Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de inconstitucionalidad concreta · Sala Plena · 3 de enero de 2023
A través de la acción de inconstitucionalidad concreta, se demanda la inconstitucionalidad del art. 234.5 del CPP, modificado por la Ley 1173, por ser presuntamente contrario a los arts. 23 y 116.I de la CPE; y, 8.2 de la CADH. En consecuencia, corresponde verificar si los cargos de inconstitucionalidad son admisibles a través del presente control de constitucionalidad.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de inconstitucionalidad concreta promovida por Claudio Miguel Ávila Navajas demandando la inconstitucionalidad del art. 234.5 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, por ser presuntamente contrario a los arts. 23 y 116.I de la Constitución Política del Estado; y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2023 Sucre, 3 de enero de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de inconstitucionalidad concreta Expediente: 37068-2021-75-AIC Departamento: Tarija En la acción de inconstitucionalidad concreta promovida por Claudio Miguel Ávila Navajas demandando la inconstitucionalidad del art. 234.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- por ser presuntamente contrario a los arts. 23 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El accionante por memorial presentado el 10 de diciembre de 2020, cursante de fs. 8 a 12 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Miriam Velásquez Mendoza por la presunta comisión del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, mediante Requerimiento Fiscal de 16 de noviembre de 2020, se solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva contra su persona, por la concurrencia de riesgos procesales, entre los cuales figura el de peligro de fuga previsto por el art. 234.5 del CPP, que establece: “Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso”. Con la finalidad de acreditar el riesgo procesal establecido por el art. 234.5 del CPP, el Ministerio Público presentó documentación relativa a las salidas alternativas de criterio de oportunidad de las causas signadas como “TAR 0700927”, “TAR 0700955” y “TAR 0700957” sustanciadas contra su persona por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, “entre otros”, todos ellos, delitos de corrupción. De lo anterior se tiene que, el Ministerio Público entiende que las salidas alternativas de criterio de oportunidad que le fueron concedidas anteriormente harían presumir su autoría y responsabilidad en dichos procesos, y por consiguiente, ello constituiría un elemento demostrativo de su posible culpabilidad en el proceso penal actual, sin tomar en cuenta que el criterio de oportunidad como salida alternativa, no reconoce la culpabilidad del encausado en el hecho delictivo atribuido, constituyendo por el contrario una concesión que efectúa el Estado cuando concurren ciertos requisitos previstos por el art. 21 del CPP, que trae como efecto la extinción de la acción penal en favor del imputado; por lo que, no puede ser un elemento negativo que obre contra su persona. Permitir o asumir como riesgo de fuga la concesión de una salida alternativa en otro proceso, implica un quebrantamiento a la presunción de inocencia, al concebir que las salidas alternativas constituyen antecedentes negativos del imputado similares a una sentencia condenatoria, cuando resulta evidente que sólo una sentencia condenatoria ejecutoriada es la que vence el estado de inocencia del procesado, por lo que una resolución emitida dentro de una salida alternativa en la que no se admite ni reconoce culpabilidad del imputado, no puede traer como consecuencia la consideración de una posible culpabilidad de la persona que se encuentra sometida en otro proceso diferente, y a partir de ello, establecer como peligro de fuga que motivará al encausado a evadir la acción de la justicia. De lo anterior, resulta evidente que la concesión de salidas alternativas, como el criterio de oportunidad, que no implican responsabilidad penal del imputado, no puede considerarse como una circunstancia idónea que permita fundar la concurrencia del peligro de fuga para que en función a esa resolución extintiva de la acción penal se pretenda afectar el derecho a la libertad de las personas sometidas a un proceso penal. Finalmente señala que admitir la concesión de una salida alternativa como un riesgo procesal de fuga, constituye una vulneración a lo previsto por el art. 23 de la CPE, que prevé que la libertad personal solo será restringida en los límites establecidos por ley, marcando un lineamiento claro que tal restricción en materia procesal está limitada a lograr los fines del proceso, sin que las leyes inferiores puedan apartarse de este núcleo duro que limita la restricción del derecho fundamental a ese fin concreto. Por consiguiente, el contenido de lo que debe entenderse como riesgo de fuga u obstaculización no puede ser contrario al objetivo que demarca el citado artículo, situación que acontece con el cuestionado numeral 5 del art. 234 del CPP; en razón a que, se considera riesgo de fuga el hecho de ser merecedor de una salida alternativa en otro proceso penal, tomando en cuenta que tales medidas se traducen en la extinción de la acción penal en ese otro proceso que ya no existe a consecuencia de la salida alternativa; por ello, cómo puede operar en detrimento del imputado y más aún utilizarse en su perjuicio una decisión que no tiene como fundamento el establecimiento de culpabilidad.
La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, mediante Resolución 165/2020 de 23 de diciembre, cursante de fs. 14 a 15, rechazó la acción de inconstitucionalidad concreta, manifestando que: a) El art. 21 del CPP es una norma que faculta al Ministerio Público poder prescindir de la persecución penal cuando considere que el hecho es de escasa relevancia social; y en el presente caso, no se adjuntó prueba alguna de los casos en los que hubiera sido favorecido con la salida alternativa de criterio de oportunidad, ni se conoce sobre el cumplimiento de las exigencias para determinar la facultad discrecional del Ministerio Público, y que posteriormente perjudique al accionante; b) La acción interpuesta carece de fundamentación fáctica y jurídica porque no identificó la forma en que ese precepto vulnera los derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia; asimismo, la norma cuestionada goza de presunción de constitucionalidad; además que, en ningún momento se solicitó la revocatoria de las resoluciones definitivas de las salidas alternativas que concluyen con la extinción de la acción penal; y, c) El Órgano Judicial debe tomar en cuenta todos los presupuestos establecidos por la ley, “los fundamentos del accionante”, las garantías previstas en la Constitución Política del Estado, la doctrina y la jurisprudencia que refieren que los actos vulneratorios tienen que estar expuestos de manera clara; es decir, que deben señalarse de forma precisa los hechos y derechos conculcados, los cuales en el presente caso no se identificaron.
Por AC 0013/2021-CA de 18 de enero (fs. 19 a 25), se revocó la Resolución 165/2020 de 23 de diciembre, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, y admitió la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Claudio Miguel Ávila Navajas, ordenando sea puesta en conocimiento del personero del Órgano que generó la norma impugnada a objeto de su apersonamiento y formulación de alegatos; actuado procesal que se cumplió el 17 de agosto de 2021 (fs. 43).
David Choquehuanca Céspedes, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de sus representantes legales, mediante memorial presentado el 7 de septiembre de 2021, cursante de fs. 54 a 62 vta., formuló los siguientes alegatos: 1) Bajo el principio de presunción de inocencia se establece la inocencia de la persona como regla; empero, ello no impide que el proceso pueda alcanzar sus fines aun sacrificando ese interés por la exigencia del interés social, por cuanto velando el respeto al debido proceso la detención preventiva debe aplicarse cuando resulta justificada e indispensable; 2) Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, además de reconocer la medida de privación de libertad irrestricta del imputado, establecen la finalidad procesal de las medidas cautelares, así se tienen los arts. 7.2 y 32 de la CADH; y, 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 3) El art. 234.5 del CPP, modificado por la Ley 1173 está en armonía con la Constitución Política del Estado, porque dichas medidas cautelares que consigna como causales de detención preventiva, la gravedad del hecho, la flagrancia delictiva y la reiteración delictiva, busca en síntesis la proporcionalidad entre los derechos del imputado, la víctima y los fines que persigue el Estado de derecho; 4) Con relación al supuesto quebrantamiento de la presunción de inocencia, es necesario aclarar que la libertad innata del ser humano goza de protección jurídica; sin embargo, los derechos de cada persona se encuentran limitados por los derechos de los demás, en razón de la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común, conforme a lo establecido por el art. 32 de la CADH; asimismo, la aplicación de las medidas cautelares con carácter restrictivo deben tener límites velando por la seguridad jurídica del país; por lo que la gravedad del hecho antijurídico, la posible pena a imponer, la flagrancia delictiva, la reiteración delictiva y la peligrosidad del imputado, merecen ser consideradas como causales de la detención preventiva, mismas que en el presente caso refiere delitos de corrupción pública, cuyo espectro de afectación es la sociedad en su conjunto; 5) El catálogo de peligros de fuga contenidos por el art. 234 del CPP, merecen necesariamente una valoración integral de las circunstancias existentes, para la decisión de su concurrencia, dejando de lado una sola y unilateral presunción subjetiva en el proceso; 6) De acuerdo a lo previsto por el art. 326 del CPP, modificado por la Ley 1173, las salidas alternativas en su alcance comprenden el procedimiento abreviado, los criterios de oportunidad, la suspensión condicional del proceso o conciliación; por lo que, alegar presunción de inocencia respecto a un beneficio procesal adquirido por el procesamiento de delitos anteriores en aplicación de salidas alternativas, no implica irrumpir en el principio de inocencia en el proceso actual, sino más bien refuerza el peligro de fuga del accionante, ya que éste registró actividad delictiva reciente y recurrente; 7) Dadas las características de los criterios de valoración del peligro de fuga, no resulta una vulneración, irrupción o desconocimiento del principio de presunción de inocencia en la investigación del delito, ya que genera en la víctima -Estado- y en el Ministerio Público los suficientes elementos para solicitar se asegure la presencia del nombrado en el juicio oral, público y contradictorio, precisamente por la actividad delictiva recurrente demostrada en la comisión de delitos anteriores, que si bien resultaron con la aplicación de una salida alternativa; empero, de ninguna manera implica una inocencia de pleno derecho del mismo en su “vida procesal”; 8) De acuerdo al criterio de proporcionalidad que rige en la imposición de una medida cautelar, importará en esa valoración el delito y también la sucesión de delitos cometidos en una fase de investigación paralela; y, 9) En materia de corrupción pública, la previsión contenida por el art. 234.5 del CPP, se adecúa con la protección especial que el Estado otorga a la persecución penal de delitos de corrupción pública, aspecto que precisamente debe ser valorado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Mediante decreto constitucional de 22 de marzo de 2022, cursante a fs. 70, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de que la Unidad de Unificación y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, remita informe sobre la jurisprudencia constitucional aplicable al presente caso; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de noviembre de 2022, cursante a fs. 138; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 13 de julio de 2020, ante el Juzgado Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Lorenzo del departamento de Tarija, el Fiscal de Materia presentó imputación formal contra Claudio Miguel Ávila Navajas -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, dentro del proceso penal seguido a denuncia de Miriam Velásquez Mendoza contra el nombrado, en cuyo petitorio solicitó se tenga presente a los fines del cómputo del plazo de duración de la etapa preparatoria, agregando que dada la situación sanitaria “…nos reservamos el derecho de solicitar audiencia cautelar de carácter personal” (sic [fs. 1 a 3 vta.]). Emitiéndose el decreto de 14 de igual mes y año, por el cual, Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza del citado Juzgado, dispuso la notificación al accionante con dicha imputación formal (fs. 4). II.2. A través de memorial de 16 de noviembre de 2020, Aldo Francisco Corrillo Machicado, Fiscal de Materia, solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva contra el accionante, fundamentando su solicitud en la concurrencia de riesgos procesales previstos por el art. 234.5 y 6 del CPP, además de los peligros de obstaculización contenidos en el art. 235.2 y 4 del mismo Código (fs. 5 a 6). En atención a dicha solicitud, mediante decreto de 20 de igual mes y año, Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares, para el 15 de enero de 2021 (fs. 7).
Código de Procedimiento Penal
Artículo 234. (PELIGRO DE FUGA). Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia.
Para decidir acerca de su concurrencia, se realizará una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta las siguientes: (…)
5. Habérsele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso;”
Constitución Política del Estado
“Artículo 23.
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. II. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad.
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito.
IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de veinticuatro horas.
V. En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra.
VI. Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que señale la ley”. “Artículo 116.
I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Artículo 8. Garantías Judiciales (…)
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.
A través de la acción de inconstitucionalidad concreta, se demanda la inconstitucionalidad del art. 234.5 del CPP, modificado por la Ley 1173, por ser presuntamente contrario a los arts. 23 y 116.I de la CPE; y, 8.2 de la CADH. En consecuencia, corresponde verificar si los cargos de inconstitucionalidad son admisibles a través del presente control de constitucionalidad.
El art. 132 de la CPE, señala que: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”; por su parte, el art. 133 de la Norma Suprema, refiere que: “La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos”.
Al respecto, el art. 73 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: “Las Acciones de Inconstitucionalidad podrán ser: (…) 2. Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”. En su art. 79 el citado Código, señala que: “Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción”. Ello implica que la acción de inconstitucionalidad concreta únicamente procede cuando la disposición legal sobre cuya constitucionalidad exista duda, tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso dilucidado dentro del proceso judicial o administrativo.
La SCP 0078/2013 de 14 de enero, señaló que: “Respecto al control normativo de constitucionalidad, nuestra Constitución Política del Estado, entre las acciones previstas al efecto prevé la acción de inconstitucionalidad concreta como medio o recurso idóneo para el control objetivo de las normas jurídicas con relación a preceptos, principios y valores contenidos en la Norma Suprema, confrontando una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, en todo o en parte, con una o varias normas constitucionales que se entiende infringida o infringidas, declarando, al cabo del control de constitucionalidad ejercido, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, acción de inconstitucionalidad cuya finalidad es sanear o depurar el ordenamiento jurídico a través de un fallo con efectos derogatorios o abrogatorios de la norma que resulte incompatible, la cual necesariamente se presenta en virtud a la afectación de un interés o derecho de las personas en un caso concreto.
Para la resolución de una acción de inconstitucionalidad, vista la exposición que identifica la disposición o norma impugnada así como la o las normas constitucionales que se consideran infringidas, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor interpretativa de la Constitución Política del Estado, aplicará, con preferencia aunque no de manera exclusiva, la voluntad del Constituyente, de acuerdo con sus actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto de la Constitución. Contrastadas las normas aludidas, se establecerá si las impugnadas son compatibles con las tenidas por infringidas, sean en la forma como en el fondo, incluso, en su caso, de normas conexas a las declaradas inconstitucionales.
En tal sentido la acción concreta de inconstitucionalidad es una vía de control correctivo, que por finalidad tiene el verificar la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición impugnada con los principios valores y normas fundamentales de la Constitución Política del Estado, acción que de acuerdo a lo previsto por el art. 79 de la Ley 254 de 5 de julio de 2012, al referirse a la legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta por parte de la autoridad judicial o administrativa establece que podrá hacerlo, de oficio o a instancia de parte, cuando asuma o entienda que la resolución del proceso o procedimiento que deba resolver, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción” (las negrillas son nuestras).
A su vez, la SCP 1334/2014 de 30 de junio, indicó que: “La acción de inconstitucionalidad concreta surge como una cuestión incidental previa a la aplicación de la norma impugnada en la resolución de un proceso concreto, siendo concreta ya que la aparente incompatibilidad de la disposición legal con la Norma Fundamental surge en la aplicación de la disposición legal a un caso concreto a momento de resolver un proceso judicial o administrativo; es decir, cuando exista una duda fundada y razonable sobre la constitucionalidad de una disposición legal o de algunas de sus normas, de cuya validez depende la adopción de su fallo; en consecuencia, la acción de inconstitucionalidad concreta, tiene por objeto el control de constitucionalidad de las disposiciones legales, sobre cuya constitucionalidad exista duda y tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto dilucidado dentro el proceso judicial o administrativo; vale decir que la condición para la procedencia y admisión de la acción es que la decisión que deba adoptar el juez, tribunal o autoridad administrativa, debe depender de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada”.
La SCP 1998/2014 de 5 de diciembre, estableció que: «Entre las atribuciones establecidas para esta jurisdicción por el constituyente boliviano, se encuentra el conocimiento sobre la inconstitucionalidad de los preceptos de carácter infra constitucionales; así, el art. 202 de la CPE, señala que: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: 1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo podrán interponerla la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas”. En concordancia con el texto constitucional de referencia, el art. 24.I. del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que: “Las Acciones de Inconstitucionalidad, conflictos de competencia y atribuciones, consultas y recursos deberán contener: 4. En las acciones de inconstitucionalidad, la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado”. En virtud a las normas referidas precedentemente y partiendo de la premisa referida a que las acciones de inconstitucionalidad son de puro derecho, debe asumirse que las mismas no admiten en su trámite una relación probatoria, lo que compele a los accionantes a fundamentar sus demandas explícitamente en derecho; por consiguiente, para considerar las acciones de esta naturaleza en principio es ineludible la exigencia de una clara y suficiente argumentación jurídica entre el precepto normativo demandado de inconstitucional, en relación a las disposiciones de la Ley Fundamental o del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidas, requisito que constituye una condición habilitante para que esta jurisdicción despliegue el examen de constitucionalidad; asimismo, dicha exigencia obliga a los legitimados a formular sus demandas de acción de inconstitucionalidad a cumplir una carga argumentativa racional y suficiente, en la medida que este Tribunal, adquiera duda razonable respecto a la contradicción o vulneración del régimen constitucional como consecuencia de la vigencia de los preceptos impugnados; lo que implica además, que el accionante, en aras de buscar la apertura de la justicia constitucional, demuestre la necesidad y la importancia de un fallo de esta jurisdicción. Entonces, la exigencia de la debida fundamentación no debe ser remplazada con la mera identificación de los preceptos constitucionales que se consideren infringidos y, tampoco se satisface con una simple transcripción literal de los textos legales que se pretenden someter a examen de constitucionalidad, sino que, en la demanda se debe exponer de manera clara, precisa y suficiente, en qué medida el contenido de la disposición impugnada infringe las normas constitucionales, lo que supone identificar además, si el texto cuyo control de constitucionalidad se pretende, admite una o más interpretaciones, precisando cuál de ellas es incompatible con la Norma Suprema y en qué medida afecta el régimen constitucional, o en su defecto, establecer si dicho precepto no admite más de una interpretación y, que éste sea indubitablemente antagónico y adverso con el espíritu de la Ley Fundamental. En ese sentido, una carga argumentativa suficiente no implica una ampulosa cita de normas legales y constitucionales, tampoco una glosa extensa de doctrina o criterios redundantes sobre un mismo asunto, sino que, se exige especificar con claridad las razones del por qué se considera vulnerado la Ley Fundamental.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, con sustento en los preceptos establecidos en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que disciplina la exigencia de fundamentación de las acciones de inconstitucionalidad, concordante con el contenido del Código Procesal Constitucional, mediante AC 0193/2012-CA de 6 de marzo, citando a la SCP 0050/2004 d 24 de mayo, precisó que: “‘...Por último, la ausencia de fundamentación, que es un elemento exigido por el inc. 3) de la norma citada, impedirá conocer los motivos por los que se considera inconstitucional la norma impugnada y la importancia de la misma en la resolución de la causa que origina el recurso’ (…); entendimiento que fue complementado con la SC 0045/2004 de 4 de mayo, al establecer que: ‘…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas…’”. La jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, no desnaturaliza la esencia de la exigencia de los requisitos de admisibilidad de las acciones constitucionales, por lo que, es plenamente aplicable al caso de autos» (las negrillas nos corresponden).
Las definiciones doctrinales acerca del principio de presunción de inocencia coinciden en refrendar que dicho principio constituye un concepto referencial que solo cobra significado en el marco de un proceso penal; así, el teórico Alberto Binder, a tiempo de contraponer el mismo con el derecho a la libertad, sostiene que: “Los seres humanos que caminan por las calles no son inocentes. Es que la ‘inocencia’ es un concepto referencial, que solo toma sentido cuando existe alguna posibilidad de que esa persona pueda ser culpable. La situación normal de los ciudadanos es de ‘libertad’; la libertad es su ámbito básico, sin referencia alguna al Derecho o al derecho procesal”.
En coherencia con la indicada definición, se encuentran las formulaciones normativas más importantes conocidas tanto en el ámbito nacional como internacional, a saber, en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así el art. 116.I de la CPE, señala que: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. Por su parte, el art. 8.2 de la CADH, establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. El art. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), instituye que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Así también, el art. 14.2 del PIDCP, define que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” (todas las negrillas y subrayados son nuestros).
En el desarrollo de dichas disposiciones, es que la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0747/2002-R de 24 de junio, estableció que: “…la presunción de inocencia acompaña al imputado desde el inicio del proceso hasta que exista contra él sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada…”, mientras que la SC 0173/2004-R de 4 de febrero, respecto al principio de presunción de inocencia, señaló que es: “…como garantía de todo aquel contra quien pesa una acusación, para ser considerado inocente mientras no se compruebe su culpabilidad a través de medios de prueba legítimamente obtenidos, dentro de un debido proceso…”. De ahí que la presunción de inocencia, más que un privilegio concedido en favor del procesado, constituye un límite a la actividad punitiva del Estado, ya que según el doctrinario Francesco Carrara, de ella deriva la carga acusatoria de la prueba, la oportuna intimación de los cargos, la moderación en la custodia -detención- preventiva y la crítica imparcial en la apreciación de los indicios.
En ese contexto, y en lo que respecta a la medida cautelar de detención preventiva, este Tribunal Constitucional Plurinacional ya sostuvo que la misma constituye una excepción a dicho principio de presunción de inocencia, así la SC 0228/2001-R de 22 de marzo, estableció que: “…la detención preventiva establecida como una medida cautelar de carácter personal por el nuevo Código de Procedimiento Penal, está regulada de manera tal que no se convierta en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena para las personas, a las que el Estado por disposición constitucional les reconoce su condición de inocencia en tanto no pese en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada. Bajo esta óptica, constituyendo la detención preventiva una excepción a dicho principio, es que la Ley de manera expresa determina las condiciones de procedencia de la detención preventiva, así como los requisitos que debe contener el Auto que la dispone” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Esa consideración de la medida cautelar de detención como excepción a la presunción de inocencia resalta su carácter de derecho relativo y no absoluto, al respecto el Tribunal Constitucional de Perú en el expediente 10107-2005-PHC/TC, a través de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de enero de 2006, sostuvo que: “…el derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares personales -como la detención preventiva o detención provisional-, sin que ello signifique su afectación, ‘(...) porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado y por ello son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de derecho’ ; siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también con que dicho derecho incorpora una presunción iuris tántum y no una presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria”.
A través de la acción de inconstitucionalidad concreta, se demanda la inconstitucionalidad del art. 234.5 del CPP, modificado por la Ley 1173, por ser presuntamente contrario a los arts. 23 y 116.I de la CPE; y, 8.2 de la CADH. Del memorial de la demanda de acción de inconstitucionalidad concreta, con relación a la alegada vulneración del art. 23 de la CPE, en la que se solicitó un control de constitucionalidad, el accionante sostuvo al respecto únicamente, que dicho artículo prevé que la libertad personal solo puede ser restringida en los límites establecidos por ley, marcando un lineamiento claro que tal restricción en materia procesal está limitada a lograr los fines del proceso, sin que las leyes inferiores puedan apartarse de este núcleo duro que limita la restricción del derecho fundamental a ese fin concreto.
Al respecto, en inicio corresponde observar que en la alegación de las normas constitucionales que el accionante considera resultan infringidas por la norma cuestionada, la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta no precisó si la incompatibilidad alegada es respecto de uno de los seis parágrafos contenidos en el art. 23 de la CPE, o de la totalidad de ellos, considerando que si bien cada uno regula aspectos inherentes al derecho a la libertad; empero, tratan temáticas diferentes entre sí, muchas de las cuales no guardan relación con los antecedentes ni el objeto de la citada acción de control normativo.
No obstante, la imprecisión anotada, el accionante no cumplió con exponer de manera suficiente el por qué considera que el art. 234.5 del CPP, contraviene lo dispuesto por el art. 23 de la CPE, limitándose a describir de manera breve el alcance normativo que a su juicio conlleva el referido precepto constitucional en su primer parágrafo sobre la privación de libertad condicionada a los fines del proceso, lo cual no puede considerarse como un cargo de inconstitucionalidad capaz de habilitar el análisis de constitucionalidad por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional con relación al citado art. 234.5 del CPP, menos aún, si como se tiene dicho, al alegar la norma constitucional sin especificación de parágrafo alguno, ya que no presentó cargos de inconstitucionalidad sobre cada uno de ellos.
Situación similar ocurre con relación a las disposiciones convencionales que se consideran vulneradas por el art. 234.5 del CPP; puesto que, el art. 8 de la CADH, enumera una serie de garantías judiciales a lo largo de ocho incisos; no obstante lo cual, la acción de inconstitucionalidad concreta solo se limita a mencionarlos sin exponer carga argumentativa alguna, extremo que también impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional efectuar el correspondiente juicio de constitucionalidad respecto a dicha norma convencional.
Por otro lado, en cuanto a la presunción de inocencia instituida como garantía por el art. 116.I de la CPE, el accionante sostiene que la aplicación de salidas alternativas por delitos dolosos concluyen con una resolución que extingue la acción penal iniciada y que al no determinarse culpabilidad alguna sobre el beneficiario de la misma, no pueden ser consideradas como un antecedente negativo capaz de fundar la concurrencia del peligro de fuga, y la consiguiente afectación de su derecho a la libertad, deduciéndose de ello que solo una sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada sería válida como “antecedente negativo”.
Al respecto, se observa que el accionante sostiene la acción de inconstitucionalidad concreta bajo un único argumento relativo a la incompatibilidad del criterio procesal contenido por el numeral 5 del art. 234 del CPP, a considerarse por los jueces en materia penal, con el principio de presunción de inocencia, desconociendo que como se tuvo a bien glosar en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, la naturaleza de las medidas cautelares radica justamente en la concurrencia de elementos presuntivos, siendo por ello su aplicación admitida no solo por nuestro sistema procesal penal sino por la generalidad de los sistemas procesales de corte acusatorio; puesto que, de lo contrario no podría hablarse de ningún riesgo procesal que justifique una detención preventiva; por cuanto, el legislador al instituir las medidas cautelares observó la posibilidad de aceptar presunciones sin desconocer el mandato constitucional del estado de inocencia.
Con dicha aclaración, se tiene que el accionante no presentó un cargo de inconstitucionalidad que cuestione el carácter relativo y no absoluto de la garantía de presunción de inocencia respecto de la naturaleza del peligro de fuga como presupuesto procesal a considerarse por la autoridad judicial para eventualmente determinar la detención preventiva, ni tampoco del carácter excepcional de esta última con relación a dicha presunción de inocencia, por lo que no es posible ingresar al juicio de constitucionalidad sobre la norma ahora cuestionada.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de inconstitucionalidad concreta promovida por Claudio Miguel Ávila Navajas demandando la inconstitucionalidad del art. 234.5 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, por ser presuntamente contrario a los arts. 23 y 116.I de la Constitución Política del Estado; y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que los Magistrados MSc. Paul Enrique Franco Zamora, MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y MSc. Georgina Amusquivar Moller, son de Voto Disidente; asimismo, la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fdo. René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
1 Alberto Binder. (1999). Introducción al Derecho Procesal Penal (2a.ed. p.14). Buenos Aires-Argentina: Ad Hoc S.R.L.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0002_2023.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0946c5ee28482ba94d65e216006bb14e29b7df38bb246413931549c776867978
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