprudencial, a fin de realizar el test de constitucionalidad, corresponde efectuar un análisis sistemático de la Constitución Política del Estado, revisando el artículo acusado de inconstitucional con aquellos que se encuentran relacionados, así como con el bloque de constitucionalidad con relación al derecho a la igualdad; en ese marco, se tiene que la Norma Suprema establece en los arts. 178.I y 180.I, que la impartición de justicia se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de partes ante el juez. A efectos de determinar la alegada desigualdad y evidenciar que la norma impugnada resulta contraria a los arts. 115 y 117 de la Norma Suprema, corresponde realizar el test de igualdad de conformidad al entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.7 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Bajo los antecedentes referidos, tomando en cuenta que el cargo de inconstitucionalidad, expuestos por la autoridad accionante radica en el supuesto trato desigual que el art. 9. II y III de la Ley 477 otorga, un trato diferente a las personas procesadas por el delito de avasallamiento sometidos a un proceso en la jurisdicción agroambiental; que resultaría menos favorable en relación a aquellas personas que son juzgadas por el mismo delito en la vía penal sin transitar previamente por la vía jurisdiccional agroambiental, lo que constituiría un trato diferenciado de un mismo hecho delictuoso, que lesionaría el debido proceso precautelando el derecho a la defensa previsto en los arts. 115 y 117 de la CPE, extremo que requiere ser analizado a través de un test de razonabilidad de la desigualdad.
Al respecto, el entendimiento jurisprudencial invocado en la SC 0069/2006 de 8 de agosto, citó la SC 0049/2003 de 21 de mayo, que señalo, entre otros que, la igualdad solamente se viola si la desigualdad esta desprovista de una justificación objetiva y razonable la cual debe apreciare de acuerdo a la finalidad y sus efectos; que para ello, debe aplicarse una serie de características consistentes en un examen de la existencia de esas características conocida como test de igualdad para llegar a determinar la vulneración del citado principio compuesto por los siguientes elementos: i) La diferencia de los supuestos de hecho; ii) La finalidad de la diferencia de trato, que debe ser legal y justa; iii) La validez constitucional del sentido propuesto (razonabilidad); iv) La eficacia entre hechos, norma y fin, o sea, que exista racionalidad en el trato diferente; y, v) La proporcionalidad, que implica que la relación o concatenación de todos los anteriores factores.
En ese contexto jurisprudencial, y al efecto expresado aplicando los presupuestos señalados, en el caso en revisión, se tiene lo siguiente:
a) La diferencia de los supuestos de hecho; es decir, si los supuestos de hecho presentan similitudes, o por el contrario son disímiles, en el caso en revisión, se tiene que el procesado por el delito de avasallamiento en la jurisdicción agroambiental, en comparación a aquel procesado en vía penal, éste último tiene la posibilidad de defenderse en todas sus fases desde la etapa preparatoria, hasta la audiencia de imputación formal, actuado en el cual la autoridad judicial del caso decide sobre la autorización del procedimiento inmediato; asimismo, tiene la posibilidad de tener más prerrogativas en caso de una eventual flagrancia; sin embargo, en el procedimiento agroambiental estaría impedido de acceder a todas las fases o facultades que les correspondería a los imputados investigados por la comisión del mismo delito, pues con la presentación de una sentencia con calidad de cosa juzgada en la jurisdicción agroambiental se pasa de forma directa al juicio oral, sin la posibilidad de agotar otras instancias; es decir, está sometido a un proceso más restrictivo, que aquel a quien se le declare ejecutoriada una sentencia agroambiental, ahí radica la desigualdad en el tratamiento, pues existe un trato diferenciado a las personas sometidas al procesamiento por avasallamiento en la jurisdicción agroambiental que restringiría sus derechos fundamentales, en relación a las normas de procedimiento general.
b) La finalidad de la diferencia de trato que debe ser legal y justa. En el caso, las personas sometidas a la jurisdicción agroambiental por el delito de avasallamiento tramitado vía querella, no les es aplicable el trámite de la investigación preparatoria para proceder al estudio de las diligencias preliminares de acuerdo al art. 300.I del CPP y la posibilidad de su complementación, así como el estudio de las actuaciones por parte del Fiscal del caso (art. 301 del CPP); asimismo, a la emisión de la resolución conclusiva; a la posibilidad de aplicación de medidas alternativas.
c) La validez constitucional del sentido propuesto (que la diferenciación sea admisible) o lo que también denominan algunos autores como razonabilidad; lo que se pretende con la aplicación de la norma ahora impugnada, es establecer un régimen jurisdiccional que permita al Estado proteger y resguardar la propiedad privada, tanto individual y colectiva, la propiedad del Estado de los avasallamientos y el tráfico de tierras, tanto en el área urbana, como en las áreas rurales; asimismo, la normativa señalada de inconstitucional, al ser determinada para precautelar de hechos reprochables y crecientes en frecuencia en la sociedad y que resultan condenables, buscan tener presente la averiguación de hechos anticipados en un proceso de naturaleza distinta, pero de similar contenido.
No obstante, los razonamientos expuestos para entablar o afrontar el delito de avasallamiento, habiéndose determinado producto de la contrastación señalada precedentemente, resulta evidente una diferenciación restrictiva en el tratamiento a las personas procesadas en la jurisdicción agroambiental en relación a aquellas procesadas en la jurisdicción ordinaria penal, toda vez que para la aplicación del procedimiento inmediato se necesita de una solicitud previa del Fiscal de Materia en la imputación formal, la que no podía omitirse precautelando el debido proceso, al constituirse en la base del análisis del juez de instrucción penal para la autorización de procedimiento inmediato, y en ninguna de las normas se condiciona la aplicación del mismo a la presentación de una acusación conforme lo dispone el art. 9.III de la Ley 477, que de ser aplicada, literalmente vulneraría el debido proceso establecido para otros delitos comunes regulados en el Código Penal que no estén caracterizados por la flagrancia, y el derecho del imputado a ser oído para ejercer su defensa; asimismo, en el parágrafo II del señalado artículo, ya que condiciona el empleo del procedimiento inmediato a una acusación; y no así a una imputación como debería ser, más si ambas figuras son distintas; aspectos que no pueden ser considerados en el margen de la razonabilidad por su aplicación diferente y restrictiva.
d) La eficacia de la relación entre hechos, norma y fin, o sea, que exista racionalidad en el trato diferente; en este acápite, tomando en cuenta que la racionalidad resulta distinta a la razonabilidad, siendo que ésta última es la adecuación del medio a los fines perseguidos y apunta a una finalidad legitima; y la racionalidad apunta más a una finalidad lógica; en el caso motivo de análisis, en cuanto a la razonabilidad, en el punto anterior se estableció que la aplicación de la normativa impugnada por su aplicabilidad diferente a dos personas procesadas por el mismo delito con tramites diferenciados, resulta restrictivo y lesiona el principio de igualdad; y en cuanto a la racionalidad, no obstante la finalidad de la norma establecida para constituirse en un alto a los crecientes casos de avasallamiento y el tráfico de tierras, no resulta racional determinar que una persona sometida a la jurisdiccional agroambiental, se vea impedida de acudir a las posibilidades de aquel sometido a la vía ordinaria penal, presentando elementos de prueba en su defensa dentro de un plazo razonable, la posibilidad de solicitud de ampliación de plazos, a la posibilidad de aplicación de medidas alternativas, entre otros, estableciéndose un trato discriminatorio respecto a otros imputados sometidos a las mismas circunstancias en casos de flagrancia, lesionando el principio de igualdad, lo que decanta en la ausencia de racionalidad en la aplicación de la norma cuestionada.
e) La proporcionalidad, que implica que la relación o concatenación de todos los anteriores factores sea proporcional, que no se ponga en total desventaja a un sector, que la solución contra la desigualdad evidente no genere una circunstancia de nueva desigualdad; al respecto, de lo expresado en el análisis de los puntos anteriormente expuestos, resulta evidente que la norma objetada, en relación al principio de igualdad o desigualdad, se establece un elemento de aplicabilidad diferenciada entre los sometidos a la jurisdicción agroambiental, en relación de aquellos procesados en la vía ordinaria penal en razón del procesamiento por el delito de avasallamiento, decantando en que la diferencia de procedimiento que le son aplicados, sitúa a los procesados bajo la normativa cuestionada una condición de desventaja que determina un acto de discriminación respecto de los procesados en la vía ordinaria penal, pues estos tienen a su alcance la posibilidad de acudir a más elementos procesales, de los que carece el sometido a la señalada jurisdicción agroambiental, resultando de ello un elemento no acorde a la proporcionalidad por la existencia de una evidente desventaja en la aplicabilidad de la norma cuestionada.
De ese contexto, de la realización del test de igualdad, se concluye que la norma cuestionada en relación al principio de igualdad respecto de los sujetos señalados de incurrir en un mismo delito; es decir, que se hallen en las mismas situaciones, y sean sometidos a condiciones diferentes, otorga razón a lo referido por la autoridad accionante que alegó que de ser aplicada la norma cuestionada, vulneraría el debido proceso establecido para otros delitos comunes regulados en el Código Penal que no estén caracterizados por la flagrancia; entre ellas el derecho del imputado a ser oído para ejercer su defensa; y que condiciona su empleo a la presentación de una acusación y no así a una imputación como correspondería, siendo ambas figuras procesales distintas; no advirtiéndose un equilibrio en su aplicabilidad, lo que genera un trato revestido de desventaja para unos procesados, respecto de otros, siendo que los sometidos a la vía penal tiene garantizados más posibilidades procesales en relación a los no sometidos a dicha vía, generándose un proceso más restrictivo pues con la presentación de una sentencia con calidad de cosa juzgada en la jurisdicción agroambiental, se pasaría directamente a la fase de juicio al disponerse la acusación respecto al sometido a un proceso ordinario o en flagrancia, porque en dicho trámite agroambiental, no se aplica la fase preliminar que se halla prevista en las previsiones contenidas en los arts. 300 y 301 del CPP, que de acuerdo a dicho trámite concluye en una eventual imputación, no así directamente en una acusación.
De lo expresado, se advierte que la norma acusada de inconstitucional; no obstante la finalidad prevista para evitar el avasallamiento y el tráfico de tierras, no es justa ya que establece una diferencia sustancial en su aplicabilidad que no es admisible para garantizar el debido proceso precautelando el derecho a la defensa previsto en los arts. 115 y 117 de la CPE, constituyéndose la normativa acusada en discriminatoria, que determina una transgresión al principio de igualdad.
En el caso presente, el Juez accionante alegó que el artículo acusado de inconstitucional, respecto al término “acusación”, señaló que el mismo vulnera el principio-valor supremo de igualdad, previsto en el art. 8.II de la CPE, porque quebranta el mandato normativo contenido en el art. 14.III de la Norma Suprema que señala: “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.
En ese contexto, de conformidad a la nueva estructura y concepción de Estado, Bolivia tiene como uno de sus principios axiomáticos contenido en el art. 8 de la CPE el suma qamaña o “vivir bien”, siendo así, al haberse cuestionado la palabra “ACUSACIÓN” del art. 9.II y III de la Ley 477, por ser presuntamente contraria a los arts. 14. III de la Norma Suprema porque se suprimiría la posibilidad del imputado de ser oído en una audiencia, impidiéndole generar elementos de pruebas para su defensa en un plazo razonable, ya que con la presentación de la sentencia ejecutoriada emitida en la jurisdicción agroambiental, se pasaría directamente a la etapa de juicio al emitirse la correspondiente acusación, obviando la etapa preliminar, procediéndose de manera discriminatoria respecto a otros casos en casos similares llevados adelante en la vía penal; en consonancia con el análisis realizado en el punto anterior, se hace evidente una contradicción, porque el Estado garantiza a toda persona, sin discriminación alguna, el libre ejercicio de sus derechos contenidos en la Constitución Política del Estado, las Leyes y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, por lo que, el límite del ejercicio de esos derechos están previstos de manera taxativa en la Norma Suprema, cuando las autoridades otorguen a los sujetos procesales un tratamiento igual ante situaciones equivalentes; sin embargo, cuando en situaciones similares, se aplica un tratamiento procesal diferenciado, se hace evidente un trato desigual que contradice la garantía estatal de un trato sin discriminación garantizando el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en el texto constitucional; no siendo suficiente que la autoridad judicial alegue razones que justifiquen su posición, lo que determina una innegable fricción con lo estatuido en el art. 14.III de la CPE generando lesión de los derechos a la igualdad y al debido proceso, siendo que todas las personas tienen derecho a acceder de forma igualitaria ante las autoridades judiciales competentes, libre de sesgos de discriminación en relación a aquellas situaciones análogas, no solo contando con la misma oportunidad para acudir a los estrados judiciales sino también garantizando el libre y eficaz ejercicio de sus derechos.
En ese marco, tomando en cuenta que la denuncia de inconstitucionalidad sostiene la alegada contradicción entre los arts. 9. II y III de la Ley 477; y, los arts. 323, 325 y 393 Bis. y Ter. del CPP se tiene que dicho artículo comprende la actuación del Ministerio Público cuando se ha aperturado un procedimiento de desalojo en la jurisdicción agroambiental, cuyo trámite se inicia con la presentación de la demanda por la parte afectada (art. 9.II) ante el Juzgado agroambiental que corresponda, tramitada la misma, se emita la resolución correspondiente que declare probada la demanda, el Órgano titular de la acción penal pública (Ministerio Público) se encargará de promover el trámite penal correspondiente siendo que el fallo ejecutoriado se constituye en la base de la acusación en casos de avasallamiento entendida como un acto que otorga fundamento para el enjuiciamiento público del imputado, manteniendo su situación de presunción de inocencia hasta que en la vía penal se determine su culpabilidad o no, a través de una sentencia ejecutoriada. Por su parte en el parágrafo III del art. 9 de la Ley 477, refiere que con la presentación de la acusación formal, el proceso se tramitará de acuerdo al procedimiento inmediato para los delitos flagrantes o de investigación concentrada previsto en el 12 Artículo 323º (Actos conclusivos). Cuando el fiscal concluya la investigación:
1. Presentará ante el juez o tribunal de sentencia, la acusación si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado;
2. Requerirá ante el juez de la instrucción, la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación;
3. Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación.
En los casos previstos en los numerales 1) y 2) remitirá al juez o tribunal las actuaciones y evidencias.
13Artículo 325. (PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTO CONCLUSIVO I. Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la o el Juez de Instrucción dentro el plazo de veinticuatro (24) horas previo al sorteo, a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos, remitirá los antecedentes a la jueza o juez o tribunal de sentencia, bajo responsabilidad.
II. En caso de presentarse requerimiento conclusivo para la aplicación de salidas alternativas, la o el Juez deberá resolver sin necesidad de audiencia los criterios de oportunidad, siempre que se hubieran presentado los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes de solicitadas; cuando se hubiera requerido la aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación, deberá resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro de los diez (10) días siguientes.
III. En caso de que el imputado guarde detención preventiva, el plazo máximo será de cinco (5) días para la señalización de la audiencia, bajo responsabilidad.
IV. En los casos establecidos en los Parágrafos II y III del presente Artículo, la audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, bajo responsabilidad de los servidores judiciales encargados de la notificación, la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante”. 14 (Procedencia). En la resolución de imputación formal, el fiscal podrá solicitar a! juez de instrucción la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes conforme a las normas del presente Título, cuando el imputado sea sorprendido o aprehendido en la comisión de un delito en flagrancia. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo será posible si todos se encuentran en la situación prevista en el párrafo anterior y estén implicados en el mismo hecho. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumularán al procedimiento inmediato por flagrancia.
art. 393 Bis. del CPP; es decir, cuando el imputado sea sorprendido o aprehendido en flagrancia. En ese marco, el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI-SUR de la Capital del departamento de Cochabamba, autoridad accionante, señaló como cargo de inconstitucionalidad, el hecho de que al aplicarse el artículo observado tal como se encuentra redactado, expondría a los imputados a un trato discriminatorio respecto a otros que se hallen sometidos a las mismas circunstancias, en caso de flagrancia en la comisión de un delito, sin poder ejercer en las mismas condiciones su derecho a la defensa. En el caso, en el test de igualdad, ya se estableció que a la persona a la cual se le procesa por la presunta comisión del delito de avasallamiento en un proceso agroambiental, en comparación a aquel procesado en la vía penal, éste tendría la posibilidad de defenderse en todas sus fases, pero en la vía agroambiental estaría impedido de acceder a todas las fases o facultades que les correspondería a los imputados por el mismo delito de avasallamiento desde la etapa preparatoria, hasta la audiencia de imputación formal, actuado en el cual la autoridad judicial decide sobre la autorización del procedimiento inmediato; es decir, estaría sometido a un proceso más restrictivo que aquel a quien se le procesa en la jurisdicción ordinaria penal, ahí radicaría la desigualdad en el tratamiento, pues existiría un trato diferenciado a las personas denunciadas por avasallamiento que restringiría sus derechos fundamentales, en relación a las normas de procedimiento generales. De ello, se establece que para la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes (art. 393 Bis. del CPP) es necesaria la solicitud al Fiscal del caso en la imputación formal (art. 301.I 302 del CPP), aspecto necesario en previsión del debido proceso; y en el caso, no se condiciona la aplicación de lo señalado; es decir, cuando se presenta la acusación producto de la sentencia ejecutoriada de acuerdo al art. 9.III de la Ley 477, que como se determinó de manera precedente, de aplicarse resultaría lesiva al debido proceso en el caso de otros delitos en los que no exista flagrancia, y no se aplicaría la imputación formal tal cual lo previenen en el ámbito penal los arts. 301.I 302 del CPP, que es lo que debería proceder; es decir, condicionando su defensa a la presentación de una acusación y no así a una imputación. En ese marco, frente a la práctica creciente del delito de avasallamiento y con la finalidad de evitar dicho accionar reprochable se emitió la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, que establece como objeto en su art. 1, un régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras, y modificar el Código Penal incorporando nuevos tipos penales contra esa práctica, tanto en el área urbana como rural; en su art. 2, previene precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones; en su art. 3 se señala su conceptualización como invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales; en su art. 4 establece las autoridades competentes, señalando a los juzgados agroambientales y juzgados en materia penal; señalando en el art. 5, el procedimiento de desalojo, previendo que en la jurisdicción agroambiental la demanda puede presentarse por el afectado, acreditando el derecho propietario y una relación sucinta de los hechos, demanda que será admitida por la autoridad agroambiental en el día, y en el plazo de veinticuatro horas señalará día y hora para desarrollar la audiencia de inspección ocular y notificación a los demandados. La audiencia se realizará en el plazo máximo de veinticuatro horas desde su traslado, contemplando la ampliación de plazos por la distancia. También prevé en el citado artículo los casos de desalojo voluntario en los cuales no corresponde la acción penal, salvo el caso de tierras fiscales. Que en audiencia, la autoridad agroambiental valorará los antecedentes y en el plazo de tres días dictará la sentencia que declare probada la demanda y dispondrá un plazo para el desalojo voluntario que no excederá noventa y seis horas, pudiendo acudirse a la fuerza pública en caso de no ocurrir el mismo; la sentencia emitida, podrá ser recurrida en casación ante el Tribunal Agroambiental. El procedimiento a aplicarse no limita otras acciones jurisdiccionales o constitucionales, éstas se tramitarán por separado (arts. 6, 7 y 8 de la Ley 477). Por otro lado en la vía penal, el procedimiento a aplicarse en delitos flagrantes de acuerdo al art. 393 Bis. y Ter. del CPP, prevé en cuanto a su procedencia, que:
“Artículo 393 Bis. (PROCEDENCIA). En la resolución de Imputación Formal, la o el Fiscal deberá solicitar a la o el Juez de Instrucción Penal la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, conforme a las normas del presente Título, cuando el imputado sea sorprendido o aprehendido en la comisión de un delito en flagrancia. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo será posible si todos se encuentran en la situación prevista en el párrafo anterior y estén implicados en el mismo hecho. (…) Artículo 393 Ter. (Audiencia).
I. En audiencia oral, la o el Juez de Instrucción Penal escuchará a la o el Fiscal, a la o al imputado y su defensor, a la víctima o al querellante, verifi cará el cumplimiento de las condiciones de procedencia previstas en el Artículo precedente y resolverá sobre la aplicación del procedimiento. Si la o el Juez acepta la aplicación del procedimiento inmediato por flagrancia, en la misma audiencia la o el Fiscal podrá:
1. Solicitar la aplicación de una salida alternativa, incluyendo el procedimiento abreviado cuando concurran los requisitos previstos en este Código;
2. Si requiere realizar actos de investigación o de recuperación de evidencia complementarios, solicitará a la o el Juez, de manera justifi cada, un plazo que no podrá exceder de treinta (30) días. La o el Juez resolverá de manera fundamentada la solicitud del Fiscal, previa intervención de la víctima o querellante y de la defensa;
3. Si considera que cuenta con sufi cientes elementos de convicción, presentará la acusación, ofrecerá y acompañará la prueba en la misma audiencia; 4. El querellante podrá adherirse a la acusación de la o el Fiscal o acusar particularmente en la misma audiencia, ofreciendo y presentando prueba de cargo. La acusación pública, y en su caso la acusación particular, se pondrán en conocimiento del imputado en la misma audiencia, para que en el plazo máximo de cinco (5) días ofrezca y acompañe prueba de descargo. Vencido este plazo, la o el Juez remitirá las actuaciones ante la o el Juez de Sentencia que corresponda. 5. Solicitar la detención preventiva de la o el imputado, cuando concurra alguno de los requisitos establecidos en el Artículo 233 del presente Código, para garantizar su presencia en el juicio. La solicitud no podrá ser denegada por la o el Juez de Instrucción, salvo los casos de improcedencia de la detención preventiva, en los cuales se impondrán medidas sustitutivas a la detención preventiva”. Y tomando en cuenta que en casos de delitos flagrantes; tras el procedimiento descrito, de acuerdo a las previsiones del art. 301.I del CPP, el Fiscal debe:
1. Imputar formalmente el hecho atribuido califi cándolo provisionalmente, si se encuentran reunidos los requisitos legales; 2. Ordenar de manera fundamentada la complementación de las diligencias policiales, fi jando plazo al efecto no mayor a sesenta (60) días, en investigaciones complejas o hechos que se encuentran vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales o existan pericias pendientes, la prórroga del plazo no excederá a ochenta (80) días; y en casos donde exista cooperación internacional o investigación fi nanciera, a ciento veinte (120) días; siendo obligatoria la comunicación de la prórroga a la o el Juez de Instrucción, quien, una vez vencido el término, conminará a la o el Fiscal del caso a través de la o el Fiscal Departamental, para que en el plazo de cinco (5) días emita resolución conclusiva de la investigación preliminar; 3. Disponer el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales y en consecuencia su archivo; y, 4. Solicitar a la o el Juez de Instrucción, la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación”. Y en el caso del art. 302 del CPP, si el Fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada, que deberá contener:
1. Los datos de identifi cación del imputado y de la víctima, o su individualización más precisa; 2. El buzón de notificaciones de ciudadanía digital del imputado, de la víctima y en su caso del querellante; 3. El nombre y buzón de notificaciones de ciudadanía digital de los abogados de las partes; 4. La descripción del hecho o los hechos que se imputan, con indicación de tiempo, modo y lugar de comisión y su calificación provisional; la descripción de los hechos deberá estar exenta de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la relación de los actos de investigación, ni por categorías jurídicas o abstractas; y, 5. La solicitud de medidas cautelares, si procede; tratándose de detención preventiva, además la indicación del plazo de su duración”. Posteriormente, de acuerdo al art. 393 Bis. del CPP, se debe solicitar al Fiscal la aplicación del procedimiento inmediato. De la contrastación del contenido normativo, y de acuerdo a la jurisprudencia constitucional señalada, se establece que en el procedimiento de la jurisdicción agroambiental, en principio se evidencia que de acuerdo a la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras que prevé en su art. 9.II que la sentencia ejecutoriada de la autoridad agroambiental que declara probada la demanda, constituirá la base de la acusación formal para la acción penal; y en su parágrafo III, señala que presentada la acusación formal, el proceso se tramitará conforme al procedimiento inmediato para delitos flagrantes o de investigación concentrada del Código de Procedimiento Penal; que de acuerdo al tenor de lo expuesto por la autoridad accionante, se suprimiría la posibilidad al imputado de ser oído en un audiencia, así como generar pruebas para su defensa, lo que importaría discriminación respecto a otros imputados sometidos a la investigación por el mismo delito. En el caso, resulta evidente que las personas sometidas a la jurisdicción agroambiental, no les es aplicable el trámite de la investigación preparatoria para proceder al estudio de las diligencias preliminares, de acuerdo al art. 300.I de la norma adjetiva penal y la posibilidad de su complementación, así como al estudio de las actuaciones por parte del Fiscal del caso (art. 301.I CPP), a la emisión de la resolución conclusiva y a la posibilidad de la aplicación de salidas alternativas o de la imputación formal, que en el procedimiento de la jurisdicción agroambiental no se halla previsto; así como no se prevé en dicha instancia, la posibilidad de solicitar la ampliación de la investigación hasta los dieciocho meses, tal cual lo prevé el art. 134 del citado Código; también la posibilidad de la aplicación de salidas alternativas; y posteriormente la formalización de la acusación fiscal mediante requerimiento conclusivo presentado al Juez de instrucción penal de acuerdo al art. 325.I del CPP, constituyendo esta contrastación la diferencia de los supuestos de hechos, prevista en la jurisprudencia señalada.
Corresponde señalar que al respecto, no se evidencia si existe una clara, menos suficiente fundamentación jurídico -constitucional, que determine de qué manera la norma demandada de inconstitucionalidad vulnera preceptos; no contando dicha observación con un planteamiento de acuerdo a la previsión contenida en el art. 24.I.4 del CPCo, y la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.6 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; exigencia habilitante para que la justicia constitucional realice el juicio de constitucionalidad, lo que determina su improcedencia. Por lo expuesto, la justicia constitucional, llegó a evidenciar que el término “ACUSACIÓN” contenido en el art. 9.II y III de la Ley 447, sometida a un test de constitucionalidad, no obstante su finalidad y alcance que es el de resguardar, proteger y defender la propiedad de los avasallamientos, resulta contraria al contenido normativo constitucional, decantando que la misma, resulta atentatoria al derecho al debido proceso en su elemento a la defensa y el principio de igualdad; resultando inconstitucional la norma impugnada.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en mérito de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar: 1º La INCONSTITUCIONALIDAD del término “ACUSACIÓN” previsto en el art. 9. II y III de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, por resultar contrario a los arts. 14.III, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado en base a los fundamentos expuestos en su tenor; y, 8.1 y 2 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
En ese orden, al haberse dispuesto la inconstitucionalidad del término “ACUSACIÓN” del art. 9.II y III de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, dicha disposición quedaría inintelegible e inaplicable; por ello, a efectos de otorgar seguridad jurídica, se dispone la inconstitucionalidad de los parágrafos II y III del art. 9 de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras; y,
2º La IMPROCEDENCIA del cargo de inconstitucionalidad respecto al art. 109 de la Norma Suprema de conformidad a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que los Magistrados MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, son de Voto Aclaratorio; asimismo, los Magistrados Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora, René Yván Espada Navía, MSc. Brigida Celia Vargas Barañado y MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, son de Voto Disidente. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA Dr. Petronilo Flores Condori MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO MAGISTRADO Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
1 Respecto a la aplicación de la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional, en tanto no entre en contradicción con los postulados de la actual Constitución, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, expresó: “Del razonamiento expuesto, se infiere que la definición de la jurisdicción por razón de materia a aplicarse sobre las acciones reales de bienes inmuebles cuando se produce el cambio de uso de suelo de propiedad rural a urbana, no puede quedar simplemente librada exclusivamente a lo que dispongan los gobiernos municipales, sino también debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado …“.
2 Respecto a la igualdad como principio la SC 0022/2006 de 18 de abril, expresa: “…el principio de igualdad, cuya proclamación constituye la garantía de no discriminación por razones de ‘raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera’; texto constitucional del cual se extrae una precisa enunciación de las causas por las que no se puede generar discriminación, así como un mandato abierto que proyecta la prohibición de discriminación a un alcance casi absoluto, de tal modo que nadie puede ser discriminado por motivo alguno que no sea justificado”.
3 La igualdad como principio fue expresado en la DC 002/01 de 08 de mayo de 2001.
7 el principio de igualdad, cuya proclamación constituye la garantía de no discriminación por razones de “raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera”; texto constitucional del cual se extrae una precisa enunciación de las causas….”
8 En consecuencia, no toda desigualdad constituye necesariamente, una discriminación, la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida”” (el subrayado es nuestro).
9 En consecuencia, no toda desigualdad constituye necesariamente, una discriminación, la igualdad sólo se viola si la desigualdad esta desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida» (las negrillas corresponden al texto original).
10 luego de seguir el test de igualdad precedente, se concluye que las normas contenidas en los art. 3-h), 66 y 150 CPT no son contrarias al principio de igualdad que consagra el art. 6 CPE, sino que son el reflejo del carácter protector y de tutela que tiene el Derecho Laboral, que surgió ante la necesidad de proteger en forma especial a los trabajadores, situados en desventaja frente a los empleadores, aspecto que no es menos evidente en materia procesal, por cuanto en la realidad del país, en un gran número de relaciones laborales el contrato de trabajo se celebra en forma verbal, y los escasos documentos que podrían acreditar la existencia de esa relación, su duración, remuneración, desarrollo, conclusión y otros extremos, quedan en manos del empleador, sin que el trabajador pueda tener acceso a ellos, de lo que se infiere que, ante la inexistencia de una disposición que establezca la inversión de la prueba, los atropellos y el desconocimiento de los derechos laborales sería constante porque los interesados no tendrían posibilidad de acreditar sus reclamos para que se dé lugar a sus pretensiones en instancia judicial. Ese es el motivo fundante del principio de inversión de la prueba, que lejos de ser discriminatorio contra el empleador, reconoce una diferencia que no puede ser ignorada por el ordenamiento jurídico.
11 III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0078_2023.pdf · páginas 1 a 38.
Huella digital del PDF (SHA-256): 35fe3dde7fc0f6479480ca8eaef7c7c7ce20846ecd3b43264793cfcb6c2cdb17
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