Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de inconstitucionalidad concreta · Sala Plena · 3 de enero de 2023
Declara la inconstitucionalidad
El accionante, denuncia la inconstitucionalidad de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 -emitida por el Fiscal General del Estado-, en la parte resolutiva que dispone “SEGUNDO: ESTABLECER como causal de incompatibilidad en el Ministerio Público, tanto para el ejercicio de la función fiscal como de las y los servidores públicos, que sean progenitores de uno o más hijos en común”; aduciendo que es contraria al principio de reserva de ley y al art. 109.II de la CPE, al modificar el régimen de incompatibilidades del Ministerio Público para el derecho al ejercicio de la función pública y fiscal, el mismo que sólo puede estar regido por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público; y que también lesiona el art. 116.II de la Norma Suprema, al permitir su aplicación retroactiva dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, lo que lesionaría sus derechos al trabajo y a la igualdad. En consecuencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la impugnación referida, a los efectos de ejercer el control de constitucionalidad previsto por el art. 202.1 de la CPE.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve declarar: la INCONSTITUCIONALIDAD por la forma de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 de 3 de mayo, en lo concerniente a: “SEGUNDO: ESTABLECER como causal de incompatibilidad en el Ministerio Público, tanto para el ejercicio de la función fiscal como de las y los servidores públicos, que sean progenitores de uno o más hijos en común”, por ser contraria al art. 109.II de la Constitución Política del Estado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2023 Sucre, 3 de enero de 2023 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de inconstitucionalidad concreta Expediente: 33672-2020-68-AIC Departamento: Chuquisaca En la acción de inconstitucionalidad concreta presentada por Julián Marca Pérez ante el Juez Sumariante de la Fiscalía General del Estado, demandando la inconstitucionalidad de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 de 3 de mayo, en lo concerniente a: “SEGUNDO: ESTABLECER como causal de incompatibilidad en el Ministerio Público, tanto para el ejercicio de la función fiscal como de las y los servidores públicos, que sean progenitores de uno o más hijos en común”; por considerar que vulnera los arts. 109.II y 116.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y 9 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Por memorial presentado el 9 de marzo de 2020, el accionante cursante de fs. 38 a 51, manifestó lo siguiente:
Dentro de la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 057/19 de 30 de julio de 2019, seguido de oficio en su contra y de otra Fiscal de Materia, por la ‘“presunta transgresión del ordenamiento jurídico Administrativo de la Resolución FGE/JLP/DAJ No. 096/2019 de fecha 03 de mayo de 2019, consiguientemente la CPE art. 235 núm. 1); EFP art. 8 incs.a); Reglamento de Interno de Control de Personal del Ministerio Público arts. 12 incs. A) y 54 inc. g)”’ (sic); el Juez Sumariante de la Fiscalía General del Estado dictó la Resolución Sumarial FGE/JS 015/20 de 14 de febrero de 2020, disponiendo su destitución como Fiscal de Materia II de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, sin tomar en cuenta la carrera fiscal y la estabilidad laboral reconocidas por la Ley Fundamental y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Señaló que la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 es inconstitucional por transgredir el art. 158.I.3 de la Constitución Política del Estado (CPE), puesto que crea una nueva causal de incompatibilidad de funciones de las servidoras y los servidores públicos dependientes del Ministerio Público, consistente en ser progenitores de uno o más hijos en común; no obstante que el régimen de incompatibilidades para el servicio público está normado en la Constitución Política del Estado, y particularmente en el caso de la función fiscal, en el art. 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, el que a su vez, se replica en el art. 14 de Reglamento Interno de Control de Personal de la misma Institución, no siendo pertinente su modificación mediante reglamentos y mucho menos a través de una simple resolución. Por lo tanto, el Fiscal General del Estado, al emitir la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 e innovar con la incorporación de una nueva causal de incompatibilidad para ejercicio de funciones en el Ministerio Público, además de lesionar sus derechos al trabajo y al empleo, incurrió en un ejercicio arbitrario de sus funciones. Siendo evidente entonces, que la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 no cumple la elemental exigencia de ley formal para estipular la regulación de un derecho, incurriendo en vulneración de los principios de legalidad y de reserva de ley, que constituyen una barrera para el ejercicio arbitrario de poder. Lo que decanta en su inconstitucionalidad por ser contrario al art. 109.II de la CPE, que impone que los derechos y garantías sean necesariamente regulados sólo mediante una ley formal; siendo necesario acotar al respecto, que por orden del art. 410 de la Norma Suprema, las autoridades públicas se encuentran sometidas al cumplimiento de la Norma Fundamental y del Bloque de Constitucionalidad. De allí que, sobre la base de la SC 0110/2010-R de 10 de mayo y otras, amerite también efectuar el control de convencionalidad sobre la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019, puesto que transgrede el art. 8.1 y 30 de la CADH, último que en el fundamento de la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de 9 de mayo de 1986, refirió enfáticamente que los derechos fundamentales pueden ser restringidos sólo mediante ley, entendido dicho vocablo como “ley formal”, y no como cualquier otra norma emergente del poder público. Lo que constata, a decir del accionante, que la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019, no cumple con la exigencia de reserva de ley y menos constituye una “ley formal”, pues no emerge de los órganos legislativos previstos en la Constitución Política del Estado, y al contrario, fue elaborada en el ámbito administrativo de la Fiscalía General del Estado, que no tiene competencia legal para regular derechos y garantías constitucionales. Añade que en el Segundo Considerado de la Resolución cuestionada de constitucionalidad, se intenta justificar la inclusión de la nueva causal de incompatibilidad funcionaria dentro del Ministerio Público, indicando que los hijos en común entre servidoras y servidores públicos que presten servicios en dicha Institución, se constituiría en una circunstancia que puede afectar la imagen institucional en cuanto a la imparcialidad, legalidad y sobre todo a la honestidad emergente de ese vínculo familiar. Justificativo subjetivo que resulta insuficiente para cuestionar la función fiscal que desarrollan el accionante y la madre de sus dos hijos, ambos fiscales de carrera, que no tienen una relación conyugal; y que además lacera el derecho fundamental a la igualdad, puesto que: “…ya en este punto existe una diferencia marcada a situaciones de hecho prevista en otras normas…” (sic). Finalmente como “segundo” fundamento de su demanda de inconstitucionalidad, el accionante refirió que la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 es de carácter administrativo sancionatorio, por lo que al instituir una conducta disciplinaria sancionable, indefectiblemente debía estar prevista en una ley formal y describir de manera taxativa la acción u omisión reprochable. Sin embargo, en el caso concreto del proceso disciplinario seguido en su contra, se soslaya que ingresó a la carrera fiscal mediante evaluación de méritos y exámenes de competencia en la Escuela de Fiscales durante la gestión 2008; inculpándosele de tener hijos en común con otra servidora del Ministerio Público más de diez años después, bajo una aplicación retroactiva de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019; lo que es contrario a la garantía de legalidad contenida en el art. 116.II de la CPE, por el que se exige que toda sanción debe fundarse en un hecho anterior establecido como infracción o delito. Concluye reiterando que el tipo administrativo sancionador contenido en la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 -ahora impugnada- no cumple con la elemental exigencia de taxatividad para orientar la conducta de los administrados, siendo general y subjetivo, permitiendo que los sumariantes actúen con un alto grado de subjetividad.
Grover Jhamil Santander Núñez, Juez Sumariante de la Fiscalía General del Estado, a través de la Resolución FGE/JS 025/2020 de 10 de marzo (fs. 52 a 57), resolvió no promover la acción de inconstitucionalidad concreta planteada, sobre la base de los siguientes fundamentos: a) El art. 81 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de inconstitucionalidad concreta solo puede presentarse por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo; en el caso concreto, la presente demanda de control normativo fue planteada dentro del mismo sumario de la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 057/19 que se tramita contra el ahora accionante y otra, dentro del cual se presentó con anterioridad una acción constitucional de la misma naturaleza por la coprocesada, la misma que fue rechazada mediante AC 0205/2019-CA de 26 de agosto; por lo que esta demanda, sería la segunda incoada dentro de un mismo proceso, contrariando el señalado art. 81 de la CPCo; b) La Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019, no abrogó, derogó, ni modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público y si bien el régimen de incompatibilidades está normado en los arts. 239 de la CPE y 21 de la LOMP, en cuanto al parentesco por consanguinidad y afinidad, sólo se hace mención a las y los fiscales, no obstante ello, también se contempla al personal administrativo del Ministerio Público para la verificación de la señalada causal. Es decir que, no es pertinente el control de constitucionalidad sobre la base de supuestos y erróneas interpretaciones como base del alegato de usurpación de funciones del Órgano Legislativo; c) Al respecto, el impetrante de tutela no precisó la norma que disponga que el Fiscal General del Estado no puede emitir resoluciones que establezcan causales de incompatibilidad; es decir, que no existe carga argumentativa que ponga en duda la constitucionalidad de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 sobre dicho elemento; d) Los agravios planteados por el accionante, son propios de una impugnación y no de una demanda de control normativo, pues invoca la supuesta lesión de sus derechos al trabajo y otros, sin identificar la norma constitucional que fue contrariada; e) En lo que respecta al presunto incumplimiento de la elemental exigencia de una ley formal para regular derechos fundamentales, conforme dispone el art. 109.II de la CPE, las incompatibilidades para el ejercicio de la función pública evidentemente deben ser legisladas por el Órgano Legislativo; sin embargo, no es menos cierto que existen competencias del Fiscal General del Estado de emitir Resoluciones en su calidad de autoridad jerárquica del Ministerio Púbico y ejercer representación de la Institución. En consecuencia, no existe carga argumentativa que solvente la pretensión del accionante al respecto, pues la mera identificación y cita de preceptos, no suple la fundamentación jurídico constitucional necesaria; y, f) En cuanto a la supuesta vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y jurisprudencia del Bloque de Constitucionalidad, el impetrante de tutela tampoco cumplió con la carga argumentativa suficiente, pues centra sus alegatos en la presunta vulneración de sus derechos fundamentales; lo que corresponde sea reclamado por otra vía.
Por AC 0073/2020-CA de 17 de marzo, cursante de fs. 59 a 66, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, revocó la Resolución FGE/025/2020, pronunciada por Grover Jhamil Santander Núñez, Juez Sumariante de la Fiscalía General del Estado, y admitió la presente acción de inconstitucionalidad concreta contra la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019, en lo concerniente a: ‘“…SEGUNDO: Establecer como causal de incompatibilidad en el Ministerio Público, tanto para el ejercicio de la función fiscal como de las y los servidores públicos, que sean progenitores de uno o más hijos en común…”’ (sic); disponiendo se ponga en conocimiento del Fiscal General del Estado; acto procesal que fue cumplido el 2 de agosto de 2021, conforme el formulario de cursante a fs. 92.
Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, en su condición de Fiscal General del Estado en suplencia legal, mediante memorial de 23 de agosto de 2021, cursante de fs. 98 a 101 vta., formuló alegatos argumentando lo siguiente: 1) No se discute que por imperio del art. 109.II de la CPE, es a través de una ley formal que deben regularse los derechos; sin embargo, en el presente caso, debe considerarse que la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 establece una causal de incompatibilidad para el ejercicio de la función fiscal y para servidoras y servidores del Ministerio Público, la misma que en lo absoluto constituye un derecho fundamental y/o una garantía constitucional, por lo que no se encuentra dentro de los alcances de la señalada reserva legal; 2) Citando al tratadista Manuel Ossorio, afirma que las incompatibilidades no sólo pueden ser impuestas exclusivamente por ley, sino también las hay de hecho (horarios inconciliables para ejercer funciones simultáneamente en un empleo público y otro privado) y éticas (que pongan en sospecha la imparcialidad), las mismas que no necesariamente se encuentran normadas; 3) No existe óbice para que el régimen de incompatibilidades contemplado en los arts. 239 de la CPE y 21 de la LOMP, sea complementado a través de normativa interna, por necesidad institucional y ante las circunstancias de desarrollo de las funciones del Ministerio Público. Siendo así que los reglamentos internos de cada institución pueden contener y contienen diferentes tipos de incompatibilidades según la naturaleza de sus funciones, como ocurrió con la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 -ahora cuestionada-, que emergió con la finalidad de frenar situaciones recurrentes, poniendo en riesgo los principios contenidos en el art. 5.4, 6 y 8 de la LOMP, por conflicto de intereses; 4) Conforme al art. 225 de la CPE, el Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera; cuya máxima autoridad, el Fiscal General del Estado, goza de las prerrogativas insertas en el art. 30.2 y 4 de la LOMP, sobre las que se erigió la citada Resolución. Lo que hace evidente que las incompatibilidades no deban necesariamente ser reguladas por ley, como es el caso -por ejemplo- de cónyuges que por su vínculo no pueden trabajar en el Ministerio Público, no obstante que esta causal no está expresamente señalada en el art. 21 de la señalada Ley; 5) Para el supuesto caso que la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 vulnere algún derecho fundamental, como el del trabajo invocado por el accionante, la vía de reclamo es la acción de amparo constitucional; y, 6) Finalmente, en cuanto a la alegada aplicación retroactiva de la supra mencionada Resolución, que desconoce la calidad de funcionario de carrera del impetrante de tutela y su ingreso a la institución previa aprobación de todas las fases en la Escuela de Fiscales, lo que a su criterio fuera contrario al art. 116.II de la CPE; y, 9 y 30 de la CADH, así como de los principios de legalidad y nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta etstricta; dicho argumento no es propio para fundar una acción de control normativo, sino que es pertinente a la vía tutelar de constitucionalidad. Razones por las que amerita declarar la constitucionalidad de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019. 1.5. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Por decreto constitucional de 17 de noviembre de 2021, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a efectos de recabar la documentación solicitada (fs. 106). A partir de la notificación con el decreto constitucional de 22 de noviembre de 2022, se reanudó el cómputo de plazo (fs. 180), por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se pronuncia dentro del plazo establecido.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 de 3 de mayo, emitida por el Fiscal General del Estado, en lo que concierne a: “SEGUNDO: ESTABLECER como causal de incompatibilidad en el Ministerio Público, tanto para el ejercicio de la función fiscal como de las y los servidores públicos, que sean progenitores de uno o más hijos en común”.
“Artículo 109°. (…) II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley”. “Artículo 116°. (…) II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”.
Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. “Artículo 30. Alcance de las Restricciones Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. II.4. Mediante Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario
Interno FGE/JS 057/19 de 30 de julio de 2019, emitido por el Juez Sumariante de la Fiscalía General del Estado, resolvió iniciar un proceso administrativo interno contra Julián Marca Pérez -hoy accionante- y Natividad Morales Choque, ambos Fiscales de Materia de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, por la presunta transgresión del ordenamiento jurídico administrativo de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 (fs. 1 a 3). II.5. Dentro del señalado proceso administrativo disciplinario, a través del memorial de 13 de agosto de 2019, Natividad Morales Choque, demandó la inconstitucionalidad de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 por considerar que vulnera flagrantemente los arts. 9.2, 13.II y III, 14.II, 123, 158.I.3, 256 y 410, todos de la CPE y 9 de la CADH (fs. 7 a 15).
La misma que fue rechazada por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante AC 0205/2019-CA de 26 de agosto (fs. 22 a 30). II.6. Cursa la Resolución Sumarial FGE/JS 015/20 de 14 de febrero de 2020, dictada dentro de la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 057/19 a través de la cual, el Juez Sumariante de la Fiscalía General del Estado, resolvió declarar responsables al accionante y Natividad Morales Choque, ambos Fiscales de Materia de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, por la contravención a la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019; disponiendo únicamente la destitución del procesado (fs. 31 a 37). II.7. Dentro de la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 057/19, el ahora accionante, interpuso acción de inconstitucionalidad concreta contra la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 por ser presuntamente contraria a los arts. 109.II y 116.II de la CPE, argumentando similares cargos de inconstitucionalidad y con el mismo patrocinio legal que la demanda de control normativo concreto opuesta por la coprocesada -Natividad Morales Choque- (fs. 38 a 51).
El accionante, denuncia la inconstitucionalidad de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 -emitida por el Fiscal General del Estado-, en la parte resolutiva que dispone “SEGUNDO: ESTABLECER como causal de incompatibilidad en el Ministerio Público, tanto para el ejercicio de la función fiscal como de las y los servidores públicos, que sean progenitores de uno o más hijos en común”; aduciendo que es contraria al principio de reserva de ley y al art. 109.II de la CPE, al modificar el régimen de incompatibilidades del Ministerio Público para el derecho al ejercicio de la función pública y fiscal, el mismo que sólo puede estar regido por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público; y que también lesiona el art. 116.II de la Norma Suprema, al permitir su aplicación retroactiva dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, lo que lesionaría sus derechos al trabajo y a la igualdad. En consecuencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la impugnación referida, a los efectos de ejercer el control de constitucionalidad previsto por el art. 202.1 de la CPE.
Según lo establecido en el art. 132 de la CPE, concordante con el art. 73 del CPCo, se contempla a la acción de inconstitucionalidad como un instrumento procesal dispuesto a favor de toda persona individual o colectiva para cuestionar una norma jurídica que sea contraria a la Constitución; dicho mecanismo procesal, en su carácter abstracto, procede contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales; mientras que, la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, procede en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales. En ese marco, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0910/2014 de 14 de mayo, señaló respecto a la naturaleza jurídica de este mecanismo procesal constitucional, lo siguiente: “La acción de inconstitucionalidad concreta es una garantía a favor del ciudadano, que protege el principio de constitucionalidad, de supremacía constitucional previsto en el art. 410 de la Ley Fundamental, en virtud del cual señaló que: ‘La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…’; principio de constitucionalidad que, en el marco del constitucionalismo boliviano, implica una superación del clásico principio liberal de ‘legalidad’, no sólo en la medida en que la ley misma puede ser analizada, criticada e invalidada a partir de su confrontación con la Ley Fundamental y las normas del bloque de constitucionalidad, sino también porque se instaura una nueva forma de entender la legalidad más allá del horizonte liberal, en el marco del pluralismo jurídico igualitario con techo constitucional; en virtud a la cual, se podrán relacionar e interpelar los diferentes sistemas jurídicos, generando, inclusive, nuevas soluciones para los casos concretos que se presenten, partiendo de la ductilidad y porosidad del derecho que el pluralismo jurídico posibilita, lo que indudablemente implica una relectura del clásico principio de legalidad. Es en ese marco que debe ser comprendida la acción de inconstitucionalidad concreta, como una garantía a favor de las personas y, de ahí que la voluntad del constituyente, en el diseño institucional de esta acción, se traduce en la necesidad que la misma esté al alcance del ciudadano común, haciendo efectivo el acceso a la justicia constitucional y el principio de constitucionalidad frente a las arbitrariedades o abusos en los que pudiera incurrir el poder”. Para concluir, afirmando que: “…el Código Procesal Constitucional, en el Título III, bajo el nombre de Acciones de Inconstitucionalidad, regula, en el art. 73 a dos tipos de acciones: ‘1. Acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales. 2. Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreta, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales’. Conforme a ello, la acción de inconstitucionalidad concreta tiene la finalidad de someter al control de constitucionalidad una disposición legal, sobre cuya constitucionalidad surge una duda razonable y fundada, en aquellos casos concretos en los que debe ser aplicada para resolver un proceso judicial o administrativo, siendo ésta una vía de control normativo concreto, debido a que surge, precisamente, ante la posibilidad de la aplicación de la disposición legal impugnada a un caso concreto en un proceso judicial o administrativo; por lo anteriormente desarrollado, es claro que esta vía de control, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad abstracta, es susceptible de ser promovida por todos los jueces y tribunales que integren el Órgano Judicial, siendo extensible, además, a las autoridades administrativas que conozcan procesos administrativos, para que puedan plantear la acción, de oficio o a instancia de parte, cuando tengan una duda fundada y razonable sobre la constitucionalidad de una disposición legal y de una de sus normas, cuya validez o no sea fundamental para la decisión que vaya a tomarse dentro del proceso, aclarando que las citadas autoridades pueden activar esta vía de control normativo directamente o a petición de partes. En este mismo sentido y efectuando una reseña de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional, la SCP 0686/2012 de 2 de agosto, concluyó que: ‘(…) la acción de inconstitucionalidad concreta, es la vía de control de constitucionalidad que tiene como objeto, que el Tribunal Constitucional Plurinacional, confronte la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición legal impugnada de inconstitucional con los principios, valores y normas de la Constitución Política del Estado Plurinacional; en ese marco, la labor del Tribunal sólo se circunscribe al examen de las disposiciones alegadas de lesivas a las normas y preceptos de la Norma Suprema, con el fin de establecer su constitucionalidad o inconstitucionalidad, y de ninguna manera realizar análisis alguno respecto al caso en concreto’” (las negrillas son ilustrativas). De acuerdo al art. 79 del CPCo, tienen legitimación activa para interponer acción de inconstitucionalidad concreta “…la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción”. De allí que pueda ser promovida de oficio por la autoridad jurisdiccional, judicial o administrativa, que en conocimiento de una determinada causa dude de la constitucionalidad de alguna norma a aplicar en la decisión final que deba asumir. O bien, a instancia de parte; es decir, tras la interposición -por los sujetos sometidos al proceso- de esta demanda de control normativo concreto; a cuyo fin, el art. 81 del CPCo, dispone: “La Acción de Inconstitucionalidad Concreta podrá ser presentada por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aún en recurso de casación y jerárquico, antes de la ejecutoría de la Sentencia”. De la citada previsión procesal constitucional, se entiende que la acción de inconstitucionalidad concreta, puede ser formulada por cada parte procesal por una sola vez en cualquier estado de la causa; ello, en el entendido que en virtud al art. 132 de la CPE, “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”. Así fue precisado de manera uniforme por la jurisprudencia constitucional, al señalar: «“La norma precedente, nos enseña que, al ser la acción de inconstitucionalidad concreta de naturaleza indirecta, porque depende de otro procedimiento previo y en curso, e incidental porque se tramita de forma accesoria al proceso principal y que solo puede ser presentada por una sola vez y antes de la ejecutoria de la sentencia, lo que hace entender que no es posible la activación de una segunda demanda de inconstitucionalidad en el mismo proceso ya sea judicial o administrativo” » (AC 0101/2020-CA de 3 de julio, citando el entendimiento del AC 0019/2019-CA de 7 de febrero; entre otros).
A través de la SC 0051/2005 de 18 de agosto, el extinto Tribunal Constitucional entendió que la disposición legal sometida a control normativo de constitucionalidad, debe ser “desde y conforme a la Constitución” y debe existir una relación coherente en el contenido de la norma; así, recogiendo dicho entendimiento, en la SC 0009/2009 de 3 de febrero, estableció: “…conforme a la doctrina del Derecho Constitucional, ha establecido en su jurisprudencia que una norma puede ser inconstitucional por la forma o por el fondo. En el primer caso cuando en su elaboración, sanción y promulgación se infringe el procedimiento legislativo previsto en la Constitución; y en el segundo cuando su contenido es el que vulnera los mandatos de la Ley Fundamental. Así se ha entendido a partir de la SC 082/2000 de 14 de noviembre que dice: ‘...conforme lo ha precisado la doctrina constitucional una disposición legal puede ser impugnada de inconstitucional por su origen o por su contenido. En el primer caso, cuando en su elaboración y aprobación no se han cumplido ni respetado los procedimientos establecidos por el texto constitucional para tal efecto o se las ha elaborado y aprobado en una instancia o por autoridad no establecida por la Constitución para tal efecto. En el segundo caso, cuando la disposición legal, a pesar de haber sido elaborada y aprobada conforme a los procedimientos y formas establecidos por el texto constitucional contiene normas que son incompatibles con los principios y normas de la Constitución Política del Estado’ Que, en un Estado Democrático de Derecho, el procedimiento legislativo que da validez constitucional a una Ley material no se reduce a las diferentes fases o etapas que el legislador debe seguir para la formación de una Ley, desde la presentación del proyecto hasta la promulgación y publicación, que en el Sistema Constitucional boliviano están previstas en el Título IV, Parte Segunda, Capítulo V, arts. 71 al 81 de la Constitución, al contrario comprende también las condiciones de validez del acto legislativo, es decir, que el órgano emisor de la Ley sea competente y desarrolle el procedimiento de elaboración de una determinada Ley, como en el presente caso, en el marco de las normas previstas para su legal funcionamiento”.
Dicho razonamiento, acogido entre otras en la SCP 0336/2012 de 18 junio, haciendo referencia a la inconstitucionalidad en la forma, manifestó que: “…la declaratoria de inconstitucionalidad, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia constitucional, se efectuará por el fondo o por la forma, en este último caso, el control de constitucionalidad, consiste en efectuar un análisis desde el origen de la norma, si el órgano emisor es competente para emitir la ley, si se imprimió el procedimiento legislativo previsto por la Constitución Política del Estado para la formación de una ley, sea desde su elaboración, aprobación, promulgación y publicación. Dicho de otro modo, implica determinar la validez en la formación y aprobación de la ley” (las negrillas son nuestras).
Por su parte, en la SCP 0087/2017 de 29 de noviembre, se acotó lo siguiente: «Para una mejor comprensión sobre la inconstitucionalidad de la ley por la forma, acudimos a la doctrina citando al profesor español Jesús González Pérez, quien se ha pronunciado a favor de la inconstitucionalidad por la forma al expresar[1]: “...Cuando una norma constitucional exige unos trámites formales para que adquiera fuerza obligatoria una ley, establece, nada menos, que el cauce de una fuente del Derecho, la vía para que pueda nacer una norma jurídica. De ahí que la infracción de estos trámites puede hacerse valer en cualquiera de los procesos, procedimientos o controles que se prevén, precisamente, para verificar la inconstitucionalidad. Agrega el profesor González Pérez que: ‘...Una ley que haya nacido con omisión o con infracción de alguno de los trámites previstos en la Constitución o en las normas dictadas dentro del marco constitucional es tan inconstitucional como aquellas que contuvieren una regulación contraria a la Constitución’"» (las negrillas son nuestras).
Acogiendo la jurisprudencia referida anteriormente, la SCP 0026/2021 de 19 de abril, concluyó: «…Por tanto una norma, es válida, cuando existe de acuerdo con el derecho en cumplimiento de las denominadas reglas de reconocimiento, cambio y adjudicación. Por ello la validez (formal o normativa) de una norma jurídica es una cuestión eminentemente ontológica, es decir existencial, pues, exige determinar si la autoridad que la expidió tenía competencia y legitimidad según la norma fundamental, si no ha sido derogada (vigencia temporal) y si no es incompatible con una norma superior. En ese entendido “…(u)na norma jurídica no vale por tener un contenido determinado; es decir, no vale porque su contenido pueda inferirse, mediante un argumento deductivo lógico, de una norma fundamental básica presupuesta, sino por haber sido producida de determinada manera, y en última instancia, por haber sido producida de la manera determinada por una norma fundante básica presupuesta. Por ello, y sólo por ello, pertenece la norma al orden jurídico…”. (…) De lo señalado, se tiene que la validez formal, como predecesora de la validez normativa, radica en los actos (de creación), en cambio la validez sustancial o material se trasunta en los contenidos de los resultados del acto. Por tanto, para que este Tribunal realice un juicio de validez formal respecto de las normas sometidas a control normativo de constitucionalidad, corresponderá comprobar que se dan los actos que atribuyen la competencia y que el acto realizado es de la clase prevista en la norma de competencia, en este caso en la Norma Suprema» (las negrillas nos corresponden).
Este principio fue definido por la jurisprudencia constitucional como: “…la ‘institución jurídica que protege el principio democrático, al obligar al legislador a regular aquellas materias que por disposición de la Constitución deben ser desarrolladas en una ley; es una institución que impone un límite tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo; a aquél, impidiendo que delegue sus potestades en otro órgano, y a éste, evitando que se pronuncie sobre materias que, como se dijo, debe ser materia de otra ley´. En el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales, este principio es aplicado para impedir cualquier exceso en la imposición de limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales, pues si bien es cierto que pueden imponerse límites al ejercicio de los derechos fundamentales para preservar la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad, moralidad y salubridad públicos, no es menos cierto que, en aplicación del principio de reserva legal, esas limitaciones solo pueden ser impuestas mediante ley en sentido formal. En consecuencia, conforme al razonamiento precedentemente expuesto el principio de reserva legal, en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales, resultaría lesionado cuando una norma inferior a una ley imponga limitaciones al ejercicio de algún derecho fundamental consagrado por la Constitución o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; a contrario sensu, no resulta lesionado el principio cuando la limitación de un derecho fundamental es impuesta por una ley en sentido formal, y dicha Ley es reglamentada en su parte operativa por otra disposición inferior” (Con ese entendimiento, la DC 0006/2000 de 21 de diciembre citada por la SC 0069/2006 de 8 de agosto, y la SCP 0680/2012 entre otras. Así, conforme lo establece el art. 109.II de la CPE, los derechos y las garantías solamente serán regulados por ley, constituyendo el principio de reserva de ley, en un límite a la potestad administrativa sancionatoria y en una garantía real para el ciudadano. Como se estableció en la SCP 0680/2012 de 2 de agosto, el Órgano Legislativo mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, es: “…el competente para emitir leyes que desarrollen los preceptos o derechos fundamentales -en su sentido material sin alterar su núcleo esencial- contenidos en la Ley Fundamental y a su vez imponer sus límites; constituyéndose esta atribución en una restricción frente a otros Órganos que pretendan regular derechos cuando esto sólo puede realizarse a través de una ley”.
Con relación al derecho que les asiste a los ciudadanos a ejercer una función pública, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado, entre otras, en la SCP 0567/2012 de 20 de julio, al sostener que: “…el derecho a ejercer la función pública, se encuentra íntimamente ligado al derecho a la ciudadanía, consagrado en el art. 144 de la CPE, derecho que tiene doble dimensión, por cuanto por un lado consiste en el derecho de concurrir como elector o como elegible y por otro, es el derecho al ejercicio de funciones en los órganos de la administración pública, salvo las excepciones establecidas por ley, sin más requisitos que los contenidos en el art. 234 de la Norma Suprema” (las negrillas nos corresponden). Así, el art. 144.II de la CPE establece que: “(…) II. La ciudadanía consiste:
1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público, y 2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley” (las negrillas son nuestras).
Por su parte, la SCP 1474/2012 de 24 de septiembre, acotó: “Conforme a la norma constitucional citada, la ciudadanía consiste en que toda persona tiene el derecho de concurrir como elector o elegible a la formación, así como tiene el derecho de ejercer funciones en el órgano del poder público sin otro requisito que la idoneidad; en consecuencia la ciudadanía se encuentra ligada al derecho de ejercer la función pública”. De la cita jurisprudencial y el artículo citados que preceden, se tiene que una de las expresiones de los derechos vinculados a la ciudadanía, consistentes en la conformación, el ejercicio y el control del poder político, es precisamente el derecho a acceder a la función pública; establecido como tal por las Legisladoras y los Legisladores Constituyentes, con la finalidad de democratizar la participación ciudadana en la construcción colectiva del Estado.
Así, en el Tomo III “Informes de Comisión” de la Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, en el Informe por Unanimidad de la Comisión 2 “Ciudadanía, Nacionalidad y Nacionalidades, pág. 247, se señala: “Otro de los logros en la reforma total de la constitución política del estado es la introducción de los derechos políticos en el concepto de ciudadanía. La redacción de este artículo y sus incisos, se encuentra conforme al proceso de transformación que vive el país, puesto que es fundamental plasmar los mismos en la Constitución. (…) La igualdad y la idoneidad son únicas condiciones para ejercer las funciones públicas”. Entonces, establecido como un derecho, el ejercicio de funciones públicas no es absoluto y se encuentra limitado por las restricciones constitucionales y legales, bajo la libertad configuradora del Órgano legislativo; así se tiene del régimen de prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Capítulo IV “Servidoras públicas y servidores públicos” del Título V “Funciones de control, de defensa de la sociedad y de defensa del Estado” de la Constitución Política del Estado, que en lo pertinente establece: “Artículo 234°. Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere:
1. Contar con la nacionalidad boliviana.
2. Ser mayor de edad.
3. Haber cumplido con los deberes militares.
4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.
5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución.
6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.
7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país”. “Artículo 236°. Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública:
I. Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo. II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona
III. Nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. “Artículo 239°. Es incompatible con el ejercicio de la función pública:
1. La adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de la servidora pública o del servidor público, o de terceras personas. 2. La celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado.
3. El ejercicio profesional como empleadas o empleados, apoderadas o apoderados, asesoras o asesores, gestoras o gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan relación contractual con el Estado”.
Dichos requisitos, prohibiciones e incompatibilidades, que habilitan el ejercicio de la función pública, así como las exigencias para que ésta se ejecute de forma idónea (en cuanto a la capacidad o aptitud legal, así como requisitos como la moral, probidad, imparcialidad y eficacia para la función pública, entre otros), constituyen condiciones legítimas para el ejercicio del derecho de ejercer funciones públicas, y procuran precautelar el interés general para el cumplimiento de los principios que rigen la función pública (art. 232 de la CPE); y son exigencias que deben ser indefectiblemente observadas para poder acceder al ejercicio de un cargo público, cuya concurrencia impide -precisamente- la realización de este derecho. Es por esa razón, que las y los legisladores constituyentes, han establecido en números clausus dichos requisitos, incompatibilidades y prohibiciones, en la Norma Suprema (como se tiene de los preceptos constitucionales antes citados); y en su caso, necesariamente a través de una ley conforme se consigna en el art. 109.II de la CPE, al tratarse de un derecho establecido como tal en la Carta Magna, en su art. 144.II. Debiendo señalarse al respecto, que dicha atribución normativa fue asumida por las y los constituyentes, como se lee en los arts. 232 al 240 de la CPE, que contienen los principios y definición de lo que es una servidora o un servidor público, los requisitos para fungir como tales, sus derechos y deberes; así como las obligaciones del ejercicio de la función pública, prohibiciones, incompatibilidades, causales de inelegibilidad y revocatoria de mandato (en caso de autoridades electas).
Dejando bajo autoridad del Órgano Legislativo, el establecimiento de otras causales de incompatibilidad, prohibiciones y requisitos, -es decir, el desarrollo del derecho al ejercicio de funciones públicas-, conforme a lo dispuesto en el art. 109.II de la CPE. Así se tiene, -por ejemplificar entre otras-, en la Ley del Estatuto del Funcionario Público, como también en leyes específicas para cada institución, como en la Ley del Órgano Judicial; la Ley de la Procuraduría General del Estado; y para el caso que nos ocupa (conforme al art. 226.II de la CPE), la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 del 11 de julio de 2012-, que en sus arts. 19 y ss., establece los requisitos, impedimentos, incompatibilidades, prohibiciones y derechos de las funcionarias y funcionarios fiscales.
Como se tiene del Apartado I.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Juez Sumariante de la Fiscalía General del Estado, a través de la Resolución FGE/JS 025/2020 de 10 de marzo, resolvió no promover la acción de inconstitucionalidad concreta planteada por Julián Marca Pérez -hoy accionante-, Fiscal de Materia de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, señalando entre otros argumentos, que dentro del mismo proceso administrativo disciplinario seguido contra el actor y otra, la coprocesada -Natividad Morales Choque-, interpuso una anterior acción de inconstitucionalidad concreta contra la misma norma, bajo el patrocinio legal del mismo abogado y esgrimiendo iguales cargos de inconstitucionalidad, la que fue rechazada por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante el AC 0205/2019-CA de 26 de agosto, por lo que la presente demanda de control normativo, sería la segunda formulada dentro del proceso disciplinario, lo que fuera contrario al art. 81 del CPCo. Al respecto, con carácter previo al test de constitucionalidad demandado, este Tribunal considera pertinente aclarar que en efecto, a través del AC 0205/2019-CA se rechazó la acción de inconstitucionalidad concreta presentada por Natividad Morales Choque, demandando la inconstitucionalidad de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 de 3 de mayo (Conclusión II.5); sin embargo, como fue referido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la previsión contenida en el art. 81 del CPCo, establece la prohibición de plantear el control normativo concreto más de una vez dentro de la misma causa, entendiéndose de ello, que el derecho previsto en el art. 132 de la CPE (de activar esta jurisdicción para cuestionar normas infra constitucionales) está limitado para cada una de las partes procesales. Esto es, que cada una de las personas -sea natural o jurídica-que intervienen dentro de una causa, gozan del derecho de oponer una demanda de control normativo concreto dentro del proceso judicial o administrativo en cuestión. Pues de entenderse lo contrario -como sucede con el Juez Sumariante de la Fiscalía General del Estado-; es decir, de restringir la presentación de la acción de inconstitucionalidad concreta a una sola vez dentro de la misma causa -siguiendo la literalidad del art. 81 del CPCo y obviando la eventual pluralidad de partes procesales-, se limitarían los derechos de las partes a la defensa y a cuestionar la constitucionalidad de normas jurídicas, como consecuencia de la interposición de una demanda ajena a sus intereses y fuera del ejercicio de su derecho particular a la defensa. Consecuentemente, siguiendo lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional respecto al art. 81 del CPCo, no existe óbice alguno para un pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal sobre la constitucionalidad de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 -en su texto impugnado-, ya que la demanda de control normativo que fue resuelta mediante el AC 0205/2019-CA, fue presentada por la coprocesada dentro de la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 057/19 de 30 de julio de 2019, y no así por el hoy accionante, quien es demandante en esta acción, invocando la vulneración de preceptos constitucionales diferentes a los alegados por la antes mencionada; de modo que no se incurrió en la causal de rechazo prevista en el señalado artículo procesal constitucional. Aclarado este aspecto, se ingresa en materia sobre los cargos de inconstitucionalidad esgrimidos en la demanda de control normativo concreto que es motivo del presente fallo constitucional, bajo el siguiente orden:
El accionante señala que la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 -emitida por el Fiscal General del Estado-, es contraria al art. 109.II de la CPE, ya que esta autoridad, sobrepasando sus facultades legales, estableció a través de una simple resolución una nueva causal de “incompatibilidad” para el ejercicio del servicio público y la función fiscal, únicamente en el ámbito del Ministerio Público; no obstante, que al tratarse de un derecho, corresponde que su desarrollo, y fundamentalmente sus restricciones, sean materializadas mediante una ley en sentido formal emergente del Órgano Legislativo. Delimitado así el cargo de inconstitucionalidad expuesto en la demanda de control normativo, amerita en primer término, referir que si bien el derecho al ejercicio de la función pública no se encuentra expresamente señalado como tal en el catálogo de derechos y garantías comprendidos en el Título II, de la Primera Parte “Bases fundamentales del Estado: derechos, deberes y garantías” de la Constitución Política del Estado, a través de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, este Órgano Contralor de Constitucionalidad se pronunció sobre el mismo, valorando que se encuentra contenido en el art. 144.II de la CPE, vinculado de forma estrecha al ejercicio de la ciudadanía. De modo tal que, siguiendo esta pauta interpretativa así como lo previsto en el art. 13.II de la CPE, el ejercicio de funciones públicas constituye un derecho -por cuya naturaleza- las determinaciones de su ejercicio y sus restricciones se encuentran previstas en la propia Constitución (Capítulo IV “Servidoras públicas y servidores públicos” del Título V “Funciones de control, de defensa de la sociedad y de defensa del Estado” de la Constitución Política del Estado) y en la Ley; como bien se dispone el art. 144.II.2 de la CPE, que en lo pertinente dictamina: “(…) el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley” (las negrillas son añadidas). De donde, en cotejo con el art. 109.II de la CPE (invocado como conculcado en esta demanda), se hace indiscutible que por dicha reserva de ley, sólo y exclusivamente mediante ley formal, es que puede regularse y exceptuarse el ejercicio del derecho al ejercicio de funciones públicas, exigiendo más requisitos que la sola idoneidad para su realización. En efecto, siguiendo el tenor del Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, respecto al Principio de Reserva de Ley en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales, una norma infralegal no puede imponer limitaciones al ejercicio de ningún derecho, ciñendo su alcance válido únicamente a reglamentarlo en su parte operativa. Dicho de otro modo, la afectación del núcleo esencial de un derecho (esto es, el mínimo de contenido de un derecho), como freno infranqueable para evitar anular su ejercicio, única y exclusivamente puede estar definida en una ley formal; caso contrario, de estar prevista una limitación en normativa infralegal, ésta se tacha indefectiblemente en inconstitucional en la forma, pues estaría contenida en un instrumento emitido por una autoridad que no tiene competencia para disponer aquello. Sobre la base del razonamiento anterior y analizando la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 en lo concerniente a su texto: “SEGUNDO: ESTABLECER como causal de incompatibilidad en el Ministerio Público, tanto para el ejercicio de la función fiscal como de las y los servidores públicos, que sean progenitores de uno o más hijos en común” -cuya inconstitucionalidad se demanda-, de su texto se extrae que de forma expresa “establece” como causal de incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas y fiscales dentro de la institución del Ministerio Público, el tener uno o más hijos en común, independientemente que los progenitores tengan una relación o no de parentesco; sancionando así, el vínculo filial entre dos personas (funcionarias públicas o fiscales) emergente de la maternidad o paternidad sobre las hijas o los hijos que tengan en común. Al respecto, tomando en cuenta que por “parentesco” se entiende al “Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta” (Diccionario de la Real Academia Española); efectuando una revisión de la Ley Fundamental, así como -referencialmente- del art. 21.4 de la LOMP, se advierte que -en efecto- en el art. 236.III de la CPE, se establece al “…parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad” como una prohibición para el ejercicio de la función pública. Independientemente que se denomine “prohibición” o “incompatibilidad” para el ejercicio de la función pública, las observaciones al parentesco señaladas en el artículo precitado, constituyen una limitación a la realización de ese derecho; es decir que, su concurrencia impide que la ciudadana o el ciudadano puedan materializarlo. Dicha restricción, instituida en principio por las y los constituyentes en la Ley Fundamental, así como por el Órgano Legislativo, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, sanciona el “…parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad” como una “prohibición” (art. 236.III de la CPE) que es “incompatible” (art. 21.4 de la LOMP) con el ejercicio de funciones públicas y fiscales en el Ministerio Público. Por lo tanto, el “Establecer” mediante una Resolución del Fiscal General del Estado -FGE/JLP/DAJ 096/2019-, como causal de “incompatibilidad” en el Ministerio Público “que sean progenitores de uno o más hijos en común”, instituye una nueva condición de parentesco que inhabilita el ejercicio de la función pública y fiscal en dicha Institución, fundada sobre vínculos filiales, que es totalmente diferente a las señaladas en la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica del Ministerio Público; es decir, no es operativa ni reglamenta las ya preexistentes, pues no dispone cómo se aplica en su ámbito el parentesco sancionado por la normativa superior, sino que crea otra causal adicional sobre el parentesco, condenando con la “incompatibilidad” la existencia de hijos en común, independientemente haya o no relación de cualquier tipo entre las funcionarias y los funcionarios que incurran en la misma. Por lo tanto, siguiendo lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 de este fallo constitucional, tratándose el “ejercicio de la función pública” como un derecho, cuyo desarrollo y restricciones pueden disponerse exclusivamente mediante una ley en sentido formal (conforme dispone expresamente el art. 144.II de la CPE y se desprende del art. 109 del mismo cuerpo normativo), se hace plenamente evidente que la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 en lo concerniente a su parte dispositiva Segunda, es inconstitucional en la forma, ya que independientemente del contenido de la incompatibilidad dispuesta en dicha norma, su naturaleza (Resolución Fiscal) no es constitucionalmente válida para limitar el derecho al ejercicio de la función pública; ameritando en consecuencia, dictaminar su inconstitucionalidad y expulsión del ordenamiento jurídico.
El accionante señala que la Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario Interno FGE/JS 057/19, se sustentaría sobre la base de la aplicación retroactiva de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 -en su parte dispositiva Segunda-; ya que la causal de incompatibilidad para el ejercicio de la función fiscal que se le endilga (tener uno o más hijos en común con otra funcionaria del Ministerio Público), ocurrió mucho antes de la existencia de dicha Resolución Fiscal. Este cargo de inconstitucionalidad, abocado a denunciar situaciones de hecho y particulares dentro del proceso disciplinario seguido contra el accionante, a las que se suman supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, no corresponden a un juicio objetivo que amerite el control normativo de constitucionalidad, pues para ello está dispuesta la vía del control tutelar. Más allá de ser impropio el argumento expresado por el accionante sobre la supuesta incompatibilidad de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 -en su parte dispositiva Segunda- con el art. 116.II de la CPE y 9 de la CADH, ingresar a su análisis sería irrelevante, considerando que en el razonamiento efectuado en el Fundamento Jurídico precedente se ha dictaminado la inconstitucionalidad por la forma de la norma impugnada, por lo que no amerita mayor pronunciamiento por parte de este Tribunal.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve declarar: la INCONSTITUCIONALIDAD por la forma de la Resolución FGE/JLP/DAJ 096/2019 de 3 de mayo, en lo concerniente a: “SEGUNDO: ESTABLECER como causal de incompatibilidad en el Ministerio Público, tanto para el ejercicio de la función fiscal como de las y los servidores públicos, que sean progenitores de uno o más hijos en común”, por ser contraria al art. 109.II de la Constitución Política del Estado.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que los Magistrados, Dr. Petronilo Flores Condori, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia y MSc. Brigida Celia Vargas Barañado, son de Voto Disidente.
MSc. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
1 La limitación al ejercicio de la función pública por causal de parentesco, técnicamente se trata de una “inhabilidad”, como fue razonado en la SC 0009/2006 de 17 de febrero, que al respecto señaló que constituye: “…[el] impedimento que tiene como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando las funciones en el Poder Judicial; a este impedimento técnicamente se conoce como inhabilidad; empero, el legislador boliviano ha utilizado el nombre de incompatibilidad”. (…) De lo expuesto, se concluye que el legislador ha previsto en forma expresa una limitación al ejercicio del derecho a ejercer la función pública, y con ello al ejercicio del derecho al trabajo, cual es la incompatibilidad (inhabilidad) por razones de vínculos de parentesco o
familiaridad, como el de la vinculación por matrimonio o por la unión libre o de hecho” (las negrillas nos corresponden). Al respecto, se tiene que en el art. 236.III de la CPE, se establece el vínculo de parentesco como una “prohibición” para el ejercicio de la función pública; y en leyes como la analizada, Ley Orgánica del Ministerio Público, se consigna como una “incompatibilidad”. Mientras que en el art. 234.7 de la Norma Fundamental, se prescribe como un requisito que habilita el ejercicio de funciones públicas el “No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución” (énfasis añadido).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0007_2023.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3aaebd248c7b31f7769ea1e21227a9d240e8d7f48dbcbba81fc50589b77f32ee
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