Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de inconstitucionalidad abstracta · Sala Plena · 30 de septiembre de 2025
Declara la constitucionalidad
Los accionantes cuestionan la constitucionalidad de los DDSS 4740, 4810 y 4845; y, la RM 101/2022, argumentando que dichas normas son presuntamente contrarias a los arts. 8.II, 9.1 y 2, 12.I y III, 14.II, III y IV, 109.II, 110.I y II, 122, 158.I.3, 159.8, 323.I, 232 y 410 de la CPE; 30 de la CADH; 26 del PIDCP; y, 7 de la DUDH; puesto que: i) Aunque la norma impugnada no define con claridad la naturaleza del cobro exigido, este constituye un tributo, cuya creación y regulación deben realizarse mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional; ii) Se advierte una doble tributación, dado que, el Estado cobra un arancel de importación al ingreso de un vehículo con todas sus características de fábrica, incluidos los vidrios oscurecidos y, posteriormente, exige un pago adicional por la tramitación de la autorización para su uso dentro del territorio nacional; iii) La RM 101/2022 establece cobros diferenciados para el trámite de autorización de vidrios polarizados, beneficiando al sector del transporte público con un trato preferencial. Esto supone una violación al principio de igualdad ante la ley; y, iv) Existe una regulación genérica respecto al trámite de autorización para vidrios oscurecidos o polarizados sin establecerse, por ejemplo, el destino de lo recaudado. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes, a efectos de ejercer control de constitucionalidad que el art. 202.1 de la CPE le encomienda al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar: 1° La CONSTITUCIONALIDAD de los Decretos Supremos 4740 de 15 de junio; 4810 de 12 de octubre; y, 4845 de 28 de diciembre, todos de 2022; y, la Resolución Ministerial 101/2022 de 15 de julio. 2° Se dispone el plazo de tres meses para que el Ministerio de Gobierno adecúe la normativa sobre el uso de vidrios oscurecidos y polarizados, asegurando que cumpla con los estándares mínimos de seguridad establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y alineados con el control de constitucionalidad efectuado salvo la Asamblea Legislativa Plurinacional decida ejercer su competencia normativa en la materia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0053/2025 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA PLENA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de inconstitucionalidad abstracta Expediente: 53079-2023-107-AIA Departamento: La Paz En la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Andrea Bruna Barrientos Sahonero, Senadora titular; y, Toribia Lero Quispe y Alejandro Jorge Reyes Careaga, Diputados titulares, todos de la Asamblea Legislativa Plurinacional demandando la inconstitucionalidad de los Decretos Supremos (DDSS) 4740 de 15 de junio; 4810 de 12 de octubre; y, 4845 de 28 de diciembre, todos de 2022; y, la Resolución Ministerial (RM) 101/2022 de 15 de julio, por ser presuntamente contrarios a los arts. 8.II, 9.1 y 2, 12.I y III, 14.II, III y IV, 109.II, 110.I y II, 122, 158.I.3, 159.8, 232, 323.I, y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Por memorial presentado el 31 de enero de 2023, cursante de fs. 27 a 35 vta., los accionantes exponen los siguientes fundamentos:
Mediante Decreto Supremo (DS) 4740 se reguló la autorización para la utilización de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos terrestres. Este fue modificado por el DS 4810, estableciendo que la infracción establecida en el art. 5 del citado Decreto, entraría en vigor el 1 de enero de 2023. Posteriormente, a través del DS 4845 se fijó como nueva fecha de vigencia el 1 de febrero de ese año. Finalmente, el 15 de julio de 2022, se emitió la RM 101/2022 reglamentando el DS 4740.
Ahora bien, el art. 1 del DS 4740 establece un trámite de autorización para vidrios oscurecidos o polarizados de manera genérica; además, en el caso de los vehículos con vidrios oscurecidos, esta característica está presente desde su fabricación; por lo que, al ingresar al país a través de un proceso de importación, ya cuentan con los vidrios oscurecidos. En ese sentido, el cobrar un monto por la tramitación de la “autorización” de uso de vidrios oscurecidos supone una doble tributación, pues el arancel de importación ya se constituye en un pago efectivo a favor del Estado a tiempo de la internación legal del vehículo, con todas las características que el mismo presenta desde su fabricación y con las cuales ingresó al país. Por otro lado, el art. 4.I y II del mismo Decreto, dispone que la autorización tendrá una vigencia de dos años a partir de su emisión, además el pago por la solicitud de autorización de los vidrios oscurecidos o polarizados deben ser depositados en una cuenta bancaria del Ministerio de Gobierno. No obstante, la norma no especifica la naturaleza jurídica de este cobro -no se aclara si se trata de un tributo, impuesto, tasa, contribución especial, patente municipal u otra forma de recaudación- ni tampoco el destino que se dará a los recursos recaudados. Así también, la autorización para esa tramitación vulnera el principio de legalidad o reserva de ley, previsto en los arts. 14.IV y 109 de la CPE, concordante con el art. 30 de la CADH y con la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su Opinión Consultiva (OC) 6/86 de 9 de mayo de 1986; toda vez que, el Órgano Ejecutivo no puede implementar un tributo mediante un Decreto Supremo y una Resolución Ministerial, porque esta atribución le corresponde al Órgano Legislativo (art. 12.I y III de la CPE). En ese sentido, al adecuarse el pago por la autorización del uso de vidrios oscurecidos o polarizados a la definición de tributo conforme al art. 9 del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-, el mismo tendría que haber sido regulado por una ley, más aun considerando los arts. 158.I.3 -que atribuye a la Asamblea Legislativa Plurinacional la facultad de dictar, interpretar, derogar, abrogar y modificar leyes- y 159.8 -que determina que la Cámara de Diputados tiene la competencia para iniciar la aprobación o modificación de leyes en materia tributaria, de crédito público o de subvenciones-, ambos de la CPE. Por otra parte, el DS 4740, al restringir derechos y libertades mediante una norma de menor jerarquía -bajo el argumento de que reglamenta el Código de Tránsito- resulta vulnerario; dado que, el referido Código no establece en ninguna de sus disposiciones la necesidad de una autorización para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos ni contempla sanciones al respecto; además, existe una usurpación de funciones, pues el art. 12.III de la CPE, determina que las atribuciones de los Órganos Públicos no son delegables entre sí, lo que acarrea la nulidad de acuerdo con el art. 122 de la citada Norma Suprema.
En cuanto a la jerarquía normativa establecida en el art. 410 de la CPE, un Decreto Supremo no puede contradecir una normativa legal de mayor jerarquía, como el Código Tributario Boliviano ni aplicarse de manera preferente frente a una ley o la propia Constitución Política del Estado. Por último, la RM 101/2022 infringe el principio de igualdad consagrado en los arts. 8, 9 y 323.I de la CPE, concordantes con el 26 del PIDCP y 7 de la DUDH; toda vez que, los montos diferenciados para tramitar la autorización de vidrios oscurecidos o polarizados, otorgando un privilegio tributario al sector del transporte público frente al resto de la población, sin ninguna justificación válida, objetiva y razonable. Además, no se conoce el criterio utilizado por el Ministerio de Gobierno para fijar los montos ni la razón de la diferencia del 100% entre el cobro a la población general y al transporte público.
Por Auto Constitucional (AC) 0056/2023-CA de 10 de febrero, cursante de fs. 37 a 44, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, rechazó la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada; sin embargo, los accionantes interpusieron recurso de queja (fs. 52 a 57), el cual fue resuelto a través del ACP 0003/2023-RQ de 3 de abril (fs. 60 a 73), que dispuso revocar la decisión previa y admitir la causa, así como la notificación a Luis Alberto Arce Catacora, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; y, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, a efecto de sus respectivos apersonamientos y formulación de alegatos, diligencias que fueron cumplidas el 18 de octubre de 2023 (fs. 101 y 126).
Luis Alberto Arce Catacora, Presidente Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su representante, por memorial presentado el 9 de noviembre de 2023, cursante de fs. 146 a 153 vta., solicitó se rechace la demanda con los siguientes argumentos: a) Observa la notificación del AC 0056/2023-CA a la parte accionante y alega que la justificación presentada por la misma para la presentación extemporánea del recurso de queja carece de sustento, ya que señaló como domicilio procesal la Oficina de Notificaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional; b) La vía apropiada para el control de constitucionalidad respecto a una norma de carácter tributario es el recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales -art. 133 y siguientes del Código Procesal Constitucional (CPCo)-, más aun considerando que el costo de pago por autorización y registro para el uso de vidrios polarizados, a juicio de los accionantes, se constituye en uno de carácter tributario; c) La potestad reglamentaria de la administración pública se justifica, ya que los órganos administrativos están mejor preparados para aspectos regulares que requieren una formación técnica y jurídica que, por su naturaleza, no corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así, las reglamentaciones administrativas deben ser adoptadas con celeridad y actualizadas continuamente, siendo los órganos administrativos los más adecuados para llevar a cabo esta labor. d) Los montos establecidos en el reglamento no corresponden a un tributo, sino al costo asociado con la emisión de las rosetas, tanto de autorización como de registro, para el uso de vidrios polarizados u oscurecidos. Esta regulación se basa en la potestad reglamentaria otorgada por el DS 4740, el Código de Tránsito y la Norma Suprema. Asimismo, la roseta, gestionada a través del Sistema Digital de Vidrios Oscurecidos o Polarizados -ED3-, permite identificar e individualizar cada vehículo en circulación; y, f) El costo de la roseta de autorización y/o registro no constituye un tributo, sino que forma parte del ejercicio de la función administrativa del Órgano Ejecutivo. Por lo tanto, es incongruente hablar de doble tributación, considerando los antecedentes fácticos y los fundamentos jurídicos que respaldan esta actividad administrativa, cuyo propósito es promover el bien común y garantizar la seguridad en el transporte terrestre de la población. Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, por memorial presentado el 9 de noviembre de 2023, cursante de fs. 170 a 181 vta., solicitó se declare la constitucionalidad de los DDSS 4740, 4841 y 4845; y, también de la RM 101/2022, bajo los siguientes argumentos: 1) El recurso de queja incorporó nuevos fundamentos que no fueron incluidos en la solicitud original, como la supuesta contravención al art. 76 de la CPE, la incompatibilidad con el art. 5 del DS 4740 y la referencia a un inexistente art. 7 de dicho Decreto; 2) La parte accionante debió interponer un recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales, conforme a lo establecido en el art. 133 y ss. del CPCo, en concordancia con los precedentes fijados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0590/2012 de 20 de julio y 0027/2020 de 2 de septiembre; 3) Respecto a la supuesta vulneración del principio de reserva legal, la afirmación carece de sustento, ya que no se especifica qué limitaciones de derechos derivarían de las normas impugnadas; 4) No puede considerarse como doble tributación la infracción aplicable por la omisión de autorización para el uso de vidrios oscurecidos, incluso si se hubiera pagado un arancel de importación al momento de la internación del vehículo; esto se debe a que el DS 4740 no tiene por objeto la creación, modificación o eliminación de tributos; y, 5) En relación con la presunta usurpación de funciones, el Órgano Ejecutivo cuenta con atribuciones claramente delimitadas y regladas por la Norma Suprema para la reglamentación del Código de Tránsito, por lo que no resulta evidente tal infracción.
El 28 de marzo de 2024, se procedió al primer sorteo de la presente acción de inconstitucionalidad abstracta, la misma que fue suspendida su plazo por decreto constitucional de 5 de abril de 2024 (fs. 198) -para solicitar a la Unidad de Jurisprudencia, Legislación y Gaceta de este Tribunal Constitucional Plurinacional, un informe técnico sobre los fallos que desarrollaron fundamentos sobre la naturaleza del recurso de queja y los casos en control normativo de constitucional en los que se emitió Sentencia Constitucional en el fondo-, hasta que la documentación sea remitida. Recibido el informe (fs. 203 a 224), se reanudó su plazo por decreto constitucional de 19 de diciembre de 2024 (fs. 229), el mismo que fue notificado a las partes el 26 de igual mes y año (fs. 230 a 231) y que, al no obtener consenso en la Resolución de la causa, se procedió a un segundo sorteo el 28 de febrero de 2025 (fs. 232). Mediante decreto constitucional de 19 de marzo de 2025, cursante de fs. 233 a 234, se dispuso la suspensión del plazo a efectos de recabar documentación complementaria, habiendo recibido la misma; se resolvió su reanudación a partir de la notificación con el decreto constitucional de 25 de septiembre del mismo año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo previsto por ley.
De la revisión de antecedentes y a efectos de resolver la problemática planteada, corresponde realizar las siguientes precisiones:
Los accionantes demandan la inconstitucionalidad de los DDSS 4740 de 15 de junio; 4810 de 12 de octubre; y, 4845 de 28 de diciembre, todos de 2022; y, la RM 101/2022 de 15 de julio, cuyo contenido de regulación normativa es el que sigue:
Decreto Supremo 4740
“ARTÍCULO 1°.- (OBJETO) Para el mantenimiento de la seguridad y orden público, el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la autorización para la utilización de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos terrestres como disposición reglamentaria del Código de Tránsito elevado a rango de ley por Ley N° 3988, de 18 de diciembre de 2008.
ARTÍCULO 2°.- (DEFINICIONES) Para efectos del presente Decreto Supremo, se establecen las siguientes definiciones: a) Vidrio oscurecido: Es aquel que por su fabricación no es incoloro, disminuyendo el ingreso de luz al interior del vehículo; b) Vidrio polarizado: Es aquel que por efecto de la adición de láminas, adherencias u otro aditamento de forma parcial o total, pierde su estado incoloro, provocando que se elimine o disminuya el ingreso de luz al interior del vehículo. ARTÍCULO 3°.- (AUTORIZACIÓN)
I. Para la circulación de vehículos de transporte terrestre con vidrios oscurecidos o polarizados, se debe contar con la autorización expresa del Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, conforme a requisitos y procedimiento establecidos en reglamentación específica. II. Únicamente se podrá solicitar la autorización para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados en los siguientes casos:
a) En ambulancias; b) Para vehículos de uso de representantes de Misiones Diplomáticas, Consulares, de Organismos Internacionales acreditados en Bolivia, y todo aquel que cuente con placa diplomática; c) Para vehículos oficiales y particulares de: El Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional; Ministras y Ministros de Estado; Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La presente causal de autorización alcanza para los vehículos particulares de ex autoridades citadas con antelación; d) Para vehículos oficiales de: Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional; Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y Presidentes de los Tribunales Departamentales de Justicia; Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental; Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura; Vocales del Tribunal Supremo Electoral y Presidentes de los Tribunales Electorales Departamentales; Contralora o Contralor General del Estado; Fiscal General del Estado y Fiscales Departamentales; Procuradora o Procurador General del Estado; Defensora o Defensor del Pueblo; Gobernadoras y Gobernadores de los Gobiernos Autónomos Departamentales, y Presidentes de las Asambleas Legislativas Departamentales; Alcaldesas y Alcaldes de los Gobiernos Autónomos Municipales y Presidentes de los Concejos Municipales; e) En vehículos con vidrios oscurecidos; f) Por orden judicial en procesos donde se investiguen hechos de violencia;
g) Por razones de salud, debidamente certificadas por el ente Gestor de Salud o por los establecimientos públicos de salud.
III. Para los vehículos con vidrios oscurecidos o polarizados, utilizados para la lucha contra el crimen, el narcotráfico y contrabando, no requerirán tramitar autorización alguna. IV. En ningún caso, se autorizará el uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos de transporte público. ARTÍCULO 4°.- (VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN)
I. La roseta de autorización para la utilización de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos terrestres tendrá una vigencia de dos (2) años; a partir de su emisión. II. La transferencia de vehículos que cuenten con la roseta de autorización, originará la caducidad de la misma. III. Se suspenderá definitivamente la autorización establecida en el presente Decreto Supremo, cuando se investiguen delitos que presuntamente se hubieran cometido con el uso de vehículos con vidrios oscurecidos o polarizados autorizados. ARTÍCULO 5°.- (INFRACCIÓN) Se establece como infracción de competencia de la Policía de Tránsito la circulación de vehículos con vidrios oscurecidos o polarizados sin autorización, en el marco de lo establecido por el Artículo 95 del Código de Tránsito.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.-
I. En un plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Gobierno, mediante Resolución Ministerial, aprobará la reglamentación específica. II. La infracción señalada en el Artículo 5 del presente Decreto Supremo entrará en vigencia a los noventa (90) días calendario computables a partir de la aprobación del Reglamento señalado en el Parágrafo precedente, período en el cual las y los poseedores y/o propietarios de vehículos que cuenten con vidrios oscurecidos o polarizados, deben tramitar la respectiva autorización.
DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La aplicación del presente Decreto Supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación - TGN”. Decreto Supremo 4810 “ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el Parágrafo II de la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo Nº 4740, de 15 de junio de 2022, con el siguiente texto: ‘II. La infracción establecida en el Artículo 5 del presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Las y los poseedores y/o propietarios de vehículos con vidrios oscurecidos o polarizados, deben contar con la respectiva autorización hasta el 31 de diciembre de 2022’”. Decreto Supremo 4845 “ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el Parágrafo II de la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo Nº 4740, de 15 de junio de 2022, modificado por el Decreto Supremo Nº 4810, de 12 de octubre de 2022, con el siguiente texto: ‘II. La infracción establecida en el Artículo 5 del presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2023. Las y los poseedores y/o propietarios de vehículos con vidrios oscurecidos o polarizados, deben contar con la respectiva autorización hasta el 31 de enero de 2023’”. Resolución Ministerial 101/2022 “POR TANTO: El Ministro de Gobierno, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, el Decreto Supremo N° 29894 de 9 de febrero de 2009, y el Decreto Presidencial N° 4389, de 09 de noviembre de 2020, RESUELVE: PRIMERO.- Aprobar el Reglamento de uso de Vidrios Oscurecidos o Polarizados en Vehículos del transporte Terrestre, en sus cuatro (4)
Capítulos y veintidós (22) Artículos; que constituye para integrante e indivisible de la presente Resolución Ministerial. SEGUNDO.- Aprobar el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados - ED3, para procesar los trámites de autorización para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados y registro de vidrios oscurecidos para el transporte público. TERCERO.- La infracción por circulación de vehículos con vidrios oscurecidos o polarizados sin autorización o registro, establecida en el Artículo 5 del Decreto Supremo NO 4740, de 15 de junio de 2022, entrará en vigencia a los noventa (90) días calendario, computables partir de emisión de la presente Resolución Ministerial. CUARTO.- El Viceministerio de Seguridad Ciudadana podrá aprobar los formularios, instructivos y demás instrumentos necesarios para la aplicación Reglamento aprobado por la presente Resolución Ministerial. QUINTO.- El Viceministerio de Seguridad Ciudadana queda encargado del cumplimiento del Reglamento aprobado por la presente Resolución Ministerial.
REGLAMENTO DE USO DE VIDRIOS OSCURECIDOS O POLARIZADOS EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1.- OBJETO El presente Reglamento tiene por objeto, determinar los requisitos y regular el procedimiento para la autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos de transporte terrestre y registro de vidrios oscurecidos para vehículos de transporte público, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 4740, de 15 de junio de 2022. ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Las disposiciones del presente Reglamento, rigen para todos los trámites de autorización para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados y registro de vidrios oscurecidos para el transporte público, en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. ARTICULO 3.- DEFINICIONES A los fines del cumplimiento del presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:
R a) oseta de Autorización: Es el adhesivo de control de autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados, otorgado por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, con características de seguridad que permiten un efectivo control. R b) oseta de Registro: Es el adhesivo de control de registro de uso de vidrios oscurecidos para el transporte público, otorgado por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, con características de seguridad que permiten un efectivo control. S c) istema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados -ED3: Es el sistema informático web de acceso público, mediante el cual se realizan y procesan las solicitudes de autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados; permite el ingreso, seguimiento y generación de reportes de la solicitud, de manera digital. V d) idrio Oscurecido: Es aquel que por su fabricación no es incoloro, disminuyendo el ingreso de luz al interior del vehículo. V e) idrio Polarizado: Es aquel que, por efecto de la adición de láminas, adherencias u otro aditamento de forma parcial o total, pierde su estado incoloro, provocando que se elimine o disminuya el ingreso de luz al interior del vehículo.
CAPÍTULO ll REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE USO DE VIDRIOS
OSCURECIDOS O POLARIZADOS
ARTÍCULO 4.- AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE VIDRIOS OSCURECIDOS O POLARIZADOS La autorización para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados será emitida por el Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, para uso exclusivo del vehículo autorizado. ARTÍCULO 5.- REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN EN AMBULANCIAS Para los vehículos establecidos en el inciso a) del parágrafo II del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4740, se establecen los siguientes requisitos: 1. R egistro del formulario en el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados - ED3, firmado por la o el solicitante, mismo que se constituye en documento de declaración jurada. 2. C ertificación emitida por el Ministerio de Salud, que acredite la otorgación del Código Único Nacional a la ambulancia o Resolución de habilitación de la ambulancia emitida por el Servicio Departamental de Salud SEDES correspondiente. 3. D ocumento que acredite la representación de la o el solicitante, para personas jurídicas. 4. P oder de representación vigente y especifico, si corresponde. 5. B oleta de depósito de pago. ARTÍCULO 6.- REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN EN VEHICULOS DE USO DE REPRESENTANTES DE MISIONES DIPLOMÁTICAS, CONSULARES Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS Para los vehículos señalados en el inciso b) del parágrafo II del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4740, se establecen los siguientes requisitos: 1. N ota de solicitud dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores T 2. arjeta de propiedad del vehículo anverso y reverso, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. F 3. otocopia de la nota de acreditación de la o el funcionario emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, del carnet diplomático o de la credencial. B 4. oleta de depósito de pago. ARTÍCULO 7.- REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES Para los vehículos oficiales establecidos en los incisos c) y d) del parágrafo II del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4740, se establecen los siguientes requisitos:
1. R egistro del formulario en el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados - ED3, firmado por la o el solicitante, mismo que se constituye en documento de declaración jurada 2. D ocumento que acredite la representación legal de la entidad solicitante. 3. C ertificado de Registro de Propiedad Vehicular Automotor -CRPVA, o documentación que acredite la tenencia legal del vehículo 4. B oleta de depósito de pago.
ARTÍCULO 8.- REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS PARTICULARES DE AUTORIDADES Y EX AUTORIDADES Para los vehículos particulares de ex autoridades establecidos en el inciso c) del parágrafo ll del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4740, se establecen los siguientes requisitos:
1. Registro del formulario en el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados - ED3, firmado por la o el solicitante, mismo que se constituye en documento de declaración jurada. 2. Documento que acredite la designación como autoridad o ex autoridad según corresponda. 3. Poder de representación vigente y especifico, si corresponde. 4. Certificado de Registro de Propiedad Vehicular Automotor -CRPVA, o documentación que acredite la tenencia legal del vehículo. 5. No contar con multas de tránsito pendientes de pago. 6. Boleta de depósito de pago.
ARTÍCULO 9.- REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS CON VIDRIOS OSCURECIDOS Para los vehículos con vidrios oscurecidos señalados en el inciso e) del Parágrafo ll, del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4740, se establecen los siguientes requisitos:
1. Registro del formulario en el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados - ED3, firmado por la o el solicitante, mismo que se constituye en documento de declaración jurada. 2. Documento que acredite la representación de la o el solicitante, en caso de personas jurídicas. 3. Poder de representación vigente y especifico, si corresponde. 4. Certificado de Antecedentes Policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen - FELCC, Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico FELCN y Tránsito. 5. Certificado de Registro de Propiedad Vehicular Automotor C R PVA, o documentación que acredite la tenencia legal del vehículo. 6. No contar con multas de tránsito pendientes de pago. 7. Boleta de depósito del pago.
ARTÍCULO 10.- REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ORDEN JUDICIAL
En caso de Orden Judicial que disponga el uso de vidrios polarizados, conforme lo dispuesto por el inciso f) del parágrafo ll del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4740, se establecen los siguientes requisitos:
1. Registro del formulario en el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados - ED3, firmado por la o el solicitante, mismo que se constituye en documento de declaración jurada. 2. Orden Judicial en los procesos donde se investiguen hechos de violencia, en la cual se ordene emitir autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados, identificando la placa de circulación del vehículo al que se otorgará la autorización. 3. Certificado de Registro de Propiedad Vehicular Automotor - CRPVA, o documentación que acredite la tenencia legal del vehículo. 4. No contar con multas de tránsito pendientes de pago. 5. Boleta de depósito de pago.
ARTÍCULO 11.- REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE VEHÍCULOS POR RAZONES DE SALUD I. Para las solicitudes enmarcadas en el inciso g) del parágrafo ll del Artículo 3 del Decreto Supremo NO 4740, se establecen los siguientes requisitos.
1. Registro del formulario en el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados — ED3, firmado por la o el solicitante, mismo que se constituye en documento de declaración jurada. 2. Certificado emitido por un médico del ente Gestor de Salud o de un establecimiento público de salud, que expresamente contenga la recomendación a la o el paciente de evitar la exposición a la luz solar, debido a una condición médica de acuerdo a la patología presentada. 3. Cuando la o el paciente no sea la o el propietario del vehículo, se deberá llenar un formulario de declaración jurada identificando el vehículo que el paciente utiliza. 4. Certificado de Registró de Propiedad Vehicular Automotor -CRPVA, o documentación que acredite la tenencia legal del vehículo. 5. No contar con multas de tránsito pendientes de pago. 6. Boleta de depósito de pago II. En caso de evidenciarse indicios de irregularidades en la emisión de la certificación que acredite riesgo en la salud el Viceministerio de Seguridad Ciudadana realizará las consultas al Ministerio de Salud y Deportes, y en su caso se iniciaran las acciones que correspondan.
CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO, VIGENCIA Y COSTO DE LA AUTORIZACIÓN
DE USO DE VIDRIOS OSCURECIDOS O POLARIZADOS
ARTÍCULO 12.- PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Para los casos previstos en los Artículos 5, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente Reglamento, la emisión de la autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados, seguirá el siguiente procedimiento:
a) La o el solicitante llenará el formulario y adjuntará los requisitos según la causal de autorización, vía digital en el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados - ED3. b) El Viceministerio de Seguridad Ciudadana, procesará la solicitud en el plazo de cinco (5) días hábiles, posteriormente, mediante notificación electrónica, comunicará a la o el solicitante, la aprobación o rechazo del trámite. En caso de rechazo, la o el interesado podrá presentar nuevamente su solicitud, previo cumplimiento de los requisitos c) Aprobado el trámite, la o el solicitante en el plazo de hasta cinco (5) días hábiles, deberá presentar la impresión del formulario de solicitud debidamente firmado, la documentación original y la boleta de depósito del pago, en las oficinas del Ministerio de Gobierno habilitadas en los 9 departamentos, donde se verificará la documentación original d) Solo en caso de solicitudes de autorización de vidrios oscurecidos, cumplida la verificación de la documentación, el funcionario del Viceministerio de Seguridad Ciudadana programará el lugar y fecha para realizar la verificación física de la condición de vidrios oscurecidos, que será realizada por funcionario policial; en caso de que no sean vidrios oscurecidos, se desestimará el trámite, sin posibilidad a reembolso alguno. e) Posteriormente, se hará entrega de la roseta de autorización, la que deberá ser adherida de forma inmediata, en la parte inferior derecha del parabrisas, en un lugar visible a efectos de control. ARTÍCULO 13.- PROCEDIMIENTO PARA VEHÍCULOS CON PLACAS DIPLOMÁTICAS Para la emisión de la autorización de uso de vidrios oscurecidos de fábrica o polarizados, en vehículos con placas diplomáticas, se seguirá el siguiente procedimiento:
a) La o el solicitante presentará una nota adjuntando los requisitos señalados en el Artículo 7 del presente Reglamento, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, instancia que verificará la documentación presentada, y en el plazo máximo de 72 horas, remitirá el trámite al Viceministerio de Seguridad Ciudadana, para su procesamiento.
b) El Viceministerio de Seguridad Ciudadana, registrará el formulario en el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados -ED3, en el plazo de cinco (5) días hábiles; posteriormente, mediante notificación electrónica, comunicará a la o el solicitante, la aprobación o rechazo del trámite. En caso de rechazo, la o el interesado podrá presentar nuevamente su solicitud, previo cumplimiento de los requisitos y se devolverán al Ministerio de Relaciones Exteriores los documentos remitidos, para su entrega a la o el solicitante c) Aprobado el trámite, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana remitirá la Roseta de Autorización, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su entrega a la o el solicitante, quien deberá adherirlo de forma inmediata, en la parte inferior derecha del parabrisas, en un lugar visible a efectos de control, Efectuada la entrega de las rosetas, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá el Formulario de Constancia de Entrega de la Roseta al Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
ARTÍCULO 14.- VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN
I. La vigencia de la autorización de uso de vidrios polarizados, será de dos (2) años, computables desde la fecha de emisión, antes del vencimiento de la misma se deberá tramitar la renovación de la autorización. II. En caso de transferencia del derecho propietario del vehículo terrestre que cuente con autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados, se pierde la vigencia de la autorización y la o el nuevo propietario del vehículo deberá tramitar nuevamente la autorización que corresponda.
ARTÍCULO 15.- SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIZACIÓN
I. La autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados, será suspendida definitivamente de forma inmediata por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, cuando se cumplan las siguientes causales:
1. Cuando la o el propietario o poseedor utilice el vehículo para la comisión de hechos delictivos sujetos a investigación. 2. Cuando la o el propietario o poseedor utilice el vehículo como transporte público. 3. Cuando se alteren las características de los vidrios del vehículo después de obtener la autorización. II. Para la aplicación de lo establecido en el parágrafo precedente, la Policía Boliviana, a través de la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, realizará los controles correspondientes.
ARTÍCULO 16.- CADUCIDAD DE LA AUTORIZACIÓN
I. La autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados, caducará cuando el vehículo haya sido transferido, en este caso la o el nuevo propietario podrá realizar el trámite de autorización ante el Viceministerio de Seguridad Ciudadana. II. La o el titular de la autorización, de forma inmediata debe poner en conocimiento del Viceministerio de Seguridad Ciudadana la transferencia del vehículo, para evitar cualquier tipo de sanción.
ARTÍCULO 17.- COSTO DE LA AUTORIZACIÓN DE USO DE VIDRIOS OSCURECIDOS O POLARIZADOS El trámite de autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados tiene un costo de Bs. 200 (Doscientos 00/100 Bolivianos), pago que debe efectuarse en la cuenta establecida por el Ministerio de Gobierno.
CAPÍTULO IV REGISTRO DE VEHÍCULOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON VIDRIOS OSCURECIDOS
ARTÍCULO 18.- REGISTRO DE VEHÍCULOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON VIDRIOS OSCURECIDOS
I. Los vehículos de transporte público que se encuentren en circulación a momento de la aprobación del presente Reglamento y cuenten con vidrios oscurecidos, deberán ser registrados a través del Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados - ED3, ello en cumplimiento del Artículo 46 concordante con el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado. II.El trámite de registro se realizará de forma obligatoria por la o el propietario o poseedor, en el plazo de 90 días computables desde la aprobación del presente Reglamento, concluido el mismo se aplicará lo previsto en el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 4740. ARTÍCULO 19.- REQUISITOS PARA EL REGISTRO Para el registro de los vehículos señalados en el Artículo precedente, se establecen los siguientes requisitos:
1. Registro del formulario para vehículos de transporte público en el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados - ED3, firmado por la o el solicitante, mismo que se constituye en documento de declaración jurada. 2. Licencia de Conducir vigente. 3. Certificado de Registro de Propiedad Vehicular Automotor CRPVA, o documentación que acredite la tenencia legal del vehículo. 4. Boleta de depósito de pago único.
ARTÍCULO 20.- PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO
Para el registro de los vehículos señalados en el Artículo 18 del presente Reglamento, se seguirá el siguiente procedimiento.
a) La o el solicitante, llenará el formulario y adjuntará los requisitos señalados, vía digital en el Sistema Estado Digital Vidrios Oscurecidos o Polarizados - ED3, mismo que se constituye en documento de declaración jurada. b) El Viceministerio de Seguridad Ciudadana, procesará el registro en el plazo de cinco (5) días hábiles; posteriormente, mediante notificación electrónica, comunicará a la o el solicitante su aprobación o rechazo. En caso de rechazo, la o el interesado podrá presentar nuevamente su solicitud, previo cumplimiento de los requisitos. c) Aprobado el trámite, la o el solicitante en el plazo de hasta cinco (5) días hábiles, deberá presentar la impresión del formulario de solicitud debidamente firmado, la documentación original y la boleta de depósito del pago único, en las oficinas del Ministerio de Gobierno habilitadas en los 9 departamentos, donde se verificará la documentación original. d) Cumplida la verificación de la documentación, el funcionario del Viceministerio de Seguridad Ciudadana programará el lugar y fecha para realizar la verificación física de la condición de vidrios oscurecidos, que será realizada por funcionario policial en caso de que no sean vidrios oscurecidos, se desestimará el trámite, sin posibilidad a reembolso alguno. e) Cumplida la verificación documental y física, se hará entrega de la roseta de registro, la que deberá ser adherida de forma inmediata, en la parte inferior derecha del parabrisas, en un lugar visible a efectos de control. ARTÍCULO 21.- COSTO DE LA ROSETA DE REGISTRO PARA TRANSPORTE PÚBLICO El trámite de registro de vehículos de transporte público con vidrios oscurecidos tiene un costo de Bs. 100 (Cien 00/100 Bolivianos), pago único que debe efectuarse en la cuenta establecida por el Ministerio de Gobierno. ARTÍCULO 22.- VIGENCIA DEL REGISTRO PARA TRANSPORTE PÚBLICO
I. La vigencia del registro para vehículos de transporte público con vidrios oscurecidos, será de dos (2) años, computables desde la fecha de emisión, antes del vencimiento de la vigencia se deberá tramitar su renovación sin costo. II. En caso de transferencia del derecho propietario del vehículo que se encuentre registrado, la o el nuevo propietario del vehículo deberá tramitar nuevamente la autorización o el registro, según corresponda”.
Normas constitucionales “Artículo 8. (…)
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. (…) Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. (…)
III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre si. (…) Artículo 14. (…)
II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. (…) Artículo 109. (…)
II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley.
(…) Artículo 110. I. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales. (…) Artículo 122. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. (…) Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (…)
3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
(…) Artículo 159. Son atribuciones de la Cámara de Diputados, además de las que determina esta Constitución y la ley: (…) 8. Iniciar la aprobación o modificación de leyes en materia tributaria, de crédito público (…) Artículo 232. La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. (…) Artículo 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. (…) Artículo 410. I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:
1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.
Normas convencionales Declaración Universal de Derechos Humanos “Artículo 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Convención Americana sobre Derechos Humanos “Artículo 30. Alcance de las Restricciones Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Los accionantes cuestionan la constitucionalidad de los DDSS 4740, 4810 y 4845; y, la RM 101/2022, argumentando que dichas normas son presuntamente contrarias a los arts. 8.II, 9.1 y 2, 12.I y III, 14.II, III y IV, 109.II, 110.I y II, 122, 158.I.3, 159.8, 323.I, 232 y 410 de la CPE; 30 de la CADH; 26 del PIDCP; y, 7 de la DUDH; puesto que: i) Aunque la norma impugnada no define con claridad la naturaleza del cobro exigido, este constituye un tributo, cuya creación y regulación deben realizarse mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional; ii) Se advierte una doble tributación, dado que, el Estado cobra un arancel de importación al ingreso de un vehículo con todas sus características de fábrica, incluidos los vidrios oscurecidos y, posteriormente, exige un pago adicional por la tramitación de la autorización para su uso dentro del territorio nacional; iii) La RM 101/2022 establece cobros diferenciados para el trámite de autorización de vidrios polarizados, beneficiando al sector del transporte público con un trato preferencial. Esto supone una violación al principio de igualdad ante la ley; y, iv) Existe una regulación genérica respecto al trámite de autorización para vidrios oscurecidos o polarizados sin establecerse, por ejemplo, el destino de lo recaudado. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes, a efectos de ejercer control de constitucionalidad que el art. 202.1 de la CPE le encomienda al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Si bien en el derecho financiero el derecho tributario ocupa un lugar central por su amplio desarrollo y regulación, dentro de la administración pública existen otros ingresos que, aunque no forman parte de la clasificación de los tributos, constituyen recursos que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus fines. Estos ingresos suelen recibir menor atención debido a su baja participación en la recaudación, pero su diferenciación es esencial para evitar que sean confundidos con los ingresos tributarios. Para marcar esta distinción, es importante partir de la clasificación de los tributos establecida en el Código Tributario Boliviano, que en sus arts. 9 al 12 define su concepto y tipología. Según esta normativa, los tributos se clasifican en:
a) Impuestos son definidos como “…el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente”. La Ley de Reforma Tributaria (LRT) -Ley 843 de 20 de mayo de 1986- establece como impuestos, los siguientes: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a la trasmisión gratuita de bienes (ITGB), Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), Impuesto al Consumo Específico (ICE), Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), Impuesto al Juego (IJ), el Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ) e Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). b) Tasas “…son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto pasivo…”.
c) Contribuciones Especiales “…son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. El tratamiento de las contribuciones especiales emergentes de los aportes a los servicios de seguridad social se sujetará a disposiciones especiales, teniendo el presente Código carácter supletorio”; y, d) Patentes Municipales “…cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas”.
Los ingresos tributarios provienen exclusivamente de los tributos mencionados y están claramente determinados en la normativa fiscal. Sin embargo, dentro de la administración pública, también existen ingresos no tributarios, los cuales abarcan una amplia variedad de recursos, como registros e inscripciones, matrículas, multas, autorizaciones o permisos administrativos y precios públicos, entre otros. Debido a su diversidad, resulta difícil establecer una definición legal única o características específicas para estos ingresos; no obstante, según una definición aproximada a los recursos o ingresos no tributarios Doncel Núñez lo define como las “Cantidades pecuniarias derivadas de recursos cuya titularidad corresponde a las Administraciones públicas, ya sean de naturaleza pública o privada, y que no encajan en la definición de impuestos, tasas y contribuciones especiales, y tampoco constituyen derechos a la importación o a la exportación” (La recaudación de los ingresos no tributarios ni aduaneros procedentes del extranjero. Una nueva regulación, 2019).
En ese marco, existen algunos ingresos no tributarios que pueden confundirse con los ingresos tributarios y cobrarse de manera incorrecta; por lo que, es fundamental evitar interpretaciones erróneas y garantizar una correcta aplicación de la normativa. Si bien la principal diferencia entre ambas prestaciones patrimoniales radica en su naturaleza, se pueden establecer tres distinciones clave entre ingresos tributarios e ingresos no tributarios. En primer lugar, respecto a la entidad recaudadora, los ingresos no tributarios pueden ser gestionados por distintas entidades del Estado, mientras que los tributos solo pueden ser recaudados por Administraciones Tributarias oficiales, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aduana Nacional (AN) y los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales. En segundo lugar, en términos de importancia en la recaudación, los ingresos no tributarios representan una proporción menor dentro del presupuesto estatal, mientras que los ingresos tributarios constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del gasto público. Finalmente, en cuanto a su carácter obligatorio o voluntario, los tributos son de cumplimiento obligatorio para todos los contribuyentes, mientras que los ingresos no tributarios pueden ser tanto obligatorios como voluntarios. Si bien ambos tipos de ingresos contribuyen al financiamiento del gasto público, su origen, administración y obligatoriedad los diferencian claramente. Con relación a las autorizaciones o permisos administrativos, son actos emitidos por una autoridad pública competente que habilitan el ejercicio de una actividad restringida. Sin dicho permiso, la actividad no podría realizarse legalmente. Su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, como la presentación de documentación, certificaciones o la realización de inspecciones previas. Estas autorizaciones pueden tener una vigencia determinada y ser revocadas en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas. Asimismo, su tramitación suele implicar al pago de un monto fijado por la entidad pública. Entre las principales autorizaciones o permisos administrativos se encuentran: las licencias de conducir, permisos de construcción, licencias para la tenencia, portación y uso de armas de fuego de uso civil, autorizaciones sanitarias para la venta de alimentos o medicamentos, entre otras que no estén catalogadas como tasas o patentes.
Ahora bien, y respecto al argumento en sentido de que debió interponerse, en su caso, recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales, regulado en el art. 133 del CPCo; conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la autorización del uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos terrestres no constituye un ingreso tributario, ya que su naturaleza y finalidad son distintas a las determinadas por la norma tributaria. Se trata de una autorización o permiso administrativo otorgado por el Estado, que permite el uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se pague el monto establecido por la entidad pública. La finalidad de esta autorización es esencialmente regulatoria y de control, garantizando que el uso de vidrios polarizados cumpla con criterios de seguridad. A diferencia de un tributo, no tiene un propósito recaudatorio ni está destinado al financiamiento de bienes y servicios públicos. Además, no es de carácter obligatorio, ya que solo deben gestionarla y pagarla quienes deseen obtener el permiso correspondiente. Por lo tanto, su pago no es exigido a todos los ciudadanos, sino únicamente a quienes lo soliciten, y tampoco implica una prestación, como sucede con las tasas. Por último, los ingresos generados por esta autorización no son recaudados por la Administración Tributaria, sino por una entidad específica del Estado encargada de su regulación y control. Bajo este razonamiento, la autorización para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos terrestres no constituye un tributo, sino un ingreso no tributario. En consecuencia, el recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales, no es el mecanismo constitucional adecuado para cuestionar la constitucionalidad de los DDSS 4740, 4810 y 4845; y, la RM 101/2022, ya que, según la SCP 0590/2012, aquel es: “…un proceso constitucional que tiene por finalidad el someter a juicio de constitucionalidad una disposición legal, que cree, modifique o en su caso suprima tributos en general, con el objeto de verificar su compatibilidad o incompatibilidad con la Constitución Política del Estado” (las negrillas son añadidas). En ese sentido, al no constituirse las referidas normas en disposiciones tributarias, no corresponde analizar su constitucionalidad a través del mencionado recurso, sino mediante la presente acción de constitucionalidad. Ahora bien, respecto al primer cargo de inconstitucionalidad, referido a que la norma impugnada constituye un tributo, cuya creación y regulación deben realizarse necesariamente mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional; al respecto, en el texto constitucional se denota la necesidad de regular a través de ley: 1) La creación de delitos, lo que no sucede en el presente caso; 2) Regulación de derechos, lo cual tampoco se presenta, en la medida en la que no se puede alegar un derecho humano, ni fundamental el transitar en vehículos con vidrios oscuros; 3) La creación de tributos, que es lo que se analizará en el caso concreto; y, 4) Otras establecidas en la Constitución Política del Estado o en el bloque de constitucionalidad. Al respecto, el art. 323 de la CPE señala que: “I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.
impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará conformado por impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, respectivamente” (las negrillas nos corresponden).
Por su parte, el art. 9.I de la CTB define que:
“I. Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. II. Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales; y III. Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas” (el énfasis es añadido). Asimismo, el art. 10 del mismo Código señala que: “Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente” (las negrillas nos corresponden). De lo referido, los ingresos tributarios tienen como finalidad recaudar recursos para el cumplimiento de los fines del Estado. Recaudación que debe ser ejercida por la Administración Tributaria y su cumplimiento es obligatorio para todos los contribuyentes. Ahora bien, el art. 1 del DS 4740 señala que “Para el mantenimiento de la seguridad y orden público, el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la autorización para la utilización de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos terrestres…” (las negrillas son nuestras). En ese marco, el referido Decreto no tiene por objeto recaudar recursos para el cumplimiento de fines del Estado -cubrir los costos de servicios esenciales como salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia, programas sociales, gasto corriente y mantenimiento del Estado-, sino regular la autorización del uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos terrestres con fines de seguridad y orden público -permiso administrativo-, lo que no implica que dicho dinero no tenga control gubernamental.
Por otro lado, dicha autorización está supeditada al cumplimiento de determinados requisitos establecidos en los arts. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 18 de la RM 101/2022. Su vigencia es de dos años a partir de su emisión y, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, puede ser revocada. En particular, se dispone la suspensión definitiva cuando se investiguen delitos presuntamente cometidos con el uso de vehículos que cuenten con vidrios oscurecidos o polarizados autorizados.
Asimismo, su tramitación es voluntaria; es decir, solo deben gestionarla quienes deseen obtener el permiso. El costo es determinado por el Ministerio de Gobierno y asciende a Bs200.- (doscientos bolivianos) por la autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados en los casos establecidos en el art. 17 de la RM 101/2022; y, Bs100.- (cien bolivianos) por la roseta de registro para el transporte público, conforme a lo dispuesto en el art. 21 de la RM 101/2022. Ingresos que no son recaudados por el sistema de Administración Tributaria, sino por otras entidades públicas. Es así que, conforme a las características establecidas en el DS 4740 y la RM 101/2022, estos no pueden ser considerados ingresos tributarios o impuestos, ya que su naturaleza y finalidad son distintas de las de un tributo, como se explicó previamente. Por lo tanto, aunque pueda regularse por una ley, se tiene que no existe la obligación de regularlos necesariamente conforme el principio de legalidad y, en consecuencia, el DS 4740 y la RM 101/2022 no contravienen lo dispuesto en el art. 323 de la CPE, debiendo declararse su constitucionalidad.
Por otra parte, respecto a la falta de competencia del Órgano Ejecutivo para regular las autorizaciones del uso de vidrios oscurecidos o polarizados, corresponde señalar que, al no considerarse la referida autorización un ingreso o recurso tributario, esta puede ser regulada -se reitera- por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero si esta no lo hace, afectando la seguridad ciudadana, puede hacerse por un Ministerio del Estado que tenga como atribución la seguridad pública o, inclusive, por un órgano especializado a crearse. En ese sentido, el art. 297.I.1 señala que las Competencias definidas en la Constitución Política del Estado son: “Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado” (el énfasis es añadido). Del mismo modo, el art. 298.I.6 de la CPE, señala que: “Son competencias privativas del nivel central del Estado: (…) 6. Seguridad del Estado, Defensa, Fuerzas Armadas y Policía boliviana” (el resaltado es propio).
Asimismo, el art 4 de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo -Ley 3351 de 21 de febrero de 2006-, establece las atribuciones del Ministro de Gobierno, señalando los siguientes: “d) Formular, dirigir, coordinar y administrar políticas en los ámbitos: - Migratorio. - Seguridad Pública, de prevención y represión del delito. - Régimen Penitenciario, rehabilitación y reinserción social elaborando una política nacional contra el crimen” (el resaltado es añadido). El art. 1 del DS 4740 y la RM 101/2022, indica que: “Para el mantenimiento de la seguridad y orden público, el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la autorización para la utilización de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos terrestres…” (las negrillas nos corresponden).
En este contexto, la seguridad del Estado es una competencia privativa del nivel central del Estado y puede ser ejercida a través de los distintos ministerios, entre ellos el Ministerio de Gobierno, responsable de garantizar la seguridad pública. En virtud de sus atribuciones y la normativa vigente, este Ministerio tiene la facultad de legislar, reglamentar y ejecutar políticas en materia de seguridad pública. Por lo tanto, la autorización para el uso de vidrios oscurecidos o polarizados responde a la necesidad de mantener la seguridad y el orden público, lo que otorga al Ministerio de Gobierno la competencia para regular su otorgamiento. En el presente caso, el DS 4047 modificado por los DDSS 4810 y 4845, fueron creados y emitidos por el Órgano Ejecutivo y reglamentado por el Ministerio de Gobierno, a través de la RM 101/2022, motivo por el cual dicha normativa se emitió conforme a la competencia del nivel central de Estado; en consecuencia, respecto a este cuestionamiento, corresponde declarar la constitucionalidad de las referidas normas. Asimismo, y como segundo cargo de inconstitucionalidad, los accionantes alegan que el Estado estaría incurriendo en doble tributación, ya que, por un lado, cobra un arancel de importación al ingreso de un vehículo al país con todas sus características de fábrica, incluidos los vidrios oscurecidos y, por otro, una vez internado en el territorio nacional, exige un pago por la tramitación de la autorización para el uso de dichos vidrios. Al respecto, la doble tributación ocurre cuando un mismo sujeto (persona o empresa) es gravado dos veces por el mismo hecho generador, ya sea, dentro de un mismo país (doble tributación interna) o en diferentes países (doble tributación internacional). El art. 16 del CTB establece que: “Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria”. El hecho generador en la importación de un vehículo es el ingreso del mismo al territorio nacional, con el propósito de ser comercializado o utilizado dentro del país, hecho que da lugar a la obligación de pagar los tributos aduaneros. En ese contexto, la importación de un vehículo genera la obligación del pago de varios tributos, pero no existe un tributo a los vidrios polarizados lo que es posible si la Asamblea Legislativa Plurinacional decidiera hacerlo. En cambio, la autorización de utilización de vidrios oscurecidos o polarizados no se considera un tributo, sino un ingreso no tributario, tal como se manifestó anteriormente; por tanto, no se evidencia la vulneración de una doble tributación, por lo que, también sobre este agravio, corresponder declarar su constitucionalidad.
Con relación al tercer cargo de inconstitucionalidad, la parte accionante cuestionó que la RM 101/2022 establece cobros diferenciados para el trámite de autorización de vidrios polarizados, beneficiando al sector del transporte público con un trato preferencial y que esto supone una violación al principio de igualdad ante la ley. Al respecto, la SCP 0003/2015 de 16 de enero, señaló que “El accionante debe explicar las razones, por las que se considera que las normas impugnadas son contrarias al texto de la Constitución Política del Estado; siendo que, al interponerse una acción de inconstitucionalidad abstracta o concreta, su objeto es depurarlas del ordenamiento jurídico; por lo que, no basta con precisar cuáles son, ya que dicho aspecto por sí mismo, no es causal para que el Tribunal Constitucional Plurinacional, pueda ingresar a realizar la contrastación correspondiente, debiendo cumplirse en todo caso los requisitos exigidos; toda vez que, debe estar fundamentada, ser congruente la argumentación de por qué es contraria a la Ley Fundamental el precepto impugnado…” (las negrillas son añadidas). En el presente caso, el cargo se basa en el principio de igualdad, que implica realizar una comparación, en sentido de que dos situaciones, personas, casos son iguales, pero tienen tratos diferentes o al revés. En el caso, la parte accionante no argumentó adecuadamente cómo la diferenciación en el costo de la autorización para el uso de vidrios polarizados en vehículos privados y públicos provoca una discriminación injustificada, trato desigual o arbitrario ni cómo afecta derechos fundamentales al establecer esta diferenciación. En lugar de ello, se limitó a señalar que dicha diferenciación afectaba el principio de igualdad ante la ley. Razón por la cual, sobre este cuestionamiento, existe una ausencia de fundamentación requerida para el control de constitucionalidad. Respecto al cuarto cargo de inconstitucionalidad, en sentido de que la regulación impugnada es muy general y no se conoce el destino de los recursos recaudados, se tiene que los vidrios polarizados están relacionados con la seguridad vial, ya que pueden afectar la conducción al reducir la visibilidad en condiciones de poca luz. Esto dificulta el contacto visual entre conductores y peatones, además de menoscabar la visibilidad en cruces e intersecciones. Por esta razón, muchos Estados establecieron regulaciones específicas sobre el uso de vidrios polarizados en los vehículos, con el fin de garantizar una mejor visibilidad y mayor seguridad en las vías públicas. Además, los vidrios polarizados pueden dificultar la identificación de los ocupantes de un vehículo, lo que los delincuentes suelen aprovechar. Por ejemplo, en casos de secuestro, la reducción de visibilidad desde el exterior permite trasladar a una víctima sin ser detectada, disminuyendo la posibilidad de que testigos alerten a las autoridades. Asimismo, estos vidrios pueden obstaculizar la labor policial en controles y retenes, ya que limitan la visibilidad al interior del vehículo. Esto aumenta el riesgo de que delincuentes armados se oculten dentro del automóvil y embosquen a los agentes de seguridad. Por estas razones, los vidrios polarizados pueden favorecer la delincuencia al dificultar la identificación de sospechosos y encubrir actividades ilícitas como sucede en el Estado Plurinacional de Bolivia con los denominados “cogoteros”. Como resultado, muchos Estados optaron por limitar y regular su uso con el objetivo de garantizar la seguridad pública.
Por ejemplo, en la República Argentina, la Ley Nacional de Tránsito -Ley 24.449 de 6 de enero de 1995- en su art. 30 inc. f), diferencia los tipos de transparencia mínima de los vidrios, que debe ser la siguiente: i) Parabrisas: al menos un 75% de transmisión luminosa -es decir, un oscurecimiento máximo del 25%-; y, ii) Vidrios laterales y luneta trasera: al menos un 70% de transmisión luminosa -máximo 30% de oscurecimiento-. En la República Federativa de Brasil el Código de Tránsito Brasileño -Ley 9.503 de 23 de septiembre de 1997-, en su art. 111.III, prohíbe el uso de películas reflectivas o pinturas en los vidrios del automóvil cuando puedan comprometer la seguridad del vehículo, de acuerdo con las disposiciones del Consejo Nacional de Tránsito (CONTRAN) que, a través de Resolución 254 de 26 de octubre de 2007, en su art. 3, establece que la transmisión de luz no puede ser inferior a: a) 75% en el parabrisas; y, b) 70% en los demás vidrios esenciales para la conducción. También en la República de Colombia, la regulación de los vidrios polarizados está establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre -Ley 769 de 6 de agosto de 2002- y reglamentada mediante Decreto 1197 de 2004 y la Resolución 3777 de 2003. A través de esta última se establece la transmisión de luz permitida en los vidrios polarizados; en este sentido, en los vehículos particulares deben permitir una transmisión mínima de luz del 70 % en los vidrios delanteros y del 55 % en los vidrios traseros y laterales (https://www.elcarrocolombiano.com/noticias/tiene-vidrios-polarizados-en-su-carro-evite-problemas-y-vea-si-son-los-permitidos-en-colombia/?utm_source=chatgpt.com). Ahora bien, corresponde observar por este Tribunal que, en el Estado Plurinacional de Bolivia, el uso de vidrios oscurecidos o polarizados está regulado por el DS 4740 y la RM 101/2022, dicha normativa determina los requisitos y regula el procedimiento para la autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos de transporte terrestre y registro de vidrios oscurecidos para vehículos de transporte público, sin definir un porcentaje mínimo de transparencia. La omisión de este parámetro en la normativa boliviana permite que los solicitantes de la autorización para el uso de vidrios polarizados opten por niveles de oscurecimiento excesivos, lo que podría comprometer la seguridad ciudadana y vial, riesgo agravado por la falta de controles periódicos sobre los vehículos que circulan con vidrios oscurecidos o polarizados, lo que limita la capacidad de fiscalización por parte de los agentes policiales. En ese sentido, para garantizar la seguridad ciudadana y vial, es imperativo establecer un estándar mínimo de visibilidad y contar con una reglamentación técnica vehicular que regule la fiscalización de los niveles de polarización utilizando fotómetros digitales, dispositivos que permiten medir en tiempo real el nivel de opacidad de los vidrios. También debe establecerse el registro de talleres autorizados para efectuar la polarización de vidrios, con la obligación de etiquetar una certificación que indique el porcentaje de transmisión de luz visible en los vehículos contemplados en el art. 3 del DS 4740. Por otro lado, es fundamental establecer normativamente operativos de control en las vías públicas, retenes y puestos de control por parte de la Policía Boliviana, para verificar el uso adecuado de los vidrios polarizados y la tenencia de las autorizaciones correspondientes. Paralelamente, es fundamental establecer el desarrollo campañas informativas sobre los riesgos del uso de vidrios oscuros, especialmente en la conducción nocturna. Finalmente, es necesario definir con mayor claridad las sanciones aplicables a quienes incumplan la normativa -aspectos no regulados por las normas impugnadas- y establecer el destino del ingreso no tributario -dinero recaudado por el pago del costo de las autorizaciones-. Sin embargo, si bien sobre este cargo de inconstitucionalidad corresponde la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma; empero, ello dejaría en indefensión a los transeúntes, por lo que, corresponde otorgar un plazo para dicha regulación. Por lo expuesto, corresponde declarar la constitucionalidad de los DDSS 4740, 4810 y 4845; y, la RM 101/2022.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar: 1° La CONSTITUCIONALIDAD de los Decretos Supremos 4740 de 15 de junio; 4810 de 12 de octubre; y, 4845 de 28 de diciembre, todos de 2022; y, la Resolución Ministerial 101/2022 de 15 de julio. 2° Se dispone el plazo de tres meses para que el Ministerio de Gobierno adecúe la normativa sobre el uso de vidrios oscurecidos y polarizados, asegurando que cumpla con los estándares mínimos de seguridad establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y alineados con el control de constitucionalidad efectuado salvo la Asamblea Legislativa Plurinacional decida ejercer su competencia normativa en la materia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no intervienen los Magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, Paola Verónica Prudencio Candia y René Yván Espada Navía, por ser de Voto Disidente.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0053_2025.pdf · páginas 1 a 33.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2f381bb0c4e1cadebd448d42d64275b2cc2b3e3e07cb363eb314f12a1d26f4c0
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