Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 12 de septiembre de 2023
Define la competencia
Como consecuencia del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rocío Jurado Rueda contra Saúl Luis Sensano, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; Indalencio Zambrana Abapori, Capitán Grande de la Zona Iupaguasu y representante legal del Territorio Indígena Colectivo, Jurisdicción Municipal de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, solicitó a la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del mismo departamento, decline competencia a la JIOC y se aparte del conocimiento de la causa penal, que fue rechazada por dicha autoridad jurisdiccional a través del Auto 17/22 de 28 de junio de 2022. En revisión, corresponde verificar cuál de las referidas autoridades es competente para conocer y resolver la referida causa.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la CPE y 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: declarar COMPETENTE a la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, para conocer el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rocío Jurado Rueda contra Saúl Luis Sensano.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2023 Sucre, 12 de septiembre de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 48780-2022-98-CCJ Departamento: Santa Cruz En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Indalencio Zambrana Abapori, Capitán Grande de la Zona Iupaguasu y representante legal del Territorio Indígena Colectivo, Jurisdicción Municipal de Lagunillas del departamento de Santa Cruz y la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del mismo departamento.
Por memorial presentado el 17 de junio de 2022, cursante de fs. 158 a 164 vta., Indalencio Zambrana Abapori, Capitán Grande de la Zona Iupaguasu y representante legal del Territorio Indígena Colectivo, Jurisdicción Municipal de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, solicitó a la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del mismo departamento, decline competencia respecto del proceso penal seguido por Rocío Jurado Rueda contra Saúl Luis Sensano, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, manifestando que el 18 de enero de igual año a horas 21:00, al interior de la comunidad Irenda, perteneciente a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Iupaguasu, municipio de Lagunillas, se presentó un conflicto familiar entre los comunarios Rocío Jurado Rueda, Saúl Luis Sensano y Perfecto Rúa, siendo este último quien le hubiere confesado al segundo de los nombrados haber mantenido una relación extramatrimonial en varias ocasiones con la primera de las mencionadas, hecho por el que invadido de emoción violenta dentro de su domicilio conyugal reclamó a la esposa su mal comportamiento, discusión que culminó con agresiones verbales y físicas que fueron reportados a la “…Defensoría-Slim de Lagunillas…” (sic) del departamento de Santa Cruz y a la “jurisdicción” policial para su intervención directa. El 19 de enero de 2022, Rocío Jurado Rueda, presentó denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la ciudad de Camiri del departamento de Santa Cruz, procediendo al arresto policial de Saúl Luis Sensano y levantamiento de diligencias preliminares bajo la dirección del Ministerio Público, realizándose al efecto los exámenes médicos, psicológicos y sociales de la referida denunciante, como recepción de las respectivas declaraciones informativas en calidad de denunciado, quien se acogió a su derecho de guardar silencio. Es así que, en la misma fecha el Fiscal de Materia asignado al caso dispuso la aprehensión del inculpado, Saúl Luis Sensano, además de emitir Resolución de Medidas de Protección a favor de la denunciante, informando a la autoridad jurisdiccional el inicio de la investigación; autoridad que, dispuso la detención preventiva del prenombrado como medida cautelar de carácter personal, de la que solicitó su cesación después de cuatro meses, que fue concedida el 19 de mayo de ese año, imponiéndole medidas sustitutivas. Referidos los antecedentes, al estar demostrado que el hecho ocurrió en la comunidad indígena de Irenda perteneciente a la TCO Iupaguasu, corresponde el conocimiento de los hechos a la Justicia Indígena Originario Campesina (JIOC), conforme disponen los arts. 2, 179.I, 190.I y II; y, 191.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 7 y 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ); 5, 6 y 159 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); 160 y 161 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 28 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 52 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-puesto que, se cumplen con los tres ámbitos establecidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional; el personal, al ser miembros de la Nación Guaraní de la Capitanía Iupaguasu; material, porque desde la ancestralidad su organización conoció los conflictos familiares surgidos en su comunidad, denominados en la jurisdicción ordinaria como violencia familiar o doméstica, teniendo competencia sus jueces naturales; y, territorial, ya que los hechos ocurrieron dentro de la comunidad, debiendo recuperar por ello el equilibrio en las familias afectadas, en el marco de sus normas y procedimientos propios; además, que el 28 de febrero de 2022, en la asamblea comunal se puso en conocimiento de los jueces naturales el conflicto familiar, que tiene por mandato la resolución en la vía de la JIOC; por consiguiente, interpusieron excepción de incompetencia y declinatoria de competencia, para que se remitan los antecedentes a la JIOC de la Asociación Comunitaria Zona Iupaguasu, por ser jueces naturales y haber conocido con anterioridad del caso.
Rosario Del Carmen Eguez Salame, Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, mediante Auto 17/22 de 28 de junio de 2022, cursante de fs. 240 a 245, se declaró competente y rechazó la excepción de incompetencia por la JIOC, planteada por Indalencio Zambrana Abapori, Capitán Grande de la Zona Iupaguasu y representante legal del Territorio Indígena Colectivo, Jurisdicción Municipal de Lagunillas del mismo departamento, para que sea la justicia ordinaria que conozca el proceso penal seguido por Rocío Jurado Rueda contra Saúl Luis Sensano, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, con los siguientes fundamentos: a) Luego de referirse a los antecedentes del caso, los preceptos constitucionales, al Protocolo de Actuación Intercultural de las Juezas y Jueces, en el Marco del Pluralismo Jurídico Igualitario, la concurrencia de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, para considerar la competencia en favor de la JIOC, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, discriminación y el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género y del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres, expresó que se debe considerar además de la normativa sobre el cumplimiento de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, la voluntad de la víctima de elegir su jurisdicción cuando existen sistemas plurales de justicia; b) En el caso de autos, en cuanto a la víctima y su presunto agresor forman parte de la comunidad Irenda, en la que tienen sus domicilios, extremo comprobado por las partes intervinientes, la imputación formal y declaración de la víctima, además del reconocimiento de la autoridad comunal, concurriendo por ello, el ámbito personal; c) La normativa expuesta determina cuáles son las materias a las que no alcanza la jurisdicción indígena originario campesina (IOC) y en este caso el inicio e imputación formal se presentó por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica, ilícito penal que no se encuentra entre las excepciones establecidas por ley; por lo cual, concluye que por el delito procesado penalmente el encausado no se encuentra vetado del conocimiento de la JIOC, cumpliéndose el ámbito material; d) De los datos de la imputación formal, en audiencia informativa con la autoridad IOC y referencia de las partes, se advierte que los hechos fueron cometidos dentro de la comunidad Irenda, perteneciente a la Capitanía Iupaguasu; lo que, permite concluir que se cumplió con el ámbito de vigencia territorial; e) Es necesario determinar con relación a que la JIOC, tuvo conocimiento y tenía el control jurisdiccional de este conflicto familiar el 28 de febrero de 2022, donde se suscribió un -Acta de Demanda- que concluyó con una conciliación sobre un hecho de infidelidad donde la demandante fue “Angélica Luis Sensano y los demandados, su pareja Perfecto Rúa y Rocío Jurado Rueda”; es decir, no se trata de un delito ni de la persona investigada en el “…caso de autos, ya que el mismo trata un hecho de violencia donde ROCIO JURADO es Víctima y el imputado es SAÚL LUIS SENSANO…” (sic), quien no fue parte del proceso anterior al que se hizo referencia; f) Al tratarse de un delito calificado como violencia familiar o doméstica, se debe puntualizar que Saúl Luis Sensano y por otra Indalencio Zambrana Abapori, en calidad de Capitán Grande de la zona Iupaguasu y representante legal del Territorio Indígena Colectivo, independientemente presentaron excepción de incompetencia por la JIOC, en la misma fecha y patrocinados por los mismos abogados; por su parte “…la víctima ROCÍO JURADO RUEDA, en audiencia informativa (…) manifiesta tener miedo y pide someterse a la Justicia Ordinaria; asimismo, su defensa el SLIM del Municipio de Lagunillas refiere haber sido el propio capitán comunal SILVERIO FLORES…” (sic), quien dio a conocer el caso para que se ponga en conocimiento de la justicia ordinaria y dicho Capitán en la audiencia solicitó sea la justicia ordinaria la que conozca el caso; g) Cuando la víctima se encontraba gestante de cinco meses, fue agredida por Saúl Luis Sensano, llegando en estado de inconciencia a la posta de salud de la comunidad, situación que la enfermera “Ester Vargas”, dio a conocer al Capitán Comunal Silverio Flores, mediante un acto de conocimiento de 26 de marzo de 2017, quedando como antecedente que no se resguardó su integridad física, ni se sancionó a su agresor, situación que se hizo conocer; por lo que, en resguardo de su vida y garantías constitucionales solicitó someterse a la justicia ordinaria; siendo que, la víctima presentó criterios de discriminación múltiples; toda vez que, se trata de un hecho de violencia que involucra a una mujer que pertenece a una comunidad IOC; y, h) Desde un enfoque interseccional, al existir múltiples factores de discriminación, sin desconocer y respetando el pluralismo jurídico, la igualdad de jerarquía de las jurisdicciones y el Protocolo de Actuación Intercultural de las Juezas y Jueces, en el Marco del Pluralismo Jurídico Igualitario, corresponde rechazar lo solicitado por la JIOC; por lo que, se declaró competente y rechazó la excepción de incompetencia.
La Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante AC 0265/2022-CA de 28 de julio, cursante de fs. 211 a 215, admitió el presente conflicto de competencias jurisdiccionales.
Admitido el presente conflicto de competencias jurisdiccionales, por decreto de 10 de marzo de 2023 (fs. 332) a través de la Comisión de Admisión de este Tribunal, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo con el objeto de contar con mayores elementos de convicción que la Unidad de Unificación y Jurisprudencia, remita informe sobre la jurisprudencia constitucional aplicable al caso; reanudándose el mismo, mediante decreto constitucional de 1 de septiembre de 2023 (fs. 336); por lo que, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo previsto por ley.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Resolución de Medidas de Protección de 19 de enero de 2022, emitida por el Fiscal de Materia en favor de Rocío Jurado Rueda, a ser cumplidas por Saúl Luis Sensano, dentro de la denuncia por violencia familiar o doméstica formulada por la primera de las nombradas (fs. 7 y vta.). II.2. Por Informe de inicio de investigaciones de 20 de enero de 2022, el Fiscal de Materia solicitó medidas cautelares de carácter personal con imputación formal contra Saúl Luis Sensano por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y solicitud de detención preventiva como medida cautelar de carácter personal por noventa días (fs. 1 a 3 vta.); que, fue dispuesta por Auto Interlocutorio 31 de la misma fecha (fs. 23 a 26 vta.). II.3. A través de Auto 11/22 de 19 de mayo de 2022, la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, dispuso la cesación de la detención preventiva solicitada por el imputado Saúl Luis Sensano, aplicándole medidas sustitutivas (fs. 44 vta. a 47). II.4. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rocío Jurado Rueda contra Saúl Luis Sensano, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; Indalencio Zambrana Abapori -Capitán Grande de la Zona Iupaguasu- y representante legal del Territorio Indígena Colectivo, Jurisdicción Municipal de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, el 17 de junio de 2022, solicitó a la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas de igual departamento, decline competencia a la Jurisdicción Indígena Originaria de la Asociación Comunitaria Zona Iupaguasu y se aparte del conocimiento de la causa (fs. 233 a 239 vta.). II.5. Por Auto 17/22 de 28 de junio de 2022, la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, se declaró competente y rechazó la excepción de incompetencia (fs. 240 a 245).
Como consecuencia del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rocío Jurado Rueda contra Saúl Luis Sensano, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; Indalencio Zambrana Abapori, Capitán Grande de la Zona Iupaguasu y representante legal del Territorio Indígena Colectivo, Jurisdicción Municipal de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, solicitó a la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del mismo departamento, decline competencia a la JIOC y se aparte del conocimiento de la causa penal, que fue rechazada por dicha autoridad jurisdiccional a través del Auto 17/22 de 28 de junio de 2022. En revisión, corresponde verificar cuál de las referidas autoridades es competente para conocer y resolver la referida causa.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronunció sobre el conflicto de competencias entre la jurisdicción IOC y la jurisdicción ordinaria y agroambiental, entre otras, en la SCP 0363/2014 de 21 de febrero, que estableció: “…la autonomía indígena originaria campesina es sustancialmente diferente de las autonomías territoriales, corresponde también afirmar que una de las formas de ejercicio de sus derechos es la pluralidad cultural y a partir de ello el pluralismo jurídico, es decir el ejercicio de sus propios cánones y acervo jurídico, conforme al art. 1 de la CPE, pero sobre todo conforme a la materialización de este mandato por parte de la Norma fundamental de 2009, que a partir del art. 179 reconoce a la jurisdicción indígena originario campesina, como una de las formas de ejercicio de la función judicial, y los arts. 109 y ss regulan la forma de su ejercicio.
Aquí, conviene también aclarar que si bien el objetivo final de todo pueblo indígena originario campesino es su reconocimiento y consagración como autonomía indígena originario campesina, ello es sólo la formalización, con fines estatales, de tal condición, más no es trascendente para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, pues estos son preexistentes al Estado y por ello no dependen de ninguna voluntad estatal, razón por la que el ejercicio de sus funciones de autocomposición o justicia propia, conforme a sus propias instituciones jurídicas, es independiente de su conformación como autonomía indígena originario campesina, y se expresa con la misa intensidad sin haber formalizado esa categoría, pues para fines del ejercicio de la función judicial propia, no es necesaria.
Ahora bien, estando reconocido que la jurisdicción indígena originario campesina es una de las formas de ejercicio de la función judicial, se hace necesario garantizar la misma por medio de mecanismos instrumentados para evitar que sea desconocida o exceda sus límites, razón por la cual el constituyente ha previsto la existencia de conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental; instrumento que en esencia, no es sólo un conflicto inter jurisdiccional, sino y sobre todo es un mecanismo de protección del ejercicio material del derecho de los pueblo indígena originario campesinos a la autodeterminación, por lo que a diferencia de los conflictos entre jurisdicciones a ser resuelto por vías ordinarias, tienen una evidente trascendencia constitucional.
En definitiva, este tipo de conflictos son la garantía jurisdiccional para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina y del derecho de estos pueblos a su autodeterminación, identidad cultural, al ejercicio de sus sistemas político, jurídico y a que sus instituciones sean parte del estado; por medio de la preservación de su ámbito de acción de indebidas invasiones por parte de las autoridades jurisdiccionales ordinarias o agroambientales. Dada su trascendencia constitucional, los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental, se regulan constitucional y legalmente, así las normas del art. 190, 191 y 192 de la CPE estatuyen los principios y preceptos sustantivos que se deben respetar a tiempo de determinar a qué jurisdicción corresponde la dilucidación de un preciso asunto.
En ese orden, las normas de los arts. 100 a 103 del CPCo regulan el procedimiento a seguir para tramitar un conflicto de esta naturaleza, que no puede ser asimilado a las pautas previstas para los otros tipos de conflictos precisamente por su natural distinción”.
En virtud a la permisión contenida en el art. 202.11 de la CPE, entre las atribuciones conferidas al Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentran aquellas destinadas a resolver las controversias competenciales entre las jurisdicciones IOC, ordinaria y agroambiental. Bajo ese marco constitucional, el art. 14.I de la LOJ, dispone: “Los conflictos de jurisdicción entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originario campesino, se resolverán por el Tribunal Constitucional Plurinacional”. Los preceptos normativos referidos precedentemente conllevan a sostener que, la justicia tiene la atribución de dirimir los conflictos o controversias inherentes al ejercicio de la jurisdicción, para declarar competente a una determinada autoridad para que resuelva una problemática en concreto; sin embargo, tomando en cuenta que la justicia constitucional no actúa de oficio, constituye un deber inexcusable cuidar el cumplimiento del procedimiento establecido en el Código Procesal Constitucional.
Entonces, a los fines de suscitar el conflicto de competencias jurisdiccionales, los arts. 100 y ss. del Código Procesal Constitucional (CPCo), regulan el procedimiento a seguir para reclamar el ejercicio de la jurisdicción, ante la existencia de actos invasivos y usurpadores. En ese sentido, el art. 101 del mismo Código, prevé lo siguiente: “(PROCEDENCIA).
I. La demanda será planteada por cualquier Autoridad Indígena Originaria Campesina, cuando estime que una Autoridad de la Jurisdicción Ordinaria o Agroambiental está ejerciendo jurisdicción en el ámbito de vigencia personal, territorial o material que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley, le correspondería a la Autoridad Indígena Originaria Campesina. II. La demanda también podrá ser planteada por cualquier Autoridad de la Jurisdicción Ordinaria o Agroambiental cuando estime que una Autoridad Indígena Originaria Campesina, del lugar donde tiene jurisdicción en razón de territorio, está ejerciendo atribuciones propias de la Jurisdicción Ordinaria o Agroambiental de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley”.
Del precepto legal glosado precedentemente se concluye que, la legitimación activa para suscitar el conflicto de competencias jurisdiccionales está reservada únicamente para autoridades de la jurisdicciones IOC, ordinaria y agroambiental, a cuya virtud, las mismas tienen la potestad de pedir a la autoridad que se considera que usurpó funciones o ejerció actos invasivos en el ejercicio de la jurisdicción, apartarse del conocimiento de una determinada problemática; por lógica consecuencia, los sujetos procesales intervinientes a la causa (demandantes, demandados, querellantes y querellados) carecen de facultades para suscitar el conflicto. Dentro del procedimiento del conflicto de competencias jurisdiccionales, el art. 102 del mismo Código, señala: “(PROCEDIMIENTO PREVIO). I. La autoridad que reclame una competencia a la otra jurisdicción solicitará que ésta última se aparte de su conocimiento. II. Si la autoridad requerida rechaza la solicitud o no se manifiesta en el plazo de los siete días subsiguientes, a partir de la petición de la autoridad demandante, ésta se encontrará facultada para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional”. En aplicación de la norma legal de referencia, una vez planteada la demanda, petición o requerimiento para que la autoridad que se considera incompetente se aparte del conocimiento de una determinada problemática, la autoridad requerida o solicitada debe resolverla en una de las siguientes formas: primero, aceptando la petición, lo que significa ceder el ejercicio de la jurisdicción a la autoridad requirente; segundo, rechazando el requerimiento, lo que implica negar el ejercicio de la jurisdicción; y, también se da la posibilidad de omitir la respuesta, lo que debe considerarse como tácita negación de la solicitud de la autoridad requirente. Ahora bien, frente a los dos últimos supuestos, el Código Procesal Constitucional prevé la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional, a efectos de suscitar el conflicto de competencias jurisdiccionales, lo que significa que, si la autoridad requerida omite responder el petitorio en los siete días siguientes computables desde la presentación de la demanda o, si rechaza dentro de ese mismo plazo, la autoridad requirente se encuentra facultada para acudir a la justicia constitucional formulando la respectiva demanda, acto que constituye base para suscitar el conflicto competencial ante este Tribunal.
Respecto a este tópico, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0029/2016 de 1 de marzo, señaló: “El art. 191.II de la CPE, determina que: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los (…) ámbitos de vigencia personal, material y territorial…’”, correspondiendo efectuar una interpretación desde y conforme a la Norma Suprema y los Tratados del Derecho Internacional de Derechos Humanos (arts. 13.IV y 256 de la CPE), así como el art. 8 de la LDJ:
El mismo entendimiento jurisprudencial respecto a este ámbito de vigencia indicó: “El art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: ‘…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’, en ese orden a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto”.
Con relación al ámbito de vigencia personal la citada Sentencia Constitucional Plurinacional expresó que: “El art. 30.I de la Constitución Política del Estado (CPE), precisa: ‘Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española’, por su parte el art. 2 hace referencia a dos elementos a considerar que son: ‘Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…’ y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’. En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que conforme a la interpretación del art. 9 de la LDJ que establece: ‘Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: ‘Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos’, de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a: a) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: ‘…debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…’, aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migraciones internas provocadas por las necesidades económico - sociales en nuestro país; b) En este sentido, debe considerarse que el vínculo ‘particular’ que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino, de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgada por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: ‘La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio’; y, c) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los tres ámbitos: Territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE”.
Con relación al ámbito de vigencia territorial el entendimiento jurisprudencial citado precedentemente, estableció: “Respecto al ámbito territorial, el art. 11 de la LDJ, señala que: ‘El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley’, lo que sin duda busca preservar la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas entendida en el AC 0287/99-R de 28 de octubre de 1999, como: ‘…condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio’. Ahora bien, dicha norma, también debe interpretarse en el marco del art. 191.II.3 de la CPE, que refiere: ‘Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino’, es decir: 1) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales; y, 2) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación”.
La SCP 0060/2022 de 19 de septiembre, señala: “Como un problema de derechos humanos, las violencias afectan al principio básico del derecho a la vida, no solo entendida en el sentido estrecho de salvaguardarla, sino de brindar todas las posibilidades de desarrollo material y espiritual que la hagan saludable, creativa y propositiva. Por ello, la lucha contra la violencia por condición de género implica un compromiso de todos los componentes del Estado boliviano, más si esta se presenta como un problema latente en poblaciones vulnerables. Así específicamente, respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 9 de junio de 1994 (Convención Belém Do Pará), ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, en su artículo 4, establece que: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal; d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
(…) Derechos que encuentran su materialización dentro de las políticas a asumir por parte de los Estados, en la norma prevista por el art. 7 que establece los deberes que tienen estos de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. Así, en situaciones de violencia, el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad que tiene toda mujer, independientemente de su edad, que sufrió un hecho de violencia contra su vida, integridad física, psicológica, sexual, economía o patrimonio, a acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no solo para denunciar el hecho de violencia, sino también recibir una respuesta efectiva que repare y restablezca sus derechos lesionados.
En ese entendido, respecto a la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución Política del Estado y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional de administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley del Órgano Judicial) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina).
Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial, previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que ‘La función judicial es única…’, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución Política del Estado y la justicia constitucional tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Norma Constitucional y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Por ello, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y, por la importancia de los estándares jurídicos que emanan de este, la interpretación que realicen los órganos jurisdiccionales establecidos en nuestro Estado, respecto a los derechos fundamentales vinculados a las mujeres tienen que guardar correspondencia y concordancia obligatoria con la interpretación que al respecto hayan realizado los Tribunales Internacionales sobre Derechos Humanos en las decisiones que adopten.
En ese marco, deberá tomarse en cuenta la Recomendación 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, sobre el ‘Acceso de las Mujeres a la Justicia’ de 23 de julio de 2015, que en su acápite destinado a los ‘sistemas de justicia plural’, recomienda a los Estados sobre los derechos de las mujeres y la coordinación que debe existir entre los diferentes sistemas de justicia, refiriendo que, los Estados aseguren que las mujeres puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían que se tramitaran sus reclamaciones, y que se fomente un diálogo constructivo y formalicen los vínculos entre los sistemas extraoficiales de justicia, incluso mediante la adopción de procedimientos para compartir información entre ellos. Conforme a lo descrito precedentemente, tratándose de violencia contra las mujeres, son ellas las que deben decidir a qué sistema jurídico se someten; decisión que; además, debe estar plasmada a través de un consentimiento informado; es decir, que si la mujer ha decidido que el caso de violencia sea tramitado ante la jurisdicción indígena originaria campesina, y esa decisión es una clara manifestación de su voluntad, es esa jurisdicción la que debe resolver los casos de violencia. Al contrario, si la decisión de la mujer ha sido someterse a la vía ordinaria, es esa autoridad la que deberá resolver el caso, sin perjuicio, de que posteriormente en ambos casos, ante la lesión a sus derechos, pueda acudir a la vía constitucional.
Ahora, claro está que no se puede dejar de lado la tarea de avanzar hacia la materialización de una pluralidad jurídica no subordinada, donde converjan y se articulen ambos derechos, en pro de la igualdad de derechos y oportunidades. Por ello, si bien las mujeres indígenas pueden acudir tanto al sistema comunitario como al estatal, para ir estratégicamente logrando cambios en sus relaciones de género y en su situación de violencia. La aplicación de la interlegalidad –entendida como la constante interacción entre los sistemas de justicia indígena originaria campesina y estatal– se hace necesario; puesto que, implica apostar a construir diálogos interculturales en donde los sistemas jurídicos puedan enriquecerse mutuamente y transformarse, para permitir cambios en los órdenes sociales en su conjunto y en el que las sociedades indígenas tengan la posibilidad de definir los límites y alcances de sus jurisdicciones; lo que también significa considerar sus vínculos con la sociedad nacional y la necesidad de garantizar salidas a las propias controversias internas y a las voces minorizadas.
Por tanto, en el procedimiento a seguirse, una vez que la mujer agraviada recurra a una determinada jurisdicción, deberán existir labores de coordinación entre ambas (Ordinaria e Indígena originaria campesina), con el objetivo de lograr la reparación de los derechos de las víctimas de violencia. De lo anotado, se concluye que al suscitarse un conflicto de competencias jurisdiccionales, para el conocimiento de una causa en la que se configuren hechos de violencia contra la mujer indígena; deberá respetarse el sistema jurídico al que de forma voluntaria decidió someterse para la resolución de su causa; tomando en cuenta lo establecido en el párrafo que antecede” (las negrillas nos corresponden).
El art. 256 de la CPE, dispone la aplicación de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos preferentemente sobre la referida Norma Suprema, siempre y cuando sean más favorables.
Bajo ese marco, en el caso concreto, resulta aplicable el entendimiento doctrinal relativo a la aplicación preferente y valor como pauta interpretativa de los tratados e instrumentos internacionales de los Derechos Humanos cuando prevean o declaren normas más favorables a las contenidas en la Ley Fundamental; plasmado en el libro
“Constitucionalismo, Constitución y Bloque de Constitucionalidad-Distinción entre bloque de constitucionalidad, aplicación preferente y control de convencionalidad”, en el cual se señala que: “Precisamente, la Constitución prevé una fórmula para la aplicación preferente de los Tratados e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, una fórmula que tiene tres componentes esenciales previstos en los arts. 13.IV, 256.I y II; y, 410.II de la Constitución Política del Estado, todos vinculados a la prevalencia o aplicación preferente en el orden interno y la aplicación como pauta interpretativa; sin embargo, la ejecución de cualquier de las dos vertientes constitucionales tiene una condición sine quanon especialmente prevista en el art. 256 constitucional, es decir que la norma internacional brinda una protección más favorable que la prevista en el ordenamiento jurídico interno del Estado”.
En este sentido, la previsión contenida en el art. 256 de la CPE, para efectos de dirimir la competencia entre dos autoridades jurisdiccionales, debe ser entendida también como una pauta procedimental. Así el art. 15 de la CPE establece que: “II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, física sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar, la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”, de lo que se tiene que dicho precepto constitucional resulta general y no determina una regulación expresa para definir la competencia de una u otra autoridad jurisdiccional.
Consiguientemente, la pauta procedimental descrita, se constituye en un apoyo al contralor de constitucionalidad interno, para definir la competencia, correspondiendo aplicar un instrumento internacional, específicamente las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el cual, en su Recomendación General 33 Sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia exhorta a los Estados parte del mismo que: “d) Aseguren que las mujeres puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían que se tramitaran sus reclamaciones”; Recomendación aplicable en nuestro ordenamiento en consideración a que Bolivia ratificó la CEDAW, mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, siendo incorporada en la normativa, con carácter vinculante y obligatorio, desde el 8 de junio de 1990.
De acuerdo a los antecedentes procesales cursantes en obrados, cabe señalar que la problemática presente, emerge del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rocío Jurado Rueda contra Saúl Luis Sensano, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y, dentro del cual Indalencio Zambrana Abapori, Capitán Grande de la zona Iupaguasu y representante legal del Territorio Indígena Colectivo, Jurisdicción Municipal de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, solicitó a la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del mismo departamento, decline competencia y se aparte del conocimiento de la causa penal, que fue rechazada por Auto 17/22 de 28 de junio de 2022, siendo remitido a este Tribunal Constitucional Plurinacional; correspondiendo por ello, determinar qué jurisdicción es competente para sustanciar la problemática objeto de análisis. En el contexto señalado, y por los antecedentes expuestos, y con carácter previo a determinar si en el caso de autos concurren los ámbitos de vigencia personal, territorial y material, por lo que la competencia podría ser ejercida por la jurisdicción IOC, es necesario remitirse al origen del presente conflicto de competencias jurisdiccionales, en cuyo cometido se advierte que la comunaria Rocío Jurado Rueda, formuló denuncia ante la FELCV de Camiri del departamento de Santa Cruz, contra su cónyuge Saúl Luis Sensano, por violencia familiar o doméstica, iniciándose las diligencias investigativas bajo la dirección del Ministerio Público, cuyo Fiscal de Materia asignado al caso emitió la Resolución de Medidas de Protección el 19 de enero de 2022, en su favor, a ser cumplidas por el denunciado, quien fue imputado por ese ilícito el 20 de igual mes y año; por lo cual, la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva y luego fue sustituida por otras medidas cautelares, proceso penal que se viene sustanciando en el Juzgado Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Lagunillas del departamento de Santa Cruz. Es así que, conforme a los antecedentes descritos se constata que el conflicto de competencias jurisdiccionales en examen, nace de una denuncia de violencia familiar ejercida contra una mujer que pertenece a una comunidad IOC, quien como presunta víctima de agresiones sufridas por parte de su pareja, buscando protección acudió ante la FELCV de Camiri del mismo departamento, además de la justicia ordinaria penal para el procesamiento de su agresor, para garantizar y salvaguardar de esta manera su vida e integridad física y psicológica; es decir, que la víctima mujer en situación de violencia acudió voluntariamente ante las autoridades policiales a través de la FELCV, para luego elegir su protección a través de la jurisdicción ordinaria y no así de la JIOC, hecho relevante en el caso concreto. Constituyendo la violencia -en este caso-, de género por ser la presunta víctima una mujer, un atentado contra su integridad, dignidad y su libertad, independientemente del ámbito en el que se produzca; se encuentra protegida no solo por el orden constitucional sino también por los organismos internacionales. En ese marco, el art. 15 de la CPE, instituye: “II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, física sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar, la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”; y, en esa adopción de medidas preventivas y sancionadoras para quienes ejercen esa violencia de género, el Estado emitió normativa específica para la prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género y generacional; entre ellas, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. De la misma manera, en el orden internacional, entre otros el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, incorporó Recomendaciones sobre las obligaciones de los Estados partes para asegurar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia, incluyendo dentro de su ámbito a la justicia plural referida a la coexistencia dentro de un Estado parte, de las leyes estatales, los reglamentos, los procedimientos y las decisiones, por una parte; y, las leyes y prácticas comunitarias, religiosas, consuetudinarias o indígenas, por la otra, emitiendo al efecto, la Recomendación General 33 Sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, publicada el 3 de agosto de 2015, en cuyo apartado alusivo al “Sistema de Justicia Plural”, recomienda a los Estados parte del mismo que: “d) Aseguren que las mujeres puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían que se tramitaran sus reclamaciones”; Recomendación que en el caso presente, cobra relevancia; puesto que, conforme se cita en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, tiene aplicación preferente, para efectos de dirimir la competencia entre dos autoridades jurisdiccionales, en virtud del art. 256 de la CPE, que establece ser aplicables los Tratados e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, preponderantemente sobre la mencionada Norma Suprema, siempre y cuando sean más favorables como el caso presente y en consideración al citado art. 15 de la CPE, resulta general y no determina una regulación expresa para definir la competencia de una u otra autoridad jurisdiccional; correspondiendo por ello, emplear el mismo instrumento internacional, por ser más favorable a la mujer en situación de violencia y en ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, traducido en la elección voluntaria del tribunal de justicia al cual desea acceder, conforme lo estableció además la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. Consiguientemente, en virtud a los argumentos expuestos precedentemente, al haberse evidenciado que la comunaria Rocío Jurado Rueda, eligió voluntariamente tramitar su denuncia sobre violencia familiar o doméstica ante la justicia ordinaria penal, se constata que no concurre el ámbito material que soslaya a la JIOC, del conocimiento y resolución del proceso penal de referencia; no siendo necesario el análisis de los demás ámbitos de vigencia, dado que la inconcurrencia de cualquiera de éstos, inviabiliza el conocimiento de la causa por parte de la jurisdicción IOC; lo que, determina que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ejerciendo el control de competencias, concluya que es la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, la autoridad legitimada para conocer y resolver la causa penal.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la CPE y 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: declarar COMPETENTE a la Jueza Pública Mixta en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, para conocer el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rocío Jurado Rueda contra Saúl Luis Sensano.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Presidente PhD. Paul Enrique Franco Zamora y la MSc. Georgina Amusquivar Moller son de Voto Aclaratorio; asimismo, el Magistrado Dr. Petronilo Flores Condori es de Voto Disidente.
Fdo. PhD. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
1 CALDERÓN MEDRANO, Carlos Alberto. Constitucionalismo, Constitución y Bloque de Constitucionalidad. Distinción entre bloque de constitucionalidad, aplicación preferente y control de convencionalidad. 2021. Pág. 143.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0094_2023.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 58ce0e8d6cb022e48999532dc093c2b800e6504bfbbf5269fa51914e14b810d0
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