B.IA.LEGAL

SCP 0065/2025

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 28 de octubre de 2025

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
28 de octubre de 2025
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
64521-2024-130-CCJ
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Derechos de personas en situación de vulnerabilidad

Qué se discutió

Conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Carlos Hilarión Chávez, Presidente del Consejo Amawtico Mayor de Justicia de la Nación Qhara Qhara y la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta -en suplencia legal de su similar Octava-, todos del departamento de Chuquisaca, respecto al conocimiento y resolución de los hechos que derivaron en el inicio del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rufina Cruz Huanca de Serrano contra Anastasio Serrano Quispe, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, argumentando la autoridad indígena que dentro del presente caso, al ser ambas partes (tanto a víctima como el denunciado) miembros del Ayllu Tomoroco Bajo y Ayllu Collana de la Nación Qhara Qhara, y que los hechos se dieron dentro de su territorio indígena y que no se trata de un delito de violación, sino de un tema de adulterio, se cumplen con los ámbitos de vigencia establecidos por la ley de deslinde para que la JIOC conozca y resuelva este conflicto conforme sus usos y costumbres. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver el referido conflicto competencial.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 1º Declarar COMPETENTE al Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, en razón a que la causa penal se encuentra radicada en dicho Tribunal con acusación formal; y,

2º Disponer la reanudación del proceso penal al encontrarse en etapa de juicio oral, público, continuo y contradictorio.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina
  2. III.2. Del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación en el contexto interno e internacional, vinculado con su derecho a elegir la jurisdicción para la tramitación de sus denuncias
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0065/2025 Sucre, 28 de octubre de 2025 SALA PLENA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 64521-2024-130-CCJ Departamento: Chuquisaca En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Carlos Hilarión Chávez, Presidente del Consejo Amawtico Mayor de Justicia de la Nación Qhara Qhara; y, la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta -en suplencia legal de su similar Octava-, todos del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

III.1. Contenido de la solicitud de la autoridad indígena originaria campesina

Por memorial, presentado el 21 de mayo de 2024, cursante de fs. 126 a 136, Carlos Hilarión Chávez, Presidente del Consejo Amawtico Mayor de Justicia de la Nación Qhara Qhara, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta -en suplencia legal de su similar Octava-, que se inhiba del conocimiento del proceso penal, signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 101102012304058 y decline competencia a favor de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC). Argumentando que, el 13 de diciembre de 2023, a las 20:00 horas aproximadamente "...saliendo de su Domicilio con la condición del Baño se encuentra con el señor Anastasio Serrano Quispe, toma de su Brazo para jalar al lugar de Pasto Pampa. Casa Abandonada de la señora Eustaquia Quispe de Cruz quien paz descanse. Donde sucedió el Acción Con el Cuñado, se hacen encontrar con la Esposa del Agresor. Lucia Huanca Cruz Después del Acción esto consta a la señora Lucia Huanca Cruz todo ha sido con el Consentimiento. Y después estaban en la Charla hay lo intervino la Esposa del Agresor, Posteriormente 14/12/2023 pone la denuncia ante el ministerio público con el delito de VIOLACION. Las y los Autoridades Originarias Nunca se descuidaron de este proceso consta los Citaciones en la fecha 21/01/2024 por falta de la víctima se suspende para la fecha 27/01/2024. La señora Victima no se presentó AURA DESPUES DE INFRACCION, de ADULTERIO, Recurren a la Justicia Ordinaria Esquivándose por no cumplir las determinaciones de la jurisdicción Indígena Originaria Campesina siendo tercera Edades Con esta nos demuestran, la Justicia ORDINARIA ES UTIL para los Infractores y Vivillos Cual sea la Edad..." (sic). Asimismo, sostiene que, por el derecho a la libre determinación y a la administración de justicia propia de los Ayllus originarios de las Marcas Quila Quila, Watha, Payacollo San Lucas, Presto, Poroma, Zudáñez, Yampara y otros, todos de la Nación Qhara Qhara del departamento de Chuquisaca, cualquier caso jurídico debe sustanciarse en su territorio, conforme a lo determinado por la SCP 0874/2014 de 12 de mayo. En ese contexto, la JIOC en atención a los ámbitos de vigencia personal, territorial y material tiene competencia para conocer y resolver los hechos, así como los asuntos que siempre resolvieron y que consideren pertinentes, independientemente de ser leves o graves, penales o civiles; de tal forma "…es importante eviar una reducción externa de los asuntos que pueden conocer por que se ingresa en un quiebre de los postulados constitucionales y los previstos en el bloque de constitucionalidad" (sic). El Consejo Mayor de Justicia, en el marco de las normas internacionales y la Constitución Política del Estado, tiene todo el derecho y la obligación moral, así como ancestral de aplicar y administrar la justicia correspondiente a cada comunidad indígena, resolviendo sus conflictos jurídicos en respeto y acatamiento de sus propias normas, reglas, principios, valores, cosmovisión y cultura, legítima y legalmente consagrados en el ordenamiento jurídico vigente; haciéndolos respetar en todas las instancias que corresponda y sin que las instituciones estatales, judiciales y administrativas obstaculicen y se inmiscuyan en asuntos jurídicos en territorios indígenas, precautelando la vida, existencia y armonía de su territorio. La "comunidad" establece las responsabilidades para sus habitantes, ya sean nacidos o asentados (incluso de personas foráneas que realicen un acto jurídico dentro del territorio comunal), tal como avala la normativa internacional como la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.

III.2. Resolución de la autoridad jurisdicción ordinaria

A través del Auto Interlocutorio 26/2024 de 28 de mayo, cursante de fs. 147 a 150, la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta -en suplencia legal de su similar Octava- del departamento de Chuquisaca, rechazó el conflicto de competencias jurisdiccionales, con base a los siguientes fundamentos:

a) Conforme a los antecedentes del caso, se tiene que el Ministerio Público presentó requerimiento de imputación formal contra Anastacio Serrano Quispe, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, previsto y sancionado por los arts. 308 con relación al art. 310 incisos j) y m) del Código Penal (CP); b) En cuanto al ámbito de vigencia personal, se establece que en el caso en análisis tanto la víctima, Rufina Cruz Huanca, como el imputado, Anastasio Serrano Quispe, corresponden al Ayllu Tomoroco Bajo y Ayllu Collana de la Nación Qhara Qhara del citado departamento, cumpliendo así con el art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-; c) Respecto al ámbito de vigencia territorial, se determina que en este caso, la imputación formal presentada por el Ministerio Público, se originó por un presunto hecho de agresión sexual al interior de la comunidad Qhara Qhara, en cercanías del domicilio de la víctima -se refiere a Rufina Cruz Huanca de Serrano-, quien además es una persona de la tercera edad; en ese sentido, se advierte que conforme a parámetros constitucionales establecidos en la "SC 03/2018-S2" se concluye que se cumple con este ámbito de vigencia establecido en el art. 11 de la referida Ley; d) Con relación al ámbito de vigencia material, el art. 10 de la mencionada Ley, expresa que la JIOC conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes de acuerdo a su libre determinación; sin embargo, dicho ámbito no alcanza a materia penal en los delitos de violación, entre otros; es así que, conforme a dicho precepto legal, existe una prohibición expresa, la cual limita a las autoridades de la JIOC tramitar ese tipo de delitos; si bien, dentro del proceso penal de referencia se hizo mención de que se trataría de presuntos hechos de adulterio; empero, por la lectura y análisis efectuado a la imputación formal presentada por el Ministerio Público, se tiene que existió acceso carnal o agresiones sexuales contra la voluntad de la víctima, aspectos que están siendo investigados a la fecha; asimismo, se debe tomar en cuenta que el presente caso trata de una mujer indígena de la tercera edad, existiendo una triple vulnerabilidad con relación a esa persona, debiendo aplicarse un enfoque interseccional, el cual se constituye en una herramienta para analizar la vulneración de derechos, en especial con relación a la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas; motivo por el cual, no se advierte la concurrencia del ámbito de vigencia material conforme a los fundamentos expuestos en función al art. 10.II inc. a) de la LDJ.

I.3. Admisión y notificaciones

La Comisión de Admisión de este Tribunal, mediante AC 0255/2024-CA de 12 de junio, cursante de fs. 206 a 211, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Carlos Hilarión Chávez, Presidente y Máximo Moreno Chintari, Vicepresidente, ambos del Consejo Amawtico Mayor de Justicia de la Nación Qhara Qhara; y, la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta -en suplencia legal de su similar Octava-, todos del departamento de Chuquisaca.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Decreto Constitucional de 22 de agosto de 2025, cursante a fs. 231, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, solicitó Informe a la Unidad de Unificación y Jurisprudencia; por lo que, suspendió el plazo para la emisión de esta Resolución, reanudándose el mismo a partir de la notificación con el Decreto Constitucional de 20 de octubre de similar año, por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Memorial de inicio de investigación requerimiento conclusivo de acusación formal, presentado el 2 de septiembre de 2024, por el Fiscal de Materia III, de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rufina Cruz Huanca de Serrano -víctima- contra Anastasio Serrano Quispe, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, en el que se acusó formalmente ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Octava de la Capital del departamento de Chuquisaca: Anastasio Serrano Quispe, por la presunta comisión del citado ilícito; escrito que por proveído de 5 de igual mes y año, fue radicado en el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la mencionada Capital y departamento (fs. 161 a 166 vta.; y 171). II.2. Mediante memorial presentado el 21 de mayo de 2024, Carlos Hilarión Chávez, Presidente del Consejo Amawtico Mayor de Justicia de la Nación Qhara Qhara, formuló conflicto de competencias jurisdiccionales entre la JIOC y la ordinaria, ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca (fs. 126 a 136). II.3. A través del Auto Interlocutorio 26/2024 de 28 de mayo, la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca -en suplencia legal de su similar Octava-, rechazó el conflicto de competencias (fs. 147 a 150).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Carlos Hilarión Chávez, Presidente del Consejo Amawtico Mayor de Justicia de la Nación Qhara Qhara y la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta -en suplencia legal de su similar Octava-, todos del departamento de Chuquisaca, respecto al conocimiento y resolución de los hechos que derivaron en el inicio del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rufina Cruz Huanca de Serrano contra Anastasio Serrano Quispe, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, argumentando la autoridad indígena que dentro del presente caso, al ser ambas partes (tanto a víctima como el denunciado) miembros del Ayllu Tomoroco Bajo y Ayllu Collana de la Nación Qhara Qhara, y que los hechos se dieron dentro de su territorio indígena y que no se trata de un delito de violación, sino de un tema de adulterio, se cumplen con los ámbitos de vigencia establecidos por la ley de deslinde para que la JIOC conozca y resuelva este conflicto conforme sus usos y costumbres. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver el referido conflicto competencial.

III.1. El conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina

Sobre esta temática, la misma SCP 0095/2024, citando esta vez a la SCP 0023/2018 de 26 de junio, sostuvo que: “La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades…'. Este artículo, en su parágrafo segundo dispone que la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía, por lo que ninguna de ellas podrá asumir la facultad de revisar lo resuelto por la otra. Ahora bien, ante la existencia de un conflicto de competencias entre ambas jurisdicciones, el art. 202.11 de la CPE faculta al Tribunal Constitucional Plurinacional para conocer: ‘Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’. Producido que fuera un conflicto de esa naturaleza, la autoridad que considere que se usurpa su competencia ‘…solicitará que ésta última se aparte de su conocimiento’ y ‘Si la autoridad requerida rechaza la solicitud o no se manifiesta en el plazo de los siete días subsiguientes, a partir de la petición de la autoridad demandante, ésta se encontrará facultada para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (art. 102.I y II del CPCo)’”. Cumplido el trámite anterior, corresponderá a este Tribunal establecer la concurrencia de los ámbitos de vigencia para la aplicación de la JIOC, en virtud a las previsiones del art. 191 de la CPE y el art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), Ley 073 de 29 de diciembre de 2010, para lo cual la SCP 0026/2013 de 4 de enero, desarrolló los siguientes criterios: «“III.2.1. Ámbito de vigencia personal El art. 30.I de la CPE, precisa: “Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”, por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental , hace referencia a dos elementos a considerar que son: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…” y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: “La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”. En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: “Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: “Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos”, de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a: 1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: “…debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…”, aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas por las necesidades económico - sociales en nuestro país. 2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo “particular” que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: “La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”. 3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE.

III.2.2. Ámbito de vigencia territorial

Respecto al ámbito territorial, el art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), señala que: “El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley”, lo que sin duda busca preservar la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas entendida en la SC 0287/99-R de 28 de octubre de 1999, como: "…condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio". Ahora bien, dicha norma, también debe interpretarse en el marco del art. 191.II.3 de la CPE, que refiere: “Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”, es decir: i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales. ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación.

III.2.3. Ámbito de vigencia material

Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: “…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional”, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un “asunto” de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto”».

III.2. Del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación en el contexto interno e internacional, vinculado con su derecho a elegir la jurisdicción para la tramitación de sus denuncias

Este Tribunal, en sus reiterados fallos ha sido constante en resaltar la importancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como un derecho cuya lesión, menoscabo o riesgo, es lo suficientemente grave para generar respuestas concretas e inmediatas por parte del Estado.

La violencia contra la mujer o violencia de género, se presenta como un reflejo de grosera desigualdad en nuestra sociedad, basada en la distribución de roles sociales que transcienden históricamente según el espacio en el que se produzca, pudiendo ser el ámbito doméstico, laboral, político u otro; por lo que, la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia que se produce en el seno familiar, no es una cuestión que deba ser resuelta entre los miembros de esta, por la trascendencia y connotación social que adquiere como un hecho execrable y que amerita el repudio de la sociedad y del Estado en todos sus niveles.

Al respecto, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/104 del 20 de diciembre de 1993, establece en su Prólogo que: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, la indicada Declaración reconoce que esta clase de violencia: “…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”.

Según el art. 1 de la indicada Declaración, se entiende por violencia contra la mujer “…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. En el marco del indicado instrumento de derechos humanos, todo Estado parte, por una lado, debe identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos, y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.

Dichos elementos fueron advertidos por el Constituyente boliviano en la vigente Constitución de 2009, lo que se advierte del catálogo de derechos establecidos en el art. 15 de la CPE, cuya disposición señala:

“I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…).

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad;

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…)”.

En ese sentido, el reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna de las mujeres, no podría ser efectivo en un escenario en el que perviva o se tolere la violencia, lo cual justifica de parte del Estado acciones positivas -medidas legislativas, administrativas o judiciales, entre otras-, que enfrenten dicho problema, con el objeto de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.

Concordante, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), dotando de contenido al deber estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, con perspectiva de género, en su art. 9 establece: “…los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

Asimismo, la decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), en el caso LC Vs. Perú -octubre 2011-basado en la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el citado Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

En ese sentido, una de las pautas que guían a la justicia constitucional en su labor de protección de los derechos fundamentales es el principio de interpretación conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional sino también de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, a partir de lo previsto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los tratados internacionales en derechos humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.

Bajo esa línea, el CEDAW, como Órgano del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre la Violencia Contra la Mujer-; instrumento que afirma, en cuanto al deber de la debida diligencia, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

Por otra parte, el CEDAW emitió también la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Lo señalado guarda absoluta coherencia con la Convención de Belém do Pará como parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de: “b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (…) c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…)”; norma que al haber sido ratificada por el Estado boliviano, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, es de cumplimiento obligatorio por este, consiguientemente, el deber de la debida diligencia también es parte de tal obligación.

En ese sentido, es evidente que la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al Estado, el que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que, por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.

Esta problemática es abordada por la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; que, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asuma como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.

La declaratoria de prioridad nacional implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348, que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETAs). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.

En cuanto al deber de protección a las víctimas, el CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7, establece que los Estados tienen el deber de: “d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…)” (las negrillas son agregadas).

Respecto al deber de sensibilidad del sistema de justicia por cuestiones de género -perspectiva de género-, el CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que las víctimas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de iure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que, los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

Por otra parte, en la citada Recomendación General 33, sobre los sistemas de justicia plurales y el acceso a la justicia de las mujeres, observa que las leyes, los reglamentos, los procedimientos y las decisiones del Estado pueden a veces coexistir dentro de un Estado parte determinado, que tiene leyes y prácticas religiosas, consuetudinarias, indígenas o comunitarias.

En vista de la importancia fundamental del acceso de las mujeres a la justicia, el CEDAW recomienda que, en cooperación con entidades no estatales, los Estados Partes, aseguren que las mujeres puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían que se tramitaran sus reclamaciones.

Es así que, en aplicación de la indicada recomendación y considerando el sistema de justicia plural que tiene el Estado boliviano, que incluye la coexistencia de diversas jurisdicciones (ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y otras jurisdicciones especiales creadas por ley), cuando se tratan de hechos de violencia y discriminación contra las mujeres, estas tienen el derecho de elegir la jurisdicción donde deba tramitarse y resolverse su reclamación, ello como una forma de materializar el acceso a la justicia de manera inmediata y oportuna; lo que no significa desconocer la competencia que tiene desde la jurisdicción indígena originaria campesina sobre los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conoció bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación; exceptuando, los casos de violaciones y feminicidios que le corresponden en su conocimiento, a la jurisdicción ordinaria, por imperio de lo previsto por el art. 10 de la LDJ.

En este mismo sentido, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional emitió las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0026/2025, 0049/2024, 0048/2024, 0013/2024, ente otras.

III.3. Análisis del caso concreto

Previamente a ingresar al análisis de fondo del presente conflicto de competencias jurisdiccionales, que emergió de la causa penal seguida por el Ministerio Público a denuncia de Rufina Cruz Huanca de Serrano contra Anastacio Serrano Quispe, por la presunta comisión del delito de violación con agravante, mismo que se encuentra con acusación formal (Conclusión II.1); lo que, en aplicación de la SCP 0036/2023 de 24 de mayo, permite su estudio -al no encontrarse con sentencia ejecutoriada-.

Hecha la aclaración, la problemática planteada dentro del conflicto de competencias jurisdiccionales tiene por objeto abrir el control competencial de constitucionalidad, para dirimir el conflicto de competencias suscitado entre Carlos Hilarión Chávez, Presidente del Consejo Amawtico Mayor de Justicia de la Nación Qhara Qhara; y, la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta -en suplencia legal de su similar Octava-, todos del departamento de Chuquisaca, respecto al conocimiento y resolución de los hechos que derivaron en el inicio del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rufina Cruz Huanca de Serrano contra Anastasio Serrano Quispe, por la presunta comisión del delito de violación con agravante. Dicho reclamó se sustenta en que, a criterio de la autoridad de la JIOC posee competencia para conocer y resolver la referida causa; toda vez que, se cumplen los ámbitos de vigencia personal, territorial y material, ya que sus asuntos siempre se resolvieron y que consideran pertinentes, independientemente de ser leves o graves, penales o civiles; en razón a que, el hecho suscitado el 13 de diciembre de 2023 a las 20:00 aproximadamente, se trataría de un supuesto adulterio presuntamente realizado por Rufina Cruz Huanca de Serrano -victima en el proceso penal-sosteniendo que: “…saliendo de su Domicilio con la condición del Baño se encuentra con el señor Anastasio Serrano Quispe, toma de su Brazo para jalar al lugar de Pasto Pampa. Casa Abandonada de la señora Eustaquia Quispe de Cruz quien paz descanse. Donde sucedió el Acción Con el Cuñado, se hacen encontrar con la Esposa del Agresor. Lucia Huanca Cruz Después del Acción esto consta a la señora Lucia Huanca Cruz todo ha sido con el Consentimiento...” (sic); como autoridad sostiene que no se descuidó, porque emitió citaciones de fechas 21 y 27 de enero de 2024; sin embargo, la víctima en el proceso penal no se presentó, al contrario, presentó denuncia -14 de diciembre de 2023- ante el Ministerio Público por el supuesto delito de violación. Ahora bien, con base en los argumentos coincidentes de las autoridades de ambas jurisdicciones se concluye que, a raíz de la denuncia formulada por Rufina Cruz Huanca de Serrano en la jurisdicción ordinaria, se inició un proceso penal contra Anastacio Serrano Quispe, presunto agresor de esta, calificándose el supuesto hecho como violación agravada -arts. 308 con relación al 310 incisos j) y m) del CP-, encontrándose el estado de la causa con acusación formal. Con todos esos antecedentes, la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta -en suplencia legal de su similar Octava- del departamento de Chuquisaca, por Auto Interlocutorio 26/2024 de 28 de mayo, rechazó el conflicto de competencias jurisdiccionales, con base a los siguientes fundamentos: 1) En cuanto al ámbito de vigencia personal, se establece que en el caso en análisis la víctima y el imputado corresponden al Ayllu Tomoroco Bajo y Ayllu Collana de la Nación Qhara Qhara del citado departamento, cumpliendo así con el art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional LDJ; 2) Respecto al ámbito de vigencia territorial, se determina que en este caso, la imputación formal presentada por el Ministerio Público, se originó por un presunto hecho de agresión sexual al interior de la comunidad Qhara Qhara; en cercanías del domicilio de la víctima -se refiere a Rufina Cruz Huanca-, quien además, es una persona de la tercera edad; en ese sentido, se advierte que conforme a parámetros constitucionales establecidos en la "SC 03/2018-S2" se concluye que se cumple con este ámbito de vigencia establecido en el art. 11 de la referida Ley; 3) Con relación al ámbito de vigencia material, el art. 10 de la mencionada Ley, expresa que la JIOC conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes de acuerdo a su libre determinación; sin embargo, dicho ámbito no alcanza a materia penal en los delitos de violación, entre otros; es así que, conforme a dicho precepto legal, existe una prohibición expresa, la cual limita a las autoridades de la JIOC tramitar ese tipo de delitos; si bien, dentro del proceso penal de referencia se hizo mención de que se trataría de presuntos hechos de adulterio; empero, por la lectura y análisis efectuado a la imputación formal presentada por el Ministerio Público, se tiene que existió acceso carnal o agresiones sexuales contra la voluntad de la víctima, aspectos que están siendo investigados a la fecha; asimismo, se debe tomar en cuenta que el presente caso trata de una mujer indígena de la tercera edad, existiendo una triple vulnerabilidad con relación a esa persona, debiendo aplicarse un enfoque interseccional, el cual se constituye en una herramienta para analizar la vulneración de derechos, en especial con relación a la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas; motivo por el cual, no se advierte la concurrencia del ámbito de vigencia material conforme a los fundamentos expuestos en función al art. 10.II inc. a) de la LDJ. En este contexto, conforme a los antecedentes descritos, tanto la autoridad de la JIOC, como la autoridad de la jurisdicción ordinaria, consideran que son competentes para conocer y resolver el hecho denunciado por Rufina Cruz Huanca de Serrano contra Anastacio Serrano Quispe, suscitándose así la presente controversia, la cual debe resolverse en el marco del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que estableció que el conflicto de competencias jurisdiccionales, se constituye en el mecanismo idóneo para determinar la competencia de las jurisdicciones debidamente reconocidas en la Norma Suprema, en un caso concreto; de tal manera que, el hecho sea conocido y juzgado por el juez natural correspondiente, acorde a las reglas del debido proceso, corresponde en el caso dilucidar dicha problemática, conforme lo dispuesto en el art. 202.11 de la CPE. A dicho efecto, y en el marco de lo señalado en el art. 191.II de la CPE y lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; que establece que, para dirimir la controversia competencial suscitada entre las JIOC y la jurisdicción ordinaria, deben concurrir de manera obligatoria y simultánea los ámbitos de vigencia personal, material y territorial; dado que, la ausencia de uno de los elementos impide a la JIOC el ejercicio de dicha jurisdicción en un caso concreto, se procede a verificar la concurrencia de los mismos, aclarando que la inconcurrencia de uno de los ámbitos de vigencia, hace innecesario el análisis del o los restantes. Respecto al ámbito de vigencia material

Sobre este requisito, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente resolución, en el marco de lo dispuesto en el art. 191.II.2 de la CPE, ha establecido que la interpretación de los requisitos contenidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional debe efectuarse de tal manera que, cualquier medida que restrinja el ejercicio de la JIOC sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional en concordancia con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, de donde resulte que la exclusión de un asunto de su pretendida competencia, en respeto de su igualdad jurídica respecto a las otras jurisdicciones reconocidas en la Norma Suprema, busque de manera evidente y clara proteger un bien jurídico de acuerdo a las particularidades del caso concreto; pues, si bien la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece determinadas materias, que no serían ejercidas por la JIOC, no es menos cierto que las comunidades indígena originario campesinas han venido conociendo desde la antigüedad controversias surgidas en la misma como por ejemplo la violencia contra la mujer. En tal sentido, el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ha desarrollado el marco normativo interno e internacional sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación, haciendo especial hincapié en la Recomendación General 33 de la CEDAW, que refiriéndose a los sistemas de justicia plurales de los Estados miembros, observó que las leyes, los reglamentos, los procedimientos y las decisiones del Estado, pueden coexistir con prácticas religiosas, consuetudinarias, indígenas o comunitarias; sin embargo, en vista de la importancia fundamental del acceso de las mujeres a la justicia, recomienda que los Estados Partes aseguren que estas puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales en los que preferirían que sean atendidas sus denuncias, máxime si estas están vinculadas con violencia en razón de género, catalogado como un hecho social que trasciende el ámbito privado y se convierte en un asunto de Estado, a quien se le exige acciones concretas para prevenirla y sancionarla. Bajo las premisas anotadas y luego del abordaje constitucional sobre la problemática que converge en determinar la jurisdicción competente, a partir del análisis de la concurrencia o no del ámbito de vigencia material de la JIOC, se advierte en el caso en análisis, Rufina Cruz Huanca de Serrano, en su condición de víctima, interpuso denuncia ante el Ministerio Público contra Anastacio Serrano Quispe por la presunta comisión del delito de violación agravada, previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 incisos j) -la víctima sea mayor de sesenta años- y m) -el autor hubiera cometido el hecho en más de una oportunidad en contra la víctima- del Código Penal (CP), sustanciada por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, motivo que generó el reclamó de la competencia por parte de la JIOC.

Conforme a lo previamente detallado, este Tribunal evidencia que Rufina Cruz Huanca de Serrano como mujer presuntamente víctima de un hecho de violencia de naturaleza sexual, eligió la jurisdicción ordinaria y con ello su ordenamiento jurídico para el conocimiento y resolución de su denuncia; más aún, si la JIOC no puede conocer y resolver casos y/o hechos relacionados a delitos de violación, incurriéndose así en la previsión establecida en el art. 10.II. inc. a) de la LDJ; por un razonamiento en contrario sensu, de haberlo considerado y decidido, habría acudido ante las autoridades de la JIOC para dicho fin, pero de haberlo hecho, no existe evidencia alguna en el expediente constitucional que así lo demuestre. Por lo anotado, no concurre en el caso de análisis, el ámbito de vigencia material para el ejercicio de la JIOC, conforme advirtió también la autoridad de la jurisdicción ordinaria a tiempo de rechazar la solicitud de declinatoria de competencia. Cabe señalar entonces que, al haberse establecido el incumplimiento de este ámbito de vigencia, resulta innecesario que este Tribunal ingrese a verificar la concurrencia de los demás ámbitos de vigencia, para que la JIOC ejerza competencia en el caso reclamado; tomando en cuenta que, los tres ámbitos de vigencia deben concurrir de manera simultánea y obligatoria. Por otro lado, y conforme se advirtió precedentemente que la causa penal objeto de controversia competencial se encuentra con acusación formal y que la misma está radicada en el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, toda vez que, por Auto Interlocutorio 179/2024 de 18 de octubre (fs. 223 a 225), dispusieron la suspensión del proceso en razón al AC 0255/2024-CA; consiguientemente, se concluye que, en el presente caso, la competencia del citado Tribunal de Sentencia para conocer, tramitar y resolver -en juicio oral, público, continuo y contradictorio-el proceso penal seguido por Rufina Cruz Huanca de Serrano contra Anastacio Serrano Quispe, por el presunto delito de violación agravada.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 1º Declarar COMPETENTE al Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca, en razón a que la causa penal se encuentra radicada en dicho Tribunal con acusación formal; y,

2º Disponer la reanudación del proceso penal al encontrarse en etapa de juicio oral, público, continuo y contradictorio. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada Dra. Amalia Laura Villca es de Voto Aclaratorio.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. Msc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0065_2025.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 544c131eb49a4341c8eddd6999df6a5d84b761e9e6670cd17af39850827510d1

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