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SCP 0013/2023

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de inconstitucionalidad concreta · Sala Plena · 27 de febrero de 2023

Improcedente

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
27 de febrero de 2023
Acción
Acción de inconstitucionalidad concreta
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
29254-2019-59-AIC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de inconstitucionalidad

Qué se discutió

El proponente plantea la acción de inconstitucionalidad concreta en análisis, en contra de los arts. 10 y 11 del DS 28699 (modificado por el DS 0495), precisando que la misma recae en una inconstitucionalidad por omisión relativa; puesto que, si bien las normas impugnadas regulan el derecho opcional a la reincorporación del trabajador y el derecho a la estabilidad laboral, no discriminan de manera constitucional las circunstancias en que tales derechos no se aplican. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes, a los efectos de ejercer el control de constitucionalidad que el art. 202.1 de la CPE, le encomienda al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Plena, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad concreta intentada contra los arts. 10 y 11 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006 (modificado por el Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010), promovida por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia a solicitud de Juan Alex Arequipa Checa en representación de la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA).

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza de la acción de inconstitucionalidad concreta
  2. III.2. Sobre la inconstitucionalidad por omisión
  3. III.3. Análisis de la acción de inconstitucionalidad

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0013/2023 Sucre, 27 de febrero de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de inconstitucionalidad concreta Expediente: 29254-2019-59-AIC Departamento: Chuquisaca En la acción de inconstitucionalidad concreta promovida por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia a solicitud de Juan Alex Arequipa Checa en representación legal de la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA), demandando la inconstitucionalidad de los arts. 10 y 11 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 (modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010), por ser presuntamente contrarios a los arts. 47, 306.II, 318.II y 334 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Mediante memorial presentado el 26 de febrero de 2019, cursante de fs. 52 a 61 vta., el proponente de la acción normativa refiere lo siguiente:

I.1.1. Síntesis de la acción

En el proceso de reincorporación instaurado por Wilfredo Saavedra Zeballos contra CESSA, se interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 520/2018 de 7 de septiembre, argumentando que la cesación fue un acto absolutamente legal, porque las labores que desempeñó son de naturaleza ejecutiva y asesoramiento, basado en la confianza en su trabajo profesional, y al haber perdido ésta, se lo despidió; por lo que, el tratamiento jurídico para casos como el de Jefe del Departamento Jurídico de la Compañía, con nivel 3, es adecuado, lo cual se acreditó con distintos instrumentos jurídico legales. De igual manera, manifestó que conforme al Código de Comercio, existen representantes de las empresas, así el art. 127.8 del Código de Comercio (CCom), determina que la escritura de constitución y por ende el Estatuto, pueden decretar la forma de designar representantes y administradores en las empresas y su duración en el cargo, y que conforme al art. 167 del citado Código pueden ser separados de sus cargos de acuerdo a lo establecido en el estatuto. En la misma línea, el art. 327 del CCom, reitera que existe una categoría de empleados en los que se delega la administración, entre ellos, gerentes y otros. Con base en las normas legales señaladas, a través del Estatuto de CESSA y sus normas internas, se prevé la libre contratación y la libertad de cesación de su personal de confianza hasta el nivel 5 de la organización empresarial. Pese a los argumentos expuestos, la Sentencia 02/2017 de 16 de enero de “2018”, dictada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario Tercera del departamento de Chuquisaca, determinó declarar probada la demanda de reincorporación, afirmando que el DS 28699 dejó sin efecto la libertad contractual en materia laboral. Continuando con el proceso y ante la Sentencia adversa, CESSA planteó recurso de apelación en el cual se reiteraron los argumentos; sin embargo, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mantuvo el mismo razonamiento inconstitucional que otorga supuesta protección al demandante, pese a ser personal de confianza ingresado a su fuente de trabajo sin ningún proceso de selección ni de verificación de méritos; no obstante ello, en aplicación equivocada del principio de estabilidad laboral previsto por el art. 48.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el Auto de Vista 520/2018, determinó mantener la decisión de primera instancia. En ambas instancias, CESSA reiteró que los arts. 10 y 11 del DS 28699, no tienen una aplicación genérica y abstracta respecto de la situación concreta de cierto tipo de empleados, pues esa sería una aplicación irracional y por ello inconstitucional del principio de inamovilidad laboral, ya que se debe discriminar que la estabilidad está supeditada a la naturaleza de la relación laboral y por ello su aplicación al caso concreto demandado, debe ser diferente a otras situaciones, porque el demandante tiene la característica de ser parte del personal de confianza de la empresa. Con los antecedentes descritos, corresponde primero determinar que en el caso preciso existe un proceso en curso, que es la demanda de reincorporación presentada en contra de CESSA, proceso que se encuentra en etapa de casación. De igual manera, la resolución de la causa depende de la constitucionalidad de los arts. 10 y 11 del DS 28699, en cuanto de los cuales, en reiteradas oportunidades, se argumentó que no se aplican a casos como del demandante, pues su relación laboral no es igual a la de los demás trabajadores; en ese orden, la trascendencia constitucional de la norma demandada de inconstitucionalidad se refiere a la aplicación de las normas denunciadas para resolver el caso concreto, exigidas por el demandante de restitución, bajo una equivocada apreciación del derecho de inamovilidad. Por ello, se entiende que las normas se aplicaran al proceso instaurado. Respecto del art. 10 del DS 28699, CESSA considera inconstitucional tal previsión porque otorga la posibilidad de que todos los trabajadores sin distinción de ninguna clase, tengan derecho de optar por pedir reincorporación a su fuente laboral, aun cuando sean personal jerárquico que goza de una situación diferenciada en varios aspectos del resto de los trabajadores. Sobre el art. 11 del precitado Decreto Supremo, comprende a los trabajadores asalariados como una sola manifestación fáctica y normativa, desconociendo los diferentes roles y con ellos situaciones que existen entre estos, lo que CESSA considera inconstitucional al no existir la necesaria discriminación racional, afectando los derechos del empleador y de sus variadas formas de expresión. Los artículos referidos no tomaron en cuenta que en Bolivia existe una organización económica plural en la que sobreviven manifestaciones e iniciativas empresariales de diversas maneras, de escalas disímiles, de naturaleza social diferente, y que por ello, los frutos son también de escala diferenciada. El modelo económico boliviano, de acuerdo con el art. 1 de la CPE, establece la pluralidad y el pluralismo político, económico, cultural y lingüístico, que posibilita la existencia de múltiples realidades económicas; así, los arts. 306.II, 318.II y 334 de la Norma Suprema, reconocen una variedad de manifestaciones empresariales, lo que debe generar sin duda alguna una respuesta diferente por parte del Estado, para regular las relaciones entre empleadores de diferentes categorías con los trabajadores de las mismas. La legislación nacional, reconoce la variedad de roles al interior de una empresa, teniendo cada uno de ellos sus características propias, como se señala en los arts. 2, 12, 46 y 53 de la Ley General del Trabajo (LGT); por lo que, la legislación laboral discrimina la situación de los empleados de los obreros. Además de lo explicado, también existen expresas discriminaciones, como el DS 3747 de 12 de diciembre de 2018, que consagra el pago del segundo aguinaldo. Previsiones que buscan equilibrar la situación de empleados de jerarquía con los demás empleados y obreros de las empresas públicas y privadas. Dicho así, es constitucional discriminar a los empleados de jerarquía, de confianza, gerentes, jefes y otros, restringiendo su acceso a algunos derechos de los demás trabajadores, pues someter a todos a un trato indiscriminado puede llevar a afectar preceptos constitucionales como el art. 47 de la CPE. En ese orden de ideas, el derecho a dedicarse a una actividad económica, previsto en el citado artículo constitucional, es infringido por la ausencia de discriminación en los derechos a la reincorporación y la estabilidad laboral de empleados de confianza y de jerarquía, así como, se vulneran los arts. 306.II, 318.II y 334 de la misma Constitución, porque el derecho de dedicarse a la industria, al comercio o a cualquier actividad económica lícita encuentra limitaciones. En definitiva, conforme lo expuesto, existe una inconstitucionalidad por omisión en las normas de los arts. 10 y 11 del DS 28699, que afecta el art. 47 de la Ley Fundamental. La omisión denunciada es de tipo relativa, puesto que, si bien las normas impugnadas regulan el derecho opcional a la reincorporación del trabajador y el derecho a la estabilidad laboral, no discrimina de manera constitucional las circunstancias en que tales derechos no se aplican.

I.2. Respuesta a la acción

Wilfredo Saavedra Zeballos, por memorial de 14 de marzo de 2019, cursante de fs. 65 a 71, respondió a la acción pretendida, de la siguiente manera: a) El fundamento de la acción de inconstitucionalidad por omisión normativa, carece de sustento legal y doctrinal para sostener que el legislador haya incumplido un mandato imperativo expreso y concreto contenido en el art. 47 de la CPE, para desarrollar normas laborales para discriminar y excluir a los trabajadores de confianza por cuenta ajena de los derechos a la estabilidad laboral y reincorporación; b) El mandato constitucional determina con claridad meridiana que toda persona tiene derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y a la reincorporación, sin posibilidad alguna de discriminar y excluir a los trabajadores de confianza por cuenta ajena de los derechos enunciados. Los arts. 10 y 11 del DS 28699, regulan de manera eficiente y completa los mandatos de los arts. 46, 48 y 49 de la Ley Fundamental, respecto del goce y ejercicio de derechos; por lo que, se denota falta de concurrencia de la existencia de duda razonable y fundada en la acción de inconstitucionalidad concreta; c) La Norma Suprema establece que las normas contenidas en ella son de aplicación directa frente a cualquier otra disposición, aspecto refrendado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1262/2013 de 1 de agosto y 0067/2015 de 20 de agosto; d) Los derechos a la estabilidad laboral y reincorporación señalados en la Constitución Política del Estado y en el DS 28699, es absoluta para todos los trabajadores sin posibilidad alguna de discriminar y excluir a los trabajadores de confianza por cuenta ajena de tales derechos; e) La pretensión del solicitante de discriminar y excluir a los trabajadores de confianza por cuenta ajena, de los derechos a la estabilidad laboral y a la reincorporación, y despedir por causas ajenas a los arts. 16 de la LGT; y, 9 de su Decreto Reglamentario, carece de sustento legal y contravienen los Autos Supremos 200/2015 de 8 de abril, 116/2018 de 26 de abril; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0177/2012 de 14 de mayo, 1262/2013 de 1 de agosto y 0214/2014-S2 de 5 de diciembre; y, f) El art. 14 de la CPE, contiene la prohibición de discriminación; y a su turno el DS 28699, en su art. 4, ratifica la plena vigencia de los principios del derecho laboral, entre ellos, el principio de no discriminación. Por otra parte, el art. 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación ‒Ley 045 de 8 de octubre de 2010‒, incorpora al Código Penal el delito de discriminación; debido a lo cual, la proposición de CESSA está prohibida y sancionada y por lo mismo se torna en prohibida e ilícita.

I.3. Resolución del Tribunal jurisdiccional consultante

La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Resolución de 18 de marzo de 2019, cursante de fs. 73 a 75 vta., que resolvió promover la acción normativa intentada, conforme los siguientes fundamentos: 1) La solicitud interpuesta se enmarca dentro del contenido del art. 79 del CPCo, más aun si a momento de emitir el Auto Supremo, este Tribunal debe resolver lo que corresponda en derecho, aplicando los principios procesales y constitucionales con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la CPE; y, 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‒Ley 025 de 24 de junio de 2010‒; y con ello, la solicitud contiene los fundamentos jurídico-constitucionales que justifican y aperturan la competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 2) Se infiere que CESSA demuestra de qué manera dicha normativa es incompatible con la Norma Suprema, sustenta los razonamientos de su pretensión de promover la acción, explicando los motivos de inconstitucionalidad por omisión necesarios que generan duda razonable; de manera que, se encuentra justificado promover el recurso.

I.4. Admisión y citación

Por Auto Constitucional (AC) 0133/2019-CA de 19 de junio, cursante de fs. 78 a 86, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad concreta descrita precedentemente, ordenando se ponga en conocimiento del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como representante del Órgano que generó la norma impugnada, a efecto de su apersonamiento y formulación de los alegatos correspondientes; diligencia subsanada por AC 001/2020-CA-ECA de 11 de febrero (fs. 89 a 91), ordenándose la notificación a la Presidenta en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia, como personera del Órgano que generó la norma cuestionada, misma que fue cumplida el 13 de octubre de 2020, conforme señala el formulario de notificación cursante a fs. 219.

I.5. Alegaciones de los personeros del Órgano que emitió la norma impugnada

Pese a la notificación efectuada, ningún informe fue remitido a este Tribunal para su consideración y análisis.

I.6. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

La presente causa fue sorteada el 25 de agosto de 2021 (fs. 266); sin embargo, al no haber obtenido consenso para su resolución, se procedió a un segundo sorteo el 28 de junio de 2022 (fs. 329); posteriormente, por Decreto Constitucional de 7 de julio de 2022 (fs. 330), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar la documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 17 de febrero de 2023 (fs. 358); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del plazo legal.

II. CONCLUSIONES

Con la finalidad de desarrollar una coherente argumentación jurídica, cabe determinar el contenido de la disposición considerada inconstitucional; así como, de las normas de rango constitucional consideradas infringidas. A este efecto las mismas se transcriben a continuación:

II.1. Normas consideradas inconstitucionales

Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006 (modificado y aumentado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010) “Artículo 10°.- (Beneficios sociales o reincorporación) I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley. III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo. IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.

Artículo 11°.- (Estabilidad laboral) I. Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias. II. Mediante Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y alcances de la Estabilidad Laboral” (las negrillas corresponden al texto original).

II.2. Normas constitucionales consideradas infringidas

“Artículo 47 I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del Estado de un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción. III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción”. “Artículo 306 (…)

II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”. “Artículo 318

(…)

II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales”.

“Artículo 334. En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará: 1. Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas. La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos. 2. El sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el comercio minorista, en las áreas de producción, servicios y comercio, será fortalecido por medio del acceso al crédito y a la asistencia técnica. 3. La producción artesanal con identidad cultural. 4. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El proponente plantea la acción de inconstitucionalidad concreta en análisis, en contra de los arts. 10 y 11 del DS 28699 (modificado por el DS 0495), precisando que la misma recae en una inconstitucionalidad por omisión relativa; puesto que, si bien las normas impugnadas regulan el derecho opcional a la reincorporación del trabajador y el derecho a la estabilidad laboral, no discriminan de manera constitucional las circunstancias en que tales derechos no se aplican. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes, a los efectos de ejercer el control de constitucionalidad que el art. 202.1 de la CPE, le encomienda al Tribunal Constitucional Plurinacional.

III.1. Naturaleza de la acción de inconstitucionalidad concreta

El art. 132 de la Norma Suprema, establece como parte de las acciones de inconstitucionalidad que: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”. Asimismo, el art. 133 de la Ley Fundamental determina lo siguiente: “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos”. En la normativa de desarrollo, el Código Procesal Constitucional distingue dos acciones de inconstitucionalidad, una abstracta y otra por la vía concreta; respecto de la segunda, el art. 73.2 del citado cuerpo procesal, establece: “Las Acciones de Inconstitucionalidad podrán ser: (…). 2. Acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”. Las autoridades legitimadas para realizar esta labor de depuración del ordenamiento jurídico, de acuerdo al art. 79 del CPCo, se rigen conforme lo siguiente: “Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). A este fin, el art. 80 del citado Código instituye el procedimiento que debe aplicarse ante la autoridad que resolverá el proceso, en el que luego del traslado, se dispone que: “…la autoridad decidirá, fundamentadamente, si promueve la Acción de Inconstitucionalidad Concreta”.

De manera esclarecedora, la jurisprudencia constitucional señaló en la SCP 0078/2013 de 14 de enero, las siguientes características: “Respecto al control normativo de constitucionalidad, nuestra Constitución Política del Estado, entre las acciones previstas al efecto prevé la acción de inconstitucionalidad concreta como medio o recurso idóneo para el control objetivo de las normas jurídicas con relación a preceptos, principios y valores contenidos en la Norma Suprema, confrontando una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, en todo o en parte, con una o varias normas constitucionales que se entiende infringida o infringidas, declarando, al cabo del control de constitucionalidad ejercido, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, acción de inconstitucionalidad cuya finalidad es sanear o depurar el ordenamiento jurídico a través de un fallo con efectos derogatorios o abrogatorios de la norma que resulte incompatible, la cual necesariamente se presenta en virtud a la afectación de un interés o derecho de las personas en un caso concreto. Para la resolución de una acción de inconstitucionalidad, vista la exposición que identifica la disposición o norma impugnada así como la o las normas constitucionales que se consideran infringidas, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor interpretativa de la Constitución Política del Estado, aplicará, con preferencia aunque no de manera exclusiva, la voluntad del Constituyente, de acuerdo con sus actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto de la Constitución. Contrastadas las normas aludidas, se establecerá si las impugnadas son compatibles con las tenidas por infringidas, sean en la forma como en el fondo, incluso, en su caso, de normas conexas a las declaradas inconstitucionales. En tal sentido la acción de inconstitucionalidad concreta es una vía de control correctivo, que por finalidad tiene el verificar la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición impugnada con los principios valores y normas fundamentales de la Constitución Política del Estado, acción que de acuerdo a lo previsto por el art. 79 de la Ley 254 de 5 de julio de 2012, al referirse a la legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta por parte de la autoridad judicial o administrativa establece que podrá hacerlo, de oficio o a instancia de parte, cuando asuma o entienda que la resolución del proceso o procedimiento que deba resolver, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción” (las negrillas nos corresponden). No obstante, para acceder al control normativo de constitucionalidad señalado, se requiere del cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 24 del CPCo, respecto de los cuales un elemento fundamental es la expresión de fundamentos jurídico-constitucionales, conforme indicó el AC 0312/2012-CA de 9 de abril, reiterando el entendimiento sentado en la SC 0045/2004 de 4 de mayo, que sobre el particular estableció que: “La expresión de los fundamentos jurídico - constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas, sino que es imprescindible que la autoridad judicial o administrativa exprese el razonamiento que le conduce a cuestionarlas, es decir, los motivos o razones de la inconstitucionalidad; también es imprescindible que se exprese y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada”. Pero más allá, el último fallo citado, en el caso concreto que resolvió también sostuvo lo siguiente: “Los requisitos antes referidos deben ser cumplidos por el juez o tribunal judicial o administrativo que promueve el recurso; toda vez que es él quien tiene la legitimación activa y quien presenta el recurso ante el Tribunal Constitucional, de manera que en el Auto motivado al que hace referencia el art. 62.2 de la LTC, el juez o tribunal que promueve el recurso, deberá expresar los fundamentos jurídico - constitucionales antes mencionados, no puede remitirse a los fundamentos expresados por la parte que ha solicitado se promueva el recurso. En el caso presente, el Tribunal Sumariante, al margen del error de fondo mencionado anteriormente, ha incurrido en la omisión de no haber cumplido con los requisitos de contenido, toda vez que en el Auto de 17 de febrero de 2004, no ha expresado los motivos o razones de la inconstitucionalidad de la norma impugnada; tampoco ha justificado en qué medida la decisión que debe adoptar en el proceso disciplinario depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada. En consecuencia no ha cumplido con los requisitos de admisión” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Sobre la inconstitucionalidad por omisión

La SCP 0139/2013 de 6 de febrero, remitiéndose al entendimiento de la SC 0081/2006 de 18 de octubre, precisó que la omisión: “…se presenta cuando: ‘…el comportamiento inconstitucional no se traduce por actos, sino por abstinencia de conducta. En otras palabras, este tipo de inconstitucionalidad, sobreviene cuando el órgano que, conforme a la Constitución Política del Estado, debe hacer algo, se abstiene de cumplirlo; o, más claramente, la inconstitucionalidad por omisión consiste en la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un largo período, de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que se impide su eficaz aplicación. Conforme sostiene José Julio Fernández Rodríguez (en La Inconstitucionalidad por Omisión, Civitas, Madrid, 1998, pag. 31), todo texto constitucional se ve en la imposibilidad de agotar todas las materias que son objeto de tratamiento, no sólo por razones fácticas o de conveniencia política, sino, y especialmente, por motivos de orden técnico relativos a la función de la Constitución Política del Estado y a la metodología de su elaboración. Los constituyentes recogen una serie de aspiraciones y anhelos del pueblo, un conjunto de valores e ideas que se traducen en un determinado contenido material en la Ley Suprema. Esta labor tiene como resultado una Constitución Política del Estado integrada por normas de diferente carácter y de distinto tipo, con la consiguiente repercusión en la intensidad de su vinculación. La aludida imposibilidad fáctica y las exigencias de técnica legislativa dan lugar a que el legislador ordinario asuma la necesidad de desarrollar determinados preceptos del Texto Fundamental para, de esa manera, asegurar la eficacia del proyecto constitucional y la concreción del mismo. (…) Ahora bien, conforme enseña la doctrina, la inconstitucionalidad por omisión puede ser entendida desde una doble dimensión; la primera, como la inconstitucionalidad por omisión normativa, que se presenta en aquellos casos en los que existiendo la ley que desarrolla un mandato de la Constitución, aquella se hace incompatible por una deficiente o incompleta regulación que origina la ineficacia de una norma constitucional; y, la segunda, inconstitucionalidad por omisión legislativa, se produce en los casos en que la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y éste no lo hace. Sobre el particular, este Tribunal a través de su jurisprudencia ha desarrollado doctrina constitucional respecto de ambas dimensiones. Así, la SC 0066/2005 de 22 de septiembre, determinó lo siguiente «(…) De esto se infiere que el control de constitucionalidad que la norma fundamental del país le encomienda al Tribunal Constitucional, está referida a la sujeción, por parte del legislador, a las normas, principios y valores de la Constitución, tanto en el proceso de creación de las normas como sobre el contenido de las mismas. Esto significa que cuando el legislador no desarrolla el instituto constitucional que de manera precisa y concreta le impone la Constitución o desarrolla el mismo de manera deficiente o incompleta, de tal manera que el mandato constitucional se torne ineficaz o de imposible aplicación por causa de la omisión o insuficiente desarrollo normativo, el Tribunal Constitucional tiene atribuciones para hacer el enjuiciamiento de constitucionalidad de tales actos; disponiendo, en su caso, que el legislador desarrolle la norma constitucional que de manera obligatoria y concreta le impone la Constitución, lo que no puede darse cuando se trata de normas constitucionales programáticas». Tanto en la inconstitucionalidad por omisión normativa como legislativa, es necesario que exista un mandato del constituyente para el desarrollo legal de una norma constitucional; es decir, debe existir una norma que le imponga al Poder Legislativo la obligación de desarrollar el precepto a través de una Leyʹ’”. El precitado fallo constitucional, en la parte del análisis del caso concreto también realiza una importante distinción: “Al respecto, conforme se tiene de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico anterior, se advierte que, dentro de las clases de inconstitucionalidad desarrolladas por la doctrina del Derecho Procesal Constitucional y la jurisprudencia constitucional, se encuentra la inconstitucionalidad por omisión, que procede cuando el legislador omite el cumplimiento de un mandato constitucional permanente y explícito. Así, se distingue la omisión normativa y legislativa; y, en la jurisprudencia constitucional de Colombia y España, el alcance en cuanto a la inconstitucionalidad por omisión absoluta y relativa, que igualmente se presentan cuando el legislador no cumple un deber expresamente establecido en la Constitución Político del Estado. Por lo que, para que pueda considerarse una posible inconstitucionalidad por omisión, debe presentarse dicho presupuesto esencial, traducido en la omisión del legislador de no hacer algo que le fue impuesto positivamente por la Ley Fundamental. Circunstancia que no es asimilable al caso de análisis, en el que no existe mandato alguno al legislador derivado del contenido de la Norma Suprema, a efectos de que efectúe producción legislativa en materia de procesos arbitrales laborales y menos para que regule la ausencia de las excepciones y su tramitación en los mismos, ello de la potestad legislativa inherente a ese órgano del Estado” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. Análisis de la acción de inconstitucionalidad

Con carácter previo a la consideración de la acción; en observancia de su naturaleza y el procedimiento aplicable a su resolución, cabe precisar que si bien la demanda de inconstitucionalidad en análisis, fue promovida por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; no obstante, cabe advertir que la mencionada instancia, no decidió fundadamente sobre la acción presentada, limitándose a verificar el cumplimiento de los requisitos para su procedencia, dictaminando sobre ello, promover la acción; proceder que incumple el procedimiento previsto en la normativa constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional; dado que, conforme se tiene de la jurisprudencia constitucional glosada con el aludido fundamento, la autoridad o tribunal consultante que promueva la acción, no puede remitirse a los fundamentos expresados por la parte accionante; sino discurrir sobre los mismos, determinando lo que en derecho corresponda.

Ahora bien, ingresando a la consideración de la problemática en particular, la postulación de inconstitucionalidad planteada fue precisada por la parte actora, en una inconstitucionalidad por omisión relativa, en los arts. 10 y 11 del DS 28699, argumentando que la ausencia de discriminación racional entre los diferentes tipos de trabajadores u actores económicos a quienes se aplican las normas impugnadas, constituye una infracción del orden constitucional vigente. En tal sentido, a los efectos de discurrir sobre la pretensión de inconstitucionalidad deducida; corresponde remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, donde se refirió la naturaleza y características del aludido mecanismo de control de constitucionalidad. Así, esta jurisdicción, identificó a la acción de inconstitucionalidad por omisión como una de las formas de origen del control normativo, estableciendo que la misma puede ser de orden legislativa o normativa. La segunda de estas, es decir, la inconstitucionalidad por omisión normativa, es la que, jurisprudencialmente se adecua a la de tipo “relativa” invocada por la parte ahora accionante, dado que se presenta “…en aquellos casos en los que existiendo la ley que desarrolla un mandato de la Constitución, aquella se hace incompatible por una deficiente o incompleta regulación que origina la ineficacia de una norma constitucional” (SCP 0139/2013 de 6 de febrero en referencia a la SC 0032/2006 de 10 de mayo). A este fin, la jurisprudencia precitada concluye que: “Tanto en la inconstitucionalidad por omisión normativa como legislativa, es necesario que exista un mandato del constituyente para el desarrollo legal de una norma constitucional; es decir, debe existir una norma que le imponga al Poder Legislativo la obligación de desarrollar el precepto a través de una Ley” (las negrillas corresponden al texto original y el subrayado es nuestro). En este entendido, dentro del caso sub judice, si bien se identificaron los arts. 47, 306.II, 318.II y 334 de la CPE como transgredidos por las normas impugnadas; no obstante, en la demanda no se advierte, menos expone la norma específica que contendría el mandato destinado al legislador por el que deba de regular lo que se solicita, limitándose la parte accionante, a referenciar una supuesta falta de discriminación (normativa) de las circunstancias en que los derechos a la reincorporación del trabajador y estabilidad laboral, no se aplican; empero, conforme se precisó ut supra, para que proceda una inconstitucionalidad en la modalidad propuesta, ineludiblemente es necesario que exista un mandato del constituyente para el desarrollo legal de una norma constitucional, circunstancia que no concurre en el presente caso; debido a que, la postulada omisión normativa, emerge de un criterio subjetivo y propio, sobre una presunta falta de previsibilidad legal de un trato diferente y/o discriminatorio en el ejercicio de tales derechos, que debía estar inmerso en los arts. 10 y 11 del DS 28699, ello, en consideración de la situación concreta de cierto tipo de empleados, debiéndose discriminar que la estabilidad está supeditada a la naturaleza de la relación laboral y por ello su aplicación ‒al caso concreto demandado‒, debe ser diferente a otras situaciones. Proposición que además de evidenciar una equívoca interpretación de la parte actora sobre la naturaleza y alcance del mecanismo de control normativo activado; permite a este Tribunal, concluir en la falta de una debida fundamentación jurídico-constitucional de la acción propuesta; requisito que, en el caso concreto, parte de la insoslayablemente identificación del mandato del constituyente para el desarrollo legal de la previsión “discriminatoria” solicitada; y concurrente a ello, una precisa y detallada fundamentación de por qué la postulada omisión resultaría contraria a los preceptos constitucionales denunciados como vulnerados; extremo último que tampoco concurre en la acción en análisis; puesto que, en su argumentación, la parte accionante reúne el contenido de éstos en forma general para señalar que son incumplidos en cuanto a su contenido ‒modelo económico, formas y políticas productivas‒. Al respecto, la jurisprudencia constitucional emitida en etapa de admisión, ratificó la importancia del cumplimiento del requisito de debida fundamentación contenido en el art. 24.I.4 del CPCo, al señalar que: “…si la acción de inconstitucionalidad concreta se pretende activar a solicitud de una de las partes, el peticionante debe efectuar una fundamentación clara y precisa, acorde a las exigencias establecidas en el Código Procesal Constitucional, en la medida que esta jurisdicción adquiera duda razonable sobre la presunta inconstitucionalidad de la norma legal impugnada, ello implica precisar con claridad la expresión de motivos que resalten las razones por las que se considera que la norma impugnada es contraria al orden constitucional vigente….” ([las negrillas nos pertenecen] AC 0441/2014-CA de 4 de diciembre). Por las razones expuestas, si bien la presente acción, fue admitida por la Comisión de Admisión de este Tribunal, con base en una aparente aportación de una fundamentación jurídico-constitucional suficiente para la examinación de la problemática señalada; no obstante, dicha actuación no impide al Tribunal Constitucional Plurinacional en Pleno, reanalizar la procedibilidad de la misma, a los fines de dilucidar si corresponde o no ingresar al fondo de la problemática planteada, como se realizó en el presente caso, máxime si del análisis del AC 0133/2019-CA de 19 de junio, se advierte que, en dicha oportunidad, no se discurrió de manera precisa en la inconstitucionalidad por omisión normativa formulada, aspecto abordado con mayor detalle en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En ese mérito, al amparo de lo previsto en la SCP 0646/2012 de 23 de julio, en cuyo fallo constitucional se estableció que: “…la Comisión de Admisión al admitir la acción realiza un análisis sobre el cumplimiento de requisitos de admisibilidad guiado necesariamente por el principio pro actione, de manera que al momento de conocer el fondo, no existe impedimento para que el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional pueda observar el incumplimiento de requisitos o condiciones que den mérito a un pronunciamiento de fondo de la problemática” (las negrillas son nuestras); habiéndose verificado que la acción planteada no cuenta con la fundamentación jurídico-constitucional suficiente que permita a esta jurisdicción emitir un pronunciamiento de fondo sobre la problemática deducida; corresponde determinar la improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad concreta, de conformidad a los fundamentos desarrollados a lo largo de este fallo constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Plena, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad concreta intentada contra los arts. 10 y 11 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006 (modificado por el Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010), promovida por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia a solicitud de Juan Alex Arequipa Checa en representación de la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA). Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no intervienen los Magistrados MSc. Paul Enrique Franco Zamora, MSc. Georgina Amusquivar Moller y MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, por ser de Voto Disidente; por otra parte, la Magistrada MSc. Brigida Celia Vargas Barañado, es de Voto Aclaratorio; asimismo, no interviene la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, por encontrarse haciendo uso de su vacación.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Conforme la SCP 0591/2012 de 20 de julio, se declaró inconstitucional la palabra “únicamente” del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699, incorporado por el DS 0495; y de la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010; por lo que en la transcripción dicho término fue eliminado.

2 La inconstitucionalidad por omisión relativa postulada por el proponente de la acción, de acuerdo a la jurisprudencia indicada en el Fundamento Jurídico III.2 parte in fine del presente fallo constitucional, debe entenderse como una alegación por omisión simple, dado que la demanda no caracterizó ésta modalidad, conforme la forma reconocida y desarrollada en otros países. En consecuencia, no se emitirá ninguna consideración sobre la forma de inconstitucionalidad referida, sino dentro del marco de la inconstitucionalidad por omisión reconocida en la jurisprudencia nacional.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0013_2023.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3b791067fc7b67027e40ea4614d252157b149d9634f26de6b2693fc0aa59b892

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