Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 17 de diciembre de 2024
Define la competencia
Oscar Tarqui Villca y José Uchupi Pachahuaya, miembros del Tribunal de Justicia de la Sub Central de Santiago de Ventilla, Segunda Sección del municipio de Umala, provincia Aroma del departamento de La Paz, se consideran competentes para conocer y resolver el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nelia Mita Mamani contra Serapio Tarqui Rojas, por la presunta comisión de lesiones graves y leves, alegando el cumplimiento de los tres ámbitos de vigencia establecidos en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.2 de la Constitución Política del Estado; y, 12.3 y 28.I.3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: Declarar: 1º COMPETENTE al Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, para que continúe con el conocimiento del caso “213102212300134” seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nelia Mita Mamani contra Serapio Tarqui Rojas, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves. 2º Exhortar a los miembros del Tribunal de Justicia de la Sub Central de Santiago de Ventilla, Segunda Sección del municipio de Umala, provincia Aroma del departamento de La Paz, a implementar su labor de administración de justicia, en el marco de los principios del vivir bien, de igualdad, de inclusión, de trato digno, de armonía, de igualdad de oportunidades, de equidad social, de equidad de género, de cultura de paz, de atención diferenciada para las mujeres, de protección como establece su mismo Estatuto y Reglamento Interno.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0106/2024 Sucre, 17 de diciembre de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 55550-2023-112-CCJ Departamento: La Paz El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Oscar Tarqui Villca y José Uchupi Pachahuaya, miembros del Tribunal de Justicia de la Sub Central de Santiago de Ventilla, Segunda sección del municipio de Umala, provincia Aroma; y, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, todos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 29 de mayo de 2023 en la Unidad de Coordinación Regional de El Alto del departamento de La Paz, del Tribunal Constitucional Plurinacional, y remitido a Comisión de Admisión el 13 de junio de ese año, cursante de fs. 75 a 85, dichas autoridades indígena originario campesinas (IOC) formularon el presente conflicto de competencias jurisdiccionales contra el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del citado departamento, solicitando se les declare competentes para resolver el proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de Nelia Mita Mamani contra Serapio Tarqui Rojas, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves. Asimismo, refieren que la jurisdicción IOC de la Central de Santiago de Ventilla, emitió la Resolución 001/2023 de 19 de abril, a través de la cual se declara culpables de los delitos de despojo de tierras colectivas, avasallamiento de tierras comunitarias, agresiones físicas a adultos mayores, comunarios y autoridades indígenas, destrucción de linderos, apropiación de tierras comunitarias y amenazas de muerte a dieciséis integrantes de la familia Mita Mamani; por lo que se, sancionó con la expulsión definitiva del territorio de la Sub Central Santiago de Ventilla, entre ellos, a Nelia Mita Mamani. Por memorial de 11 de mayo de 2023, se apersonaron ante el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, solicitándole decline competencia en favor de la mencionada jurisdicción IOC y se aparte del conocimiento del caso “213102212300134” seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nelia Mita Mamani contra Serapio Tarqui Rojas, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, toda vez que esa jurisdicción emitió la Resolución 001/2023. Asimismo, alegan el cumplimiento de los tres ámbitos de vigencia establecidos en el art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ); en ese marco, respecto del ámbito de vigencia personal, señalan que tanto la denunciante como el denunciado pertenecen a la Sub Central Santiago de Ventilla, provincia Aroma del departamento de La Paz; en cuanto al ámbito de vigencia material, tanto en su Estatuto Orgánico como en su Personalidad Jurídica R.A.D. 750/2020 de 19 de octubre, está instaurado su Tribunal de Justicia con la capacidad de intervenir en los conflictos surgidos entre comunidades, siendo la norma que regula las actividades administrativas, orgánicas, políticas, sociales, culturales y justicia de la organización; y, con relación al ámbito de vigencia territorial, de acuerdo con la referida Personalidad Jurídica, los involucrados en el presente caso son miembros de la comunidad ancestral Sirujiri, existiendo otra comunidad llamada Tarujiri Sirujiri.
Por Resolución 082/2023-P de 19 de mayo, cursante de fs. 19 a 20 vta., el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, declaró "INFUNDADO" el petitorio de apartamiento del conocimiento del proceso penal de referencia y en consecuencia, se ratificó competente, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto al ámbito de vigencia personal, de acuerdo con la Resolución 001/2023, se sancionó a la familia Mita Mamani, entre las cuales se encuentra la denunciante Nelia Mita Mamani, con la determinación de expulsión definitiva del territorio de la Sub Central Santiago de Ventilla, lo que supone que la nombrada ya no es parte del territorio de dicha Sub Central; en consecuencia, la presunta víctima no puede estar sujeta a la jurisdicción IOC, debido a que en mérito de su expulsión, ya no pertenece a la misma; motivo por el que, no se cumple con el ámbito de vigencia personal; b) Con relación al ámbito de vigencia material, el art. 10.II inc. a) de la LDJ expone un catálogo de delitos que la jurisdicción IOC no debe conocer, y donde no está consignado el delito de lesiones graves y leves; sin embargo, tratándose de dicho ilícito penal donde se advierte violencia contra una mujer y conforme a la Recomendación General 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Comité de la CEDAW), que tiene un acápite destinado a los Sistemas de Justicia Plural que recomienda a los Estados asegurar que las mujeres puedan elegir con un consentimiento informado; el sistema jurídico al que deciden someterse; por lo que, no se considera razonable que se pretenda obligar a la víctima denunciante a someterse a una jurisdicción de la que fue expulsada; es decir, no existe consentimiento de la denunciante-víctima para someterse a la jurisdicción IOC; razón por la cual, no se cumple con el ámbito de vigencia material; c) En el presente caso, no concurren los ámbitos de vigencia personal ni material; por lo que, no se dio cumplimiento de forma simultánea a los tres ámbitos de vigencia como para que la autoridad judicial se aparte del conocimiento de la causa penal y decline su competencia ante la jurisdicción IOC; y, d) De la lectura de la Resolución 001/2023, se establece que el juzgamiento y la sanción impuesta fue contra Nelia Mita Mamani por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento de tierras, agresión física y robo de celular, y no así contra Serapio Tarqui Rojas, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, al haber golpeado a la víctima con un vehículo en movimiento, no advirtiendo que el mencionado denunciado “con el presente caso”, sufra un doble juzgamiento, porque simple y llanamente no fue juzgado en la jurisdicción IOC.
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante AC 0277/2023-CA de 20 de junio de 2023, cursante de fs. 87 a 92, admitió el conflicto de competencias suscitado entre Oscar Tarqui Villca y José Uchupi Pachahuaya, miembros del Tribunal de Justicia de la Sub Central de Santiago de Ventilla, Segunda Sección del municipio de Umala, provincia Aroma; y, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, todos del departamento de La Paz, disponiendo la notificación a las autoridades que suscitaron el conflicto de competencias jurisdiccionales. Asimismo, se dispuso la suspensión de la tramitación del proceso de referencia en ambas jurisdicciones en conflicto, hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la respectiva sentencia. Consiguientemente, se notificó a Oscar Tarqui Villca y José Uchupi Pachahuaya, miembros del Tribunal de Justicia de la Sub Central de Santiago de Ventilla, Segunda sección del municipio de Umala, provincia Aroma del departamento de La Paz con el aludido Auto Constitucional el 25 de agosto de 2023 (fs. 99); y, al Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Patacamaya del mismo departamento, el 7 de septiembre de 2023 (fs. 105).
Por Decreto Constitucional de 3 de mayo de 2024 (fs. 111), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de requerir documentación complementaria; con la remisión de la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 13 de diciembre de igual año (fs. 386), de acuerdo a los antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta la Personalidad Jurídica del Ayllu Lique, certificados de reconocimiento a la existencia de la comunidad Tarujiri Sirujiri por el Ayllu Lique, certificación de existencia de la comunidad Tarujiri Sirujiri por parte de Marka Umala, Certificado de existencia de la comunidad Tarujiri Sirujiri otorgado por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ [fs. 117 a 122]). II.2. Cursa Informe de 14 de noviembre de 2012, suscrito por el Secretario General de la comunidad Sirujiri, respecto a los hechos suscitados el 27 de octubre 2012, donde la víctima fue Guillermo Mita Mamani (fs. 253). II.3. Consta Resolución 008/2021 de 12 de diciembre, emitida por la Federación Sindical Única de Trabajadores Agrarios, provincia Aroma-Tupaj Katari, que en su parte resolutiva determina no permitir la injerencia de la CONAMAQ en las siete centrales agrarias de la mencionada provincia (fs. 248 a 250). II.4. Por Informe de 14 de febrero de 2022, suscrito por Ramón Tarqui Mamani, Secretario General; y, Daniela Huacara de Tarqui, Secretaria General Bartolina Sisa, ambos de la Comunidad Originaria Sirujiri; y, Oscar Tarqui Villca, Presidente Juez natural de la jurisdicción IOC Santiago de Ventilla, todos de la provincia Aroma del departamento de La Paz, niegan la existencia de la comunidad Tarujiri, de sus autoridades y de su afiliación a CONAMAQ (fs. 204 a 205). II.5. Cursa memorial de denuncia presentado el 11 de abril de 2023, por Nelia Mita Mamani contra Serapio Tarqui Rojas, por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de tentativa (123 a 125 vta.); asimismo, se adjuntan actos investigativos (fs. 126 a 204). II.6. Mediante Resolución 001/2023 de 19 de abril, la jurisdicción IOC de la Subcentral Santiago de Ventilla, determina la expulsión definitiva del territorio de la Subcentral de las siguientes personas: “Alberto Mita Mamani, Guillermo Mita Mamani, Epifanio Mita Salgado, Miriam Mita Mamani, Norma Mita Mamani, Lelys Mita Mamani, Nelia Mita Mamani, Rufino Mita Mamani, Marcial Mita Mamani, Martha Mita Mamani, Ruth Sonia Mita Mamani, Brígida Mita Mamani, Hilaria Mita Mamani, Benigno Mita Mamani, Grober Mamani Acho y Nelson Pérez Colque” (sic); asimismo, desconoce la existencia de la comunidad Tarujiri Sirujiri; y dispone la demolición de construcciones y otros, por los mismos avasalladores (fs. 6 a 18). II.7. Cursa Informe Técnico TCP/STyD/UD 002/2024, presentado el 28 de mayo de 2024 por la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 308 a 382).
Oscar Tarqui Villca y José Uchupi Pachahuaya, miembros del Tribunal de Justicia de la Sub Central de Santiago de Ventilla, Segunda Sección del municipio de Umala, provincia Aroma del departamento de La Paz, se consideran competentes para conocer y resolver el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nelia Mita Mamani contra Serapio Tarqui Rojas, por la presunta comisión de lesiones graves y leves, alegando el cumplimiento de los tres ámbitos de vigencia establecidos en el art. 8 de la LDJ: 1) En el ámbito de vigencia personal, tanto la denunciante como el denunciado pertenecen a la Sub Central Santiago de Ventilla; 2) En el ámbito de vigencia material, de acuerdo a su Estatuto Orgánico de la Sub Central Santiago de Ventilla el "Tribunal de Justicia" tiene la facultad de intervenir en los conflictos surgidos entre integrantes de las comunidades, siendo la norma que regulariza las actividades administrativas, orgánicas, políticas, sociales, culturales y justicia de la comunidad; y, 3) En el ámbito de vigencia territorial, los involucrados en el presente caso son miembros de la comunidad ancestral Sirujiri que es una de las comunidades que forma parte de la Subcentral Santiago de Ventilla. En consecuencia, corresponde analizar los hechos a fin de determinar la jurisdicción competente para conocer y resolver la causa, a tal efecto se desarrollarán los siguientes fundamentos: i) Los nuevos ejes fundacionales del Estado boliviano; ii) Naturaleza jurídica del control plural de constitucionalidad en el ámbito competencial jurisdiccional; iii) Configuración procesal de los conflictos de competencias jurisdiccionales; iv) Ámbitos de vigencia de la jurisdicción IOC; v) Aspectos inherentes a la problemática en el Informe Técnico TCP/STyD/UD 002/2024 de la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional; vi) Informe Técnico TCP/STyD/UD/002/2024, Secretaría Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, vii) Análisis del caso concreto.
El modelo de Estado descrito en el art. 1 de la CPE, establece que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Diseño constitucional que se “funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. La jurisprudencia constitucional, en el marco de nuestra forma de Estado, entendió que el fin esencial del modelo de Estado constitucional, es la descolonización. En ese marco, como lo expresa la SCP 0037/2013 de 4 de enero, la plurinacionalidad rompe con la concepción monojurídica y monocultural del Estado-Nación para reconocer a los pueblos indígena originario campesinos (PIOC), como sujetos colectivos con capacidad para definir sus destinos. En dicha orientación constitucional, el Fundamento Jurídico III.1 (Los nuevos ejes fundacionales del Estado Boliviano) de esta Sentencia dice:
Lo precedente permite concluir que el Estado Plurinacional se proyecta a partir de la descolonización del Estado-Nación monocultural, homogéneo, colonial, republicano y neoliberal, que reprodujo la exclusión política, social, económica y cultural de los pueblos y naciones indígena originario campesinas, los modelos de desarrollo de saqueo de los recursos naturales, por ende, de mayor pobreza, marginación y racismo. En esencia la plurinacionalidad rompe con la concepción del Estado-Nación homogeneizante y asimilacionista de concebir un solo Estado con una nación, una cultura, una lengua: el de la cultura dominante; por el contrario, la plurinacionalidad descolonizante reconoce a los pueblos indígena originario campesinos como naciones con capacidad para definir sus destinos en el marco de la unidad (art. 2 de la CPE), que se interrelacionan en un mismo territorio y se garantiza el fortalecimiento de esas identidades plurinacionales. La plurinacionalidad como nuevo enfoque de la diversidad, reconoce el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su cultura, sus instituciones, sus saberes y conocimientos como factores de cambio dentro del proceso de descolonización y construcción de la plurinacionalidad (las negrillas son nuestras). En dicha perspectiva, en el marco de los instrumentos internacionales en materia de derechos indígenas, se ha reconocido a los pueblos indígenas su calidad de sujetos colectivos de derechos, el cual incluye también al reconocimiento de sus sistemas normativos, que puede definirse como derecho indígena, por la capacidad normativa y reguladora que tienen los pueblos indígenas sobre la conducta de sus individuos. Potestad que implica además que el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales tiene como único límite los derechos fundamentales reconocidos por el orden interno y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el Estado Plurinacional Comunitario se manifiesta en la pluralidad de fuentes normativas. Dicha jurisprudencia establece que los principios establecidos en la Constitución (normas constitucionales-principios) influyen en el significado jurídico de las normas legales (normas constitucionales-reglas y normas legales-reglas) en razón a que los principios constitucionales desempeñan un papel constitutivo del orden jurídico. En ese marco, el razonamiento de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, entendió que tanto jueces, juezas y autoridades de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, deben sostener una apertura a otras formas de comprender el derecho. Esta Sentencia sostiene:
…Las normas constitucionales-principios en la Constitución del 2009, representa un verdadero quiebre de Constituciones con pretensiones de homogeneidad (Estado legal de Derecho), o Constituciones integracionistas (Estado social de Derecho), para afirmar que estamos ante la presencia de una Constitución plural (Estado Constitucional de Derecho). Las normas constitucionales-principios en la Constitución boliviana, son la pluralidad de valores, principios, derechos fundamentales no sólo individuales (liberales y sociales) sino un amplio catálogo de derechos y garantías, principios y valores plurales y colectivos que la Constitución representa como un pacto de postulados distintos y hasta veces contradictorios, pero que al final deben coexistir. En esta situación se requiere más ponderación que subsunción, que transforme las promesas constitucionales en realidades constitucionales” (las negrillas son nuestras). En ese marco, el razonamiento de la SCP 1227/2012 de 7 de septiembre, sostiene que el orden jurídico en el Estado Plurinacional de Bolivia está conformado por: a) La Constitución como primera fuente directa de derecho; y, b) Las normas y procedimientos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, también como fuente directa de derecho”. Contexto que exige la necesidad de una interpretación intercultural de derechos en virtud a nuestra composición societal plural. Esta Sentencia señala:
…En este contexto, es pertinente señalar que el pluralismo y la interculturalidad, constituyen los elementos de refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, en mérito de los cuales, el Valor Axiomático de la Constitución, adquiere un matiz particular, ya que las directrices principistas y los valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia, irradiarán de contenido a todos los actos infra-constitucionales; además, en virtud al principio de 1SCP 1227/2012 de 7 de septiembre. F.J. II.1. La refundación del Estado, el diseño de modelo de Estado y su configuración orgánica
“…En ese sentido, el preámbulo de la Constitución, señala que la construcción del nuevo Estado, está basada en el respeto e igualdad entre todos, dentro de los alcances de los principios de complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra y en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.
A partir de la concepción del pluralismo como elemento fundante del Estado, el modelo de Estado, se estructura sobre la base de derechos individuales y también derechos con incidencia colectiva, pero además, la concepción del pluralismo y la interculturalidad, configuran un diseño de valores rectores en mérito de los cuales se concibe una Constitución axiomática.
En efecto, la Constitución aprobada en 2009, se caracteriza no sólamente por su “Valor Normativo”, sino esencialmente por su “Valor Axiomático”. En efecto, ésta característica tipifica a la Norma del Estado Plurinacional de Bolivia como una Constitución Axiomática, en mérito de la cual, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, el proceso de irradiación de contenido en las normas infra-constitucionales y en todos los actos de la vida social, no solamente comprende normas constitucionales positivizadas, sino también, valores supremos directrices del orden constitucional.
En este contexto, es pertinente señalar que el pluralismo y la interculturalidad, constituyen los elementos de refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, en mérito de los cuales, el Valor Axiomático de la Constitución, adquiere un matiz particular, ya que las directrices principistas y los valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia, irradiarán de contenido a todos los actos infra-constitucionales; además, en virtud al principio de complementariedad que postula la interculturalidad, estos valores supremos irradiados en toda la vida social se integrarán armoniosamente para solidificar las bases sociológicas de una sociedad plural, consolidando así una verdadera cohesión y armonía social.”.
complementariedad que postula la interculturalidad, estos valores supremos irradiados en toda la vida social se integrarán armoniosamente para solidificar las bases sociológicas de una sociedad plural, consolidando así una verdadera cohesión y armonía social” (las negrillas son nuestras). Lo que se concluye es que la institucionalidad jurídica del Estado plurinacional comunitario, se sustenta en el “pluralismo” e “interculturalidad” como elementos fundantes, los cuales sumados a la “descolonización” como fin esencial del nuevo Estado, señalan la ruta a seguir para materializar el Estado Plurinacional Comunitario. Es decir, es necesario asumir la composición plural de la sociedad boliviana (pluralismo jurídico, lingüístico, económico, político, médico, etc.) para la construcción de herramientas de integración en un marco de igualdad de condiciones y de oportunidades, para avanzar hacia la eliminación de todos aquellos factores que continúan generando desigualdades sociales, económicas, entre personas, pueblos y regiones. Este razonamiento ha sido ratificado por la SCP 0790/2012 de 20 de agosto, en cuyo Fundamento Jurídico III.1 (El Tribunal Constitucional Plurinacional en el proceso de construcción del Estado Plurinacional Comunitario) dice:
…Por ello, la construcción de la institucionalidad plurinacional parte del desmontaje de las lógicas de colonialidad, desmistificando la idea de que impartir justicia es solamente una “potestad”; sino por el contrario, asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, pues fruto de la colonialidad antes construida, se ha estructurado una “administración de justicia” extremadamente formal, cuasi sacramental, reproductora de prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano, fundadas en la señorialidad de esta actividad bajo la concepción de “potestad” antes que de “servicio”, sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional. Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, romper esas relaciones y prácticas que se reproducen en lo social, cultural, político e institucional, constituyéndose en un instrumento destinado a la generación de espacios de diálogo y relacionamiento de las diferentes concepciones jurídicas en el marco del Estado Plurinacional Comunitario, aportando al proceso de interpretación intercultural de los derechos humanos y fundamentales, así como de las garantías constitucionales, con énfasis en los derechos colectivos y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (las negrillas son nuestras).
De acuerdo con el diseño constitucional boliviano, el control que realiza el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene como misión principal precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías establecidas en la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad. En este marco, de acuerdo al art. 196 de la CPE, se ha instituido el control plural de constitucionalidad que incluye en su labor a las resoluciones de la justicia indígena originaria campesina. En ese sentido la SCP 0300/2012 de 18 de junio señaló:
…En ese sentido, debe señalarse que la Constitución boliviana ha diseñado un sistema de control de constitucionalidad plural, pues no solamente se ejerce el control sobre normas formales, sino también sobre las normas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de conocer los conflictos de competencias entre las diferentes jurisdicciones y de revisar las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originaria campesina cuando se considere que estas normas son lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Estas facultades fueron introducidas en la actual Constitución Política del Estado, en mérito al reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos, a la igualdad jerárquica de sistemas jurídicos y jurisdicciones; pero además debe considerarse que la Ley Fundamental fue el resultado de un proceso dialógico en el que intervinieron los diferentes sectores de la población boliviana y, claro está, también las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que tuvieron un rol protagónico para la consolidación del Estado Plurinacional (las negrillas son nuestras). El Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0300/2012; 1422/2012 y 1624/2012, estableció que el control competencial de constitucionalidad tiene como finalidad determinar si una o más competencias están siendo ejercidas en el marco de lo previsto en la Constitución Política del Estado. En este ámbito se encuentran los conflictos de competencia entre la jurisdicción IOC y la jurisdicción ordinaria y agroambiental, como un medio específico para la correcta distribución de competencias, entre las diferentes jurisdicciones y el respeto al principio de pluralismo jurídico igualitario. A través del conflicto de competencias jurisdiccionales, se tutela el derecho de acceso a la justicia. Conforme a la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre no solo supone acceder, lograr un pronunciamiento y el cumplimiento de lo resuelto en la jurisdicción ordinaria o agroambiental, sino también en la jurisdicción IOC. En similar sentido, la SCP 0037/2013 de 4 de enero, sostiene que:
...En contextos de pluralidad, el derecho de acceso a la justicia con relación a los miembros de pueblos indígenas originario campesinos no significa que el Estado traslade su aparato estatal a las comunidades de los pueblos indígena originario campesinos para administrar justicia en sus territorios, sino que se extiende en su contenido y se trasunta a la vez en el derecho de los miembros de los pueblos indígena originario campesinos de acceder a sus instancias propias de resolución, a sus autoridades indígenas, normas y procedimientos para resolver sus controversias y conflictos internos. Por tanto, comporta el deber del Estado Plurinacional de garantizar a toda persona el acceso a una justicia acorde con su cosmovisión, su cultura, sus normas y procedimientos propios.
En este marco, el control plural de constitucionalidad, en el ámbito competencial jurisdiccional, es un proceso enteramente constitucional, distinto al de las excepciones o incidentes que pueden formularse en la jurisdicción ordinaria y agroambiental. A tal efecto, el Código Procesal Constitucional regula el objeto, la procedencia, el procedimiento previo y el procedimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. De acuerdo a la jurisprudencia glosada, el conflicto de competencias jurisdiccionales, desde una dimensión colectiva, tiene su fundamento en el principio de igualdad jerárquica de jurisdicciones, previsto en el art. 179.II de la CPE; así como, en el derecho de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) al ejercicio de sus sistemas jurídicos, contemplado en el art. 30.14 de la CPE y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ese entendido, también debe señalarse que, si bien la jurisprudencia constitucional contenida; entre otras, en la SCP 0026/2013 de 15 de enero, establece que en los procesos constitucionales de conflictos de competencias jurisdiccionales, la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, se limita a determinar qué autoridad es competente, para conocer un caso. No obstante, ante la duda sobre la imparcialidad de las 3CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.
ARTÍCULO 100. (OBJETO). El Tribunal Constitucional Plurinacional resolverá los conflictos de competencias entre las Jurisdicciones Indígena Originaria Campesina, Ordinaria y Agroambiental.
ARTÍCULO 101. (PROCEDENCIA).
I. La demanda será planteada por cualquier Autoridad Indígena Originaria Campesina, cuando estime que una Autoridad de la Jurisdicción Ordinaria o Agroambiental está ejerciendo jurisdicción en el ámbito de vigencia personal, territorial o material que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley, le correspondería a la Autoridad Indígena Originaria Campesina.
II. La demanda también podrá ser planteada por cualquier Autoridad de la Jurisdicción Ordinaria o Agroambiental cuando estime que una Autoridad Indígena Originaria Campesina, del lugar donde tiene jurisdicción en razón de territorio, está ejerciendo atribuciones propias de la Jurisdicción Ordinaria o Agroambiental de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley.
ARTÍCULO 102. (PROCEDIMIENTO PREVIO).
I. La autoridad que reclame una competencia a la otra jurisdicción solicitará que ésta última se aparte de su conocimiento.
II. Si la autoridad requerida rechaza la solicitud o no se manifiesta en el plazo de los siete días subsiguientes, a partir de la petición de la autoridad demandante, ésta se encontrará facultada para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
ARTÍCULO 103. (PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL).
I. Admitida la demanda, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional ordenará que ésta se ponga en conocimiento de la autoridad demandada, para que en el plazo de quince días alegue lo que corresponda.
II. Cumplido el plazo, con o sin respuesta, la Comisión de Admisión, por orden, procederá al sorteo del asunto en trámite para asignar la Magistrada o Magistrado Relator. El Tribunal deberá emitir la resolución correspondiente en el plazo de cuarenta y cinco días a partir del sorteo. 4El Convenio 169 de la OIT, establece en su art. 1 que “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”.
5La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece: “Artículo 34 Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Artículo 35 Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades”.
autoridades de la jurisdicción IOC, entendió que ante esta posibilidad es posible encontrar soluciones en el marco de su propio sistema jurídico. Así, la SCP 0075/2017 de 24 de octubre, si bien declaró competente a la jurisdicción IOC, pero exhortó a sus autoridades a garantizar su imparcialidad, en el marco de sus normas y procedimientos propios (las negrillas fueron añadidas). En el mismo sentido, la SCP 0011/2017 de 12 de abril, declaró competente a la jurisdicción IOC, pero dispuso que el caso sea conocido por la autoridad jerárquicamente superior. De igual manera, la SCP 0023/2018 de 26 de junio declaró competentes a las autoridades de la jurisdicción IOC, pero las exhortó a enmarcar su accionar en resguardo de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado, específicamente en la protección del derecho al juez natural. De lo analizado precedentemente, se concluye que, si bien la naturaleza del conflicto de competencias jurisdiccionales implica, esencialmente, definir quién tiene la competencia; empero, también es posible garantizar el respeto a los derechos, tanto individuales como colectivos en el marco de sus derechos a la libre determinación y al ejercicio de sus sistemas jurídicos.
Conforme al art. 101 del CPCo y la jurisprudencia constitucional, la legitimación activa y pasiva está únicamente reservada para las autoridades de la jurisdicción IOC, jurisdicción ordinaria y jurisdicción agroambiental. En ese sentido, las partes dentro de un proceso en cualquiera de las jurisdicciones carecen de legitimación activa, lo que significa que no puede formular el 6El FJ.III.5.2, señala: “Asimismo, concierne a este Tribunal velar por que las autoridades definidas para resolver el caso concreto, enmarquen su accionar en el pleno resguardo de las garantías constitucionales y en la defensa y resguardo del derecho al Juez Natural, en sus elementos competencia, independencia y principalmente imparcialidad, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III. 4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el pronunciamiento respecto al problema planteado, debe ser asumida por el Consejo de Ayllus y Markas de Cochabamba, toda vez que las autoridades IOC del Ayllu denominado ‘Parcialidad Urinsaya, Marka Sipe Sipe de la Nación Sura’, con la finalidad de no verse comprometido el principio de imparcialidad principalmente, aspectos que le impedirían mantener una posición objetiva al momento de decidir la controversia; en consecuencia, existiendo, autoridades jerárquicamente superiores para su juzgamiento, corresponde a la JIOC superior referida el conocimiento del caso concreto”.
7El FJ. III.5, establece: “En definitiva, en mérito a las consideraciones anteriormente expuestas y al haberse verificado la concurrencia simultánea, en el caso concreto, de los ámbitos de vigencia personal, territorial y material, se llega a la conclusión que la instancia para conocer y resolver el asunto o causa suscitada es la JIOC de la Marka Payaqullu San Lucas de la Nación Qhara Qhara, ubicada en el cantón San Lucas, provincia Nor Cinti del departamento de Chuquisaca. Empero, incumbe a este Tribunal exhortar a las autoridades de la JIOC que enmarquen su accionar en resguardo de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado, específicamente en la protección del derecho al juez natural, que implica la estricta observancia de elementos como la competencia, independencia y principalmente imparcialidad a momento de impartir justicia”.
conflicto de manera directa; sin embargo, nada impide que puedan solicitar a las autoridades jurisdiccionales, a quienes consideren juez natural, se promueva el conflicto de competencias; quienes definirán sobre la pertinencia de su planteamiento.
El Código Procesal Constitucional, en ninguna de sus normas establece un plazo para formular el conflicto de competencias jurisdiccionales; al contrario, en el art. 101.I de manera amplia señala:
La demanda será planteada por cualquier Autoridad Indígena Originaria Campesina, cuando estime que una Autoridad de la Jurisdicción Ordinaria o Agroambiental está ejerciendo jurisdicción en el ámbito de vigencia personal, territorial o material que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley, le correspondería a la Autoridad Indígena Originaria Campesina (las negrillas son agregadas). Ahora bien, de un análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional y considerando la doctrina del estándar jurisprudencial más alto de protección, desarrollado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, evidentemente el precedente en vigor es el contenido en la analizada SCP 0060/2016; en mérito a que, amplía el derecho de acceso a la justicia constitucional de las NPIOC, al sostener que el conflicto de competencias interjurisdiccionales, puede ser suscitado en cualquier fase del proceso; por ende, es dicho precedente el que debe ser aplicado en todos los conflictos, conforme además, lo entendió el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, al resolver causas posteriores sobre la base de la citada SCP 0060/2016, como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0006/2017 y 0007/2017, de 16 y 23 de marzo, respectivamente; 0051/2017, 0055/2017, 0057/2017 y 0088/2017, entre otras.
La Constitución Política del Estado, en su art. 191.I, establece que “La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino”, seguidamente el parágrafo II del mismo artículo, señala que la jurisdicción IOC se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:
1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.
2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.
Similar redacción se encuentra en el art. 160 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); por otra parte, los ámbitos de vigencia fueron desarrollados por los arts. 9, 10 y 11 de la LDJ. Asimismo, dicha norma establece en el art. 8 que: “La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente”. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la concurrencia de los ámbitos de vigencia de la jurisdicción IOC, en una interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional desde y conforme a los arts. 13.IV y 256 de la CPE y los tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos, desarrolló lo siguiente.
La SCP 0026/2013 de 4 de enero, señaló que la jurisdicción IOC, en el ámbito de vigencia personal alcanza a:
1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia pre-colonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: '…debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…', aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas por las necesidades económico - sociales en nuestro país.
2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo 'particular' que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: 'La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio'.
3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originario campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE (las negrillas fueron añadidas). Por otro lado, la DCP 0006/2013 de 5 de junio, con relación al ámbito de vigencia personal en el Fundamento Jurídico III.7.3 entiende que:
…resulta extensible la jurisdicción indígena originaria campesina y válidas las decisiones que de ellas emanen respecto a los supuestos de afectación por quienes no son miembros del pueblo indígena originario campesino, pero sus actos se han realizado en su territorio y se ha afectado a las personas y bienes de la comunidad por parte de “terceros”, “externos” o personas no indígenas… (las negrillas fueron añadidas). Por su parte la SCP 0764/2014 de 15 de abrilen el Fundamento Jurídico III.1, señala que:
…para una plurinacionalidad con complementariedad, armonía social y respecto, el primer elemento esencial para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, es la existencia de un vínculo personal, el cual debe ser interpretado de la manera más extensiva y progresiva posible a favor de un goce y ejercicio pleno del 8El FJ III.3.1, señala que: “Para desarrollar este primer criterio, es pertinente en principio, realizar la interpretación del art. 191 de la CPE, en sus dos parágrafos; por tanto, en estricta coherencia con lo señalado, debe precisarse que el art. 191.I de la Constitución, en su tenor literal, señala que la jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino, por cuanto, para una plurinacionalidad con complementariedad, armonía social y respecto, el primer elemento esencial para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, es la existencia de un vínculo personal, el cual debe ser interpretado de la manera más extensiva y progresiva posible a favor de un goce y ejercicio pleno del derecho a la libre determinación; en ese orden, este primer presupuesto, se tiene por cumplido en aquellos casos en los cuales exista un lazo cultural, ideomático, religioso, de cosmovisión o de otra índole entre los miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino; o cuando a través de la auto-identificación o cualquier otra declaración de voluntad, una o más personas generen un vínculo de pertenencia con una nación o pueblo indígena originario campesino. El postulado expuesto, constituye precedente jurisprudencial vinculante.
El resultado hermenéutico anotado anteriormente, responde a las dos pautas hermenéuticas utilizadas en el presente fallo; es decir, a la interpretación a través del principio de unidad constitucional y la interpretación de acuerdo a las directrices y pautas rectoras del modelo constitucional imperante; por tanto, el art. 9 de la LDJ, en una interpretación ‘Desde y Conforme al Bloque de Constitucionalidad’, debe dársele el alcance interpretativo transcrito líneas arriba, para determinar el alcance del ámbito de vigencia personal de la jurisdicción indígena originario campesina”.
derecho a la libre determinación; en ese orden, este primer presupuesto, se tiene por cumplido en aquellos casos en los cuales exista un lazo cultural, idiomático, religioso, de cosmovisión o de otra índole entre los miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino; o cuando a través de la auto-identificación o cualquier otra declaración de voluntad, una o más personas generen un vínculo de pertenencia con una nación o pueblo indígena originario campesino… (las negrillas fueron añadidas).
En cuanto al ámbito de vigencia material, la SCP 0037/2013 de 4 de enero, señala que la jurisdicción IOC, tiene competencia para conocer y resolver los hechos y asuntos que siempre han resuelto y que considere atinentes, independientemente sean considerados leves o graves, penales o civiles por el derecho estatal, añadiendo que el Convenio 169 de la OIT ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen un límite en cuanto a las materias o la gravedad de los hechos para el ejercicio de la jurisdicción indígena. En similar sentido, la SCP 0764/2014 de 15 de abril, señala que:
…todos los actos, hechos y conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron las naciones y pueblos indígena originario campesinos bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, son de conocimiento de la jurisdicción indígena originario campesina, por tanto, el ámbito de aplicación material de esta jurisdicción, debe ser interpretado de la manera más amplia y progresiva posible, para que se asegure la vigencia de la plurinacionalidad y el respeto al ejercicio pleno de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (las negrillas fueron añadidas).
En cuanto al ámbito de vigencia territorial, la SCP 0026/2013, establece que:
i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales.
ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación (las negrillas fueron añadidas).
Por su parte la SCP 0764/2014 dispone lo siguiente:
…es necesario establecer también que los actos hechos o conflictos que la jurisdicción indígena originaria campesina, histórica y tradicionalmente conoce bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, para cumplir con el ámbito de vigencia territorial, deben generarse o producirse en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las naciones o pueblos indígena originario campesinos; o en su caso deben surtir efectos en ella (las negrillas fueron añadidas).
Técnico de Campo TCP/STyD/UD 002/2024, elaborado por la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional
Santiago de Ventilla con adherentes al Ayllu Lique que quiere crear otra comunidad llamada Tarujiri Sirujiri Orgánicamente, la Sub Central Santiago de Ventilla es parte de la Central Agraria Umala, compuesta por siete comunidades campesinas, cada una con su propio cuerpo de autoridades. Orgánicamente está afiliada a la Federación provincia Aroma, la que a su vez, pertenece a la Federación Departamental Tupaj Katari, estructura que tiene como organización matriz a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El citado informe advierte que hay un problema de fondo que es el intento de creación de la comunidad “Tarujiri-Sirujiri” bajo la figura del ayllu originario, proceso que es resistido y combatido por la organización sindical, como se advierte en el Acta de ampliado ordinario de 19 de abril de 2023, que señala: “Se desconoce la existencia de una supuesta Tarujiri Sirujiri, que solo tiene la finalidad de dividir a nuestras comunidades por existir una resolución del Ejecutivo provincial y de informe del INE”.
Según lo indicado por las autoridades de la Subcentral Santiago de Ventilla, Nelia Mita Mamani (denunciante) así como Serapio Tarqui Rojas (denunciado) han sido y son miembros de la comunidad Sirujiri. En ese sentido, la autoridad del Consejo de Justicia aseveró que estas personas y familias confrontadas se encuentran como contribuyentes en las listas que manejan la comunidad. Como respaldo muestran las listas de contribuyentes donde están inscritos los nombres de estas personas en el padroncillo de la comunidad Sirujiri (en anexos). Empero, el hecho de violencia denunciado no es el único, sino que constantemente ya se vinieron produciendo otros altercados y “avasallamientos” provocados por integrantes de la familia Mita contra miembros de distintas comunidades. Aseveran, que al momento de estos hechos, estas personas conjuntamente sus familiares todavía figuraban como miembros de la comunidad Sirujiri. Empero, tras el Ampliado ordinario de dicha Sub Central, que fue convocado para resolver el problema y, ante la inasistencia de los sindicados, se resolvió expulsarlos de la organización sindical.
De igual forma, las mismas autoridades sindicales, advierten que el problema de fondo es la presencia de la organización “Ayllu Lique” vinculada al CONAMAQ. Entonces, la disputa entre la Central Agraria y el Ayllu Lique se manifiesta en hechos de agresiones entre familias, además de discrepancias, resistencias y rivalidades entre la organización hegemónica sindical agraria en la zona y los adherentes a la reconstitución del ayllu al interior de sus comunidades.
Los hechos se habrían producido en un espacio llamado “Suni Loma área dos”, al cual, según indica la Sub Central Agraria, tendrían acceso las siete comunidades campesinas. Referencialmente se habla de este sector como colectivo.
Plurinacional A continuación se extrae el contenido central del Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/002/2024: EL ÁMBITO TERRITORIAL Y EL LUGAR DE LOS HECHOS
PREGUNTA: El ámbito jurisdiccional territorial de la referida Sub Central de Santiago de Ventilla (Provincia Aroma del departamento de La Paz), especificando si comprende el lugar en el que se suscitaron los hechos. A partir del trabajo de campo e informes elaborados por Secretaria Técnica en años anteriores, se conoce que la subcentral Santiago de Ventilla, fundada el 25 de julio de 1969, es parte de la Central Agraria Umala, misma que se encuentra en la provincia Aroma del departamento de La Paz. Esta Subcentral cuenta con personalidad jurídica 750/2020 de 19/10/2020 y aglutina en su interior a varias comunidades campesinas organizadas como sindicatos agrarios:
Mahuancani. Personalidad jurídica 809/2015 Curuni. Personalidad jurídica 113/1995 Cacahuallo. Personalidad jurídica 1496/2018 Calacachi cutimpo. Personalidad jurídica 275/2018 Laurani Puchuni. Personalidad jurídica 1213/2019 Sirujiri. Personalidad jurídica 903/2017 Callancani. Personalidad jurídica 819/2017 A través de esta documentación (en anexos), muestran que la Subcentral Santiago de Ventilla está compuesta por estas siete comunidades, en donde no existe otra comunidad llamada “Tarujiri-Sirujiri” que está relacionado con estos problemas de violencia entre comunarios.
Imagen 1. La Subcentral Santiago de ventilla en el municipio
Umala
Fuente: INFORME TÉCNICO TCP/STyD/UD/012/2021 Cada una de estas comunidades tiene su propio cuerpo directivo encabezado por un Secretario General, acompañado de autoridades menores, cuyo mandato es anual. La composición de este cuerpo directivo consta de los siguientes cargos:
• Secretario General. • Subcentral Bartolina Sisa Secretario de Relaciones • • Secretario de Actas • Secretario de Actas Bartolina Sisa Orgánicamente, la Subcentral Santiago de Ventilla es parte de la siguiente estructura territorial. Esta Subcentral compone de siete comunidades campesinas, cada una con su propio cuerpo de autoridades, como Subcentral es perteneciente a la Central Agraria Umala, la que responde a Federación provincia Aroma, la que a su vez es perteneciente a la Federación departamental Tupaj Katari, estructura que tiene como organización matriz a la CSUTCB. Respecto del lugar de los hechos, según lo que se conoció, el problema se suscitó en el sector llamado “SUNI LOMA, área 2” que, según indican estas autoridades sindicales, son terrenos colectivos a los que tienen acceso las familias de las siete comunidades anteriormente mencionadas. Según el Acta de denuncia de 10 de abril de 2023 (en anexos), estos hechos habrían sucedido en fecha 09 de abril de ese mes en ese sector, reclamado como colectivo por el sindicato agrario.
Subcentral Santiago de Ventilla
Provincia
Aroma
Imagen 2. Peleas entre comunarios que origina la denuncia penal
Fuente: imagen de video proporcionadas por las autoridades de Santiago de Ventilla. 16/05/24. Según se advierte, estos hechos de agresiones se produjeron en un sector que las autoridades de Santiago de Ventilla lo consideran como área colectiva de las siete comunidades, en tanto que los denunciantes lo reclaman como suyo. En ese sector, la fecha indicada, según se ve en el video que nos fue proporcionado se produjo una serie de altercados en el que participaron comunarios de ambas partes.
Imagen 3. Lugar de la comunidad Sirujiri
Fuente: imágenes proporcionadas por las autoridades de la Subcentral Santiago de Ventilla. 16/05/24.
2. LOS VÍNCULOS DE PERTENENCIA A LA SUBCENTRAL
PREGUNTA 2: Los vínculos de ámbito de pertenencia de Nelia Mita Mamani (denunciante) y Serapio Tarqui Rojas (denunciado) a la Sub Central de Santiago de Ventilla.
Según lo indicado por las autoridades de la Subcentral Santiago de Ventilla, Nelia Mita Mamani (denunciante) así como Serapio Tarqui Rojas (denunciado) han sido y son miembros de la comunidad Sirujiri. En ese sentido, la autoridad del Consejo de justicia aseveró que estas personas y familias confrontadas se encuentra como contribuyentes en las listas que manejan la comunidad. Como respaldo muestran las listas de contribuyentes donde están inscritos los nombres de estas personas en el padroncillo de la comunidad Sirujiri (en anexos).
Señalan que el hecho de violencia denunciado no fue el único, sino que constantemente ya se hubieron producido otros altercados y “avasallamientos” provocados integrantes de la familia Mita en contra de comunarios de distintas comunidades. Es así que, aseveran que al momento de estos hechos, estas personas, conjuntamente sus familiares todavía figuraban como miembros de la comunidad Sirujiri. Empero, tras el Ampliado ordinario de dicha Subcentral, que fue convocado para De acuerdo con las versiones de las autoridades de la Subcentral Santiago de Ventilla, los hechos se habrían producido en terrenos de la comunidad Sirujiri. En las fotografías se muestra el lugar donde se encuentra dicha comunidad (izquierda) y la casa que habita la familia denunciante en la comunidad (derecha).
resolver el problema y, ante la inasistencia de los sindicados, se resolvió expulsarlos.
3. LA ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PREGUNTA 3: La estructura orgánica y en especial de administración de justicia campesina de la Sub Central de Santiago de Ventilla.
Según documentos de la Subcentral, el 23 de enero de 2021 se conformó el Tribunal de Justicia indígena originario campesino (fuente. Acta de Ampliado ordinario de fecha 10 de abril 2023), compuesto de la siguiente manera:
Presidente: Oscar Tarqui Villca Vicepresidente: Alberto Mita Salgado Secretario de Actas: José Uchupe Pachaguaya Primer vocal: Máximo Mamani Segundo vocal: Juan Manuel Laura Choque Se trata de un cuerpo de autoridades judiciales que se conformó por el sistema de rotación entre comunidades, y al interior de cada comunidad, por el orden de rotación de parcelas. No hay un sistema de elección, sino es por medio de designación de acuerdo a la rotación de parcelas y de comunidades al interior de la Subcentral Santiago de Ventilla. Respecto de este tribunal de justicia, según señala el Estatuto Orgánico de la Subcentral Santiago de Ventilla del año 2020, los arts. 51 a 54 describen la conformación de este Tribunal de justicia como instancia máxima dentro esta organización para la resolución de conflictos especialmente relacionados con el acceso a la tierra. Este documento señala: “ARTÍCULO 51. (Tribunal Indígena originario campesino). Constituido como una imperiosa necesidad de contar con esa instancia, por los muchos casos que se han presentado en materia agraria, especialmente en lo referido a faltas graves y delitos agrarios, los mismos que conforme evoluciona la vida a agraria se ve un incremento en las irregularidades e ilícitos indicados. ARTÍCULO 52 (Objetivo). Institución de administración de justicia indígena originario campesino que conocerá, procesará y resolverá casos de faltas, contravenciones y delitos agrarios, dentro de los términos de conciliación y arbitraje, en caso de no llegar a una solución saludable, los casos pasarán a conocimiento de la justicia ordinaria, previa elaboración de un informe, en el cual se hará conocer todos los actuados realizados desde el conocimiento del caso o la demanda, pruebas acumuladas durante el proceso, conclusiones y recomendaciones que ameritan en cada caso. ARTÍCULO 53 (Pruebas). Cada caso obligatoriamente será sustentado por pruebas, tomando en cuenta el derecho propietario acreditado mediante documentación o testificación fehaciente, pruebas periciales y otros que exige cada caso. En problemas sobre tierras se tomará debida nota la característica de originario o agregado, con la finalidad de acreditar el derecho hereditario y la acreditación de la legalidad y/o legitimidad a través de la testificación de los hermanos colindante, comunarios en su generalidad y certificación de la comunidad y autoridades superiores. ARTÍCULO 54 (Normativa). Para efectos procedimentales necesariamente se debe elaborar la normativa adecuada al Tribunal Indígena Originario Campesino de la Subcentral Santiago de Ventilla, tomando en cuenta los principios, valores, fines y atribuciones y otros que corresponden a la actividad legal, considerando el carácter de un ente conciliador y de arbitraje, dentro de lo que corresponde a los usos y costumbres establecidos tanto en la Constitución Política del Estado, Ley de Deslinde Jurisdiccional y otras normas vigentes inherentes a nuestro caso.” (Fuente: Estatuto Orgánico Subcentral Santiago de Ventilla, 2020).
4. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE VIOLENCIA
PREGUNTA 4: Cuáles son las normas y procedimientos con los que cuenta la referida Subcentral para resolver casos vinculados a los casos de violencia. Respecto del procedimiento para la resolución de conflictos, antes de la conformación del Tribunal de justicia, investigadores que trabajaron en la zona coinciden en señalar que era el Jilaqata y Mama T’alla (hombre y mujer) las autoridades naturales responsables de la solución de problemas internos de la comunidad. Empero, actualmente, con la presencia del sindicato agrario como organización dominante en la región, el procedimiento es descrito de la siguiente manera:
“…de acuerdo a normas propias de Santiago de ventilla, de acuerdo a nuestra cosmovisión, cuando un hermano, un comunario entra en conflicto de violencia, se le notifica de acuerdo a nuestro estatuto y reglamento de Santiago de Ventilla, así también los estatutos y reglamentos de las comunidades, de esa manera se notifican a ambas partes. Entonces, tal día citado nosotros le hacemos el acta de audiencia, tanto demandante como demandado, cada uno expresan, ellos justifican sus problemas como ha suscitado, nosotros ya teniendo conocimiento sabemos quién ha empezado el conflicto, entonces se le sanciona, talvez con hacer adobes, hacer algún trabajo. (…) …notificamos primero, se convoca a la sesión, en ampliado el pueblo decide, nosotros actuamos tal cual lo dice, ancestralmente como sancionaban nuestros antepasados, bajo una acta de audiencia nosotros analizamos quien es el culpable y sancionamos, el pueblo también decide, de esa manera se dilucida el conflicto, y reconciliamos, una vez realizado las actas ambas partes a veces también entran en reconciliación para no ir a más instancias, ahí se soluciona bajo un acta.” (Tribunal de justicia indígena originaria de Santiago de Ventilla. 16/05/24). ¿Si el conflicto no lograra solucionarse en esa instancia?
“…cuando hay un desacato de una parte, aquí la población decide conforme a nuestras cosmovisiones es la expulsión, cuando hay desacato, cuando se vulnera los derechos de los adultos mayores o de cualquier persona, entonces ya la expulsión, esto siempre han practicado desde los abuelos Tupaj Katari. De este territorio de provincia Aroma han expulsado a los colonos porque nuestros abuelos siempre han vivido en condición de pongo”. (Tribunal de justicia indígena originaria de Santiago de Ventilla. 16/05/24).
El procedimiento que aplican para solucionar casos, de acuerdo con los testimonios, tiene las siguientes características: 1) Cualquier asunto conflictivo que acaece en cualquiera de las comunidades, es comunicada primeramente al Secretario General de la comunidad. Esta autoridad, conjuntamente su directorio, realiza las gestiones para resolver el conflicto a través de la conciliación. 2) Los casos que no logran resolverse en esta instancia, son enviados a la asamblea de la comunidad que, en este tipo de casos determina sean subidos a conocimiento de la Subcentral Santiago de Ventilla. 3) En el nivel, se pasan directamente a conocimiento del “Tribunal de justicia” que evalúa la problemática y toma determinaciones sancionatorias.
4) En caso de ser asuntos que muestran resistencia o superan las capacidades locales de solución, el estatuto señala que son derivados a la justicia ordinaria.
Como respaldo de este su procedimiento, estas autoridades mencionan casos en los cuales han actuado como Tribunal de justicia indígena originario campesino. Casos en los que ha actuado este tribunal de justicia. Ellos muestran actas de resolución de casos relacionados con hechos de violencia dentro sus comunidades.
Caso 1: Acta de reconciliación (año 2022). Logran la reconciliación en un problema de violencia familiar en la comunidad Cacahuallo. Caso 2: Acta de 31 de mayo 2023. Logran la reconciliación en un problema de perdida de carretilla en la comunidad Calacachi cutimpo.
Caso 3. Acta de reconciliación de 07 de abril 2024. Logran la reconciliación en un caso de violencia familiar en la comunidad Callancani.
Con estos tres casos anteriores, justifican que su labor de resolución de conflictos en temas de violencia que se presentan en sus comunidades. 5. INSTANCIAS SUPERIORES Y RECURRIBILIDAD
PREGUNTA 5: Cuáles son las instancias jurisdiccionales superiores con los que cuenta la Sub Central para que las partes en disputa puedan acudir a efectos de resolver este tipo de casos.
Según se describió en la primera parte, la estructura orgánica sindical a la que pertenece la Subcentral Santiago de Ventilla, consta de varios niveles de autogobierno. La misma inicia con las comunidades campesinas que están en calidad de sindicatos agrarios, los mismos que se aglutinan en torno a la subcentral, la que a su vez lo hace con respecto a la Central agraria y de esa forma a la federación provincial, la federación departamental y confederación nacional.
Empero, de acuerdo a las aseveraciones de los comunarios, las instancias de resolución de conflictos solo considera dos niveles: 1) la asamblea de la comunidad y 2) el Tribunal de justicia en la Subcentral agraria. De acuerdo con la información, el nivel de la Subcentral donde se encuentra este tribunal constituye en límite donde se puede recurrir a objeto de buscar la solución a un conflicto. Consecuentes con sus propias aseveraciones, no existe posibilidad de que el conflicto pueda subir al nivel superior que es la Central agraria. En caso de no haber solución de este tribunal de justicia se decide enviar el caso a conocimiento de la justicia ordinaria.
Respecto de su procedimiento en casos que no logran ser solucionados dentro su propia estructura, uno de los integrantes del consejo de justicia señaló: “…Cada subcentral tiene su forma propia de administrar su justicia, yo por ejemplo, no puedo ir a otra subcentral a solucionar su caso, porque no soy de ahí, nosotros solucionamos el caso y emitimos la resolución…” (Tribunal de justicia indígena originaria de Santiago de Ventilla. 16/05/24).
Indican que las determinaciones del Tribunal de justicia de esta Subcentral son la última instancia de resolución. Según sus aseveraciones, a diferencia de otras subcentrales de esta misma organización matriz, los conflictos no suben al nivel de la Central Agraria. Según su posición, las determinaciones de su Tribunal de justicia son definitivas. Empero, se ha conocido que en otras de las Subcentrales de este sector, los conflictos irresueltos suben a conocimiento de la Central Agraria.
Sobre este tema aclararon que no todas las Subcentrales de Umala tienen conformado su Tribunal de justicia, en esos casos los problemas suelen pasar a conocimiento de la Central agraria. En ese sentido, Santiago de Ventilla, al contar con su propio Tribunal de justicia, exigen que sea esta instancia la última en resolver los conflictos. 6. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Debe informarse que, según coinciden en afirmar todas las autoridades de la Subcentral Santiago de Ventilla, la Central Agraria y otras, que la denuncia por agresiones que se interpuso ante el Juez de Patacamaya, tiene como origen una serie de otros conflictos que se dieron entre integrantes de la familia Mita, de la cual es parte la denunciante, con distintas familias de la misma comunidad Sirujiri a raíz de “avasallamientos” que esta familia hubiera realizado en terrenos que se consideran colectivos en el sector, así como el intento de creación de la comunidad “Tarujiri-Sirujiri”, generando como consecuencia la resistencia de la organización sindical que desconoció dicha creación. El acta de ampliado ordinario de 19 de abril de 2023 señala en uno de sus puntos: “QUINTO. Se desconoce la existencia de una supuesta Tarujiri Sirujiri, que solo tiene la finalidad de dividir a nuestras comunidades por existir una resolución del Ejecutivo provincial y de informe del INE”
Ellos indican que, cuando intentaron la recuperación de esos terrenos, se produjeron altercados en donde salieron afectados varios comunarios que realizaron su denuncia ante las autoridades de la organización. A raíz de estas denuncias, se convocó a un ampliado ordinario donde, ante la inasistencia de los denunciados (familia Mita), en razón a todos los hechos anteriores de confrontación, tomaron la decisión de expulsarlos de la comunidad.
Asimismo, de las propias aseveraciones, se advierte que existe otro problema de fondo que es la presencia de la organización “Ayllu Lique” que, según se presentó en informes anteriores elaborados por Secretaría Técnica y Descolonización, es un proceso de reconstitución originaria en el sector. Según la información colectada en dichos informes, antes del surgimiento del sindicato agrario en la zona, la Marka Umala, hoy central agraria, estuvo compuesta por cuatro ayllus: Ayllu Maka, Ayllu Lique, Ayllu Collana, Ayllu Llanga, organizaciones originarias cuyo territorio, con la Reforma Agraria, llego a fragmentarse en las actuales 12 subcentrales agrarias que existen hoy.
Este conflicto por agresiones familias, está relacionado con procesos de división, discrepancias, resistencias y rivalidades entre la organización hegemónica sindical agraria en la zona y los adherentes a la reconstitución del ayllu al interior de sus comunidades.
En ese contexto, respecto de los ámbitos de vigencia, puede complementarse la información presentada, indicando que en el ámbito territorial, los hechos se habrían producido en un espacio llamado “Suni Loma área dos”, al cual, según indica la Subcentral agraria, tendrían acceso las siete comunidades campesinas. Referencialmente se habla de este sector como colectivo. En el ámbito personal, tanto denunciante como denunciado, por la información proporcionada, serian parte de la comunidad Sirujiri, no se acepta la existencia de la comunidad “Tarujiri-Sirujiri” dentro esta organización. En el ámbito material, si bien los hechos de violencia que se suscitan entre comunarios tradicionalmente ha sido materia que han conocido y resuelto según sus normas y procedimientos propios, en este caso se concluye que el mismo es consecuencia de una disputa por parcelas de tierra entre comunarios, así como discrepancias y divisiones que acaecen al interior de sus comunidades.
7. CONCLUSIONES
Respecto del ámbito jurisdiccional territorial de la Sub Central de Santiago de Ventilla, su estructura orgánica está compuesta por 7 comunidades campesinas, cada una con su propio cuerpo directivo. En cada comunidad, cada familia tiene su propia propiedad originaria que es la “sayaña”, que es la parcela de tierra (una o varias) por las cuales cada familia, a través de “contribuyente” está obligada a prestar cargos y servicios comunales. Asimismo, disponen de áreas que son de acceso colectivo de todas sus comunidades. Todo el sistema de cargos, servicios, derechos y obligaciones se administran por el sistema de rotación (muyu).
En ese contexto, las autoridades de esta subcentral señalaron que los hechos de violencia denunciados, se suscitaron en el lugar “Suni Loma, área 2” que indican es terreno colectivo de acceso de las 7 comunidades. Es así que, se considera que concurre el ámbito de vigencia territorial.
Respecto del vínculo de pertenencia de Nelia Mita Mamani (denunciante) y Serapio Tarqui Rojas (denunciado) a la Sub Central de Santiago de Ventilla, nos han indicado que son miembros de la comunidad Sirujiri, una de las comunidades de esta organización. Empero, respecto de la denunciante y sus familiares, en esta misma reunión se indicó que los mismos, en anterior oportunidad intentaron crear una nueva comunidad con el nombre “Tarujiri Sirujiri” la cual fue desconocida por la estructura sindical. Según indican los hechos de violencia y la posición de disidencia de esta familia Mita fue sancionada con la expulsión. Respecto de la estructura orgánica de administración de justicia campesina de la Sub Central de Santiago de Ventilla, se describe que la misma cuenta con un Tribunal originario, conformado por representantes de las comunidades campesinas a modo de un órgano colegiado, inserto en su Estatuto Orgánico, el cual tiene la potestad de conocer y resolver los conflictos que acaecen en sus comunidades. La característica de trabajo de este Tribunal es que, según indicaron, sus resoluciones constituyen última instancia. Respecto de las normas y procedimientos para resolver casos vinculados a los casos de violencia, indicaron que los problemas, inicialmente son conocidos en la comunidad campesina por el Secretario General y su directorio, quienes realizan las gestiones de conciliación, reparación de daños y otros, de acuerdo a sus normas internas, casos que al no resolverse pasan a conocimiento de la asamblea comunal que puede emitir resoluciones sancionatorias o en su caso ordenar se suba conocimiento de la Subcentral Agraria. Ya en este nivel superior, el asunto es directamente sometido a conocimiento del Tribunal de Justicia.
Respecto de las instancias jurisdiccionales superiores con los que cuenta la Sub Central para que las partes en disputa puedan acudir a efectos de resolver sus conflictos, se afirma que, si bien en su estructura orgánica hay varios niveles de autogobierno (sindicato agrario, subcentral, central agraria, federación provincial, etc.) en tema de impartición de justicia, concretamente en Santiago de Ventilla, solo llega hasta el Tribunal de Justicia. Empero, en otras subcentrales si puede llegar a la Central Agraria. Según señalaron esto depende de la decisión de las comunidades campesinas. Finalmente, debe informarse que el origen de los hechos de violencia denunciados es el avasallamiento de terrenos colectivos por parte de la familia Mita, hechos que a su vez tienen como factor de origen discrepancias y divisiones en dichas comunidades respecto de la reconstitución del Ayllu Lique, así como los intentos de creación de una otra comunidad con el nombre “Tarujiri Sirujiri”. Conflictos que involucran la confrontación entre la estructura sindical agraria con la organización de ayllus originarios adherentes a CONAMAQ.
Conforme a los hechos y fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde analizar en el presente conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Oscar Tarqui Villca y José Uchupi Pachahuaya, miembros del Tribunal de Justicia de la Sub Central de Santiago de Ventilla, Segunda Sección del municipio de Umala, provincia Aroma; y, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya, todos del departamento de La Paz.
Las autoridades del Tribunal de Justicia de la Sub Central de Santiago de Ventilla, Segunda sección, municipio de Umala de la provincia Aroma del departamento de La Paz, consideran que concurre este ámbito de vigencia; por cuanto, tanto la denunciante como el denunciado pertenecen a la Sub Central Santiago de Ventilla. Por su parte, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, considera que como efecto de la sanción de expulsión definitiva del territorio de la Sub Central Santiago de Ventilla por la Resolución 001/2023 de 19 de abril, Nelia Mita Mamani ya no sería parte del territorio de dicha organización; en consecuencia, no podría estar sujeta a la jurisdicción IOC de esta Sub Central. De la revisión documental presentada por la misma Subcentral Agraria, se evidencia que existen varias resoluciones de esta organización que declaran personas no gratas a los integrantes de la comunidad Tarujiri Sirujiri, que es negado en su reconocimiento por el lado del sindicato agrario; y que, por el contrario, es reconocida por el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu. Se trata de un escenario en el que existen mutuas agresiones entre quienes se afirman como pertenecientes a la Subcentral Agraria, que es parte de la estructura sindical de la CSUTCB, y quienes se autoidentifican como parte de la comunidad llamada Tarujiri Sirujiri que, por los mismos documentos que presenta la Sub Central, estaría dentro de la estructura del CONAMAQ. Entonces se advierte que, de fondo existe un conflicto de legitimidades sindical u originaria en disputa por el control territorial. De igual manera, se tiene que la jurisdicción IOC de la Sub Central Santiago de Ventilla, emitió la Resolución 001/2023, por la cual se resuelve expulsar del territorio de la Sub Central a un conjunto de personas de la familia Mita, entre los que se encuentra Nelia Mita Mamani. En ese escenario, se evidencia que, por parte del Tribunal de Justicia de la Sub Central Santiago de Ventilla, se reclama la competencia para conocer y sancionar los hechos que fueron denunciados por esta persona en calidad de denunciante ante el Ministerio Público, sin referirse en lo absoluto a la persona denunciada Serapio Tarqui Rojas. Es decir, se solicita la declinatoria de competencia para conocer y resolver un caso de violencia y agresiones, caso que ya fue resuelto por la Resolución 001/2023.
En el análisis de este ámbito, se concluye que, de acuerdo con la citada Resolución 001/2023, Nelia Mita Mamani, conjuntamente las otras personas expulsadas, no tienen un vínculo de pertenencia con la Sub Central agraria que permita deducir la concurrencia del ámbito de vigencia personal. Por lo expuesto, en el marco del Fundamento Jurídico III.4.1 del presente fallo constitucional, respecto del ámbito de vigencia personal, de acuerdo a lo resuelto por la SCP 0026/2013 de 4 de enero, puede considerarse que no existe un vínculo de pertenencia de Nelia Mita Mamani con la Subcentral Agraria Santiago de Ventilla. En ese marco, se concluye que no concurre el ámbito de vigencia personal.
El Tribunal de Justicia de la Sub Central de Santiago de Ventilla considera que, en el marco de su Estatuto Orgánico y Personalidad Jurídica R.A.D. 750/2020 otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, le está reconocida su capacidad de administración de justicia y de intervenir en los conflictos surgidos entre comunidades, siendo la norma que regulariza las actividades administrativas, orgánicas, políticas, sociales, culturales y justicia de la organización. En cambio, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, considera que, de acuerdo con el art. 10.II inc. a) de la LDJ, no está contenido como competencia de la jurisdicción IOC los casos de lesiones graves y leves; aún más importante, que conforme a la Recomendación General 33 del Comité de la CEDAW de las Naciones Unidas, las mujeres puede elegir a que sistema jurídico someterse; por lo que, no considera razonable pretender obligar a la víctima denunciante a someterse a una jurisdicción de la Sub Central Santiago de Ventilla cuando la misma fue expulsada de esa organización. De la documentación colectada, así como del Informe Técnico de Campo de la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte que, el procedimiento descrito para la solución de problemas al interior de la Sub Central Santiago de Ventilla, recae primeramente en las atribuciones del directorio que realiza las gestiones para resolver el conflicto a través de la conciliación. Asimismo, que los casos que no logran resolverse en esta instancia, son enviados a la Asamblea de la comunidad que, en este tipo de casos determina sean elevados a conocimiento de la Sub Central Santiago de Ventilla. Finalmente, los casos son conocidos por el “Tribunal de justicia” que evalúa la problemática y toma determinaciones sancionatorias. Y en cuanto a los casos más complejos, éstos son derivados a la justicia ordinaria. Tratamiento que, de acuerdo con el art. 4 del Estatuto de Santiago de Ventilla, se desarrollan en el marco de los principios del vivir bien, igualdad, inclusión, trato digno, armonía, igualdad de oportunidades, equidad social, equidad de género, cultura de paz, atención diferenciada para las mujeres, protección, etc. Empero, se advierte que estos principios no se aplicaron en el caso de la resolución de expulsión de Nelia Mita Mamani, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento de tierras, agresión física y robo de celular, la cual, junto a otros comunarios, fueron objeto de expulsión definitiva. Más por el contrario, no se advierte juzgamiento contra Serapio Tarqui Rojas por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves al haber golpeado a la víctima con un vehículo en movimiento. En el marco de lo anteriormente expuesto, se advierte que no existe la capacidad suficiente dentro de la institucionalidad y procedimientos del Tribunal de Justicia de la Sub Central Santiago de Ventilla, para conocer y solucionar estos problemas complejos en un marco de igualdad de condiciones, protección y atención diferenciada para las mujeres; alejado de cualquier interferencia política e ideológica entre quienes se sienten pertenecientes a la estructura sindical agraria y quienes lo son con la originaria.
Asimismo, respecto de las denuncias por agresiones, de acuerdo con el fundamento que señala que el Convenio 169 de la OIT ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen un límite en cuanto a las materias o a la gravedad de los hechos para el ejercicio de la jurisdicción IOC; debe considerarse que su resolución es de competencia de estas estructuras sindicales. Conclusión que va en el sentido de lo desarrollado por la SCP 0764/2014 de 15 de abril, que señala que el ámbito de aplicación material debe ser interpretado de manera amplia y progresiva, asegurando la vigencia de la plurinacionalidad y el derecho a la libre determinación de las NPIOC. En ese marco, consecuentes con el Fundamento Jurídico III.4.2 del presente fallo constitucional, respecto del ámbito de vigencia material, puede concluirse que los hechos suscitados y su forma de resolución no son coherentes con los principios establecidos en su propio Estatuto Interno; por lo que, no garantizan un verdadero acceso a la justicia para denunciantes y denunciados dentro su propia estructura orgánica sindical. En ese sentido, se concluye que no concurre el ámbito de vigencia material.
El Tribunal de Justicia de la Sub Central Santiago de Ventilla, por un lado, considera que en el presente caso, tanto la denunciante como el denunciado son miembros de la comunidad Sirujiri, una de las comunidades reconocidas por la Personalidad Jurídica R.A.D. 750/2020 de esta Sub Central. Empero, por otro lado, mediante Resolución 001/2023, emitida por su instancia de justicia, se determinó la expulsión definitiva de estas personas del territorio de la mencionada Sub Central. Por su parte, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, considera que, al no concurrir los ámbitos de vigencia personal ni material, no hay concurrencia simultánea de los ámbitos exigidos por la LDJ. De la revisión documental, se advierte que existe un conflicto de organizaciones, tanto sindical como originario, que se encuentra en disputa, por un lado, la Sub Central Santiago de Ventilla que reclama su hegemonía sindical en todo el territorio y, por otro, la comunidad Tarujiri Sirujiri, vinculada al CONAMAQ, la que es negada en su existencia por la Sub Central. Esta divergencia territorial es el problema de fondo que explica la concurrencia de las múltiples denuncias por agresiones, robo y otros, entre comunarios de Tarujiri Sirujiri y los de la mencionada Sub Central. Por tanto, consecuente con el Fundamento Jurídico III.4.3 del presente fallo constitucional, respecto al ámbito de vigencia territorial, conforme a la SCP 0764/2014, se tiene que, si bien los hechos se suscitaron dentro del espacio de estas comunidades en disputa, al no concurrir los ámbitos de vigencia personal ni material, no concurre tampoco el ámbito territorial. Por todo lo expuesto, se concluye que no concurren los tres ámbitos de vigencia: personal, material y territorial de forma simultánea, conforme exige el art. 191.II de la CPE. En tal sentido corresponde a este Tribunal, en ejercicio del control plural de constitucionalidad, en el ámbito competencial jurisdiccional, declarar competente al Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, para que continúe con el conocimiento de la causa principal hasta su resolución.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.2 de la Constitución Política del Estado; y, 12.3 y 28.I.3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: Declarar: 1º COMPETENTE al Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, para que continúe con el conocimiento del caso “213102212300134” seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nelia Mita Mamani contra Serapio Tarqui Rojas, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves. 2º Exhortar a los miembros del Tribunal de Justicia de la Sub Central de Santiago de Ventilla, Segunda Sección del municipio de Umala, provincia Aroma del departamento de La Paz, a implementar su labor de administración de justicia, en el marco de los principios del vivir bien, de igualdad, de inclusión, de trato digno, de armonía, de igualdad de oportunidades, de equidad social, de equidad de género, de cultura de paz, de atención diferenciada para las mujeres, de protección como establece su mismo Estatuto y Reglamento Interno. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que los Magistrados René Yván Espada Navía, Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora y MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas son de Voto Aclaratorio, y, el Dr. Petronilo Flores Condori es de Voto Disidente.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
2 El FJ. III.1.1. señala que: “En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho”.
9 El FJ. III.3.3, concluye: “Además del ámbito de vigencia personal y del ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria y campesina, el cual tal como se señaló en el parágrafo anterior debe ser interpretado de manera extensiva y progresiva, debiendo además interpretarse las exclusiones competenciales disciplinadas en el art. 10.II de la LDJ de manera restrictiva, es necesario establecer también que los actos hechos o conflictos que la jurisdicción indígena originaria campesina, histórica y tradicionalmente conoce bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, para cumplir con el ámbito de vigencia territorial, deben generarse o producirse en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las naciones o pueblos indígena originario campesinos; o en su caso deben surtir efectos en ella. Este postulado, se configura como precedente jurisprudencial vinculante. El resultado hermenéutico antes señalado, es el que debe asignársele al art. 11 de la LDJ, en una interpretación ‘desde y conforme al Bloque de Constitucionalidad’, siendo por tanto el ámbito de vigencia territorial, de acuerdo al alcance precisado en este fallo, el tercer presupuesto para la aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina”.
10 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
11 Sobre este tema el INFORME TÉCNICO TCP/STyD/UJIOC/005/2020 señala: “Cabe afirmar que los pobladores están organizados en Sindicatos agrarios, Centros, y Subcentrales. La valoración cultural no solamente ha recaído en la recuperación de elementos simbólicos del mundo aymara sino también en el sistema de turno y rotación de cargos, “incluso en muchos lugares en los que se ha introducido la organización sindical campesina (…), persiste el esquema de que todos los miembros del grupo (…) vayan pasando por turno rotativo a ir ocupando los diversos cargos necesarios para el funcionamiento del grupo. La igualdad de oportunidades para todos y cada uno es considerado un criterio más importante que el de aptitud para el cargo” (Albó. 2010:18-19). Sin embargo debemos definir con claridad qué se entiende por turno y rotación en el ejercicio de los cargos comunales, Subcentrales, Central Agraria y federación provincial. Según la definición comunitaria el turno implica “que le toca ejercer al responsable de la familia el cargo de autoridad comunitaria, porque existe una lista de afiliados de la comunidad según la cual va girando los cargos cada año, entonces, al que le toca ejercer callado tiene que ejercer porque la lista es una elaboración colectiva por sayaña aprobado por la comunidad, a veces dentro de cada familia los cargos también rota de acuerdo a la organización familiar para el cumplimiento de la función social” (Sixto Choque. Entrevista. 12/08/2013).”
12 Sobre Umala René Guery Chuquimia señala: “Los jilaqatas eran los encargados de administrar justicia en las comunidades. Conflictos asociados a la tierra como conflictos de linderos, traspaso de animales a los sembradíos, abigeato, así como trasgresiones sociales y familiares como el adulterio, robos y peleas, eran de su competencia”. (Chuquimia Escobar. En Boaventura de Sousa Santos y Luis Exeni Rodríguez - eds. 2012. Pag. 567).
13 Subcentrales: Umala (1912), Cañaviri (1945), San Miguel de Copani (1957), Llanga Belén (1958), Huari Belén (1964), Santiago de Ventilla (1969), Vituy Vinto (1983), Santiago de Collana (1989), Asunción de Huancarama (1991), San José (1992), Subcentral agraria Kellhuiri (2012) y Cairiri (2017)
14 Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0106_2024.pdf · páginas 1 a 35.
Huella digital del PDF (SHA-256): b2328bc733812857676be1f86b8618ccccfadefca5ea7ce112de93f9f8483b4f
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